Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

Un leonés ha logrado hacer desaparecer una deuda contraída de 57.811 euros tras acogerse judicialmente a la Ley de Segunda Oportunidad, en un caso marcado por la necesidad de financiar, entre otras cosas, un vehículo imprescindible para su día a día: llevar a su hijo al colegio y acudir después a su puesto de trabajo. La resolución judicial le permite empezar de nuevo tras años de dificultades económicas derivadas de la caída de sus ingresos después de que en su empresa le bajaran el sueldo.

El origen de su situación de insolvencia se remonta al momento en el que solicitó financiación tanto para acometer reformas necesarias en su vivienda como para adquirir ese coche del que dependía su rutina familiar y laboral. La previsión era poder hacer frente a los pagos cuando su economía mejorase, pero la realidad fue la contraria: una reducción de su salario le dejó sin capacidad suficiente para asumir las cuotas y de todo ello tenía pruebas fehacientes.

A partir de ese momento, la deuda fue creciendo hasta volverse insostenible. Con los ingresos disponibles, el afectado ya no podía hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que le situó en un escenario de insolvencia que le impedía salir adelante por sus propios medios. El caso llegó a manos del despacho Repara tu Deuda Abogados, uno de los muchos que gestionan este tipo de insolvencias que pueden afrontarse aplicándose la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una norma no muy conocida pero de sencilla aplicación, como se ha ido viendo en varios casos en la provincia leonesa, algunos muy desesperados.

Finalmente, tras acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado competente le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), cancelando íntegramente la deuda acumulada. Esta herramienta legal, cada vez más utilizada, permite a particulares en situación de insolvencia rehacer su vida económica siempre que cumplan requisitos como actuar de buena fe o no haber sido condenados por delitos socioeconómicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado que el personal docente e investigador temporal de las cuatro universidades públicas de la comunidad cobre los mismos complementos retributivos que ingresa el personal fijo.

La demanda de conflicto colectivo que planteó la Federación de Enseñanza de CCOO-Castilla y León ha tenido esta respuesta del TSJCyL, que establece que estos derechos deberán ser compensados con carácter retroactivo, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda.

De este modo, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas, ha subrayado el sindicato, que ha recordado que son ya siete las sentencias favorables sobre conflictos que afectan a derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas.

El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo del cobro de los complementos, al rechazar el argumento dado por las universidades sobre la limitación presupuestaria.

CCOO ha recordado que buscó un acuerdo interno con las universidades, a través de las comisiones paritarias del convenio colectivo y también a través del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León), pero las instituciones académicas mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.

La sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.

Por este motivo, el sindicato ha instado a las universidades a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme.

La Universidad de León (ULE) será los días 16 y 17 de abril el punto de encuentro del sistema universitario español en materia de empleabilidad con la celebración de las XIII Jornadas de Observatorios de Empleo Universitario promovida por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

Organizadas por el Vicerrectorado de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, las jornadas reunirán a representantes de universidades de todo el país, tanto cargos de gestión con responsabilidad en materia de empleabilidad como personal técnico de los observatorios de empleo universitario, configurando un espacio de encuentro, reflexión y trabajo conjunto en torno al análisis de la inserción laboral del estudiantado y egresados universitarios.

El programa abordará cuestiones estratégicas para el presente y el futuro de estos observatorios, combinando conferencias especializadas, intercambio de experiencias y sesiones prácticas. Entre los contenidos destacan el análisis del sello ANECA de Emprendimiento y Empleabilidad, los principales sistemas nacionales de referencia en el seguimiento de la inserción laboral universitaria, como EILU y SIIU, así como la presentación de buenas prácticas desarrolladas por distintas universidades.

Asimismo, el encuentro incluirá experiencias de carácter regional y local, junto con un taller específico orientado al análisis avanzado de datos procedentes de encuestas de inserción laboral, con el objetivo de reforzar las capacidades técnicas en la explotación e interpretación de estos indicadores.

En este contexto, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, subraya la importancia del análisis de la inserción laboral y del seguimiento de las trayectorias profesionales como herramientas clave para anticipar necesidades, mejorar la oferta formativa y contribuir al desarrollo social y territorial.

Asimismo, destaca el firme compromiso de la Universidad de León con la formación integral de su estudiantado y con la mejora continua de la empleabilidad de sus egresadas y egresados, “que entendemos como un proceso que integra la excelencia académica, la orientación profesional y la colaboración con el entorno socioeconómico”.

Las jornadas constituyen, además, una valiosa oportunidad para reforzar la cooperación entre universidades, compartir herramientas y metodologías y generar sinergias con otros agentes públicos y privados, avanzando de manera conjunta en la mejora de la empleabilidad.

Precisamente, la rectora de la ULE presidirá la inauguración oficial del encuentro, en la que también participarán el presidente de la Comisión Sectorial de CRUE-Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes Lorente, y la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira.

Para la Universidad de León, la celebración de este encuentro supone una oportunidad para consolidar su papel como sede de referencia en la organización de iniciativas de ámbito nacional vinculadas a la empleabilidad universitaria, así como para proyectar la ciudad de León como espacio de diálogo, trabajo colaborativo y generación de conocimiento compartido.

El Grupo Popular en la Diputación de León ha denunciado pagos en concepto de horas extras de más de 76.000 euros en el mes de diciembre a bomberos del Sepeis (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento), debido a la escasez de personal, lo que supone un “sobrecoste” equivalente a algo más del salario de dos bomberos durante un año.

Los populares, que acusan al equipo de gobierno de la institución provincial de “mala planificación”, destacan que ello supuso que 42 profesionales tuvieran que incrementar sus horas laborales por encima de las 37,5 horas semanales estipuladas, sumando, de una manera conjunta, un total de 3.077 horas acumuladas durante el último mes de año 2025.

Ello supone, según indican, que se realizaran en un solo mes casi dos veces la jornada anual de un bombero establecida en 1.642 horas al año, estando obligada la compensación económica, tal y como recoge el informe ratificado por el diputado de Protección Civil y Sepeis, Luis Alberto Arias, “hasta que no se produzca la incorporación efectiva de funcionarios para la cobertura ordinaria de los turnos de trabajo”, explicó.

El Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León prevé que los parques de Tipo 2, que son los que están actualmente en funcionamiento en la Diputación de León, han de estar dotados con 3 intervinientes como mínimo presenciales las 24 horas.

El informe del servicio correspondiente al mes de diciembre de 2025 aclara que el número de efectivos es en la actualidad de 58, número que resulta insuficiente para que, con la jornada actual de funcionarios del Sepeis, puedan realizar la cobertura de los 4 parques existentes con 3 efectivos los 365 días del año.

La Junta de Castilla y León ha aprobado el calendario de fiestas laborales para el año 2027, tras su publicación este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y con el consenso de los agentes económicos y sociales en el Consejo Regional de Trabajo, tal y como se destacó en la última sesión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado jueves.

Cumplidos todos los trámites, se han puesto ya por fin en el calendario las fiestas laborales que tendrán carácter retribuido y no recuperable en todo el ámbito autonómico, a las que habrá que sumar posteriormente las dos jornadas festivas de carácter local que fijará cada municipio. Por ejemplo, en el caso de León capital, tal y como ha ocurrido en todos los años previos, el 24 de junio con motivo de San Juan y el 5 de octubre por la celebración de San Froilán, pero cada ayuntamiento debe señalar y aprobar los suyos.

Respecto al listado autonómico y nacional, el calendario de 2027 presenta una distribución que deja varios fines de semana largos y algunos puentes potenciales, especialmente en primavera y verano.

Las fiestas laborales serán las siguientes:

El viernes 1 de enero, Año Nuevo.

En total, el calendario recoge 12 festivos comunes en toda la Comunidad Autónoma, a los que se sumarán los dos días festivos locales hasta completar las 14 jornadas no laborables en total. El listado coincide con las mismas festividades de los últimos años, salvo en en 2023, el segundo año en el que Vox, que formaba entonces cogobierno autonómico con el Partido Popular (PP), impuso que no fuera festivo el 23 de abril, para restar fuerza a la celebración comunera de Villalar, y designando en su lugar el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, una fecha que nunca ha sido tradicional en la Comunidad. La decisión, que no se mantuvo después, generó gran controversia social, tanto como la idea inicial también de Vox de situar como festivo el 2 de enero, día de la toma de Granada, una ocurrencia que no cuajó.

Puentes que vienen

Cambios extraños aparte, en cuanto a su distribución semanal del año que viene, el calendario deja varios periodos propicios para el descanso. La Semana Santa volverá a concentrar dos festivos consecutivos en jueves y viernes a finales del mes de marzo, mientras que el 23 de abril, Día de Castilla y león, caerá en viernes, generando un fin de semana largo.

También habrá un puente claro en agosto, con el traslado de la Asunción al lunes 16, y otro en noviembre, al coincidir el día de Todos los Santos en lunes. Diciembre concentrará dos festivos cercanos, el lunes 6 y el miércoles 8, lo que permitirá en muchos casos un puente de varios días pero sólo si se unen con jornadas laborales intermedias. Por el contrario, otros festivos caerán en fin de semana, como el 1 de mayo y el 25 de diciembre, lo que reduce las opciones de descanso adicional en esos casos.

La muerte, tan presente en el sector minero, tendrá su protagonismo también en la programación del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero. Será este sábado 28 de marzo a las 19.00 horas con un acto de homenaje a los mineros fallecidos en accidente de trabajo en esta cuenca leonesa. La actividad, que contará con el acompañamiento musical del trio de música clásica Nacedo, está abierta al público general con inscripción previa en el correo didactica@museosiderurgiamineriacyl.es o en el teléfono 987718357.

La minería es una de las profesiones más peligrosas que existen. Al hecho de trabajar bajo tierra, soportando las presiones del terreno, con sus constantes derrumbes y tragues, se une un entorno con escasa iluminación, presencia de gases tóxicos y explosivos, bolsas ocultas de agua y otros muchos riesgos que ponen en constante peligro la vida de los mineros.

Este es un hecho que queda tristemente demostrado con las cifras de fallecidos en el sector carbonero, que se cuentan por miles. En el caso concreto de la cuenca de Sabero, en menos de siglo y medio de actividad son más de 300 mineros los que murieron en accidente de trabajo.

El acto de recuerdo programado es fruto el trabajo de investigación que desde hace meses realiza el Museo, con el objetivo de actualizar y completar el listado de fallecidos en accidente de trabajo minero en la cuenca de Sabero. La puesta en marcha del Archivo Histórico Minero de Castilla y León, dependiente del centro, ha sido clave en esta investigación, al poder disponer de documentación como fichas de personal, libros de policía minera, correspondencia con las mutuas, entre otras cosas. De igual forma, la investigación se está completando con la consulta a otros archivos y la valiosa colaboración de los vecinos de la zona, especialmente de los más mayores, que aún recuerdan muchos de los accidentes acaecidos en la zona.

El acto, al que asistirán familiares y compañeros de los fallecidos, servirá para recordar a estas personas que dejaron su vida en el sector minero, para poner en valor su esfuerzo y trabajo y para agradecer de forma colectiva la huella que dejaron en la familia minera de la zona.

Imaginemos un trabajador de la limpieza viaria de León que, limpiando una remota calle de un barrio periférico de la ciudad a las cuatro de la madrugada sufre una caída grave o es víctima de un repentino ataque cardíaco o tantas otras eventualidades urgente que puedan surgir. No es un escenario imaginario: puede ser real y de la rapidez en la actuación para socorrerle puede depender su propia vida.

Para proteger a la plantilla del Servicio Municipal de Limpieza Viaria de la capital, el Ayuntamiento de León ha dado un paso de seguridad personal. Se llama de una manera muy gráfica, 'detección del hombre caído', y consiste en la implantación de un sistema tecnológico capaz de detectar caídas, pérdidas de conciencia o situaciones de riesgo inminente en tiempo real y en localizaciones remotas o a horas intempestivas.

La medida fue aprobada en la Junta de Gobierno del pasado 6 de marzo y será un paso adelante en busca de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en un ámbito laboral especialmente expuesto a este tipo de situaciones.

El contrato, tramitado como menor bajo la denominación 'Adquisición, configuración y mantenimiento de dispositivos de detección del hombre caído', permitirá dotar a los operarios de limpieza viaria y recogida de residuos de dispositivos de seguridad activa diseñados para actuar de forma automática ante cualquier incidente. La adjudicación ha recaído en la empresa Doopmap SA, especializada en protección del trabajador aislado,. El importe total asciende a algo más de 10.000 euros (10.164 euros), con una duración de un año completo.

El núcleo de la solución tecnológica es el dispositivo D-5000, un terminal ligero y resistente, preparado para soportar incluso condiciones adversas de agua y polvo, que incorpora sensores capaces de detectar automáticamente una caída o la pérdida de verticalidad de un operario. A ello se suma un botón SOS que permite activar manualmente una alerta en caso de que la emergencia deje al empleado consciente.

Uno de los elementos clave es su sistema de geolocalización, con un margen de error inferior a cinco metros, junto a una conectividad multioperador que asegura la comunicación incluso en áreas con cobertura limitada. De este modo, el trabajador permanece localizado en todo momento, lo que facilita la eventual intervención de los servicios de emergencia.

Más allá del dispositivo individual, el sistema se apoya en una Central Receptora de Alarmas operativa las 24 horas durante todo el año. Este centro no solo recibe las señales, sino que cuenta con personal humano especializado que verifica cada aviso para descartar falsas alarmas y gestionar únicamente situaciones reales. En caso de incidente, se establece además una comunicación directa por voz con el operario, permitiendo evaluar su estado mientras se moviliza la ayuda necesaria.

El contrato incluye también un servicio integral que abarca el mantenimiento técnico, la gestión de las tarjetas SIM, la formación de los trabajadores y la sustitución inmediata de los equipos en caso de avería. Un enfoque que busca no solo implantar la tecnología, sino garantizar su funcionamiento continuo y eficaz en el día a día del servicio.

El principal argumento municipal es que con esta medida se refuerza el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales y se avanza hacia un modelo de servicios públicos más seguro, en el que la tecnología actúa como aliada para proteger a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Una tranquilidad extra para la amplia plantilla de limpieza. Es de suponer que si en este año de funcionamiento se observan buenos resultados, el sistema se ampliará en el tiempo y acabará convirtiéndose en algo estable e imprescindible.

El Juzgado de lo Social número 1 del Tribunal de Instancia de León ha confirmado la sanción de 50.005 euros impuesta a una empresa portuguesa por emplear a cinco trabajadores extracomunitarios sin autorización de residencia y trabajo en España. La sentencia desestima íntegramente la demanda de la compañía y considera ajustada a derecho la resolución administrativa, aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El caso tiene su origen en una inspección realizada el 4 de junio de 2024 en una nave del polígono industrial de La Llanada, en Ponferrada, donde los inspectores detectaron a cinco trabajadores de nacionalidad brasileña prestando servicios en tareas de estructuras metálicas. La actuación se llevó a cabo de forma coordinada con autoridades portuguesas tras varias comunicaciones sobre posibles desplazamientos transnacionales de trabajadores.

A raíz de esa visita, la Inspección de Trabajo levantó acta de infracción por considerar que los empleados carecían de la autorización necesaria para trabajar en España. La Subdelegación del Gobierno en León impuso una sanción en su grado mínimo por infracción muy grave, al tratarse de cinco trabajadores, fijando la cuantía en 50.005 euros.

Durante el procedimiento judicial, la empresa sancionada impugnó la resolución alegando defectos formales en la tramitación y defendiendo que los trabajadores se encontraban en situación de desplazamiento internacional, por lo que, a su juicio, debía aplicarse la normativa europea y portuguesa. También cuestionó la proporcionalidad de la sanción y planteó la posible responsabilidad de la empresa contratista principal.

Sin embargo, el magistrado rechaza estos argumentos y subraya que los hechos constatados por la Inspección gozan de presunción de veracidad. La sentencia destaca que no se aportó ningún certificado A1 en vigor, un documento clave para acreditar la cobertura por la legislación de otro país de la UE, sino únicamente solicitudes del mismo, lo que no equivale a su concesión.

Desde el punto de vista jurídico, el fallo aplica la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que tipifica como infracción muy grave la contratación de trabajadores extranjeros sin autorización previa. El juez concluye que, al no acreditarse un desplazamiento válido conforme a la normativa europea, resultaba plenamente aplicable la legislación española.

Asimismo, la resolución descarta que exista responsabilidad solidaria de la empresa principal al no haberse probado que conociera la situación irregular de los trabajadores. También rechaza que se haya producido indefensión o falta de respuesta a las alegaciones planteadas en vía administrativa.

En consecuencia, el juzgado confirma íntegramente la sanción impuesta por la Administración y avala tanto la calificación de la infracción como la cuantía de la multa. La sentencia no es firme y podrá ser recurrida en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo legal establecido.

La huelga nacional de médicos ha vuelto a dejar este martes una notable incidencia en la provincia de León, donde el seguimiento ha alcanzado el 26,8% en el turno de mañana, ligeramente por encima de la media autonómica. En total, 339 facultativos han secundado el paro en la provincia en una jornada marcada de nuevo por la suspensión de actividad asistencial.

En el conjunto de Castilla y León, el seguimiento ha sido del 20%, un punto más que el registrado el lunes, con 1.428 médicos en huelga de los 7.128 previstos. La movilización, convocada para reclamar un estatuto marco propio para la profesión, encara así su segunda jornada de esta semana de paros, que se repiten una vez al mes desde febrero y hasta junio.

La incidencia en la asistencia ha vuelto a ser relevante. En Atención Primaria, se han suspendido 1.660 consultas de medicina familiar y pediatría en el área de León y otras 392 en El Bierzo, lo que eleva a más de 2.000 las consultas canceladas en la provincia berciana y leonesa solo en la mañana de este miércoles.

En el conjunto autonómico, la jornada ha dejado 6.007 consultas de Atención Primaria suspendidas, junto a 3.785 consultas hospitalarias. Además, se han cancelado 227 intervenciones quirúrgicas y 487 pruebas diagnósticas, cifras ligeramente inferiores a las del lunes, aunque con un impacto todavía elevado en el sistema sanitario.

Por niveles asistenciales, el seguimiento ha sido mayor en los hospitales, con un 26% de paro, frente al 8% registrado en Atención Primaria, lo que refleja una mayor incidencia en la actividad hospitalaria.

La huelga, convocada por varios sindicatos médicos a nivel nacional, continúa sin visos de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y mantiene la presión sobre el sistema sanitario público, también en León, donde el seguimiento se sitúa entre los más altos de la Comunidad.

El entorno del Teleno, un terreno muy afectado por los incendios en los últimos años, ha sido el lugar en el que este sábado se ha llegado a la meta de las marchas convocadas por el colectivo de bomberos forestales bajo el lema ‘El monte no olvida’, todavía bajo el impacto de los fuegos del pasado verano.

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) convocó estas marchas reivindicativas, que recorrieron territorios calcinados por los incendios forestales. La provincia leonesa ha tenido un protagonismo notable en unas citas que también han pasado por puntos de Burgos, Zamora y Ávila.

La ruta Pobladura de la Sierra-Filiel (12,4 kilómetros) ha servido este sábado para poner el punto final a esta iniciativa, concebida como un acto de memoria y dignidad tras los efectos devastadores de los incendios forestales del pasado verano.

Desde el colectivo organizador se ha realizado un agradecimiento a la participación en estas marchas, convocadas también para visibilizar la realidad del colectivo de trabajadores en la extinción de incendios.

La maquinaria que explotó el pasado 8 de enero en la cocina del Hospital de León, por fortuna sin causar heridos, no había pasado las revisiones periódicas establecidas por el fabricante, según recoge el informe elaborado por la Inspección de Trabajo tras el accidente y que ha dado a conocer, entre críticas, el sindicato UGT de León.

El equipo siniestrado era un cocedero de vapor instalado en 1992 (hace 34 años) que, de acuerdo con las conclusiones del inspector, se encontraba en funcionamiento sin que se hubieran realizado los controles técnicos necesarios recogidos en su ficha técnica. Estas revisiones, apunta el informe, podrían haber servido para evitar el incidente.

La investigación también señala que el aparato arrastraba numerosos problemas de funcionamiento desde hace años. En concreto, constan múltiples incidencias y reparaciones desde 2019 relacionadas con fallos en la presión, problemas en el sistema de apertura de la puerta, fugas y distintos fallos mecánicos.

Según el informe de la Inspección de Trabajo, se ha estado utilizando un equipo de trabajo en el que no se garantizaba totalmente la seguridad y salud de los trabajadores, lo que ha motivado la actuación inspectora tras la explosión registrada en las instalaciones de cocina del complejo hospitalario leonés.

“Inacción y desidia”

A raíz de estas conclusiones, el área de Sanidad del sindicato UGT ha criticado lo que considera una situación derivada de la “inacción y desidia” de los responsables del centro sanitario. La organización sindical advierte de que este tipo de situaciones pueden tener consecuencias graves tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.

El sindicato recuerda además que la normativa vigente establece que el empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluyendo la prevención, la información y la formación, obligaciones que, a su juicio, “se han incumplido en este caso”.

UGT considera “inaceptable” que en un centro sanitario se mantengan en funcionamiento equipos con más de 30 años de antigüedad y con un historial prolongado de averías, al entender que esto supone un riesgo potencial para la seguridad laboral. Por ello, el sindicato ha reclamado a la Gerencia del Hospital de León la depuración de responsabilidades que correspondan tras el accidente.

La provincia de León ha vuelto a ser el escenario de otro fallecimiento de un empleado en el momento de estar trabajando y con este nuevo suceso ya van tres en el corto plazo de menos de 20 días.

El último caso se ha conocido hoy pero tuvo lugar en la mañana del pasado viernes 6 de marzo, tal y como ha trascendido a raíz de un comunicado dado a conocer por Izquierda Unida (IU). Tal y como han confirmado fuentes oficiales del servicio de Emergencias 1-1-2 de la Junta de Castilla, en este caso la víctima mortal ha sido un trabajador de 59 años de edad que se cayó mientras realizaba labores de poda en el seto de un vivero situado en una urbanización de la localidad de Villadangos del Páramo, en concreto en la avenida Principado de Asturias.

Los hechos fueron avisados en primer lugar de manera telefónica a las 11.13 horas del viernes 6 de marzo, movilizando el 1-1-2 los medios necesarios para la atención sanitaria urgente del herido, el cual tras perder el equilibrio recibió al caer en el suelo un fuerte impacto en la cabeza que le dejó ya sin consciencia, según las mismas fuentes. Emergencias envió personal sanitario y una ambulancia que fue la que finalmente trasladó el trabajador al Hospital de León con un muy grave traumatismo en la cabeza. Fruto de esa herida acabó falleciendo pocas horas después en el centro sanitario, tal y como confirma la formación política.

Izquierda Unida, a través de Rubén Estévez, Coordinador local de Izquierda Unida, ha querido “trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, compañeros y compañeras del trabajador fallecido”. “Este accidente nos recuerda que la seguridad laboral no puede ser una cuestión secundaria. Es imprescindible reforzar todas las medidas de prevención y promover una mayor sensibilización sobre riesgos laborales para evitar que tragedias como esta se repitan”, asegura.

Por eso, la coalición en León hace un llamamiento a las autoridades y empresas para que refuercen los protocolos de seguridad en el trabajo, incrementen la formación en prevención y garanticen entornos laborales seguros para todas las personas trabajadoras. “No podemos permitir que ganarse la vida se convierta en un riesgo mortal. La prevención y la concienciación deben ser prioritarias en todos los sectores”, concluye Estévez. Izquierda Unida reitera su compromiso con la defensa de unas condiciones laborales seguras y dignas, recordando que cada accidente mortal es una tragedia que interpela a toda la sociedad.

El primer grave suceso de tipo laboral tuvo lugar el 17 de febrero al ser atropellado mortalmente por un coche un operario de carreteras de la Junta de Castilla y León de 60 años de edad mientras realizaba labores de mantenimiento y desbroce en las proximidades del cruce de Manzaneda de Torío en la carretera LE-311 León-Collanzo, la travesía principal que vertebra la comarca del Torío.

El 24 también de febrero falleció otro trabajador, en este caso el empleado de una compañía de telecomunicaciones de 27 años que el día antes recibió un fuerte golpe en la cabeza cuando trabajaba bajo una torre eléctrica de tensión en el pueblo de Villarroquel, en el municipio de Cimanes del Tejar. Desde los sindicatos, tanto UGT como CCOO, también han exigido el reforzamiento de protocolos y condiciones de trabao para evitar un incremento tan pronunciado de casos mortales en la provincia.

Comisiones Obreras ha acusado a la dirección de la empresa vidriera Tvitec, con sede en El Bierzo, de vulnerar los derechos de los trabajadores al impedir el acceso a las instalaciones para realizar la campaña informativa de las elecciones sindicales.

A través de un comunicado remitido este martes, la organización sindical denuncia un trato desigual con otros sindicatos, ya que aseguran que los representantes de UGT tienen facilidades para acceder a estos espacios.

Una situación “antidemocrática”, que CCOO ha vinculado al conflicto laboral que mantiene con la empresa desde 2024, derivado de varias reclamaciones relacionadas con las condiciones de trabajo y el cumplimiento del convenio colectivo.

Irregularidades

Entre las principales cuestiones denunciadas por CCOO figuran supuestos incumplimientos en el pago de las pagas extraordinarias, irregularidades en el cálculo de las horas extraordinarias y la modificación unilateral de complementos de producción por parte de la dirección.

También critican el incumplimiento de acuerdos firmados con el comité de empresa y la negativa de la compañía a regularizar la clasificación profesional de la plantilla.

Este sindicato, además, ha presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, relacionadas con el pago incorrecto de las vacaciones y el uso de empresas de trabajo temporal (ETT) para cubrir puestos estructurales dentro de la plantilla.

Empleados del Hospital de León se han concentrado este lunes a las puertas del centro para reclamar el abono efectivo del complemento por trabajar en sábado para todas las categorías laborales. Comisiones Obreras asegura que este cobro corresponde a un derecho aprobado hace ya cuatro meses en una mesa sectorial y cuya aplicación sería retroactiva a fecha de 1 de enero de 2024.

El sindicato habla de “agravio comparativo” al subrayar que sólo dos categorías laborales están recibiendo actualmente el complemento por trabajar los sábados, por lo que apremia a publicar el decreto que regula el cobro con el fin de que llegue a todos los trabajadores de Sacyl (Sanidad Castilla y León).

“Nos preocupa enormemente que la administración no informe de cuál es el motivo que está retrasando la publicación y el derecho derivado del mismo, teniendo en cuenta que además en la orden de retribuciones publicada en febrero ese complemento tampoco aparece, por lo que entendemos que puedan 'haberse olvidado' de cumplir con el acuerdo con el que real y legalmente tienen que cumplir”, señala CCOO.

“Todos los profesionales tienen derecho” al abono del complemento por trabajar en sábado, remarca Comisiones.

Un trabajador de 57 años de edad ha resultado herido este viernes tras caerse a un foso desde una altura de unos cuatro metros en una zona de bodegas de la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz.

Según ha informado este viernes el servicio de emergencias 1-1-2, el trabajador se encontraba subido a una escalera en un camino situado en una zona de bodegas de la localidad cuando ha sufrido una caída desde una altura de unos cuatro metros.

El suceso se ha producido en torno a las 15.30 horas de este viernes y ha sido necesaria la presencia de los bomberos de la Diputación de León para mover de forma segura al trabajador, que se quejaba de un fuerte dolor en la espalda.

También se ha avisado a la Guardia Civil de León y a emergencias sanitarias de Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente fue trasladado en esta última al Hospital de León, donde quedó ingresado.

El Ayuntamiento de Sariegos acaba de poner en marcha el Programa Mixto de Formación y Empleo denominado 'Verde Sariegos I', una iniciativa que tiene como objetivo dar una salida laboral a personas desempleadas del municipio próximo a León con un programa que combina la formación teórica y trabajo práctico, generando oportunidades laborales al tiempo que se favorece el mantenimiento y la mejora del entorno municipal.

'Verde Sariegos I', que tendrá una duración de nueve meses y un presupuesto total de 183.564,36 euros, cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León. Se trata de una colaboración entre dos instituciones que tienen como objetivo reforzar la cualificación profesional de las personas participantes y facilitar su inserción laboral en el sector forestal y de la jardinería.

Los alumnos que entren en este programa obtendrán el Certificado de Profesionalidad AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, así como formación parcial correspondiente al certificado AGAR0309 Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.

El alcalde de Sariegos, Roberto Aller Llanos, se felicita por la colaboración institucional “de la que se van a beneficiar nuestros vecinos porque con este programa podrán conseguir dos certificaciones que mejorarán sus opciones de acceso al mercado laboral en un sector necesitado de profesionales cualificados como los que van a salir formados al final de este programa”.

'Sariegos Verde I' estará dirigido por una monitora especializada y una coordinadora, que acompañarán al alumnado durante todo el proceso formativo, garantizando una enseñanza práctica y orientada al empleo. Además de la formación técnica, el programa tendrá otro beneficio añadido para el municipio “porque las personas participantes desarrollarán trabajos reales de mejora, conservación y mantenimiento de parques y espacios verdes en las cuatro localidades del municipio, contribuyendo al cuidado del entorno y a la mejora de nuestros espacios públicos”, explica el regidor.

Poco a poco se va completando en la Diputación leonesa la plantilla y el organigrama de mando de todo el sistema de bomberos comarcales para atender a los pueblos de la provincia de León. Un proceso que coincide con la paulatina incorporación de los nuevos efectivos resultantes de la última oposición, un total de 25 nuevos profesionales funcionarios que se alzaron con plaza, pero también con crecientes quejas de parte de la plantilla por algunas disfunciones laborales que creen que afecta de lleno a su seguridad y la de los ciudadanos.

La última novedad se ha conocido esta semana y es la designación, por fin, de tres nuevos cabos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación, que se incorporarán ya con esa categoría a alguno de los cuatro parques de bomberos comarcales de momento construidos, los de Valencia de Don Juan, Villablino, Astorga (Celada de la Vega) y Cistierna. Se trata de la culminación de un proceso de designación por convocatoria mediante comisión de servicios.

Los elegidos han sido Antonio Sanfructuoso, Jonatan Rodríguez y Óscar Pastor, todos ellos funcionarios de carrera, que han sido considerados como “las candidaturas más idóneas para el desempeño del puesto de trabajo” por parte del actual equipo de Gobierno de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL). En el organigrama ya hace 10 meses que por fin se culminó otro proceso fallido durante años, como fue la designación de un 'jefe máximo', el oficial superior Julián Alcalá Morán, que fue elegido también por el sistema de libre designación, en su caso hasta entonces comandante del Ejército en la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También hace escasas fechas, a mediados de este mes, que hubo que modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para modificar ciertos requisitos que debían cumplir los oficiales técnicos del Sepeis, como disponer del permiso de conducción de clase C+E y de la licencia de navegación de embarcaciones de recreo, así como modificar al alza ciertos complementos salariales. Estos cambios afectan precisamente al complemento de destino de cabos del Sepeis como al complemento específico de cabos y sargentos. Con estas subidas, la retribución anual de un sargento pasará a ser de 43.204,29 euros y las de los cabos de 34.207,14 euros.

Guardias sin mandos, poco personal e interino

Parece perentoria la presencia de estos nuevos cabos en todos el sistema provincial de extinción de incendios urbanos y salvamento, dado que continúa el malestar y las advertencias de fallos, problemas laborales y riesgos de seguridad en no pocas de las jornadas y los parques leoneses, quejas que se han aireado más en este nuevo año.

Miembros de la plantilla han realizado una estadística de lo que llevamos de mes de febrero, contabilizando un total de turnos de guardias sin que al frente estuviera un mando hasta en 28 ocasiones diferentes. También aseguran que se han registrado hasta siete guardias con únicamente dos bomberos disponibles y activos.

En esa estadística 'oficiosa' comunicada, la peor parte se la lleva el parque de la comarca de Laciana, en Villager de Laciana, donde solo este mes aseguran que ha habido 12 guardias sin cabo y en tres de ellas, además, con un retén en el que de los tres bomberos que deben formar parte de la guardia, dos han sido bomberos interinos, de reciente ingreso.

Se trata de situaciones, aseguran, que no sólo no están permitidas con esa configuración insuficiente y de asunción de responsabilidades. Además, consideran que la proliferación de este tipo de hechos redundan en una merma de seguridad laboral para los bomberos y de riesgo real para el ciudadano si surge estando así las plantillas ocurre un suceso suficientemente grave en cualquier pueblo de la provincia leonesa.

Grandes avances y cosas pendientes

Es de suponer que con los tres nuevos cabos pueda mejorar algo esta situación, confirme se consolide un organigrama que lleva años haciendo aguas, con 'espantadas' de algunos oficiales o ingratas sorpresas en algunas designaciones. Si bien es cierto que han sido la actual Corporación provincial y la anterior, en ambos casos formadas por PSOE y UPL, las que has conseguido desplegar los parques comarcales intermedios tras 25 de incumplimiento de la Ley, formar la primera plantilla, cien por cien pública, al contrario de las pretensiones privatizadoras del Partido Popular años atrás, y recientemente aumentado su número en un 40% de profesionales.

Se verá si serán suficientes cuando, en cumplimiento del plan del Sepeis, ya bastante retrasado, se construyan y comiencen a funcionar con bomberos los nuevos parques secundarios proyectados en Bembibre y Villafranca del Bierzo en la comarca berciana, Sahagún, La Pola de Gordón y La Bañeza.

Una nueva víctima mortal en accidente de trabajo en la provincia de León. ILEÓN ha podido confirmar que el joven empleado de 27 años de una empresa de telecomunicaciones que ayer lunes recibió un fuerte golpe en la cabeza cuando trabajaba bajo una torre eléctrica de tensión en el pueblo de Villarroquel, en el municipio de Cimanes del Tejar, en el alto Órbigo, ha perdido finalmente la vida a pesar de la urgencia con la que fue trasladado en helicóptero al Hospital de León y atendido por los servicios sanitarios.

El empleado presentaba una situación de extrema gravedad desde que en el primer momento fue ya atendido por personal sanitario procedente del Centro de Salud de Benavides de Órbigo, el punto más cercano a donde sufrió el accidente, y en la no muy larga espera a la llegada del helicóptero sanitario de urgencias de la Junta de Castilla y León. Y es que la base de este helicóptero se encuentra en Astorga, a muy corta distancia del pueblo donde ocurrió el siniestro laboral.

El suceso había ocurrido muy poco después de las once de la mañana, en concreto a las 11.08, según una serie de llamadas registradas en la Sala de Operaciones de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León, que fue quien activó toda la coordinación para actuar lo antes posible. El siniestro había ocurrido en un monte de la localidad de Villarroquel, cuando en un momento dado, y por causas que no han trascendido, un gran objeto de hierro se desprendió de una torre de tensión eléctrica y fue a impactar en la cabeza del trabajador, de 27 años de edad.

Aunque también se envió una ambulancia de soporte vital básico, con la ayuda del helicóptero sanitario fue rápidamente trasladado e ingresado en el Hospital de León, donde ya nada se pudo hacer por mantenerle con vida por la extrema gravedad de las heridas sufridas.

Otro hace una semana, y críticas sindicales

Hace justo una semana que tuvo lugar otro siniestro laboral en la provincia de León, al resultar atropellado mortalmente por un coche un operario de carreteras de la Junta de Castilla y León mientras realizaba labores de mantenimiento y desbroce en las proximidades del cruce de Manzaneda de Torío en la carretera LE-311 León-Collanzo, la travesía principal que vertebra la comarca del Torío.

El sindicado CCOO Industria León ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de un nuevo trabajador. En estos momentos de dolor, trasladamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras del trabajador fallecido“, ha apuntado la organización sindical en un comunicado, pidiendo que se esclarezcan las circunstancias de lo sucedido y en que se adopten las medidas necesarias conforme a los procedimientos establecidos.

El seguimiento en la provincia de León a la convocatoria nacional de huelga de médicos se mantiene estable en torno a un 27%. El porcentaje se quedó este miércoles en el turno de mañana en un 26,8%, con un respaldo sensiblemente mayor entre los especialistas que entre los doctores de familia. La media provincial sigue, en cualquier caso, superando a la autonómica, que volvió a quedarse en un 20%. Los paros, convocados para toda la semana, llegan a su ecuador en esta tercera jornada.

Concretamente, el mayor respaldo en la provincia correspondió este miércoles por la mañana al ámbito de la Atención Especializada del Área de León (211 médicos, un 32,97%), mientras que en Atención Primaria se quedó en 66, un 20,37%; en El Bierzo el apoyo en Especializada fue de 51 facultativos (un 26,70%), y en Primaria es quedó en 12 (un 11,54%).

Las consultas canceladas en Atención Primaria fueron 1.995 en León y 371 en El Bierzo (7.708 en el conjunto de Castilla y León). En Atención Especializada, en León se suspendieron 945 consultas externas (36%), 28 intervenciones quirúrgicas (52%) y 37 pruebas diagnósticas (15%); y en el Hospital El Bierzo se cancelaron 20 consultas (54%), 3 intervenciones quirúrgicas (25%) y 29 pruebas diagnósticas (36%).

Castilla y León

Más de 7.700 consultas de medicina familiar y pediatría se han suspendido este miércoles durante la mañana del tercer día de huelga de médicos en Castilla y León, una convocatoria de carácter nacional que ha tenido un seguimiento en ese turno del 20%, como en los dos días previos.

Ayer martes, segundo día del paro, las consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana fueron 6.715, mientras el pasado lunes, primer día de la huelga, la cifra fue de 6.155 en el mismo ámbito y turno.

Los datos del seguimiento del paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos han sido registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado hoy una media del 26% en Atención Hospitalaria (1.183 profesionales en huelga) y del 10 % en Atención Primaria (254 en huelga).

En concreto, ha secundado la huelga este miércoles un total de 1.437 facultativos de los 7.164 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 8,3 %, 39 médicos en huelga; Burgos 30,8 %, 263 en huelga; León 26,8 %, 340; Palencia 24,9 %, 85 médicos; Salamanca 15,9%, 210 facultativos; Segovia 15,9%, 70; Soria 34,6 %, 72; Valladolid 16,5%, 308 médicos; y Zamora 12,1%, 50 médicos en huelga.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos ha tenido un total de 7.708 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud se ha calculado en Ávila en 455; Burgos 1.184; León 1.995; El Bierzo 371; Palencia 280; Salamanca 1.127; Segovia 308; Soria 658; Valladolid Este 406; Valladolid Oeste 448 y Zamora 476.

De la misma manera, se han cancelado un total de 226 intervenciones quirúrgicas, 524 pruebas diagnósticas y 4.734 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.