La Audiencia Nacional concede solo 1.100 euros al detective privado absuelto por el caso Larralde por 44 días en la cárcel
La Audiencia Nacional ha desestimado en una sentencia de este mes de septiembre conceder una indemnización de tres millones de euros reclamada por el detective privado leonés implicado en el caso del asesinado del boxeador Roberto Larralde, ocurrido en el año 2014. El detective reclamaba esa cantidad por los 44 días que pasó en prisión preventiva tras ser detenido en el caso. El Ministerio de Justicia fijó en 1.100 euros la indemnización prevista por la prisión preventiva tras su inocencia, que el afectado recurrió a la Audiencia Nacional.
El caso Larralde fue uno de los sucesos más mediáticos de la pasada década en la provincia de León. El boxeador fue asesinado en septiembre de 2014 de un disparo en la cabeza, siendo localizado su cuerpo cinco días después de haberse denunciado su desaparición. A los pocos días se detuvo a cinco implicados, entre ellos la esposa del muerto, el detective y el autor material de la muerte.
El detective ingresó en prisión preventiva el 21 de septiembre de 2014 y permaneció encarcelado hasta el 3 de noviembre. Fue juzgado junto al resto de acusados por un jurado popular en el año 2017 y condenado inicialmente a 15 años de cárcel como colaborador del complot para su asesinato, junto a la mujer, el amante de la esposa, el autor material y dos colaboradores. En el otoño del 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó su absolución en octubre de 2017 junto a la mujer por considerar insuficientes las pruebas para una condena, una decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2018.
El afectado reclamaba tres millones de euros, divididos en un millón por lucro cesante y dos millones por daños morales. Alegaba que su entrada en prisión y la repercusión mediática del procedimiento habían supuesto la pérdida de su actividad profesional como detective, de sus clientes y de su prestigio, además de consecuencias personales y familiares. La sentencia recoge también que aportó un informe psicológico que vinculaba el deterioro sufrido con los cuatro años de procedimiento penal y señalaba, entre otras consecuencias, el deterioro de su relación matrimonial y la pérdida de relaciones sociales y profesionales.
La Sala establece, sin embargo, que la compensación prevista legalmente alcanza los daños causados específicamente por la prisión preventiva, pero no los perjuicios derivados de haber sido investigado y sometido a un proceso penal que terminó en absolución. La Audiencia Nacional considera que esos daños no pueden reclamarse por esta vía salvo que exista, por ejemplo, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o dilaciones indebidas. En este caso tampoco aprecia que la difusión mediática del procedimiento pueda atribuirse a una actuación irregular de la Administración, por lo que rechaza cualquier indemnización.
Sin lucro cesante
El detective privado alegó ante la Audiencia Nacional que como consecuencia de su entrada en prisión no pudo desarrollar su actividad profesional de detective privado. Por ello reclamaba que los ingresos obtenidos por su empresa fueran la base para calcular la indemnización. Pero la Audiencia Nacional reprocha que convirtió los 105.000 euros de negocio de 2013 y los 185.000 de 2014 en la base para reclamar un millón de euros cuando esas cifras en realidad eran facturación empresarial, y no ingresos personales, por lo que el resultado sería inferior y no se acreditó que los 44 días de prisión causaran el perjuicio económico reclamado. Además, recuerda que una eventual pérdida de beneficios de la sociedad correspondería a la propia persona jurídica y no directamente al administrador su reclamación. La sentencia condena en costas al demandante y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.
La sentencia del Tribunal Supremo dejó el caso Larralde con tres condenados: el amante de la mujer, con 18 años de prisión por asesinato y dos colaboradores del crimen a un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. El autor material, condenado inicialmente a 21 años de cárcel, falleció un mes después de su condena en la prisión de Mansilla de las Mulas. El detective y la mujer del boxeador asesinado fueron absueltos por falta de pruebas.