La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre de 2026 es “una enmienda a la totalidad a cómo funciona un sistema capitalista feroz que se come a sí mismo”. Por eso, el llamamiento a la población de la provincia de León al paro completo y al “consumo cero” en esa jornada del 11N es para utilizar de manera masiva “el arma más poderosa” que los sindicatos convocantes ven en la huelga, para garantizar el cambio de políticas hacia la grave situación que viven las clases trabajadoras.

Esta es la filosofía desgranada por UGT, CCOO y CGT ante la proximidad de una jornada de huelga general que confían en que sea un éxito en la provincia leonesa, especialmente por la situación concreta que aqueja a León. Así lo remarcaron sus líderes provinciales, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, que hoy comparecieron para desgranar no solo los motivos sino también las movilizaciones previstas en esa jornada, acompañados por Guillermo Nieves, representante de la recién creada Asamblea Vivienda León.

Bajo la reivindicación general de “salarios dignos, vivienda y derechos para vivir mejor”, los motivos del paro total del miércoles se resume de manera sencilla en que es “un clamor” el hecho de que en León “nos cuesta excesivamente vivir, vivir de forma digna” y luchar contra ello “no va de elecciones”, defendió Blasco, porque similares protestas se viven en otros países, desde Francia a Bélgica o Portugal. La representante de Comisiones Obreras hizo un llamamiento a defender esa vida digna a través de la “ocupación de las calles” este miércoles.

La forma de hacerlo, además de a través de piquetes sindicales desde primera hora por centros de trabajo de la capital, será con tres movilizaciones principales en la provincia: a las doce del mediodía ante la Casa de Cultura de Villablino, a las siete de la tarde desde la Plaza de Lazúrtegui de Ponferrada, capital de El Bierzo, y a la misma hora desde la Plaza de San Marcos en León.

Reguero, como el resto de comparecientes, puso especial acento en los problemas actuales de vivienda, a la que hay que dedicar “más de la mitad de los salarios” que por otra parte se quedan escasos respecto al global encarecimiento de todo, culpa también, denunció, de un “bloqueo” de convenios con la Patronal que “no sé si es porque esperan a un cambio de Gobierno para poder hacer lo que tengan que hacer”.

La vivienda, en el punto de mira

López, por su parte, aseguró que la huelga general es hoy “la única manera para avanzar en derechos” y evitar que la sociedad se convierta en un grupo de “trabajadores pobres”, por lo que abogó por que “hay que paralizarlo todo” el miércoles. Especialmente coincidió con el representante del colectivo de Vivienda digna en León en cifras que demuestran el problema en León, donde sólo en la capital hay un parque de alquiler de apenas 170 pisos, frente a “más de 600 de alquiler turístico”, que exigen regular y limitar, o las 6800 casas vacías existentes. Nieves añadió que “dos de cada tres jóvenes deben dedicar más del 40% de su salario” para poder vivir de manera independiente bajo techo, por lo que también llamó a continuar con el “movimiento gigantesco” surgido a raíz del desahucio de Maricarmen en Madrid.

La Asamblea de Vivienda, además de piquetes universitarios desde las nueve de la mañana del miércoles 11 de noviembre, protagonizará una marcha por León desde Biológicas por varios institutos públicos, la plaza de Santo Domingo y final en la Subdelegación del Gobierno en León, en la Plaza de la Inmaculada.

Y la gran manifestación del cierre de la jornada de huelga general, que también hoy han asegurado secundar otras organizaciones políticas como Izquierda Unida o el Partido Comunista de León, tiene su arranque previsto ese mismo miércoles 11N desde la Plaza de San Marcos, por la Inmaculada, avenida de Roma, plaza de Guzmán, avenida Ordoño II, Independencia y calle Plegarias hasta desembocar finalmente en la Plaza de San Marcelo, en el corazón de la ciudad, donde se hará recuento de la jornada de protesta y se leerá el manifiesto conjunto sobre el paro.

La conflictividad sociolaboral de 1976 dejó en la provincia imágenes icónicas como la de obreros de la construcción encaramados a las verjas de la Catedral de León durante la huelga del sector. La firma es del fotoperiodista César Andrés Delgado, que durante aquellos meses de asambleas, movilizaciones y paros fue notario gráfico de un año marcado por la lucha en la calle para mejorar las condiciones de trabajo y propiciar un cambio político en España.

Las instantáneas dan cuenta de la decidida participación de los trabajadores implicados en reivindicaciones que fueron más allá de lo laboral para forzar la muerte de la dictadura y la recuperación de la democracia tras casi cuatro décadas de franquismo.

El trabajo de César Andrés Delgado, sus extraordinarias fotografías que incluso aportan una mirada artística a episodios de gran tensión social, está a la altura del momento histórico para contar con imágenes cómo pasó por León la mayor oleada de huelgas de la historia reciente de España.

¿Qué sensaciones se palpaban a la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975? “Había euforia, pero también cautela”, responde desde Lillo del Bierzo (Fabero) Lucita Prieto Vidal. No había pasado todavía un año del deceso del dictador cuando el arrojo pudo a cualquier otra consideración. “¡Pégame a mí si te atreves!”, le espetó a un guardia civil cuando encabezaba embarazada, con otra mujer también encinta, una marcha camino de la bocamina del pozo Marrón, donde casi un centenar de mineros, entre ellos su marido, llevaban días encerrados. “¡Me puse farruca!”, exclama ahora que se cumplen 50 años de aquellos días de 1976 en que lo que sucedía en las calles marcaba en cierta medida lo que se decidía en los despachos en el proceso de Transición a la democracia en España.

Las sensaciones en aquel momento de incertidumbre tenían un innegable componente generacional. “Los jóvenes, los que no habíamos vivido ni la Guerra ni la posguerra, teníamos ilusión. Los que tenían más edad tenían ilusión, pero también miedo. Decían: 'igual se vuelve a liar”, distingue desde Fabero José Antonio López Míster, que reconoce que aquel día de revueltas ante el encierro en el Pozo Marrón pasó “miedo” cuando se produjo una ráfaga de disparos de metralleta al aire. Había también entonces un componente sectorial. “La minería fue siempre una punta de lanza” en materia de conflictividad sociolaboral, subraya este antiguo sindicalista de Comisiones Obreras. Los mineros llevaban años de ventaja a otros trabajadores cuando en 1976 se desató la mayor oleada de huelgas en la historia reciente de España.

De hecho, la minería tenía dos ventajas de partida cuando se emprendió la lucha para que, después de que el dictador hubiese muerto en la cama, el franquismo pereciera en la calle. “Era en la provincia de León el sector más numeroso. Y también era el más organizado”, señala el historiador berciano Alejandro Martínez al aludir a las estructuras surgidas durante la huelgona de 1962 para crear comisiones de obreros que derivarían en las Comisiones Obreras, todavía ilegales en 1976 pero ya con un gran nivel de penetración en diferentes sectores. “Y es la movilización obrera la que hace descarrilar la posibilidad de un franquismo sin Franco”, sentencia Martínez, autor del libro Conquistar el pan y la libertad. Historia de las Comisiones Obreras en Laciana y El Bierzo (1962-1982).

La provincia, tan grande como diversa, viajaba a diferentes ritmos, en general por detrás otras más industrializadas donde la oleada huelguística (“la galerna” en expresión del entonces ministro de Exteriores, José María de Areilza) comenzó ya a finales del propio 1975 hasta propiciar un invierno caliente de protestas en el país. Y el carácter de los leoneses era “frío”. Lo dice, precisamente en un informe sobre la conflictividad laboral en ese año, el propio Gobierno Civil de León. “Quizá”, reza el documento, “a que predomina en la provincia, la población de tipo rural, por lo general más serena y conservadora, no se ha presentado en el año 1976 la actividad subversiva en alto grado de actuación, a lo que contribuye sin duda alguna el carácter apático y frío del leonés medio y no haber existido por otra parte líderes políticos o agitadores de talla, ni entre seglares ni entre clérigos”. León ya había sido elegida por su teórica condición de ciudad tranquila en 1970 como sede de un Congreso de la Abogacía, catalogado luego como el de la “ruptura” por los planteamientos tan avanzados realizados por los letrados en aquella España del tardofranquismo.

Los jóvenes, los que no habíamos vivido ni la Guerra ni la posguerra, teníamos ilusión. Los que tenían más edad tenían ilusión, pero también miedo

José Antonio López ‘Míster’ — Sindicalista de Comisiones Obreras en 1976

Leonés del barrio de la Sal y trabajador de Renfe en Valladolid, Javier Fernández ya estaba implicado en el mundo sindical antes de ser elegido secretario general de CCOO en Castilla la Vieja. Aun reconociendo que en 1976 Valladolid iba por delante en la movilización sociolaboral por el peso vinculado a la industria automovilística, León podría situarse “en el medio” en esta materia entre las provincias de la actual comunidad autónoma. “Como Burgos”, equipara este antiguo dirigente de Comisiones al referirse a aquel año en que el Gobierno tuvo que militarizar Renfe y en que una de las demandas más recurrentes fue “por la libertad sindical”.

“Había mucha ilusión por sacar al país de donde estaba metido. Fue muy emocionante”, subraya Elena Durán, berciana que vivió en León entre 1974 y 1986 en aquel contexto de movilizaciones. Las reuniones clandestinas eran, con Franco todavía vivo, en un bar en Puente Castro. “Teníamos mucha envidia por lo que había pasado en Portugal”, admite en referencia a la Revolución de los Claveles que logró en abril de 1974 derrocar en las calles a la dictadura lusa. “Yo me implico porque hacen falta manos en UGT”, cuenta para relatar el paso por distintas sedes improvisadas y provisionales en calles como Juan de Malinas, Lancia y Alfonso V en un trabajo entonces volcado en prestar a los trabajadores asesoramiento legal y formalizar afiliaciones. “Fue como una avalancha”, resume.

“Hubo que hacerse sindicalista a la puta fuerza”, sentencia, minutos antes de mostrar a la cámara su carné de afiliación a la UGT en 1977, Miguel Ángel Cueto, que trabajaba entonces en la Azucarera Santa Elvira de León. “Era eso o morirte de hambre trabajando”, añade al referir jornadas de trabajo de “12 horas sin descanso” y con temperaturas insoportables. Y recuerda que en los documentos laborales de la época había una coletilla que suponía una potencial barrera ante cualquier reivindicación de los trabajadores: “Si la empresa lo cree conveniente”. Lo laboral, en un contexto de grandes dificultades económicas derivadas todavía de la crisis del petróleo de 1973, daría paso después a lo político. Quizá porque eran inseparables.

¿Cómo vivieron aquel año 1976 las empresas? “Tanto empresas como trabajadores atravesaban una situación económica muy complicada, marcada por el incremento de los costes empresariales, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y una gran incertidumbre política”, contesta el letrado y entonces vicesecretario de ordenación económica defendiendo los intereses empresariales en el Sindicato Vertical, Roberto Suárez, para quien, más allá de la oleada de huelgas, el año 1976 es “un momento de profundas transformaciones en el que empezaban a quedar atrás las antiguas estructuras de una etapa histórica y se abría paso un modelo diferente de relaciones laborales”.

Militante entonces del PTE (Partido del Trabajo de España), situado “a la izquierda” del PCE (Partido Comunista de España), Quinidio Benjamín Martínez distingue tres tipos de empresas y empresarios en el ecosistema de 1976 en León: “hijos adoptivos del régimen” instalados en las azucareras, los altos hornos o las minas; grandes constructoras con estructura nacional que llegaban a la provincia “con pies de plomo” ante un escenario de conflictividad; y pequeñas y medianas empresas que “estaban totalmente desnortadas” ante un nuevo contexto, una revolución sociolaboral que sí se fue abriendo camino con el paso de los meses en el escenario leonés.

Estaba entrando entonces en escena gente joven que ya estaba mucho más politizada viniendo desde la universidad

David Martínez — Historiador

Más allá de la propia especificidad del sector minero y al margen de la tardanza en desatarse la conflictividad sociolaboral en comparación con otras zonas de España, León encontró un banderín de enganche en la huelga de la construcción, que afectó a más de 5.700 trabajadores durante 35 días hasta solventarse ya en el mes de octubre. Uno de sus principales valores, con imágenes icónicas como la de obreros encaramados a las verjas de la Catedral de León, fue el de hacer visibles las protestas en pleno centro de la capital leonesa, donde apenas llegaban los ecos de los encierros en los tajos mineros. Así lo subraya el historiador David Martínez, autor de la tesis doctoral Construyendo la democracia, Tardofranquismo, Transición política y la cuestión autonómica en la provincia de León (1962-1984), donde también recalca la diversificación de la conflictividad con la entrada en escena de otros sectores como la sanidad o la educación mientras que la movilización del campo todavía se retrasó hasta 1977. “Estaba entrando”, dice Martínez, “gente joven que ya estaba mucho más politizada viniendo desde la universidad”.

Anselmo Carbajal, que todavía no se había instalado en 1976 en la provincia de León, trabajaba en un colegio religioso en Galicia cuando el 20 de noviembre de 1975 murió Franco. “La mitad de la plantilla lloraba y la mitad lo celebraba”, evoca. Leonardo Enríquez Mastache, que en diciembre de 1973 se encontraba en Moratalaz (Madrid) y tuvo que viajar en tren a Ponferrada la noche del día en que ETA hizo volar por los aires al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, en pleno Proceso 1001 contra sindicalistas de Comisiones Obreras, ya había participado en 1976 en asambleas que se hacían en el Puente Boeza y Campo (en los alrededores de la ciudad de Ponferrada) para poder escapar de los grises por fincas aledañas cuando el 23 de febrero de 1981 se vio con un hijo de ocho meses y militando en el PCE y en CCOO. Y Paulino Bejega, asturiano que trabajaba en la construcción y llegó después a Laciana previo paso por Galicia para acumular empleos (también en la minería del carbón), se recuerda en 1976 teniendo que “comer algún papel en la cárcel”. “Yo nací socialista y ugetista”, dice quien heredó el nombre de un tío fusilado.

“Si algo se sacó fue a base de lucha”, cuenta Lucita Prieto Vidal, que trabajó en lavaderos de minas hasta que se casó y que también había mamado en casa un espíritu antifranquista: su padre había estado preso en el campo de trabajos forzados de Fabero. “Con Franco vivo, funcionaba más el boca a boca o tirar pasquines. Miedo tenías, pero te atrevías. Éramos de izquierdas; y aquí el poder lo tenía la derecha”, señala sin esconder que, muerto el dictador, quedaron rescoldos. “No pensábamos entonces que iba a quedar la semilla que quedó, y que todavía queda”, apunta para aportar otra perspectiva de aquel ambiente opresivo: “Y eran peores los alcahuetes que había en los pueblos, y que se chivaban”.

El caso es que el año 1976 iba a marcar el rumbo de la España sin Franco. “El movimiento sindical aguantó las grandes embestidas del régimen. Y el franquismo murió en la calle”, señala Quinidio Benjamín Martínez, que estuvo especialmente implicado en la huelga de la construcción en León. Para entonces, la movilización en la calle ya había sido clave en la caída del Gobierno de Carlos Arias Navarro. 'El año en que tumbamos un Gobierno pero no pudimos con el régimen' se titula el capítulo dedicado a 1976 del libro sobre la historia de CCOO en El Bierzo y Laciana entre 1962 y 1982 de Alejandro Martínez, quien se remite como resumen a dos expresiones célebres: la ruptura no fue “limpia”, sino “astillada”, del entonces líder de Comisiones Marcelino Camacho; y la Transición como “una correlación de debilidades” entre Gobierno y oposición, del escritor Manuel Vázquez Montalbán.

“Sin la presión laboral, España no habría cambiado como cambió. A raíz de lo laboral, vino lo político”, sostiene Leonardo Enríquez Mastache, que trabajaba en el sector de materiales de la construcción en Almacenes López Bodelón de Ponferrada. “Eran las dos cosas al mismo tiempo. La democracia no vino porque lo dijera nadie, sino por lo que sucedió en la calle”, abunda el sindicalista minero Míster. “Es evidente que la conflictividad social contribuyó a generar un clima en el que las reformas resultaban cada vez más necesarias y difíciles de aplazar”, concede el letrado Roberto Suárez, que sería secretario general de la Fele (Federación Leonesa de Empresarios) entre su fundación ya en 1977 y 2004.

La movilización sociolaboral aceleró las reformas en un año partido por la mitad en lo político: hasta junio con Arias Navarro al frente y sacudidas como los sucesos de Vitoria, donde la carga policial acabó en una tragedia a la que se reaccionó con más presión en las calles; y desde julio con el nuevo Gobierno de Adolfo Suárez, que impulsó la Ley para la reforma política, el instrumento que permitió sustituir una cámara de representantes heredera del franquismo por un Congreso de los Diputados y un Senado compuestos tras las elecciones legislativas de 1977, las primeras libres y democráticas en España desde 1936.

Es evidente que la conflictividad social contribuyó a generar un clima en el que las reformas resultaban cada vez más necesarias y difíciles de aplazar

Roberto Suárez — Representante del Sindicato Vertical en 1976 y cofundador de la Fele en 1977

La segunda parte del año ya sí es caliente en la provincia de León, que se suma a la huelga general del 12 de noviembre, menos de un año después de la muerte de Franco y curiosamente apenas un día después en el calendario de la convocada en este 2026, ahora con la reivindicación de acceso a una vivienda digna en la diana. Hace 50 años, como otra constatación de cómo lo laboral estaba imbricado con lo político, la convocatoria tenía una motivación explícita: la oposición a un decreto-ley que impondría la congelación salarial y permitía algunos tipos de despidos. Pero en el fondo también subyacía la batalla por la ruptura frente a la Ley para la reforma política, aprobada el 18 de noviembre por las Cortes todavía franquistas y refrendada el 15 de diciembre en un referéndum que dejó apoyos significativamente más bajos en Ponferrada (70,92%) y Villablino (70,7%) que en el conjunto del país (94,17% de apoyo) con la oposición sindical y política abogando por la abstención.

La huelga general llega a la provincia de León todavía con los rescoldos de lo sucedido unos días antes en el Pozo Marrón de Lillo del Bierzo, que obligó a terciar incluso al dirigente de Comisiones Obreras Benjamín Rubio para propiciar el final del encierro. Y deja varias lecturas. “Hace un tiempo pensaba que sí había una diferenciación entre las huelgas laborales y las huelgas políticas. Hoy pienso que no”, considera el historiador David Martínez. Las fuerzas sindicales están allanando el camino. “Los sindicatos ya están pensando en la legalidad y en ganar afiliados. Mientras que, por ejemplo, la minería, a través de Comisiones, ya tenía más controlada a la gente”, aporta el también historiador Tomás Sarmiento. Y van arañando, progresivamente, espacios de libertad. Javier Fernández ilustra cómo durante todo el año fueron logrando pequeñas victorias en gestos aparentemente inocentes como prolongar la hora del bocadillo para hacer patentes sus protestas. El dirigente de CCOO notó ya cierta permisividad policial durante la campaña y la jornada de huelga general del 12N.

“Escasa respuesta” tituló el 13 de noviembre a cinco columnas Diario de León, que habla de “total normalidad ciudadana en León”, si bien sí reconoce una “especial incidencia de la huelga en el sector minero”. Los paros siempre dejan guerras de cifras, pero se estima que en la provincia de León se sumaron entre 11.000 y 20.000 trabajadores, según recoge Alejandro Martínez en su libro Conquistar el pan y la libertad. En la misma portada de ese día 13 Diario de León informa en una esquina: “Desde ayer está en marcha la Federación Empresarial Leonesa”.

“La creación de la Federación Leonesa de Empresarios fue el resultado de un proceso que empezamos a impulsar en 1976, cuando ya éramos conscientes de que el sistema de representación empresarial existente tenía que evolucionar hacia un modelo de organizaciones libres e independientes”, señala el cofundador de la Fele Roberto Suárez, quien recuerda el momento histórico como “un proceso de aprendizaje para todos”. “Había”, agrega, “que establecer nuevas reglas, desarrollar una cultura de la negociación y asumir que los conflictos laborales formaban parte de las relaciones entre empresarios y trabajadores, pero que debíamos encontrar mecanismos para resolverlos mediante el diálogo y el acuerdo”.

Los sindicatos son todavía ilegales, pero ya no se esconden. “Hablábamos de ello abiertamente”, constata desde Fabero Míster, que vuelve a apelar a una cuestión generacional al abordar las relaciones de entonces entre trabajadores y patronos. “Se pasó del ordeno y mando a tener que negociar”, dice al describir escenas de operarios de mayor edad frente a los empresarios “asintiendo y con la boina en la mano” que recuerdan a secuencias de la novela de Miguel Delibes Los santos inocentes. “A la mitad de los empresarios no los conocíamos”, señala desde Lillo Lucita Prieto Vidal al referir protestas laborales por el trato dispensado por algunos capataces. “Yo no tuve problemas con los jefes; los problemas eran con los encargados”, aporta desde Ponferrada Leonardo Enríquez Mastache.

No nos dijimos a nosotros mismos que la democracia había que seguir mimándola todos los días

Quinidio Benjamín Fernández — Miembro en 1976 del Partido del Trabajo de España

La mirada a 1976, que en León se cerró todavía con una huelga del metal en diciembre que respaldaron 3.000 obreros de 300 empresas, deja finalmente lecturas retrospectivas marcadas por un halo de desencanto en entrevistas para este reportaje realizadas antes de la movilización desatada tras el desahucio de Maricarmen Abascal y la convocatoria de una huelga general con la vivienda en el eje de las reivindicaciones para este próximo 11 de noviembre. “No nos dijimos a nosotros mismos que la democracia había que seguir mimándola todos los días”, lamenta Quinidio Benjamín Martínez, para quien aquella “efervescencia” derivó primero en “conformismo” y luego en “pasotismo”, unido al establecimiento de una “sociedad de consumo” que “se paga” en las economías familiares con “una esclavitud de deuda permanente”. Martínez, que ya entonces apuntaba como una de las asignaturas pendientes la de la exigencia de garantías a la proclama constitucional del derecho a una vivienda digna, señala otros pecados como el de saltar la línea roja de negociar convenios de más de un año de duración: “Cuando empezaron a firmarse convenios por dos años, dijimos: 'Esto es la muerte de la negociación colectiva”.

Anselmo Carbajal mira también hacia dentro de las organizaciones sindicales para fijar otro punto de inflexión. “Hubo una persona en este país que fue (el expresidente del Gobierno José María) Aznar, que, al darle la formación a los sindicatos, los compró. Los que trabajábamos en esto (dice sobre la función sindical) lo hacíamos de forma voluntaria y gratuita. En cuanto se dieron liberaciones y formación a algunos sindicatos, se quitó mucha conflictividad. Y en este momento hemos involucionado”, opina Carbajal sin obviar tampoco el papel actual de los gigantes tecnológicos en el control de la información a través de los algoritmos y las redes sociales hasta condicionar el voto de los jóvenes. “Y eso”, concluye, “es un cáncer que nos va a matar”.

“Han conseguido anular a los sindicatos. La clase trabajadora es hoy muy individualista”, coincide Elena Durán, mientras Lucita Prieto Vidal se queda “pasmada” cuando constata el grado de apoyo a Vox entre los jóvenes. “No puedo con eso”, dice para apelar a la responsabilidad de las familias. Cincuenta años después de hacerse sindicalista “a la puta fuerza” por las condiciones del momento, Miguel Ángel Cueto lamenta cómo ahora los sindicatos “están desprestigiados cuando hacen una función extraordinaria”. “Si no los hubiera”, concluye tras hablar de aquel momento en que eran todavía clandestinos, “habría que inventarlos”.

El conflicto laboral que se vive en el Coto Escolar de León suma un nuevo frente político. Unión del Pueblo Leonés (UPL), a pesar de ser habitual socio preferente del PSOE que gobierna en el Ayuntamiento de León, ha salido en defensa de los monitores municipales y ha cargado contra el alcalde, el socialista José Antonio Diez. Afea en un comunicado de prensa sus declaraciones sobre las responsabilidades de los trabajadores y le acusa de haber planteado la posibilidad de recurrir a una gestión privada o indirecta del servicio hasta ahora netamente público si no existe flexibilidad para resolver el desacuerdo laboral.

La concejala leonesista Seila Fernández ha mostrado el respaldo de su grupo a las reivindicaciones de la plantilla y ha calificado de “amenaza ruin” la posibilidad de privatizar un servicio público que funciona desde 1984, a plena satisfacción de las familias leonesas. UPL reclama al equipo de Gobierno que reconozca las funciones que realmente desempeñan los educadores, mejore sus condiciones profesionales y cumpla los compromisos alcanzados con ellos hace meses en esos sentidos.

El origen del conflicto está en la diferencia entre la categoría profesional reconocida a los monitores, encuadrados en el Grupo IV, y las tareas que vienen desarrollando, que UPL admite que se sitúan en el nivel superior del Grupo III/C1. Entre ellas se encuentra el diseño y la impartición del proyecto pedagógico del Coto Escolar, una labor que, según la formación leonesista, llevan años asumiendo sin que se haya regularizado adecuadamente su situación laboral.

Junto a las críticas del PP

La formación, que se suma así a las críticas ya vertidas por el Grupo Popular, recuerda que el pasado 19 de junio de 2026 la Mesa de Negociación acordó por unanimidad mantener el abono de las diferencias salariales mientras los trabajadores continuaran desempeñando esas funciones de superior categoría. Sin embargo, denuncia que el Ayuntamiento no ha cumplido ese compromiso y ha dejado de efectuar los pagos correspondientes.

Como respuesta, desde el 13 de octubre los monitores han optado por ceñirse exclusivamente a las funciones que corresponden a su categoría profesional reconocida. Una decisión que ya tiene consecuencias en el funcionamiento del centro, con la anulación de visitas de colegios y la incertidumbre sobre la continuidad de los campamentos de Navidad y las ludotecas.

La situación afecta a un servicio educativo, medioambiental y deportivo que lleva más de cuatro décadas recibiendo a escolares y familias de León y que atraviesa uno de sus momentos más delicados. La controversia laboral se suma a otros desencuentros recientes, entre ellos la aplicación de un nuevo reglamento y distintas resoluciones judiciales relacionadas con las condiciones de trabajo de la plantilla, la mayoría de ellas favorables a los empleados.

La versión del equipo de Gobierno

En este contexto, UPL rechaza también las declaraciones del alcalde sobre la responsabilidad de los escolares. Diez, como también argumentó el teniente de alcalde y concejal de Personal, Vicente Canuria, había señalado que la tutela y el cuidado de los menores corresponden a los profesores que acompañan a los menores usuarios. Para los leonesistas, esa afirmación supone trasladar una imagen equivocada del funcionamiento del Coto Escolar, al considerar que los centros educativos no acuden simplemente a utilizar unas instalaciones, sino a participar en un programa de actividades educativas guiadas por los propios monitores municipales.

La formación cuestiona igualmente el argumento económico esgrimido por el regidor, quien habría advertido de que modificar la categoría profesional de estos trabajadores podría obligar a revisar la de otros servicios municipales, con el consiguiente incremento del gasto. UPL sostiene que esa adecuación no supondría el grave perjuicio económico que plantea el alcalde y considera injustificado utilizar ese argumento para no reconocer las funciones que desempeña la plantilla. Por todo ello, Seila Fernández exige al equipo de Gobierno que retire la posibilidad de privatizar el servicio, deje de buscar excusas económicas y cumpla los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación.

La cifra de paro de la provincia de León se mantiene un mes más por encima de la barrera de las 20.000 personas, concretamente 20.540 parados, según los datos de desempleo del mes de octubre publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se trata de una subida de 509 personas más respecto al mes de septiembre (un 2,54% más) y 448 más comparado con el mismo mes del año pasado (2,23% más)

Las mujeres continúan siendo las más afectadas por el desempleo en la provincia leonesa. De las 20.540 personas inscritas en las oficinas de empleo, 12.181 son mujeres, el 59,30% del total, mientras que los hombres representan el 40,70%, con 8.359 desempleados. Por otro lado, los trabajadores extranjeros también tienen una presencia significativa entre las personas que buscan empleo. En concreto, 2.326 desempleados tienen nacionalidad extranjera, lo que equivale al 11,32% del total provincial.

Por franjas de edad, el desempleo se concentra especialmente entre las personas de 45 años o más, que representan el 58,47% de todos los parados de León, con 12.009 desempleados. Dentro de este grupo predominan las mujeres, con 7.283 inscritas (el 60,65%), frente a los 4.726 hombres (39,35%). A considerable distancia se encuentran las personas de entre 30 y 44 años, que suman 5.318 desempleados y representan el 25,89% del total provincial. Por su parte, los menores de 25 años acumulan 1.636 parados, el 7,96%, mientras que los jóvenes de entre 25 y 29 años representan el 7,68%, con 1.577 personas desempleadas.

En cuanto a la distribución por sectores económicos, los servicios concentran siete de cada diez desempleados de la provincia leonesa, con 14.388 personas, el 70,05% del total. A continuación aparecen las personas sin empleo anterior, que suman 2.396 desempleados (11,67%), seguidas de la industria, con 1.720 (8,37%), y la construcción, con 1.297 (6,31%). Finalmente, la agricultura y la pesca constituyen el sector con menor número de personas desempleadas, con 739 inscritos, que representan únicamente el 3,60% del paro registrado en León durante octubre.

Han pasado casi dos meses desde el inicio del presente curso escolar y más de 5.500 docentes de la provincia de León han sido llamados a la huelga durante este miércoles 4 de noviembre por los sindicatos CCOO y UGT. Las reclamaciones de los profesores y maestros incluyen una mejora en las infraestructuras de los centros educativos. Los defectos se presentan en casi todos los colegios e institutos leoneses, pero en algunos, como es el caso de Cembranos han pasado seis años dando clase en una caseta de obra. A pesar de las promesas de la Junta, la situación sigue bloqueada. 

Aunque no es el único centro que presenta deficiencias estructurales, el del colegio de Cembranos es uno de los casos más preocupantes de la provincia de León. Allí un grupo de niños de Primaria y sus maestros se ven obligados a dar clase en una caseta de obra, instalada hace seis años con el objetivo de que fuese una solución provisional, mientras se terminaban las obras de remodelación del centro. 

Sin embargo, las obras nunca se terminaron, después de que la empresa abandonase el proyecto en el año 2021, dejando la reforma inacabada y provocando que la caseta de obra provisional se haya convertido, a la fuerza, en un aula más del colegio. Se debería haber licitado un nuevo contrato para que una nueva empresa retomase los trabajos, pero la Junta se ha escudado curso tras curso en todos los eternos pasos administrativos que se deben llevar a cabo para que, por fin, la obra salga a nueva licitación. 

Después de seis años de bloqueo burocrático, el delegado territorial de la Junta en la provincia de León, Eduardo Diego, aseguró ante la prensa leonesa durante el primer día del presente curso que en las próximas semanas se realizaría un nuevo contrato, lamentando a su vez la ristra de problemas que han condenado a alumnos y sus profesores a una situación dantesca. 

A pesar de ello, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha reconocido recientemente a este periódico que, aunque se han reformulado las mediciones del proyecto y hay dos empresas interesadas, la licitación no se ha llevado a cabo todavía, dos meses después del inicio del nuevo curso y de las declaraciones de Diego. Aun así, la Delegación Territorial afirma que “se licitará en breve”. 

“Una de las reivindicaciones clave de esta huelga es que los centros educativos estén adecuados a la educación del siglo XXI y que no sean un riesgo ni para el profesorado ni los alumnos”, explica Víctor Bejega, secretario general de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en León. “El caso de Cembranos es muy visual, porque se encuentran en un cubículo de obra, pero tenemos centros con goteras encima de servidores informáticos, salas sin usar repletas de humedades… Es una situación generalizada”. 

Bejega cita otros casos como el colegio Trepalio de San Andrés del Rabanedo, cuyo tejado se hundió en diciembre del año pasado; las humedades que CCOO denuncia en el CEIP San Miguel Arcángel (Ciñera) y el IESO La Pola de Gordón; o el gimnasio del IES Juan del Enzina, en el que si bien se ha intervenido en el suelo del pabellón, no se han solucionado las humedades del techo. 

“La inmensa mayoría de los centros educativos de la provincia de León son antiguos y necesitan labores de mantenimientos muy pormenorizadas y unas inversiones que no se están haciendo. El problema es que cada vez se acumulan los problemas, las calderas tienen cada vez más años, las humedades empeoran y el problema pasa a ser peor”, lamenta Bejega. Todo ello mientras durante el verano la Junta anunció 3.880.247 euros para trabajos de reparación en colegios e institutos de la provincia, entre los cuales no se encuentran los citados aquí. 

“Los docentes están cansados de tener que lidiar con condiciones de precariedad y de tener que poner voluntad ante la falta de recursos”. Sin embargo, los docentes son una de las dos caras de la moneda que paga la dejadez de las administraciones; la otra son los alumnos y sus familias. 

En el caso de Cembranos, las familias ya salieron a protestar frente al colegio en el año 2024, a cuya manifestación siguió una reunión con el actual delegado territorial de la Junta y el director provincial de Educación, Alberto Natal. En aquella reunión los dirigentes explicaron a padres y madres que la situación se había estancado en un proceso burocrático que, sin embargo, ya se ha resuelto. “Vinieron a hacerse la foto”, lamenta una de las madres del colegio. “Es verdad que el procedimiento pendiente es como nos explicaron, pero los plazos van muy extendidos. Las familias estamos muy indignadas porque sentimos que nos están tomando el pelo”, critica. 

Los niños de un curso siguen dando clase en la caseta y ahora que el frío ya ha llegado a la provincia de León comienza la etapa más complicada, y no solo a nivel curricular, sino que es en esta época cuando más reto supone afrontar semejantes condiciones de estudio y trabajo. Los pequeños recurren a llevar alfombras a la caseta que les sirve de aula, para limitar los efectos del suelo frío en contacto con sus pies. 

No solo eso, sino que cada año las deficiencias de espacio del colegio son cada vez mayores. Ahora que ha aumentado el número de alumnos los espacios para el comedor se han quedado pequeños. Sin olvidar que los alumnos de 0 a 3 años siguen teniendo que desplazarse hasta la Casa del Pueblo, cruzando un tramo de carretera nacional, con todo el riesgo que esto supone para las técnicos y los pequeños. 

Respecto a la nueva consejera de Educación de la Junta, recién llegada al puesto, CCOO se abre al diálogo: “Las exigencias son muchas porque las vejaciones han sido muchas. Pedimos a la consejera que se siente a negociar de forma honesta y real, que aborde todos los problemas que tiene la Educación Pública de Castilla y León”, sugiere Bejega. 

Las reclamaciones de los docentes en esta huelga pasan por la actualización del complemento autonómico, la compatibilidad de la carrera profesional con los sexenios, reducción de jornada para mayores de 55 años, reconocimiento de la función de tutor con una mayor retribución económica, mayor número de personal de administración y servicios, reducción de burocracia y mejoras en los centros educativos.

El PSOE de León ha reivindicado este domingo la evolución del mercado laboral de la provincia desde 2018, con una reducción de cerca de 10.000 personas menos en el paro, un incremento de la afiliación a la Seguridad Social y una mejora de la contratación respecto al año anterior.

En un comunicado apenas unos días después de la publicación de los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) que revelan una subida del paro en 1.300 personas durante el verano en León, el PSOE ha destacado que estos indicadores reflejan avances en el empleo leonés, aunque subrayan la necesidad de seguir trabajando para generar oportunidades, mejorar la estabilidad laboral y facilitar que la población joven pueda desarrollar su proyecto de vida en la provincia.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha defendido que “los datos muestran que León tiene hoy miles de personas menos en paro y más trabajadores afiliados a la Seguridad Social que en 2018”.

“Es una evolución importante que debemos poner en valor, sin olvidar que todavía tenemos retos pendientes para consolidar un empleo estable y de calidad”, ha matizado.

Según la serie mensual de paro registrado, León ha pasado de 29.265 personas inscritas en el paro en julio de 2018 a 19.353 en julio de 2026, lo que supone 9.912 personas menos en las listas del paro y un descenso del 33,9%.

“La evolución desde 2018 demuestra la importancia de mantener políticas que favorezcan el empleo, protejan los derechos laborales y refuercen la Seguridad Social. No podemos conformarnos, pero tampoco ignorar que hoy hay menos personas inscritas en el paro que hace ocho años”, ha señalado Cendón.

La afiliación constituye otro indicador relevante de la evolución del mercado laboral leonés. En junio de 2018, la provincia contaba con 158.414 afiliados a la Seguridad Social, frente a los aproximadamente 174.000 registrados en junio de 2026, lo que supone más de 15.500 afiliados adicionales en ocho años.

La evolución del desempleo femenino también muestra una reducción respecto a 2018; en julio de ese año había 15.490 mujeres inscritas en el paro en León, frente a las 11.517 de julio de 2026.

El PSOE de León ha considerado que los datos permiten valorar la evolución acumulada del mercado laboral desde 2018, al tiempo que recuerdan la necesidad de seguir afrontando los desafíos de la provincia.

A este respecto, la formación de la rosa ha destacado que el peso del sector servicios y la estacionalidad de actividades como el turismo y la hostelería continúan influyendo en las variaciones mensuales del paro.

Asimismo, los socialistas han defendido que el objetivo debe ser consolidar la creación de empleo, impulsar la actividad industrial, reforzar las oportunidades en el medio rural y facilitar que el crecimiento económico llegue a todos los municipios.

“León ha avanzado en estos años, pero tenemos que seguir trabajando para que ese avance se consolide. Queremos una provincia con más empleo, más estabilidad, más oportunidades para nuestros jóvenes y mejores perspectivas para las familias y las empresas”, ha concluido Cendón.

La V Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación del Bierzo 2026, organizada por la Cámara de Comercio en colaboración con la Junta de Castilla y León, ofrece más de un centenar de puestos de trabajo a través de una fórmula que facilita el contacto directo entre las empresas y los demandantes de oportunidades laborales.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó este martes la feria, que reúne a 47 organizaciones –25 empresas y 22 entidades– en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada.

Así, la actividad en la feria se traduce en la oferta de alrededor de un centenar oportunidades laborales en sectores como la industria, el metal, la alimentación, la construcción, la automoción, las tecnologías, el comercio, la logística y el ámbito sanitario.

Además, según especifica la administración autonómica, algunas de estas ofertas pueden traducirse en varios puestos de trabajo, ya que determinados procesos de selección buscan incorporar a profesionales de distintos perfiles. Para dar a conocer la iniciativa entre los potenciales candidatos, se han enviado 870 correos electrónicos a usuarios menores de 30 años del Bierzo.

La Junta apoya estas Ferias de Empleo, Emprendimiento e Innovación, que tienen como objetivo conectar la oferta y la demanda de empleo, facilitar el contacto directo entre empresas y demandantes y proporcionar herramientas para mejorar la empleabilidad, el emprendimiento y la innovación.

El Hospital El Bierzo, uno de los más aquejados de falta de especialistas en Castilla y León, acapara casi un tercio de las primeras plazas de difícil cobertura designadas por el Gobierno autonómico en virtud de la aplicación de una ley al respecto aprobada por unanimidad en diciembre de 2025 que establece incentivos para ser ocupadas. De los 22 puestos, siete corresponden al complejo asistencial de Fuentesnuevas: cuatro de anestesistas y tres de otorrinos, según ha trasladado este martes la Gerencia Regional de Salud a los sindicatos.

“La declaración de siete plazas de difícil cobertura para el Hospital El Bierzo supone una noticia muy positiva para nuestra área sanitaria. Esta medida reconoce una realidad que afecta a determinados servicios estratégicos y nos dota de nuevas herramientas para atraer y consolidar profesionales en especialidades esenciales como puede ser anestesiología y otorrinolaringología”, ha reaccionado el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho.

A su entender, la medida tiene una virtud añadida: “Refleja este compromiso de las administraciones con la mejora de la asistencia sanitaria en territorios como el nuestro que afrontan mayores dificultades para la captación de especialistas”.

El pasado 17 de julio, en la comparecencia para explicar el programa de legislatura, el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ya anticipó que en ese desarrollo de la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura habían comenzado por dos especialidades prioritarias: Anestesiología, al menos en los hospitales Ávila, El Bierzo, Segovia, Soria y Miranda de Ebro; y Otorrinolaringología en los de Palencia, El Bierzo y Soria.

Este martes, la Consejería ha detallado en un comunicado que en la especialidad de Anestesia y Reanimación se declararán doce puestos de difícil cobertura: tres en el hospital de Ávila, cuatro en el de El Bierzo, dos en el de Miranda de Ebro y uno en el de Aranda de Duero, ambos en Burgos, y dos en el de Segovia.

Y en la especialidad de Otorrinolaringología son diez los puestos de difícil cobertura, tres en el Hospital El Bierzo, cuatro en el de Palencia, dos en el de Soria, y uno en el de Miranda de Ebro.

“De manera progresiva se continuará con el estudio y desarrollo de los puestos en el resto de las especialidades y/o centros en las que resulte preciso, con el compromiso de esta Consejería de llevar a cabo un seguimiento continuado y permanente de este tipo de puestos, siempre en función de la evolución de las necesidades asistenciales; para posteriormente continuar con el desarrollo e implementación de la Ley en todos sus aspectos”, explicó el pasado julio el consejero.

La ley aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León introduce incentivos para que los profesionales puedan ocupar esas plazas de difícil cobertura, tanto de carácter retributivo como en forma de puntuación para posteriores concursos de traslados.

La norma hace referencia a los incentivos económicos ya recogidos en el decreto ley de febrero del 2019, de 6.000 euros anuales para los médicos, 1.300 para las enfermeras y 300 para resto de profesionales, aunque los grupos parlamentarios han defendido la necesidad de actualizar estas cuantías por el efecto de la inflación.

Además, establece que los médicos puedan realizar de forma voluntaria guardias en un centro de salud diferentes al suyo, con un complemento salarial que irá desde los 51,7 euros entre semana; 57,6 euros los fines de semana y los 74,1 euros los festivos.

Como medida de conciliación, plantea que se podrán distribuir la jornada semanal ordinaria del personal que ocupe puestos de difícil cobertura en horario de mañana y tarde para concentrar la jornada semanal en cuatro días, de lunes a viernes, no festivos, respetando los periodos mínimos de descanso diario y semanal.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social afloró en Castilla y León un total de 6.288 empleos irregulares durante 2025, el 11% más que el año anterior (5.661), pese a haber reducido ligeramente el número de actuaciones realizadas en la Comunidad, según el último Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la provincia leonesa el aumento también fue significativo, de casi un 30%, ya que se superó el millar (1.006), cuando el año precedente habían sido 775 los casos.

Los datos reflejan que la Inspección efectuó 97.207 actuaciones durante 2025, frente a las 100.793 registradas en 2024, pero logró detectar más situaciones de fraude laboral y economía sumergida que el ejercicio precedente.

El aumento de los resultados se enmarca además en la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que apuesta por actuaciones más selectivas apoyadas en herramientas de análisis masivo de datos.

Según recoge el informe anual, estos sistemas permiten identificar patrones de fraude mediante el cruce automatizado de información y detectar tanto irregularidades tradicionales como nuevas fórmulas de incumplimiento laboral, lo que ha contribuido a incrementar la eficacia de la actividad inspectora.

Durante 2025, el área de Seguridad Social y economía irregular concentró 37.350 actuaciones, con 4.470 infracciones detectadas, sanciones por valor de 19,3 millones de euros y expedientes liquidatorios por otros 37,3 millones.

Evolución provincial

La evolución provincial refleja cambios respecto a 2024, ya que, aunque Valladolid siguió liderando el empleo irregular aflorado, la cifra se redujo de 1.680 a 1.297 trabajadores. El mayor salto se produjo en Burgos, donde los empleos detectados pasaron de 451 a 1.174, mientras que León superó por primera vez el millar al crecer de 775 a 1.006.

También aumentaron Salamanca (577 a 760), Palencia (395 a 668) y Ávila (486 a 577), frente a los descensos registrados en Zamora (391 a 267) y Soria (432 a 330).

Además de combatir el empleo irregular, la actuación inspectora tuvo efectos directos sobre la calidad del empleo, según el informe, ya que la Inspección promovió la conversión de 3.402 contratos temporales en indefinidos, más de la mitad correspondientes a mujeres, así como la transformación de 1.907 contratos fijos discontinuos irregulares en contratos fijos ordinarios.

También impulsó 870 incrementos de jornada en contratos a tiempo parcial, destinados a corregir situaciones en las que la jornada real trabajada no coincidía con la declarada por las empresas.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, la Inspección efectuó 42.898 actuaciones, que derivaron en 2.075 infracciones o requerimientos a administraciones públicas, sanciones cercanas a cinco millones de euros y 237 propuestas de recargo de prestaciones por accidentes laborales asociados a incumplimientos preventivos.

León fue además la provincia con mayor volumen de actividad inspectora de la comunidad, al concentrar 20.063 actuaciones, por delante de Valladolid, con 18.186, y Burgos, con 15.169.

El contraste con 2024 resulta especialmente significativo. Ese año Castilla y León registró 100.793 actuaciones inspectoras, 19.346 requerimientos y 7.245 infracciones, además de sanciones por valor de 21,8 millones de euros y expedientes liquidatorios por 34,6 millones. Sin embargo, el número de empleos aflorados se situó en 5.661, más de seiscientos menos que en 2025.

Un cambio de estrategia

Los datos apuntan así a un cambio de estrategia basado más en la selección previa de objetivos que en el volumen de visitas o comprobaciones.

Aunque el número total de actuaciones descendió ligeramente en Castilla y León, la Inspección logró aflorar más empleo irregular y promover miles de mejoras contractuales, en un contexto marcado por el uso de herramientas tecnológicas de detección del fraude y por la orientación de las actuaciones hacia sectores y empresas con mayores indicios de incumplimiento.

Los monitores del Coto Escolar de León, ocho trabajadores fijos y tres interinos, tercian en el delicado momento que viven estas instalaciones educativas y medioambientales del Ayuntamiento para negar que su postura de dejar de realizar una docena de funciones con los escolares que venían desempeñando desde hace más de cuatro décadas no es una huelga. Se trata, aseguran, del estricto cumplimiento de un decreto municipal fechado el 29 de abril de 2026.

La plantilla advierte de que esta decisión, derivada de un conflicto laboral que continúa sin resolverse, puede afectar a la atención educativa que reciben los escolares que participan en las actividades de estas instalaciones municipales.

Los trabajadores subrayan que ese decreto limita su actuación, en base a su actual categoría laboral hasta ahora reconocida. En un comunicado, explican que la decisión llega después de varias sentencias judiciales favorables a los empleados en primera instancia y de que la Mesa General de Negociación del Consistorio aprobara por unanimidad el reconocimiento de las funciones de superior categoría que venían realizando.

Según la plantilla, el acuerdo alcanzado en esa mesa, en la que están representados los partidos políticos y las organizaciones sindicales, no llegó a hacerse efectivo durante los meses posteriores. Tras comunicar previamente al equipo de Gobierno su decisión, los monitores comenzaron a aplicar el decreto y a limitar su actividad a las funciones correspondientes a su puesto.

Entre las tareas que dejan de asumir figura la recogida y administración de medicamentos, el acompañamiento de los menores a centros sanitarios y el seguimiento de la medicación prescrita. Tampoco se responsabilizarán del control de alergias e intolerancias alimentarias ni de otras particularidades de la alimentación, ni de servir las comidas a los participantes. A ello se suma la organización de las cabañas y la vigilancia y atención integral de los niños durante las pernoctas, incluidos los cuidados relacionados con la higiene personal, o la elaboración y programación de las unidades didácticas y acompañamiento psicosocial de menores en situaciones de vulnerabilidad, entre otras. Unas labores que ahora el Ayuntamiento ha recordado a los colegios participantes que son responsabilidad de sus propios profesores. Una situación que está echando para atrás a los centros docentes, como ha criticado la oposición del PP.

La plantilla insiste en que no quiere que los escolares, los colegios, el profesorado ni las familias sufran las consecuencias de un conflicto que atribuye a la gestión municipal. En este sentido, reclama al Ayuntamiento una respuesta clara, el respeto a los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva y una solución definitiva que permita garantizar tanto los derechos laborales como la atención que requieren los menores.

El Ayuntamiento vincula el conflicto a la negociación del convenio

Por su parte, el concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, Vicente Canuria, ha vinculado la resolución del problema a las negociaciones abiertas con los sindicatos para cerrar distintas cuestiones del convenio colectivo municipal. El edil sostiene que el conflicto del Coto Escolar forma parte de un conjunto más amplio de asuntos laborales pendientes y ha señalado que el equipo de Gobierno espera alcanzar acuerdos “en breve”, aclarando que el Coto “no es un centro escolar”.

Canuria también ha apelado a la responsabilidad del profesorado de los colegios en el cuidado de los menores. En relación con la atención durante las comidas, después de que los monitores hayan dejado de servir el comedor, defendió que los docentes que acompañan a los escolares son responsables de ellos desde que salen de su centro educativo hasta que regresan.

Mientras continúan las conversaciones, los monitores mantienen que el Ayuntamiento debe resolver una situación que, a su juicio, pone en riesgo la calidad de un servicio público educativo y medioambiental consolidado en León durante más de cuatro décadas.

Los autobuses interurbanos, entre localidades distintas, de la provincia de León afrontan nueve jornadas de huelga de 24 horas entre finales de octubre y fin de año ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo del sector. Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado este viernes la convocatoria de los paros, que afectarán a todo el transporte interurbano de viajeros de la provincia, con un colectivo de unos 450 trabajadores, después de 13 reuniones con la Patronal sin conseguir avances en las condiciones salariales y laborales, que relegan a los empleados leoneses, aseguran, a la cola de los peor pagados de la Comunidad y casi de España.

La primera jornada de huelga será el viernes 30 de octubre, justo antes del puente festivo. Le seguirán otras ocho jornadas los días 2, 11 y 24 de noviembre, y 4, 8, 9, 23 y 30 de diciembre. Los paros serán de 24 horas y afectarán al conjunto de las líneas interurbanas de la provincia, por lo que los sindicatos ya han pedido disculpas a los usuarios por las molestias y retrasos que puedan ocasionar, al tiempo que les recomiendan planificar sus desplazamientos y consultar servicios mínimos que la Junta ponga en marcha.

El principal motivo del conflicto, han explicado hoy en una concentración frente a la estación de autobuses de León, es la negativa de la Patronal a mejorar unas condiciones económicas que sitúan a los conductores leoneses, según los sindicatos, como los peor pagados de Castilla y León y los quintos con salarios más bajos de toda España. Actualmente, el salario bruto anual de referencia ronda los 19.000 euros, una cantidad que contrasta con la de otras provincias donde operan incluso las mismas compañías de transporte, como Alsa.

Luis Villares, coordinador del sector de Transporte y Logística de CCOO en Castilla y León, ha denunciado que los trabajadores de León cobran unos 5.000 euros brutos anuales menos que sus compañeros de Zamora y hasta 8.000 euros menos que los de Asturias. La reivindicación sindical pasa por alcanzar un salario mínimo de 24.000 euros brutos anuales al término de un convenio de tres años, además de regular las jornadas laborales y mejorar las condiciones de seguridad y estabilidad en el empleo.

Jornadas laborales de hasta 15 horas

Más allá de los salarios, los representantes de los trabajadores denuncian unas condiciones laborales que incluyen jornadas de hasta 15 horas diarias, sumando los tiempos de conducción y disponibilidad para las empresas, así como descansos insuficientes y dificultades para conciliar.

Los sindicatos también reclaman medidas de protección frente a agresiones y accidentes, garantías de seguridad y salud laboral, coeficientes reductores y seguros de vida, además de combatir la temporalidad y la precariedad del sector.

Juan Antonio Martínez, responsable de Transportes de UGT en Castilla y León, ha asegurado que la patronal mantiene un “bloqueo total” de la negociación. La última reunión se celebró el pasado jueves en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), en un intento de evitar la convocatoria de huelga que terminó sin acuerdo. “Les hemos dado la oportunidad de si tenían algo más que decir y nos han dicho lo de las otras reuniones, que no quieren nada de nada”, ha explicado Martínez, quien ha recordado que en otras provincias, como Valladolid, ya se han firmado nuevos convenios colectivos.

El representante de UGT ha cuestionado que las mismas empresas puedan asumir mejores salarios en otras provincias mientras rechazan equiparar las condiciones de León, al menos, a la media autonómica. “No entendemos que, siendo las mismas empresas, en Valladolid puedan pagar un salario y en León digan que no pueden llegar”, ha señalado, añadiendo que “quieren que los trabajadores de León seamos los más pobres de toda la comunidad de Castilla y León”.

Y más subvenciones de la Junta que nunca

CCOO y UGT también han dirigido sus críticas a la Junta de Castilla y León, a la que reclaman que intervenga para desbloquear el conflicto, especialmente por su papel como principal financiadora millonaria de los servicios de transporte regular y escolar. Los representantes sindicales consideran que la financiación pública del transporte debería traducirse también en mejores condiciones para los trabajadores. En este sentido, recordaron que la Junta ha destinado 55 millones de euros hasta finales de año y ha anunciado una nueva aportación de otros 45 millones. “Lo que consideramos es que ese dinero tiene que repercutir también en los trabajadores”, ha reclamado Villares.

Los sindicatos sostienen que las administraciones que financian los servicios deben exigir a las empresas que retomen el diálogo y alcancen acuerdos que eviten la huelga. También han advertido de que estarán pendientes de los servicios mínimos que establezca la Junta para que no resulten abusivos ni limiten el ejercicio del derecho a la huelga.

El equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de León espera cerrar “en breve” con los sindicatos negociaciones abiertas sobre cuestiones relativas al convenio colectivo. Y enmarca precisamente en esas conversaciones la resolución del conflicto desatado en el Coto Escolar, puesto en la picota en las últimas horas tanto por la oposición del PP como por la propia plantilla del centro hasta incluso alertar de la renuncia de algunos colegios a participar en actividades ya programadas. En este sentido, el concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, Vicente Canuria, apela a la “responsabilidad” de los profesores sobre los alumnos.

Preguntado por esta cuestión, Canuria se remitió en primer lugar a reuniones mantenidas con los trabajadores del Coto Escolar a principios del pasado verano para buscar la fórmula de encajar en el día a día del centro la aplicación de pronunciamientos judiciales.

Como telón de fondo del conflicto están cuestiones como la relación entre la categoría laboral y la percepción salarial o la disponibilidad de los monitores para administrar medicamentos o responsabilizarse de intolerancias alimentarias. Las consecuencias de este impás, según denunció el PP, ya se están notando en la suspensión de actividades hasta la fecha habituales como montar a caballo o utilizar el rocódromo.

El PP ha ido más allá hasta el punto de haber anunciado la presentación de una moción en la sesión plenaria de la próxima semana en la que exigirá al Ejecutivo municipal una mejora de la gestión del centro y el abono de las diferencias salariales hasta que se logre un acuerdo en torno a la categoría profesional y las retribuciones de la plantilla en las negociaciones del convenio colectivo ahora abiertas.

“Si solamente fuera la problemática de los trabajadores del Coto Escolar, probablemente ya tendríamos una solución encima de la mesa, pero esta situación que tienen los trabajadores del Coto Escolar se extiende y se comunica a otras situaciones de que se están negociando en el convenio colectivo abierto desde hacía ya muchísimo tiempo, pero que no terminan de cerrarse”, subrayó Canuria.

En otro sentido, el edil aludió al papel de los profesores tras trascender que ahora deberán encargarse de atender el comedor en lugar de los monitores: “Los docentes que trasladan a los niños al Coto Escolar son responsables desde el momento en que salen los niños del centro escolar hasta que vuelven, y no lo son los monitores del Coto Escolar”.

Canuria se apoyó para realizar esta afirmación en un pronunciamiento judicial “claro y diáfano”. “Nosotros”, zanjó en alusión al Coto, “no somos un centro escolar”.

Los principales sindicatos creen que hay motivos más que se sobra para que la provincia de León secunde de manera mayoritaria, incluso más que el resto de España, la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre, el paro de 24 horas y la gran manifestación que se convocará como colofón de esa jornada. Todo ello bajo el gran eslogan de “Salarios. Vivienda. Precios”.

Los detalles han sido desgranados este miércoles por los líderes provincial de UGT, Comisiones Obreras y CGT, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, respectivamente. Por ejemplo, que las horas extraordinarias realizadas en León podrían haber permitido contratar a 1.113 personas a jornada completa. Así lo resaltó Blasco para denunciar las contradicciones del mercado laboral provincial, donde, según sus datos, se contabilizaron 6.609 horas extra durante el segundo trimestre de 2026 mientras más de 20.000 personas permanecían en el paro.

La situación laboral será uno de los argumentos centrales de la huelga general del 11 de noviembre. Blasco cuestionó que la mejora de algunos indicadores económicos se traduzca en un avance equivalente para las familias. A su juicio, el esfuerzo de acudir cada día al trabajo pierde parte de su sentido cuando los ingresos no bastan para cubrir necesidades esenciales. La responsable sindical advirtió de que hay hogares obligados a decidir entre pagar la vivienda, comprar alimentos o afrontar la factura de la calefacción.

Blasco vinculó esta situación con los salarios y las dificultades para acceder a una vivienda, pero también con el bloqueo de las negociaciones de los convenios sectoriales. Según los datos expuestos por CCOO, todavía existen 364 categorías profesionales recogidas en convenios provinciales con retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). La subida salarial media pactada, del 3,9%, tampoco habría compensado el incremento del 4,9% del IPC que la dirigente sindical atribuyó a la provincia.

La vivienda constituye el otro gran frente de la protesta. Blasco cifró en más de 40.000 las viviendas vacías de la provincia y situó el precio medio por encima de los 1.090 euros por metro cuadrado, con más de 1.500 euros en la capital leonesa y alrededor de 900 en Ponferrada. También señaló que cerca de 80.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza y que otras 50.000 afrontan graves dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.

Una crisis que también afecta a las expectativas de futuro

Por CGT, Jesús López planteó la huelga desde una perspectiva más amplia que la estrictamente laboral. El dirigente considera que la situación actual reúne tres crisis, «económica, institucional y emocional», y relacionó el malestar social con la sensación de que trabajar ya no garantiza una vida estable.

López defendió que la vivienda debe tratarse como un derecho y no como un negocio, y reclamó medidas para reducir los precios, regular los alquileres temporales y por habitaciones, frenar los desahucios y vincular las subidas salariales al coste real de la vida. También propuso que los salarios y las pensiones alcancen un mínimo de 1.500 euros.

El representante de CGT advirtió de que la distancia entre las expectativas creadas durante años y las posibilidades reales de las familias alimenta la frustración. «No estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sino que estamos sobreviviendo con las posibilidades que nos ofrece el sistema», sostuvo durante su intervención.

Por su parte, el secretario general de UGT en León, Enrique Reguero, puso el acento en la pérdida de empleo y en las dificultades de emancipación de los jóvenes. Según los datos que trasladó, la provincia perdió 1.200 afiliaciones a la Seguridad Social durante el último mes, un descenso que sumó a la preocupación por la falta de oportunidades laborales y de vivienda asequible.

Reguero destacó que las movilizaciones relacionadas con la crisis residencial están contribuyendo a despertar la implicación de la población joven. Para ilustrar ese cambio, recuperó una expresión del dirigente agrario Matías Llorente: «Antes no había tempero, pues ahora hay tempero», en referencia a unas condiciones que, a su juicio, empiezan a favorecer la movilización social.

El responsable de UGT reclamó una subida del 7% del salario mínimo interprofesional para 2027 y aumentos de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos. También pidió a la patronal que desbloquee las negociaciones y deje de exigir moderación salarial mientras, según denunció, aumentan los beneficios empresariales.

Las tres organizaciones sostienen que la respuesta a los problemas de León requiere, además de mejores sueldos, más vivienda disponible para alquiler y medidas que permitan distribuir mejor las oportunidades laborales. Reguero reclamó a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos una política de vivienda que llegue también a los municipios de la provincia, junto con una planificación de suelo disponible que facilite el acceso residencial.

Los sindicatos llaman a participar tanto en la huelga como en la manifestación prevista, cuyo horario se sitúa provisionalmente a las 19.00 horas, con salida desde San Marcos y llegada al corazón de la ciudad, la Plaza de San Marcelo. El recorrido y la organización definitiva de la protesta todavía estaban pendientes de concretarse.

La Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio, en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada, organizan la quinta edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, una cita que tendrá lugar el martes 27 de octubre en el Museo del Ferrocarril de la capital berciana.

El delegado territorial, Eduardo Diego; junto al secretario general de la Cámara, Javier Sanz, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, han presentado la actividad, que busca poner en contacto directo a personas demandantes de empleo y empresas con necesidades de incorporar talento a sus plantillas, una cita con vocación de resultar una jornada dinámica y accesible que favorecerá la creación de oportunidades laborales concretas.

Durante la presentación, Diego ha destacado la apuesta continuada de la Junta por este proyecto desde su primera edición. La actividad se celebra de manera alterna entre León y Ponferrada. “Las ediciones anteriores han demostrado que esta iniciativa es un éxito al fomentar el encuentro entre empresas, profesionales y personas que buscan nuevas oportunidades laborales”, ha señalado.

La feria contará para esta edición con 46 expositores. Con más de 50 puestos de trabajo ya ofertados a estas alturas, la organización confía en que esta cifra alcance el centenar antes del comienzo de la actividad propiamente dicha. También están previstos diferentes talleres, mesas redondas, ponencias y otras actividades orientadas a potenciar el talento, las habilidades y la motivación de los participantes.

Además, reunirá en un único espacio recursos y herramientas para mejorar la empleabilidad, desde asesoramiento personalizado para redactar un buen currículum hasta actividades prácticas que ayuden a preparar el perfil profesional de los asistentes para afrontar con mayores garantías el mercado de trabajo.

La Junta de Castilla y León no prevé, de momento, cambiar la normativa para que el Consejo Comarcal del Bierzo pueda utilizar la empresa pública autonómica Somacyl como medio propio para contratar brigadas forestales.

Así lo ha trasladado el presidente del Consejo Comarcal, el socialista Olegario Ramón, en declaraciones a los periodistas después de reunirse este viernes en Valladolid con el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, del Partido Popular.

La reunión pretendía explorar esta alternativa para dar continuidad a la gestión de los trabajos silvícolas de prevención de incendios forestales desde la institución berciana. Sin embargo, la respuesta de la Administración autonómica deja esta vía en suspenso y obliga a seguir buscando otras fórmulas, ha explicado Ramón, quien ha insistido en que la prioridad es evitar que el ente berciano pierda la gestión de estas actuaciones preventivas.

La cuestión se enmarca en las dificultades que afronta la institución para articular la contratación de las brigadas y garantizar que pueda seguir ejerciendo las funciones que tiene atribuidas en materia de prevención forestal.

La conversación con González Gago ha incluido otros asuntos pendientes entre ambas administraciones, como la situación de la sede del Consejo Comarcal y la mejora de la financiación del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM).

La búsqueda de una solución para las brigadas forestales continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes, puesto que el Consejo debería hacerse con una acción del Somacyl para poder contratar brigadas a otra empresa pública estatal, Tragsa y, según Ramón, no se está facilitando dar ese paso por lo que considera que “por la vía de los hechos” la Junta podría querer hacerse con una competencia que es del ente comarcal.

La Guardia Civil de León ha reunido pruebas concluyentes para atribuir a dos personas, un trabajador y el propietario de la empresa para la que trabajaba, un grave delito penal por originar el peor incendio forestal de este año en la provincia de León. Un proceso que ha durado casi tres meses.

El incendio fue el que afecto a montes de la localidad de Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, y cuando concluyó después de muchos días descontrolado se cuantificaron los datos en 2.012 hectáreas, 1.407 de ellas arboladas. Una auténtica tragedia forestal que se originó, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, a las 19.45 horas del 22 de julio. Tras un despliegue amplísimo de medios, el siniestro no quedó extinguido hasta el 8 de agosto.

El incendio alcanzó el Índice de Gravedad Potencial 2 y en aquellos días obligó a evacuar preventivamente seis pueblos de los municipios de Riello y de Valdesamario. En concreto, fueron desalojados los vecinos de Rosales, Folloso, Andarrado y Trascastro de Luna, en el término municipal de Riello, así como los de Ponjos y Murias de Ponjos, en Valdesamario.

Las llamas afectaron a una superficie aproximada de 2.012 hectáreas de terreno forestal, con zonas de arbolado, matorral y pastos. La investigación que ahora desvela la Guardia Civil de León ha permitido determinar que el origen del fuego, provocado, aunque no necesariamente intencionado, estaría relacionado con el uso inadecuado de un generador eléctrico mientras se realizaban trabajos en el monte. La gravedad de los hechos es que estas labores se produjeron en un momento en el que estaba activa una alerta oficial por alto riesgo meteorológico de incendio, que prohíben este tipo de labores.

Un trabajador y el responsable de la empresa, investigados

Las diligencias, que hoy se detallan en una nota de prensa oficial, han sido desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con el Equipo de Investigación de Incendios de la XII Zona de Castilla y León, agentes medioambientales y personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.

Como resultado de las pesquisas, pruebas y testimonios, los agentes señalan a la responsabilidad de tipo penal de dos personas, a las que se le imputa un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave. Al trabajador se le atribuye la presunta autoría material, por utilizar la maquinaria de la que habría derivado el fuego. Por su parte, al dueño de la empresa en la que trabajaba se le investiga por una supuesta falta de control sobre los trabajos que se estaban realizando, que estaban prohibidos.

Los dos investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

La Guardia Civil recuerda que casos como este resaltan la importancia de extremar las precauciones al utilizar maquinaria y realizar trabajos en el medio natural, especialmente durante episodios meteorológicos que incrementan el riesgo de incendio. Asimismo, insiste en la necesidad de cumplir las medidas preventivas para evitar situaciones que puedan poner en peligro el patrimonio natural, la seguridad de las personas y las poblaciones próximas a las zonas forestales.

Lo avanzaron en septiembre. Y lo han confirmado en octubre. Los agentes medioambientales de 15 de las 18 comarcas leonesas han ratificado el anunciado plante indefinido a las guardias de incendios hasta que la Junta de Castilla y León “no mejore las condiciones laborales y de seguridad” de los profesionales, que esperan una “reacción” del Gobierno autonómico para retomar esa disponibilidad.

Los operarios aclaran que respetaron “por responsabilidad” la campaña de peligro alto de incendios. “Y ha sido anunciado con tiempo para que los responsables de la Junta pudieran escucharnos y proponernos algún tipo de acercamiento, pero desgraciadamente la situación no ha cambiado”, lamentan.

En su crítica, los agentes medioambientales apuntan primero al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que se refieren como “principal responsable de la nefasta política de prevención y extinción de incendios en las anteriores legislaturas”, mientras que “en la presente no tiene visos de permitir por ahora ninguna mejora en las condiciones del colectivo”. Y tambien recriminan a la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, que ni los recibiera ni contestara a sus requerimientos.

“Es tal el desinterés que muestra esta administración con nuestro colectivo que hasta desconocen que somos la punta de lanza de la extinción de los incendios. Somos la red de seguridad que vela para que todas las personas que trabajan en una extinción lo hagan de la manera más segura y asumimos la responsabilidad personal y legal, con preparación técnica pero sin un reconocimiento profesional acorde por parte de la Junta de Castilla y León. Y mientras tanto, el aumento de recursos para las empresas dueñas de los helicópteros no para de crecer”, señalan.

Y concluyen: “Quisiéramos volver a trabajar con normalidad antes de que llegue la próxima campaña de incendios. Sin nuestro trabajo el operativo de incendios es menos eficaz, más caro y sobre todo menos seguro para las personas que trabajan en él”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la persistencia de un brote de sarna en la residencia de mayores Virgen de Celada, en La Robla, gestionada por la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios. Según relata el sindicato en un comunicado de prensa, los contagios de escabiosis o sarna humana se suceden desde hace más de un año y afectan tanto a residentes como a trabajadoras, en una situación marcada por las reinfecciones y la falta de soluciones definitivas.

CCOO alerta de que el problema mantiene en una situación de preocupación al personal asistencial del centro, donde trabajan alrededor de 34 profesionales de atención directa, expuestas al riesgo de contagio por las tareas de cuidado. La organización asegura que no es posible determinar una cifra exacta de afectadas, ya que algunas trabajadoras vuelven a presentar síntomas semanas después de haber superado aparentemente la enfermedad o de no haber mostrado manifestaciones visibles.

Por su parte, fuentes municipales consultadas aseguran que la empresa ha conseguido frenar en las últimas dos semanas los contagios, sin que en ese tiempo se haya dado un caso nuevo. Se realizó una nebulización de las estancias, junto con un protocolo farmacológico, que según el Consistorio podría haber dado ya sus frutos definitivos.

La empresa ni confirma ni desmiente

La empresa, por su parte, en su única respuesta a este medio no aclara ni fechas ni siquiera el hecho sanitario en sí, limitándose asegurar que “de la atención de nuestros residentes y la gestión de nuestras tareas e incidencias que en su caso pudieran ocurrir, mantenemos puntualmente informados a las autoridades competentes, cumpliendo los protocolos legalmente aplicables”. Y sobre el brote de sarna, “esta empresa no ha sido objeto de ningún expediente sancionador en relación al asunto”.

Por su parte, el sindicato considera que esta sucesión de contagios evidencia un problema que va más allá de casos aislados y reclama medidas eficaces para erradicar el brote. También cuestiona la actuación de la empresa gestora, al sostener que las labores de desinfección y control de plagas se llevaron a cabo cuando ya se habían producido contagios entre la plantilla. Aralia es una sociedad vinculada a la familia del empresario leonés José Luis Ulibarri y se encarga de la gestión privatizada de esta residencia pública desde que, tras muchos años de retraso en su ejecución, se inauguró en 2021.

Bajas laborales por ansiedad

Las consecuencias de esta situación sanitaria, según CCOO, también se extienden a la salud psicológica de las trabajadoras. La organización sindical afirma que varias empleadas se encuentran de baja laboral, en algunos casos por cuadros de ansiedad y ansiedad reactiva relacionados con el temor continuado al contagio y la incertidumbre sobre los posibles efectos en su entorno familiar.

CCOO denuncia, además, dificultades para que se reconozca el posible origen profesional de estas bajas. Según explica, varias trabajadoras acudieron a la mutua aseguradora para solicitar seguimiento, pero sus procesos no fueron reconocidos como contingencias profesionales, al no admitir la empresa en ese momento la presencia de la enfermedad en las instalaciones. Por ello, el sindicato reclama que se revise individualmente cada expediente para determinar si las bajas están relacionadas con la actividad laboral.

Denuncia ante las inspecciones de Trabajo y Sanidad

La representación sindical también reprocha a la dirección de la residencia que no haya facilitado al Comité de Empresa ni a la Delegada de Prevención la información solicitada formalmente sobre la evaluación del riesgo biológico, una documentación que considera necesaria para valorar la exposición de la plantilla y las medidas preventivas aplicadas.

Ante la falta de avances en las conversaciones con la empresa, CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que compruebe si se están cumpliendo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, el sindicato ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Sanidad, después de contactar con los servicios de Epidemiología. Su objetivo es que se verifique el cumplimiento de los protocolos sanitarios y se determinen las medidas correctoras necesarias para acabar con los contagios recurrentes en la residencia Virgen de Celada. De este modo, por ambas vías, el análisis de la situación está ahora en manos de la Junta de Castilla y León.

Un accidente laboral de un trabajador contratado por la Junta de Castilla y León para la apertura de una pista forestal en la comarca leonesa de Omaña ha acabado ayer martes con su fallecimiento, al caer por una ladera la máquina que se empleaba para estas labores. El empleado tenía 48 años de edad, confirman fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de ayer, en torno a las 14.30 horas, según se dio aviso, también al servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta. Las primeras informaciones especificaban que la alerta surgió cuando alguien vio una máquina retroexcavadora caída en las inmediaciones de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes.

La Guardia Civil, que fue alertada de manera inmediata y se personó en la zona, confirmó posteriormente que el cuerpo del conductor de la máquina se encontraba fuera del vehículo, del que habría salido despedido al caer la misma por una ladera, por causas que aún están bajo investigación, al tratarse oficialmente de un accidente laboral, confirman también desde la Delegación Territorial de la Junta en León. Estas mismas fuentes matizan además que la víctima estaba contratada a través de una empresa privada contratada por la Junta, y realizando labores en el monte, en concreto la apertura de una pista forestal.

La Guardia Civil fue la encargada de poner en marcha el complejo operativo para el rescate del cuerpo, que se pudo comprobar que ya estaba sin vida, del conductor de la excavadora. Participaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, en la provincia leonesa, con el apoyo del helicóptero de la Comandancia de León, los cuales posteriormente trasladaron el cuerpo a León para la realización de la autopsia. Las mismas fuentes confirman que se han iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias concretas del suceso mortal, sin ofrecer más detalles sobre el resultado de las primeras investigaciones.