El 'rey del carbón' Victorino Alonso clava la estrategia para evitar, por ahora, entrar en la cárcel y pagar las millonarias indemnizaciones que le reclama la justicia. El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca acaba de dictaminar la remisión de la condena de dos años de prisión por destruir la cueva de Chaves en Aragón, antes de que se resuelvan los dos procedimientos en los que está condenado a otros 7 años de prisión y que tiene recurridos por las explotaciones mineras ilegales de El Feixolín y Nueva Julia en León y sortear, así, que se puedan sumar.
En primera instancia, en noviembre de 2016, la justicia de Aragón lo condenó a dos años y medio de prisión y una indemnización de 25.490.805 euros como autor penalmente responsable de un delito sobre el patrimonio histórico por la destrucción del yacimiento neolítico ubicado en un coto de caza propiedad de su sociedad Fimbas y ubicado en la localidad de Bastarás en el municipio de Casba.
La jueza encargada del caso consideró probado que el magnate del carbón ordenó en 2007 vaciar la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, sin ningún tipo de autorización. El yacimiento enclavado en la Sierra de Guara, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1998, no tenía ningún tipo de protección especial, pese a que estaba considerada uno de los yacimientos neolíticos más importantes de España de la época.
Un año más tarde, en 2018, la Audiencia Provincial de Huesca estimó en parte el recurso de la defensa y le rebajó la condena a dos años de cárcel por “dilaciones indebidas” en un caso que se había iniciado casi diez años antes, sin que se modificase ni un euro la responsabilidad civil y que comparte solidariamente con Fimbas. Al año siguiente, en 2018, también la Audiencia Provincial dictó un auto por el que suspendía la entrada en prisión del empresario minero siempre y cuando no delinquiese durante un periodo de tres años.
Una vez pasado ese tiempo, y teniendo en cuenta que la justicia aragonesa considera que Victorino Alonso ha cumplido su parte del acuerdo, porque no tiene ninguna otra sentencia firme en su contra, el empresario minero se da por librado, por el momento, de entrar en prisión. No así de los 25,5 millones de euros de indemnización por el destrozo, que deberá pagar él, o su sociedad, al Gobierno de Aragón. ¿Por qué no se ha satisfecho esa cantidad? Porque la justicia lo considera 'insolvente' y tan solo ha encontrado a su nombre la finca utilizada como coto de caza. ¿Por qué no se le incauta entonces la finca? Por dinero, porque según el Gobierno de Aragón él la ha ofrecido como medio de pago pero vale menos de lo que le debe y según un perito externo contratado por la defensa vale más del doble.
“No es que se vaya de rositas”, subrayan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, “es que ha cumplido la sentencia”. Otra cuestión es que se considere que se trata de una sentencia laxa o que se le ha podido dar un poco más de manga ancha que a otros condenados, teniendo en cuenta la elevada multa que sigue sin abonarse.
Gana que los dos años de cárcel ya no se le pueden sumar a las posibles condenas futuras, si se hacen firmes, por las explotaciones ilegales de dos minas a cielo abierto en la comarca leonesa de Laciana, aunque su deuda sí que seguirá incrementándose. Fuentes jurídicas consultadas por ILEÓN apuntan a que se trata de una estrategia clara del magnate del carbón: dar por cumplida esta primera condena que le podía influir en los años de cárcel, para afrontar los procesos que siguen abiertos.
Pendientes dos delitos medioambientales: El Feixolín y Nueva Julia
En el horizonte judicial de Victorino Alonso hay todavía dos procesos penales abiertos por delitos medioambientales por los que ya ha sido condenado en primera instancia en la Audiencia Provincial de León y que, ambos, están recurridos al Tribunal Supremo.
El 'rey del carbón' empezó a dinamitar un monte con una explotación minera a cielo abierto totalmente ilegal que llamó El Feixolín en 1995, primero a través de su empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y que continuó con Coto Minero Cantábrico (CMC) hasta al menos 2006. Sin ningún tipo de licencia urbanística, estudio de impacto ambiental ni licencia ambiental, tal y como admite la sentencia, sacó durante décadas toneladas de carbón del paraje del Alto Sil, cercano a Villablino, incluido en la Red Natura 2000, dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana y en terrenos de aplicación del plan de recuperación del oso pardo aprobado por la Junta de Castilla y León. Al respecto, el área afectada es conocida como corredor ecológico de Leitariegos y es de gran importancia para la conservación de dos especies amenazadas como el oso pardo y el urogallo.
La sala lo condenó en 2019 por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a dos años y medio de prisión de los ocho que se pedían inicialmente, al pago de una indemnización de 135.000 euros al denunciante, un hostelero de Villablino, y a diecinueve meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (8.500 euros en total), con un día de privación de libertad por cada dos cuotas que no se satisfagan, por arrasar sin permiso el monte y a dos años y tres meses de inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales.
Además, en la resolución del tribunal se contempla tasar cuánto cuesta devolver al espacio natural las condiciones que tenía antes de que se explotara ilegalmente el carbón que escondía y que tendría que correr a cargo también del condenado.
Por otro lado, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León condenó nuevamente en 2021 al empresario minero a cuatro años de cárcel por los daños causados al medio ambiente en una zona protegida con la explotación de la mina de carbón a cielo abierto 'Nueva Julia' y 'La Mora', en el municipio de Cabrillanes, entre las comarcas leonesas de Babia y Laciana.
La sala lo declaró culpable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, a pagar una indemnización de 24.346.882 euros en concepto de responsabilidad civil, multa de veinte meses con una cuota diaria de diez euros (6.000 euros) y con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de labores de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa dedicada a la extracción o tratamiento de minerales durante tres años.
El propio Alonso dijo en la vista que ni se acordaba ni le interesaba si la mina 'Nueva Julia' tenía licencia ambiental, si su empresa Coto Minero Cantábrico hizo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la totalidad de los trabajadores o si se explotaron cerca de 20 hectáreas más de las permitidas en una zona protegida porque no era de su “competencia”. “Todo valía para la promotora con tal de extraer el carbón y obtener rendimientos económicos. El cumplimiento de obligaciones legales ni valía la pena, ni importaba nada”, aseveran los magistrados.
Según la sentencia, la explotación minera produjo “un grave riesgo para el medioambiente y los recursos naturales, llegando incluso a causar graves daños en una zona protegida y en hábitats de interés comunitario”, en territorios de infuencia de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.
'Insolvente' con varias sociedades opacas en refugios fiscales
Los Papeles de Pandora (Pandora Papers), una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado en España El País y La Sexta consiguieron identificar al magnate minero en varias sociedades opacas en refugios fiscales mientras que se sigue considerando 'insolvente' para la justicia.
La primera vez que aparece el nombre del 'rey del carbón' en los Pandora Papers es en septiembre del año 1996, cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018.
También en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en el año 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, remarcan. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que forman parte del amplio Grupo Alonso.
Tampoco fue la única. Hay otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada todavía el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan. De acuerdo con el formulario de registro, solo en esta compañía el patrimonio total ascendía a una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.
Por el momento, ningún juez ha conseguido seguir el rastro de ese dinero y dar con él para cambiar su situación jurídica y que haga frente a sus importantes obligaciones de pago. El 'rey del carbón' sigue siendo insolvente, sin pagar sus millonarias multas y esquivando el ingreso en prisión gracias a su estrategia jurídica, al menos hasta que se pronuncie el Supremo.