Un millonario contrato ya firmado este año por la Diputación para prestar el servicio de ayuda a domicilio en los pueblos de la provincia de León ha pasado a incrementar de golpe su coste 1,6 millones al año en apenas unos pocos meses.
El sorprendente 'inflado' que acaba de aprobar el equipo de Gobierno del PP respecto a dos contratos a otras tantas empresas supondrá que la atención a los dependientes y mayores de la provincia acabará costando a las arcas provinciales 6,4 millones más de lo que se acababa de adjudicar, teniendo en cuenta que sendos contratos han sido modificados al alza por los dos años de duración inicial más otros dos de prórroga.
Entre el precio inicial contratado en febrero para la ayuda a domicilio, con una baja considerable por parte de las empresas elegidas que les puntuó de manera extraordinariamente favorablemente para conseguir los contratos, y el sobrecoste que se sugirió apenas dos meses después y que ha sido aprobado con seis meses de distancia media un incremento del dinero porcentualmente llamativo. En el caso de la UTE adjudicataria del Lote 1 (Onet-Seralia-Carflor SL) se cifra en 17% más -ha pasado de golpe de 7,6 millones a casi 9 millones de euros-. Y es aún mucho más abultado en la empresa que consiguió el Lote 2 (Clece SA), ya que en este caso el aumento es del 26% -de poco más de 7 millones ha subido a casi 9 millones de euros-.
La prisa por aprobarlo
El contrato inicial fue firmado el 22 de febrero de este año, curiosamente no por el presidente Martínez Majo ni por ninguno de sus tres primeros vicepresidentes, sino por el cuarto, Miguel Ángel Fernández. Así se publicó en el Boletin Oficial de la Provincia (BOP) el 28 de ese mes.
Pero el abultado 'engorde' del mismo fue sugerido ya inicialmente en abril de este año y por fin aprobado en primera instancia el pasado 2 de octubre en la Comisión de Derechos Sociales de la Diputación. Posteriormente, ha sido incluido en una sesión “extraordinaria y urgente” de la Junta de Gobierno del PP en la institución, presidida por Juan Martínez Majo, seis días después, el 8 de octubre.
Un 'error' de cálculo en más de 100.000 horas al año
En ambos casos el Partido Popular ha dado el visto bueno que santifica el enorme sobrecoste, aunque la ratificación última quede para el próximo Pleno en el Palacio de los Guzmanes, donde salvo sorpresa se aprobará de manera definitiva, porque el PP gobierna con mayoría absoluta.
La excusa técnica para una maniobra que diversos expertos en derecho administrativo consultados consideran cuando menos sorprendente y escasamente habitual es que en los pliegos de licitacion iniciales, que datan de hace justo un año, se contabilizó para ambos lotes una serie de horas anuales de atención en los pueblos. Pero dos meses después de firmarse los contratos se plasmó en un informe del Servicio de Derechos Sociales que “las necesidades reales estimadas del Servicio de Ayuda a Domicilio son superiores a las estimadas inicialmente debido a un aumento de la demanda”. Tan superiores y mal calculadas como que son más de 100.000 horas más, en concreto 104.224.
El sobrecoste por lotes y comarcas
De este modo se justifica el incremento presupuestario a posteriori de 650.000 euros cada año para la UTE Onet-Seralia-Carflor SL (en las zonas del Lote 1 que son Boñar, Cistierna, León 1, León 2, Mansilla, Matallana de Torío, Riaño, Sahagún, Valencia de Don Juan, La Magdalena, Ribera del Orbigo y Santa María del Páramo) y de nada menos que 950.000 euros cada año para la empresa Clece (en las zonas del Lote 1 que son La Bañeza, Astorga, Babia, Bembibre, La Cabrera, Cacabelos, Fabero, Puente de Domingo Flórez, Toreno, Torre del Bierzo, Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo y Villablino). Esas cifras de ingresos a mayores por los cuatro años del contrato suman los 6,4 millones de euros que desembolsará de más la Diputación de dinero público hasta el año 2021.
Por si faltara aún algo más sospechoso, cabe recordar que en el momento de la presentación de ofertas, las empresas resultaban muy beneficiadas en la puntuación en una medida muy elevada si presentaban una rebaja considerable de la oferta, hasta el punto de que las mejoras en el precio sumarían hasta 58 puntos y sin embargo las mejoras en la prestación del servicio sólo 17 puntos, tres veces menos.
Y, ¿qué informes favorables han sustentado esta cara maniobra para las arcas públicas provinciales? Llama la atención que el primero de ellos fue del jefe de la Sección de Dependencia el 5 de abril, cuando en febrero se habían formalizado los contratos: menos de dos meses de diferencia. Faltaba que el área de Intervención justificara la medida del aumento de horas y consiguiente hinflado del presupuesto a toro pasado.
Ajustando el aumento al presupuesto
Hubo un primer informe del interventor del Palacio de los Guzmanes el 4 de junio, del que iLeon no ha podido conocer si era o no favorable, pero un segundo el 14 de agosto acabó por dar el visto bueno al “expediente de modificación del contrato”.
Sólo con una condición: que existiera dinero “adecuado y suficiente” en ejercicios futuros. Y aquí surge una nueva y sorprendente coincidencia, porque resulta que la cifra final con aumento del coste es prácticamente exacta a la cifra que recoge el actual presupuesto en vigor para la ayuda a domicilio: 8.956.670,53 euros. Es decir, que se aumentó hasta agotar prácticamente la partida ya existente pero sin excederla para que no hubiera reparos legales y administrativos a la artimaña.
Otro escollo administrativo hubiera sido que esa subida se hubiera propuesto una vez terminado el año, pero en esto el equipo de Gobierno ha sido diligente y lo aprobará este mes, con la suficiente holgura. Eso sí, salvo que alguna de las demás empresas que concurrieron a este goloso y millonario contrato público decida ahora interponer algún tipo de recurso administrativo o judicial al sentirse perjudicado.
El PP 'saca pecho' con la maniobra vistiéndola como mejora social
Lejos de ocultar esta maniobra que tanto dinero a mayores y en tan poco tiempo costará a las arcas provinciales, el equipo de Gobierno ha tratado públicamente de sacar pecho de ello. Lo hizo la semana pasada emitiendo una nota de prensa en la que anunciaba que “la Diputación aumenta 1,23 millones de euros el presupuesto de Servicios Sociales para aumentar las prestaciones en los pueblos hasta el año 2019”, explicando en su interior que “el incremento de la cuantia se destinará, principalmente, al servicio de ayuda a domicilio”.
Con esta lectura, ocultando que tal aumento se debe a una maniobra sospechosa que beneficia a las empresas adjudicatarias muy poco después de haberlas contratado, el PP parecía querer convencer a priori a la opinión pública de que el sobrecoste es para atender más y mejor a los 2.400 usuarios de la ayuda a domicilio, al tiempo que pretendía evitar las críticas de la oposición en el Palacio de los Guzmanes y garantizarse su posible apoyo de cara al Pleno.