Los servicios jurídicos del Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Asociación Provincial de Industriales del Metal (Apime) anunciaron hoy que estudiarán la posible impugnación del convenio siderometalúrgico de la provincia de León al entender que se está pudiendo “vulnerar algunos principios constitucionales” que, a su juicio, ponen en riesgo “los derechos de empresarios y trabajadores”. Posteriormente, no descartan acudir a los tribunales dado que en uno de sus artículos, este convenio plantea el abono a los trabajadores de un plus salarial en el caso de que no sean formados por las partes firmantes del convenio.
Ambas entidades defendieron que no se puede obligar a un empresario a realizar la formación únicamente en la patronal o sindicatos, sino que hay otras fórmulas “válidas” de formación, incluso de alta cualificación realizada por la propia empresa. Por ese motivo, ambas asociaciones entienden que algunas cláusulas del convenio sectorial “constituyen una vulneración del derecho de asociación y sindicación”, algo que tendrá que ponerse en conocimiento de las autoridades oportunas.
El CEL y APIME han firmado hoy un convenio de colaboración mediante el cual APIME pasa a formar parte del CEL, uniendo en una sola organización a los asociados del sector siderometal de la provincia de León, con el fin de adquirir mayor representatividad en lo que a este sector se refiere para una mejor defensa de los intereses de estas empresas y sus trabajadores.
Como primera acción, ambas organizaciones han iniciado contactos permanentes al objeto de conocer más en profundidad la problemática de un sector estratégico para León como es el del sector industrial para lo que se ha constituido una comisión de seguimiento liderada por los responsables del sector del CEL y APIME, Jorge Díez y Manuel Arias respectivamente.
El convenio en cuestión
La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO suscribieron el pasado mes de noviemrbe el convenio colectivo del sector siderometalúrgico de León, que afecta a unos 8.000 trabajadores de un millar de empresas y que contempla el incremento de los salarios en un uno por ciento para 2015, el 1,35 por ciento para 2016 y el 1,5 por ciento para 2017, año en que finaliza su vigencia.