La Diputación de León ya se acerca al cuarto de siglo desde que incumple de lleno su propia normativa para proteger a los pueblos de la provincia leonesa de los incendios urbanos, con la obligatoriedad desde hace 25 años de construir y dotar de personal parques comarcales de bomberos más cercanos. Fue casi con el cambio de siglo, en 2001, cuando la institución aprobó su Plan de Protección Civil, que ya recogía esa auto-obligación de ampliar una red sólo formada por los bomberos de la capital de León y la capital del Bierzo, obligación que poco después le impuso también la Junta al aprobar en 2007 (hace 17 años) la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León.
La manifiesta incapacidad política y de gestión de las diferentes corporaciones, primero bajo mandato del Partido Popular (PP) y después del PSOE, es cuantificable a la hora de desarrollar y desplegar el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis). Y no sólo en plazos, también en incumplimientos y enormes sobrecostes, a pesar de los cuales la mayor parte de la red de 15 parques que debía despliegarse en la provincia sigue sin ejecutarse y ser una realidad.
Pero si hay algún caso donde la incapacidad más se manifiesta es en los parques de bomberos diseñados para la zona de Astorga (en Celada de la Vega) y Cistierna. Con edificios extremadamente sencillos y modulares, y para los que afecta un plazo de ejecución establecido en apenas cinco meses para su ejecución, ha sido imposible aún inaugurarlos y ponerlos en servicio en cinco años, desde que las obra de ambos se adjudicaran.
Una historia de desastres
Fue en mayo de 2019 cuando sendos proyectos fueron contratados. Lo hacía la Corporación que aún presidía para el PP Juan Martínez Majo, poco antes de las unas elecciones que acabarían por quitarle a los populares la mayoría que finalmente forjó un nuevo gobierno provincial tras un pacto de PSOE con Unión del Pueblo Leonés (UPL). Entonces, los socialistas atacaban con dureza el hecho de que en todo un mandato los populares hubieran sido incapaces de desarrollar todo el entramado de obras y plantilla comarcal de bomberos, incluidas dos sentencias condenatorias que hasta tumbaban el modo privado de gestión propuesto.
Pero los cuatro años de gobierno socialista y leonesista también resultaron casi nulos al efecto de concluir los parques astorgano y cisterniense. La inicial adjudicación fallida de 2019 dio paso a otra nueva en septiembre de 2021, más de dos años después. Recayeron los contratos en dos empresas gallegas, Alea SL para ejecutar el parque de Cistierna y Proyecon Galicia el de Celada de la Vega. Sendos plazos de construcción eran de sólo cinco meses: deberían haberse terminado en el primer trimestre de 2022.
Sin embargo, ambas empresas acabaron dejando las dos obras paralizadas, mientras reclamaban a la Diputación que sufragara un sobrecoste cercano al 30%, aduciendo el encarecimiento de materia prima, entre otras cosas. Algo a lo que el equipo del presidente Eduardo Morán se negó, consiguiendo la nulidad de los contratos más de un año después.
Mentiras en las fechas y negativa a informar
Y llegó abril de 2023 todavía con los esqueletos sin tocar de los dos parques de bomberos. Aunque públicamente se informó de que en verano se retomaban las obras, haciendo una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa para que retomara las obras y las concluyera en otros cinco meses más, lo cierto es que este nuevo encargo data del 24 de abril de ese año, como demuestra este documento en su página 10. No se trata de una adjudicación al uso, ya que la Diputación hace valer su posición de accionista de Tragsa para realizarles ese encargo obviando numerosos nuevos trámites.
En base a los nuevos plazos, los edificios deberían haber estado terminados antes de concluir el verano pasado. Y sin embargo, ni iniciado 2024 están concluidos ninguno de los dos.
El nuevo equipo de Gobierno PSOE-UPL, que ahora preside Gerardo Álvarez Coruel, se ha negado a responder en modo alguno a preguntas de ILEÓN sobre el ritmo de los trabajos, el gasto realizado y los plazos previstos de culminación. Una ocultación premeditada de información que fue manifestada de manera directa a este medio por parte del área de Prensa de la institución, después de un mes de insistencia intentando recabar una información que es pública, como lo es la inversión.
Sobrecoste de casi el 50% en uno de los casos
Además de la gravedad del enorme retraso acumulado, es sangrante el sobrecoste económico que le supone a las arcas provinciales. El precio inicial de adjudicación para el parque de bomberos de Astorga fue de 890.000 euros. Dos años después se adjudicó por 1.075.550 euros, sin apenas bajas del precio de licitación. Y ahora Tragsa dispone de 1.244.922,60 euros. Esto supone un sobrecoste del 40% entre el precio inicial y el que está en vigor, conocido a pesar de la ocultación del equipo de Gobierno.
En el caso de Cistierna, el aumento es aún mucho mayor, del 49%. Es la diferencia entre los 940.000 euros iniciales de 2019, los 1.083.640 euros de la segunda adjudicación de 2021 y los 1.399.287,91 de la actual y aún fallida encomienda a Tragsa.
A estos sobrecostes hay que sumar el dinero público, que la Diputación también oculta celosamente, que se gasta en el alquiler de sendas naves para albergar desde hace meses a todos los bomberos/funcionarios del Sepeis provincial y tods los vehículos y material que ya han empezado a utilizar ante incendios, accidentes y otras emergencias en sendas zonas de la provincia: en el caso de Astorga, se paga mes a mes el alquiler a un conocido empresario local por una sede temporal en la pedanía de Valdeviejas, mientras que en el caso de la Montaña de León el espacio es del Ayuntamiento de Cistierna.
A todo esto, el PP ahora en la oposición lleva tiempo denunciando el riesgo cierto de que, para mayor agujero económico, expire el plazo otorgado por la Junta para otorgar una subvención de 2,4 millones de euros para la construcción de los parques comarcales, plazo que era de dos años y por lo tanto debería haber expirado en 2021.
Una red a escaso gas
Así las cosas, el panorama de la extinción de incendios urbanas en los pueblos de la provincia es desolador: continúan siendo prioritarios los lejanísimos parques de León capital y Ponferrada, los dos de nivel o tipo 1, mientras de que los cuatro de nivel 2 prometidos tan sólo están plenamente operativos el de Villablino (no sin un enorme retraso y sobrecoste también) y Valencia de Don Juan.
Celada (Astorga) y Cistierna continúan sin sede final y de alquiler, mientras que los cuatro parques de nivel 3A (en Sahagún, La Pola de Gordón, La Bañeza, Bembibre y Villafranca del Bierzo) y 3B (en Riaño, Boñar, Fabero, Soto y Amío, Truchas y Puente de Domingo Florez) no son todavía más que proyectos presupuestados sobre el papel.