'Ecologistas' denuncia la cesión que León hace a la Junta para construir la planta de combustión y 30 kilómetros de calles
Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso administrativo en los juzgados de León contra el proyecto de una mega planta de combustión que ocupará 24 hectáreas de parcela en Puente Castro y hasta 30 kilómetros del subsuelo de calles de la ciudad de León. El recurso se presenta tras haberse desestimado por silencio administrativo otro recurso dirigido al alcalde de León en junio en el que Ecologistas solicitaba la suspensión de la concesión de este terreno subterráneo por el que discurrirán las tuberías de la central de combustión.
El proyecto, anunciado mano a mano por el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, con un presupuesto total de 85 millones de euros, y nutrido sobre todo con cuantiosos fondos europeos, ya había recibido críticas de los ecologistas, que advertían oscurantismo en las primeras tramitaciones, resaltando así una “falta de transparencia”. La central aúna la combustión por biomasa, hidrógeno 'verde', biogás de residuos orgánicos y una planta de placas solares.
Por ello, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso administrativo en los juzgados de León contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que, el 26 de mayo 2023, aprobó la concesión demanial directa a SOMACYL del dominio público municipal para la implantación de este proyecto.
La concesión comprende 24 hectáreas de la parcela de Puente Castro denominada Soto de Santa Olaja, donde se sitúa la central térmica y el subsuelo de 127 calles de la ciudad, para la construcción de los primeros 30 kilómetros de zanjas que alojarán las tuberías de la red de calor.
Ahora denuncian que “el Ayuntamiento ha cedido, en contra del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), la ocupación de terreno y viales públicos sin que exista proyecto técnico que detalle y justifique la actividad que Somacyl pretende desplegar: central térmica y circuito urbano asociado, planta solar fotovoltaica y plantas de producción de hidrógeno y biogás”.
El proyecto técnico del conjunto de estas instalaciones tendría que haber sido aprobado por la Corporación municipal y sometido a información pública, antes de otorgar la concesión, tal como exige el RBEL, según la organización ecologista: “En la documentación aportada ni siquiera consta la potencia térmica nominal total de la central de biomasa. Ese dato es esencial, porque determina el régimen de autorización del proyecto a efectos ambientales y, a su vez, condiciona la compatibilidad urbanística del mismo y la propia concesión”, ha puesto de relieve.
“Si como ha publicado la prensa, la potencia de la central de biomasa puede alcanzar los 75 megavatios, sería una gran instalación de combustión que necesita una autorización ambiental integrada previa a cualquier otro permiso y que el PGOU prohíbe en suelo rústico de protección natural, como es el Soto de Santa Olaja”, ha remarcado.
Para Ecologistas en Acción resulta “inaceptable que el Ayuntamiento haya otorgado concesión del dominio público municipal para ”una actividad industrial potencialmente contaminante, que carece de proyecto técnico y cuyo impacto sobre el medio ambiente y la salud humana no ha sido evaluado; y sin tener en consideración a la población más cercana, los vecinos de Puente Castro, que han manifestado su rechazo presentando cerca de 300 alegaciones a la concesión que se recurre“.
Además, en sus propias palabras, “se ha otorgado esta concesión para una red de calor durante 50 años sin aportar estudios de la demanda real de este servicio en la ciudad de León; y sin tener en cuenta que las centrales térmicas de biomasa serán ambiental y económicamente inviables a medio plazo por el riesgo de sobreexplotación de los ecosistemas forestales y por el progresivo encarecimiento de la biomasa forestal”.
“Un recurso renovable pero finito que será cada vez más caro no solo por la creciente escasez, también porque usado en grandes instalaciones de combustión es altamente dependiente de los combustibles fósiles necesarios para el transporte”, ha indicado.
“Aunque se desconocen los proyectos técnicos de estas obras (aún no han sido redactados) lo que sabemos, sin duda, es que servirán para regar con dinero público a las empresas vinculadas a Somacyl que resulten adjudicatarias”, ha concluido.
