El sindicato CCOO ha denunciado este sábado que las mujeres de Castilla y León son las terceras con salarios más bajos del conjunto del país, por detrás de Murcia y Extremadura, y ha señalado que la brecha salarial en la Comunidad ha crecido hasta el 17,3 por ciento, frente al 16 por ciento de la media estatal.

A través de un comunicado, la organización sindical ha explicado que estos datos son el resultado de comparar la Encuesta de Estructura Salarial de los años 2023 y 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que esta diferencia entre los sueldos de hombres y mujeres responde a que los salarios de los hombres en Castilla y León han crecido de forma mucho más acusada que los de las mujeres.

En concreto, el salario medio masculino ha aumentado en 1.685,06 euros frente a los 542,40 euros de incremento registrados en el caso de las mujeres y, en este momento, los hombres cobran anualmente de media casi 5.000 euros más que las mujeres.

Si se atiende a la nacionalidad, la brecha salarial entre hombres y mujeres españolas es todavía más elevada que la media, al situarse en el 18,4% (2,5 puntos más que en 2023) y que se debe a que “prácticamente todo el incremento salarial masculino se ha producido entre trabajadores nacionales”.

Según CCOO, las mujeres extranjeras han visto crecer su salario medio respecto a los hombres extranjeros en casi 10 puntos porcentuales y en 5 puntos porcentuales respecto a los hombres españoles.

Asimismo, ha recordado que una parte fundamental de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres se explica por la diferente distribución laboral y la composición del empleo, ya que “las mujeres continúan soportando una inserción laboral en peores condiciones, lo que se traduce en salarios más bajos”.

También ha incidido en que, desde 2022, las mujeres presentan mejores salarios con contratos temporales que con contratos indefinidos que ha atribuido a que la Reforma Laboral incorporó los contratos fijo-discontinuos dentro de la contratación indefinida.

Como consecuencia, tanto a nivel nacional como regional, la brecha salarial en estos contratos se invierte y se sitúa en 6,3 puntos porcentuales negativos.

Sin embargo, en los contratos indefinidos la brecha salarial en Castilla y León ha aumentado hasta el 20,2%, ya que los salarios masculinos han crecido en mayor medida durante el último año.

Por sectores, CCOO ha indicado que las brechas salariales son muy similares en todos los sectores, en torno al 14,5%, aunque ligeramente por encima en el sector servicios.

El sindicato ha advertido de que la brecha continúa ensanchándose porque los salarios medios de los hombres siguen creciendo en mayor proporción que los de las mujeres.

Por tramos de edad, por primera vez la mayor brecha se produce entre las personas menores de 25 años desde que existen registros de estructura salarial, ya que, aunque en esta franja los salarios son los más bajos, el crecimiento del salario de los hombres ha sido muy elevado.

La organización sindical también ha alertado de cómo la brecha salarial en el tramo de 55 y más años crece año tras año, lo que provocará que las futuras pensiones de las mujeres sean más bajas y crezca otra brecha, en este caso, la de las pensiones. 

Un trabajador que realizaba labores en el interior de la fábrica de la multinacional Wacker (antigua Antibióticos) en León sufrió este jueves una intoxicación por amoniaco, motivo por el que tuvo que ser atendido con heridas importantes, trasladado e ingresado en el Hospital de León.

Según ha podido conocer este medio, el trabajador no pertenecía a la plantilla de la factoría química leonesa sino que se encontraba en las instalaciones de la avenida Antibióticos de la capital al haber sido encargado el trabajo a una empresa radicada en la comarca del Órbigo, en la cual el hombre sí era empleado.

En el momento del siniestro el trabajador, encaramado en una cesta elevadora a unos cuatro metros y siguiendo instrucciones, cortó con una radial una tubería de la fábrica que le habían indicado que estaba totalmente limpia y se podía manipular con seguridad. Fue cuando se pudo comprobar que efectivamente no era así, puesto que recibió el impacto del amoniaco en varias partes del cuerpo, penetrándole la boca y fosas nasales, donde este producto puede provoca importantes quemaduras.

Según fuentes oficiales del servicio de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León, el aviso por la gravedad del accidente se produjo poco después de la tarde del jueves 28 de mayo, a las 15.07 horas, indicándose ya en esta llamada que el hombre, de unos 40 años de edad, había sufrido una intoxicación. Por ese motivo, se envió al lugar una UVI móvil de Sanidad Castilla y León (Sacyl) para atender al herido, tras lo cual, en virtud del estado que presentaba, fue enviado al Hospital de León, donde quedó ingresado, confirman las mismas fuentes. Fueron también testigos posteriores del resultado del accidente laboral agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, también avisados por el 1-1-2.

La Junta de Castilla y León ha declarado este jueves Proyecto Industrial Prioritario (PIP) la nueva planta de fabricación de vidrio que el grupo Tvitec prevé construir en Cubillos del Sil, una iniciativa que contempla una inversión cercana a los 190 millones de euros (el Gobierno de la nación desbloqueó en marzo un préstamo por valor de 120 millones de euros) y la creación de entre 250 y 300 empleos directos.

El portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en una rueda de prensa del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que permitirá agilizar la tramitación administrativa del proyecto al reducir a la mitad los plazos legales de los procedimientos autonómicos.

La nueva planta, impulsada por la empresa Tvitec Float Glass, se ubicará en el Polígono de El Bayo de Cubillos del Sil, en la comarca de El Bierzo, dentro de una Zona de Transición Justa marcada por el cierre de la minería y el desmantelamiento de la central térmica de Compostilla II.

Según la Junta, el proyecto supondrá un “revulsivo económico” para la comarca y para Castilla y León, ya que a los empleos directos se sumarán cerca de un millar de puestos de trabajo indirectos e inducidos vinculados a sectores como la logística, el mantenimiento o la extracción de materias primas.

La planta aspira además a convertirse en la instalación de producción de vidrio “más eficiente del sur de Europa” mediante la incorporación de un horno de fusión híbrido pionero en el continente, capaz de operar con una matriz energética mixta basada en gas natural, oxígeno e hidrógeno verde.

El Ejecutivo autonómico ha destacado que el uso intensivo de vidrio reciclado permitirá reducir la huella de carbono de la instalación y anticiparse a las futuras exigencias europeas en materia de emisiones para 2030.

La nueva factoría permitirá además al Grupo Tvitec completar toda la cadena de valor de producción del vidrio, desde la arena de sílice hasta el producto final, eliminando dependencia de terceros y reforzando su capacidad exportadora, ya que la compañía comercializa actualmente sus productos en más de 50 países.

La declaración como Proyecto Industrial Prioritario implica además que la Junta pondrá en marcha mecanismos de coordinación para agilizar aquellos trámites que dependan de otras administraciones públicas.

El PSOE acusa al equipo de Gobierno (PP y Coalición por El Bierzo) de Ponferrada de incumplir su acuerdo de gobierno en lo relativo al centro de Formación Profesional de Hostelería previsto para el antiguo colegio de Flores del Sil.

El Grupo Municipal Socialista en Ponferrada ha recordado, en nota de prensa, que la iniciativa se presentó como un proyecto estratégico destinado a impulsar la formación reglada en hostelería, cocina y restauración, y llevaba aparejada una inversión de 800.000 euros.

Sin embargo, transcurridos ya tres años, el proyecto sigue sin materializarse, ha denunciado el PSOE, y ha insistido en que no existe ni el centro prometido ni un plan concreto para desarrollarlo.

A su juicio, el gobierno municipal ha sustituido aquella propuesta inicial por programas temporales de empleo y formación que, ha insistido el PSOE, “nada tienen que ver con un centro reglado y estable de Formación Profesional”.

En este sentido, la formación ha indicado que una escuela taller o un programa mixto de empleo no pueden considerarse equivalentes a la creación de un centro educativo especializado: “Se prometió una infraestructura formativa con vocación de futuro y se ha acabado recurriendo a iniciativas provisionales”, han lamentado.

Además, el PSOE ha recordado que la puesta en marcha de un programa mixto de hostelería en el Centro de Día de Flores del Sil provocó molestias y limitaciones para los usuarios habituales del centro, incluso con el cierre de algunas salas destinadas a personas mayores.

Para los socialistas, estos hechos evidencian una falta de planificación por parte del ejecutivo municipal y consideran que las actuaciones realizadas hasta ahora en el antiguo colegio se reducen a intervenciones parciales de acondicionamiento, muy alejadas del alcance del proyecto inicialmente anunciado.

Elsa Arnaiz es de una juventud que espanta y de una inteligencia fuera de lo común. Recuerdo que cuando la conocí, hace ya algunos años, recuperé la esperanza en la humanidad. Ella tal vez no lo sabe, pero yo sí: hacía poco que había vuelto a España y todo me parecía, aún, bastante conservador, anclado en bolas de naftalina y laca en el pelo de mujeres que aún iban a misa los domingos con el abrigo de piel en mi zona. Y ella, que viene de una zona similar, yo de León, ella de Burgos, era, sin embargo, la promesa encarnada de todo lo que podía llegar a ser España si personas como ella llegasen a los lugares donde se toman las decisiones políticas que vertebran nuestra vida cotidiana. Estuvimos cerca de lograrlo, pero no sucedió. Elsa Arnaiz siguió siendo tan brillante como lo era cuando la conocí, o incluso más, porque a su desarrollo profesional e intelectual se le unió otro esencial: fue madre, dos veces. Y por eso, tal vez, un libro como este que ha escrito, ‘Suturar la democracia. Un alegato por lo común’ , tiene tanto sentido: lo escribe para entender, para diagnosticar qué ocurre y proponer salidas posibles y viables. ¿Qué mundo dejamos a los que vienen detrás? O más duro aún, ¿habrá mundo? Ella dice que sí, pero además, dice cómo.

En este libro, que solo puede salir de una cabeza como la de Elsa Arnaiz, donde se procesan datos a la velocidad de la luz y se convierten en pensamientos que atan causa consecuencia con una certeza pasmosa, se arma en tres ejes: el primero es el análisis del estado de la situación, el segundo, el diagnóstico y el tercero, la posibilidad de una cura que tiene una urgencia bestial. Leer este libro es certificar la sospecha que una ya tenía sobre tantas cosas: el hecho de que comunicarnos en red implica un tráfico de datos que cambia diametralmente el tejido político y social en el que hemos vivido hasta ahora, por ejemplo. Que la tristeza, la ansiedad e incluso la apatía no son patrimonio de una loca como yo o tú misma sola en su casa dándole vueltas a la cabecita, sino un malestar social que se disfraza de culpa individualista. Que la precariedad estructural vinculada a los salarios, al tiempo de vida y de trabajo y a las posibilidades de una vivienda digna no son fruto del azar, sino de una economía financiera que nos destruye. Y todo eso, claro, si se observa desde el análisis y el diagnóstico nítido pasa de ser terror a convertirse en esperanza. ¿Por qué? Porque sin identificar el problema nunca hay solución. Es desde el señalamiento preciso que ella hace aquí que podemos atisbar una salida. Y, además, la propone, por cada cuestión, por cada daño: una reparación con ejemplos que va a buscar a la otra punta del mundo si hace falta, como una madre que quiere salvar a sus hijos contra todo pronóstico.

Hay ensayos que se escriben para reflexionar sobre cuestiones abstractas que el ser humano necesita, por supuesto, pero aquí hay algo más: aquí hay una mente pragmática que no llega a los 30 años y nos esta gritando a la cara que debemos golpear el timón y nos dice, además, cómo hacerlo.

La presencia del embajador de Cabo Verde, Eduardo Jorge Silva, dio una mayor relevancia institucional casi inesperada al acto de inauguración de un espacio público lúdico en Villablino con el nombre de Cabo Verde, como homenaje, recuerdo y agradecimiento del municipio a la gran comunidad emigrante de ese país que llegó, trabajó, residió y reside en la comarca de Laciana.

No solo el embajador se desplazó desde Madrid para este acto. También lo hizo Silvia Álvarez, hija del cónsul honorario de Cabo Verde en la Comunidad Valenciana, Alfonso S. Álvarez; quien lo hizo para suplir la ausencia por motivos de salud de su progenitor,con un mensaje escrito de este para los asistentes.

El alcalde, Mario Rivas y la casi totalidad de la corporación municipal, representantes de la Guardia Civil y la Policía Local completaron la representación institucional.

Más de medio centenar de miembros de la comunidad caboverdiana en Torrevieja llegaron hasta Villablino en esta jornada. Lo hicieron acompañados de un nutrido grupo de vecinos de la localidad y otros pueblos del municipio, que se dieron cita en el barrio de Colominas para el acto.

El embajador, la hija del cónsul y el alcalde destacaron en sus intervenciones la trascendencia de este hecho, que, “aunque sencillo”, cobra una mayor significación en “unos tiempos globales tan convulsos y difíciles como los actuales”.

Eduardo Jorge recalcó que un acto como este, “que busca encuentros de sentimientos, de cultura, de memoria, porque la vida es más que solo lo material”, permite creer que todavía es posible “crear el mundo que todos deseamos y nos permite ser cada uno de nosotros más ricos, en una tierra mejor para nosotros y también para nuestros hijos”.

El momento más emotivo de la mañana lo provocó Alcides Almeida, presidente de la Asociación Cultural Caboverdiana de Torrevieja, que abrió su intervención citando que había llegado a Laciana “hace cincuenta años, once meses y tres días, con 17 años”: haciendo la cuenta inversa, su fecha de llegada fue el 20 de junio de 1975.

La edad era un inconveniente, “al no tener 18 años, para entrar a la mina, en la empresa me dijeron que necesitaba una autorización de mis padres para poder darme el trabajo”. Lo que era un drama para él “pues no tenía ni una peseta ya en el bolsillo”. Tenia que escribirle “a mi madre” (su padre ya había fallecido) para que le contestase con la autorización.

Y narró cómo en la oficina de correos de Caboalles de Abajo el cartero no le entendía lo que quería explicarle, pues “no sabía ni una palabra de español”, por lo que le dijo que se sentase y esperase a que atendiese a la mucha gente que había en la oficina.

“Dicen que no hay Dios, a mí aquel día se me apareció un ángel, un señor, Ángel Tudela, se acercó a mí, me cogió de la mano y me dijo: no te preocupes, vamos hasta Villablino y echamos esa carta”. Con él bajó a Villablino, envió la carta, “y me acogió con su mujer Carmina en su casa”, por eso tengo un hermano blanco, Aberto Tudela, al que hizo subir al escenario diciéndole “bueno al menos no soy el único que llora un poco hoy”.

Alcides es el origen y quien ha provocado todo este movimiento que se ha venido produciendo en estos meses entre la comunidad caboverdiana, el municipio de Villablino y la sociedad local lacianiega. Él lo inició todo con un mensaje de voz enviado, que se puede escuchar en el portal de YouTube del Ayuntamiento (50 años de la llegada del segundo grupo de trabajadores caboverdianos) para recordar el medio siglo de la llegada del segundo grupo de caboverdianos.

El primer grupo, que solo lo integraban tres personas, había llegado meses antes. Uno de esos tres, Calocha (Carlos Monteiro), también estaba presente en el acto.

La grabación en León de la producción de Netflix, la película 'El peregrino', adaptación de la novela de Paulo Coelho 'El peregrino de Compostela (Diario de un mago)' contó esta semana con imprescindible participación leonesa detrás de las cámaras.

La productora Bambara Zinema fue la encargada de coordinar las labores de crowd marshalling, una función clave para la organización de los 150 figurantes que participaron en las escenas rodadas este jueves en la Plaza del Grano, convertida para la ocasión en un escenario ambientado en la década de los años ochenta con todo lujo de detalles, como se puede ver en esta fotogalería.

La colaboración surgió a través de Castilla y León Film Commission, que contactó con Bambara Zinema en busca de una productora local capaz de aportar perfiles especializados para este cometido. A partir de esa propuesta, la cineasta y productora Isabel Medarde conformó un equipo de profesionales leoneses que finalmente fue seleccionado por la producción para encargarse de la coordinación de los extras durante toda la jornada de trabajo.

Las tareas desarrolladas por este equipo incluyeron la organización de los desplazamientos de los figurantes entre el campamento base, instalado en el Palacio de Exposiciones, y el set de rodaje, situado en el Casco Histórico, así como la coordinación con los asistentes de dirección para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos de vestuario, peluquería y caracterización necesarios para recrear la ambientación de la época. Según explica la propia productora, el objetivo era contribuir al buen desarrollo de una grabación de gran complejidad logística y, al mismo tiempo, visibilizar la capacidad profesional existente en el sector audiovisual leonés.

La película, producida para Netflix por Gullane, está dirigida por Vicente Amorim y protagonizada Johnny Massaro, que da vida a Paulo, un peregrino, y Rodrigo Santoro, el enigmático Petrus que le acompaña en esta road movie jacobea con el componente místico y simbólico característico de la literatura del escritor brasileño.

Destacados nombres propios

Junto a ellos, el equipo leonés estuvo integrado por cuatro profesionales vinculados al cine y la comunicación. Al frente se situó Isabel Medarde, cineasta y productora leonesa con una amplia trayectoria en rodajes desarrollados entre León y Madrid. Responsable de Bambara Zinema, entre sus trabajos destacan el documental 'El tren del olvido' y el largometraje 'El Monte del Marqués', actualmente en su fase final de producción y para el que prevé lanzar una campaña de financiación colectiva en los próximos días. En 2023 recibió el Premio Concejo de las Artes Visuales de la Diputación de León.

Junto a ella trabajó Alejandro Domínguez del Castillo, estudiante de último curso del grado de Comunicación Audiovisual en Madrid. A sus 22 años ha desempeñado funciones de jefe de producción en proyectos como el largometraje 'El ritual de Huasao', dirigido por Isaac Berrocal, o el cortometraje 'El sueño de Serpentina', de Alfonso Ordóñez, rodado recientemente también en León. Como director, obtuvo en 2023 el premio al Mejor Joven Realizador del Festival de Cine de Astorga por su obra 'Vento Encaja'.

El equipo se completó con Bea del Pozo, graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual y con formación en Estados Unidos. Compagina el desarrollo de proyectos audiovisuales con trabajos vinculados a las redes sociales y la comunicación digital. Su cortometraje 'Solo Deus' ha cosechado diversos reconocimientos en festivales internacionales.

También participó Marta Rodríguez Medina, titulada en Formación Profesional de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, que ha ampliado su formación mediante cursos especializados impartidos por las universidades de León y Cádiz. Formó parte del Taller de Creación de Cortometrajes de los Cursos de Verano de la Universidad de León, donde colaboró en la realización del corto 'Shamira', y pertenece además a la segunda promoción de la Microcredencial Universitaria en Guion de Cine y Televisión de la Universidad de León.

Engranaje local

La jornada permitió a los integrantes del equipo leonés conocer de cerca el funcionamiento de una gran producción internacional y observar el importante despliegue técnico movilizado para la grabación, que tanto llamó la atención.

La Plaza del Grano se transformó durante varias horas en una animada estampa de los años ochenta, con repartidores de prensa, bicicletas de época, puestos de venta de discos de vinilo, peregrinos, niños jugando y terrazas llenas de vecinos recreando la vida cotidiana de aquellos años en pleno centro histórico leonés.

Desde la productora leonesa Bambara Zinema destacan también el ambiente de colaboración generado entre figurantes, técnicos y profesionales desplazados para el rodaje, así como la implicación de distintos establecimientos de la zona, entre ellos el bar La Sacristía, que prestó apoyo logístico a la producción durante los descansos. Una experiencia que, según señalan, sirve para reivindicar el potencial del sector audiovisual leonés y la capacidad de sus profesionales para integrarse en proyectos de alcance nacional e internacional.

Así lo destacan sus protagonistas. Para Medarde, fue “maravilloso” el trabajo con los figurantes leoneses “durante una jornada tan intensa”, formando para ello un “equipo con jóvenes tan talentosos como Álex, Bea y Marta, que genera un feedback mutuo vital”, gracias a “su visión fresca, su alegría y esas inmensas ganas de trabajar que nos contagian a todos de una energía increíble».

Alejandro Domínguez del Castillo resaltaba que “somos muchos los jóvenes con ganas de aprovechar oportunidades como esta y demostrar que podemos aportar mucho”, convencido además de que “León tiene un potencial enorme para el cine y ojalá sigamos aprovechándolo entre todos”. Y Bea del Pozo valoraba que “formar parte de una producción de este nivel desde León y ver cómo una plaza tan nuestra se transformaba por completo fue increíble”. “Me quedo especialmente con el trato con los figurantes y con la sensación de que aquí hay muchísimo talento y ganas de hacer cine”. En esta ocasión, lo demostraron con creces.

El sindicato UGT ha convocado una jornada de huelga general para el sábado 23 de mayo en el sector de las grandes empresas del comercio textil y del calzado, una movilización de carácter estatal que también tendrá seguimiento en la provincia de León y que afectará a algunas de las principales cadenas comerciales presentes en la capital leonesa y otros municipios.

La convocatoria parte de la federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT), que rechaza frontalmente el preacuerdo del futuro convenio colectivo de ARTE, como se denomina el sector de grandes cadenas textiles y de calzado, firmado el pasado marzo por CCOO y Fetico, vinculado a marcas como El Corte Inglés y otros. El sindicato considera que ese texto supone un “recorte de derechos” y abre la puerta a una “precarización” de las condiciones laborales en el sector.

En León, UGT ha convocado además una concentración el mismo 23 de mayo entre las 12.00 y las 13.00 horas en la avenida Ordoño II, frente a la tienda de Zara España en la capital, según recoge el comunicado difundido por el sindicato. La huelga afectará especialmente a las plantillas de grandes cadenas comerciales integradas en ARTE, entre ellas firmas con implantación en León como la misma Zara, Stradivarius, Mango, H&M, Springfield, Cortefiel, Women’secret, Sprinter, JD Sports, Zeeman o Pepco, cuyos nombres aparecen expresamente en la cartelería distribuida por UGT para la convocatoria.

El sindicato sostiene que el nuevo marco laboral generaría diferencias entre trabajadores antiguos y nuevos dentro de una misma empresa. Según denuncia, el convenio permitiría contratar nuevo personal con condiciones económicas inferiores a las actuales, además de facilitar la absorción de futuras subidas salariales mediante complementos personales, algo que, a juicio de UGT, acabaría provocando una pérdida progresiva de poder adquisitivo.

Otro de los puntos que más rechazo genera en la organización es la regulación del trabajo en domingos y festivos. UGT asegura que el texto pactado permitiría imponer estos turnos “si no se garantiza la plantilla imprescindible para la apertura de la tienda”, una fórmula que considera demasiado abierta y favorable a la empresa.

Prevalecer sobre convenios provinciales

El sindicato también critica que el convenio estatal pase a prevalecer sobre los provinciales cuando estos expiren, lo que, en su opinión, supondría vaciar de contenido la negociación colectiva territorial y eliminar mejoras laborales conquistadas en cada provincia.

En el material difundido por FeSMC-UGT León, la organización carga especialmente contra Fetico y CCOO por haber suscrito el preacuerdo con la patronal ARTE y asegura que el texto “traiciona” a los trabajadores del sector. Entre los aspectos concretos que denuncia figuran además la pérdida del complemento de incapacidad temporal al 100%, cambios en categorías profesionales y la asunción por parte del trabajador de determinados descansos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Desde UGT defienden que el convenio estatal debería limitarse a establecer unas condiciones mínimas comunes, manteniendo intactas las mejoras recogidas en los convenios provinciales. La organización asegura que continuará con la movilización mientras no se modifique el contenido del acuerdo negociado en el marco de ARTE.

La cuarta semana de huelga de médicos en la sanidad pública ha vuelto a dejar este martes un alto impacto en la provincia de León, que se sitúa además como el territorio con mayor seguimiento de toda Castilla y León. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, el paro convocado por el sindicato CESM ha provocado la suspensión de 1.604 consultas de medicina familiar y pediatría en el Área de Salud de León y otras 294 en El Bierzo, dentro de una jornada marcada por miles de citas canceladas en toda la comunidad.

En total, 291 médicos secundaron la huelga en León durante el turno de mañana, lo que supone un seguimiento del 23,6%, casi ocho puntos por encima de la media autonómica, situada en el 15,2%. Solo Burgos se acercó a esas cifras, con un 21,7%, mientras que provincias como Ávila o Zamora no alcanzaron el 8% de respaldo.

La protesta, que entra ya en su cuarta semana de movilizaciones mensuales en 2026, reclama la negociación de un nuevo estatuto marco estatal para los profesionales sanitarios, pero también mejoras que dependen directamente de la Junta de Castilla y León. Entre ellas, el incremento de las retribuciones por guardias, la ampliación de los descansos tras las mismas o la regulación de las guardias localizadas.

El impacto asistencial volvió a ser notable en toda la comunidad. Solo durante la mañana de este martes se suspendieron 4.902 consultas de Atención Primaria, además de 3.416 consultas externas hospitalarias, 395 pruebas diagnósticas y 192 operaciones quirúrgicas programadas. León concentró por sí sola casi un tercio de todas las consultas canceladas en medicina familiar y pediatría de Castilla y León.

Los paros médicos mantienen así una elevada presión sobre el sistema sanitario público autonómico. La anterior semana de huelga, celebrada en abril, terminó con casi 38.000 consultas suspendidas en Castilla y León y cerca de 900 operaciones canceladas. Antes, en marzo, las movilizaciones dejaron más de 52.000 consultas aplazadas en la comunidad.

Los trabajadores de Mina Miura continúan reclamando soluciones para la delicada situación laboral que atraviesan después de meses de impagos y tras haber protagonizado en Asturias una de las protestas mineras más simbólicas de los últimos años.

Los mineros, varios de ellos vecinos de Laciana y El Bierzo, fueron recibidos este lunes en la Casa de Cultura de Villablino por varios dirigentes del PSOE, entre ellos el secretario general autonómico, Carlos Martínez; el líder provincial, Javier Alfonso Cendón; la vicesecretaria del PSOECyL, Nuria Rubio; y el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Después de semanas de movilizaciones que comenzaron con un encierro de quince días a 300 metros de profundidad en la explotación minera de Tormaleo y continuaron con una marcha a pie de 160 kilómetros hasta Oviedo. Con esas protestas querían visibilizar la situación que atraviesan y reclamar tanto el pago de las nóminas adeudadas como garantías para mantener la actividad y el empleo en una explotación que consideran viable y que perteneciente a Carbones La Vega.

Los mineros denuncian que acumulan trece nóminas sin cobrar en los últimos diez meses y acusan al empresario Fernando Martínez Blanco, propietario de la compañía desde octubre, de incumplir el compromiso adquirido cuando asumió la explotación minera.

La movilización despertó importantes muestras de apoyo social durante su recorrido por Asturias y volvió a poner sobre la mesa la situación que siguen viviendo muchas familias vinculadas a las cuencas mineras leonesas y asturianas.

El conflicto laboral coincide además con los expedientes abiertos por el Servicio de Minas del Principado de Asturias a la empresa Carbones La Vega.

La autoridad minera elevó recientemente a muy grave la infracción detectada en la explotación después de constatar que la compañía seguía sin garantizar las condiciones de seguridad y sin disponer de director facultativo pese a que varios trabajadores permanecían en el interior de la mina.

La propuesta de sanción asciende ahora hasta los 30.000 euros tras una nueva inspección realizada el pasado 30 de abril.

Reivindicación de futuro para las cuencas

Durante las movilizaciones, los trabajadores insistieron en que Mina Miura “siempre ha sido rentable” y reclamaron que, si el actual empresario no garantiza el futuro de la explotación, se le retiren los derechos mineros para facilitar la llegada de nuevos inversores que mantengan el empleo en una zona especialmente castigada por la despoblación y la pérdida de actividad industrial.

Los mineros sostienen que su protesta no busca únicamente cobrar los salarios pendientes, sino defender el futuro económico de las comarcas mineras del suroccidente asturiano y de Laciana, donde todavía residen muchas de las familias que dependen de la actividad extractiva.

Los socialistas utilizaron el encuentro para trasladarles su apoyo. Cendón aseguró que “los mineros han dado una lección de dignidad, esfuerzo y compromiso con sus familias y con los territorios mineros”, mientras que Nuria Rubio advirtió de que “no podemos permitir que territorios que tanto han aportado vuelvan a sentirse abandonados”.

La inconfundible voz de José María García sonó al otro lado del teléfono. León se preparaba el 16 de mayo de 1991 para vivir una histórica jornada de huelga provincial, que se concatenaba con el segundo día seguido de paros en la minería del carbón, sector a su vez amenazado por el que a finales de ese año sería el cierre de Hulleras de Sabero. La Vuelta Ciclista a España salía aquel mismo día de la capital leonesa con destino a Valladolid, entre amenazas de mineros de cortar la carrera. “¿Qué va a ocurrir?”, le preguntó el célebre periodista radiofónico al entonces gobernador civil en León, Antonio Sandoval, que contestó así: “Los ciclistas son tan trabajadores como los demás. Y se los va a proteger”. Al margen de una escaramuza en la zona de salida en la avenida Sáenz de Miera, las hostilidades se desataron a la altura de Mansilla de las Mulas, donde un intento frustrado de corte por parte de operarios de Hulleras se saldó con 14 detenidos y una veintena de heridos justo hace 35 años.

La voz de José María García ya era la de la propia retransmisión radiofónica cuando uno de aquellos mineros de Hulleras de Sabero, Carlos García Kubala, se enteró por esta vía de la movilización y acudió con un compañero a Mansilla. Cuando llegaron ya se había levantado la barricada de neumáticos. Y había comenzado una persecución por fincas aledañas entre fuerzas antidisturbios y los trabajadores. “Hacíamos esas cosas para salir en los medios”, cuenta Kubala para retrotraerse al escenario de aquellas movilizaciones en las que confluían la reconversión general del sector del carbón tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea con las acechantes sombras que se cernían sobre el futuro concreto de Hulleras, para la que a esas alturas del año se situaba su cierre en 1993. Los cortes de carretera eran habituales, señala el minero, que todavía recuerda a García refiriéndose a los protagonistas de aquel altercado en Mansilla como “un grupo de incontrolados”.

El ciclista granadino Antonio Miguel Díaz no oyó en la mañana de aquel 16 de mayo de 1991 en los boletines informativos a José María García referir la previa de una etapa en cierto modo marcada por su salida en León, que sería ya por la tarde el escenario de una manifestación que reunió en torno a 20.000 personas, el punto álgido de una convocatoria de huelga por parte de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras contra lo que entendían como “marginación” y “subdesarrollo” de la provincia. Ajeno a esta circunstancia ante una etapa que había marcado en rojo en su calendario previendo viento de costado y posibles abanicos en la meseta camino de Valladolid, Díaz se escapó ya recién dada la salida y compartió aventura con el alemán Mario Kummer, al que se impuso en la meta ubicada en el entorno del paseo de Zorrilla de Valladolid. El corredor andaluz, que tiene grabados en su mente los detalles de aquella jornada en la que ganó su primera y única etapa en la Vuelta a España, no se enteró, sin embargo, de lo ocurrido en Mansilla hasta que al día siguiente leyó la noticia en los periódicos.

“Los equipos de la Vuelta a España adelantan su salida de Asturias por temor a no llegar a Sáenz de Miera”, titulaba una noticia aquel mismo jueves 16 de mayo La Crónica de León aludiendo a la etapa anterior, que terminó en el Alto del Naranco con victoria del bejarano Laudelino Cubino. El rotativo leonés se hacía también eco de temores de Unipublic, empresa organizadora de la ronda nacional, a que se produjeran cortes en La Robla o a la salida de la autopista León-Asturias. “La Policía de León pide ayuda a otras provincias para controlar a los piquetes de la huelga general”, rezaba otra de las informaciones del periódico (y se llegó a cifrar en 50 los agentes extra llegados para unirse al dispositivo de seguridad de la carrera). “¡León, hazte oír!”, era el lema de la huelga elegido por los sindicatos convocantes, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Los problemas de la minería y la provincia representaban una especie de cara B de un país que se acicalaba para los fastos de 1992: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla o la capitalidad cultural europea de Madrid. Y el paso de la Vuelta a España suponía un indudable escaparate para las protestas: hace 35 años las de una empresa minera amenazada de cierre y una provincia que se rebelaba frente al olvido; y el pasado 2025 las derivadas de la masacre perpetrada por el Gobierno de Israel en la franja de Gaza.

Yo no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida

Antonio Miguel Díaz — Ciclista ganador de la etapa León-Valladolid de la Vuelta a España 1991

“La salida de la etapa en León no se verá afectada por la huelga general”, titulaba Diario de León la noticia de apertura de su sección de Deportes, en la que informaba de un acuerdo entre UGT y CCOO y la organización de la carrera para que un representante sindical leyera un comunicado en la zona de salida haciendo referencia a las motivaciones de la jornada de huelga provincial. “Se había hablado de eso”, tercia el gobernador civil de la época, Antonio Sandoval, al aludir a un tipo de pactos como los alcanzados en las llegadas de la Vuelta a Ponferrada en 1987 y 1989, donde los organizadores admitieron la presencia de las reivindicaciones mineras en zonas visibles del entorno de la meta. Así se cumplió hasta el punto de que el primer año dos mujeres en representación del sector entregaron el ramo de flores, puño en alto, al vencedor de la etapa, el francés Dominique Arnaud; y en la segunda ocasión mineros de Victoriano González acabaron irrumpiendo en el podio cuando imponían el maillot amarillo al también galo Roland Le Clerc.

Y llegó el esperado jueves 16 de mayo. La huelga tuvo un seguimiento desigual en la provincia. El paro se combinó de alguna manera con la celebración en Sáenz de Miera, por lo que de festivo no deja de tener un acontecimiento como la salida de una etapa de la Vuelta a España. Fue finalmente el entonces secretario provincial de UGT, Fermín Carnero, el encargado de leer el comunicado. “No sobran agricultores ni mineros, sobra el gobierno entero”, se podía leer en una pancarta. Y hubo por parte de algunos huelguistas un conato de cortar la salida de vehículos, intento rápidamente abortado por los policías. Sin dejar de sugerir que quizás algún miembro de su equipo, el mítico Kelme, le informara entonces de la huelga, Antonio Miguel Díaz tenía ya la vista puesta en la carretera. “Yo”, dice el ciclista 35 años después, “no era consciente de nada. Éramos todos muy inocentes. Yo tenía 22 años. Hoy, con las redes sociales, nos habríamos enterado de todo. Y yo entonces ya estaba calentando para atacar de salida”.

Los mineros de Hulleras de Sabero llevaban tiempo calentando la movilización. “Se había puesto sobre la mesa un plan de viabilidad de la empresa que incluía bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas”, expone Carlos García para poner el contexto de aquel mes mayo anterior a un verano en el que “cambió todo” y se precipitó el cierre. Otro compañero de la empresa que prefiere no hacer público su nombre incluso recuerda la distribución estratégica por el territorio de aquel 16 de mayo. “Había dos personas en el Alto del Portillo, otros en Puente Villarente y nosotros en Mansilla”, cita. Los antidisturbios intervinieron primero para levantar la barricada en Mansilla tiempo antes del paso de la caravana ciclista, que no sufrió ningún contratiempo. Mientras los corredores avanzaban camino de Valladolid, los mineros se desperdigaban por el entorno. “Nos perseguían los helicópteros por las huertas”, afirma Kubala. “Parecíamos conejos”, añade su compañero. Ninguno de los dos estuvo entre la veintena de heridos (nueve de ellos antidisturbios) ni entre los 14 detenidos (todos ellos trabajadores de Hulleras).

El altercado pasó totalmente desapercibido para la caravana de la ronda ciclista, como constata el célebre fotoperiodista de la Agencia EFE Desiderio Mondelo, precisamente hijo de minero y nacido en Caboalles de Abajo (Villablino) antes de trasladarse a Madrid y desarrollar una carrera profesional que incluyó la cobertura de varios Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo de Fútbol, así como de más de una veintena de ediciones de la Vuelta a España. “No me paraba ni a desayunar”, cuenta el relatar su día a día en la carrera: montado en una motocicleta siguiendo la carrera y dejando a un compañero carretes para ser revelados en un furgón habilitado como laboratorio. Mondelo hizo la Vuelta de 1991. Retrató en la salida en Mérida a Miguel Indurain con el manillar de triatleta para el prólogo y a Melchor Mauri haciendo de improvisado director de orquesta en la etapa entre Santo Domingo de la Calzada y Santander. Pero no conserva ni en el archivo ni en su memoria recuerdos de lo sucedido en León y en Mansilla de las Mulas.

El entonces periodista de La Crónica de León Juan Daniel Rodríguez relata un episodio justamente anterior a ese día para hacer ver las características del conflicto. Había acudido junto a su compañero fotoperiodista Secundino Pérez a cubrir un corte de carretera en Puente Villarente cuando “un coche intentó saltarse la barricada”. La secuencia se trasladó al día siguiente a la portada del rotativo con tres fotos del consiguiente vuelco del vehículo. Con la provincia entera de huelga y una manifestación por la tarde en la capital, Rodríguez no acudió aquel jueves 16 a Mansilla de las Mulas. “No podíamos estar en todos los sitios”, dice al repasar la noticia puramente informativa que publicó al día siguiente y recordarse con apenas 24 años de edad ante aquel escenario del que sí conserva la sensación que se palpaba entre los vecinos de Sabero: “La preocupación de que el valle se iba a quedar desierto porque la del carbón era su única industria”.

No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro

Carlos García ‘Kubala’ — Minero de Hulleras de Sabero en 1991

Para entonces ya colaboraba con La Crónica de León como corresponsal el hoy director del Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, Roberto Fernández, quien aquel día intervino como miembro de la Asociación Juvenil El Hayedo. “Los ánimos estaban muy alterados. Por la tarde fuimos a León a manifestarnos ante el Gobierno Civil para exigir la liberación de los mineros detenidos”, repesca. “Volaban las papeleras”, rescata el trabajador que prefiere mantener el anonimato. La prensa del día siguiente recoge ya la puesta en libertad aquel mismo día de los operarios de Hulleras detenidos en el entorno de Mansilla de las Mulas. El sector cambiaría en cierto modo el paradigma de las movilizaciones al año siguiente, cuando en marzo de 1992 se produjo la primera Marcha Negra desde la cuenca de Laciana hasta Madrid.

Lo ocurrido el pasado 2025 en la Vuelta a España, con varios cortes que sí se hicieron efectivos hasta incluso tener que suspender la etapa final con meta en Madrid, ha hecho evocar aquel episodio de 1991 a varios de sus protagonistas. “El año pasado consiguieron cortar porque había más apoyo. Nosotros éramos cuatro gatos. Estábamos muy apartados. Y la gente no apoyaba tanto”, cuenta el minero de Hulleras. Su compañero Kubala precisa. “No se puede poner en peligro la integridad de nadie. Yo estoy de acuerdo con que haya reivindicaciones siempre que eso no implique peligro”, sostiene sin dejar de citar las llegadas de la Vuelta en la pasada década al Alto de la Camperona: “Y la gente quedó encantada”. El ganador de aquella etapa León-Valladolid hace una lectura similar: “Todo el mundo tiene derecho a reivindicar. Pero yo creo que hay otros foros para hacerlo. Los ciclistas profesionales son ajenos a estas circunstancias. Y parece que siempre nos tocan a nosotros. La política no debería entrar en el deporte”.

El final de aquel día fue feliz para Antonio Miguel Díaz, triunfante en Valladolid en esa jornada con salida en León, dos ciudades de grato recuerdo para el hoy seleccionador andaluz sub-23 y júnior. “Y me gusta ir por la Catedral y por el Barrio Húmedo”, resalta. El final fue traumático para Hulleras de Sabero, que cerró finalmente su explotación de interior en diciembre de ese mismo 1991: los trabajadores aceptaron mayoritariamente el cierre a cambio de indemnizaciones económicas. El final de la Vuelta fue victorioso para Melchor Mauri y premonitorio para Miguel Indurain, segundo en Madrid apenas un par de meses antes de ganar el primero de sus cinco Tour de Francia consecutivos. Su mítica trayectoria fue captada al detalle por Mondelo, que incluso aprovechó el trigésimo aniversario del quinto para llevar una exposición alusiva a Laciana y que, escarbando en su memoria, repesca una etapa de la Vuelta de 1980 en la que en Porriño (Pontevedra) trabajadores de la empresa Censa sí llegaron a cortar la carrera. Aquel día, informó El País, un coche de prensa acabó con el parabrisas roto: fue el de la Cadena Ser al tratar de burlar el corte y viajando a bordo José María García.

Las secciones sindicales de CCOO, CSIF y UGT en la Universidad de León han reclamado al equipo rectoral una “posición firme” ante la Junta de Castilla y León para frenar el “bloqueo” que, aseguran, sufren las universidades públicas de la Comunidad por la falta de financiación. Los sindicatos también exigen la retirada del plan de recortes planteado por la institución académica leonesa en todo lo relativo al personal y denuncian el deterioro progresivo de las condiciones laborales y de los servicios universitarios.

Por ello este viernes han realizado una asamblea informativa en la sede del Rectorado a primera hora y decenas de ellos han protestado antes de la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno, principal órgano de la Universidad de León, con carteles y pitos para solicitar al equipo rectoral que encabeza Nuria González que atienda sus peticiones, en una acción convocada por CCOO y UGT.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han mostrado su “preocupación” por la situación que atraviesa la ULE y apuntan directamente a la “infrafinanciación crónica” de la Junta, una situación que —afirman— queda reflejada en un informe de la AIReF sobre el sistema universitario público de Castilla y León.

Según denuncian, actualmente existe un “triple bloqueo”. Por un lado, señalan un bloqueo en la financiación por la ausencia de “un modelo estable y suficiente” que permita cumplir la LOSU. A ello suman un bloqueo en la negociación colectiva, con convenios colectivos del Personal Docente e Investigador y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) sin avances “por falta de recursos”, lo que, aseguran, impide incluso actualizar las tablas salariales.

Los sindicatos añaden además un tercer bloqueo en las condiciones laborales, con la “congelación de derechos”, la no cobertura de vacantes, el incumplimiento del pago del premio de jubilación del PTGAS funcionario o la paralización de la carrera horizontal. “Las plazas de RPT deben estar cubiertas con el pago íntegro de las retribuciones”, reclaman.

Las organizaciones sindicales advierten de que esta situación no solo repercute sobre la plantilla, sino también sobre el funcionamiento de la universidad pública. En este sentido, alertan de que se están dejando de prestar servicios, reduciendo presupuestos y deteriorando recursos destinados tanto a la docencia como a la investigación.

Por ello, exigen al equipo rectoral que no presente “planes de recortes que nadie ha exigido” y que, en cambio, lidere junto al resto de universidades públicas una reclamación conjunta ante la Junta de Castilla y León para garantizar financiación suficiente destinada a personal, infraestructuras y funcionamiento ordinario.

El Comité de Empresa y la Junta de personal del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo han denunciado este jueves el reiterado retraso en el pago de las nóminas de los trabajadores municipales, que aún no han cobrado sus sueldos.

Según han informado a través de un comunicado, a fecha de 13 de mayo la plantilla aún no había percibido su sueldo, una situación que no es nueva y que se ha repetido en “numerosas ocasiones”, por lo que han reclamado al equipo de gobierno de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que gobierna en total minoría, “medidas inmediatas” para garantizar el pago de los salarios pendientes.

Estos retrasos -que han calificado como “continuos incumplimientos”- también provocan graves perjuicios económicos y personales a los trabajadores, que ven cómo se vulnera un derecho básico como es el cobro puntual de sus retribuciones, unos hechos “inadmisibles” para una administración.

A esta situación, se suma el incumplimiento en la ejecución de las subidas salariales dentro de los periodos que legal y administrativamente corresponden, lo que atribuyen a una “dejadez” que tiene consecuencias en la renta.

De hecho, algunos empleados municipales han tenido que hacer declaraciones complementarias del IRPF por las que asumen los costes al “no haber percibido en tiempo y forma unas cantidades que les correspondían legítimamente”.

En opinión del Comité, resulta “absolutamente inaceptable” que sean los propios trabajadores quienes tengan que soportar las consecuencias económicas, fiscales y administrativas derivadas de una “gestión irresponsable e ineficaz”.

Del mismo modo, ha denunciado la falta de avances en el proceso de estabilización del personal, un procedimiento al que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo está obligado legalmente y “cuyo desarrollo continúa paralizado sin explicación alguna”, lo que deja en una situación de “precariedad e inseguridad laboral” a muchos trabajadores.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el retraso del inicio de las obras de la futura oficina de empleo en Astorga, que se ubicará en el antiguo colegio Leopoldo Panero, y el “exilio forzoso” de usuarios y funcionarios a la oficina existente en La Bañeza.

El sindicato, en un comunicado, lamenta que la solución a las “graves deficiencias estructurales y de insalubridad” de las actuales dependencias de la calle Juego de Cañas, que llevan cerradas al público casi un mes, no se acompasen con la habilitación de la nueva sede prometida por la Junta de Castilla y León para albergar tanto la oficina de empleo autonómica del Ecyl como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El sindicato independiente exige que se ejecuten las obras la nueva oficina y que, mientras, se dé una solución provisional digna al servicio que evite el desplazamiento de la población y de los empleados públicos.

Hay que recordar que la Junta de Castilla y León anunció en enero de este año la ejecución de obras para la nueva sede de la Oficina de Empleo de Astorga con una inversión de 1.173.022 euros. El plazo de ejecución anunciado era de 10 meses, lo cual supondría, si se cumplen los plazos, que debería finalizar al término de este mismo año, pero la oficina antigua se ha cerrado hace ya un mes, certifica CSIF.

Esa nueva sede se ubicará en la antigua Residencia Juvenil Leopoldo Panero, situada en la plaza Arquitecto Gaudí, nº 3, en un inmueble afecto a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Según la informació facilitada entonces, la nueva estancia triplicaría el espacio actual, resolveríalos problemas de accesibilidad y ofrecerá unas instalaciones dignas tanto para los trabajadores como para los más de 3.400 usuarios que atiende cada año. Sin embargo, en todos los meses que faltan todos ellos deberán por ahora trasladarse a la ciudad de La Bañeza.

CSIF se toma esta siruación como un “abandono institucional que sufre Astorga en este asunto”, tras meses de promesas y una licitación millonaria que “no se ejecuta”. Recuerdan que el pasado 18 de noviembre de 2025 mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para exponer las insostenibles deficiencias de la actual oficina del SEPE y e Ecyl: falta de espacio, nula privacidad, problemas de accesibilidad (solo escaleras), humedades, baños inutilizados y un persistente olor a gasoil que, a día de hoy, ha obligado a su cierre.

Trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Castilla y León se han concentrado este miércoles ante la Delegación de León para reclamar mejoras laborales, más plantilla y el cumplimiento de acuerdos pendientes, en una jornada de movilizaciones convocada en toda España por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La protesta, que ha incluido un paro parcial de una hora entre las 11.00 y las 12.00 horas, se enmarca en un calendario de movilizaciones que podría culminar con una huelga general el próximo 8 de junio si no se producen avances en la negociación con el Gobierno.

Durante la concentración, con presencia de trabajadores y delegados de toda la comunidad, el responsable de la Agencia Tributaria de CSIF en Castilla y León, Serafín Herrera, ha denunciado que el conflicto laboral nace de “una situación prolongada de bloqueo, retraso e incumplimiento” por parte de la Administración.

“En noviembre de 2024 se firmó un acuerdo con compromisos claros, pero la Agencia Tributaria ha sido incapaz de transformarlos en hechos”, ha criticado Herrera, quien ha asegurado que “la situación se ha enquistado en tres problemas fundamentales”: la carrera profesional, el teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.

En este sentido, ha destacado que los trabajadores exigen la actualización de la carrera profesional y el reconocimiento de los años acumulados sin mejoras desde las últimas reclasificaciones, así como el desarrollo de un modelo de teletrabajo “flexible y adaptado” a las necesidades de la plantilla.

“Hoy mantenemos un sistema impuesto, rígido y poco flexible”, ha señalado Herrera, quien ha reclamado que se aplique a la AEAT un modelo similar al de la Administración General del Estado, con más días de trabajo a distancia y mayores facilidades de conciliación.

El tercer eje de las reivindicaciones se centra en el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyos trabajadores —ha subrayado— desempeñan funciones clave en la lucha contra el narcotráfico o el contrabando y afrontan situaciones de riesgo que, a juicio del sindicato, deben ser reconocidas legalmente.

“No se trata de una unidad administrativa cualquiera; hablamos de profesionales con funciones de seguridad que requieren más medios y el reconocimiento efectivo como profesión de riesgo”, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado también mejoras salariales, refuerzo de medios y medidas que faciliten la jubilación anticipada en estos casos.

Herrera ha advertido además de la falta estructural de plantilla en la Agencia Tributaria, con unos 1.200 trabajadores en Castilla y León —alrededor de 140 en la provincia de León—, y un déficit que, según ha dicho, se arrastra desde hace años.

“La oferta pública no está siendo capaz de compensar las jubilaciones ni el envejecimiento de la plantilla, mientras aumentan los objetivos y las cargas de trabajo”, ha señalado tras incidir en que esta situación está generando “una tensión que resulta insostenible”.

El representante sindical ha vinculado estas carencias con el incremento de la actividad de la AEAT, que registra cifras récord de recaudación, y ha defendido la necesidad de reforzar los efectivos para garantizar un servicio adecuado a los contribuyentes.

CSIF ha hecho un llamamiento a la unidad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales para respaldar las movilizaciones, al considerar que “la fragmentación solo beneficia a quien bloquea” la negociación.

Tras las protestas de este miércoles, el calendario continuará el 29 de mayo con nuevas concentraciones y paros parciales, antes de una huelga general prevista para el 8 de junio en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria si no se alcanzan soluciones.

“Estamos en marcha y no cesaremos hasta que tengamos las respuestas que reclamamos”, ha concluido Herrera.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo reforzará su apuesta por la digitalización del tejido empresarial con un nuevo taller gratuito centrado en el uso de la inteligencia artificial (IA) aplicada a los negocios, dirigido a autónomos, emprendedores y pequeñas empresas del municipio.

La iniciativa, titulada 'Aplica la Inteligencia Artificial en tu negocio', se celebrará del 18 al 21 de mayo en el Aula de Nuevas Tecnologías municipal y forma parte del programa formativo que el Consistorio impulsa a lo largo de todo el año para mejorar las competencias digitales de la población.

Organizado por el Centro Municipal de Formación y Empleo (CEMFE) en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, el curso se enmarca en el programa nacional 'Yo Conecto', una iniciativa orientada a reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas clave en el nuevo entorno económico.

Con esta actividad, la Concejalía de Empleo busca acercar la IA a la realidad cotidiana de los negocios locales, en un contexto marcado por la creciente digitalización y la necesidad de adaptación a nuevas formas de producción, gestión y relación con los clientes.

Durante las cuatro sesiones, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de forma práctica cómo integrar soluciones basadas en IA en sus proyectos empresariales.

El objetivo es que puedan optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y detectar nuevas oportunidades de crecimiento.

Entre los contenidos previstos se incluyen el uso de herramientas digitales accesibles basadas en inteligencia artificial, la automatización de tareas, el análisis de datos para la gestión empresarial y la aplicación de soluciones tecnológicas en áreas como el marketing, la atención al cliente o la organización interna.

Esta formación se plantea con un enfoque eminentemente práctico y adaptado a grupos reducidos, lo que permite una atención más personalizada y facilita la adquisición de conocimientos aplicables de manera inmediata.

La colaboración con la Fundación Cibervoluntarios aporta además experiencia en el desarrollo de programas de capacitación tecnológica dirigidos a distintos sectores de la población, especialmente aquellos con mayores dificultades de acceso a la digitalización.

Esta entidad, considerada pionera en España en la promoción del uso social de la tecnología, trabaja en proyectos orientados a fomentar la inclusión digital y el desarrollo de competencias en el ámbito de las nuevas tecnologías.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para fortalecer el empleo y la actividad económica local mediante la formación, con especial atención a las habilidades digitales, cada vez más demandadas en el mercado laboral.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

León ha acogido este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una nueva movilización de los sindicatos UGT y CCOO para denunciar las cifras de siniestralidad laboral y reclamar cambios normativos y refuerzos en la prevención. La concentración principal en la capital leonesa se ha celebrado frente a la sede de la Patronal, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), en el marco de una convocatoria simultánea en todas las provincias de Castilla y León y también con acto en la comarca de El Bierzo.

El foco de la protesta ha estado en los datos registrados en 2025, que reflejan una elevada incidencia de accidentes laborales. En el conjunto de la provincia de León se contabilizaron 10.238 siniestros, de los cuales seis tuvieron resultado mortal. Estas cifras se enmarcan en un contexto autonómico igualmente preocupante, con 62.651 accidentes de trabajo y 53 fallecidos en Castilla y León durante el pasado año.

De forma más detallada, en la comarca de El Bierzo se registraron 1.065 accidentes laborales en 2025, con cuatro víctimas mortales, lo que subraya el peso de la siniestralidad sobre todo en esta comarca.

Durante las concentraciones, ambos sindicatos han recordado a las personas que perdieron la vida o la salud como consecuencia del trabajo y han insistido en la necesidad de actuar “de forma eficaz e inmediata”. Entre sus principales reivindicaciones figura el cumplimiento estricto de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, así como su actualización para adaptarla a los cambios del mercado laboral.

En este sentido, han puesto el acento en los nuevos riesgos derivados de la digitalización, el impacto del cambio climático, el envejecimiento de la población trabajadora o la creciente incorporación de mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados. También han advertido sobre el impacto en la salud mental, señalando problemas como la falta de desconexión digital o la monitorización constante en el entorno laboral.

Coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, declarado además como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, UGT y CCOO han reclamado la actualización del cuadro de enfermedades profesionales para incluir, entre otras, las patologías mentales vinculadas al trabajo y dotarlo de perspectiva de género.

Asimismo, han exigido un refuerzo de los recursos de la Inspección de Trabajo y de los organismos autonómicos de prevención, junto con la creación de juzgados especializados en materia de seguridad y salud laboral. Los sindicatos han defendido que el diálogo social debe seguir siendo una herramienta clave para avanzar en políticas públicas que reduzcan la siniestralidad.

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

Un leonés ha logrado hacer desaparecer una deuda contraída de 57.811 euros tras acogerse judicialmente a la Ley de Segunda Oportunidad, en un caso marcado por la necesidad de financiar, entre otras cosas, un vehículo imprescindible para su día a día: llevar a su hijo al colegio y acudir después a su puesto de trabajo. La resolución judicial le permite empezar de nuevo tras años de dificultades económicas derivadas de la caída de sus ingresos después de que en su empresa le bajaran el sueldo.

El origen de su situación de insolvencia se remonta al momento en el que solicitó financiación tanto para acometer reformas necesarias en su vivienda como para adquirir ese coche del que dependía su rutina familiar y laboral. La previsión era poder hacer frente a los pagos cuando su economía mejorase, pero la realidad fue la contraria: una reducción de su salario le dejó sin capacidad suficiente para asumir las cuotas y de todo ello tenía pruebas fehacientes.

A partir de ese momento, la deuda fue creciendo hasta volverse insostenible. Con los ingresos disponibles, el afectado ya no podía hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que le situó en un escenario de insolvencia que le impedía salir adelante por sus propios medios. El caso llegó a manos del despacho Repara tu Deuda Abogados, uno de los muchos que gestionan este tipo de insolvencias que pueden afrontarse aplicándose la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una norma no muy conocida pero de sencilla aplicación, como se ha ido viendo en varios casos en la provincia leonesa, algunos muy desesperados.

Finalmente, tras acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado competente le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), cancelando íntegramente la deuda acumulada. Esta herramienta legal, cada vez más utilizada, permite a particulares en situación de insolvencia rehacer su vida económica siempre que cumplan requisitos como actuar de buena fe o no haber sido condenados por delitos socioeconómicos.