La Audiencia provincial de León acoge desde este lunes el juicio contra los siete acusados del fallecimiento de un ciudadano dominicano, I.M., a la salida de una discoteca en el barrio de El Temple de Ponferrada en febrero de 2012. La Fiscalía solicita para seis de los acusados, todos ellos colombianos, una pena de 14 años de prisión, y ocho años para un séptimo acusado, en libertad provisional desde abril de 2012, y de nacionalidad española.
Durante la mañana de hoy se procedió a la selección de los miembros del jurado popular que juzgará a los siete acusados durante todo el proceso. Ya por la tarde estaba previsto el inicio de las declaraciones de tres de los siete acusados, mientras que los cuatro restantes serían llamados a declarar mañana por la mañana. Aunque el inicio de la vista oral se había previsto para las cinco de la tarde, no fue hasta pasadas las seis cuando se inició el proceso.
Todo hacía presagiar, e incluso así lo señalaron fuentes judiciales, que la demora era debido a que se estaba intentando alcanzar un acuerdo de última hora entra las partes, y que incluso éste se había conseguido finalmente. Sin embargo, el desarrollo de la vista oral no indicaba el mismo final. Después de las intervenciones de todas las partes, los letrados solicitaron cinco minutos de receso para reintentar el acuerdo, aunque éste no llegó finalmente.
La vista oral se inició con la lectura de las calificaciones, según las cuales los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 12 de febrero de 2012 alrededor de las seis de la mañana, momento en el que se produjeron incidentes en el interior de la discoteca, que posteriormente continuaron fuera del recinto en forma de agresiones en las que estuvieron implicados la víctima I.M. y su acompañante, R.D.T., ambos de nacionalidad dominicana.
La otra parte del conflicto eran varias personas de nacionalidad colombiana. Ante las agresiones, la víctima se intentó defender con una botella rota y, al encontrarse frente a un número mayor de personas, ambos salieron corriendo. Lo hicieron por separado, y el grupo perseguidor siguió a I.M., que se escondió bajo un coche en la calle Conde de los Gaitanes. Pero fue localizado y sus seis perseguidores le agredieron “de forma brutal”, dándole “golpes y patadas” por todo el cuerpo y empleando, algunos de ellos “pero con la presencia y aceptación de todos” los intervinientes, un objeto “contundente cilíndrico y un objeto inciso cortante”.
A los agresores se incorporó una séptima persona, de nacionalidad española y cuya identidad responde a las iniciales A.C.C., que portaba dos palos que contribuyeron a la agresión. El escrito de calificaciones recoge que ninguno de los siete implicados provocó el cese de la agresión o hizo “el mínimo intento” de solicitar auxilio para ese fin. Por eso, el Ministerio Fiscal entiende que “todos ellos” son conscientes de que la agresión conjunta y violenta suponía “un peligro serio e inmediato de acabar con la vida” de la víctima, a la que provocaron lesiones localizadas en zonas vitales cráneo-faciales e infra mamaria izquierda.
I.M. fue asistido por el Servicio de Urgencias Médicas del Sacyl en el lugar de los hechos, aunque fueron “infructuosos” los intentos de reanimación, por lo que la víctima ingresó cadáver en el Hospital del Bierzo. La muerte se estima que fue provocada por anoxia, motivada por la conmoción y aspiración de sangre. Además, la Fiscalía entiende que la asfixia no se habría producido de no haberse ocasionado la conmoción y la pérdida de conocimiento de I.M., habiendo contribuido “todos y cada uno de los acusados” a su fallecimiento.
Con estos datos, se estima que todos los acusados, que se encuentran en prisión provisional desde el 14 de febrero de 2012, con la excepción de C.A.O.B., desde el 4 de junio de ese mismo año y A.C.C. que permaneció en prisión dos meses, cometieron hechos constitutivos de un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad, por lo que se pide para ellos una pena de 14 años de prisión, excepto para el último de ellos de ocho años.
Libre absolución de los acusados
Durante la exposición de los hechos por las diferentes partes, el fiscal recordó que la víctima era una persona que “no era un ciudadano ejemplar”, y dadas las declaraciones “confusas” de los acusados, se reiteró la petición de una condena por homicidio para los acusados. La acusación particular también se dirigió a los miembros del jurado para incidir en que los siete acusados participaron “de forma directa” en el delito de homicidio, y que tomaron parte “en la misma proporción”.
Por último, los abogados de cada uno de los acusados se expresaron en términos muy similares. Todos ellos solicitaron la libre absolución para sus representados y pidieron a los integrantes del jurado que tuvieran en cuenta el nivel de participación de cada uno de ellos a la hora de establecer una pena, así como que se tengan en cuenta las pruebas que se aporten durante todo el proceso, inicialmente previsto hasta el próximo día 12 de marzo.