La Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada, organizan la quinta edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, una cita que tendrá lugar el martes 27 de octubre en el Museo del Ferrocarril de la capital berciana.

El delegado territorial, Eduardo Diego; junto al secretario general de la Cámara, Javier Sanz, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, han presentado la actividad, que busca poner en contacto directo a personas demandantes de empleo y empresas con necesidades de incorporar talento a sus plantillas, una cita con vocación de resultar una jornada dinámica y accesible que favorecerá la creación de oportunidades laborales concretas.

Durante la presentación, Diego ha destacado la apuesta continuada de la Junta por este proyecto desde su primera edición. La actividad se celebra de manera alterna entre León y Ponferrada. “Las ediciones anteriores han demostrado que esta iniciativa es un éxito al fomentar el encuentro entre empresas, profesionales y personas que buscan nuevas oportunidades laborales”, ha señalado.

La feria contará para esta edición con 46 expositores. Con más de 50 puestos de trabajo ya ofertados a estas alturas, la organización confía en que esta cifra alcance el centenar antes del comienzo de la actividad propiamente dicha. También están previstos diferentes talleres, mesas redondas, ponencias y otras actividades orientadas a potenciar el talento, las habilidades y la motivación de los participantes.

Además, reunirá en un único espacio recursos y herramientas para mejorar la empleabilidad, desde asesoramiento personalizado para redactar un buen currículum hasta actividades prácticas que ayuden a preparar el perfil profesional de los asistentes para afrontar con mayores garantías el mercado de trabajo.

La Junta de Castilla y León no prevé, de momento, cambiar la normativa para que el Consejo Comarcal del Bierzo pueda utilizar la empresa pública autonómica Somacyl como medio propio para contratar brigadas forestales.

Así lo ha trasladado el presidente del Consejo Comarcal, el socialista Olegario Ramón, en declaraciones a los periodistas después de reunirse este viernes en Valladolid con el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, del Partido Popular.

La reunión pretendía explorar esta alternativa para dar continuidad a la gestión de los trabajos silvícolas de prevención de incendios forestales desde la institución berciana. Sin embargo, la respuesta de la Administración autonómica deja esta vía en suspenso y obliga a seguir buscando otras fórmulas, ha explicado Ramón, quien ha insistido en que la prioridad es evitar que el ente berciano pierda la gestión de estas actuaciones preventivas.

La cuestión se enmarca en las dificultades que afronta la institución para articular la contratación de las brigadas y garantizar que pueda seguir ejerciendo las funciones que tiene atribuidas en materia de prevención forestal.

La conversación con González Gago ha incluido otros asuntos pendientes entre ambas administraciones, como la situación de la sede del Consejo Comarcal y la mejora de la financiación del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM).

La búsqueda de una solución para las brigadas forestales continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes, puesto que el Consejo debería hacerse con una acción del Somacyl para poder contratar brigadas a otra empresa pública estatal, Tragsa y, según Ramón, no se está facilitando dar ese paso por lo que considera que “por la vía de los hechos” la Junta podría querer hacerse con una competencia que es del ente comarcal.

La Guardia Civil de León ha reunido pruebas concluyentes para atribuir a dos personas, un trabajador y el propietario de la empresa para la que trabajaba, un grave delito penal por originar el peor incendio forestal de este año en la provincia de León. Un proceso que ha durado casi tres meses.

El incendio fue el que afecto a montes de la localidad de Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, y cuando concluyó después de muchos días descontrolado se cuantificaron los datos en 2.012 hectáreas, 1.407 de ellas arboladas. Una auténtica tragedia forestal que se originó, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, a las 19.45 horas del 22 de julio. Tras un despliegue amplísimo de medios, el siniestro no quedó extinguido hasta el 8 de agosto.

El incendio alcanzó el Índice de Gravedad Potencial 2 y en aquellos días obligó a evacuar preventivamente seis pueblos de los municipios de Riello y de Valdesamario. En concreto, fueron desalojados los vecinos de Rosales, Folloso, Andarrado y Trascastro de Luna, en el término municipal de Riello, así como los de Ponjos y Murias de Ponjos, en Valdesamario.

Las llamas afectaron a una superficie aproximada de 2.012 hectáreas de terreno forestal, con zonas de arbolado, matorral y pastos. La investigación que ahora desvela la Guardia Civil de León ha permitido determinar que el origen del fuego, provocado, aunque no necesariamente intencionado, estaría relacionado con el uso inadecuado de un generador eléctrico mientras se realizaban trabajos en el monte. La gravedad de los hechos es que estas labores se produjeron en un momento en el que estaba activa una alerta oficial por alto riesgo meteorológico de incendio, que prohíben este tipo de labores.

Un trabajador y el responsable de la empresa, investigados

Las diligencias, que hoy se detallan en una nota de prensa oficial, han sido desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con el Equipo de Investigación de Incendios de la XII Zona de Castilla y León, agentes medioambientales y personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.

Como resultado de las pesquisas, pruebas y testimonios, los agentes señalan a la responsabilidad de tipo penal de dos personas, a las que se le imputa un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. Al trabajador se le atribuye la presunta autoría material, por utilizar la maquinaria de la que habría derivado el fuego. Por su parte, al dueño de la empresa en la que trabajaba se le investiga por una supuesta falta de control sobre los trabajos que se estaban realizando, que estaban prohibidos.

Los dos investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

La Guardia Civil recuerda que casos como este resaltan la importancia de extremar las precauciones al utilizar maquinaria y realizar trabajos en el medio natural, especialmente durante episodios meteorológicos que incrementan el riesgo de incendio. Asimismo, insiste en la necesidad de cumplir las medidas preventivas para evitar situaciones que puedan poner en peligro el patrimonio natural, la seguridad de las personas y las poblaciones próximas a las zonas forestales.

Lo avanzaron en septiembre. Y lo han confirmado en octubre. Los agentes medioambientales de 15 de las 18 comarcas leonesas han ratificado el anunciado plante indefinido a las guardias de incendios hasta que la Junta de Castilla y León “no mejore las condiciones laborales y de seguridad” de los profesionales, que esperan una “reacción” del Gobierno autonómico para retomar esa disponibilidad.

Los operarios aclaran que respetaron “por responsabilidad” la campaña de peligro alto de incendios. “Y ha sido anunciado con tiempo para que los responsables de la Junta pudieran escucharnos y proponernos algún tipo de acercamiento, pero desgraciadamente la situación no ha cambiado”, lamentan.

En su crítica, los agentes medioambientales apuntan primero al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que se refieren como “principal responsable de la nefasta política de prevención y extinción de incendios en las anteriores legislaturas”, mientras que “en la presente no tiene visos de permitir por ahora ninguna mejora en las condiciones del colectivo”. Y tambien recriminan a la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, que ni los recibiera ni contestara a sus requerimientos.

“Es tal el desinterés que muestra esta administración con nuestro colectivo que hasta desconocen que somos la punta de lanza de la extinción de los incendios. Somos la red de seguridad que vela para que todas las personas que trabajan en una extinción lo hagan de la manera más segura y asumimos la responsabilidad personal y legal, con preparación técnica pero sin un reconocimiento profesional acorde por parte de la Junta de Castilla y León. Y mientras tanto, el aumento de recursos para las empresas dueñas de los helicópteros no para de crecer”, señalan.

Y concluyen: “Quisiéramos volver a trabajar con normalidad antes de que llegue la próxima campaña de incendios. Sin nuestro trabajo el operativo de incendios es menos eficaz, más caro y sobre todo menos seguro para las personas que trabajan en él”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la persistencia de un brote de sarna en la residencia de mayores Virgen de Celada, en La Robla, gestionada por la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios. Según relata el sindicato en un comunicado de prensa, los contagios de escabiosis o sarna humana se suceden desde hace más de un año y afectan tanto a residentes como a trabajadoras, en una situación marcada por las reinfecciones y la falta de soluciones definitivas.

CCOO alerta de que el problema mantiene en una situación de preocupación al personal asistencial del centro, donde trabajan alrededor de 34 profesionales de atención directa, expuestas al riesgo de contagio por las tareas de cuidado. La organización asegura que no es posible determinar una cifra exacta de afectadas, ya que algunas trabajadoras vuelven a presentar síntomas semanas después de haber superado aparentemente la enfermedad o de no haber mostrado manifestaciones visibles.

Por su parte, fuentes municipales consultadas aseguran que la empresa ha conseguido frenar en las últimas dos semanas los contagios, sin que en ese tiempo se haya dado un caso nuevo. Se realizó una nebulización de las estancias, junto con un protocolo farmacológico, que según el Consistorio podría haber dado ya sus frutos definitivos.

La empresa ni confirma ni desmiente

La empresa, por su parte, en su única respuesta a este medio no aclara ni fechas ni siquiera el hecho sanitario en sí, limitándose asegurar que “de la atención de nuestros residentes y la gestión de nuestras tareas e incidencias que en su caso pudieran ocurrir, mantenemos puntualmente informados a las autoridades competentes, cumpliendo los protocolos legalmente aplicables”. Y sobre el brote de sarna, “esta empresa no ha sido objeto de ningún expediente sancionador en relación al asunto”.

Por su parte, el sindicato considera que esta sucesión de contagios evidencia un problema que va más allá de casos aislados y reclama medidas eficaces para erradicar el brote. También cuestiona la actuación de la empresa gestora, al sostener que las labores de desinfección y control de plagas se llevaron a cabo cuando ya se habían producido contagios entre la plantilla. Aralia es una sociedad vinculada a la familia del empresario leonés José Luis Ulibarri y se encarga de la gestión privatizada de esta residencia pública desde que, tras muchos años de retraso en su ejecución, se inauguró en 2021.

Bajas laborales por ansiedad

Las consecuencias de esta situación sanitaria, según CCOO, también se extienden a la salud psicológica de las trabajadoras. La organización sindical afirma que varias empleadas se encuentran de baja laboral, en algunos casos por cuadros de ansiedad y ansiedad reactiva relacionados con el temor continuado al contagio y la incertidumbre sobre los posibles efectos en su entorno familiar.

CCOO denuncia, además, dificultades para que se reconozca el posible origen profesional de estas bajas. Según explica, varias trabajadoras acudieron a la mutua aseguradora para solicitar seguimiento, pero sus procesos no fueron reconocidos como contingencias profesionales, al no admitir la empresa en ese momento la presencia de la enfermedad en las instalaciones. Por ello, el sindicato reclama que se revise individualmente cada expediente para determinar si las bajas están relacionadas con la actividad laboral.

Denuncia ante las inspecciones de Trabajo y Sanidad

La representación sindical también reprocha a la dirección de la residencia que no haya facilitado al Comité de Empresa ni a la Delegada de Prevención la información solicitada formalmente sobre la evaluación del riesgo biológico, una documentación que considera necesaria para valorar la exposición de la plantilla y las medidas preventivas aplicadas.

Ante la falta de avances en las conversaciones con la empresa, CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que compruebe si se están cumpliendo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, el sindicato ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Sanidad, después de contactar con los servicios de Epidemiología. Su objetivo es que se verifique el cumplimiento de los protocolos sanitarios y se determinen las medidas correctoras necesarias para acabar con los contagios recurrentes en la residencia Virgen de Celada. De este modo, por ambas vías, el análisis de la situación está ahora en manos de la Junta de Castilla y León.

Un accidente laboral de un trabajador contratado por la Junta de Castilla y León para la apertura de una pista forestal en la comarca leonesa de Omaña ha acabado ayer martes con su fallecimiento, al caer por una ladera la máquina que se empleaba para estas labores. El empleado tenía 48 años de edad, confirman fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de ayer, en torno a las 14.30 horas, según se dio aviso, también al servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta. Las primeras informaciones especificaban que la alerta surgió cuando alguien vio una máquina retroexcavadora caída en las inmediaciones de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes.

La Guardia Civil, que fue alertada de manera inmediata y se personó en la zona, confirmó posteriormente que el cuerpo del conductor de la máquina se encontraba fuera del vehículo, del que habría salido despedido al caer la misma por una ladera, por causas que aún están bajo investigación, al tratarse oficialmente de un accidente laboral, confirman también desde la Delegación Territorial de la Junta en León. Estas mismas fuentes matizan además que la víctima estaba contratada a través de una empresa privada contratada por la Junta, y realizando labores en el monte, en concreto la apertura de una pista forestal.

La Guardia Civil fue la encargada de poner en marcha el complejo operativo para el rescate del cuerpo, que se pudo comprobar que ya estaba sin vida, del conductor de la excavadora. Participaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, en la provincia leonesa, con el apoyo del helicóptero de la Comandancia de León, los cuales posteriormente trasladaron el cuerpo a León para la realización de la autopsia. Las mismas fuentes confirman que se han iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias concretas del suceso mortal, sin ofrecer más detalles sobre el resultado de las primeras investigaciones.

La empresa Naturgeis abre las inscripciones para un nuevo Curso Práctico de Poda, Desbroce y Cuidados de Frutales para la Prevención de Incendios y el Desarrollo Rural. Se trata de una formación gratuita y presencial de 30 horas que se impartirá este otoño en Carrizo de la Ribera.

El curso está pensado para que los alumnos puedan aprender técnicas con una aplicación muy directa en los pueblos: mantener las fincas limpias, controlar la vegetación, cuidar correctamente los árboles frutales y reducir la acumulación de material vegetal que puede favorecer la propagación de un incendio. La formación combinará contenidos teóricos con prácticas en fincas y espacios del municipio.

Carrizo de la Ribera es un lugar especialmente apropiado para una formación de estas características. La agricultura de regadío ha tenido tradicionalmente un importante peso en la economía del municipio, favorecida por su ubicación en la ribera del Órbigo.

En un territorio donde conviven fincas agrícolas, vegetación de ribera, caminos y núcleos habitados, el mantenimiento de los terrenos no es únicamente una cuestión productiva. Desbrozar, podar y gestionar correctamente la vegetación contribuye también al cuidado del paisaje rural y a reducir situaciones de riesgo frente a los incendios.

El curso tendrá un enfoque eminentemente práctico, con el objetivo de que los participantes aprendan a mantener fincas y terrenos rurales de una forma segura y adecuada, combinando el cuidado del espacio con la prevención de incendios.

La formación partirá de situaciones habituales en el medio rural: terrenos en los que se acumula vegetación, parcelas que necesitan labores periódicas de mantenimiento o árboles frutales que requieren una poda correcta para conservarse en buenas condiciones. Sobre el terreno se aprenderá a valorar qué trabajos necesita cada espacio, cómo realizarlos y qué herramientas utilizar, prestando especial atención al manejo seguro de maquinaria como desbrozadoras y motosierras.

La prevención de incendios será uno de los hilos conductores del curso. Los participantes podrán entender cómo determinadas condiciones de una finca pueden facilitar la propagación del fuego y cómo actuaciones relativamente habituales —desbrozar, retirar o gestionar restos vegetales y mantener adecuadamente los terrenos— pueden contribuir a reducir ese riesgo.

La formación se completará con el cuidado y poda de árboles frutales, aprendiendo a reconocer cuándo y cómo intervenir para favorecer su desarrollo, mantenerlos sanos y mejorar su producción. De esta forma, poda, desbroce y prevención se trabajarán de manera conjunta, como labores que forman parte del mantenimiento cotidiano y sostenible de las fincas y del paisaje rural.

Posibilidades de empleo y autoempleo

El programa incorpora también contenidos relacionados con las posibilidades profesionales de los trabajos de poda y desbroce al incluir cuestiones vinculadas al empleo y al autoempleo.

De esta forma, el curso no se limita al mantenimiento de una finca particular. Busca que conocimientos relacionados con la poda, el desbroce y el cuidado de terrenos puedan convertirse también en competencias útiles para desarrollar pequeños servicios profesionales en el medio rural, donde este tipo de trabajos son necesarios tanto en explotaciones como en fincas particulares y espacios públicos.

El curso tendrá una duración total de 30 horas y se desarrollará presencialmente en la Casa de Cultura de Carrizo de la Ribera, situada en la calle Doctor González Álvarez, 21. Las prácticas se realizarán en fincas y espacios del municipio.

Las clases se impartirán los martes y jueves, de 16.00 a 21.00 horas, y está prevista la participación de entre 20 y 30 alumnos. Al finalizar, quienes cumplan los requisitos de asistencia recibirán el correspondiente certificado acreditativo; la ficha establece una asistencia mínima del 85% de las 30 horas.

La participación es gratuita y las inscripciones permanecerán abiertas hasta dos días antes del comienzo de la formación. Los interesados en contar con más información la pueden obtener en este enlace.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha informado este lunes a la comunidad universitaria de que, tras meses de negociación con la Junta de Castilla y León, la institución académica recibirá un incremento de la financiación prevista para el ejercicio de 2026.

Esta situación después de un inicio de curso universitario con protestas por parte de los sindicatos contra el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 aprobado en julio para intentar corregir el déficit de la institución académica. Una de las medidas de este Plan es la suspensión temporal de determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo (principalmente PTGAS).

Ahora, Rectorado anuncia que los recursos adicionales obtenidos por la Junta podrán “destinarse a diferentes capítulos de gasto, el equipo de gobierno considera prioritario emplearlos en atender un compromiso pendiente con nuestro personal, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, tal y cómo fueron adoptados en el marco de la negociación de la implementación de la carrera profesional del PTGAS”.

Así, en la nómina del mes de septiembre los afectados verán reanudado el abono de carrera profesional de todo el PTGAS. Sin embargo, la rectora especifica que durante el mes de octubre, cuando se reciba la financiación comprometida de la Junta, “se regularizarán las cantidades pendientes de 2026”.

“Somos plenamente conscientes de la preocupación y la incertidumbre que esta situación ha generado durante estos meses. Desde el Rectorado hemos trabajado con constancia y discreción para alcanzar una solución que permitiera garantizar este derecho sin comprometer la sostenibilidad económica de nuestra Universidad”, asegura Nuria González en su comunidado, que cierra valorando el diálogo y la negociación durante este proceso. 

UGT suspende las movilizaciones, pero CCOO las mantiene

UGT ha anunciado, después del comunicado de Rectorado, que suspende temporalmente las movilizaciones previstas, entendiendo que “el compromiso es fiable”

Además de lo anunciado por la rectora, UGT añade otras novedades: “Se ha dado impulso a la cobertura de vacantes siendo en este momento casos excepcionales los que no se cubren y se ha dado la directriz de cubrir las vacantes pendientes”. También que en los próximos días se presentará “una propuesta alternativa y viable para el premio de jubilación del PTGAS funcionario”.

Por su parte, CCOO sostiene que “se mantiene el bloqueo de los convendios del PDI Laboral y PTGAS Laboral, además del Plan de Recortes”.

Desde CCOO no comparten la valoración de la rectora, que vincula este avance a la “constancia y discreción negociadora” por parte del Equipo de Gobierno de la ULE.

Para CCOO, las presiones y la lucha sindical, con las y los trabajadores reivindicando y reclamando el cumplimiento de sus derechos y condiciones laborales, constituyen el factor determinante para conseguir algo lógico, que la Universidad de León debe pagar a sus trabajadores conforme marca la legislación y que la Junta de Castilla y León debe financiar adecuadamente a las Universidades Públicas atendiendo a la LOSU.

“No vamos a renunciar a un calendario de movilizaciones, ya sea conjunto y consensuado con otras organizaciones o sea propio y en solitario de CCOO. Si el resto de organizaciones sindicales deciden suspender de forma permanente la totalidad del calendario consensuado, CCOO llevaremos realizaremos un calendario propio”, señala el sindicato.

El Pleno del Ayuntamiento de Villaquilambre, celebrado este jueves, ha aprobado una modificación presupuestaria que autoriza el uso de cerca de 400.000 euros para inversiones. En torno a 120.000 euros de ellos se van a destinar a complementar la subvención de la Junta para suelo industrial.

También con cargo a este dinero se van a acometer trabajos de mejora y urbanización de la zona industrial existente en la calle La Cerrada. El equipo de Gobierno remarcó que durante esta legislatura se ha invertido más de medio millón de euros en puesta a punto de espacios industriales en su conjunto.

Además, se incorporan 180.000 euros para destinarlos a la mejora de los recintos diseñados para que los perros puedan hacer sus necesidades, los conocidos como pipican. En el municipio de Villaquilambre existen cerca de 4000 perros censados y con esta inversión se responde a una necesidad muy demandada por los vecinos, remarcan los miembros del Gobierno municipal. Por último, el resto de este remanente se usará para la redacción de proyectos pendientes de redactarse.

La sesión plenaria de hoy también ha aprobado otros temas como la concesión de la Medalla del Mérito a varios agentes de la Policía Local por actuaciones que traspasaron el mero desempeño de sus funciones en colaboración con otros cuerpos policiales.

Se aprobó además la tramitación ante la Junta de Castilla y León de la propuesta de concesión de la Medalla al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León, con carácter colectivo, a favor de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Villaquilambre. También se elevará a la Junta la propuesta de concesión de la Medalla al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León a favor del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Hugo S. M., por una actuación realizada en Navatejera fuera de su jornada laboral.

Se ha autorizado, por otro lado, la modificación de varios puestos de la Relación de Puertos de Trabajo (RTP) municipal para “adaptarlos a las necesidades actuales del municipio”, así como a los requerimientos legales actuales. Así, se incorporan cuatro puestos de jardineros y se modificará la calificación legal de las trabajadoras de las guarderías, pasando de asistentes a técnicos asistentes.

Finalmente, han salido adelante varias mociones. La presentada por al Unión del Pueblo Leonés (UPL) para exigir la supresión de los peajes de las autopistas AP-66 León-Asturias y y AP-71, León-Astorga; la rubricada por el Grupo Socialista y Podemos-Izquierda Unida en favor de la vivienda social de alquiler; y una tercera en la que se solicitaba por parte del Grupo Popular un endurecimiento de la legislación anti ocupación.

Fue un fulgurante juez antes de centrarse en una no menos meteórica carrera política. Pero el actual, y reciente, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene una posición laboral 'en excedencia' que sigue creciendo. Y aunque hace muchos años que no ejerce con la toga sino que ocupa altos cargos en el Partido Popular (PP), el leonés acaba de consolidar un nuevo puesto nada menos que en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones ha obtenido formalmente una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un destino que se convertirá en su plaza de referencia dentro de la Carrera Judicial si en el futuro decide poner fin a su actividad política y regresar al ejercicio de la judicatura. Este nuevo puesto figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 8 de septiembre. Se publica el resultado del último concurso de destinos de la Carrera Judicial, resuelto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 21 de julio y formalizado posteriormente mediante un Real Decreto fechado el 29 de julio.

La resolución establece expresamente que Suárez-Quiñones, actualmente en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial por el desempeño de su cargo político, pasa a tener destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque “continuando en la misma situación administrativa”. Es decir, que su plaza se mantiene latente, en espera, mientras sigue con su alta actividad política.

La obtención de la plaza no supone, por tanto, su salida inmediata del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco ni tampoco su incorporación efectiva a la Audiencia Nacional. Mientras continúe desempeñando responsabilidades políticas y permanezca en servicios especiales, algo que ocurre desde 2012, seguirá sin ejercer funciones judiciales.

Nacido en León en 1961, Suárez-Quiñones pertenece a la Carrera Judicial desde 1987 y alcanzó la categoría de magistrado en 1990. Su vinculación profesional con León se consolidó en 1991, cuando llegó a la capital para hacerse cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Muy rápido, en 2002, fue elegido juez decano, reelegido nuevamente en 2007. Entre 2004 y 2009 también formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El salto al PP que arrancó en 2012

Fue precisamente durante su etapa como juez decano cuando comenzó a adquirir una notable presencia pública y mediática, una exposición que anticipaba para muchos su posterior salto a la política. Este se produjo en enero de 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno en León, en un momento especialmente conflictivo por las movilizaciones y protestas vinculadas a la crisis de la minería.

Su ascenso político fue rápido. Tras apenas unos años como subdelegado, fue ascendido a delegado del Gobierno en Castilla y León. Y finalmente en 2015 se incorporó al Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido entonces por Juan Vicente Herrera, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredando las dos grandes áreas que hasta entonces había dirigido el también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición, incluso en el núcleo duro' del Gobierno autonómico, de modo que sigue siendo una de las figuras de mayor continuidad institucional del Ejecutivo del PP, junto al veteranísimo consejero palentino Carlos Fernández Carriedo. Por entonces, y sólo por entonces, se había afiliado al PP.

A lo largo de más de una década en el Ejecutivo ha acumulado competencias de enorme peso, extensión y presupuesto, relacionadas con el medio ambiente, el mundo rural, las carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, la vivienda o la Protección Civil.

También ganó peso orgánico dentro del PP, hasta el punto de ser designado presidente provincial 'interino' en julio de 2015 cuando su antecesora, Ester Muñoz, fue 'fichada por Alberto Núñez Feijóo como su portavoz en el Congreso en julio de 2015. Quiñones sigue todavía en l cúspide provincial popular ya que no se ha producido Congreso alguno.

Los incendios y el cuestionamiento de la política forestal

Buena parte de estas materias le han situado recurrentemente en el centro del debate político y de numerosas controversias. Uno de los principales focos de crítica fue la gestión forestal y de los incendios. La crisis provocada por los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, en los que fallecieron cuatro personas, volvió a repetirse tres años después, durante el verano de 2025, el peor de la historia reciente de Castilla y León en materia de incendios. En esos incendios también fallecieron otras cuatro personas y sólo en la provincia de León ardieron 135.400 hectáreas, una superficie próxima al 10% de toda la extensión forestal provincial.

Durante aquella crisis de 2025, algunas de sus declaraciones públicas contribuyeron también a aumentar la polémica. Entre ellas, la frase “tenemos la mala costumbre de comer”, con la que respondió a las críticas por encontrarse en un evento en Gijón mientras se declaraban algunos de los peores incendios de aquel mes de agosto. Su aparente desgaste político, tras no comparecer durante meses, no se tradujo en cambio alguno: Mañueco le mantuvo hasta el final del mandato y después le ha incorporado de nuevo a su Gobierno, aunque ya con otra cartera.

El lobo, la caza y los reveses en los tribunales

La política cinegética y la gestión del lobo ibérico fueron también uno de los principales focos de confrontación durante su etapa al frente de Medio Ambiente. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza del lobo incumplía la legislación comunitaria. Su defensa de la actividad cinegética y de una menor protección para la especie le enfrentó en numerosas ocasiones con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Su departamento sufrió además otros reveses judiciales, como la anulación definitiva por el Tribunal Supremo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por vulnerar los procedimientos de participación pública.

“Yo soy la Administración” y el caso Enredadera

Su nombre apareció también vinculado políticamente a la denominada trama Enredadera. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, en un caso que murió de inanición judicial, la difusión de conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación generó una importante polémica política y peticiones de dimisión desde la oposición. Especial repercusión tuvo una conversación intervenida por la UDEF en la que pronunció la frase “yo soy la Administración” mientras hablaba con un conocido empresario leonés sobre una obra. El empresario fue posteriormente condenado por corrupción.

Tampoco otras situaciones como el hecho de que siendo consejero autorizara un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo era directivo, y que al mismo empresario de ese grupo le legalizara en el parque natural de Babia-Luna una vivienda, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra. Todo fue archivado por la Fiscalía y finalmente zanjado por la Comisión de Ética de Castilla y León que estudió los casos y archivó la queja abierta.

Suárez-Quiñones afronta ahora su responsabilidad política, en principio hasta el mandato que concluiría en el año 2030, al frente de la múltiple cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León. Lo hace con la seguridad y tranquilidad de que si algún día abandona su carrera política, la judicial permanece disponible, ahora con su nuevo ascenso hacia la Audiencia Nacional.

Los empleados de Correos en Castilla y León se han sumado a la convocatoria de protesta nacional impulsada por CSIF, con concentraciones en las delegaciones provinciales, para exigir un aumento de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales e iniciar un plan de rejuvenecimiento.

La movilización, que continuará con una nueva protesta el próximo 17 de septiembre otra vez en todas las provincias, y culminará con una concentración en Madrid el día 30 de septiembre, reclama a la empresa pública que cumpla con el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Los trabajadores han pedido reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido; implantar las 35 horas semanales; transformar en tiempo completo las jornadas parciales; respetar los permisos de conciliación; y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento ante una plantilla cuya media de edad es de 52 años.

También demandan condiciones laborales dignas, y recuerdan que los contratos temporales cuentan con un sueldo medio de entre 800 y 900 euros; además de defender un servicio de correos público y de calidad.

Trabajadores sanitarios pero también ciudadanos están llamados a concentrarse este jueves 3 de septiembre, a las 11.00 horas, ante el Hospital Monte San Isidro de León. Se trata de una iniciativa, de impulso sindical, para mostrar el rechazo a la nueva gestión planteada para el ala izquierda de la tercera planta del centro, donde se encuentran 27 camas hospitalarias y cuya reorganización podría repercutir también sobre la pérdida de 24 puestos de trabajo.

La convocatoria llega después de varios días de creciente contestación ante los planes de la Gerencia de Atención Especializada para dejar sin actividad esta zona del hospital y trasladar a parte de la plantilla al Hospital de León. Sindicatos como CCOO y USO, además de formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros colectivos, han lanzado fuertes críticas contra la medida y han avanzado distintas iniciativas y movilizaciones para tratar de impedir su aplicación. Una situación muy parecida ya se vivió en el verano de 2017, provocando también entonces algunas movilizaciones.

Los profesionales conocieron estos planes a finales de agosto, en un contexto marcado por las críticas a la falta de negociación previa con los representantes de los trabajadores. Entre las posibilidades planteadas figura el traslado de parte del personal al Hospital mediante una fórmula de adscripción presentada como voluntaria, aunque los detractores de la reorganización cuestionan tanto su alcance como su duración y las consecuencias que puede tener para quienes continúen desarrollando su labor en el Monte San Isidro.

Una de las principales preocupaciones se centra en la pérdida de capacidad asistencial que supondría dejar fuera de servicio las 27 camas. Las voces críticas consideran que el descenso de la ocupación hospitalaria durante el verano no puede servir para justificar una reducción permanente de recursos y recuerdan que, con la llegada del invierno, suelen aumentar las infecciones respiratorias, las neumonías y la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

También existe preocupación por el futuro de los 24 puestos de trabajo vinculados a esta zona del hospital y por la posibilidad de que la reorganización termine convirtiéndose en una reducción estable de la actividad del Monte San Isidro. Los colectivos que se han pronunciado contra la medida reclaman explicaciones sobre cuántas camas quedarán realmente fuera de servicio, qué profesionales serán trasladados y si existe algún plan para recuperar estos recursos cuando vuelva a incrementarse la demanda asistencial.

La concentración de este jueves pretende visualizar ese rechazo ante las puertas del propio hospital y reclamar el mantenimiento de la capacidad asistencial y de los puestos de trabajo.

Una de las empresas pioneras de la biotecnología leonesa cambiará de manos después de casi tres décadas de actividad y una crisis económica que terminó arrastrándola al concurso de acreedores. Instituto Biomar, fundada en León en 1996 y asentada desde hace años en el Parque Tecnológico, quedará bajo el control del grupo inversor murciano Nostrum Simul si acepta la oferta que presentó en el proceso concursal, después de quedar descartada otra de una segunda empresa. La compañía leonesa no logró superar el desplome de su facturación y las dificultades financieras que acumulaba desde 2023 y ultima la negociación de su venta.

La adquisición se está articulando a través de NS Biomar SLU, una sociedad constituida expresamente en Murcia en abril de este año para hacerse con la unidad productiva de Instituto Biomar y participada al 100% por Nostrum Simul. Detrás del grupo está el empresario murciano Jesús Juárez Molina, cofundador de Symborg, compañía de biotecnología agrícola vendida en 2023 a la multinacional estadounidense Corteva.

La operación tiene un valor total de 2.850.029,80 euros, aunque la concursal solo cobraría 750.000 euros. Los otros 2,1 millones corresponden a la asunción de deudas y obligaciones de pago que tenía la empresa leonesa, tales como préstamos hipotecarios, obligaciones laborales de la plantilla que permanece y suministros pendientes que superan, en total, los 9 millones y medio.

El cambio de propietario permitirá mantener en funcionamiento parte de la empresa, pero con una dimensión muy inferior a la que llegó a alcanzar Biomar al comprar solo la unidad productiva y no la totalidad de la compañía leonesa. La nueva sociedad se quedaría inicialmente con seis trabajadores ya que la oferta que valora el juzgado mercantil de León excluye expresamente la subrogación de los contratos y las obligaciones laborales del resto de la plantilla.

Este sería el desenlace, al menos empresarial, de una crisis que durante los últimos años fue reduciendo drásticamente una compañía que llegó a rondar los 40 profesionales cualificados. En septiembre de 2025 todavía mantenía 21 trabajadores después de haber prescindido aproximadamente de la mitad de su plantilla mediante un expediente de regulación de empleo y de haber pasado previamente por dos ERTE.

Instituto Biomar había solicitado el concurso voluntario de acreedores en 2025 con la intención inicial de reorganizar sus cuentas y continuar funcionando. El Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León declaró formalmente el concurso el 29 de julio de 2025. Sin embargo, los intentos de reconducir la situación no fueron suficientes y el 12 de marzo de este año el procedimiento entró ya en fase de liquidación, con las facultades de administración de la empresa en manos de la concursal. Dos meses después apareció la oferta del grupo inversor murciano. En el proceso una segunda oferta ha quedado descartada, según ha podido conocer este medio, por lo que solo quedaría por formalizar la adquisición de la unidad productiva por los primeros interesados.

La crisis del Instituto Biomar se inició en el 2023, cuando sufrió una fuerte caída que se agudizó en 2024 y 2025, ya que perdió los ingresos de alquileres de parte de sus instalaciones en el Parque Teconlógico y sufrió el fracaso de un importante proyecto de investigación al que Biomar había destinado recursos económicos y humanos y que finalmente no obtuvo la financiación prevista por un defecto formal en la documentación técnica presentada.

Cuando la empresa acudió al concurso voluntario de acreedores, la dirección seguía defendiendo que su objetivo era mantener la actividad y encontrar nuevas líneas de negocio pero el proyecto ha acabado en manos de nuevos inversores.

750.000 euros en efectivo y más de dos millones por deuda

El importe total de la compra ascendería a 2,85 millones de euros, pero de los que Nostrum Simul solo realizaría un pago de 750.000 euros y otros 2.100.029,80 euros corresponden a deudas y obligaciones que asumiría el nuevo propietario, entre ellas hipotecas asociadas a su sede en el Parque Tecnológico de León.

El inventario incorporado a la propuesta de venta cifra en 1,64 millones de euros tres préstamos hipotecarios, además de algo más de 7.300 euros correspondientes a IBI y otros tributos municipales. A ello se añaden determinadas cantidades pendientes relacionadas con los seis empleados que continúan y con los suministros necesarios para mantener operativas las instalaciones.

La compra incluiría el edificio del Parque Tecnológico de León, una finca en Vega de Infanzones, maquinaria, laboratorios, fermentadores y otros equipos de producción, existencias y, especialmente, el conocimiento y los desarrollos tecnológicos acumulados por Biomar durante sus casi treinta años de existencia. También entrarían en la operación sus licencias y autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad.

Entre los intangibles figuran proyectos de investigación relacionados con biopesticidas, antifúngicos, nematicidas o microbioma, además del conocimiento técnico acumulado, aplicaciones informáticas y desarrollos históricos de la empresa. Es precisamente esa combinación de instalaciones, equipamiento, microorganismos y experiencia investigadora la que convierte a Biomar en algo más que unos inmuebles adquiridos dentro de un concurso.

De casi 40 trabajadores a seis

Instituto Biomar llegó a contar con alrededor de 40 trabajadores y todavía tenía 21 en septiembre de 2025 cuando presentó el concurso de acreedores, después de un ERE que había reducido prácticamente a la mitad la plantilla. La oferta presentada por Nostrum Simul contempla únicamente la continuidad de seis contratos laborales. Para esos trabajadores, el comprador se compromete a mantener las condiciones reconocidas en sus contratos y en el convenio correspondiente y a hacerse cargo de los salarios y cotizaciones pendientes en los términos recogidos en la operación. Para los demás empleados y exempleados, la propuesta excluye cualquier obligación laboral derivada de la sucesión de empresa.

El plan financiero de Nostrum Simul presentado ante la administración concursal diseña una nueva Biomar orientada fundamentalmente a bioinsumos para agricultura, como bioestimulantes o productos de control biológico, y a aprovechar la planta de León para fabricar productos para otras compañías. Nostrum Simul proyecta crear empleo en León hasta alcanzar 19 puestos técnicos durante el primer año, a los que añade cuatro responsables funcionales y un director general. También calcula una inversión acumulada de cuatro millones de euros en instalaciones y equipos durante cinco años.

El grupo compromete hasta ocho millones de euros de capital para desarrollar el proyecto, incluyendo el desembolso inicial de la compra y financiación para cubrir las necesidades de tesorería. Sus previsiones contemplan unos ingresos de 750.000 euros durante el primer ejercicio, 2,37 millones en el segundo y 5,18 millones en el tercero. El negocio seguiría perdiendo dinero inicialmente y, según el escenario elaborado por el propio comprador, alcanzaría un resultado operativo positivo durante ese tercer año.

En la compra Nostrum Simul se compromete además a mantener la actividad de la unidad productiva durante un mínimo de tres años.

Una pionera nacida de PharmaMar

El cambio de manos tiene especial significado por la trayectoria de Instituto Biomar, la primera compañía biofarmaceútica leonesa salida del perímetro de las históricas Laboratorios Abelló-Antibióticos, Syva o Laboratorios Ovejero. La compañía nació en 1996 a partir de la investigación de José Luis Fernández en el Departamento de Microbiología de PharmaMar, filial del grupo Zeltia. Sus primeros pasos fueron modestos, en un chalé convertido en laboratorio, antes de instalarse en el Centro Europeo de Empresas e Innovación y, finalmente, dar el salto al Parque Tecnológico de León con un edificio propio.

Durante casi tres décadas, Biomar se especializó en la búsqueda y explotación de microorganismos marinos y los compuestos naturales que producen. Su actividad se movió entre la investigación farmacéutica, la agricultura, la alimentación y la cosmética, con proyectos que iban desde la búsqueda de moléculas con potencial contra el cáncer hasta biopesticidas, bioestimulantes o ingredientes de origen natural.

La propia empresa se define como especializada en microbiología marina y química de productos naturales, con una colección de microorganismos que constituye uno de los activos principales de su actividad investigadora. Durante años desarrolló proyectos por contrato para otras compañías y buscó convertir sus propios hallazgos científicos en productos industriales.

Biomar llegó incluso a formar parte del denominado entorno premercado de BME Growth, creado para preparar a empresas con aspiraciones de acceder al mercado bursátil. PharmaMar mantenía además una participación minoritaria en la compañía.

Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la ampliación de su capacidad industrial en León mediante una inversión de unos tres millones de euros en una planta de fermentación de alrededor de 750 metros cuadrados, equipada con tanques de hasta 3.000 litros. Aquellas instalaciones, pensadas para dar un salto en la fabricación biotecnológica, forman ahora parte de los activos que recibiría el nuevo propietario.

A las dificultades propias de Biomar se sumó otro revés. Parte de sus instalaciones había sido ocupada desde 2016 por Bacthera, compañía especializada en fabricación por contrato de productos biofarmacéuticos vivos que llegó a obtener certificaciones de la Agencia Española de Medicamentos. El proyecto provocó inversiones y permitió sostener actividad y empleo cualificado en León, pero sus multinacionales propietarias acabaron decidiendo cerrar los laboratorios de Bacthera a escala internacional en el año 2024, incluido el leonés. Biomar presentó una alternativa para mantener la actividad y una plantilla cercana al medio centenar de trabajadores, pero la propuesta no prosperó.

La compañía perdió así otra fuente de actividad justo cuando comenzaba a sufrir una caída de facturación que terminaría desembocando en el concurso.

¿Quién está detrás del posible comprador?

El posible comprador forma parte del conglomerado empresarial de Jesús Juárez Molina, empresario murciano con más de dos décadas de experiencia y uno de los fundadores de Symborg, especializada en tecnología aplicada a la agricultura. Tras vender esa compañía en 2023, Juárez reforzó Nostrum Simul como vehículo para ordenar y desarrollar nuevas inversiones.

La documentación presentada para comprar Biomar define Nostrum Simul como la sociedad cabecera de un grupo empresarial familiar que emplea a más de 60 personas y participa en compañías dedicadas, entre otras actividades, a fertilizantes y bioestimulantes, adhesivos industriales, inversiones inmobiliarias y capital riesgo. El grupo declara un patrimonio neto de aproximadamente 244 millones de euros a cierre de 2024.

Nostrum Biosul declara tener intereses muy próximos a algunos de los mercados hacia los que pretende orientar la nueva Biomar. Entre sus sociedades figura Nawter Tech, dedicada en Murcia a fabricar y comercializar bioestimulantes y fertilizantes de alto valor, además de Noxun, centrada en adhesivos de origen natural. La presentación corporativa aportada al concurso incorpora ya a NS Biomar dentro de la estructura de Nostrum Simul como su compañía de “investigación biotecnológica”.

ILEÓN se ha puesto en contacto con Nostrum Simul para conocer sus planes concretos para la compañía y el futuro de sus instalaciones en León, pero han declinado responder hasta que la operación esté cerrada. La decisión la tomará el juez de lo Mercantil de León.

El curso escolar 2026-2027 en las nueve provincias de Castilla y León estrena calendario. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, junto a los sindicatos del sector, hace meses que marcaron las fechas de inicio y final de las clases, así como los principales periodos vacacionales y días no lectivos de un curso que comenzará de forma escalonada en septiembre y que volverá a dejar varios puentes y descansos repartidos a lo largo del año, con un largo período vacacional en Navidad que hará que no se retomen las clases hasta el 11 de enero de 2026.

Los primeros en regresar a las aulas serán en septiembre los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, que comenzarán las clases el miércoles 9 de septiembre de 2026. Ese mismo día se incorporarán también los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizados en centros de Educación Primaria y el alumnado de segundo curso de ciclos formativos de grado superior.

La vuelta generalizada para los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial llegará unos días después, el martes 15 de septiembre.

El calendario mantiene además una incorporación progresiva para el resto de enseñanzas. El 22 de septiembre comenzarán las clases los alumnos de grado medio y de primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, así como el alumnado de enseñanzas en régimen a distancia y de las aulas de Educación de Personas Adultas.

La siguiente fecha marcada será el 1 de octubre, cuando se incorporarán los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas. El último inicio del calendario será el 5 de octubre, para el alumnado de enseñanzas de idiomas.

Casi tres semanas de vacaciones en Navidad

Uno de los periodos más largos de descanso del curso llegará con las vacaciones navideñas. Las clases terminarán antes de Navidad y el periodo vacacional se extenderá desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, ambos incluidos.

A este amplio parón se sumarán los días festivos y no lectivos del primer trimestre, entre ellos el 12 de octubre, que caerá en lunes, y el 2 de noviembre, ya que el día de Todos los Santos pasa de domingo a lunes), además del 30 de octubre, establecido como día no lectivo con motivo del Día del Docente, y que genera otro puente al ser viernes.

El calendario también permitirá un largo descanso en el puente de la Constitución y la Inmaculada. El 7 y el 8 de diciembre serán festivos, lo que, unido al fin de semana, dejará varios días consecutivos sin clases.

Además, los calendarios municipales podrán incorporar sus propios días festivos, que también afectarán a la actividad lectiva de los centros de cada localidad. En el caso de León capital, por ejemplo, el lunes 5 de octubre San Froilán y un adelanto inesperado del fin de curso, ya que el 24 de junio se celebra San Juan.

Carnaval y diez días sin clase en Semana Santa

El segundo gran descanso del curso llegará con Carnaval. El lunes 8 y el martes 9 de febrero de 2027 serán días no lectivos, por lo que el alumnado tendrá cuatro días consecutivos sin clase al unirse al fin de semana anterior.

La Semana Santa concentrará otro de los principales periodos vacacionales. Las vacaciones comenzarán el 20 de marzo y se prolongarán hasta el 30 de marzo, de manera que los estudiantes regresarán a las aulas el miércoles 31 de marzo. Jueves Santo será el día 25 y Viernes Santo el 26 de marzo.

Un final de curso escalonado hasta el 24 de junio

El final del curso también será diferente según las enseñanzas. Los primeros en terminar serán los alumnos de segundo de Bachillerato y algunos ciclos formativos de FP de grado superior, cuyas clases finalizarán el 21 de mayo de 2027.

El resto de finales se producirán de forma escalonada durante junio. El primer curso de Bachillerato y parte del alumnado de Formación Profesional concluirán antes, mientras que el grueso de los estudiantes de Castilla y León mantendrá las clases hasta el 24 de junio, fecha que marcará el inicio de las vacaciones de verano para Infantil, Primaria, ESO y buena parte del resto de enseñanzas.

El acuerdo de la Consejería de Educación, que se refleja en este enlace detallado con todas las fechas, contempla además que la Junta de Castilla y León vuelva a hacerse cargo de la atención del alumnado durante los periodos de reducción de la jornada lectiva en junio y septiembre. Las familias podrán contar, además, con la posibilidad de utilizar el servicio de comedor durante esas semanas.

A continuación dejamos el calendario oficial completo para descargar o consultar:

El nuevo curso comenzará con conflicto laboral en la Universidad de León (ULE). UGT, CCOO y CSIF han anunciado un paquete de movilizaciones y medidas de protesta a partir del lunes 14 de septiembre contra el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 aprobado en julio para intentar corregir el déficit de la institución académica. Los sindicatos rechazan que parte del ajuste recaiga sobre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y advierten: “El PTGAS no pagará los platos rotos del despilfarro”.

Las tres organizaciones llaman a estos trabajadores a cumplir desde esa fecha únicamente la jornada mínima los lunes, de 9.00 a 14.00 horas para el turno de mañana y de 14.00 a 19.00 horas para el de tarde. Según los sindicatos, estos horarios son compatibles con el reglamento de flexibilidad de jornadas de la propia Universidad. Advierten además de que la protesta podría extenderse a más días de la semana si el Rectorado no retira las medidas que consideran perjudiciales para el colectivo.

La protesta incluirá también el rechazo a realizar servicios extraordinarios y horas extra, a utilizar las bolsas de horas previstas en el reglamento de la ULE y a aceptar cambios de turno que no hayan sido programados y comunicados con al menos cinco días laborables de antelación. UGT, CCOO y CSIF llaman igualmente a los trabajadores a limitarse estrictamente a las funciones asignadas a sus puestos y a ejercer diariamente su derecho al descanso, incluso cuando ello implique cerrar temporalmente un servicio porque haya una sola persona trabajando.

A estas medidas se sumarán próximamente asambleas informativas y concentraciones de protesta, cuyos detalles todavía no han sido concretados. “Ni una hora de más gratis”, proclaman las organizaciones sindicales, que consideran que las necesidades extraordinarias de trabajo deben cubrirse mediante contratación y empleo público y no recurriendo a la plantilla existente.

El PTGAS, en el centro del conflicto

El principal motivo de la protesta es la decisión incluida en el plan de ajuste de suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del PTGAS. Los sindicatos consideran que este colectivo está soportando de manera “injusta y discriminatoria” una parte especialmente importante de las medidas de ahorro.

UGT, CCOO y CSIF sostienen que los trabajadores no son responsables del incremento del gasto que ha llevado a la Universidad a su actual situación económica. “El exceso de gasto corriente y las cuestionables decisiones presupuestarias de los últimos años no han sido generados por los trabajadores y las trabajadoras del PTGAS”, argumentan antes de denunciar que ahora se pretenda que sean ellos quienes “paguen las consecuencias de una gestión en la que no hemos participado”.

Las organizaciones sindicales critican especialmente el aplazamiento de la carrera profesional y aseguran que convierte al PTGAS en “el único colectivo de toda la Universidad de León que no cobra su nómina íntegra”, mientras, según denuncian, “se siguen manteniendo y abonando con total normalidad otros complementos” y aumentando el número de cargos y puestos de libre designación.

El comunicado conjunto supone un paso más en la contestación sindical que ya despertó este verano el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional. CCOO había rechazado el documento poco después de su aprobación y reprochó entonces tanto las consecuencias laborales de las medidas como la gestión realizada en los últimos años y la falta de financiación suficiente por parte de la Junta de Castilla y León.

Un agujero millonario en las cuentas

El origen del conflicto está en la complicada situación económica de la Universidad de León. El Consejo de Gobierno aprobó el 17 de julio, con 21 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, un plan de ajuste hasta 2030 que persigue recuperar el equilibrio presupuestario y evitar que la institución continúe consumiendo sus reservas.

La ULE cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y calcula que sus gastos corrientes superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos ordinarios. El remanente de tesorería, que llegó a alcanzar los 58,48 millones de euros en 2021, se había reducido a 18,77 millones al término de 2025, de los que 6,67 millones correspondían al remanente genérico.

Para revertir esta situación, el plan contempla contener el gasto de personal, retrasar ofertas de empleo público y nuevas convocatorias salvo las consideradas imprescindibles, suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y limitar años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. También plantea medidas como cierres selectivos de instalaciones, ahorro energético y reducción de gastos en viajes, impresión y movilidad.

El ajuste va más allá del personal. La Universidad pretende revisar la viabilidad de grados con menos de 20 alumnos de nuevo ingreso y másteres con menos de cinco estudiantes, con la posibilidad de reorganizarlos, fusionarlos o eliminarlos, además de reorganizar servicios y buscar nuevas fuentes de ingresos.

La Universidad pide más financiación a la Junta

El Rectorado, por su parte, ha defendido que el documento no pretende “tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”. La rectora, Nuria González, aseguró tras las primeras críticas sindicales que muchas de las medidas están sujetas a negociación y situó como “eje central” del plan la reclamación de una mayor financiación a la Junta de Castilla y León.

La Universidad sostiene que necesita un nuevo modelo de financiación plurianual que permita asumir tanto su funcionamiento ordinario como nuevas obligaciones, entre ellas la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla o el coste derivado de diferentes medidas y sentencias judiciales.

El propio plan aprobado en julio ya contemplaba entre sus riesgos la posibilidad de que se produjera un conflicto sindical. Con el regreso de la actividad tras el verano, ese escenario comienza a materializarse: UGT, CCOO y CSIF han puesto fecha al inicio de las protestas y el 14 de septiembre el plan de ajuste saltará de las cuentas de la Universidad a la organización diaria de sus servicios.

El sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha advertido de una situación “potencialmente peligrosa” en el la prisión provincial de la provincia León, el centro de Villahierro, en Mansilla de las Mulas. Afirman que la población reclusa ha aumentado un 35,7% en menos de dos años hasta alcanzar los 1.200 internos, por lo que ha reclamado a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, una reducción inmediata de la ocupación para garantizar la seguridad.

Esta realidad es fruto de un contexto marcado por la falta de personal, el cierre de dos módulos por obras y el incremento de la conflictividad, ha alertado el sindicato este miércoles en un comunicado.

La organización sindical, mayoritaria en el ámbito penitenciario, ha trasladado esta petición al director general de Ejecución Penal y Reinserción Social a través de un escrito firmado por el delegado de Acaip en la prisión leonesa, Félix Alonso Franco.

Según ha indicado el sindicato, la prisión de Villahierro de Mansilla de las Mulas permanece desde hace aproximadamente año y medio inmerso en una reforma integral para la renovación los sistemas de interfonía y protección contra incendios, unos trabajos que obligan a mantener cerrados dos módulos para facilitar la ejecución de las obras en condiciones de seguridad.

Acaip ha considerado que esta circunstancia reduce considerablemente la capacidad operativa del establecimiento y dificulta la adecuada distribución de la población reclusa, especialmente en un momento en el que el número de internos no ha dejado de crecer.

De 900 internos a 1.200

De acuerdo con los datos aportados por la organización, la prisión de León ha pasado de albergar 878 internos en octubre de 2024 a unos 1.200 en la actualidad, lo que supone un incremento de 312 reclusos en menos de dos años.

El sindicato ha denunciado además que este aumento coincide con una importante falta de personal. En este sentido, asegura que la relación de puestos de trabajo del centro presenta en la actualidad 127 vacantes y que de los 30 funcionarios en prácticas destinados inicialmente a León únicamente permanecen diez. A esta situación se suma, según Acaip, la presencia de un número significativo de internos que requieren una vigilancia específica.

El sindicato ha cifrado en alrededor de 200 los reclusos de especial seguimiento, entre ellos internos incluidos en los ficheros FIES, miembros de bandas latinas, perfiles de radicalización islamista o internos relacionados con actividades ilícitas y conductas contra la seguridad del centro.

La organización sindical ha sostenido que, mientras en otros centros penitenciarios donde se ejecutan obras se reduce la población reclusa para facilitar la gestión, en el caso de León se ha producido la situación contraria, con una llegada constante de nuevos internos.

Según ha señalado en el escrito, la falta de módulos disponibles para una clasificación adecuada de los presos está obligando a gestionar los alojamientos en función de los espacios libres existentes, una circunstancia que, a su juicio, incrementa la tensión y el riesgo de conflictos.

Acaip ha asegurado que la combinación de sobreocupación, carencia de personal y perfiles cada vez más complejos está provocando una elevada presión sobre los trabajadores del centro y favoreciendo la aparición de incidentes.

Dieciséis trabajadores agredidos en 2026

En este sentido, ha recordado que durante 2026 un total de 16 empleados han resultado agredidos al intervenir en altercados ocurridos dentro de la prisión y denuncia también la existencia de amenazas y agresiones verbales que, según sostiene, no siempre quedan reflejadas en los registros oficiales.

La organización ha advertido asimismo de la existencia de módulos ordinarios con más de 120 internos y de una carga de trabajo que considera superior a la que puede asumir la plantilla actual.

La Junta de Castilla y León tiene previsto cerrar un ala entera, la de la tercera planta del Hospital Monte San Isidro, integrado en el complejo del Hospital de León, una medida que, según el sindicato USO Sanidad, podría dejar fuera de servicio 27 camas hospitalarias de Medicina Interna.

La organización sindical asegura que la decisión ha sido trasladada por la Gerencia del Hospital leonés y la Dirección de Enfermería a la plantilla y a la Junta de Personal del Área 1 de León. Y sostiene que el cierre del ala tendría además consecuencias sobre la plantilla, con la reducción de 12 puestos de enfermeras y otros 12 de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), además de posibles efectos sobre otras categorías profesionales, como los celadores.

La denuncia sindical, que se ha emitido a través de un comunicado público, es que con la información oficial trasladada a los trabajadores, y no a las centrales sindicales, al menos de manera formal, se reducirían un total de 27 camas actualmente disponibles para hospitalización de Medicina Interna.

El sindicato reclama a la Gerencia del complejo del Hospital leonés que haga públicos los motivos de la medida y explique qué criterios asistenciales, económicos y organizativos justifican el cierre, así como qué ocurrirá con las 27 camas y cuál será el destino de los profesionales que se vean afectados.

USO cuestiona además que la decisión se haya comunicado en agosto y considera que la representación de los trabajadores ha dispuesto de un margen reducido para analizar sus consecuencias. Según el sindicato, la Gerencia y la Dirección de Enfermería informaron simultáneamente a la plantilla y a la Junta de Personal cuando la decisión estaba ya prácticamente tomada.

Posibles derivaciones a centros privados concertados

La organización sindical teme que la reducción de camas pueda terminar incrementando las derivaciones de pacientes hacia centros privados con concierto público con la Junta. USO reclama conocer cuál es el objetivo real de la medida y advierte de que una eventual reducción de actividad en la sanidad pública no debería traducirse en un traslado de asistencia hacia la privada concertada.

El momento elegido para acometer el cierre es otro de los elementos cuestionados por el sindicato, que considera especialmente preocupante la proximidad del otoño y el previsible aumento de la presión asistencial. USO sostiene que no tendría sentido reducir en 27 camas la capacidad de hospitalización de Medicina Interna cuando las necesidades asistenciales pueden crecer durante los próximos meses.

Por todo ello, USO exige que se paralice el cierre del ala del Monte San Isidro y que no se reduzca la plantilla. También reclama que cualquier reorganización asistencial sea negociada y explicada con transparencia a los representantes de los trabajadores. Y avanza que si se mantienen estas medidas promoverá medidas de movilización en defensa de los puestos de trabajo y de la capacidad asistencial de la sanidad pública.

La Junta de Castilla y León ha vuelto a intentar 'quitarse de encima' al director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada del Hospital de León, el veterano alto funcionario leonés José Luis Martínez Juan, que ya fue despedido hace algo más de dos años, decisión que este denunció y consiguió bloquear ante la Justicia.

La Consejería de Sanidad de la Junta ha publicado y hecho formal, a través de una orden en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), el cese por segunda vez de Martínez Juan, dos años después de que un primer cese fuera llevado a los tribunales y terminara siendo anulado. La única diferencia es que en esta ocasión la resolución se produce “a petición propia” del histórico alto funcionario, según se recoge en la publicación.

La orden fue firmada este lunes 17 de agosto por el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, dispone formalmente el cese final de uno de los principales puestos de la estructura directiva del hospital leonés. El Boletín se limita a agradecerle“los servicios prestados”, como ya hiciera en mayo de 2024, y establece que la resolución pone fin a la vía administrativa, aunque contempla la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o, previamente y con carácter potestativo, recurso de reposición en mes.

El nuevo cese pone así aparente punto y final a una situación muy singular en el área de gestión del Hospital leonés, después de que Martínez Juan recuperara el puesto como consecuencia de un procedimiento judicial tras su primera 'salida' forzada por la Consejería en 2024, alegándose entonces en la resolución la necesidad de implantar “nuevas medidas estratégicas” en la Gerencia de Atención Especializada de León.

Aquella decisión se produjo cuando Martínez Juan llevaba menos de dos años al frente de la Dirección de Gestión y Servicios Generales, puesto al que había accedido en agosto de 2022. El cese fue recurrido por el afectado ante los tribunales y, después de un primer pronunciamiento desfavorable, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León terminó reconociendo su derecho a recuperar el puesto, anulando las consecuencias de aquel primer intento de relevo. Entre otras cosas, se tuvo en cuenta que la Consejería tomó la decisión de apartarle cuando estaba de baja.

La ejecución de aquella resolución judicial obligó al Sacyl a readmitirle y provocó, a su vez, la salida de Pedro Izquierdo Doyagüez, que había asumido la Dirección de Gestión Hospital tras el primer cese de Martínez Juan. De este modo, la decisión de la Junta de mayo de 2024, que inicialmente había supuesto la salida del veterano directivo, quedó sin efecto como consecuencia del procedimiento judicial. Ahora, apenas después de su regreso al cargo, se produce un segundo cese, pareque que, ahora sí, pactado y definitivo.

Una trayectoria de décadas en altos cargos

José Luis Martínez Juan, natural de Acebes del Páramo, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional como técnico superior de las administraciones públicas. Antes de llegar al Hospital de León ocupó distintos puestos de responsabilidad en organismos públicos y en la estructura de la Administración autonómica.

Entre otras responsabilidades, ejerció como coordinador de servicios de la Secretaría General de la entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial y fue jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos de la Universidad de Salamanca entre 1996 y 1998. En León también estuvo vinculado al Instituto de Promoción Económica (Ipelsa) de la Diputación Provincial durante los años noventa.

Su relación con la Universidad de León comenzó en 1998, cuando fue nombrado gerente por el rector Julio César Santoyo. Permaneció en el puesto durante los primeros años del mandato de su sucesor, Ángel Penas Merino, hasta que en 2002 pasó a ocupar la gerencia de la Universidad de Valladolid.

Años después regresó a León. En noviembre de 2008, a petición del entonces rector José Ángel Hermida, volvió a asumir la Gerencia de la Universidad de León, responsabilidad que mantuvo hasta 2015. Posteriormente regresó a la gerencia de la Fundación General de la Universidad de Valladolid.

En agosto de 2022 dio el salto al Complejo Asistencial Universitario de León como director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada, un puesto desde el que quedó al frente de una parte esencial de la estructura de gestión del Hospital. Su despido de mayo de 2024 abrió entonces un episodio judicial que terminó con su regreso al cargo. El nuevo movimiento puede cerrar así un largo recorrido administrativo y judicial alrededor de uno de los puestos directivos de mayor peso del Hospital de León.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona destinado en el bloque logístico de Villadangos del Páramo, después de considerar acreditado que utilizó de manera reiterada los medios informáticos de la empresa para fines particulares durante su jornada laboral. Entre los hechos probados en la sentencia figuran alrededor de 7.685 accesos a páginas de internet no autorizadas únicamente entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, el empleo personal del correo electrónico corporativo y un enfrentamiento en el que profirió insultos y expresiones amenazantes contra un compañero.

La Sala de lo Social del TSJ desestimó el pasado mes de julio el recurso de suplicación presentado por el empleado contra la sentencia dictada en enero de 2026 por la Sección de lo Social 2 del Tribunal de Instancia de León en la que rechazaba la demanda del trabajador y declaraba procedente el despido. El fallo del TSJ confirma íntegra la sentencia de instancia sin imposición de costas.

El trabajador prestaba servicios para Mercadona desde mayo de 2006, tenía la categoría profesional de gerente A y desarrollaba su actividad en el Taller de Tiendas del Bloque Logístico de Villadangos del Páramo. El despido se produjo el 21 de mayo de 2025.

La carta entregada por la compañía hacía referencia, además, a antecedentes disciplinarios como haber sido amonestado por comentarios inapropiados, insultos y amenazas a otro compañero; además un mes antes de su despido volvió a ser amonestado por tener su teléfono móvil personal en el puesto de trabajo, aunque la sentencia considera probado que lo tenía encima de la mesa pero no que lo estuviera utilizando.

7.685 accesos a páginas web en 25 días

El núcleo del despido está, sin embargo, en la utilización de los equipos informáticos de la empresa. La sentencia de instancia dio por acreditado que entre febrero y el 28 de abril de 2025 el trabajador accedió durante su jornada, desde un ordenador de Mercadona, a páginas web no autorizadas y ajenas a su actividad profesional. Entre ellas aparecen YouTube, LinkedIn, Stripe, Facebook, Genesis, Reddit y Trustpilot. Solo entre el 1 y el 25 de febrero se contabilizaron unos 7.685 accesos.

A ello se sumó la utilización particular del correo electrónico de la compañía. Según los hechos probados asumidos por el TSJ, entre el 26 de noviembre de 2024 y el 16 de abril de 2025 el empleado realizó hasta 30 envíos personales utilizando la cuenta corporativa. La empresa entendió que estas actuaciones suponían una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, además de infringir las prohibiciones expresamente establecidas en su convenio colectivo para la utilización particular de los recursos informáticos, el correo electrónico y la navegación por internet.

El expediente disciplinario incorporó además un incidente ocurrido a primeros de mayo de 2025. La Justicia considera probado que el trabajador gritó y se dirigió de manera amenazante a un compañero, al que recriminó que le dijera las cosas “a la cara” y posteriormente llamó “vago” y “mierdas”. Para el TSJ, esta conducta encaja también en la falta muy grave relacionada con la falta de respeto a los compañeros contemplada en el convenio colectivo de Mercadona.

El trabajador acudió a los tribunales y el 2 de julio de 2025 presentó una demanda contra la compañía. Tras celebrarse el juicio, la jurisdicción social de León declaró procedente el despido en enero de 2026. El empleado recurrió entonces ante el TSJ de Castilla y León solicitando, en primer lugar, modificar varios de los hechos declarados probados y, posteriormente, cuestionando jurídicamente la gravedad y proporcionalidad de la sanción.

Entre sus alegaciones, el trabajador cuestionó el informe de acceso a internet. Argumentó que el informe de auditoría informática presentaba registros repetidos y que una misma entrada en una página podía generar automáticamente diferentes registros, pestañas, cookies o publicidad, sin significar necesariamente que el trabajador hubiera realizado conscientemente cada uno de esos accesos. También sostuvo que no se había demostrado una extracción de información confidencial ni la existencia de perjuicio para Mercadona.

La Sala rechazó esa modificación porque considera que el recurrente pretendía sustituir la valoración de las pruebas realizada por el juez que presenció el juicio por su propia interpretación. El recurso de suplicación, recuerda el TSJ, no constituye una segunda instancia en la que pueda repetirse toda la valoración probatoria.

Una conclusión similar alcanza respecto al correo electrónico. El empleado alegaba discrepancias entre el informe de auditoría informática y la propia carta de despido: sostenía que esta última recogía 14 correos y no los 30 que aparecían en el informe, además de señalar diferencias en el formato y que no podía conocerse el contenido de los mensajes ni determinarse si llevaban documentos adjuntos. El TSJ vuelve a rechazar la revisión al entender que esas afirmaciones requieren una nueva valoración de la prueba y contienen conclusiones que corresponden al terreno jurídico, no al relato de hechos probados.

La doctrina del Supremo sobre la pérdida de confianza

Al abordar el fondo del despido, el TSJ recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. Cita especialmente una sentencia de 19 de julio de 2010 que recuerda que la buena fe constituye una parte esencial de la relación laboral y exige al trabajador actuar conforme a criterios de lealtad, probidad y confianza. Su vulneración grave y culpable puede justificar la máxima sanción laboral, el despido disciplinario procedente.

Esa jurisprudencia establece además que para apreciar una transgresión de la buena fe no es imprescindible que la empresa haya sufrido un perjuicio económico importante ni que el trabajador haya obtenido un beneficio personal. Tampoco resulta imprescindible una voluntad específica de actuar deslealmente si existe un incumplimiento grave y culpable de los deberes inherentes al puesto. El Supremo señala igualmente que las exigencias de fidelidad y confianza deben observarse con especial rigor por quienes ocupan puestos de confianza o responsabilidad.

La Sala cita asimismo una sentencia del Supremo de octubre de 2023 sobre pérdida de confianza para insistir en que, al valorar determinadas infracciones laborales, la clave no reside exclusivamente en el perjuicio económico causado, sino también en la ruptura de la confianza que sostiene la relación entre empresa y trabajador. No obstante, la propia jurisprudencia obliga a analizar cada caso individualmente y aplicar criterios de proporcionalidad, dado que el despido constituye la sanción laboral más grave.

El TSJ aprecia una “quiebra de la confianza”

Aplicando esa doctrina al caso de Villadangos del Páramo, el tribunal considera que la conducta acreditada representa una quiebra de la confianza depositada por Mercadona en el trabajador. La Sala pone especialmente el acento en el “número elevadísimo” de accesos a páginas no autorizadas durante el tiempo de trabajo y mediante el ordenador de la empresa. A ello añade la utilización del correo corporativo para fines personales.

El convenio colectivo de Mercadona establece que los recursos informáticos, el correo electrónico y el acceso y navegación por internet son propiedad de la empresa y se facilitan para su utilización exclusivamente laboral. Su uso particular queda expresamente prohibido. Para los magistrados, las actuaciones acreditadas encajan en las faltas muy graves previstas en ese régimen disciplinario y suponen además una vulneración del deber de probidad propio de la relación laboral.

Además de cuestionar las pruebas sobre el uso personal de las herramientas informáticas de la empresa el trabajador también recurrió alegando que su despido se debió a denuncias previas que interpuso ante la Inspección de Trabajo por la falta de fichaje de los coordinadores y una demanda por acoso laboral puesta cuatro días antes de su despido que, según recoge la sentencia, fue posteriormente desestimada en todas las instancias. El TSJ rechazó su tesis porque todos los hechos justificativos del despido son anteriores a ambas denuncias por lo que “no hay indicio alguno” de que las denuncias formuladas por el trabajador fueran el detonante de su despido. La sentencia es firme aunque cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

La Asociación Berciana de Agricultores (ABA) mantiene abierta la bolsa de empleo para cubrir alrededor de 1.500 puestos de trabajo destinados a la campaña de recogida de fruta y vendimia, una edición marcada por el adelanto de las cosechas y un incremento del interés de trabajadores extranjeros.

El director técnico de la ABA, Pablo Linares, ha explicado que la respuesta está siendo incluso mejor que en campañas anteriores y que una parte importante de la mano de obra necesaria ya se ha inscrito.

Ha incidido en un cambio de tendencia respecto a otros años, ya que están “viendo más personas extranjeras interesadas en trabajar en la campaña que trabajadores nacionales”.

Linares ha recordado que hasta ahora era más habitual contar con un mayor peso de mano de obra española.

La campaña comenzará el próximo 17 de agosto con la recogida de la pera conferencia, aunque la vendimia, muy adelantada este año, ya ha comenzado.