El exconcejal del Ayuntamiento de Ponferrada Pedro Muñoz se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León este lunes, tres años y medio después de intentar matar a su esposa Raquel Díaz y tras llevar año y medio en libertad provisional con una pulsera telemática y la prohibición de acercarse a la víctima, que quedó parapléjica tras la brutal agresión.
La Sala tiene estipulado escuchar al acusado, a la víctima y a 25 testigos, entre los que se encuentran policías municipales de Ponferrada, 16 testigos-peritos, entre los que hay médicos y agentes de la Guardia Civil, y 20 peritos, forenses y psicólogos, en seis duras sesiones comprendidas entre el lunes 11 y el viernes 15 de diciembre y una última sesión para conclusiones e informes el jueves 21.
El Ministerio Fiscal pide para él una condena de 18 años y 9 meses de cárcel por la presunta comisión de hasta cinco delitos: violencia habitual, maltrato en el ámbito familiar, injurias, amenazas y, el más grave, lesiones agravadas.
La fiscal que instruyó el caso descartó imputarle intento de homicidio porque el político “se arrepintió” de intentar “acabar con la vida de su esposa” y llamó al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León para pedir asistencia sanitaria para ella. La controvertida decisión, que propició manifestaciones feministas en contra, está motivada porque, con el Código Penal en la mano, al evitar “voluntariamente la consumación del delito” queda exento de responsabilidad penal, “sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados”.
Dicho de otra manera, el delito de intento de homicidio se aplica únicamente ante la intencionalidad de acabar con la vida de otra persona, y nada más, y está penado con menos años que el delito de lesiones agravadas, que consiste en menoscabar la integridad física y/o mental de la víctima con un coste penal mayor.
El escrito de acusación considera probado que Muñoz trató de “acabar con la vida de su esposa”, tirándola por el balcón de su domicilio en Toreno y golpeándola después de manera reiterada con un palo, además de darle patadas y puñetazos, en pleno confinamiento domiciliario por la pandemia de coronavirus COVID-19, el 27 de mayo de 2020. Pero, “se arrepintió, la colocó en una posición de seguridad y alertó al 1-1-2 pidiendo ayuda” porque “se había caído”.
A la llegada del personal sanitario del centro de salud de referencia, el del propio municipio berciano, se decidió el traslado urgente de la víctima al Hospital de León y se iniciaron las investigaciones para esclarecer lo que había sucedido. No fue hasta cinco días después, el 2 de junio de 2020, cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada con competencias en Violencia sobre la Mujer ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el político, que entonces formaba parte del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Ponferrada bajo las siglas de Coalición por El Bierzo, el mismo partido en el que militaba su esposa.
El mismo escrito de la fiscal relata hasta cuatro agresiones de diferente intensidad desde que el entonces concejal de Ponferrada y su exesposa empezaron su relación en 2017, cuando Pedro Muñoz todavía estaba casado con su primera esposa, y la brutal agresión del 27 de mayo de 2020 que dejó a la víctima parapléjica.
“Desde el inicio de la convivencia”, expone, “la relación vino marcada por el carácter controlador y dominante del procesado” y su “comportamiento de maltrato emocional sistemático a todos los niveles, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral”. La fiscal aduce que “el procesado controlaba de forma obsesiva” a su pareja, y que esa conducta de “control y dominación” fue incrementándose a partir de la boda.
Después llegaron las amenazas y las agresiones físicas -“empujones, golpes, inmovilizaciones y auténticas palizas”- que “provocaron lesiones en la víctima que maquillaba por la vergüenza que sentía al ser una persona [abogada de profesión] con formación en violencia de género”.
El caso recoge que la víctima recibió asistencia psicológica y psiquiátrica desde 2018, nunca presentó denuncia hasta después de la brutal agresión en la que quedó parapléjica, y que llegó a firmar ante notario un año antes que “jamás” había sido “maltratada ni física ni psicológicamente por su esposo”.
Por estos hechos, Pedro Muñoz permaneció en prisión preventiva desde su detención en 1 de junio de 2020, días después de la agresión, hasta el 25 de mayo de 2022, tras reiteradas peticiones de su defensa de puesta en libertad, vigilado por una pulsera telemática.
Muñoz, que antes de Coalición por El Bierzo militó en el PP y en el PSOE, se enfrenta además a la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier vía durante 42 años y medio, prohibición de tener armas durante 16 años, una indemnización para su ya exesposa que supera el millón de euros, las costas del proceso judicial y 74.000 euros para el Sacyl y otros 48.000 para el Hospital de parapléjicos de Toledo por la asistencia sanitaria prestada a la víctima.
A la entrada de la Sala leonesa se encontrará con el colectivo feminista que ha anunciado una protesta a las puertas de la Audiencia Provincial durante el juicio.