La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, registró durante el pasado año, 2022, un total de 794 reclamaciones, lo que supuso un incremento de 298 quejas respecto a 2021 por la falta de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público.
Del total de reclamaciones recibidas, 585, casi tres de cada cuatro, tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales y, de ellas, 518 se presentaron frente a ayuntamientos, 39 frente a entidades locales menores, 22 frente a diputaciones provinciales y tres frente a mancomunidades, mientras que 137 reclamaciones fueron presentadas frente alguna de las consejerías de la Administración autonómica.
Un total de 681 reclamaciones se fundamentaban en la ausencia de respuesta a la petición de información, lo que representa más del 85 por ciento de las presentadas y 113 reclamaciones lo fueron frente a denegaciones expresas de información que se basaban principalmente en la protección de datos personales; que la información se encontraba en curso de elaboración o había sido objeto de publicación; la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada; y que la entidad a la que se dirigía la petición no disponía de la información pedida.
En cuanto al tipo de información solicitada por los ciudadanos cuya denegación ha motivado las reclamaciones, este es muy diverso, pero las las cinco materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones fueron las relativas a protección del medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación y actuaciones de carácter urbanístico.
Durante el pasado año la Comisión de Transparencia adoptó 262 resoluciones, dos más de las emitidas en 2021. En 154 de ellas se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada, de las cuales 138 resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la administración local o de su sector público, 15 se formularon a la Administración autonómica y una a un Colegio Profesional.
Tres sentencias que dan la razón a Transparencia
Las resoluciones de la Comisión de Transparencia deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales, Así, las tres sentencias judiciales adoptadas en 2022 en recursos interpuestos frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia ratificaron la postura adoptada por esta. Por otra parte, en 67 ocasiones, una vez que intervino la Comisión, aun sin haber llegado a dictar resolución, ante la presentación de reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, la administración o entidad pública correspondiente reconoció el derecho del ciudadano a acceder a esta.
De igualmente, se incrementó un año más el número de ocasiones en las que se utilizó la sede electrónica de la Comisión para presentar estas reclamaciones, con 540 frente a las 240 de 2021. De ellas, 112 fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 93 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, diez por vocales de juntas vecinales y nueve por diputados provinciales. En cuanto a otros colectivos, destaca el número de reclamaciones presentadas por asociaciones ecologistas, por representantes de los trabajadores y por periodistas.