Castilla y León dará preferencia a la tramitación de denuncias posteriores al 26 de abril vinculadas a la desescalada
La Delegación del Gobierno en Castilla y León priorizará y tramitará de manera preferente los expedientes sancionadores por denuncias relacionadas con el proceso de desescalada, es decir, las registradas a partir del día 26 de abril, a raíz de la decisión del Gobierno de permitir los desplazamientos fuera de sus hogares de la población infantil, con el objetivo de mantener la conciencia sobre la necesidad de distanciamiento social en esta fase preliminar en la que continúa la Comunidad Autónoma, señalaron fuentes de la institución.
Según señala la orden firmada por el delegado Javier Izquierdo, la medida se adopta para garantizar un progreso igual en todo el territorio de Castilla y León y asegurar el cumplimiento riguroso de las medidas contenidas en las Órdenes SND/370/2020 y SND/380/2020, después de que se haya registrado en los últimos días un incremento del número de nuevos contagios en Castilla y León, lo que ha supuesto el mantenimiento en la fase 0 de la mayor parte del territorio de la Comunidad Autónoma.
“Se hace necesario extremar la vigilancia, dando prioridad al cumplimiento de estas nuevas medidas”, y agilizando la notificación de sanciones a la ciudadanía sobre conductas “que no se corresponden con la fase de desescalada en la que nos encontramos, haciendo especial incidencia en aquellas que no sólo ponen en peligro lo conseguido hasta ahora con el confinamiento, sino que además, cuentan con evidente reprobación social”, argumenta Izquierdo.
El delegado hizo un especial llamamiento a “los jóvenes que se están a veces agrupando, jugando partidos de fútbol o sentando en corrillos, que tienen que ser conscientes de que pueden ser transmisores del virus y llevarlo a sus casas y mayores y propagar la enfermedad”. “La gente tiene que ser consciente de que seremos vigilantes con estas normas y se sancionará cuando sea oportuno”, reiteró.
La Delegación recuerda en un comunicado que el artículo 71.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre el impulso del procedimiento, establece que “en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia”.
En el ejercicio de la facultad reconocida en ese precepto, el documento acuerda ordenar que con carácter prioritario o preferente se tramiten los expedientes sancionadores por denuncias presentadas con posterioridad al día 26 de abril de 2020, dadas las circunstancias de interés público acreditadas.
Ajustado a las restricciones
El artículo 20 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, dispone que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. De acuerdo con ello, la Delegación del Gobierno tramita en la actualidad expedientes sancionadores por desobediencia a la autoridad del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
No obstante, desde la declaración del estado de alarma se suceden, con escaso margen de tiempo, diferentes órdenes que flexibilizan ciertas restricciones sociales y concretan en qué casos y con qué condiciones está permitida la realización de ciertas actividades.
40.000 denuncias
Los datos más recientes recopilados por el Ministerio del Interior, con fecha 8 de mayo, contabilizaban ya un total de 39.645 propuestas de sanción por denuncias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Castilla y León, -7.000 nuevas en las dos semanas de inicio de desescalada-, y un total de 265 personas detenidas.
Entre las infracciones registradas desde el 26 de abril, -fecha en la que los datos arrojaban 32.723 denuncias y 229 detenidos-, se encuentran frecuentes sanciones a personas a las que se sorprende paseando en diferentes horarios durante el mismo día o que caminan juntas sin ser convivientes o practican deporte en grupo; otras sentadas en la vía pública consumiendo bebidas, en ocasiones fuera de las franjas horarias correspondientes, y algunas de ellas más allá de las 23 horas, horario límite para cualquier actividad.
Fiestas en patios, casas y garajes
Destacan en la provincia de Valladolid la denuncia a 12 personas que se encontraban reunidas en una celebración en un patio interior comunitario, consumiendo comida y bebida. En Zamora se sorprendió a otro grupo de amigos reunido en un garaje, y también en esta provincia, se denunció a varias personas sentadas alrededor de una mesa en la vía pública, sin guardar distancias de seguridad, que, además, menospreciaron a los agentes y se negaron a mostrar sus documentos de identificación.
En Soria se denunció la organización de una fiesta con amigos en un domicilio, y en León se detectó a varias personas sentadas en bancos cuyos precintos, en alguna ocasión, fueron retirados por ellas mismas fuera de la franja horaria permitida para la salida de adultos. Estas mismas actitudes se vivieron en Segovia, así como en otras provincias, además de frecuentes denuncias de personas paseando juntas fuera de los supuestos permitidos.
Vigilancia
El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, anuncia que la vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será rigurosa y hace un llamamiento, una vez más, a la responsabilidad y la prudencia para conseguir entre todos el avance de nuestro territorio de la forma más rápida y uniforme posible, y recuerda que cada comportamiento es clave para frenar el repunte de los contagios y para poder estar al mismo nivel de desescalada que el resto del país.
