O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

El ganadero leonés Javier Pellón es el tercer afectado por positivos por tuberculosis que se han registrado en la Montaña Oriental Leonesa en los últimos meses y que obligan a sacrificar a todas las reses de la explotación afectada. Fueron en última instancia los tribunales los que paralizaron en junio de 2023 el intento de la Junta de Castilla y León (por entonces gobernada en coalición por PP y Vox) de relajar estos controles sanitarios para evitar medidas de este tipo.

El primer positivo de los últimos meses se registró en una explotación de Barniedo de la Reina con 175 vacas sacrificadas. El segundo, en Espejos de la Reina, obligó a enviar al matadero otros treinta animales, “el 95% de ellos, sanos”, lamenta.

Se da la circunstancia de que los titulares de ambas ganaderías son familiares de Javier, el tercer afectado, cuyas vacas elevan a más de trescientos los sacrificios en esas tres localidades, todas pertenecientes al municipio de Boca de Huérgano.

A punto de cumplir sesenta años, Pellón debe ahora replantearse su futuro después de que un único positivo por tuberculosis en su ganadería le haya obligado a sacrificar la totalidad de sus vacas en base a una normativa que, además, no permite comprar más animales en los próximos cuatro meses.

Para cumplir con el protocolo sanitario establecido por la Junta de Castilla y León ante este tipo de contagios, Javier ha enviado al matadero un total de 102 vacas, todas sanas menos una, que dio positivo en la enfermedad en un control de saneamiento anual.

“Lo que no puede ser es que por un positivo te maten todas las vacas”, ha denunciado en una entrevista con la Agencia EFE este ganadero, que ha lamentado que hasta después del verano no podrá adquirir más animales.

Hace años, ha comparado, hacían análisis a todos los animales y sólo se sacrificaba el que estuviese enfermo, pero ahora la normativa con el ganado no estabulado es más estricta.

Consecuencia de los incendios

La medida busca evitar contagios por una enfermedad que este año está castigando especialmente a esta zona a consecuencia de los incendios del verano.

Según denuncia Javier, el contagio de su animal se ha debido a la proximidad de la fauna salvaje con su explotación, puesto que estos animales bajan en busca de alimento debido a que los montes en los que viven jabalíes, venados o tejones han quedado arrasados por los incendios del pasado agosto.

Aunque finalmente decida volver a comprar vacas para continuar con su ganadería extensiva, ya no serán animales “de confianza”, nacidos en su propia explotación como los que tenía hasta ahora, ha lamentado.

“Y si compro en septiembre o en octubre compraré menos, porque ya tengo casi sesenta años y los hijos no quieren ganadería”, ha lamentado.

El sacrificio obligatorio de animales en el marco de los programas de control o erradicación de la tuberculosis está compensado con una indemnización, pero Javier desconoce por el momento cuál es su cuantía.

La Junta de Castilla y León saca pecho de la gestión de la recuperación de animales salvajes. Y sin embargo, existe un desequilibrio territorial y biológico que, además, se topa con el incumplimiento de la administración autonómica respecto a la provincia de León.

Diez años exactos de promesa incumplida de la Junta de Castilla y León se celebran justo ahora. Porque fue en 2016 cuando el entonces y actual consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció públicamente que León contaría con un Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), apoyado en la infraestructura del Hospital Veterinario de la Universidad del que era figura destacada el entonces rector,  Juan Francisco García Marín. Una década después, la realidad es otra: la provincia sigue sin esta instalación clave y, en el mejor de los casos, si esta vez sí se cumplen los compromisos formales tantas veces ninguneados, no la tendrá hasta 2027.

El retraso es grave. Supondrá, en el mejor de los escenarios, once años desde aquel compromiso inicial. Mientras tanto, las consecuencias han sido constantes. León, una de las provincias con mayor riqueza faunística de Castilla y León, ha tenido que derivar durante años sus animales heridos o enfermos a otras provincias, principalmente a Valladolid, con el consiguiente impacto en la rapidez de la atención y en las posibilidades de recuperación.

Los datos más recientes evidencian hasta qué punto la situación resulta difícil de defender. La Consejería de Medio Ambiente dio a conocer hace una semana las últimas estadísticas de los CRAs, resaltando la gran labor de esta red. Entre ellas, que en el último año -2025- se contabilizaron en León 386 ingresos de animales silvestres, todos ellos trasladados al centro de referencia, que es Valladolid, y que centraliza además los casos procedentes de Zamora, Salamanca, Ávila y la propia provincia vallisoletana.

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con cifras muy recientes: en 2020 se registraban 209 ingresos. En apenas un lustro, por tanto, se ha producido un 85% de incremento en la cifra de fauna necesitada de ayuda en León. Y eso significa que la presión sobre los propios animales y sobre los servicios de recuperación prácticamente se ha duplicado, sin que León haya incorporado ni una sola infraestructura propia para absorber ese incremento. A pesar de las constantes promesas.

Además, destaca el hecho de que la mayoría de los ejemplares ingresados el año pasado procedentes de León llegaron con vida, lo que subraya la necesidad de una atención rápida y cercana. Los casos vinculados a control poblacional o a muestras científicas fueron testimoniales (1,6% y 0,3%), lo que confirma que se trata fundamentalmente de intervenciones asistenciales urgentes, no de actuaciones accesorias.

De aves comunes a especies clave como el lobo

Entre las especies atendidas predominan las aves. Especies como el vencejo común, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar y el busardo ratonero, con en torno a 35 ejemplares cada una. Sin embargo, el listado también incluye especies de alto valor ecológico y mayor complejidad de manejo, como el lobo ibérico, con 18 ingresos. Una especie en constante litigio y de la que la Junta continúa ocultando datos básicos de ejemplares y de daños reales causados, a pesar de la petición constante de ILEON desde hace casi año y medio, que la Consejería desoye.

También son especialmente endémicos de León casos como las especies en peligro de extinción del oso pardo o, sobre todo, del urogallo cantábrico, cuyos últimos ejemplares en cautividad prácticamente sólo están ya en León. Estas cifras de casos y de diversidad y relevancia de especies hacen muy especial, en términos de biodiversidad, al territorio leonés y también de más difícil justificación que la provincia siga sin contar con un centro propio capaz de dar respuesta inmediata a los casos más graves que se produzcan.

Una red desequilibrada que deja a León fuera

Los datos autonómicos refuerzan esa imagen de desequilibrio. Según las últimas estadísticas oficiales, en 2025, la red de CRAS de Castilla y León registró 8.335 ingresos, con una concentración muy acusada en Valladolid (39%) y Burgos (32%). El resto se reparte entre Salamanca, Segovia y Zamora. León, directamente, no figura porque no dispone del prometido centro, que se ha proyectado en la finca autonómica de Valsemana.

El modelo actual obliga a canalizar buena parte de los animales del oeste de la comunidad hacia un único punto, lo que tensiona las instalaciones existentes y aleja la atención de los territorios donde se producen los ingresos.

El futuro CRAS de Valsemana vuelve a presentarse como la respuesta a esta carencia, con una inversión de más de 3 millones de euros y un diseño ambicioso que se ha promocionado públicamente en numerosas ocasiones. Sin embargo, su tramitación llega tras años de anuncios incumplidos del propio Suárez-Quiñones y con un calendario que sitúa su apertura, en el mejor de los casos, en 2027.

El caso del CRAS de León trasciende el retraso administrativo. Los datos evidencian una anomalía que ha sido sostenida en el tiempo: mientras aumentan los ingresos de fauna que necesita atención urgente, la provincia ha permanecido al margen de la red de recuperación durante una década. Y han sido sólo los fondos europeos, principalmente dirigidos por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, los que han situado por fin en el calendario los compromisos reiteradamente incumplidos.

El centro de cría en cautividad del urogallo cantábrico que la Junta de Castilla y León mantiene en Valsemana se ha consolidado como un referente internacional en la investigación y generación de conocimiento sobre esta especie amenazada, gracias a una intensa actividad científica que ya suma siete publicaciones en revistas de prestigio.

La última de ellas, publicada en el Journal of Zoo Biology, es fruto de la colaboración entre la Junta, el CSIC y la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida de Breslavia (Polonia), y supone un avance relevante en las técnicas reproductivas aplicadas a la conservación del urogallo.

El estudio demuestra que la inseminación artificial incrementa de forma significativa la fertilidad frente a las cópulas naturales no controladas, alcanzándose los mejores resultados cuando la inseminación se realiza de forma sincronizada con la ovulación de las hembras, en un momento cercano a la oviposición.

En paralelo, una investigación recientemente publicada en la revista Animal Reproduction Science revela la excelente salud reproductiva de los ejemplares de urogallo cantábrico y pirenaico mantenidos en el centro de Valsemana.

l trabajo concluye que sus características morfofuncionales y la integridad del ADN espermático superan a las observadas en algunas poblaciones de origen centroeuropeo, lo que refuerza el alto valor biológico de esta población para los programas de conservación de la especie.

Hitos cientíticos en crianza en cautividad

Entre los hitos científicos alcanzados, destaca que por primera vez en el contexto internacional se ha comprobado que la viabilidad espermática en hembras inseminadas artificialmente puede prolongarse hasta 21 días.

Asimismo, los investigadores han testado el uso del dimetilsulfóxido (DMSO) como diluyente crioprotector, demostrando que protege parcialmente a los espermatozoides durante la congelación y reduce el daño celular.

Estos avances refuerzan la doble línea de trabajo definida por la Junta de Castilla y León para el centro de cría de Valsemana: la reproducción artificial del urogallo y la generación de conocimiento científico aplicado.

En el ámbito de la internacionalización del programa, el centro mantiene además recientes colaboraciones con el prestigioso Instituto Roslin del Reino Unido, con el objetivo de optimizar las estrategias de conservación.

Más allá del ámbito científico, el personal técnico del centro participa desde el inicio del programa en actividades de divulgación dirigidas a la población local, así como en congresos y foros internacionales, dando a conocer la intensa labor desarrollada en torno a la cría en cautividad de esta especie emblemática de los bosques cantábricos.

En la actualidad, los ejemplares de Valsemana han iniciado ya el comportamiento reproductor, con los primeros cantos de los machos que indican la proximidad de la nueva temporada de cría.

Durante la pasada campaña, el centro incubó un total de 105 huevos, con un porcentaje de fertilidad del 97%. De ellos, eclosionaron 90 huevos, lo que supone una tasa de eclosión del 85,7%, y sobrevivieron 76 pollos, equivalente al 84,4% de los nacidos.

De cara a la presente temporada, la Junta seguirá trabajando en las mismas líneas de investigación y manejo reproductivo, con el objetivo de afianzar el proyecto y mejorar las tasas de supervivencia de los ejemplares que, en última instancia, puedan ser liberados en el medio natural para contribuir a la recuperación de la especie. 

Las expropiaciones del mayor entramado eléctrico proyectado en la provincia de León para dar un sustento imprescindible a casi una veintena de macroparques eólicos y solares de la comarca de El Bierzo dan un paso decisivo. El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este martes la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar el denominado ‘Nudo Montearenas Sur’, de 400 kilovoltios (kV).

El anuncio activa formalmente el procedimiento de expropiación forzosa sobre una cifra final de 186 fincas en total repartidas en tres municipios, pero con una abrumadora concentración en el de Torre del Bierzo, donde se localizan 180 parcelas afectadas. Las siete restantes se reparten entre Castropodame (tres) y Brazuelo (otras tres), según el listado oficial que acompaña a la resolución.

Los propietarios y titulares de derechos han sido citados para comparecer en los primeros días de junio en dependencias municipales. En concreto, el Ayuntamiento de Torre del Bierzo acogerá las comparecencias los días 1 y 2 de junio, mientras que en Brazuelo y Castropodame -este último en las Escuelas Viejas de Matachana- tendrán lugar el 3 de junio. En estas reuniones se procederá al levantamiento de actas previas, paso imprescindible antes de la ocupación efectiva de los terrenos.

El anexo del anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, firmado por Fernando Bandera, detalla de forma pormenorizada cada finca, incluyendo superficie afectada, servidumbres previstas, ubicación de apoyos eléctricos y el horario concreto de citación, lo que evidencia el grado de avance administrativo del proyecto, el cual ya había sido hace meses 'blindado' por la Junta al declararlo como “de utilidad pública”. Una figura que garantiza que la compañía promotora pueda expropiar los terrenos.

El ‘Nudo Montearenas Sur’ constituye una de las mayores 'autopistas eléctricas' diseñadas en la provincia para dar salida a la producción de energías renovables. Promovido por la sociedad Comunes Montearenas SL, vinculada al grupo empresarial del empresario leonés Lamelas Viloria, el proyecto articula una red de evacuación de alta tensión, principalmente a 400 kV, con ramales también a 220 kV, de la que dependen cerca de una veintena de futuras instalaciones energéticas en diferente grado actual de desarrollo.

Entre ellas figuran parques eólicos proyectados en enclaves como Torre del Bierzo, Santa Colomba de Somoza o Villagatón, así como grandes plantas solares distribuidas por comarcas como La Valduerna, la Cepeda o el entorno de Benavides de Órbigo. En conjunto, se trata de millones de paneles solares y decenas de aerogeneradores cuya viabilidad depende de esta red de evacuación para verter la energía generada a las infraestructuras de Red Eléctrica de España (REE).

Una larga tramitación

El expediente administrativo arrastra una larga tramitación iniciada en 2020, con procedimientos inicialmente separados para las líneas de 400 y 220 kV que terminaron unificándose tras las declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas en 2023. La autorización administrativa previa y de construcción llegó en junio de 2024, paso previo a la solicitud de utilidad pública cursada meses después.

En ese proceso apenas se registraron alegaciones, de hecho, solo una, de la plataforma Bierzo Aire Limpio, que fue desestimada por la Administración autonómica al considerar que no se centraban en este trámite concreto sino en fases ya superadas, como la evaluación ambiental o la autorización del proyecto.

La Junta ha defendido reiteradamente la iniciativa en el marco de la transición energética, subrayando su papel para garantizar el suministro eléctrico, reducir la dependencia de combustibles fósiles y facilitar la integración de nuevas fuentes renovables. Además, el expediente recoge que el promotor ya habría alcanzado acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, lo que ha allanado parcialmente el camino hacia esta fase de expropiaciones.

En cuanto al protagonismo empresarial, la sociedad Comunes Montearenas SL que pilota ahora el Nudo Montearenas no deja de ser otro bandazo empresarial dentro del mismo Grupo Lamelas, ya que el megaproyecto nació de la mano de la empresa Erbienergía Inversiones SL pero ahora ha pasado a ser protagonizado por otras compañías del mismo conglomerado leonés, también Montearenas Este SL, la cual se denominaba previamente Parque Eólico Cabra SL.

El Instituto Leonés de Cultura (ILC), de la Diputación de León, acoge este miércoles 22 de abril la presentación del documental ‘Tierra de lobos, escuela de pastores’, una obra que pone el foco en el conocimiento tradicional de los pastores trashumantes de la montaña leonesa y su papel en la convivencia con el lobo. La proyección tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala Región Leonesa, en la calle Santa Nonia de la capital.

El acto se enmarca además en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado por Naciones Unidas para subrayar la importancia de esta actividad en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible del medio rural.

El documental ha sido dirigido científicamente por el investigador del CSIC Carlos Javier Durá y realizado por el documentalista Alberto Redondo. A través de entrevistas a pastores de la montaña leonesa, la pieza muestra una realidad poco conocida: la de uno de los pocos territorios del mundo donde la ganadería extensiva y el lobo aún conviven de forma directa.

Lejos de los tópicos, el trabajo aborda los problemas reales a los que se enfrentan los pastores trashumantes y reivindica su conocimiento milenario como una herramienta clave para entender esa coexistencia. Según sus impulsores, esta relación genera además un servicio ambiental que debería ser reconocido tanto social como económicamente.

Tras la proyección, el público podrá asistir a un debate en el que participarán el propio Carlos Javier Durá, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, Álvaro Álvarez Redondo, y pastores trashumantes de la montaña leonesa, que aportarán su propia experiencia.

El equipo científico del documental está formado también por investigadores de distintas universidades españolas, en un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación que busca aportar una mirada rigurosa y basada en la evidencia a uno de los debates más sensibles del medio rural: la relación entre ganadería y fauna salvaje.

Tres especies únicas de lagartijas en Castilla y León están al borde de desaparecer como consecuencia de los “megaincendios” que han arrasado sus hábitats en los últimos años. Un estudio de investigadores de las universidades de Salamanca y A Coruña advierte de que los grandes fuegos registrados entre 2021 y 2025 han destruido o dañado gravemente los espacios en los que viven, poniendo en riesgo su supervivencia.

Las especies afectadas son la lagartija leonesa (Iberolacerta galani), la lagartija batueca (Iberolacerta martinezricai) y la lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni), tres reptiles con una distribución muy limitada y adaptados a ecosistemas de alta montaña especialmente frágiles. Su hábitat se localiza en zonas como la Sierra de Francia, Gredos, la Sierra de Béjar o los Montes Galaico-Leoneses.

El impacto de los incendios ha sido especialmente intenso en los últimos años. Solo en el verano de 2025, los denominados megaincendios, de más de 1.000 hectáreas, arrasaron más de 55.000 hectáreas en áreas clave para la lagartija leonesa, afectando de forma simultánea a buena parte de sus poblaciones, como ya apuntamos en ILEÓN en un artículo publicado el pasado mes de febrero.

Pero más allá de la magnitud, el problema es la repetición. En algunos territorios se han registrado hasta diez incendios en poco más de dos décadas, una frecuencia que impide la recuperación natural de la vegetación y del suelo. Estas lagartijas dependen de microhábitats muy concretos, con roquedos, matorral y refugios que desaparecen tras el fuego y tardan años en regenerarse.

La situación es especialmente crítica para la lagartija batueca, que solo vive en la Sierra de Francia, donde un incendio en 2022 arrasó cerca de una cuarta parte de su hábitat óptimo. También para una población aislada de lagartija carpetana en Ávila, que perdió el 100% de su territorio en un único incendio en 2021.

El estudio subraya que la alta montaña mediterránea se recupera mucho más lentamente que otros ecosistemas, por lo que la repetición de incendios en periodos cortos hace prácticamente inviable la recuperación. Además, el fuego no solo provoca mortalidad directa, sino que transforma el paisaje, reduce la disponibilidad de alimento y favorece la expansión de especies más generalistas.

Paradójicamente, todas las zonas afectadas forman parte de la red Natura 2000 y están catalogadas como hábitats de interés comunitario. Por ello, el informe reclama una respuesta urgente de las administraciones, con planes de conservación específicos, una mejora de la prevención en alta montaña y la protección de las áreas no quemadas que puedan servir de base para la recuperación.

Los autores advierten de que, si no se cambia el modelo de gestión del fuego y no se refuerza la protección de estos ecosistemas, estas tres especies, y con ellas una parte única de la biodiversidad de Castilla y León, podrían desaparecer en pocas décadas.

Hay chapuzas que salen tan caras que casi cuesta tanto la solución como el proyecto original mal diseñado. Eso es algo que podría decirse de la muy retrasada implantación del quinto contenedor en la capital leonesa, el contenedor marrón destinado a biorresiduos, a pesar de que es por Ley obligatorio desde hace dos años y medio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León celebrada hoy anunció el impulso a un contrato para buscar a una empresa que suministre e instale cerraduras inteligentes destinadas a los contenedores de biorresiduos, la quinta fracción. Ese contrato tendrá un presupuesto base de licitación de 911.809,66 euros, no muy lejos del millón de euros, para un plazo de ejecución de cuatro años.

Llama mucho la atención que la cuantía no se aleja en exceso de la inversión que el mismo Ayuntamiento ya realizó en 2024 para la compra de los contenedores marrones en sí mismos, un total de 750, y cuyo coste exacto fue de 1.062.985 euros. Sin embargo, ese 'ejército' de contenedores no sirve para nada tal y como se adquirieron, precisamente porque carecen del sistema tecnológico que es obligatorio en estos nuevos depósitos de basura que se pueda pudrir y convertir en abono y compost. Por ese motivo, llevan muchos meses almacenados sin uso en instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha.

Para desbloquear esta situación es para lo que ahora, por segunda vez, el Consistorio tendrá que hacer frente no sólo a nuevos retrasos -que conllevan una multa económica por la no implantación del nuevo contenedor- sino a una nueva inversión casi millonaria. En una nota de prensa donde no se detalla esta situación, el equipo de Gobierno explica que el nuevo contrato correrá al 90% a cargo de fondos europeos Next Generation y el Consistorio afrontará de fondos propios el dinero restante.

Cuando una empresa privada se alce con el concurso alimentado con dinero público, tendrá que suministrar e instalar las nuevas cerraduras que han de permitir abrir el contenedor de forma sencilla mediante tarjetas de proximidad o bien a través de una aplicación móvil. Con este sistema se permitirá al usuario que así lo desee y también al Ayuntamiento tener un registro del uso que hace de este Servicio en un contenedor donde sólo podrán depositarse elementos como fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas.

El equipo de Gobierno explica que el contrato también incluye la obligación a la empresa adjudicataria de suministrar las tarjetas para los vecinos, grabadores y “un software avanzado que permitirá al Ayuntamiento de León monitorizar el uso del contenedor marrón y optimizar las rutas de recogida”. Hay que recordar que hasta ahora la totalidad del servicio municipal de limpieza es totalmente público y de gestión municipal, al contrario que otros muchos como obras, jardines o autobuses urbanos, que están externalizados.

Y otros 1,6 millones más a mayores a 'la Junta B'

Además, no es el único coste que tendrá la implantación obligatoria del contenedor marrón. A finales del año pasado el Ayuntamiento aprobar otros 1.634.449,51 euros para la construcción de una nueva instalación destinada al pretratamiento de la fracción de materia orgánica, encangándole este proyecto a la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la conocida y criticada como 'la Junta B', dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Nuevamente el coste se sufragará con Fondos Europeos Next Generation-EU, casi un millón de euros, pero los restantes 612.429 euros saldrán de las arcas públicas municpales, dinero proveniente sobrantes del presupuesto no ejecutado del año pasado.

Reposición de contenedores en el Crucero

Por otro lado, también hoy se dio a conocer en el comunicado, de manera más destacada que este jugoso contrato, el inicio de la instalación de los nuevos contenedores de fracción resto, envases y papel en el barrio del Crucero, sustituyendo a los que se encuentran actualmente en un mayor estado de deterioro. Parte de los que se colocarán son una parte de los recientemente adquiridos por el Consistorio con una inversión cercana al millón de euros, un contrato a mayores.

En esta primera remesa de sustitución de contenedores son 190 los que se instalarán para fracción resto, otros 70 para papel y otros tanto para envases. En total son 330 contenedores que se repartirán en las zonas del Paseo de Salamanca, plaza del Huevo, entorno de la iglesia de La Vega, Carlos Pinilla y calles adyacentes o San Ignacio de Loyola y bocacalles, entre otras.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

Reolum ha adquirido una nave industrial en el polígono El Crispín, en La Robla, que transformará en su nuevo centro de innovación y oficinas técnicas, en una operación valorada en 12 millones de euros y vinculada directamente al desarrollo de su macroproyecto energético en la zona.

La instalación, con una superficie total de 49.750 metros cuadrados, contará con cerca de 3.000 metros destinados a oficinas y albergará un laboratorio, un taller de ensayos, espacio de almacenamiento y áreas de premontaje. El objetivo de la compañía es centralizar en este enclave parte de su capacidad técnica y avanzar en el desarrollo de combustibles sintéticos verdes.

La nave jugará además un papel clave durante la fase de construcción de ‘La Robla Green’, el proyecto energético impulsado por la compañía en los terrenos de la antigua central térmica, al servir como base para el personal técnico encargado de supervisar las obras y como espacio logístico para el almacenamiento de equipos y el premontaje de instalaciones.

Una vez en funcionamiento, el complejo dará soporte tanto a la planta de La Robla como al proyecto previsto en Villadangos, actuando como centro administrativo, taller técnico, laboratorio de pruebas y almacén de repuestos.

La adquisición se enmarca en la hoja de ruta industrial de la empresa, que busca reforzar su capacidad de innovación en un momento clave para el desarrollo de sus proyectos. El consejero delegado y cofundador de Reolum, Yann Dumont, señala que estas instalaciones permitirán “desarrollar, testar y optimizar soluciones en el ámbito de los combustibles sintéticos verdes”, además de integrar talento local y mejorar la eficiencia y coordinación de las plantas.

El movimiento supone un nuevo avance en el despliegue de ‘La Robla Green’, una de las mayores inversiones privadas previstas en la provincia de León, con un presupuesto de 850 millones de euros. El proyecto contempla una planta de biomasa de 50 megavatios eléctricos, sistemas de captura de CO₂, producción de hidrógeno verde y una instalación de e-metanol con capacidad de hasta 140.000 toneladas anuales.

La Junta de Castilla y León ha declarado de utilidad pública la planta fotovoltaica ‘Soleyada I’, proyectada en el municipio leonés de Villamañán y promovida por la empresa asturiana Soleyada Energía Solar SL, lo que abre la puerta a la expropiación de terrenos necesarios para su ejecución en los casos en los que no se han alcanzado acuerdos.

Según la resolución publicada este miércoles 15 de abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el promotor ha logrado cerrar acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, tanto en número como en superficie, un requisito clave para avanzar en la tramitación. Sin embargo, el resto de titulares de parcelas, que no firmaron o lo hicieron de forma parcial, podrá verse ahora afectado por procedimientos de expropiación.

El expediente administrativo señala que durante el periodo de información pública, desarrollado entre finales de 2025 y comienzos de 2026, no se presentaron alegaciones por parte de los afectados.

La declaración de utilidad pública, firmada el pasado 7 de abril por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, implica la necesidad de ocupación de los bienes y derechos incluidos en un anexo con varias parcelas del término municipal, que suman varios miles de metros cuadrados.

El proyecto cuenta con autorización administrativa previa y de construcción desde junio de 2022, tras haber iniciado su tramitación en 2021 como uno de los varios parques solares planteados en la zona sur de la provincia de León.

Desde el punto de vista técnico, ‘Soleyada I’ contempla la instalación de 14.616 módulos fotovoltaicos sobre una superficie de entre 14 y 17 hectáreas, con una potencia prevista de 6 megavatios y una inversión estimada de 3,5 millones de euros. La iniciativa incluye también su infraestructura de evacuación, en parte soterrada.

Además, ya había obtenido en mayo de 2022 una declaración de impacto ambiental favorable, en la que la administración autonómica concluía que no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, dentro de un conjunto de tres plantas solares previstas entre Villamañán y La Bañeza que suman más de 63 hectáreas.

Con esta resolución, el proyecto encara la fase final antes de su ejecución material, al quedar habilitada legalmente la ocupación de terrenos en caso de no existir acuerdo con todos los propietarios. No obstante, la decisión no pone fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación ante el Director General de Energía y Minas, en la sede de la Junta en la avenida Reyes Leoneses, 11, en León.

Le llamaron contenedor marrón, para la gestión de la llamada quinta fracción, es decir, para acoger toda la basura orgánica de viviendas y empresas y convertir todos los residuos que se pueden pudrir en abono y compost, y está haciendo honor a su denominación: es un auténtico 'marrón' en manos de las administraciones locales de la provincia de León.

Desde el 1 de enero de 2024 se acabó en España el último plazo legal para cumplir con el pleno funcionamiento de este nuevo sistema, con la implantación en las calles y la gestión completa del quinto contenedor, más sofisticado que el resto. Es decir, hace ya más de dos años que los ayuntamientos y diputaciones se enfrentan a sanciones cuantiosas, de hasta casi 100 euros por tonelada de basura normal generada que acaba acumulada sin separar ni reciclar.

Las calles de cualquier rincón de la provincia son todavía muy ajenos a esta importante novedad con la llegada de un contenedor, mucho más moderno, que debe tener un acceso individual a través de un sistema de tarjetas. Dentro tan sólo se admiten restos de productos 'pudribles', es decir, fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras y restos de huevo, sobrantes de podas, posos de café o de infusiones y servilletas de papel usadas, las cuales hay que recordar que no van al contenedor azul. España calcula que como media cada ciudadano genera al año una media de 417 kilos de este tipo de residuos domésticos urbanos.

Son muchos los años oyendo hablar de la obligación que se avecinaba con la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de 2022, y muy pocos los esfuerzos municipales por cumplir con una imposición que proviene de Europa y que, de hecho, la Comisión Europea, ha financiado, pagando contenedores y campañas de sensibilización. Con estos fondos y los estatales, los principales ayuntamientos en el mejor de los casos han adquirido los contenedores y poco más.

Así ocurre en León capital: los 750 primeros contenedores marrones, cuyo coste ascendió a 815.000 euros, se encuentran almacenados desde hace más de tres meses en la finca del servicio municipal de Limpieza en la carretera de Vilecha. El retraso es tal, incluso con amenazas de sanción ya del extinto consorcio provincial de residuos Gersul pilotado por la Diputación, que el Consistorio espera ahora que sea la Junta la que saque las castañas del fuego.

Una vez más, la 'Junta B' al rescate

A finales de año se anunció que a través de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que preside el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se invertirían 1,6 millones  -de fondos Next Generatios europeos nuevamente- para construir en la capital una nueva instalación para hacer acopio seguro de todas las basuras orgánicas que se habrán de recoger cuando, aún sin fecha, los contenedores de la quinta fracción sean una realidad que los vecinos puedan utilizar.

Al lado de León, Villaquilambre parece haber avanzado algo más, muy despacio. El Consistorio compromete que antes del verano se colocarán los nuevos 150 contenedores marrones con cerradura electrónica, instalados en las rutas de cogida bilateral, fundamentalmente en los pueblos de Navatejera y Villobispo. La tarjeta electrónica implantada por seguridad y salubridad para el acceso vecinal ya se puede solicitar a través de la web municipal y algunos espacios informativos instalados. La inversión global, incluyendo buzoneo de miles de folletos y acciones escolares de concienciación, supone un desembolso de 750.000 euros, 186.000 de ellos con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

San Andrés, siempre a la cola

San Andrés del Rabanedo aún está en mantillas. Recientes todavía los muchos problemas para realizar con una mínima normalidad la basura básica y habitual, el tercer municipio de la provincia no ha dado a conocer ningún avance en la implantación del obligatorio contenedor de la basura orgánica.

Por su parte, el segundo más populoso, el municipio de Ponferrada, al menos le gana algo por la mano a León capital. En febrero el equipo de Gobierno anunciaba al menos una campaña formativa e informativa para los vecinos sobre la implantación del sistema de recogida separada de biorresiduos, instalando algunos pocos contenedores puntuales que no alcanzan ni mucho menos a todo el municipio.

En concreto, La implantación se ha centrado de momento sólo en centros escolares e institutos, el Campus de Ponferrada de la Universidad de León, varios centros cívicos (Flores del Sil, La Placa, Campo, Columbrianos, Cuatrovientos y Fuentesnuevas), el Casco Antiguo, el Museo de la Radio y la vía pública tanto en la zona centro como en el entorno del Centro Comercial El Rosal, además de incluir visitas a grandes productores como establecimientos de hostelería y comercios.

También se anunció una vía de inscripción online en este enlace para recibir el kit necesario. Todo ello fue criticado un mes después, por insuficiente, por la oposición del PSOE, que censuró la “improvisación” y el hecho de que ni siquiera un acuerdo cerrado con la empresa concesionaria FCC para la recogida específica de estos productos del quinto contenedor.

Por último, la Diputación de León -responsable subsidiaria de todos los demás ayuntamientos de la provincia, por debajo de 20.000 habitantes- también afronta esta obligación ambiental con los plazos muy rebasados. Y en su caso es especialmente grave, dado que es esta institución la responsable del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) Provincial ubicado en San Román de la Vega, donde, procedentes de toda la provincia, deben llegar y gestionarse todos los residuos orgánicos leoneses y bercianos, sin excepción.

Todavía está en ejecución el proyecto de una amplia y nueva zona de recepción, tratamiento y conversión de todos los residuos orgánicos en compost y fertilizante, un proyecto cifrado en 4,2 millones de euros, encargado a la  la UTE Legio VII que gestiona por contrato las instalaciones, la cual todavía a finales del año pasado pedía más plazo, que la institución le tuvo que denegar.

Las instalaciones provinciales, al detalle

La nueva zona 'marrón' de la planta provincial de basuras debe incorporar una nueva línea de selección y clasificación de la llamada técnicamente  fracción orgánica recogida separadamente (FORS), con sistema de abre-bolsas y separadores magnéticos e inductivos; una nave específica para trituración y mezcla con fracción vegetal; y mejoras en el área de recepción de estas basuras.

Además, el proceso incluirá doce túneles dedicados exclusivamente al compostaje de la materia orgánica -seis para fermentación y seis para maduración, previa fabricación del compost fertilizante-, mientras que los otros ocho túneles actuales seguirán destinándose a material bioestabilizado procedente de la fracción resto. Los trabajos se suponen en ejecución y llegan también muy tarde con la Ley en la mano, aunque lo cierto es que el panorama en los principales ayuntamientos es tan pobre que el CTR recibirá de momento poco material de este tipo.

Prevenir los incendios identificando sus causas, conocer los medios que utilizan los profesionales de la extinción para combatirlos y saber reconocer los efectos que, una vez apagados, son visibles en suelos y ecosistemas. Estos son los ejes de los tres talleres de la campaña #plantémonos que, desde este lunes y hasta mañana martes, se desarrollan en el Campus de Ponferrada con la asistencia de más de 130 escolares de la comarca de El Bierzo.

La iniciativa de sensibilización educativa puesta en marcha en 2017 y coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos celebra su novena edición con el logro de haber llegado ya a más de 1.500 escolares de primaria, 5.000 en total si se suma a los de secundaria. Y en esta ocasión, tras los virulentos incendios del pasado verano, el interés de los centros educativos y de los propios estudiantes se ha incrementado. “Hemos tenido más demanda que nunca”, ha señalado Taboada.

El objetivo, no obstante, no varía: concienciar sobre una problemática local a través del conocimiento. “La idea es que los estudiantes conozcan por qué es importante prevenir los incendios, cómo la gestión forestal nos puede ayudar y que vean también de primera mano cuáles son los efectos de los incendios y el efecto que causan sobre el suelo”, ha explicado la investigadora.

Durante dos jornadas, estudiantes de primaria de los colegios Espíritu Santo, CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) Valentín García Yebra, CEIP Campo de los Judíos y CEIP Santa Bárbara participan en actividades prácticas impartidas por la EPRIF (Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales) y el Aula del Fuego, la UME (Unidad Militar de Emergencias) y docentes e investigadores de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del Campus de Ponferrada.

“A los niños les sorprende que no sean los pirómanos los que causan los incendios”, ha señalado el coordinador de la Brigada de Tabuyo del Monte, Roberto López, quien añadió: “Los incendios son provocados por accidentes o de forma intencionada por la gente que vive en esos entornos”.

De manera lúdica y mediante juegos, los alumnos han aprendido las diferencias entre un monte con una gestión sostenible y un monte sin gestionar, han identificado los diferentes tipos de trabajos forestales y han descubierto cómo se extingue un incendio y qué efectos deja a su paso.

El mensaje que deben trasladar los talleres, según explica Álvarez Taboada, está claro: “No todos los incendios son evitables, pero debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlos”.

En una jornada técnica celebrada este sábado en Tolouse, la directora regional de Medio Ambiente, Planificación y Vivienda de Occitania, Laurence Pujo, presentó la continuidad del protocolo técnico de colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León para la recuperación del urogallo en la cordillera Cantábrica. El protocolo prevé actuaciones clave como la cesión de huevos y ejemplares de urogallo para el programa de cría en cautividad en Valsemana (León), el desarrollo de técnicas de reproducción asistida para mejorar la diversidad genética y la evaluación conjunta de los resultados obtenidos.

La reunión ha contado con la participación de la Oficina Nacional de Bosques de Francia, la Oficina Francesa de la Biodiversidad y las federaciones de caza de Haute-Garonne y Hautes-Pyrénées. Esta nueva fase (2026-2028) da continuidad al acuerdo firmado en 2023 dentro del marco de colaboración transfronteriza en biodiversidad entre España y Francia, que se remonta a la Declaración de Intenciones de 2006.

En estas jornadas ha quedado de manifiesto el gran valor de los equipos técnicos de las tres administraciones implicadas, motores de los resultados que se están consiguiendo en el programa de conservación del urogallo.

Con esta prórroga, las administraciones implicadas dicen reforzar su compromiso con la conservación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la cordillera Cantábrica al consolidar la cooperación técnica y científica entre ambos países.

Además, en este periodo 2026-2028 se impulsarán acciones de divulgación científica y comunicación pública en ambos países para difundir los avances del programa.

El acuerdo que han firmado las tres administraciones públicas asegura que la creación de un centro de conservación ex situ de urogallos cantábricos, situado en Valsemana, es “una de las actuaciones más importantes del programa de conservación”. En este centro, gestionado por la Junta, se trabaja en el cruce de ejemplares procedentes del Pirineo francés con ejemplares de la cordillera Cantábrica, con el fin de conseguir una variabilidad genética que facilite el éxito su reintroducción y evite su extinción, teniendo en cuenta los últimos estudios científicos confirman que las dos poblaciones forman parte de “una misma unidad evolutiva”.

En los últimos tres años, en el centro de cría en cautividad de Valsemana se han recibido 22 huevos procedentes de Francia. De ellos, 20 han eclosionado (el 90%), y muestran una supervivencia del 60%, (12 ejemplares). Todos ellos forman parte del grupo de urogallos reproductivos del centro de cría de Valsemana.

La temporada de cría de 2025 ha sido la primera en la que se han obtenido huevos procedentes de cruces pirenaicos y cantábricos. Se obtuvieron 30 huevos de los que eclosionaron 28 (93,33%). De estos, 10 individuos fueron liberados a campo y 8 permanecen en el centro como animales reproductores (siete hembras y un macho).

Desde 2022, gracias a la creación de un grupo de trabajo entre las tres administraciones públicas, los intercambios de experiencias, conocimientos y visitas técnicas de equipos españoles y franceses a las áreas de actuación del urogallo en Francia y en España, han consensuado las prioridades y las técnicas de conservación en ambos países.

Previamente a la renovación de este protocolo de colaboración, técnicos franceses visitaron el centro de cría en Valsemana para comprobar el trabajo que desarrollan los técnicos de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. Esta visita ha sido fundamental para renovar este protocolo entre ambos países.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan de Calidad del Aire por ozono troposférico de Castilla y León, por falta de concreción, por lo que ahora la Junta tiene un plazo de seis meses para elaborar un nuevo plan.

La organización Ecologistas en Acción, que recurrió esta normativa autonómica, ha criticado lo que considera una “negligencia” de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por lo que ha reclamado a sus dirigentes que “cumplan de una vez con su obligación legal y moral de proteger la salud”.

La sentencia, fecha de 10 de abril, desestima el recurso de casación que presentó la Junta de Castilla y León contra la sentencia de junio de 2023, en la que ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón a la organización ecologista, lo que ahora ha confirmado el Supremo.

El Gobierno autonómico aprobó esta normativa en 2021, obligado por sendas resoluciones del TSJCyL y el Supremo, que consideraron que desde 2010 en Castilla y León no había habido una normativa necesaria para proteger la salud en ocho de las quince zonas en que se divide la Comunidad a efectos de evaluar y gestionar la calidad del aire.

Los jueces de estos tribunales entienden que la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con 4 aglomeraciones y 8 zonas, mientras que la zonificación para la protección de la vegetación se ha dividido el territorio en 3 zonas.

Las zonas con incumplimientos legales donde la Junta de Castilla y León está obligada por decisión judicial a elaborar los planes de calidad del aire por ozono son las aglomeraciones de Salamanca y Valladolid, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Soria y Demanda, para la protección de la salud, y la zona Sur y Este de Castilla y León, para la protección de la vegetación, con una superficie total de 75.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes, ha detallado Ecologistas en Acción en un comunicado.

A raíz de esta exigencia, la Junta aprobó en 2021 un plan único, sin especificar zona, ni los objetivos de reducción de niveles de contaminación, calendario de aplicación, ni estimación de mejora de la calidad del aire, que es lo que reclama la normativa que sirve de base para la reclamación ecologista.

El Tribunal Supremo comparte la argumentación del Tribunal de Castilla y León y concluye que la normativa aprobada por la Junta “omite establecer las medidas específicas para cada una de las distintas zonas delimitadas por la propia Administración autonómica, según los niveles de los contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire”.

Ecologistas en Acción ha criticado además que “ninguna de las 17 medidas previstas en el Plan anulado se ha ejecutado desde el año 2021, transcurridos 15 años desde la entrada en vigor de los objetivos de calidad del aire para el ozono, en 2010”.

Esta organización ha responsabilizado de esta situación al consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su director General de Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

Recuerda Ecologistas en Acción que esta sentencia puede condicionar los planes de calidad del aire por ozono recientemente aprobados o en elaboración en Andalucía Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra, mientras que gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y País Vasco todavía no han iniciado la redacción de sus planes de ozono.

El ozono troposférico es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar.

Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas como el asma y la EPOC, y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

Ecologistas en Acción ha argumentado que la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó en hasta 6.600 las muertes prematuras producidas en 2023 en España por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de Castilla y León, donde los fallecimientos fueron casi trescientos en el año citado, según la misma fuente.

El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos agrícolas.

Se ha podido leer recientemente, en algunas publicaciones apócrifas, que la Junta de Castilla y León ha empezado a difundir que comienza a percibirse un malestar creciente entre la ciudadanía por la proliferación de integrantes de la cabaña ursina, es decir, del número de osos que se ha alcanzado, un éxito tras los denodados esfuerzos por recuperar la población de osos en la codillera Cantábrica, su último reducto. Al parecer, comienzan a alzarse voces teóricamente preocupadas por el incremento del número de osos en lugares como los Ancares, montes del Teleno o las posibles incursiones por tierras de Sanabria.

Traducido al cristiano, quiere decir que hay una preocupación entre la ciudadanía por la recuperación y expansión de esta especie, que ha costado no pocos esfuerzos recuperarla y, felizmente, en expandirse. Incluso parece traslucirse la conveniencia de su control y, porque no decirlo, la reducción del número de integrantes. Conviene señalar que tanto la población de osos, como la de linces o urogallos se considera en grave riesgo de extinción. El censo de oso y del lince parece estar en franca progresión, de estos últimos se han hecho sueltas en lugares tan apartados de sus hábitats relictos como pueden ser Aragón o Cerrato de Palencia, pasando por Ciudad Real.

Una de las singularidades del territorio leonés es que, dada la relativa proximidad del nuevo hábitat del lince en Palencia, lo que fácilmente permitiría incluso su implantación en León, podríamos contar en esta provincia con la representación faunística más vulnerable y por lo tanto con los últimos reductos que albergan especies emblemáticas: oso, lince, urogallo, rebeco, etcétera. También tenemos especies domésticas que sólo son nuestras, como el mal llamado mastín español, el carea, ahora denominado perro pastor leonés –la cuestión es siempre difuminar todo lo que suene a leonés– o la mantequera leonesa.

Viene todo este largo exordio para llamar la atención sobre un tema que inevitablemente acabar siendo motivo de polémica en León, cuando lo sea en el resto de la comunidad en la que hemos tenido a desgracia de haber caído. Inevitablemente el Partido Popular, que rige los destinos de Castilla y León desde tiempos inmemoriales –no se aplica aquí la monserga que se le aplicó a Andalucía cuando se censuraba que hubiera estado gobernada por el PSOE desde hacía treinta y siete años– se verá abocado a pactar con Vox porque de lo contrario ejercería un gobierno como si se tratase de un funambulista ebrio y ello tiene serios inconvenientes.

Enemigos reales, e irreales, de Vox

Una de tales contrapartidas es que Vox, con su particular política de alertar continuamente contra enemigos, reales algunos, irreales los más (emigrantes, menas, musulmanes, izquierdosos y un amplio surtido) propondrá como apoyo a ganaderos y cazadores la eliminación del lobo hasta límites que se decidirán así que se pueda aplicar dicha medida sin la oposición del gobierno central o el gobierno de la Comunidad Europea. Los populares se han sentido atraídos por el recurso simplón y vistoso de congraciarse con el campo y sobre todo con los ganaderos combatiendo a esta especie maldita. Así es que ahora, con viento de cola a favor, la tentación difícilmente va a ser postergada.

Sin embargo, hay razones de peso para rechazar categóricamente esta medida y vamos a tratar de exponer aquí algunas de ellas. En los frescos del panteón de San Isidoro aparecen recogidas figuras de pastores con sus perros, posiblemente mastines, que se empleaban para defender los rebaños del ataque de los lobos. No se precisa poseer una mente privilegiada para saber que los lobos han podido causar daños, pero nunca diezmaron la cabaña ovina y caprina. Téngase en cuenta la demografía de los tiempos medievales y la superior densidad de monte que permitirían a esta especie campar a sus anchas. Súmese la trashumancia y tenemos el escenario completo de los actores de este drama que nunca fue decisivo. 

Los daños ocasionados por las enfermedades son muy superiores a los que causa el lobo, aunque son menos magnificados y desdeñados porque no se ve sangre. Muchas personas que viven en zonas loberas saben que, si el lobo puede alimentarse de otro modo que no sea atacando a un rebaño bien protegido, –en la costa de Lugo se está haciendo incluso con asnos– prefiere no arriesgarse a encuentros poco recomendables con perros y cazadores. 

En resumen, el sector ovino y caprino tiene problemas mucho más serios que Canis lupus, como pueden ser el abandono del sector por muchos pastores, poca profesionalización, escasa ayuda al pastoreo y a la comercialización de sus productos, problemas sanitarios o escasa atención a la España rural donde pervive este modelo de ganadería intensiva. En el Órbigo viven de forma permanente muchos pastores procedentes de las montañas de Luna que ya mueven poco sus rebaños hacia los pastos tradicionales. La trashumancia ya casi es una reliquia del pasado.

Mentiras sobre los lobos

Y para terminar un regalo a los detractores de esta emblemática especie en forma de pequeñas píldoras que no admiten controversia. Se dice que el último ataque de un lobo a un humano fue hace, como mínimo, aproximadamente treinta años. No se recuerda la muerte de ninguna persona en España por el ataque de un lobo. Pasteur estudió la rabia en personas de Rusia atacadas por lobos que padecían la enfermedad y aún así habían sobrevivido al ataque en las estepas de aquel país. Los lobos, por su apariencia feroz, que la tienen, han sido retratados como la encarnación del mal y han dado origen a las supersticiones más variopintas como la del lobishome o la licantropía, amén de cuentos para asustar a los niños, lo cual puede tener algún sentido en la infancia, pero no parece de recibo en personas adultas.

Y ya sólo un apunte final. Los perros son los herederos de unos lobos que se fueron acercando hace miles de años a poblaciones nómadas de los antiguos humanos y se fueron adaptando a la convivencia atraídos por los restos de comida que recibían. El hombre domesticó al lobo y obtuvo infinidad de razas caninas que, como demostró Darwin, si pudieran cruzarse libremente y desapareciera toda selección, volvería a emerger la figura del lobo desde el mejor amigo del hombre, dicho sin eufemismo alguno. Muchos de quienes acabarán decretando la persecución del lobo tendrán perros en sus casas.

¿Firmarán la sentencia de muerte del ancestro de sus mascotas, sencillamente por haber conservado su condición primigenia? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

El hallazgo de un raro ejemplar de escarabajo en León, publicado recientemente en el Boletín de la Asociación Española de Entomología, es la primera cita confirmada de esta especie en la provincia y la tercera de España tras las registradas en Asturias en 1963 y en La Rioja en 1997.

El descubrimiento se produjo en octubre de 2025 en las inmediaciones de la localidad leonesa de Salientes, en un entorno de montaña a 1.200 metros de altitud.

El ejemplar fue localizado bajo la corteza de un gran tronco de chopo caído junto a restos de otro individuo y una larva, lo que aporta pruebas sólidas de la presencia estable de la especie en la Cordillera Cantábrica.

El trabajo, firmado por el investigador independiente Jorge Ángel Ramos Abuin, incluye además evidencias fotográficas y datos detallados sobre el hábitat y la biología del insecto.

'Cucujus cinnaberinus' es un escarabajo saproxílico, es decir, dependiente de la madera muerta, y está estrechamente ligado a bosques maduros con árboles veteranos en pie o derribados.

Su supervivencia depende de la existencia de troncos de gran tamaño en estados intermedios de descomposición, donde sus larvas se desarrollan durante varios años bajo la corteza.

Los autores subrayan que la presencia de esta especie no está necesariamente asociada a bosques vírgenes sino a paisajes en mosaico donde sobreviven grandes árboles aislados como lindes, praderas o riberas de ríos.

Madera muerta

En este sentido, el caso de León demuestra que incluso una cantidad moderada de madera muerta, si se conserva en condiciones adecuadas de humedad y exposición solar, puede ser suficiente para albergar poblaciones de esta especie emblemática.

El escarabajo, reconocible por su intenso color rojo y su cuerpo aplanado, está incluido en la Directiva Hábitats de la UE como especie vulnerable y figura en numerosas listas rojas nacionales del continente.

Sin embargo, en España no está aún presente en la Lista Roja de Invertebrados, algo que el estudio considera necesario revisar tras este nuevo hallazgo.

El trabajo consultado por EFE destaca además el valor de las poblaciones del sur de Europa como la leonesa, que podrían tener una importancia clave desde el punto de vista genético en un contexto de cambio climático.

Diversas investigaciones apuntan a que el calentamiento global podría forzar a la especie a desplazarse hacia el norte, lo que conferiría un papel estratégico a estos núcleos meridionales.

Durante los últimos años algunos países europeos han detectado expansiones locales de 'Cucujus cinnaberinus', relacionadas con la adaptación de la especie a choperas y bosques de ribera, lo que abre nuevas perspectivas para su localización y conservación en la península ibérica.

Los autores concluyen que la confirmación de la especie en León amplía su distribución conocida en España, refuerza la validez de citas visuales previas y pone de relieve la necesidad de proteger los grandes árboles viejos y la madera muerta, elementos clave para la biodiversidad forestal y cada vez más escasos en el paisaje europeo.

Referencia: Jorge Ángel Ramos-Abuin — 'Primera cita de la especie amenazada Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) en la provincia de León y tercera para España (Coleoptera, Cucujidae)'. Revista Boletín de la Asociación Española de Entomología (2026) | DOI: 10.70186/baeekrfp6665.

Cinco años de retraso y mientras, los incendios vuelven a copar la actualidad de la masa forestal de la provincia de León en cuanto ha llegado el calor. Esto es lo que denuncia la formación política de Izquierda Unida respecto a la prometida base de helicópteros de Oterico, en Riello, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022 sin que todavía hayan llegado a su fin, estando más o menos como el año pasado los trabajos.

Una paralización en una infraestructura que ya comenzó con retraso manifiesto, y que la Consejería de Medio Ambiente prometió que estaría lista en 2022 como una de las más necesarias para luchar contra el fuego; pero que al estar a medio terminar y fuera de plazo no sirvió ni para luchar contra los incendios del verano de 2025 ni para los que se han producido en la entrada de esta primavera de 2026.

Por todo ello Izquierda Unida ha denunciado este jueves que, más de cinco años después de los primeros anuncios de la Junta de Castilla y León, la Base de Helicópteros de lucha contra incendios forestales de Oterico continúa sin estar operativa y sin una fecha clara de entrada en funcionamiento.

La formación considera que se trata de una infraestructura clave que, sobre el papel, debía reforzar de forma decisiva la capacidad de respuesta ante incendios en la provincia, pero que sigue sin materializarse tras acumular retrasos, modificaciones y ampliaciones de plazo.

IU enmarca esta situación en un contexto “especialmente grave”, ya que León ha registrado más de 80 incendios en lo que va de año sin haber comenzado aún la campaña de alto riesgo de verano.

La provincia cuenta, además, con uno de los patrimonios naturales más destacados del país, al albergar siete Reservas de la Biosfera: Valles de Omaña y Luna, Babia, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Ancares Leoneses y Picos de Europa. Según la formación, esta concentración refuerza la necesidad de contar con medios eficaces para la prevención y extinción de incendios en un territorio que ya ha sufrido diversos episodios en los últimos años. El más reciente, extinguido hace pocas horas, ha afectado a la Reserva de Alto Bernesga en el que se quemaron más de 151 hectáreas, siendo el más grande de este año 2026.

En este sentido, IU subraya que la ubicación de la base de Oterico permitiría reducir de forma significativa los tiempos de intervención aérea, con vuelos de apenas minutos hasta zonas críticas, lo que resulta determinante para evitar la propagación del fuego en sus fases iniciales y su posible afección a núcleos de población.

El coordinador comarcal de IU León, Rubén Estévez, ha defendido que la lucha contra incendios “exige un operativo plenamente público, con medios materiales adecuados, formación suficiente y una coordinación eficaz entre recursos terrestres y aéreos”. A su juicio, la externalización y la precarización de los servicios “debilitan la capacidad de respuesta y ponen en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de las personas”.

Desde la formación critican que la gestión de la Junta refleja una “falta de planificación y de compromiso real” con el medio rural leonés. “Cada retraso en la puesta en marcha de esta base no es solo un incumplimiento administrativo, sino un riesgo añadido en un contexto en el que los incendios son cada vez más frecuentes”, advierten.

Izquierda Unida concluye que León “no puede permitirse seguir esperando” la entrada en funcionamiento de una infraestructura que consideran esencial mientras el riesgo de incendios continúa en aumento.

El Canal de Arriola, una de las principales infraestructuras de riego vinculadas al río Porma en la provincia de León, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras el hallazgo este miércoles 8 de abril de aproximadamente quince animales muertos en uno de sus puntos más conflictivos.

El descubrimiento, realizado nuevamente en el salto del canal a la altura de Paradilla de la Sobarriba, ha motivado que el Partido Animalista (Pacma) y la asociación Sacrificio Cero León hayan presentado denuncias formales ante el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la Junta de Castilla y León y el Seprona de la Guardia Civil.

Entre estos nuevos despojos se encuentran ejemplares de fauna silvestre como corzos y jabalíes, algunos de ellos recientemente fallecidos, junto a restos óseos que evidencian que no se trata de un episodio aislado y que viene de lejos. Las organizaciones denunciantes sostienen que este punto del canal se ha convertido en una “trampa mortal recurrente”, donde los animales caen al agua sin posibilidad de escape y mueren entre grandes sufrimientos, además de muchas veces por hipotermia. Y en un comunicado conjunto, critican una vez más la “absoluta incapacidad” de la CHD para implantar medidas eficaces, como rampas funcionales o vallados adecuados, que eviten la muerte de la fauna.

Salud pública

Más allá del grave impacto sobre la biodiversidad que se acumula durante años, los colectivos alertan también de un posible problema sanitario y medioambiental. Los cuerpos en descomposición permanecen en contacto directo con el agua que posteriormente se destina al riego agrícola. “No solo estamos ante una falta de ética hacia los animales, sino ante un problema medioambiental: este agua contaminada llega directamente a los cultivos de nuestros vecinos”, advierte Natividad Franco, coordinadora de Pacma en León y presidenta de Sacrificio Cero.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de incidentes similares en el mismo canal, año tras año, muy especialmente en primavera, pero no solo. La única solución aplicada por la Confederación en los últimos años, dos plataformas flotantes experimentales instaladas en el verano de 2024 con un coste aproximado de 18.000 euros, ha resultado claramente insuficiente como se demostró ante episodios del año pasado.

Estas estructuras consisten en bidones de plástico que sostienen una rampa recubierta de césped artificial para facilitar la salida de los animales. Sin embargo, ya antes del inicio de la campaña de riego de la pasada primavera, Pacma había advertido de su ineficacia. Nuevas pruebas gráficas y testimonios confirman ahora la persistencia de una elevada mortandad, con acumulaciones de cuerpos, principalmente corzos, en distintos puntos del canal.

Años de desidia y ocultación

El problema, además, no es nuevo. Durante años, tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Junta de Castilla y León han mantenido un cruce de responsabilidades sobre la gestión del canal y la adopción de medidas preventivas, sin que se haya ofrecido una solución definitiva. La falta de transparencia también ha sido objeto de críticas, ya que las administraciones han evitado publicar datos completos sobre la mortandad.

No fue hasta la intervención del Procurador del Común cuando se conocieron cifras oficiales: al menos 140 animales muertos en apenas dos años en este canal de 32 kilómetros, gran parte del cual carece de vallado. A pesar de ello, las actuaciones siguen siendo limitadas y, según denuncian los colectivos animalistas, claramente ineficaces.

En su momento, la CHD llegó a descartar inversiones más ambiciosas, valoradas en torno al millón de euros, para mejorar la seguridad del canal. En su lugar, optó por soluciones provisionales como los dispositivos flotantes y aplazó una intervención estructural a medio plazo. Esta pasaría por la modernización del regadío en la zona del Alto Porma, prevista como pronto para 2027, que permitiría soterrar parte de las canalizaciones y dejar en desuso 21 de los 32 kilómetros actuales. El vallado del resto tendría un coste estimado de unos 200.000 euros.

Mientras tanto, Pacma y Sacrificio Cero León reclaman actuaciones inmediatas: la retirada urgente de los despojos de los ejemplares, la instalación de rampas de escape eficaces y medidas de prevención que eviten que el Canal de Arriola siga funcionando como un “corredor de muerte” ante la inoperancia y responsabilidad de las principales administraciones públicas.

“Como consecuencia de los condicionantes de eliminación de aerogeneradores y de soterramiento de la línea de evacuación, impuestos por la declaración de impacto ambiental, considera que el proyecto ha devenido económicamente inviable”. Con esta categórica frase se resume el fin de otro proyecto para ejecutar un macroparque eólico en la comarca de El Bierzo, en este caso el denominado Trabadelo, que proyectaba e impulsaba la multinacional Enel Green Power España.

Ha sido la compañía la que ha presentado formalmente ante el Ministerio el desistimiento del proyecto, el cual ha sido admitido y firmado por el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, suponiendo de facto el fin de más de seis años de trámites e intentos desde que se pusiera en marcha en el año 2020.

La compañía concibió en primera instancia la macroplanta para un total de 18 aerogeneradores y una potencia de 110 megavatios, suficiente para que no fuera la Junta de Castilla y León sino el estado quien tuviera que tramitarlo. El parque afectaba entre su instalación y la infraestructura de evacuación a un total de once municipios bercianos: Trabadelo, Barjas, Corullón, Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo, Cacabelos, Arganza, Cabañas Raras, Sancedo, Camponaraya y Ponferrada. En parte por tan amplia afección, fue por lo que se situó como uno de los proyectos que despertó en la zona un movimiento de oposición vecinal canalizado en la creación de la Plataforma Rural Sostenible.

Sin embargo, en el trámite ambiental, el Ministerio dictó la exclusión de hasta nueve aerogeneradores, obligando, tal y como advirtió la Junta de Castilla y León en sus informes, a que toda la línea de evacuación quede “completamente soterrada”, salvo que excepcionalmente “existan impedimentos” como fuertes pendientes “que hagan técnicamente inviable” esa operación o que la empresa justificara que comparte instalación con otras líneas aéreas ya existentes y por lo tanto sin causar nuevos daños. “En todo caso”, matiza, “la implantación de esos tramos de línea en aéreo deberá contar con la autorización expresa del órgano competente en medio ambiente de la Junta de Castilla y León, con anterioridad a la autorización sustantiva del proyecto”.

Además de los propios condicionantes de la administración, el proyecto demostró ser muy polémico al recibir un total de 1.381 alegaciones de parte de juntas vecinales, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), entidades locales de diversa índole y particulares.

En primera instancia, todavía en aquel año 2023, la empresa recalculó el diseño y tamaño de la infraestructura a instalar, anulando los nueve aerogeneradores vetados y ciñendo los restantes a un nuevo modelo de aerogenerador muy similar a los anteriores, de Siemens Gamesa, pero ahora “con una potencia unitaria de 7 MW, manteniendo el diámetro del rotor de 170 metros, la altura de buje de 115 metros y el resto de características dimensionales originales del anteproyecto”. Eso significaba que la potencia total bajaba hasta los 77 megavatios finalmente, es decir, “once aerogeneradores de 7 MW de potencia cada uno de ellos”. Así se ha publicado este martes 7 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León.

Pero finalmente, las cuentas no le salieron a la compañía promotora, que en abril de 2023 presentó su renuncia. Casi en esa misma fecha, Red Eléctrica de España (REE) comunicaba que “para la instalación parque eólico Trabadelo titularidad de Enel Green Power España SL, en LOMBA 220, se ha sido desistido del permiso de acceso y conexión”. No ha sido hasta marzo de este año que el Ministerio ha atendido a la solicitud formal de desistimiento, declarándose la devolución de la garantía depositada en su día. Así, el carpetazo al controvertido macroparque es definitivo, con el “archivo del expediente SGIISE/PEol-437” y es “firme a todos os efectos”, ya que no se ha recurrido en el plazo habilitado.