La Audiencia de León, ante el caso del Pozo Emilio del Valle: repetir el juicio o mantener las absoluciones por la muerte de seis mineros
Las familias de los seis mineros que murieron en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa siguen pendientes de una respuesta judicial. La Audiencia Provincial de León tiene ya sobre la mesa los recursos contra la sentencia que absolvió a los 16 acusados por el accidente, entre ellos tres miembros de la familia Del Valle, y debe decidir ahora si confirma el fallo o estima las peticiones de las acusaciones. La Fiscalía fue la primera en exigir que se repitiera el juicio y las acusaciones particulares se han adherido a su recurso, según ha podido conocer este medio. El trámite de apelación ya ha concluido y los autos están en manos de los magistrados de la Audiencia.
Han pasado casi 13 años desde el 28 de octubre de 2013, cuando un escape de grisú en el Grupo Tabliza de Llombera, en La Pola de Gordón, acabó con la vida de Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, José Luis Arias, Roberto Álvarez y Orlando González y dejó heridos a otros ocho trabajadores de distinta gravedad. Desde entonces, sus familias no han hecho otra cosa que esperar. Primero la investigación, después a un juicio que se celebró a la segunda, a una sentencia que llegó más de una década después de la tragedia y dos años y medio después de que se terminase el juicio, absolviendo a todos los acusados, y ahora un recurso.
La causa vuelve a estar pendiente de los tribunales. La Fiscalía considera que la sentencia hizo una valoración incorrecta de las pruebas y pidió a la Audiencia Provincial que la anule, también el juicio, y que el caso vuelva a juzgarse otra vez de nuevo. Las acusaciones se han adherido a ese recurso y exigen que se depuren las responsabilidades por un accidente que siguen pensando que se podía haber evitado.
El Ministerio Público sostiene que la sentencia llevó a cabo una valoración “irracional” de los informes técnicos y los testimonios a lo largo de los casi dos meses de maratonianas sesiones judiciales, y cuestiona que se diera mayor credibilidad a las pruebas aportadas por las defensas que a los informes de los técnicos de la autoridad minera y al perito judicial. La Fiscalía entiende que el procedimiento no debía limitarse a determinar la causa inmediata del escape de gas, sino también a establecer si la tragedia podía haberse evitado con unas medidas de seguridad más adecuadas.
En su recurso, el Ministerio Público puso el foco en cuestiones como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa por la presencia de grisú. También cuestionó que determinados trabajos se hubieran iniciado sin contar, según su interpretación, con todas las autorizaciones exigidas por la autoridad minera y recordó la obligación de los responsables de la explotación de garantizar la seguridad de los trabajadores.
La Audiencia Provincial tendrá ahora que decidir si mantiene la absolución o estima los recursos. No existe un plazo concreto para resolver, por lo que las familias tendrán que seguir esperando sin saber cuándo llegará la decisión. Según ha explicado a ILEÓN uno de los abogados de las acusaciones, ya se han presentado las adhesiones de las acusaciones y las impugnaciones de las defensas y el procedimiento está pendiente de la resolución de la Audiencia.
Los Del Valle acaban de ser absueltos también de un fraude fiscal de 2,1 millones de euros relacionado con las ayudas al carbón de la Hullera Vasco-Leonesa. La Audiencia Provincial de León anuló las entradas y registros de la Agencia Tributaria por considerarlos ilícitos y extendió esa nulidad a todas las pruebas obtenidas en esas actuaciones, al aplicar la doctrina del 'fruto del árbol envenenado'. La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel para Antonio y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Vasco, al considerar probado que, junto a otros directivos y responsables de empresas subcontratadas, habían hecho pasar carbón de cielo abierto por carbón de interior para acceder a unas ayudas cinco veces superiores. El tribunal concluyó que, una vez excluidas esas pruebas, no quedaban elementos suficientes para acreditar el fraude ni para desvirtuar la presunción de inocencia.
Una causa que acumula más de una década
La espera judicial en este caso está siendo especialmente larga. El accidente ocurrió en 2013 y el juicio no comenzó hasta febrero de 2023, después de que algunos de los acusados se acordaran el primer día del juicio, la primera vez que se señaló en 2021, de que tenían seguros de responsabilidad civil que podían responder por ellos en caso de condena. El caso juzgó a 16 acusados y, durante dos meses de sesiones, escuchó a 80 testigos y peritos.
La sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de León tardó en llegar más de dos años y medio después de la finalización del juicio. La resolución fue dictada por la magistrada María Argentina Álvarez Rodríguez, titular de ese juzgado, que había permanecido de baja durante buena parte de la espera y se reincorporó en octubre de 2025 con un refuerzo acordado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León para ayudar a sacar adelante las sentencias pendientes.
Entre los acusados figuraban tres miembros de la familia Del Valle, antigua propietaria de la Hullera Vasco-Leonesa, además de responsables de la compañía, ingenieros, mandos intermedios y vigilantes. Las defensas sostuvieron durante el juicio que el accidente había sido fortuito, imprevisible y no evitable y reclamaron la libre absolución de sus representados.
Seis nombres detrás de una causa que sigue abierta
Mientras la Audiencia decide, las familias continúan esperando casi 13 años después de perder a sus seres queridos. Carlos Pérez, de Las Ventas de Albares, estaba casado y tenía dos hijos. Manuel Moure, de Ciñera de Gordón, tenía 39 años y acababa de ser padre de una niña pocas semanas antes de morir.
Antonio Blanco, de Robles de la Valcueva, tenía 42 años, estaba casado y tenía una hija y esperaba poder prejubilarse. Roberto Álvarez, de Fontanos, era el más joven de los seis, con 35 años, y dejó dos hijos pequeños.
Orlando González, vecino de La Pola de Gordón y natural de Paradilla, llevaba más de una década trabajando en la minería. José Luis Arias, natural de Pola de Lena (Asturias), estaba casado y tenía dos hijos y era el único de los seis fallecidos que no era leonés. El próximo 28 de octubre se cumplirán 13 años del accidente en el que perdieron la vida en el tajo.