Fue un fulgurante juez antes de centrarse en una no menos meteórica carrera política. Pero el actual, y reciente, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene una posición laboral 'en excedencia' que sigue creciendo. Y aunque hace muchos años que no ejerce con la toga sino que ocupa altos cargos en el Partido Popular (PP), el leonés acaba de consolidar un nuevo puesto nada menos que en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones ha obtenido formalmente una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un destino que se convertirá en su plaza de referencia dentro de la Carrera Judicial si en el futuro decide poner fin a su actividad política y regresar al ejercicio de la judicatura. Este nuevo puesto figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 8 de septiembre. Se publica el resultado del último concurso de destinos de la Carrera Judicial, resuelto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 21 de julio y formalizado posteriormente mediante un Real Decreto fechado el 29 de julio.

La resolución establece expresamente que Suárez-Quiñones, actualmente en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial por el desempeño de su cargo político, pasa a tener destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque “continuando en la misma situación administrativa”. Es decir, que su plaza se mantiene latente, en espera, mientras sigue con su alta actividad política.

La obtención de la plaza no supone, por tanto, su salida inmediata del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco ni tampoco su incorporación efectiva a la Audiencia Nacional. Mientras continúe desempeñando responsabilidades políticas y permanezca en servicios especiales, algo que ocurre desde 2012, seguirá sin ejercer funciones judiciales.

Nacido en León en 1961, Suárez-Quiñones pertenece a la Carrera Judicial desde 1987 y alcanzó la categoría de magistrado en 1990. Su vinculación profesional con León se consolidó en 1991, cuando llegó a la capital para hacerse cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Muy rápido, en 2002, fue elegido juez decano, reelegido nuevamente en 2007. Entre 2004 y 2009 también formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El salto al PP que arrancó en 2012

Fue precisamente durante su etapa como juez decano cuando comenzó a adquirir una notable presencia pública y mediática, una exposición que anticipaba para muchos su posterior salto a la política. Este se produjo en enero de 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno en León, en un momento especialmente conflictivo por las movilizaciones y protestas vinculadas a la crisis de la minería.

Su ascenso político fue rápido. Tras apenas unos años como subdelegado, fue ascendido a delegado del Gobierno en Castilla y León. Y finalmente en 2015 se incorporó al Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido entonces por Juan Vicente Herrera, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredando las dos grandes áreas que hasta entonces había dirigido el también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición, incluso en el núcleo duro' del Gobierno autonómico, de modo que sigue siendo una de las figuras de mayor continuidad institucional del Ejecutivo del PP, junto al veteranísimo consejero palentino Carlos Fernández Carriedo. Por entonces, y sólo por entonces, se había afiliado al PP.

A lo largo de más de una década en el Ejecutivo ha acumulado competencias de enorme peso, extensión y presupuesto, relacionadas con el medio ambiente, el mundo rural, las carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, la vivienda o la Protección Civil.

También ganó peso orgánico dentro del PP, hasta el punto de ser designado presidente provincial 'interino' en julio de 2015 cuando su antecesora, Ester Muñoz, fue 'fichada por Alberto Núñez Feijóo como su portavoz en el Congreso en julio de 2015. Quiñones sigue todavía en l cúspide provincial popular ya que no se ha producido Congreso alguno.

Los incendios y el cuestionamiento de la política forestal

Buena parte de estas materias le han situado recurrentemente en el centro del debate político y de numerosas controversias. Uno de los principales focos de crítica fue la gestión forestal y de los incendios. La crisis provocada por los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, en los que fallecieron cuatro personas, volvió a repetirse tres años después, durante el verano de 2025, el peor de la historia reciente de Castilla y León en materia de incendios. En esos incendios también fallecieron otras cuatro personas y sólo en la provincia de León ardieron 135.400 hectáreas, una superficie próxima al 10% de toda la extensión forestal provincial.

Durante aquella crisis de 2025, algunas de sus declaraciones públicas contribuyeron también a aumentar la polémica. Entre ellas, la frase “tenemos la mala costumbre de comer”, con la que respondió a las críticas por encontrarse en un evento en Gijón mientras se declaraban algunos de los peores incendios de aquel mes de agosto. Su aparente desgaste político, tras no comparecer durante meses, no se tradujo en cambio alguno: Mañueco le mantuvo hasta el final del mandato y después le ha incorporado de nuevo a su Gobierno, aunque ya con otra cartera.

El lobo, la caza y los reveses en los tribunales

La política cinegética y la gestión del lobo ibérico fueron también uno de los principales focos de confrontación durante su etapa al frente de Medio Ambiente. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza del lobo incumplía la legislación comunitaria. Su defensa de la actividad cinegética y de una menor protección para la especie le enfrentó en numerosas ocasiones con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Su departamento sufrió además otros reveses judiciales, como la anulación definitiva por el Tribunal Supremo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por vulnerar los procedimientos de participación pública.

“Yo soy la Administración” y el caso Enredadera

Su nombre apareció también vinculado políticamente a la denominada trama Enredadera. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, en un caso que murió de inanición judicial, la difusión de conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación generó una importante polémica política y peticiones de dimisión desde la oposición. Especial repercusión tuvo una conversación intervenida por la UDEF en la que pronunció la frase “yo soy la Administración” mientras hablaba con un conocido empresario leonés sobre una obra. El empresario fue posteriormente condenado por corrupción.

Tampoco otras situaciones como el hecho de que siendo consejero autorizara un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo era directivo, y que al mismo empresario de ese grupo le legalizara en el parque natural de Babia-Luna una vivienda, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra. Todo fue archivado por la Fiscalía y finalmente zanjado por la Comisión de Ética de Castilla y León que estudió los casos y archivó la queja abierta.

Suárez-Quiñones afronta ahora su responsabilidad política, en principio hasta el mandato que concluiría en el año 2030, al frente de la múltiple cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León. Lo hace con la seguridad y tranquilidad de que si algún día abandona su carrera política, la judicial permanece disponible, ahora con su nuevo ascenso hacia la Audiencia Nacional.

Los empleados de Correos en Castilla y León se han sumado a la convocatoria de protesta nacional impulsada por CSIF, con concentraciones en las delegaciones provinciales, para exigir un aumento de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales e iniciar un plan de rejuvenecimiento.

La movilización, que continuará con una nueva protesta el próximo 17 de septiembre otra vez en todas las provincias, y culminará con una concentración en Madrid el día 30 de septiembre, reclama a la empresa pública que cumpla con el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Los trabajadores han pedido reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido; implantar las 35 horas semanales; transformar en tiempo completo las jornadas parciales; respetar los permisos de conciliación; y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento ante una plantilla cuya media de edad es de 52 años.

También demandan condiciones laborales dignas, y recuerdan que los contratos temporales cuentan con un sueldo medio de entre 800 y 900 euros; además de defender un servicio de correos público y de calidad.

Trabajadores sanitarios pero también ciudadanos están llamados a concentrarse este jueves 3 de septiembre, a las 11.00 horas, ante el Hospital Monte San Isidro de León. Se trata de una iniciativa, de impulso sindical, para mostrar el rechazo a la nueva gestión planteada para el ala izquierda de la tercera planta del centro, donde se encuentran 27 camas hospitalarias y cuya reorganización podría repercutir también sobre la pérdida de 24 puestos de trabajo.

La convocatoria llega después de varios días de creciente contestación ante los planes de la Gerencia de Atención Especializada para dejar sin actividad esta zona del hospital y trasladar a parte de la plantilla al Hospital de León. Sindicatos como CCOO y USO, además de formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros colectivos, han lanzado fuertes críticas contra la medida y han avanzado distintas iniciativas y movilizaciones para tratar de impedir su aplicación. Una situación muy parecida ya se vivió en el verano de 2017, provocando también entonces algunas movilizaciones.

Los profesionales conocieron estos planes a finales de agosto, en un contexto marcado por las críticas a la falta de negociación previa con los representantes de los trabajadores. Entre las posibilidades planteadas figura el traslado de parte del personal al Hospital mediante una fórmula de adscripción presentada como voluntaria, aunque los detractores de la reorganización cuestionan tanto su alcance como su duración y las consecuencias que puede tener para quienes continúen desarrollando su labor en el Monte San Isidro.

Una de las principales preocupaciones se centra en la pérdida de capacidad asistencial que supondría dejar fuera de servicio las 27 camas. Las voces críticas consideran que el descenso de la ocupación hospitalaria durante el verano no puede servir para justificar una reducción permanente de recursos y recuerdan que, con la llegada del invierno, suelen aumentar las infecciones respiratorias, las neumonías y la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

También existe preocupación por el futuro de los 24 puestos de trabajo vinculados a esta zona del hospital y por la posibilidad de que la reorganización termine convirtiéndose en una reducción estable de la actividad del Monte San Isidro. Los colectivos que se han pronunciado contra la medida reclaman explicaciones sobre cuántas camas quedarán realmente fuera de servicio, qué profesionales serán trasladados y si existe algún plan para recuperar estos recursos cuando vuelva a incrementarse la demanda asistencial.

La concentración de este jueves pretende visualizar ese rechazo ante las puertas del propio hospital y reclamar el mantenimiento de la capacidad asistencial y de los puestos de trabajo.

Una de las empresas pioneras de la biotecnología leonesa cambiará de manos después de casi tres décadas de actividad y una crisis económica que terminó arrastrándola al concurso de acreedores. Instituto Biomar, fundada en León en 1996 y asentada desde hace años en el Parque Tecnológico, quedará bajo el control del grupo inversor murciano Nostrum Simul si acepta la oferta que presentó en el proceso concursal, después de quedar descartada otra de una segunda empresa. La compañía leonesa no logró superar el desplome de su facturación y las dificultades financieras que acumulaba desde 2023 y ultima la negociación de su venta.

La adquisición se está articulando a través de NS Biomar SLU, una sociedad constituida expresamente en Murcia en abril de este año para hacerse con la unidad productiva de Instituto Biomar y participada al 100% por Nostrum Simul. Detrás del grupo está el empresario murciano Jesús Juárez Molina, cofundador de Symborg, compañía de biotecnología agrícola vendida en 2023 a la multinacional estadounidense Corteva.

La operación tiene un valor total de 2.850.029,80 euros, aunque la concursal solo cobraría 750.000 euros. Los otros 2,1 millones corresponden a la asunción de deudas y obligaciones de pago que tenía la empresa leonesa, tales como préstamos hipotecarios, obligaciones laborales de la plantilla que permanece y suministros pendientes que superan, en total, los 9 millones y medio.

El cambio de propietario permitirá mantener en funcionamiento parte de la empresa, pero con una dimensión muy inferior a la que llegó a alcanzar Biomar al comprar solo la unidad productiva y no la totalidad de la compañía leonesa. La nueva sociedad se quedaría inicialmente con seis trabajadores ya que la oferta que valora el juzgado mercantil de León excluye expresamente la subrogación de los contratos y las obligaciones laborales del resto de la plantilla.

Este sería el desenlace, al menos empresarial, de una crisis que durante los últimos años fue reduciendo drásticamente una compañía que llegó a rondar los 40 profesionales cualificados. En septiembre de 2025 todavía mantenía 21 trabajadores después de haber prescindido aproximadamente de la mitad de su plantilla mediante un expediente de regulación de empleo y de haber pasado previamente por dos ERTE.

Instituto Biomar había solicitado el concurso voluntario de acreedores en 2025 con la intención inicial de reorganizar sus cuentas y continuar funcionando. El Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León declaró formalmente el concurso el 29 de julio de 2025. Sin embargo, los intentos de reconducir la situación no fueron suficientes y el 12 de marzo de este año el procedimiento entró ya en fase de liquidación, con las facultades de administración de la empresa en manos de la concursal. Dos meses después apareció la oferta del grupo inversor murciano. En el proceso una segunda oferta ha quedado descartada, según ha podido conocer este medio, por lo que solo quedaría por formalizar la adquisición de la unidad productiva por los primeros interesados.

La crisis del Instituto Biomar se inició en el 2023, cuando sufrió una fuerte caída que se agudizó en 2024 y 2025, ya que perdió los ingresos de alquileres de parte de sus instalaciones en el Parque Teconlógico y sufrió el fracaso de un importante proyecto de investigación al que Biomar había destinado recursos económicos y humanos y que finalmente no obtuvo la financiación prevista por un defecto formal en la documentación técnica presentada.

Cuando la empresa acudió al concurso voluntario de acreedores, la dirección seguía defendiendo que su objetivo era mantener la actividad y encontrar nuevas líneas de negocio pero el proyecto ha acabado en manos de nuevos inversores.

750.000 euros en efectivo y más de dos millones por deuda

El importe total de la compra ascendería a 2,85 millones de euros, pero de los que Nostrum Simul solo realizaría un pago de 750.000 euros y otros 2.100.029,80 euros corresponden a deudas y obligaciones que asumiría el nuevo propietario, entre ellas hipotecas asociadas a su sede en el Parque Tecnológico de León.

El inventario incorporado a la propuesta de venta cifra en 1,64 millones de euros tres préstamos hipotecarios, además de algo más de 7.300 euros correspondientes a IBI y otros tributos municipales. A ello se añaden determinadas cantidades pendientes relacionadas con los seis empleados que continúan y con los suministros necesarios para mantener operativas las instalaciones.

La compra incluiría el edificio del Parque Tecnológico de León, una finca en Vega de Infanzones, maquinaria, laboratorios, fermentadores y otros equipos de producción, existencias y, especialmente, el conocimiento y los desarrollos tecnológicos acumulados por Biomar durante sus casi treinta años de existencia. También entrarían en la operación sus licencias y autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad.

Entre los intangibles figuran proyectos de investigación relacionados con biopesticidas, antifúngicos, nematicidas o microbioma, además del conocimiento técnico acumulado, aplicaciones informáticas y desarrollos históricos de la empresa. Es precisamente esa combinación de instalaciones, equipamiento, microorganismos y experiencia investigadora la que convierte a Biomar en algo más que unos inmuebles adquiridos dentro de un concurso.

De casi 40 trabajadores a seis

Instituto Biomar llegó a contar con alrededor de 40 trabajadores y todavía tenía 21 en septiembre de 2025 cuando presentó el concurso de acreedores, después de un ERE que había reducido prácticamente a la mitad la plantilla. La oferta presentada por Nostrum Simul contempla únicamente la continuidad de seis contratos laborales. Para esos trabajadores, el comprador se compromete a mantener las condiciones reconocidas en sus contratos y en el convenio correspondiente y a hacerse cargo de los salarios y cotizaciones pendientes en los términos recogidos en la operación. Para los demás empleados y exempleados, la propuesta excluye cualquier obligación laboral derivada de la sucesión de empresa.

El plan financiero de Nostrum Simul presentado ante la administración concursal diseña una nueva Biomar orientada fundamentalmente a bioinsumos para agricultura, como bioestimulantes o productos de control biológico, y a aprovechar la planta de León para fabricar productos para otras compañías. Nostrum Simul proyecta crear empleo en León hasta alcanzar 19 puestos técnicos durante el primer año, a los que añade cuatro responsables funcionales y un director general. También calcula una inversión acumulada de cuatro millones de euros en instalaciones y equipos durante cinco años.

El grupo compromete hasta ocho millones de euros de capital para desarrollar el proyecto, incluyendo el desembolso inicial de la compra y financiación para cubrir las necesidades de tesorería. Sus previsiones contemplan unos ingresos de 750.000 euros durante el primer ejercicio, 2,37 millones en el segundo y 5,18 millones en el tercero. El negocio seguiría perdiendo dinero inicialmente y, según el escenario elaborado por el propio comprador, alcanzaría un resultado operativo positivo durante ese tercer año.

En la compra Nostrum Simul se compromete además a mantener la actividad de la unidad productiva durante un mínimo de tres años.

Una pionera nacida de PharmaMar

El cambio de manos tiene especial significado por la trayectoria de Instituto Biomar, la primera compañía biofarmaceútica leonesa salida del perímetro de las históricas Laboratorios Abelló-Antibióticos, Syva o Laboratorios Ovejero. La compañía nació en 1996 a partir de la investigación de José Luis Fernández en el Departamento de Microbiología de PharmaMar, filial del grupo Zeltia. Sus primeros pasos fueron modestos, en un chalé convertido en laboratorio, antes de instalarse en el Centro Europeo de Empresas e Innovación y, finalmente, dar el salto al Parque Tecnológico de León con un edificio propio.

Durante casi tres décadas, Biomar se especializó en la búsqueda y explotación de microorganismos marinos y los compuestos naturales que producen. Su actividad se movió entre la investigación farmacéutica, la agricultura, la alimentación y la cosmética, con proyectos que iban desde la búsqueda de moléculas con potencial contra el cáncer hasta biopesticidas, bioestimulantes o ingredientes de origen natural.

La propia empresa se define como especializada en microbiología marina y química de productos naturales, con una colección de microorganismos que constituye uno de los activos principales de su actividad investigadora. Durante años desarrolló proyectos por contrato para otras compañías y buscó convertir sus propios hallazgos científicos en productos industriales.

Biomar llegó incluso a formar parte del denominado entorno premercado de BME Growth, creado para preparar a empresas con aspiraciones de acceder al mercado bursátil. PharmaMar mantenía además una participación minoritaria en la compañía.

Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la ampliación de su capacidad industrial en León mediante una inversión de unos tres millones de euros en una planta de fermentación de alrededor de 750 metros cuadrados, equipada con tanques de hasta 3.000 litros. Aquellas instalaciones, pensadas para dar un salto en la fabricación biotecnológica, forman ahora parte de los activos que recibiría el nuevo propietario.

A las dificultades propias de Biomar se sumó otro revés. Parte de sus instalaciones había sido ocupada desde 2016 por Bacthera, compañía especializada en fabricación por contrato de productos biofarmacéuticos vivos que llegó a obtener certificaciones de la Agencia Española de Medicamentos. El proyecto provocó inversiones y permitió sostener actividad y empleo cualificado en León, pero sus multinacionales propietarias acabaron decidiendo cerrar los laboratorios de Bacthera a escala internacional en el año 2024, incluido el leonés. Biomar presentó una alternativa para mantener la actividad y una plantilla cercana al medio centenar de trabajadores, pero la propuesta no prosperó.

La compañía perdió así otra fuente de actividad justo cuando comenzaba a sufrir una caída de facturación que terminaría desembocando en el concurso.

¿Quién está detrás del posible comprador?

El posible comprador forma parte del conglomerado empresarial de Jesús Juárez Molina, empresario murciano con más de dos décadas de experiencia y uno de los fundadores de Symborg, especializada en tecnología aplicada a la agricultura. Tras vender esa compañía en 2023, Juárez reforzó Nostrum Simul como vehículo para ordenar y desarrollar nuevas inversiones.

La documentación presentada para comprar Biomar define Nostrum Simul como la sociedad cabecera de un grupo empresarial familiar que emplea a más de 60 personas y participa en compañías dedicadas, entre otras actividades, a fertilizantes y bioestimulantes, adhesivos industriales, inversiones inmobiliarias y capital riesgo. El grupo declara un patrimonio neto de aproximadamente 244 millones de euros a cierre de 2024.

Nostrum Biosul declara tener intereses muy próximos a algunos de los mercados hacia los que pretende orientar la nueva Biomar. Entre sus sociedades figura Nawter Tech, dedicada en Murcia a fabricar y comercializar bioestimulantes y fertilizantes de alto valor, además de Noxun, centrada en adhesivos de origen natural. La presentación corporativa aportada al concurso incorpora ya a NS Biomar dentro de la estructura de Nostrum Simul como su compañía de “investigación biotecnológica”.

ILEÓN se ha puesto en contacto con Nostrum Simul para conocer sus planes concretos para la compañía y el futuro de sus instalaciones en León, pero han declinado responder hasta que la operación esté cerrada. La decisión la tomará el juez de lo Mercantil de León.

El curso escolar 2026-2027 en las nueve provincias de Castilla y León estrena calendario. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, junto a los sindicatos del sector, hace meses que marcaron las fechas de inicio y final de las clases, así como los principales periodos vacacionales y días no lectivos de un curso que comenzará de forma escalonada en septiembre y que volverá a dejar varios puentes y descansos repartidos a lo largo del año, con un largo período vacacional en Navidad que hará que no se retomen las clases hasta el 11 de enero de 2026.

Los primeros en regresar a las aulas serán en septiembre los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, que comenzarán las clases el miércoles 9 de septiembre de 2026. Ese mismo día se incorporarán también los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizados en centros de Educación Primaria y el alumnado de segundo curso de ciclos formativos de grado superior.

La vuelta generalizada para los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial llegará unos días después, el martes 15 de septiembre.

El calendario mantiene además una incorporación progresiva para el resto de enseñanzas. El 22 de septiembre comenzarán las clases los alumnos de grado medio y de primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, así como el alumnado de enseñanzas en régimen a distancia y de las aulas de Educación de Personas Adultas.

La siguiente fecha marcada será el 1 de octubre, cuando se incorporarán los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas. El último inicio del calendario será el 5 de octubre, para el alumnado de enseñanzas de idiomas.

Casi tres semanas de vacaciones en Navidad

Uno de los periodos más largos de descanso del curso llegará con las vacaciones navideñas. Las clases terminarán antes de Navidad y el periodo vacacional se extenderá desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, ambos incluidos.

A este amplio parón se sumarán los días festivos y no lectivos del primer trimestre, entre ellos el 12 de octubre, que caerá en lunes, y el 2 de noviembre, ya que el día de Todos los Santos pasa de domingo a lunes), además del 30 de octubre, establecido como día no lectivo con motivo del Día del Docente, y que genera otro puente al ser viernes.

El calendario también permitirá un largo descanso en el puente de la Constitución y la Inmaculada. El 7 y el 8 de diciembre serán festivos, lo que, unido al fin de semana, dejará varios días consecutivos sin clases.

Además, los calendarios municipales podrán incorporar sus propios días festivos, que también afectarán a la actividad lectiva de los centros de cada localidad. En el caso de León capital, por ejemplo, el lunes 5 de octubre San Froilán y un adelanto inesperado del fin de curso, ya que el 24 de junio se celebra San Juan.

Carnaval y diez días sin clase en Semana Santa

El segundo gran descanso del curso llegará con Carnaval. El lunes 8 y el martes 9 de febrero de 2027 serán días no lectivos, por lo que el alumnado tendrá cuatro días consecutivos sin clase al unirse al fin de semana anterior.

La Semana Santa concentrará otro de los principales periodos vacacionales. Las vacaciones comenzarán el 20 de marzo y se prolongarán hasta el 30 de marzo, de manera que los estudiantes regresarán a las aulas el miércoles 31 de marzo. Jueves Santo será el día 25 y Viernes Santo el 26 de marzo.

Un final de curso escalonado hasta el 24 de junio

El final del curso también será diferente según las enseñanzas. Los primeros en terminar serán los alumnos de segundo de Bachillerato y algunos ciclos formativos de FP de grado superior, cuyas clases finalizarán el 21 de mayo de 2027.

El resto de finales se producirán de forma escalonada durante junio. El primer curso de Bachillerato y parte del alumnado de Formación Profesional concluirán antes, mientras que el grueso de los estudiantes de Castilla y León mantendrá las clases hasta el 24 de junio, fecha que marcará el inicio de las vacaciones de verano para Infantil, Primaria, ESO y buena parte del resto de enseñanzas.

El acuerdo de la Consejería de Educación, que se refleja en este enlace detallado con todas las fechas, contempla además que la Junta de Castilla y León vuelva a hacerse cargo de la atención del alumnado durante los periodos de reducción de la jornada lectiva en junio y septiembre. Las familias podrán contar, además, con la posibilidad de utilizar el servicio de comedor durante esas semanas.

A continuación dejamos el calendario oficial completo para descargar o consultar:

El nuevo curso comenzará con conflicto laboral en la Universidad de León (ULE). UGT, CCOO y CSIF han anunciado un paquete de movilizaciones y medidas de protesta a partir del lunes 14 de septiembre contra el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 aprobado en julio para intentar corregir el déficit de la institución académica. Los sindicatos rechazan que parte del ajuste recaiga sobre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y advierten: “El PTGAS no pagará los platos rotos del despilfarro”.

Las tres organizaciones llaman a estos trabajadores a cumplir desde esa fecha únicamente la jornada mínima los lunes, de 9.00 a 14.00 horas para el turno de mañana y de 14.00 a 19.00 horas para el de tarde. Según los sindicatos, estos horarios son compatibles con el reglamento de flexibilidad de jornadas de la propia Universidad. Advierten además de que la protesta podría extenderse a más días de la semana si el Rectorado no retira las medidas que consideran perjudiciales para el colectivo.

La protesta incluirá también el rechazo a realizar servicios extraordinarios y horas extra, a utilizar las bolsas de horas previstas en el reglamento de la ULE y a aceptar cambios de turno que no hayan sido programados y comunicados con al menos cinco días laborables de antelación. UGT, CCOO y CSIF llaman igualmente a los trabajadores a limitarse estrictamente a las funciones asignadas a sus puestos y a ejercer diariamente su derecho al descanso, incluso cuando ello implique cerrar temporalmente un servicio porque haya una sola persona trabajando.

A estas medidas se sumarán próximamente asambleas informativas y concentraciones de protesta, cuyos detalles todavía no han sido concretados. “Ni una hora de más gratis”, proclaman las organizaciones sindicales, que consideran que las necesidades extraordinarias de trabajo deben cubrirse mediante contratación y empleo público y no recurriendo a la plantilla existente.

El PTGAS, en el centro del conflicto

El principal motivo de la protesta es la decisión incluida en el plan de ajuste de suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del PTGAS. Los sindicatos consideran que este colectivo está soportando de manera “injusta y discriminatoria” una parte especialmente importante de las medidas de ahorro.

UGT, CCOO y CSIF sostienen que los trabajadores no son responsables del incremento del gasto que ha llevado a la Universidad a su actual situación económica. “El exceso de gasto corriente y las cuestionables decisiones presupuestarias de los últimos años no han sido generados por los trabajadores y las trabajadoras del PTGAS”, argumentan antes de denunciar que ahora se pretenda que sean ellos quienes “paguen las consecuencias de una gestión en la que no hemos participado”.

Las organizaciones sindicales critican especialmente el aplazamiento de la carrera profesional y aseguran que convierte al PTGAS en “el único colectivo de toda la Universidad de León que no cobra su nómina íntegra”, mientras, según denuncian, “se siguen manteniendo y abonando con total normalidad otros complementos” y aumentando el número de cargos y puestos de libre designación.

El comunicado conjunto supone un paso más en la contestación sindical que ya despertó este verano el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional. CCOO había rechazado el documento poco después de su aprobación y reprochó entonces tanto las consecuencias laborales de las medidas como la gestión realizada en los últimos años y la falta de financiación suficiente por parte de la Junta de Castilla y León.

Un agujero millonario en las cuentas

El origen del conflicto está en la complicada situación económica de la Universidad de León. El Consejo de Gobierno aprobó el 17 de julio, con 21 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, un plan de ajuste hasta 2030 que persigue recuperar el equilibrio presupuestario y evitar que la institución continúe consumiendo sus reservas.

La ULE cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y calcula que sus gastos corrientes superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos ordinarios. El remanente de tesorería, que llegó a alcanzar los 58,48 millones de euros en 2021, se había reducido a 18,77 millones al término de 2025, de los que 6,67 millones correspondían al remanente genérico.

Para revertir esta situación, el plan contempla contener el gasto de personal, retrasar ofertas de empleo público y nuevas convocatorias salvo las consideradas imprescindibles, suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y limitar años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. También plantea medidas como cierres selectivos de instalaciones, ahorro energético y reducción de gastos en viajes, impresión y movilidad.

El ajuste va más allá del personal. La Universidad pretende revisar la viabilidad de grados con menos de 20 alumnos de nuevo ingreso y másteres con menos de cinco estudiantes, con la posibilidad de reorganizarlos, fusionarlos o eliminarlos, además de reorganizar servicios y buscar nuevas fuentes de ingresos.

La Universidad pide más financiación a la Junta

El Rectorado, por su parte, ha defendido que el documento no pretende “tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”. La rectora, Nuria González, aseguró tras las primeras críticas sindicales que muchas de las medidas están sujetas a negociación y situó como “eje central” del plan la reclamación de una mayor financiación a la Junta de Castilla y León.

La Universidad sostiene que necesita un nuevo modelo de financiación plurianual que permita asumir tanto su funcionamiento ordinario como nuevas obligaciones, entre ellas la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla o el coste derivado de diferentes medidas y sentencias judiciales.

El propio plan aprobado en julio ya contemplaba entre sus riesgos la posibilidad de que se produjera un conflicto sindical. Con el regreso de la actividad tras el verano, ese escenario comienza a materializarse: UGT, CCOO y CSIF han puesto fecha al inicio de las protestas y el 14 de septiembre el plan de ajuste saltará de las cuentas de la Universidad a la organización diaria de sus servicios.

El sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha advertido de una situación “potencialmente peligrosa” en el la prisión provincial de la provincia León, el centro de Villahierro, en Mansilla de las Mulas. Afirman que la población reclusa ha aumentado un 35,7% en menos de dos años hasta alcanzar los 1.200 internos, por lo que ha reclamado a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, una reducción inmediata de la ocupación para garantizar la seguridad.

Esta realidad es fruto de un contexto marcado por la falta de personal, el cierre de dos módulos por obras y el incremento de la conflictividad, ha alertado el sindicato este miércoles en un comunicado.

La organización sindical, mayoritaria en el ámbito penitenciario, ha trasladado esta petición al director general de Ejecución Penal y Reinserción Social a través de un escrito firmado por el delegado de Acaip en la prisión leonesa, Félix Alonso Franco.

Según ha indicado el sindicato, la prisión de Villahierro de Mansilla de las Mulas permanece desde hace aproximadamente año y medio inmerso en una reforma integral para la renovación los sistemas de interfonía y protección contra incendios, unos trabajos que obligan a mantener cerrados dos módulos para facilitar la ejecución de las obras en condiciones de seguridad.

Acaip ha considerado que esta circunstancia reduce considerablemente la capacidad operativa del establecimiento y dificulta la adecuada distribución de la población reclusa, especialmente en un momento en el que el número de internos no ha dejado de crecer.

De 900 internos a 1.200

De acuerdo con los datos aportados por la organización, la prisión de León ha pasado de albergar 878 internos en octubre de 2024 a unos 1.200 en la actualidad, lo que supone un incremento de 312 reclusos en menos de dos años.

El sindicato ha denunciado además que este aumento coincide con una importante falta de personal. En este sentido, asegura que la relación de puestos de trabajo del centro presenta en la actualidad 127 vacantes y que de los 30 funcionarios en prácticas destinados inicialmente a León únicamente permanecen diez. A esta situación se suma, según Acaip, la presencia de un número significativo de internos que requieren una vigilancia específica.

El sindicato ha cifrado en alrededor de 200 los reclusos de especial seguimiento, entre ellos internos incluidos en los ficheros FIES, miembros de bandas latinas, perfiles de radicalización islamista o internos relacionados con actividades ilícitas y conductas contra la seguridad del centro.

La organización sindical ha sostenido que, mientras en otros centros penitenciarios donde se ejecutan obras se reduce la población reclusa para facilitar la gestión, en el caso de León se ha producido la situación contraria, con una llegada constante de nuevos internos.

Según ha señalado en el escrito, la falta de módulos disponibles para una clasificación adecuada de los presos está obligando a gestionar los alojamientos en función de los espacios libres existentes, una circunstancia que, a su juicio, incrementa la tensión y el riesgo de conflictos.

Acaip ha asegurado que la combinación de sobreocupación, carencia de personal y perfiles cada vez más complejos está provocando una elevada presión sobre los trabajadores del centro y favoreciendo la aparición de incidentes.

Dieciséis trabajadores agredidos en 2026

En este sentido, ha recordado que durante 2026 un total de 16 empleados han resultado agredidos al intervenir en altercados ocurridos dentro de la prisión y denuncia también la existencia de amenazas y agresiones verbales que, según sostiene, no siempre quedan reflejadas en los registros oficiales.

La organización ha advertido asimismo de la existencia de módulos ordinarios con más de 120 internos y de una carga de trabajo que considera superior a la que puede asumir la plantilla actual.

La Junta de Castilla y León tiene previsto cerrar un ala entera, la de la tercera planta del Hospital Monte San Isidro, integrado en el complejo del Hospital de León, una medida que, según el sindicato USO Sanidad, podría dejar fuera de servicio 27 camas hospitalarias de Medicina Interna.

La organización sindical asegura que la decisión ha sido trasladada por la Gerencia del Hospital leonés y la Dirección de Enfermería a la plantilla y a la Junta de Personal del Área 1 de León. Y sostiene que el cierre del ala tendría además consecuencias sobre la plantilla, con la reducción de 12 puestos de enfermeras y otros 12 de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), además de posibles efectos sobre otras categorías profesionales, como los celadores.

La denuncia sindical, que se ha emitido a través de un comunicado público, es que con la información oficial trasladada a los trabajadores, y no a las centrales sindicales, al menos de manera formal, se reducirían un total de 27 camas actualmente disponibles para hospitalización de Medicina Interna.

El sindicato reclama a la Gerencia del complejo del Hospital leonés que haga públicos los motivos de la medida y explique qué criterios asistenciales, económicos y organizativos justifican el cierre, así como qué ocurrirá con las 27 camas y cuál será el destino de los profesionales que se vean afectados.

USO cuestiona además que la decisión se haya comunicado en agosto y considera que la representación de los trabajadores ha dispuesto de un margen reducido para analizar sus consecuencias. Según el sindicato, la Gerencia y la Dirección de Enfermería informaron simultáneamente a la plantilla y a la Junta de Personal cuando la decisión estaba ya prácticamente tomada.

Posibles derivaciones a centros privados concertados

La organización sindical teme que la reducción de camas pueda terminar incrementando las derivaciones de pacientes hacia centros privados con concierto público con la Junta. USO reclama conocer cuál es el objetivo real de la medida y advierte de que una eventual reducción de actividad en la sanidad pública no debería traducirse en un traslado de asistencia hacia la privada concertada.

El momento elegido para acometer el cierre es otro de los elementos cuestionados por el sindicato, que considera especialmente preocupante la proximidad del otoño y el previsible aumento de la presión asistencial. USO sostiene que no tendría sentido reducir en 27 camas la capacidad de hospitalización de Medicina Interna cuando las necesidades asistenciales pueden crecer durante los próximos meses.

Por todo ello, USO exige que se paralice el cierre del ala del Monte San Isidro y que no se reduzca la plantilla. También reclama que cualquier reorganización asistencial sea negociada y explicada con transparencia a los representantes de los trabajadores. Y avanza que si se mantienen estas medidas promoverá medidas de movilización en defensa de los puestos de trabajo y de la capacidad asistencial de la sanidad pública.

La Junta de Castilla y León ha vuelto a intentar 'quitarse de encima' al director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada del Hospital de León, el veterano alto funcionario leonés José Luis Martínez Juan, que ya fue despedido hace algo más de dos años, decisión que este denunció y consiguió bloquear ante la Justicia.

La Consejería de Sanidad de la Junta ha publicado y hecho formal, a través de una orden en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), el cese por segunda vez de Martínez Juan, dos años después de que un primer cese fuera llevado a los tribunales y terminara siendo anulado. La única diferencia es que en esta ocasión la resolución se produce “a petición propia” del histórico alto funcionario, según se recoge en la publicación.

La orden fue firmada este lunes 17 de agosto por el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, dispone formalmente el cese final de uno de los principales puestos de la estructura directiva del hospital leonés. El Boletín se limita a agradecerle“los servicios prestados”, como ya hiciera en mayo de 2024, y establece que la resolución pone fin a la vía administrativa, aunque contempla la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o, previamente y con carácter potestativo, recurso de reposición en mes.

El nuevo cese pone así aparente punto y final a una situación muy singular en el área de gestión del Hospital leonés, después de que Martínez Juan recuperara el puesto como consecuencia de un procedimiento judicial tras su primera 'salida' forzada por la Consejería en 2024, alegándose entonces en la resolución la necesidad de implantar “nuevas medidas estratégicas” en la Gerencia de Atención Especializada de León.

Aquella decisión se produjo cuando Martínez Juan llevaba menos de dos años al frente de la Dirección de Gestión y Servicios Generales, puesto al que había accedido en agosto de 2022. El cese fue recurrido por el afectado ante los tribunales y, después de un primer pronunciamiento desfavorable, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León terminó reconociendo su derecho a recuperar el puesto, anulando las consecuencias de aquel primer intento de relevo. Entre otras cosas, se tuvo en cuenta que la Consejería tomó la decisión de apartarle cuando estaba de baja.

La ejecución de aquella resolución judicial obligó al Sacyl a readmitirle y provocó, a su vez, la salida de Pedro Izquierdo Doyagüez, que había asumido la Dirección de Gestión Hospital tras el primer cese de Martínez Juan. De este modo, la decisión de la Junta de mayo de 2024, que inicialmente había supuesto la salida del veterano directivo, quedó sin efecto como consecuencia del procedimiento judicial. Ahora, apenas después de su regreso al cargo, se produce un segundo cese, pareque que, ahora sí, pactado y definitivo.

Una trayectoria de décadas en altos cargos

José Luis Martínez Juan, natural de Acebes del Páramo, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional como técnico superior de las administraciones públicas. Antes de llegar al Hospital de León ocupó distintos puestos de responsabilidad en organismos públicos y en la estructura de la Administración autonómica.

Entre otras responsabilidades, ejerció como coordinador de servicios de la Secretaría General de la entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial y fue jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos de la Universidad de Salamanca entre 1996 y 1998. En León también estuvo vinculado al Instituto de Promoción Económica (Ipelsa) de la Diputación Provincial durante los años noventa.

Su relación con la Universidad de León comenzó en 1998, cuando fue nombrado gerente por el rector Julio César Santoyo. Permaneció en el puesto durante los primeros años del mandato de su sucesor, Ángel Penas Merino, hasta que en 2002 pasó a ocupar la gerencia de la Universidad de Valladolid.

Años después regresó a León. En noviembre de 2008, a petición del entonces rector José Ángel Hermida, volvió a asumir la Gerencia de la Universidad de León, responsabilidad que mantuvo hasta 2015. Posteriormente regresó a la gerencia de la Fundación General de la Universidad de Valladolid.

En agosto de 2022 dio el salto al Complejo Asistencial Universitario de León como director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada, un puesto desde el que quedó al frente de una parte esencial de la estructura de gestión del Hospital. Su despido de mayo de 2024 abrió entonces un episodio judicial que terminó con su regreso al cargo. El nuevo movimiento puede cerrar así un largo recorrido administrativo y judicial alrededor de uno de los puestos directivos de mayor peso del Hospital de León.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona destinado en el bloque logístico de Villadangos del Páramo, después de considerar acreditado que utilizó de manera reiterada los medios informáticos de la empresa para fines particulares durante su jornada laboral. Entre los hechos probados en la sentencia figuran alrededor de 7.685 accesos a páginas de internet no autorizadas únicamente entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, el empleo personal del correo electrónico corporativo y un enfrentamiento en el que profirió insultos y expresiones amenazantes contra un compañero.

La Sala de lo Social del TSJ desestimó el pasado mes de julio el recurso de suplicación presentado por el empleado contra la sentencia dictada en enero de 2026 por la Sección de lo Social 2 del Tribunal de Instancia de León en la que rechazaba la demanda del trabajador y declaraba procedente el despido. El fallo del TSJ confirma íntegra la sentencia de instancia sin imposición de costas.

El trabajador prestaba servicios para Mercadona desde mayo de 2006, tenía la categoría profesional de gerente A y desarrollaba su actividad en el Taller de Tiendas del Bloque Logístico de Villadangos del Páramo. El despido se produjo el 21 de mayo de 2025.

La carta entregada por la compañía hacía referencia, además, a antecedentes disciplinarios como haber sido amonestado por comentarios inapropiados, insultos y amenazas a otro compañero; además un mes antes de su despido volvió a ser amonestado por tener su teléfono móvil personal en el puesto de trabajo, aunque la sentencia considera probado que lo tenía encima de la mesa pero no que lo estuviera utilizando.

7.685 accesos a páginas web en 25 días

El núcleo del despido está, sin embargo, en la utilización de los equipos informáticos de la empresa. La sentencia de instancia dio por acreditado que entre febrero y el 28 de abril de 2025 el trabajador accedió durante su jornada, desde un ordenador de Mercadona, a páginas web no autorizadas y ajenas a su actividad profesional. Entre ellas aparecen YouTube, LinkedIn, Stripe, Facebook, Genesis, Reddit y Trustpilot. Solo entre el 1 y el 25 de febrero se contabilizaron unos 7.685 accesos.

A ello se sumó la utilización particular del correo electrónico de la compañía. Según los hechos probados asumidos por el TSJ, entre el 26 de noviembre de 2024 y el 16 de abril de 2025 el empleado realizó hasta 30 envíos personales utilizando la cuenta corporativa. La empresa entendió que estas actuaciones suponían una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, además de infringir las prohibiciones expresamente establecidas en su convenio colectivo para la utilización particular de los recursos informáticos, el correo electrónico y la navegación por internet.

El expediente disciplinario incorporó además un incidente ocurrido a primeros de mayo de 2025. La Justicia considera probado que el trabajador gritó y se dirigió de manera amenazante a un compañero, al que recriminó que le dijera las cosas “a la cara” y posteriormente llamó “vago” y “mierdas”. Para el TSJ, esta conducta encaja también en la falta muy grave relacionada con la falta de respeto a los compañeros contemplada en el convenio colectivo de Mercadona.

El trabajador acudió a los tribunales y el 2 de julio de 2025 presentó una demanda contra la compañía. Tras celebrarse el juicio, la jurisdicción social de León declaró procedente el despido en enero de 2026. El empleado recurrió entonces ante el TSJ de Castilla y León solicitando, en primer lugar, modificar varios de los hechos declarados probados y, posteriormente, cuestionando jurídicamente la gravedad y proporcionalidad de la sanción.

Entre sus alegaciones, el trabajador cuestionó el informe de acceso a internet. Argumentó que el informe de auditoría informática presentaba registros repetidos y que una misma entrada en una página podía generar automáticamente diferentes registros, pestañas, cookies o publicidad, sin significar necesariamente que el trabajador hubiera realizado conscientemente cada uno de esos accesos. También sostuvo que no se había demostrado una extracción de información confidencial ni la existencia de perjuicio para Mercadona.

La Sala rechazó esa modificación porque considera que el recurrente pretendía sustituir la valoración de las pruebas realizada por el juez que presenció el juicio por su propia interpretación. El recurso de suplicación, recuerda el TSJ, no constituye una segunda instancia en la que pueda repetirse toda la valoración probatoria.

Una conclusión similar alcanza respecto al correo electrónico. El empleado alegaba discrepancias entre el informe de auditoría informática y la propia carta de despido: sostenía que esta última recogía 14 correos y no los 30 que aparecían en el informe, además de señalar diferencias en el formato y que no podía conocerse el contenido de los mensajes ni determinarse si llevaban documentos adjuntos. El TSJ vuelve a rechazar la revisión al entender que esas afirmaciones requieren una nueva valoración de la prueba y contienen conclusiones que corresponden al terreno jurídico, no al relato de hechos probados.

La doctrina del Supremo sobre la pérdida de confianza

Al abordar el fondo del despido, el TSJ recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. Cita especialmente una sentencia de 19 de julio de 2010 que recuerda que la buena fe constituye una parte esencial de la relación laboral y exige al trabajador actuar conforme a criterios de lealtad, probidad y confianza. Su vulneración grave y culpable puede justificar la máxima sanción laboral, el despido disciplinario procedente.

Esa jurisprudencia establece además que para apreciar una transgresión de la buena fe no es imprescindible que la empresa haya sufrido un perjuicio económico importante ni que el trabajador haya obtenido un beneficio personal. Tampoco resulta imprescindible una voluntad específica de actuar deslealmente si existe un incumplimiento grave y culpable de los deberes inherentes al puesto. El Supremo señala igualmente que las exigencias de fidelidad y confianza deben observarse con especial rigor por quienes ocupan puestos de confianza o responsabilidad.

La Sala cita asimismo una sentencia del Supremo de octubre de 2023 sobre pérdida de confianza para insistir en que, al valorar determinadas infracciones laborales, la clave no reside exclusivamente en el perjuicio económico causado, sino también en la ruptura de la confianza que sostiene la relación entre empresa y trabajador. No obstante, la propia jurisprudencia obliga a analizar cada caso individualmente y aplicar criterios de proporcionalidad, dado que el despido constituye la sanción laboral más grave.

El TSJ aprecia una “quiebra de la confianza”

Aplicando esa doctrina al caso de Villadangos del Páramo, el tribunal considera que la conducta acreditada representa una quiebra de la confianza depositada por Mercadona en el trabajador. La Sala pone especialmente el acento en el “número elevadísimo” de accesos a páginas no autorizadas durante el tiempo de trabajo y mediante el ordenador de la empresa. A ello añade la utilización del correo corporativo para fines personales.

El convenio colectivo de Mercadona establece que los recursos informáticos, el correo electrónico y el acceso y navegación por internet son propiedad de la empresa y se facilitan para su utilización exclusivamente laboral. Su uso particular queda expresamente prohibido. Para los magistrados, las actuaciones acreditadas encajan en las faltas muy graves previstas en ese régimen disciplinario y suponen además una vulneración del deber de probidad propio de la relación laboral.

Además de cuestionar las pruebas sobre el uso personal de las herramientas informáticas de la empresa el trabajador también recurrió alegando que su despido se debió a denuncias previas que interpuso ante la Inspección de Trabajo por la falta de fichaje de los coordinadores y una demanda por acoso laboral puesta cuatro días antes de su despido que, según recoge la sentencia, fue posteriormente desestimada en todas las instancias. El TSJ rechazó su tesis porque todos los hechos justificativos del despido son anteriores a ambas denuncias por lo que “no hay indicio alguno” de que las denuncias formuladas por el trabajador fueran el detonante de su despido. La sentencia es firme aunque cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

La Asociación Berciana de Agricultores (ABA) mantiene abierta la bolsa de empleo para cubrir alrededor de 1.500 puestos de trabajo destinados a la campaña de recogida de fruta y vendimia, una edición marcada por el adelanto de las cosechas y un incremento del interés de trabajadores extranjeros.

El director técnico de la ABA, Pablo Linares, ha explicado que la respuesta está siendo incluso mejor que en campañas anteriores y que una parte importante de la mano de obra necesaria ya se ha inscrito.

Ha incidido en un cambio de tendencia respecto a otros años, ya que están “viendo más personas extranjeras interesadas en trabajar en la campaña que trabajadores nacionales”.

Linares ha recordado que hasta ahora era más habitual contar con un mayor peso de mano de obra española.

La campaña comenzará el próximo 17 de agosto con la recogida de la pera conferencia, aunque la vendimia, muy adelantada este año, ya ha comenzado.

La Diputación de León ha cerrado el reparto definitivo del quinto año de reparto de las ayudas económicas que permiten a los pequeños ayuntamientos de la provincia leonesa la contratación puntual de personal para mantener abiertas durante el verano casi un centenar de piscinas y playas fluviales repartidas por toda la provincia leonesa.

Se trata del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para piscinas municipales y para playas fluviales autorizadas oficialmente para el baño. En total, la institución provincial moviliza este año los 669.750 euros previstos para ayudar a contratar personal durante la temporada estival en 94 instalaciones de la provincia.

El acuerdo, adoptado por el Pleno de la Corporación el pasado 29 de julio, permitirá sufragar la contratación vinculada a la apertura y funcionamiento de estos espacios de baño. La cuenta final deja 634.125 euros para 81 ayuntamientos y 35.625 euros para cinco juntas vecinales de otros tantos pueblos.

Cada piscina o playa fluvial subvencionada recibe, con carácter general, la cuantía de 7.125 euros. Así, los ayuntamientos concentran 89 de las 94 instalaciones financiadas, mientras que las juntas vecinales de Losada, Moreda, Rodanillo, Tremor de Arriba y Villacalbiel reciben ayuda para una piscina municipal cada una.

Las excepciones de más cuantía

Se da la circunstancia de que el municipio que más cuantía percibe este año, así como en anteriores ediciones, es Cimanes del Tejar, que suma un total de 21.375 euros. Y es que en su caso mantiene tres espacios de baño diferentes: una playa fluvial y dos piscinas. También duplican ayuda, es decir, perciben 14.250 euros, los casos de Llamas de la Ribera, La Pola de Gordón, Puente de Domingo Flórez, Toreno, Torre del Bierzo y Vega de Espinareda, todos ellos por disponer de dos instalaciones subvencionadas.

Respecto al reparto inicialmente previsto, la Diputación ha gastado finalmente la totalidad de los 669.750 euros disponibles, sin dejar ni un euro en la hucha. Eso sí, cambia ligeramente la distribución: el Plan reservaba 627.000 euros para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y 42.750 para juntas vecinales y el reparto definitivo traslada 7.125 euros del segundo bloque al primero. En la práctica, un espacio más financiado en los ayuntamientos y uno menos entre las juntas vecinales.

Con este reparto, el Plan busca que piscinas y playas fluviales puedan abrir con el personal necesario en pleno verano, cuando chapuzones, toallas y sombra dejan de ser un lujo para convertirse en asunto casi de primera necesidad entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son los que entran dentro de la competencia de la Diputación. En el caso de las playas fluviales, existe la condición de que no se puede presentar cualquiera sino sólo aquellas que disponen de autorización oficial y expresa de la Junta de Castilla y León. Se trata de una más de las condiciones que impuso este plan desde su reciente nacimiento, en el año 2022, por lo que se resuelve así la quinta convocatoria consecutiva.

Aquí dejamos el listado completo de todo el reparto oficial de la Diputación en este verano de 2026:

También este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la distribución de ayudas económicas de la Diputación dentro del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral, que distribuye 8,14 millones de euros entre ayuntamientos leoneses para la contratación de trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Las mayores subvenciones recaen en municipios de mayor población como Astorga, La Bañeza, Bembibre, Sariegos, Valencia de Don Juan, Valverde de la Virgen, Villablino o Villaquilambre, que recibirán 60.107 euros cada uno, mientras que numerosas localidades rurales obtendrán ayudas de entre 30.054 y 54.847 euros para reforzar plantillas municipales y servicios básicos.

León rompió en julio la tendencia de los últimos meses y vio crecer el paro en 94 personas, un aumento del 0,49% con respecto a junio (la subida fue del 0,85% en la media nacional). La provincia se queda en 19.353 demandantes de un puesto de trabajo, 492 menos que a la misma altura de 2025, lo que representa un descenso interanual del 2,48%, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La industria fue el único sector económico que representó un contrapeso positivo en la estadística, cuyo aumento acapararon las mujeres al repetirse el número de hombres inscritos del mes pasado.

Por sectores, el desempleo aumentó en todos con la única excepción de la industria (-48, de 1.637 a 1.589). El resto sufrió incrementos, el más notable en el sector servicios (78, de 13.505 a 13.583) y más moderados en la agricultura (19, de 670 a 689) y en la construcción (7, de 1.220 a 1.227). La estadística del colectivo sin empleo anterior también creció (38, de 2.227 a 2.265).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.517 mujeres desempleadas (que asumen íntegramente los 94 demandantes más) frente a 7.836 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (732 hombres frente a 596 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (644 hombres por 803 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.905 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.555 por 7.015).

Castilla y León

Castilla y León sumó en julio 2.053 parados, el cuarto mayor dato autonómico, que deja en 96.313 los desempleados en esa comunidad, un 2,18% más que en junio frente al 0,85 de aumento nacional, y los cotizantes a la Seguridad Social aumentaron en 6.170 ese mes, hasta los 1.022.190 afiliados, datos en los que se nota el reciente proceso de regularización de migrantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de julio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 1.209 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -1,24%, por debajo del recorte nacional del 3,87%.

Castilla y León anotó la menor bajada del paro para un mes de julio en dato interanual con datos desde el 2021, y el mayor aumento intermensual en ese mismo periodo.

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró julio con 17.830 cotizantes más que hace un año, el 1,78% más, por debajo del 2,94 nacional.

El paro registrado en julio de 2026 bajó en Andalucía (-9.661), Extremadura (-767) y Cantabria (-250), con subidas en el resto de comunidades encabezadas por Cataluña (7.705), Comunidad Valenciana (7.021), Comunidad de Madrid (3.822) y Castilla y León (2.053).

El paro sólo bajo en julio en Ávila respecto al mes anterior, con un -0,72%, con subidas del 6,27% en Soria, el 4,06% en Valladolid, 3,56 en Palencia, 2,74 en Salamanca, 2,01 en Segovia, y el 0,49% en León y 0,29% en Zamora.

Y respecto a julio del 2025, el desempleo disminuyó en Ávila (-2,39%), Burgos (-0,53%), León (-2,48%), Salamanca (-2,56%), Segovia (-2,51%), Valladolid (-0,45%) y Zamora (-0,46%), se mantuvo constante en Palencia (0,00%) y aumentó en Soria (7,33%).

Y el desempleo aumentó en todos los sectores, en especial en el de Servicios, que anotó 1.187 parados más que en junio, con 221 más en Industria, 116 en Agricultura, 33 en Construcción y 496 en el colectivo de sin empleo anterior.

Respecto a julio del 2025, el paró bajó en 1.490 personas en el sector servicios, con 259 menos en construcción, 147 menos en industria y 94 menos en agricultura, y un repunte de 781 en el grupo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró julio con 1.334 mujeres más en las listas del paro y 719 hombres, con un recorte de dos parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la comunidad cierra julio con 38.335 hombres desempleados y 57.978 mujeres; y 7.301 menores de 25 años.

En cuanto al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que arrancó en abril, ha sumado a un total de 262.475 afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026, según datos de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que sumó más afiliados en este proceso, el 19,8 % del total, seguida por Cataluña (17,8%), Andalucía (12,7%), Comunidad Valenciana (12,1%) y Castilla y León (4,4%).

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en julio 71.687 contratos, que suponen 217 y un 0,30% menos que en junio, frente al retroceso nacional del 3,77%.

El dato también es peor que el de julio del 2025, con 3.764 contratos menos en la comunidad que hace un año y una caída del 4,99%, frente al -0,12 nacional.

Del total de contratos, 22.855 fueron indefinidos, 1.239 menos que el mes anterior, con un recorte del 5,14% (-9,74 nacional); y 752 menos que hace un año, el -3,19% (+1,19).

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de junio, fueron 66.940 en Castilla y León, de ellas 33.753 prestaciones contributivas, 33.163 subsidios y 34 rentas activas de inserción.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación de “grave riesgo para la salud y la seguridad” que vienen soportando los trabajadores y trabajadoras del Museo Provincial de León, en el antiguo edificio Pallares, en pleno centro de León, gestionado por la Junta de Castilla y León.

Ese riesgo viene provocado a consecuencia de las elevadas temperaturas existentes en las instalaciones, por encima de los máximos que permite la normativa (27° centígrados para trabajos sedentarios y 25° para trabajos ligeros), y de la “falta de medidas eficaces para proteger a la plantilla frente al estrés térmico”, aseguran en un comunicado. Lo achacan al hecho de que “desde finales de junio, la avería del sistema de climatización y el calor extremo de este verano está convirtiendo el Museo en un centro de trabajo en un entorno insalubre, con temperaturas entre 30º C y 32º C, donde resulta muy difícil desarrollar la actividad”.

Las consecuencias son “evidentes”, explica CSIF. El sindicato afirma que una trabajadora sufrió un golpe de calor que motivó su baja laboral, y se han sucedido diversas situaciones de mareos, agotamiento y síntomas compatibles con el estrés térmico entre la plantilla, hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio Territorial de la Cultura, Turismo y Deporte de la Junta. Lamentan sin embargo que por el momento no se han “adoptado soluciones eficaces que eliminen el riesgo existente, más allá de ordenar una ventilación a primeras horas de la mañana a través de apertura de puertas y ventanas”.

“No nos encontramos ante una situación puntual, excepcional o imprevisible”, subraya CSIF. Desde hace más de cuatro años, los cuatro compresores y los dos enfriadores que integran el sistema de climatización y refrigeración del edificio vienen sufriendo averías de forma reiterada, lo que muestra la existencia de un problema estructural y perfectamente conocido por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Pese a ello, la Junta “ha hecho caso omiso de esta situación, limitándose a actuaciones meramente paliativas e insuficientes, sin adoptar las medidas necesarias para solucionar de manera definitiva las deficiencias existentes, y sin garantizar unas condiciones ambientales adecuadas para las personas trabajadoras”, lamentan.

Consideran además “especialmente preocupante que, pese a la reiteración de los incidentes y a las continuas advertencias realizadas por la dirección del Museo y de los representantes de los trabajadores, la Junta de Castilla y León haya permitido que la actividad continúe desarrollándose en unas condiciones que pueden comprometer gravemente la integridad física de la plantilla”, y también creen que de los visitantes al Museo.

Por eso, CSIF está valorando la formulación de la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, solicitando una actuación urgente para que se compruebe el incumplimiento de la normativa preventiva y se requiera a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes la adopción inmediata de medidas eficaces.

El sindicato independiente urge la “reparación definitiva” del sistema de climatización o la inversión en un nuevo sistema si fuera necesario, o en su defecto “el inmediato alquiler de un enfriador compatible con el sistema de climatización instalado”, que solucione de forma transitoria esta situación, así como la compra de ventiladores para las zonas de oficina y de descanso de los trabajadores. Otras medidas que se reclaman son pausas suficientes de recuperación en zonas climatizadas, el suministro permanente de agua fresca, la paralización de las actividades que puedan suponer un riesgo grave para la plantilla, o la modificación del horario de apertura y cierre del Museo, si fuera necesario.

Por último, advierten que continuarán utilizando todos los mecanismos legales, administrativos y judiciales a su alcance para garantizar que se respeta el derecho de la plantilla a desempeñar su actividad en unas condiciones “dignas, seguras y saludables”.

Los grandes incendios forestales se han adelantado este año, registrando hasta julio ya 38 siniestros de más de 500 hectáreas, incluyendo el más grande que España haya sufrido hasta la fecha, en Ávila. El año pasado fue durante el mes de agosto cuando el fuego arrasó el país, cebándose especialmente con las provincias de León, Cáceres, Ourense y Zamora. Uno de los peores incendios calcinó además un Patrimonio de la Humanidad con más de 2.000 años de antigüedad: Las Médulas, en la comarca de El Bierzo. Un año después, toca volver a pisar territorio quemado.

“¡Bienvenido al patrimonio del abandono! Entre todos hemos matado a la gallina de los huevos de oro; y ahora estamos intentando ponerle plumas artificiales”. Serafina Gómez, conocida como Fina en Las Médulas, se presenta con estas palabras casi un año después del incendio forestal que entró de lleno en el antiguo yacimiento de oro romano hasta llevarse por delante el Aula Arqueológica, un restaurante y cinco casas en el pueblo que lleva el nombre del paraje ubicado en El Bierzo, al oeste de la provincia de León. Las consecuencias del fuego van más allá de lo material hasta haber sembrado en la zona una especie de psicosis. “Huele a humo” se ha convertido en una expresión recurrente entre vecinos todavía conmocionados por las llamas que se originaron en Yeres (Puente de Domingo Flórez) y bajaron por el corazón de la vieja mina hasta amenazar con extenderse por todo el municipio de Carucedo. Sin ir más lejos, las alarmas se dispararon hace apenas unos días cuando un helicóptero aterrizó en un prado cercano, aunque esta vez fuera para evacuar a una mujer afectada por un ictus. El miedo no ha acabado de marcharse 12 meses después de aquel fatídico fin de semana de agosto de 2025.

Nacida en Las Médulas, Fina trabajó en canteras de pizarra, uno de los puntales económicos en la zona fronteriza entre la comarca berciana y la gallega de Valdeorras. El tesoro, sin embargo, estaba en su pueblo, donde heredó una propiedad familiar y la acondicionó años antes de que el paraje fuera declarado en 1997 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El impacto fue tal que su marido, Pedro Diéguez, tuvo que acabar dejando el trabajo en el sector pizarrero para incorporarse al Ágoga, el complejo turístico con servicio de comidas y alojamiento que tomó el nombre de aquellos canales de lavado romanos. Fue el segundo negocio de estas características en implantarse en la localidad para ser testigo y protagonista de otra explotación: ahora de la parcela turística de aquellas minas de oro que el Imperio romano aprovechó hace 2.000 años.

Las Médulas atraen alrededor de 250.000 visitantes al año (más de la mitad de la población de la provincia de León) hasta que el contador bajó literalmente a cero tras el incendio forestal que el sábado 9 de agosto se originó en Yeres y el domingo 10 atravesó los emblemáticos picachos rojizos y castaños centenarios para arrasar construcciones en Las Médulas e incluso saltar a la carretera y llegar a la localidad de Carucedo. Fue Fina la que llamó al alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, a primera hora de la tarde del domingo para darle cuenta de la situación. Y es que el avance de las llamas obligaba a desalojar el pueblo de Las Médulas, donde sólo el Ágoga había servido aquel mediodía 80 comidas y tenía cubierto alrededor de la mitad de su capacidad de hospedaje para 30 personas.

“Yo nunca creí que ocurriese lo que pasó”, admite el alcalde, veterinario de profesión y residente en la primera casa a la derecha al entrar al casco urbano de Carucedo desde la carretera que la conecta con Las Médulas. “Me ardió todo alrededor de la casa”, describe al relatar aquella tarde ocupada, entre otras cosas, en desplazar coches a lugares teóricamente seguros y a salvo de las llamas. Hay sonidos que no se olvidan: los de los gritos de los vecinos. Hay imágenes que también le han quedado grabadas: la de los miembros del operativo antiincendios situándose frente al fuego hasta hacer un paralelismo cinematográfico con la célebre secuencia de la película Braveheart. “Y de repente”, relata sin ocultar que las secuelas emocionales todavía están presentes, “dicen que había que marchar de allí. Lo que ocurrió fue que explotaron las líneas de alta tensión. Yo marché al gallinero de casa y le abrí a las gallinas pensando que se podían ahogar con el humo”.

Carucedo se sumó entonces a una lista que llegaría a contar hasta siete localidades evacuadas. Para entonces, en la primera, en Las Médulas, ya estaban ardiendo a su entrada desde la carretera el Aula Arqueológica y el Restaurante O Camiño Real. “Nosotros tuvimos que salir por patas. No nos dio tiempo a coger nada”, cuenta su propietario, Javier Vega, sobre un espacio que también acogía la casa familiar. “Nos tocó la lotería, pero de la mala”, señala por teléfono un año después, ahora reinstalado en una vivienda en la vecina Borrenes y trasladado el negocio hostelero a Carucedo (con el mismo nombre) tras haber recibido una indemnización asegura que menor a la prometida en su día. La reconstrucción del Aula Arqueológica sí está ya bastante avanzada. Las ayudas, cuentan en la zona, sí llegaron con agilidad para compensar los desalojos o pérdidas en espacios particulares como colmenares o gallineros.

Un día después del incendio, tocó “bajón” emocional y “gestión de la catástrofe. ”Yo recibí muchísimas llamadas. Me llamó hasta el ministro (de Cultura, Ernest Urtasun)“, repasa el alcalde. Un año después quizá todavía resulta pronto para hacer balance del daño económico vinculado al turismo. El exterior desapareció de un plumazo (Pedro Diéguez, que también es concejal en Carucedo, sí cita la llegada de visitantes procedentes de la comarca para comer y ayudar a la recuperación) durante meses hasta la pasada Semana Santa, que quedó reducida a la mitad de un año normal. ”Y pensábamos que iba a ser peor“, reconoce Diéguez para quien el verano todavía no es un termómetro fiable dado que, tradicionalmente, el mejor trimestre es el de septiembre-octubre-noviembre, ya en medio de un otoño particularmente bello en el paraje y en su entorno. Sin atreverse a hacer pronósticos, refiere señales que no invitan al optimismo: a estas alturas del verano todavía no hay las ya en otros años recurrentes reservas para Navidad. Reubicado en Carucedo, O Camiño Real se beneficia de ser lugar de paso de la carretera para atraer también a otro tipo de clientela. ¿El turismo se va recuperar en la zona? ”Yo creo que va tardar mucho tiempo“, responde Javier Vega.

No hay por qué quedarse en el Mirador de Orellán y en la Cuevona. Orellán no es el único mirador existente. Hay otros como el de Pedrices que ofrecen una vista maravillosa. Y se podría estar hasta tres días aprovechando itinerarios más específicos

Javier Sánchez-Palencia — Arqueólogo experto en Las Médulas

El luto por Las Médulas va mucho más allá del propio paraje. “A mí me llamaba en aquellos días gente como dándome el pésame”, señala el arqueólogo Javier Sánchez-Palencia, considerado como el mayor experto en el yacimiento tras repetir, casi palabra por palabra, lo dicho públicamente en entrevistas publicadas entonces: “Tuve una sensación de vergüenza por el hecho de que hubiera pasado esto en el siglo XXI en un lugar que es Patrimonio Mundial”. Y es que, insiste también, uno de los primeros mandamientos de la declaración de la Unesco de 1997 consistía en dotar al paraje de “suficientes medios técnicos y humanos para su gestión”.

Plan posdesastre Las Médulas

El incendio de Las Médulas calcinó más de dos terceras partes del espacio protegido que comprende el conjunto Patrimonio de la Humanidad, dañando más de 2.000 hectáreas del Bien de Interés Cultural. Una superficie quemada que representa aproximadamente el 70% del territorio protegido y de su biomasa, según el informe oficial enviado a la Unesco para evaluar cómo quedó todo tras el incendio.

Los famosos sotos de castaños que configuran el espacio se vieron afectados de forma diferente pero un 40% de ellos se consideran de nula o poco probable recuperación a medio plazo. Pero sobre todo preocupaba la posible llegada de plagas, para lo que se ha hecho un plan de actuación de hasta 24 meses para evitar la pérdida de árboles por enfermedades como el hongo de la tinta.

Tras el grave incendio la Junta de Castilla y León montó un Plan de Recuperación Post-Desastre (PRPD), una “hoja de ruta” de emergencia que se diseñó rápidamente para salvar, proteger y reconstruir el Sitio Patrimonio Mundial de Las Médulas. Para su desarrollo se integró al CSIC y la Universidad de León en su diseño.

En él plan post-desastre se incluían actuaciones para recuperar infraestructuras turísticas quemadas, como el Mirador de Orellán, y otras sobre los terrenos afectados. Dotado con 6 millones de euros, de ellos se han destinado 3,2 millones a la reconstrucción del Aula Arqueológica de Las Médulas (actualmente en obras) y a la del mirador y galería de Orellán, finalizada en noviembre del 2025. Además se contemplaban 2,5 millones para la restauración de los daños ambientales ocasionados por el incendio forestal, aunque no se han retirado ejemplares de arbolado calcinado hasta la fecha. El resto de los fondos se han destinado a recuperar infraestructuras básicas dañadas de los municipios afectados por el fuego.

Una oportunidad

Puestos a poner al mal tiempo buena cara, Sánchez-Palencia sugiere aprovechar el incendio como una oportunidad ahora que este especialista que ha estudiado al detalle el paraje ha encontrado, en un recorrido exhaustivo junto a Pedro Diéguez posterior al fuego, nuevos elementos de observación y estudio. “Han quedado al descubierto zonas hasta ahora ocultas como algunos canales y depósitos que yo ya sabía que estaban pero que hasta ahora no había logrado ver”. El análisis arroja otras conclusiones técnicas como la de identificar las zonas que más se salvaron del efecto de las llamas las que en su día se explotaron por el sistema de ruina montium (un tercio frente a la mayor parte explotada por surcos convergentes), aprovechando la presión del agua para explotar el oro y acabar dejando las características formas del paisaje, señala para citar entornos como las barrancas ubicadas por encima de Carucedo, las Valiñas o el Mirador de Orellán.

Más allá de lo técnico, el arqueólogo también considera necesario un cambio de mentalidad hasta proponer alternativas de visita, un nuevo paradigma que podría comenzar por lo más visible: “No habría que reconstruir los carteles, sino pensar en dar otro enfoque a la cartelería”. Sánchez-Palencia sugiere el aprovechamiento de espacios menos masificados, también como medida de protección: “No hay por qué quedarse en el Mirador de Orellán y en la Cuevona. Orellán no es el único mirador existente. Hay otros como el de Pedrices que ofrecen una vista maravillosa. Y eso contribuiría tanto a dispersar las visitas como a que no se produzcan las erosiones puramente antrópicas que se están produciendo”. Lo ideal, ante un escenario complejo para el sector turístico vinculado al paraje, sería finalmente lograr extender las visitas, hasta ahora mayoritariamente de un día o medio día. “Y se podría estar hasta tres días aprovechando itinerarios más específicos”.

Nadie nos enseñó a vivir en un Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que lo primero tenía que haber sido habernos enseñado a vivir aquí. ¡Ojo! También tenemos que querer aprender. Y es que la ignorancia por conveniencia también existe en el medio rural

Serafina Gómez 'Fina' — Hostelera de Las Médulas

“No se puede vender este paisaje en dos horas”, dice, sentada en la terraza del Ágoga, Fina tras la marcha de un turista al que el navegador del coche le había conducido hasta el Mirador de Orellán atravesando el pueblo de Las Médulas en lugar de aprovechar el desvío previo en la carretera. “El Imperio romano nos dejó esto. Y nosotros lo hemos expoliado. Algunos lo han expoliado más que nosotros; y nosotros nos hemos dedicado de alguna forma a intentar luchar”, expone esta hostelera que, sin ahorrar la autocrítica, exige “infraestructuras dignas”, las que “el visitante espera a las puertas de un Patrimonio de la Humanidad” y las que permitan la “sostenibilidad” del entorno. “Igual también se ha invertido de mala manera”, reconoce Fina antes de contrapesar otra circunstancia: “Nadie nos enseñó a vivir en un Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que lo primero tenía que haber sido habernos enseñado a vivir aquí. ¡Ojo! También tenemos que querer aprender. Y es que la ignorancia por conveniencia también existe en el medio rural”.

El futuro de Las Médulas también se enfrenta a otros interrogantes como el del relevo generacional en los negocios hosteleros, advierte Pedro Diéguez, sin olvidar el impacto del incendio en los castaños al hacerse eco de estudios que cifran entre el 50 y el 60% los ejemplares recuperables en una zona en la que la venta de castañas generaba buenos dividendos antes de la campaña de Navidad. Y es que no hay que olvidar el contexto. “Médulas era un pueblo pobre. Médulas no tenía ganadería. Todo lo que ahora son prados antes eran tierras de centeno. Pero su gente ha sido muy trabajadora. Cuando empezaron las minas, marcharon a trabajar a las minas. Y alguno incluso murió en la mina”, señala el alcalde de Carucedo para exponer cómo un pueblo teóricamente condenado a la sangría demográfica es hoy el único del municipio que mantiene su población relativamente estable. Fernández, que aboga por “un cambio de gestión del territorio e invertir en los pueblos porque al fin y al cabo son los que liberan a la a la sociedad urbana de los conflictos mentales y de todo tipo”, reconoce lastres de la administración como sus ritmos (“es superlenta”) para dar respuesta a las necesidades de un paraje que se convirtió en motor turístico.

“Somos muy luchadores. Ellas merecen la pena”, sentencia Fina al hacer balance de un año negro por el incendio en Las Médulas en un lunes de mediados de julio en el que los turistas todavía aparecen con cuentagotas por el pueblo. Vanesa Pampín y Roberto Lado llegaron en moto ese mismo día procedentes de Finisterre. Es su primera vez en la antigua mina de oro romano. “Pensamos que habría un poquito más de gente. No se ve tan quemado. No es desagradable a la vista”, insisten para sostener que la visita resulta ya recomendable. Lo hacen antes de posar en un aparcamiento que ofrece dos fotografías con los picachos de fondo: la de un cartel que reza Ante el abandono, ¡resistencia! y la de esta pareja que parece decir con su sonrisa que el futuro, incluso entre las cenizas, siempre se abre camino.

Cambios políticos tras los incendios

Un año después del grave incendio la situación política de los responsables de la extinción de incendios ha cambiado. Los entonces responsables como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, resistieron en sus puestos pese las peticiones de dimisión hasta las elecciones autonómicas de marzo de este año. Quiñones fue laminado de las listas electorales de las elecciones de marzo de este 2026 por la provincia pero se mantiene en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, junto a Vox, con una superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. El PP ganó en esas elecciones en la mayoría de los municipios arrasados por el fuego en el verano del 2025.

Para sustituir al controvertido Quiñones, Mañueco optó por el nombre de María González Corral, que pasaba así a ocupar su tercera consejería en cuatro años tras haberse hecho cargo ya de Movilidad y Agricultura, con esta última ahora en manos de Vox sumando competencias en política ambiental.

El nuevo gobierno de PP y Vox salido de las elecciones autonómicas adoptó como primera medida crear una dirección general General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que recayó en el que era número dos de Arranz y jefe técnico de los incendios en el fatídico 2025, Ángel Sánchez. Un nombramiento que los sindicatos creen una continuidad por su postura ante la prevención de incendios, “a ver de dónde sacamos dinero para eso”.

Donde sí se ha producido un cambio ha sido en la consejería que se encarga de la gestión directa de Las Médulas, Cultura, que ha pasado a manos de Vox con José Alberto Díaz Pico sustituyendo a Gonzalo Santonja y con la advertencia de que dará la batalla con el enfoque de la extrema derecha sobre las cuestiones culturales

Situación del operativo, “a peor”

Después de los graves incendios el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prometió las mejoras del operativo que los bomberos y los sindicatos llevaban años reclamando, entre ellas que fuera público y permanente todo el año. Para ello aprobó dos decretos, sin negociar, al tiempo que defendió que el operativo del año pasado era suficiente pero que hubo una situación “excepcional” y por eso se calcinaron 150.000 hectáreas en el verano. Prometió más dinero en medios y personal para atajar futuras situaciones similares, tal y como prevén los expertos que puedan suceder.

Pero los bomberos forestales de Castilla y León sostienen que la situación del operativo no solo no ha mejorado este 2026, sino que ha empeorado. Pese al anuncio de un operativo público el gobierno de Castilla y León siguió contratando con empresas privadas parte de los medios, con otra parte siendo trasladado a Tragsa.

Sara Mateos, agente medioambiental y delegada sindical de CSIF, incide en que única medida aplicada de forma real ha sido convertir en personal fijo durante todo el año a parte de los trabajadores públicos, hasta ahora fijos discontinuos. Mientras tanto, denuncia que el personal de las empresas privadas continúa siendo contratado únicamente durante cuatro meses y en las mismas condiciones precarias de años anteriores, con sueldos de 1.200 euros por enfrentarse al fuego en jornadas de hasta 14 horas. Las condiciones laborales de los distintos miembros del operativo son muy variables dependiendo de si estás en una empresa privada, Tragsa o la propia Junta.

Al inicio de la temporada el sindicato CCOO denunció que el operativo autonómico de lucha contra incendios seguía inmerso en un “caos absoluto”. El sindicato denunciaba la falta de planificación, ausencia de calendarios de guardias, incumplimiento de la normativa laboral e insuficiencia de medios humanos y materiales para afrontar una campaña que ya se preveía especialmente complicada por la acumulación de combustible vegetal y las altas temperaturas. UGT también denunció que el operativo funcionaba pese a las carencias de medios que existiendo y que la nueva campaña está marcada por una elevada exigencia física y emocional, con turnos de hasta 14 horas, apenas 10 horas de descanso entre servicios y varios días consecutivos de intervención.

La previsión de los sindicatos se está cumpliendo con unos meses de junio y julio con muchas más hectáreas arrasadas y haber tenido ya el que es el peor incendio de la historia de España, en Ávila, y nuevas oleadas de fuego en León y Zamora que dejan los territorios calcinados.

Un ejemplo de lo sucedido es que la provincia de León comenzó la temporada alta de incendios en junio con solo dos helicópteros de los cinco previstos y finaliza julio todavía con el de la base de Sahechores sin estar disponible. Además se preveía el estreno de una base aérea en Oterico, tras una inversión de dos millones de euros, que no se puede usar porque no se han logrado las autorizaciones para el aterrizaje y despegue de los helicópteros.

Cabe recordar que cuando se produjeron los incendios Las Médulas no tenían un plan de prevención activo, ya que ninguno de los tres ayuntamientos que componen el espacio -Carucedo, Borrenes y Puente de Domingo Flórez- lo tenían. Carucedo activó el diseño del mismo un mes después de los incendios. La Junta de Castilla y León, por su parte, había considerado en su último informe de gestión del sitio enviado a la Unesco que el cambio climático no suponía ningún peligro para Las Médulas, pese a que todos los expertos lo señalan como agravante de los incendios forestales.

Finalmente, la Junta de Castilla y León anunció que tras el plan posdesastre llegará como continuidad un Plan Integral de Gestión que será el marco rector definitivo y permanente que diseñará la visión, las políticas, los objetivos y los procedimientos para la conservación, el uso público, el desarrollo territorial y la gobernanza de Las Médulas para las próximas décadas. El anterior gobierno del PP se apoyó en los científicos para su diseño, pero con la llegada del nuevo consejero de Cultura, de Vox, todo se envuelve en la incógnita.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y la Guardia Civil han detectado diversas irregularidades laborales durante varias inspecciones realizadas en empresas de los municipios leoneses de Chozas de Abajo y Sariegos, que han dado lugar al levantamiento de actas y a la correspondiente tramitación de denuncias administrativas.

Según ha informado este martes la Comandancia de León de la Guardia Civil, los controles fueron llevados a cabo por efectivos del Puesto Principal de Armunia en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las actuaciones programadas para combatir la economía irregular y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral.

Las inspecciones se desarrollaron en distintos centros de trabajo ubicados en los términos municipales de Chozas de Abajo y Sariegos, donde los agentes y los inspectores comprobaron las condiciones laborales de los trabajadores y la situación de las empresas inspeccionadas.

Durante el dispositivo se levantaron varias actas relacionadas con situaciones laborales detectadas en diferentes trabajadores y compañías, además de formularse las denuncias administrativas correspondientes tanto en materia laboral como en otros ámbitos vinculados a la actuación inspectora.

La Guardia Civil no ha precisado el número de empresas controladas ni la naturaleza concreta de las infracciones observadas.

La actuación forma parte de las competencias que la Inspección de Trabajo desarrolla para la detección de posibles situaciones de economía irregular, una línea de actuación que persigue aflorar empleo no declarado y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y de las obligaciones empresariales.

La Fundación Santa Bárbara, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, ofertará más de 1.600 plazas de Formación Profesional para el empleo en industrias extractivas durante la presente legislatura, con el objetivo de consolidarse como centro de referencia nacional en este ámbito.

El anuncio lo ha realizado este martes el director general de Energía y Minas, Alberto Castro, durante una visita a las instalaciones de la fundación en la comarca del Bierzo, donde destacó que entre 2020 y 2025 más de 1.100 alumnos participaron en las acciones formativas desarrolladas por la entidad y que más de 850 consiguieron acceder al mercado laboral.

La Junta pretende reforzar la especialización del centro mediante una oferta adaptada a las necesidades actuales del sector extractivo y energético.

Durante la visita, Castro ha conocido además varios proyectos de innovación que desarrolla la fundación, entre ellos La Mina en Vivo, que transformará la antigua escuela mina de Caboalles de Arriba (Villablino) en un centro de turismo industrial financiado por el Fondo de Transición Justa, y GENMIN, que estudia el uso de antiguas explotaciones mineras para almacenar energía mediante aire comprimido, hidrógeno verde o biogás y prevé desarrollar una planta piloto en 2027.

Actualmente la Fundación Santa Bárbara dispone de instalaciones en Folgoso de la Ribera y Torre del Bierzo donde oferta alrededor de 500 plazas de formación al año y desarrolla actividades de investigación, ensayos tecnológicos y formación especializada para industrias extractivas, obra civil y servicios de emergencias.

Castilla y León ofertará 790 plazas de formación sanitaria para el 2027 (141 en León), el 2,5 por ciento y veinte plazas más que en este 2026, con 190 para médico de familia y comunitario, el mismo dato que este ejercicio, según ha detallado este domingo la Consejería de Sanidad en un comunicado. La provincia leonesa contará con 29 puestos de médico de familia, 80 de especialistas y 32 de enfermería.

La comunidad ampliará un año más su oferta de formación sanitaria especializada por el sistema de residencia y sacará esas 790 plazas que suponen el 97,2 por ciento o de las 813 acreditadas por el Ministerio para ese 2027.

En 2026, las 770 plazas ofertas supusieron el 96,13% de las 801 acreditadas por el Ministerio de Sanidad.

Con ello la comunidad se mantiene por segundo año como la que más plazas oferta por 100.000 habitantes y la quinta a nivel del Sistema Nacional de Salud.

La Consejería busca intentar paliar el déficit de profesionales con una oferta lo más amplia posible dentro de las posibilidades legales actuales y dada la “falta de iniciativa” del Ministerio, ha criticado.

La convocatoria del 2027 incluye esas 190 plazas para futuros especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, el total de las acreditadas y la misma cifra que hace un año con: 9 en Ávila; 21 en Burgos; 9 en Aranda de Duero; 11 en Miranda de Ebro; 20 en León; 9 en El Bierzo; 12 en Palencia; 18 en Salamanca; 8 en Segovia; 15 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 18 en Valladolid Este; 6 en Medina del Campo y 14 en Zamora.

Además, la oferta recoge 444 plazas (425 el año pasado) para el ámbito de especialidades hospitalarias, con 19 plazas nuevas con respecto a 2026.

Destacan dos plazas más en Anestesiología y Reanimación (25 en total), tres más en Medicina de Urgencias y Emergencias (8), tres más en Medicina Nuclear (total 6) o dos más en Oftalmología (total 18). Serán en resumen 12 en Ávila; 59 en Burgos; 63 en León; 17 en El Bierzo; 17 en Palencia; 98 en Salamanca; 23 en Segovia; 6 en Soria; 57 en Valladolid Oeste; 77 en Valladolid Este, y 15 en Zamora.

En cuanto a la formación especializada en Enfermería, Castilla y León convocará 156 plazas, de las 167 acreditadas por el Ministerio de Sanidad.

Son 23 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (se han acreditado dos plazas nuevas en Burgos); 26 de Salud Mental; 6 en Enfermería del Trabajo; 14 en Pediatría; dos en Geriatría; y 85 para Enfermería Familiar y Comunitaria.

Por áreas, la oferta de enfermería es de 8 en Ávila; 14 en Burgos; 3 en Aranda de Duero; 3 en Miranda de Ebro; 22 en León; 10 en El Bierzo; 8 en Palencia; 19 en Salamanca; 8 en Segovia; 10 en Soria; 20 en Valladolid Oeste; 24 en Valladolid Este; una en Medina del Campo; y 6 en Zamora.

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la convocatoria de 12.850 plazas de formación sanitaria especializada para 2027, una cifra récord que aumenta casi un 4 % respecto al pasado año y de las que cerca del 75 % corresponden a Medicina.

Según el Ministerio de Sanidad, se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas, un 3,9% más que en la convocatoria anterior, un aumento que es muy significativo si se usa como punto de referencia el 2018 con 4.448 plazas más, lo que representa un crecimiento del 53%.

El examen: el sábado 23 de enero

La fecha de las pruebas selectivas para el acceso a esta formación será el sábado 23 de enero de 2027, y el llamamiento comenzará a las 13:00 horas (12.00 horas en Canarias) y el ejercicio se iniciará a las 14.00 horas (13.00 horas en Canarias).

La convocatoria de 12.850 plazas está destinada a titulados universitarios en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, y supone un incremento de 484 plazas respecto a la convocatoria anterior.

La mayor parte de las plazas corresponden a Medicina (MIR), con 9.676, seguida de Enfermería (EIR), con 2.341. Además, se ofertan 377 plazas de Farmacia (FIR), 293 de Psicología Clínica (PIR), 69 del ámbito de la Biología (BIR), 57 de Radiofísica Hospitalaria (RFIR) y 37 del ámbito de la Química (QIR).

Un grave accidente laboral obligó a desplegar y coordinar este pasado miércoles un inmenso operativo de medios para atender a un joven trabajador del campo que sufrió heridas muy graves cuando trabajaba con una cosechadora en una parcela de cultivo del municipio zamorana de Quintanilla del Olmo, según ha podido confirmar ILEÓN de fuentes oficiales.

El suceso tuvo lugar a las 15.46 horas, teniendo en cuenta la hora del primer aviso telefónico recibido sobre este siniestro en la sala de Operaciones de Emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla y León. Por motivos que se desconocen, el hombre, vecino de una localidad del Páramo leonés, quedó atrapado en la máquina agrícola, causándole heridas graves, entre otras en una pierna. Por eso, entre el amplio operativo desplegado se dio aviso inmediato a los Bomberos, que se tenían que encargar de las labores para conseguir excarcelar a la víctima.

Por otro lado, se llegaron a fletar dos helicópteros hacia la zona, así como una ambulancia medicalizada de Emergencias de Sanidad Castilla y León (Sacyl), en previsión de la necesidad de un urgente traslado sanitario. Todas esas labores contaron además con la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local, confirman fuentes del 1-1-2, al tratarse de un grave caso de accidente laboral.

Gracias a la coordinación, el joven pudo ser rescatado y trasladado con urgencia a un centro sanitario, permaneciendo en la actualidad, dos días después, ingresado en un Hospital de Valladolid en estado grave y con pronóstico reservado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la externalización de puestos de trabajo de servicio en diversos centros educativos de León, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que la Dirección Provincial de Educación está realizando “con la complicidad y beneplácito” del departamento del Gobierno autonómico, según denuncia el sindicato al hilo del último caso que ha detectado, en este caso en el IESO (Instituto de Educación Secundaria Obligatoria) Puente de Domingo Flórez.

Según relata CSIF, la plaza de personal laboral de servicio de este centro berciano ha sido trasladada a otro de Ponferrada (también privatizada previamente), sin que el trabajador afectado que la ocupa en Puente de Domingo Flórez fuera informado con antelación de la decisión. Al mismo tiempo, la administración educativa ha contratado a una empresa para realizar las mismas funciones y tareas. CSIF tacha la situación de “incomprensible e injustificable”. “Carece de toda lógica desplazar una plaza pública existente en la RPT para, posteriormente, recurrir a una empresa privada para cubrir exactamente las mismas necesidades”, señala.

El sindicato independiente avisa de que no se trata de un hecho aislado. Y es que asegura que la contratación de empresas privadas para atender las funciones propias del personal de servicio ya se ha implantado en otros centros educativos de la provincia, entre los que cita a los IES Virgen de la Encina y Gil y Carrasco, Escuela de Adultos Ramón Carnicer y Centro Integrado de Formación Profesional, todos en Ponferrada; el IES Álvaro Yáñez de Bembibre; o el Centro Tecnológico Ciudad de León, el Conservatorio Santos Ovejero o Escuela de Adultos Faustina Álvarez, estos tres últimos en la capital leonesa.

CSIF considera que esta sucesión de casos evidencia “una estrategia de externalización planificada” que “supone un perjuicio para el empleo público, favorece la precarización laboral y debilita la calidad de los servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León”. Además, recuerda que las plazas incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo “deben ser desempeñadas por personal laboral de la Administración y no sustituidas por contratos con empresas privadas”.

Así las cosas, CSIF exige a la Consejería de Educación la inmediata cobertura de la plaza de servicio del IESO de Puente Domingo de Flórez con personal laboral de la Junta, dejando sin efecto cualquier medida que implique su sustitución por una empresa privada. Asimismo, exige la recuperación de los otros puestos de esa categoría que se han externalizado con por empleados públicos. El sindicato reclama que se termine con la política de externalización de funciones propias del personal laboral, así como un compromiso firme de la Junta “con la defensa del empleo público, el respeto a sus plantillas y la garantía de un servicio público de calidad para toda la comunidad educativa”.