León y Ponferrada, en el punto de mira de la nueva normativa que obliga a aplicar restricciones reales al tráfico

El sábado 7 de noviembre se cumple un año desde que se implantó la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio de León. El aniversario se cumple justo en la misma semana en la que el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Real Decreto que impone la creación de estas zonas acotadas al tráfico más contaminante, y lo hace después de haber detectado “deficiencias” en algunos municipios, sin medidas efectivas. En León, pero también en Ponferrada, el diseño de la ZBE se ha realizado de tal manera que, en realidad, estas ciudades no aplican restricciones que exige la Unión Europea. 

Hay que recordar que el Real Decreto original se remonta al año 2022 y debería haber entrado en vigor a finales de 2023. El objetivo es cumplir con los límites de contaminación establecidos por la Unión Europea, para municipios de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, las ordenanzas de León y Ponferrada que regulan sus Zonas de Bajas Emisiones no llegaron hasta años después y, en la práctica, no se aplican. 

Todo ello a pesar de que para realizar las obras de adaptación de la ZBE (peatonalizaciones), los Ayuntamientos han hecho uso de las subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea. La inversión para el desarrollo de la ZBE en la ciudad de León incluye las obras de ‘calmado de tráfico’ (es decir, peatonalizaciones) de las calles Alfonso V, Gil y Carrasco, San Agustín, Padre Isla, Ramiro Valbuena, Felipe Sánchez y José María Fernández por un presupuesto total de más de 4 millones de euros repartidos en cuatro lotes.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 3 de noviembre aprobó una modificación de este decreto, tras detectar “deficiencias durante los primeros años de aplicación de la normativa”. Es el caso de normativas con moratorias de sanciones excesivamente prolongadas o “ámbitos territoriales insuficientes, con espacios que ya contaban previamente con limitaciones al tráfico”. Ahora, el Gobierno de España obliga a los ayuntamientos a llevar a cabo las restricciones de acceso, comunicándolas a los ciudadanos y sancionando, en caso de ser necesario, “sin recurrir a sistemas transitorios”. 

¿Por qué las Zonas de Bajas Emisiones de León y Ponferrada no son reales?

La normativa que regula las Zonas de Bajas Emisiones (Real Decreto 1052/2022) no especifica que se tengan que activar o desactivar estas áreas en función a los niveles de contaminación, sino que son obligatorias y continuas en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de León diseñó una ordenanza en la que crea dos tipos de Zonas de Bajas Emisiones: una permanente en el centro de la ciudad, que incluye zonas del Casco Histórico peatonalizadas desde hace años (otra de las carambolas administrativas que tampoco se acogen a la norma y que el Gobierno de España trata de regular con la nueva modificación); y otra que abarca un mayor número de calles, pero que solo entra en vigor cuando la contaminación llegue a unos niveles nunca vistos en el municipio de León. 

La Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de León se aprobó a finales de 2025 y la ZBE entró en vigor el 7 de noviembre de aquel año. En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, el propio Consistorio reconoce que la nueva normativa de la ZBE “no afectará en nada en la práctica, ya que solo habrá restricciones en caso de alerta de contaminación, un nivel que hasta ahora nunca se ha registrado en la ciudad de León”. 

En el caso de Ponferrada, aunque no ha diferenciado entre dos zonas, también incluye peatonalizaciones realizadas hace años y solo aplica restricciones de acceso a vehículos con ciertos niveles altos de contaminación. La ordenanza de Ponferrada que regula la ZBE se aprobó en Pleno el 27 de septiembre de 2024, pero, tres años después, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, rechaza aplicar las sanciones. Recientemente, el alcalde Marco Morala ha realizado unas declaraciones rechazando aplicar la normativa con las modificaciones del Real Decreto, confiando que un nuevo Gobierno “sensato” revierta la órden. 

De hecho, en la web del Consistorio que informa sobre el área de afección y todo lo relativo a la ZBE, se especifica que no se aplicarán sanciones hasta el 1 de julio de 2027. Mientras, la normativa se encuentra en proceso de “información pública” hasta diciembre de este año (solo queda un mes) y, una vez entrado el año 2027, se advertirá durante seis meses (hasta el 30 de julio) a los ciudadanos de las posibles sanciones por incumplimiento de la normativa. 

Cabe recordar que en el año 2027 los habitantes de Ponferrada (pero también de León) acudirán a las urnas para votar en las elecciones municipales, por lo que el ‘problema’ de la aplicación de sanciones por incumplimiento de las restricciones de circulación recaerá en el próximo equipo de Gobierno municipal. 

El Gobierno de España lleva tiempo detectando estas irregularidades. Este periódico se ha interesado en diferentes ocasiones por las posibles penalizaciones a los Consistorios que incumplan la normativa, requiriendo al Ministerio información respecto a los casos de los ayuntamientos de León y Ponferrada. Nunca ha recibido respuesta. 

¿Se ha llegado a activar la ZBE en León o Ponferrada durante este año?

Durante el primer año de implantación de la Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad de León, no se han llegado a activar restricciones de circulación en la zona más amplia de ZBE (que en la ordenanza se denomina como ‘Ensanche’), ya que no se han superado los niveles de contaminación. 

Sin embargo, la ZBE leonesa incluye el Casco Histórico de la ciudad y nuevas peatonalizaciones en el centro de la ciudad que se han hecho antes de la entrada en vigor de la normativa que regula la ZBE, como el entorno de la Avenida Ordoño II. En el momento de publicación de este artículo, el Ayuntamiento de León no ha dado respuesta a este medio sobre el número de sanciones impuestas en esta zona. A pesar de todo, hay que recordar que el Gobierno rechaza que las ZBE incluyan áreas peatonalizadas con anterioridad, como es el caso de la ZBE leonesa. 

Todo ello mientras durante los años 2025 y 2026 el Ayuntamiento ha instalado señales y cámaras en la zona que corresponde a la ZBE Ensanche (la más amplia), que solo se activa con niveles altos de contaminación. El contrato se realizó por primera vez en el año 2022, pero se modificó en el año 2024. Incluye la adquisición de 100 cámaras de control de acceso a la ZBE. El total del contrato asciende a casi 1,9 millones de euros (con IVA), financiados con fondos europeos Next Generation. 

A pesar de todo, las cámaras instaladas en la zona más amplia, no están multando a los coches contaminantes porque no se ha activado la ZBE. En el caso de la zona peatonalizada del centro de la ciudad, el Ayuntamiento no ha respondido a la petición de información realizada por este medio relativa a la cifra de multas, aunque se supone que las cámaras instaladas en las peatonalizaciones del entorno de Ordoño II comenzaron a multar en junio de 2025, un procedimiento que no estuvo exento de polémica, ya que el PP denunciaba que no se había informado a los vecinos sobre las sanciones.