El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo reforzará su apuesta por la digitalización del tejido empresarial con un nuevo taller gratuito centrado en el uso de la inteligencia artificial (IA) aplicada a los negocios, dirigido a autónomos, emprendedores y pequeñas empresas del municipio.

La iniciativa, titulada 'Aplica la Inteligencia Artificial en tu negocio', se celebrará del 18 al 21 de mayo en el Aula de Nuevas Tecnologías municipal y forma parte del programa formativo que el Consistorio impulsa a lo largo de todo el año para mejorar las competencias digitales de la población.

Organizado por el Centro Municipal de Formación y Empleo (CEMFE) en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, el curso se enmarca en el programa nacional 'Yo Conecto', una iniciativa orientada a reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas clave en el nuevo entorno económico.

Con esta actividad, la Concejalía de Empleo busca acercar la IA a la realidad cotidiana de los negocios locales, en un contexto marcado por la creciente digitalización y la necesidad de adaptación a nuevas formas de producción, gestión y relación con los clientes.

Durante las cuatro sesiones, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de forma práctica cómo integrar soluciones basadas en IA en sus proyectos empresariales.

El objetivo es que puedan optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y detectar nuevas oportunidades de crecimiento.

Entre los contenidos previstos se incluyen el uso de herramientas digitales accesibles basadas en inteligencia artificial, la automatización de tareas, el análisis de datos para la gestión empresarial y la aplicación de soluciones tecnológicas en áreas como el marketing, la atención al cliente o la organización interna.

Esta formación se plantea con un enfoque eminentemente práctico y adaptado a grupos reducidos, lo que permite una atención más personalizada y facilita la adquisición de conocimientos aplicables de manera inmediata.

La colaboración con la Fundación Cibervoluntarios aporta además experiencia en el desarrollo de programas de capacitación tecnológica dirigidos a distintos sectores de la población, especialmente aquellos con mayores dificultades de acceso a la digitalización.

Esta entidad, considerada pionera en España en la promoción del uso social de la tecnología, trabaja en proyectos orientados a fomentar la inclusión digital y el desarrollo de competencias en el ámbito de las nuevas tecnologías.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para fortalecer el empleo y la actividad económica local mediante la formación, con especial atención a las habilidades digitales, cada vez más demandadas en el mercado laboral.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

León ha acogido este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una nueva movilización de los sindicatos UGT y CCOO para denunciar las cifras de siniestralidad laboral y reclamar cambios normativos y refuerzos en la prevención. La concentración principal en la capital leonesa se ha celebrado frente a la sede de la Patronal, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), en el marco de una convocatoria simultánea en todas las provincias de Castilla y León y también con acto en la comarca de El Bierzo.

El foco de la protesta ha estado en los datos registrados en 2025, que reflejan una elevada incidencia de accidentes laborales. En el conjunto de la provincia de León se contabilizaron 10.238 siniestros, de los cuales seis tuvieron resultado mortal. Estas cifras se enmarcan en un contexto autonómico igualmente preocupante, con 62.651 accidentes de trabajo y 53 fallecidos en Castilla y León durante el pasado año.

De forma más detallada, en la comarca de El Bierzo se registraron 1.065 accidentes laborales en 2025, con cuatro víctimas mortales, lo que subraya el peso de la siniestralidad sobre todo en esta comarca.

Durante las concentraciones, ambos sindicatos han recordado a las personas que perdieron la vida o la salud como consecuencia del trabajo y han insistido en la necesidad de actuar “de forma eficaz e inmediata”. Entre sus principales reivindicaciones figura el cumplimiento estricto de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, así como su actualización para adaptarla a los cambios del mercado laboral.

En este sentido, han puesto el acento en los nuevos riesgos derivados de la digitalización, el impacto del cambio climático, el envejecimiento de la población trabajadora o la creciente incorporación de mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados. También han advertido sobre el impacto en la salud mental, señalando problemas como la falta de desconexión digital o la monitorización constante en el entorno laboral.

Coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, declarado además como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT y CCOO han reclamado la actualización del cuadro de enfermedades profesionales para incluir, entre otras, las patologías mentales vinculadas al trabajo y dotarlo de perspectiva de género.

Asimismo, han exigido un refuerzo de los recursos de la Inspección de Trabajo y de los organismos autonómicos de prevención, junto con la creación de juzgados especializados en materia de seguridad y salud laboral. Los sindicatos han defendido que el diálogo social debe seguir siendo una herramienta clave para avanzar en políticas públicas que reduzcan la siniestralidad.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

Un leonés ha logrado hacer desaparecer una deuda contraída de 57.811 euros tras acogerse judicialmente a la Ley de Segunda Oportunidad, en un caso marcado por la necesidad de financiar, entre otras cosas, un vehículo imprescindible para su día a día: llevar a su hijo al colegio y acudir después a su puesto de trabajo. La resolución judicial le permite empezar de nuevo tras años de dificultades económicas derivadas de la caída de sus ingresos después de que en su empresa le bajaran el sueldo.

El origen de su situación de insolvencia se remonta al momento en el que solicitó financiación tanto para acometer reformas necesarias en su vivienda como para adquirir ese coche del que dependía su rutina familiar y laboral. La previsión era poder hacer frente a los pagos cuando su economía mejorase, pero la realidad fue la contraria: una reducción de su salario le dejó sin capacidad suficiente para asumir las cuotas y de todo ello tenía pruebas fehacientes.

A partir de ese momento, la deuda fue creciendo hasta volverse insostenible. Con los ingresos disponibles, el afectado ya no podía hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que le situó en un escenario de insolvencia que le impedía salir adelante por sus propios medios. El caso llegó a manos del despacho Repara tu Deuda Abogados, uno de los muchos que gestionan este tipo de insolvencias que pueden afrontarse aplicándose la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una norma no muy conocida pero de sencilla aplicación, como se ha ido viendo en varios casos en la provincia leonesa, algunos muy desesperados.

Finalmente, tras acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado competente le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), cancelando íntegramente la deuda acumulada. Esta herramienta legal, cada vez más utilizada, permite a particulares en situación de insolvencia rehacer su vida económica siempre que cumplan requisitos como actuar de buena fe o no haber sido condenados por delitos socioeconómicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado que el personal docente e investigador temporal de las cuatro universidades públicas de la comunidad cobre los mismos complementos retributivos que ingresa el personal fijo.

La demanda de conflicto colectivo que planteó la Federación de Enseñanza de CCOO-Castilla y León ha tenido esta respuesta del TSJCyL, que establece que estos derechos deberán ser compensados con carácter retroactivo, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda.

De este modo, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas, ha subrayado el sindicato, que ha recordado que son ya siete las sentencias favorables sobre conflictos que afectan a derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas.

El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo del cobro de los complementos, al rechazar el argumento dado por las universidades sobre la limitación presupuestaria.

CCOO ha recordado que buscó un acuerdo interno con las universidades, a través de las comisiones paritarias del convenio colectivo y también a través del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León), pero las instituciones académicas mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.

La sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.

Por este motivo, el sindicato ha instado a las universidades a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme.

La Universidad de León (ULE) será los días 16 y 17 de abril el punto de encuentro del sistema universitario español en materia de empleabilidad con la celebración de las XIII Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario promovida por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

Organizadas por el Vicerrectorado de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, las jornadas reunirán a representantes de universidades de todo el país, tanto cargos de gestión con responsabilidad en materia de empleabilidad como personal técnico de los observatorios de empleo universitario, configurando un espacio de encuentro, reflexión y trabajo conjunto en torno al análisis de la inserción laboral del estudiantado y egresados universitarios.

El programa abordará cuestiones estratégicas para el presente y el futuro de estos observatorios, combinando conferencias especializadas, intercambio de experiencias y sesiones prácticas. Entre los contenidos destacan el análisis del sello ANECA de Emprendimiento y Empleabilidad, los principales sistemas nacionales de referencia en el seguimiento de la inserción laboral universitaria, como EILU y SIIU, así como la presentación de buenas prácticas desarrolladas por distintas universidades.

Asimismo, el encuentro incluirá experiencias de carácter regional y local, junto con un taller específico orientado al análisis avanzado de datos procedentes de encuestas de inserción laboral, con el objetivo de reforzar las capacidades técnicas en la explotación e interpretación de estos indicadores.

En este contexto, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, subraya la importancia del análisis de la inserción laboral y del seguimiento de las trayectorias profesionales como herramientas clave para anticipar necesidades, mejorar la oferta formativa y contribuir al desarrollo social y territorial.

Asimismo, destaca el firme compromiso de la Universidad de León con la formación integral de su estudiantado y con la mejora continua de la empleabilidad de sus egresadas y egresados, “que entendemos como un proceso que integra la excelencia académica, la orientación profesional y la colaboración con el entorno socioeconómico”.

Las jornadas constituyen, además, una valiosa oportunidad para reforzar la cooperación entre universidades, compartir herramientas y metodologías y generar sinergias con otros agentes públicos y privados, avanzando de manera conjunta en la mejora de la empleabilidad.

Precisamente, la rectora de la ULE presidirá la inauguración oficial del encuentro, en la que también participarán el presidente de la Comisión Sectorial de CRUE-Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes Lorente, y la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira.

Para la Universidad de León, la celebración de este encuentro supone una oportunidad para consolidar su papel como sede de referencia en la organización de iniciativas de ámbito nacional vinculadas a la empleabilidad universitaria, así como para proyectar la ciudad de León como espacio de diálogo, trabajo colaborativo y generación de conocimiento compartido.

El Grupo Popular en la Diputación de León ha denunciado pagos en concepto de horas extras de más de 76.000 euros en el mes de diciembre a bomberos del Sepeis (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento), debido a la escasez de personal, lo que supone un “sobrecoste” equivalente a algo más del salario de dos bomberos durante un año.

Los populares, que acusan al equipo de gobierno de la institución provincial de “mala planificación”, destacan que ello supuso que 42 profesionales tuvieran que incrementar sus horas laborales por encima de las 37,5 horas semanales estipuladas, sumando, de una manera conjunta, un total de 3.077 horas acumuladas durante el último mes de año 2025.

Ello supone, según indican, que se realizaran en un solo mes casi dos veces la jornada anual de un bombero establecida en 1.642 horas al año, estando obligada la compensación económica, tal y como recoge el informe ratificado por el diputado de Protección Civil y Sepeis, Luis Alberto Arias, “hasta que no se produzca la incorporación efectiva de funcionarios para la cobertura ordinaria de los turnos de trabajo”, explicó.

El Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León prevé que los parques de Tipo 2, que son los que están actualmente en funcionamiento en la Diputación de León, han de estar dotados con 3 intervinientes como mínimo presenciales las 24 horas.

El informe del servicio correspondiente al mes de diciembre de 2025 aclara que el número de efectivos es en la actualidad de 58, número que resulta insuficiente para que, con la jornada actual de funcionarios del Sepeis, puedan realizar la cobertura de los 4 parques existentes con 3 efectivos los 365 días del año.

La Junta de Castilla y León ha aprobado el calendario de fiestas laborales para el año 2027, tras su publicación este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y con el consenso de los agentes económicos y sociales en el Consejo Regional de Trabajo, tal y como se destacó en la última sesión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado jueves.

Cumplidos todos los trámites, se han puesto ya por fin en el calendario las fiestas laborales que tendrán carácter retribuido y no recuperable en todo el ámbito autonómico, a las que habrá que sumar posteriormente las dos jornadas festivas de carácter local que fijará cada municipio. Por ejemplo, en el caso de León capital, tal y como ha ocurrido en todos los años previos, el 24 de junio con motivo de San Juan y el 5 de octubre por la celebración de San Froilán, pero cada ayuntamiento debe señalar y aprobar los suyos.

Respecto al listado autonómico y nacional, el calendario de 2027 presenta una distribución que deja varios fines de semana largos y algunos puentes potenciales, especialmente en primavera y verano.

Las fiestas laborales serán las siguientes:

El viernes 1 de enero, Año Nuevo.

En total, el calendario recoge 12 festivos comunes en toda la Comunidad Autónoma, a los que se sumarán los dos días festivos locales hasta completar las 14 jornadas no laborables en total. El listado coincide con las mismas festividades de los últimos años, salvo en en 2023, el segundo año en el que Vox, que formaba entonces cogobierno autonómico con el Partido Popular (PP), impuso que no fuera festivo el 23 de abril, para restar fuerza a la celebración comunera de Villalar, y designando en su lugar el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, una fecha que nunca ha sido tradicional en la Comunidad. La decisión, que no se mantuvo después, generó gran controversia social, tanto como la idea inicial también de Vox de situar como festivo el 2 de enero, día de la toma de Granada, una ocurrencia que no cuajó.

Puentes que vienen

Cambios extraños aparte, en cuanto a su distribución semanal del año que viene, el calendario deja varios periodos propicios para el descanso. La Semana Santa volverá a concentrar dos festivos consecutivos en jueves y viernes a finales del mes de marzo, mientras que el 23 de abril, Día de Castilla y león, caerá en viernes, generando un fin de semana largo.

También habrá un puente claro en agosto, con el traslado de la Asunción al lunes 16, y otro en noviembre, al coincidir el día de Todos los Santos en lunes. Diciembre concentrará dos festivos cercanos, el lunes 6 y el miércoles 8, lo que permitirá en muchos casos un puente de varios días pero sólo si se unen con jornadas laborales intermedias. Por el contrario, otros festivos caerán en fin de semana, como el 1 de mayo y el 25 de diciembre, lo que reduce las opciones de descanso adicional en esos casos.

La muerte, tan presente en el sector minero, tendrá su protagonismo también en la programación del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero. Será este sábado 28 de marzo a las 19.00 horas con un acto de homenaje a los mineros fallecidos en accidente de trabajo en esta cuenca leonesa. La actividad, que contará con el acompañamiento musical del trio de música clásica Nacedo, está abierta al público general con inscripción previa en el correo didactica@museosiderurgiamineriacyl.es o en el teléfono 987718357.

La minería es una de las profesiones más peligrosas que existen. Al hecho de trabajar bajo tierra, soportando las presiones del terreno, con sus constantes derrumbes y tragues, se une un entorno con escasa iluminación, presencia de gases tóxicos y explosivos, bolsas ocultas de agua y otros muchos riesgos que ponen en constante peligro la vida de los mineros.

Este es un hecho que queda tristemente demostrado con las cifras de fallecidos en el sector carbonero, que se cuentan por miles. En el caso concreto de la cuenca de Sabero, en menos de siglo y medio de actividad son más de 300 mineros los que murieron en accidente de trabajo.

El acto de recuerdo programado es fruto el trabajo de investigación que desde hace meses realiza el Museo, con el objetivo de actualizar y completar el listado de fallecidos en accidente de trabajo minero en la cuenca de Sabero. La puesta en marcha del Archivo Histórico Minero de Castilla y León, dependiente del centro, ha sido clave en esta investigación, al poder disponer de documentación como fichas de personal, libros de policía minera, correspondencia con las mutuas, entre otras cosas. De igual forma, la investigación se está completando con la consulta a otros archivos y la valiosa colaboración de los vecinos de la zona, especialmente de los más mayores, que aún recuerdan muchos de los accidentes acaecidos en la zona.

El acto, al que asistirán familiares y compañeros de los fallecidos, servirá para recordar a estas personas que dejaron su vida en el sector minero, para poner en valor su esfuerzo y trabajo y para agradecer de forma colectiva la huella que dejaron en la familia minera de la zona.

Imaginemos un trabajador de la limpieza viaria de León que, limpiando una remota calle de un barrio periférico de la ciudad a las cuatro de la madrugada sufre una caída grave o es víctima de un repentino ataque cardíaco o tantas otras eventualidades urgente que puedan surgir. No es un escenario imaginario: puede ser real y de la rapidez en la actuación para socorrerle puede depender su propia vida.

Para proteger a la plantilla del Servicio Municipal de Limpieza Viaria de la capital, el Ayuntamiento de León ha dado un paso de seguridad personal. Se llama de una manera muy gráfica, 'detección del hombre caído', y consiste en la implantación de un sistema tecnológico capaz de detectar caídas, pérdidas de conciencia o situaciones de riesgo inminente en tiempo real y en localizaciones remotas o a horas intempestivas.

La medida fue aprobada en la Junta de Gobierno del pasado 6 de marzo y será un paso adelante en busca de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en un ámbito laboral especialmente expuesto a este tipo de situaciones.

El contrato, tramitado como menor bajo la denominación 'Adquisición, configuración y mantenimiento de dispositivos de detección del hombre caído', permitirá dotar a los operarios de limpieza viaria y recogida de residuos de dispositivos de seguridad activa diseñados para actuar de forma automática ante cualquier incidente. La adjudicación ha recaído en la empresa Doopmap SA, especializada en protección del trabajador aislado,. El importe total asciende a algo más de 10.000 euros (10.164 euros), con una duración de un año completo.

El núcleo de la solución tecnológica es el dispositivo D-5000, un terminal ligero y resistente, preparado para soportar incluso condiciones adversas de agua y polvo, que incorpora sensores capaces de detectar automáticamente una caída o la pérdida de verticalidad de un operario. A ello se suma un botón SOS que permite activar manualmente una alerta en caso de que la emergencia deje al empleado consciente.

Uno de los elementos clave es su sistema de geolocalización, con un margen de error inferior a cinco metros, junto a una conectividad multioperador que asegura la comunicación incluso en áreas con cobertura limitada. De este modo, el trabajador permanece localizado en todo momento, lo que facilita la eventual intervención de los servicios de emergencia.

Más allá del dispositivo individual, el sistema se apoya en una Central Receptora de Alarmas operativa las 24 horas durante todo el año. Este centro no solo recibe las señales, sino que cuenta con personal humano especializado que verifica cada aviso para descartar falsas alarmas y gestionar únicamente situaciones reales. En caso de incidente, se establece además una comunicación directa por voz con el operario, permitiendo evaluar su estado mientras se moviliza la ayuda necesaria.

El contrato incluye también un servicio integral que abarca el mantenimiento técnico, la gestión de las tarjetas SIM, la formación de los trabajadores y la sustitución inmediata de los equipos en caso de avería. Un enfoque que busca no solo implantar la tecnología, sino garantizar su funcionamiento continuo y eficaz en el día a día del servicio.

El principal argumento municipal es que con esta medida se refuerza el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales y se avanza hacia un modelo de servicios públicos más seguro, en el que la tecnología actúa como aliada para proteger a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Una tranquilidad extra para la amplia plantilla de limpieza. Es de suponer que si en este año de funcionamiento se observan buenos resultados, el sistema se ampliará en el tiempo y acabará convirtiéndose en algo estable e imprescindible.

El Juzgado de lo Social número 1 del Tribunal de Instancia de León ha confirmado la sanción de 50.005 euros impuesta a una empresa portuguesa por emplear a cinco trabajadores extracomunitarios sin autorización de residencia y trabajo en España. La sentencia desestima íntegramente la demanda de la compañía y considera ajustada a derecho la resolución administrativa, aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El caso tiene su origen en una inspección realizada el 4 de junio de 2024 en una nave del polígono industrial de La Llanada, en Ponferrada, donde los inspectores detectaron a cinco trabajadores de nacionalidad brasileña prestando servicios en tareas de estructuras metálicas. La actuación se llevó a cabo de forma coordinada con autoridades portuguesas tras varias comunicaciones sobre posibles desplazamientos transnacionales de trabajadores.

A raíz de esa visita, la Inspección de Trabajo levantó acta de infracción por considerar que los empleados carecían de la autorización necesaria para trabajar en España. La Subdelegación del Gobierno en León impuso una sanción en su grado mínimo por infracción muy grave, al tratarse de cinco trabajadores, fijando la cuantía en 50.005 euros.

Durante el procedimiento judicial, la empresa sancionada impugnó la resolución alegando defectos formales en la tramitación y defendiendo que los trabajadores se encontraban en situación de desplazamiento internacional, por lo que, a su juicio, debía aplicarse la normativa europea y portuguesa. También cuestionó la proporcionalidad de la sanción y planteó la posible responsabilidad de la empresa contratista principal.

Sin embargo, el magistrado rechaza estos argumentos y subraya que los hechos constatados por la Inspección gozan de presunción de veracidad. La sentencia destaca que no se aportó ningún certificado A1 en vigor, un documento clave para acreditar la cobertura por la legislación de otro país de la UE, sino únicamente solicitudes del mismo, lo que no equivale a su concesión.

Desde el punto de vista jurídico, el fallo aplica la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que tipifica como infracción muy grave la contratación de trabajadores extranjeros sin autorización previa. El juez concluye que, al no acreditarse un desplazamiento válido conforme a la normativa europea, resultaba plenamente aplicable la legislación española.

Asimismo, la resolución descarta que exista responsabilidad solidaria de la empresa principal al no haberse probado que conociera la situación irregular de los trabajadores. También rechaza que se haya producido indefensión o falta de respuesta a las alegaciones planteadas en vía administrativa.

En consecuencia, el juzgado confirma íntegramente la sanción impuesta por la Administración y avala tanto la calificación de la infracción como la cuantía de la multa. La sentencia no es firme y podrá ser recurrida en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo legal establecido.

La huelga nacional de médicos ha vuelto a dejar este martes una notable incidencia en la provincia de León, donde el seguimiento ha alcanzado el 26,8% en el turno de mañana, ligeramente por encima de la media autonómica. En total, 339 facultativos han secundado el paro en la provincia en una jornada marcada de nuevo por la suspensión de actividad asistencial.

En el conjunto de Castilla y León, el seguimiento ha sido del 20%, un punto más que el registrado el lunes, con 1.428 médicos en huelga de los 7.128 previstos. La movilización, convocada para reclamar un estatuto marco propio para la profesión, encara así su segunda jornada de esta semana de paros, que se repiten una vez al mes desde febrero y hasta junio.

La incidencia en la asistencia ha vuelto a ser relevante. En Atención Primaria, se han suspendido 1.660 consultas de medicina familiar y pediatría en el área de León y otras 392 en El Bierzo, lo que eleva a más de 2.000 las consultas canceladas en la provincia berciana y leonesa solo en la mañana de este miércoles.

En el conjunto autonómico, la jornada ha dejado 6.007 consultas de Atención Primaria suspendidas, junto a 3.785 consultas hospitalarias. Además, se han cancelado 227 intervenciones quirúrgicas y 487 pruebas diagnósticas, cifras ligeramente inferiores a las del lunes, aunque con un impacto todavía elevado en el sistema sanitario.

Por niveles asistenciales, el seguimiento ha sido mayor en los hospitales, con un 26% de paro, frente al 8% registrado en Atención Primaria, lo que refleja una mayor incidencia en la actividad hospitalaria.

La huelga, convocada por varios sindicatos médicos a nivel nacional, continúa sin visos de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y mantiene la presión sobre el sistema sanitario público, también en León, donde el seguimiento se sitúa entre los más altos de la Comunidad.

El entorno del Teleno, un terreno muy afectado por los incendios en los últimos años, ha sido el lugar en el que este sábado se ha llegado a la meta de las marchas convocadas por el colectivo de bomberos forestales bajo el lema ‘El monte no olvida’, todavía bajo el impacto de los fuegos del pasado verano.

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) convocó estas marchas reivindicativas, que recorrieron territorios calcinados por los incendios forestales. La provincia leonesa ha tenido un protagonismo notable en unas citas que también han pasado por puntos de Burgos, Zamora y Ávila.

La ruta Pobladura de la Sierra-Filiel (12,4 kilómetros) ha servido este sábado para poner el punto final a esta iniciativa, concebida como un acto de memoria y dignidad tras los efectos devastadores de los incendios forestales del pasado verano.

Desde el colectivo organizador se ha realizado un agradecimiento a la participación en estas marchas, convocadas también para visibilizar la realidad del colectivo de trabajadores en la extinción de incendios.

La maquinaria que explotó el pasado 8 de enero en la cocina del Hospital de León, por fortuna sin causar heridos, no había pasado las revisiones periódicas establecidas por el fabricante, según recoge el informe elaborado por la Inspección de Trabajo tras el accidente y que ha dado a conocer, entre críticas, el sindicato UGT de León.

El equipo siniestrado era un cocedero de vapor instalado en 1992 (hace 34 años) que, de acuerdo con las conclusiones del inspector, se encontraba en funcionamiento sin que se hubieran realizado los controles técnicos necesarios recogidos en su ficha técnica. Estas revisiones, apunta el informe, podrían haber servido para evitar el incidente.

La investigación también señala que el aparato arrastraba numerosos problemas de funcionamiento desde hace años. En concreto, constan múltiples incidencias y reparaciones desde 2019 relacionadas con fallos en la presión, problemas en el sistema de apertura de la puerta, fugas y distintos fallos mecánicos.

Según el informe de la Inspección de Trabajo, se ha estado utilizando un equipo de trabajo en el que no se garantizaba totalmente la seguridad y salud de los trabajadores, lo que ha motivado la actuación inspectora tras la explosión registrada en las instalaciones de cocina del complejo hospitalario leonés.

“Inacción y desidia”

A raíz de estas conclusiones, el área de Sanidad del sindicato UGT ha criticado lo que considera una situación derivada de la “inacción y desidia” de los responsables del centro sanitario. La organización sindical advierte de que este tipo de situaciones pueden tener consecuencias graves tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.

El sindicato recuerda además que la normativa vigente establece que el empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluyendo la prevención, la información y la formación, obligaciones que, a su juicio, “se han incumplido en este caso”.

UGT considera “inaceptable” que en un centro sanitario se mantengan en funcionamiento equipos con más de 30 años de antigüedad y con un historial prolongado de averías, al entender que esto supone un riesgo potencial para la seguridad laboral. Por ello, el sindicato ha reclamado a la Gerencia del Hospital de León la depuración de responsabilidades que correspondan tras el accidente.

La provincia de León ha vuelto a ser el escenario de otro fallecimiento de un empleado en el momento de estar trabajando y con este nuevo suceso ya van tres en el corto plazo de menos de 20 días.

El último caso se ha conocido hoy pero tuvo lugar en la mañana del pasado viernes 6 de marzo, tal y como ha trascendido a raíz de un comunicado dado a conocer por Izquierda Unida (IU). Tal y como han confirmado fuentes oficiales del servicio de Emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla, en este caso la víctima mortal ha sido un trabajador de 59 años de edad que se cayó mientras realizaba labores de poda en el seto de un vivero situado en una urbanización de la localidad de Villadangos del Páramo, en concreto en la avenida Principado de Asturias.

Los hechos fueron avisados en primer lugar de manera telefónica a las 11.13 horas del viernes 6 de marzo, movilizando el 1-1-2 los medios necesarios para la atención sanitaria urgente del herido, el cual tras perder el equilibrio recibió al caer en el suelo un fuerte impacto en la cabeza que le dejó ya sin consciencia, según las mismas fuentes. Emergencias envió personal sanitario y una ambulancia que fue la que finalmente trasladó el trabajador al Hospital de León con un muy grave traumatismo en la cabeza. Fruto de esa herida acabó falleciendo pocas horas después en el centro sanitario, tal y como confirma la formación política.

Izquierda Unida, a través de Rubén Estévez, Coordinador local de Izquierda Unida, ha querido “trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, compañeros y compañeras del trabajador fallecido”. “Este accidente nos recuerda que la seguridad laboral no puede ser una cuestión secundaria. Es imprescindible reforzar todas las medidas de prevención y promover una mayor sensibilización sobre riesgos laborales para evitar que tragedias como esta se repitan”, asegura.

Por eso, la coalición en León hace un llamamiento a las autoridades y empresas para que refuercen los protocolos de seguridad en el trabajo, incrementen la formación en prevención y garanticen entornos laborales seguros para todas las personas trabajadoras. “No podemos permitir que ganarse la vida se convierta en un riesgo mortal. La prevención y la concienciación deben ser prioritarias en todos los sectores”, concluye Estévez. Izquierda Unida reitera su compromiso con la defensa de unas condiciones laborales seguras y dignas, recordando que cada accidente mortal es una tragedia que interpela a toda la sociedad.

El primer grave suceso de tipo laboral tuvo lugar el 17 de febrero al ser atropellado mortalmente por un coche un operario de carreteras de la Junta de Castilla y León de 60 años de edad mientras realizaba labores de mantenimiento y desbroce en las proximidades del cruce de Manzaneda de Torío en la carretera LE-311 León-Collanzo, la travesía principal que vertebra la comarca del Torío.

El 24 también de febrero falleció otro trabajador, en este caso el empleado de una compañía de telecomunicaciones de 27 años que el día antes recibió un fuerte golpe en la cabeza cuando trabajaba bajo una torre eléctrica de tensión en el pueblo de Villarroquel, en el municipio de Cimanes del Tejar. Desde los sindicatos, tanto UGT como CCOO, también han exigido el reforzamiento de protocolos y condiciones de trabao para evitar un incremento tan pronunciado de casos mortales en la provincia.

Comisiones Obreras ha acusado a la dirección de la empresa vidriera Tvitec, con sede en El Bierzo, de vulnerar los derechos de los trabajadores al impedir el acceso a las instalaciones para realizar la campaña informativa de las elecciones sindicales.

A través de un comunicado remitido este martes, la organización sindical denuncia un trato desigual con otros sindicatos, ya que aseguran que los representantes de UGT tienen facilidades para acceder a estos espacios.

Una situación “antidemocrática”, que CCOO ha vinculado al conflicto laboral que mantiene con la empresa desde 2024, derivado de varias reclamaciones relacionadas con las condiciones de trabajo y el cumplimiento del convenio colectivo.

Irregularidades

Entre las principales cuestiones denunciadas por CCOO figuran supuestos incumplimientos en el pago de las pagas extraordinarias, irregularidades en el cálculo de las horas extraordinarias y la modificación unilateral de complementos de producción por parte de la dirección.

También critican el incumplimiento de acuerdos firmados con el comité de empresa y la negativa de la compañía a regularizar la clasificación profesional de la plantilla.

Este sindicato, además, ha presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, relacionadas con el pago incorrecto de las vacaciones y el uso de empresas de trabajo temporal (ETT) para cubrir puestos estructurales dentro de la plantilla.

Empleados del Hospital de León se han concentrado este lunes a las puertas del centro para reclamar el abono efectivo del complemento por trabajar en sábado para todas las categorías laborales. Comisiones Obreras asegura que este cobro corresponde a un derecho aprobado hace ya cuatro meses en una mesa sectorial y cuya aplicación sería retroactiva a fecha de 1 de enero de 2024.

El sindicato habla de “agravio comparativo” al subrayar que sólo dos categorías laborales están recibiendo actualmente el complemento por trabajar los sábados, por lo que apremia a publicar el decreto que regula el cobro con el fin de que llegue a todos los trabajadores de Sacyl (Sanidad Castilla y León).

“Nos preocupa enormemente que la administración no informe de cuál es el motivo que está retrasando la publicación y el derecho derivado del mismo, teniendo en cuenta que además en la orden de retribuciones publicada en febrero ese complemento tampoco aparece, por lo que entendemos que puedan 'haberse olvidado' de cumplir con el acuerdo con el que real y legalmente tienen que cumplir”, señala CCOO.

“Todos los profesionales tienen derecho” al abono del complemento por trabajar en sábado, remarca Comisiones.

Un trabajador de 57 años de edad ha resultado herido este viernes tras caerse a un foso desde una altura de unos cuatro metros en una zona de bodegas de la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz.

Según ha informado este viernes el servicio de emergencias 1-1-2, el trabajador se encontraba subido a una escalera en un camino situado en una zona de bodegas de la localidad cuando ha sufrido una caída desde una altura de unos cuatro metros.

El suceso se ha producido en torno a las 15.30 horas de este viernes y ha sido necesaria la presencia de los bomberos de la Diputación de León para mover de forma segura al trabajador, que se quejaba de un fuerte dolor en la espalda.

También se ha avisado a la Guardia Civil de León y a emergencias sanitarias de Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente fue trasladado en esta última al Hospital de León, donde quedó ingresado.

El Ayuntamiento de Sariegos acaba de poner en marcha el Programa Mixto de Formación y Empleo denominado 'Verde Sariegos I', una iniciativa que tiene como objetivo dar una salida laboral a personas desempleadas del municipio próximo a León con un programa que combina la formación teórica y trabajo práctico, generando oportunidades laborales al tiempo que se favorece el mantenimiento y la mejora del entorno municipal.

'Verde Sariegos I', que tendrá una duración de nueve meses y un presupuesto total de 183.564,36 euros, cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León. Se trata de una colaboración entre dos instituciones que tienen como objetivo reforzar la cualificación profesional de las personas participantes y facilitar su inserción laboral en el sector forestal y de la jardinería.

Los alumnos que entren en este programa obtendrán el Certificado de Profesionalidad AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, así como formación parcial correspondiente al certificado AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.

El alcalde de Sariegos, Roberto Aller Llanos, se felicita por la colaboración institucional “de la que se van a beneficiar nuestros vecinos porque con este programa podrán conseguir dos certificaciones que mejorarán sus opciones de acceso al mercado laboral en un sector necesitado de profesionales cualificados como los que van a salir formados al final de este programa”.

'Sariegos Verde I' estará dirigido por una monitora especializada y una coordinadora, que acompañarán al alumnado durante todo el proceso formativo, garantizando una enseñanza práctica y orientada al empleo. Además de la formación técnica, el programa tendrá otro beneficio añadido para el municipio “porque las personas participantes desarrollarán trabajos reales de mejora, conservación y mantenimiento de parques y espacios verdes en las cuatro localidades del municipio, contribuyendo al cuidado del entorno y a la mejora de nuestros espacios públicos”, explica el regidor.