La falta de “consenso” político entre todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de León y el “error nuestro” de haber ofrecido en un principio un día con “bodas programadas hace tiempo” en el salón de plenos. Esos son los principales motivos por los que se ha denegado finalmente un acto institucional de recuerdo, con entrega a sus descendientes de restos recién exhumados, de leoneses 'paseados' por pistoleros falangistas tras el golpe de Estado de 1936. Uno de ellos, Miguel Carro, ejecutado precisamente por haber sido concejal del PSOE en el propio Consistorio leonés.

Este doble argumento ha sido la explicación pública ofrecida hoy por el actual alcalde socialista, José Antonio Diez, tras las críticas públicas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El colectivo censuró que el acto de entrega de los restos que aparecieron hace meses en una fosa en Mansilla de las Mulas se autorizara primero para el próximo 5 de junio, para después cambiar de postura y plantearse varias excusas para vetar finalmente su celebración.

Para empezar, el regidor aseguró que le “sorprende” la petición del uso del salón de plenos para hacer esa entrega “desde un punto de vista institucional”, a pesar de admitir que sí se otorgó permiso en un primer momento. Y ya entonces, se cometió “el error nuestro”, admitió Diez, de ofrecer la fecha de un viernes, un día en el que “había bodas y evidentemente, no se pueden cambiar porque había mucho tiempo programadas”: “Parece que eso ya no les gustó absolutamente nada”.

Pero el motivo definitivo esgrimido por el regidor fue que “no hubo consenso -político- para ese tipo de acto”. “La institución la representamos muchas formaciones políticas y no había un acuerdo claro para realizar este acto en el salón de plenos municipal, y por lo tanto, yo les he dado otras opciones que ninguna les ha parecido adecuada”, aseguró.

La posición de todos los partidos

Preguntado por los periodistas, detalló que en realidad ningún partido vio con buenos ojos el acto, a pesar de que Alcaldía lo había admitido en un primer momento: “La UPL en principio no entendía muy bien lo de que (se homenajeara a) otras personas que no habían sido concejales del Ayuntamiento, incluso algunos que no eran ni del municipio, pero siempre dijo que aquello que decidiéramos lo iban a respaldar. El Partido Popular no lo veía tampoco y al máximo consenso que se pudo llegar fue al tema del concejal Miguel Carro. Y Vox, por supuesto, dijo que no les habláramos de estos temas”.

Sin embargo, el propio Diez transmitió algunas dudas al respecto del planteamiento al que, en principio, se había dado el visto bueno, argumentando la ARMH se enrrocó: “Yo les he propuesto poder hacerlo en otro lugar, como también presidente que fue del partido (por Carro), en la Agrupación Socialista de León, hacer el acto en el partido… pero parece ser que ellos no querían tampoco que el alcalde tuviera mucha visibilidad en el acto”, justificó, de modo que al final se ha denegado definitivamente.

Una denegación final duramente criticada por la asociación, que ahora intenta pedir que se pueda realizar un acto de memoria y desagravio en el Hostal de San Marcos, actual Parador Nacional. El motivo es que fue allí, entonces campo de concentración del régimen golpista de Francisco Franco, y de donde fueron objeto de una 'saca' los cuatro republicanos 'paseados' a manos de pistoleros falangistas el 18 de diciembre de 1936, entre otros muchos.

'Ataques' desde las propias filas

El caso, además, ha servido de caldo de cultivo para la actual lucha interna del PSOE, de buena parte de la Ejecutiva provincial, que lidera Javier Alfonso Cendón, contra el alcalde de León, José Antonio Diez, y viceversa. Por eso, destacados dirigentes del partido han censurado la postura del regidor leonés desde sus perfiles de redes sociales, entre ellos la leonesa número dos del PSOE de Castilla y León y procuradora autonómica, Nuria Rubio, o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

“Personalmente me siento profundamente avergonzada. Hace tiempo que no entiendo algunas políticas que van totalmente en contra de los valores y principios que defendemos como partido”, manifestaba Rubio.

Mientras Courel incluso añadía las críticas de Diez al recién imputado expresidente del Gobierno leonés, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevar su ataque: “Se niega un acto de la ARMH, no se quitan los nombres franquistas de las calles de León, y se ”condena sin juicio“ al único leonés que ha sido presidente del Gobierno de España. ¿Seguro que el alcalde de León es socialista?”, espetó.

Todo el mismo día en que Diez se volvía a reivindicar como candidato a repetir en la lista del PSOE a la Alcaldía de la capital, argumentando que la grave imputación judicial de Zapatero por presunta corrupción ponga freno a las maniobras para intentar evitar esa repetición.

“Como sabéis, yo tampoco mantenía una relación excepcionalmente fluida con el presidente Zapatero”. “Yo sé que no les gustaba mucho”. “Igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”. Ha tardado algo más de tres días en reaccionar públicamente y estas han sido algunas de las primeras y muy intencionadas palabras del alcalde del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, al tsunami político que ha supuesto la imputación judicial por corrupción del expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero.

El regidor de la capital, una recurrente voz crítica interna en el PSOE, incluso con un enfrentamiento poco disimulado con la Ejecutiva provincial y su líder, Javier Alfonso Cendón, muy próximo a Zapatero, valoró la noticia como “de una preocupación extrema y de una gran decepción”, algo, dijo, que cree que comparten “prácticamente la mayoría de los leoneses”. Y personalmente añadió que además “a mí me genera una enorme y una profunda decepción”.

Y es que considera que “leyendo detenidamente el auto del juez (de la Audiencia Nacional), hay cuestiones que aparentemente parecen muy feas”. “Yo no voy a entrar si son delictivas o no, porque eso le corresponde al juez, y hay que confiar en la Justicia, igual que en la presunción de inocencia, pero evidentemente son cosas que preocupan y preocupan mucho”.

Diez continuó su valoración más bien íntima pero también en clave de repercusión política esgrimiendo que “a mí lo que me gustaría es que esto se resuelva lo más rápidamente posible, por el bien de todo el mundo, también por la parte afectada, por el propio presidente Zapatero”... “Y por el resto de diputados”, añadió, en una poco disimulada referencia al líder Cendón, diputado nacional por León, que recientemente le enseñó la puerta de salida del Partido Socialista al actual alcalde para que no repitiera como candidato en las municipales del año que viene, a lo que este retó con que le echaran de la formación en una creciente escalada de confrontación.

Este mismo mes, el regidor, por ejemplo, defendió públicamente que era más defendible su proximidad a la Junta de Castilla y León (PP) y sus recientes inversiones en la ciudad que la de Cendón a los exdirigentes socialistas, ministros y secretarios de Organización en Ferraz, Santos Cerdán, José Luis Ábalos o su asesor Koldo García, los tres sentados en el banquillo de los acusados. Zapatero se sumaría ahora a la lista de acorralados por la Justicia bajo acusación de corrupción. Pero también han sido varios los encontronazos públicos de Diez con el propio Zapatero, tras las críticas del expresidente a la creciente oleada de aspiración de un autobogierno y una autonomía propia para León, sin Castilla.

En este contexto, el regidor remarcaba eso de que “igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”, en referencia a que era vox pópuli que en la voluntad de Cendón de buscar un sustituto para el próximo cartel electoral socialista en León, prescindiendo del crítico Diez por ejemplo vía primarias (una vía empleada ya en Gijón), era una maniobra en la que el propio Rodríguez Zapatero estaba involucrado. Ante este nuevo giro radical, el alcalde se limitó a razonar que “como todo en la vida, hay quien está más cercano y ahí quien está más alejado... Si apuestas bien, bien; si apuestas mal, no lo sé”: otro indisimulado recadito para Cendón.

Y de haber alguna implicación interna, aseguró que “las consecuencias respecto a esta acción de la justicia, si hay que tomarlas o no, tendrán que derivarse, evidentemente, desde arriba, desde la Ejecutiva Federal”. “Yo, únicamente, desear que sea lo menos posible (para Zapatero) y que la imputación salga lo mejor posible en el sentido de que haya las menores responsabilidades posibles, sin quitar, como digo, que lo que se desprende de ese auto es sumamente preocupante”.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de León ha denunciado este martes la existencia en las arcas municipales de un desajuste presupuestario que cifra en al menos 33 millones de euros. El portavoz del PP, David Fernández, hizo público este dato inmediatamente después de una reunión entre su homólogo en el PSOE, Vicente Canuria, y el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, con los partidos en la oposición. Y lo aprovechó para calificar la gestión económica del equipo de Gobierno del socialista José Antonio Diez como “la peor” desde la del Ejecutivo de Francisco Fernández, de la que el propio Diez formaba parte.

“Las chapuzas de José Antonio Diez y su Gobierno tienen importantes consecuencias para los leoneses hasta el punto de comprometer la capacidad económica del Ayuntamiento para ejecutar proyectos por valor de más de 33 millones de euros”, sentenció Fernández como conclusión del informe de seguimiento y actualización del Plan Económico y Financiero al que está sometido el Consistorio leonés, emitido por la Intervención municipal para dar cumplimiento a lo exigido por el órgano tutelante (la Junta de Castilla y León, por delegación del Ministerio de Hacienda).

El PP, según detalló Fernández, solicitó ya ese informe sobre la situación económica y financiera de la institución municipal el pasado 4 de mayo. Lo hizo después de que en el Pleno extraordinario del pasado mes de marzo los gobernantes municipales aprobaron un gasto de casi 9,4 millones de euros, “para los que no tenían ni 100.000 euros disponibles”. “En aquel Pleno ya le dijimos al señor Diez que eso era una huida hacia adelante con corto recorrido”, señaló el popular, que compromete la labor de su formación para PP para “sacar del cajón todos los documentos que dejan al aire las vergüenzas de la gestión económica de José Antonio Diez”.

Tras acusar al Gobienrno de Diez de “falta de transparencia” por demorarse en la entrega de la información relativa a la actualidad del Plan Económico y Financiero, David Fernández entró al detalle para referir una primera pérdida de ingresos por valor de 16 millones de euros, resultado las dos sentencias judiciales que anulan la tasa de tratamiento de basuras de 2024 y la tasa de recogida y tratamiento de basuras de 2025. “Hay que recordar que, en este segundo caso, se han llegado a cobrar a los contribuyentes más de 3,7 millones de euros que aún no han sido efectivamente devueltos, además del gasto de medio millón de euros en las notificaciones de una tasa que, cuando se realizaron, el Gobierno socialista ya sabía que había un alto riesgo de anulación judicial”, añadió.

Además, el PP acusa al equipo de Gobierno de registrar “unos ingresos que son ficticios” por valor de 6 millones de euros, vinculados al convenio marco de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, unas anotaciones que “se realizaron a espaldas de la Intervención y bajo presiones del concejal de Hacienda a las dos funcionarias jefas del negociado de contabilidad” con el objetivo de “poder gastar más dinero del que realmente tienen”.

El desajuste se completa por otras tres vías: 1 millón de euros que la Intervención ve necesario incrementar para financiar el convenio con la Diputación de León para la coordinación del tratatamiento de residuos después de haber sido “incapaz de poner en marcha la instalación del contenedor marrón”; la citada modificación de créditos por valor de casi 9,4 millones; y un intento de cobro de la tasa de basuras de 2025 y 2026 que la Intervención considera como “no ajustado a derecho”.

¿Cuáles serán las consecuencias? “El equipo de gobierno ha estado anunciando y aprobando partidas para proyectos para los que no hay ingresos suficiente”, dijo Fernández antes de citar iniciativas que, a su juicio, quedarían en el aire como el plan de mantenimiento de calles y asfaltado, obras en colegios, instalaciones deportivas y edificios municipales, entre ellos el arreglo del consistorio, fachadas y soportales de la Plaza Mayor, las obras de la calle Demetrio Monteserín y Velasquita o parte del arreglo de los aledaños del estadio Reino de León. La repercusión, añadió el popular, también se dejará notar en ajustes en los ingresos y en la dotación de partidas.

“El alcalde conoce esta situación desde hace meses. Y le ha dado igual. No sólo no ha hecho los ajustes necesarios, sino que incluso ha seguido sumando gastos, como en el pleno extraordinario del mes de marzo; y ha seguido adjudicando contratos millonarios. Todo ello en una huida hacia delante que, como ya le dijimos, tiene corto recorrido. José Antonio Diez quiere hacer obras y anuncios en el año antes de las elecciones para solventar los problemas que no ha querido ni ha sabido solventar en los siete años que lleva como alcalde, gastando sin un criterio de proyecto global de ciudad y sin una consciencia clara de las necesidades de la ciudad”, señaló Fernández.

Y es que el PP compara la situación actual con la que se produjo durante la etapa del también socialista Francisco Fernández, que “dejó en las arcas municipales una deuda superior a los 400 millones de euros, con facturas en los cajones por valor de varios millones de euros, y que sumió al Ayuntamiento en una profunda crisis económica de la que aún hoy el consistorio no ha salido”.

“Auténtico fiasco económico”, según los leonesistas

Tras la misma reunión con los partidos de la oposición, el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha exigido la dimisión inmediata del concejal de Hacienda al conocerse “el contundente informe de Intervención que evidencia el fracaso absoluto en la gestión de la tasa de basuras impulsada por el equipo de Gobierno socialista”, señaló su portavoz, Eduardo López Sendino.

“Se trata de una situación de auténtico fiasco económico y administrativo, después de que las sentencias judiciales que anulan las ordenanzas fiscales y las irregularidades detectadas por el interventor municipal sitúen el impacto económico total en más de 15 millones de euros entre anulaciones de derechos, devoluciones de ingresos indebidos y deterioro del remanente de tesorería municipal”, añadió al referirse a los efectos vinculados a la tasa de basuras.

UPL añade que el informe de Intervención advierte de una “necesidad de financiación” de más de 9,2 millones de euros y de un grave incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Y el documento recoge la existencia de más de 6 millones de euros en “derechos ficticios” que nunca llegarán a cobrarse y que deberán ser anulados, “agravando todavía más la situación financiera del Ayuntamiento”, reprochan los leonesistas.

“La gravedad de los hechos exige responsabilidades políticas, en cualquier empresa privada una gestión que provoca un agujero de más de 15 millones de euros habría supuesto el cese fulminante del responsable. No entendemos cómo el alcalde mantiene todavía al concejal de Hacienda al frente de un área que ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión”, apunta Sendino.

Los leonesistas recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulas las ordenanzas de la tasa de residuos de 2025 y 2025 por defectos de tramitación y falta de motivación técnica suficiente. Y recalcan cómo el propio interventor en su informe alude a la posibilidad de extender los efectos de resolución judicial a la totalidad de los vecinos de la ciudad. “Es lo justo y adecuado”, valora la UPL, “y no solamente en beneficio de quien obtuvo la sentencia favorable, porque la anulación es absoluta y debe de favorecer a todos y no solo al recurrente lo que supondrá, según el interventor, una salida de fondos por importe de más de 3.700.000 euros, y una anulación de derechos, en definitiva, posibilidad de cobro, por un importe de más de 1.400.000 euros”.

“Si el concejal de Hacienda hubiera cumplido con su obligación de elaborar la ordenanza y aprobar la misma en los plazos establecidos en su momento por la Ley 7/2022 de 8 de abril, habría dado tiempo a realizar jurídicamente adecuada la ordenanza y se hubiera evitado el fiasco de una ordenanza realizada deprisa y corriendo que ha conllevado la anulación de la misma con el consiguiente perjuicio económico que va a condicionar en gran medida el devenir en los próximos ejercicios de las cuentas de este ayuntamiento”, agrega el portavoz leonesista.

La Junta de Gobierno Local con fecha 30 de abril de 2026 aprobó un gasto de 218.042 euros para encargar a una consultoría externa la elaboración de una nueva ordenanza. “No dudamos”, señala Sendino, “que esa empresa externa se va a encontrar con los mismos problemas que han motivado las sentencias judiciales, y todo ello porque el concejal de Hacienda no ha hecho su trabajo y sus deberes en los años anteriores para la correcta aplicación de la tasa conforme a la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL exige la dimisión del concejal de Hacienda y reclama al equipo de Gobierno socialista que “asuma de una vez sus responsabilidades políticas ante uno de los mayores desastres económicos de los últimos años en el Ayuntamiento de León”.

Ajena a protestas vecinales, al margen de denuncias ambientales y a recursos judiciales en marcha, la Junta de Castilla y León ha dado el paso definitivo para la ejecución del complejo de plantas energéticas de incineración y solares en el sur de la ciudad de León, bajo el nombre de Red de Calor.

Lo ha hecho sacando a licitación pública los dos primeros y más cuantiosos contratos, por un valor inicial conjunto de casi 62 millones de euros, y con plazos de ejecución de dos años, 24 meses, cada uno de ellos, a contar desde que se hayan elegido las empresas que se contratarán por parte de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que depende de la Consejería de Medio Ambiente. La ingente cantidad de dinero de lo que será de largo la mayor inversión de la Junta en la ciudad y la provincia provendrá en gran medida de fondos europeos destinados al plan de Transición Justa, es decir, fondos mineros en principio para la compensación por el cierre de la minería del carbón en la provincia.

El primero de los contratos, el mayor, será el del corazón mismo del proyecto, la macroplanta de incineración de biomasa de origen vegetal, un complejo de dos inmensas calderas que tendrán capacidad para convertir en energía calorífica hasta 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. La Consejería destaca su beneficio con una cifra: que permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ al año.

Su coste de salida dado hoy a conocer es de 41.722.860 euros. Se ha elegido la parcela cedida por el Ayuntamiento de León, no sin polémica aún, y en total ocupará un complejo de 24 hectáreas junto al río Bernesga, lindando con el cementerio de León y la Ronda Sur LE-30, en el barrio de Puente Castro. En esta primera fase, explica hoy la Junta en un comunicado, se instalarán dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, es decir, sumando una potencia total de 44 Mw, si bien se ha diseñado una segunda fase posterior que duplicará esto hasta alcanzar los 88 Mw.

“La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa”, remarcan en una suerte de beneficio circular. Un beneficio que culminan con cifras como que ese corazón de calor suministrará calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas de la ciudad y 150 edificios públicos y privados de la ciudad, y que si las comunidades previstas se 'enganchan', insiste Medio Ambiente, supondrá el fin de más de 1.200 calderas y chimeneas que hoy son de gas o gasóleo.

Los tuberías por los barrios, las calles concretas

Ahí entra el segundo contrato millonario: la primera fase de la red de tuberías subterráneas que han de llevar ese calor por buena parte de la ciudad, casi hasta las puertas del centro mismo pero de momento sin entrar en él. Ese segundo contrato suma otros 20.204.119 euros de licitación, igualmente dos años de obras para prácticamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y de retorno del calor. La red anunciada en su día sumaba unos 65 kilómetros en total, pero serán fruto de fases posteriores de extensión por la capital. De momento se centrarán sólo en barrios como La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana, Polígono 10, El Ejido, La Granja y La Lastra que junto al propio Puente Castro son los que abanderan la protesta social creciente contra este proyecto.

En detalle, tras sortear el río Torío con la construcción de una nueva pasarela que lleve las condiciones, la red provincial de tuberías irá por zonas como el Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo (El Corte Inglés), Santa Ana, Pendón de Baeza o la Avenida Real.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Mucho retraso y posición en contra

Todo este impulso llega ya con muchísimo retraso y además con una amplia contestación, que ha crecido en las últimas fechas. Respecto a lo primero, hay que recordar que esta Red de Calor fue anunciada tras el verano de 2022 por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, firme defensor del proyecto, comprometiendo su funcionamiento para 2025. es decir, hace un año ya. En el mejor escenario actual posible sólo podrá comenzar a cumplirse con al menos tres años de retraso.

Respecto a las posiciones en contra, continúan creciendo las convocatorias vecinales de protesta, muy especialmente de los barrios de La Lastra y Puente Castro, que insisten en la posible contaminación atmosférica del sistema, ruidos o tránsitos brutales de camiones, entre otros muchos problemas. Idénticos a los que esgrimieron vecinos de varios intentos en el norte de la ciudad hace años, como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, cuyas protestas por proyectos mucho más pequeños que el actual consiguieron tumbar sendas plantas de incineración.

Además, está la ofensiva de Ecologistas en Acción, con varios frentes judiciales abiertos, desde la autoconcesión de Proyecto Regional de la propia Junta a las dudas de legalidad de la cesión de los terrenos protegidos sobre los que irá el complejo que, recuerda, también incluirá una planta de nitrógeno verde y multitud de hectáreas de una planta de placas solares. También han denunciado ante el Seprona actuales trabajos preparatorios en el Soto de Santa Olaja.

La totalidad de los sindicatos con representación en la educación denuncian el “bloqueo de información” por parte del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Educación de la Junta sobre las inversiones y obras previstas en colegios públicos, al tiempo que censuran que la capital leonesa sí cuenta con un acuerdo bilateral específico con la Junta, aunque se anunciaba en forma de protocolo preelectoral, mientras el resto de municipios de la provincia no dispone de compromisos similares de financiación educativa.

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León, el órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, asegura haber solicitado reuniones tanto al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), como al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León (PP), sin haber obtenido respuesta. También pidió un encuentro con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien sí mantuvo una reunión el pasado 8 de mayo para conocer las actuaciones previstas este verano en los centros educativos del tercer municipio de la provincia.

La reclamación de la Junta de Personal se produce meses después del anuncio realizado en diciembre de 2025 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, que firmaron un protocolo de colaboración -aún no materializado en otro acuerdo firme- para invertir dos millones de euros anuales, aportados al 50% entre ambas administraciones, en la mejora y mantenimiento de colegios públicos de la capital leonesa durante cuatro años prorrogables. El acuerdo se presentó entonces como “el inicio de una colaboración permanente” para beneficiar a unos 4.500 alumnos de Infantil y Primaria.

“Ninguna información”

Sin embargo, los representantes del profesorado sostienen que, medio año después, “no ha trascendido ninguna información” sobre el plan de actuación ni sobre el listado de obras previstas en León. La Junta de Personal subraya además que ese convenio singular sitúa a la capital en una posición diferenciada respecto al resto de la provincia, donde no existen acuerdos equivalentes ni inversiones garantizadas para los centros educativos públicos.

“Mientras León tiene comprometidos sobre el papel dos millones anuales cuya distribución sigue sin aclararse, el resto de municipios y colegios de la provincia continúan sin ninguna garantía concreta de financiación extraordinaria”, vienen a advertir desde el órgano sindical, que reclama conocer tanto el calendario de actuaciones como los criterios de reparto de las inversiones.

La intención de la Junta de Personal, explican, es “recabar información sobre el plan de ejecución de obras, tal y como han demandado los equipos directivos de los colegios públicos leoneses y las asociaciones de madres y padres”. El colectivo contrapone además la falta de respuesta del Ayuntamiento de León y de la Consejería con la actitud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

San Andrés sí se reunió

Según detallan, en la reunión mantenida con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras de San Andrés recibieron explicaciones sobre las limitaciones económicas del municipio, derivadas del plan de ajuste y de problemas administrativos y de personal, incluida la falta de interventor. Pese a ello, el equipo de gobierno manifestó su intención de destinar parte de los remanentes municipales a mejoras en los tres colegios públicos del municipio y se comprometió a informar de las actuaciones previstas.

La Junta de Personal recuerda además que el verano pasado el Ayuntamiento de San Andrés destinó 43.800 euros al CEIP Teodoro Martínez Gadañón y otros 46.188 euros al CEIP Trepalio. Entre las actuaciones realizadas figuran la reforma integral de aseos, la reparación de humedades y la retirada de un alero que suponía “un riesgo para la seguridad”.

Duras críticas por lo “perturbador” de la falta de respuesta

El colectivo considera que esta disposición “contrasta con la cerrazón y falta de transparencia” que atribuyen tanto al director general de Centros como al alcalde de León. “Resulta muy perturbador que oculten esta información respecto a la planificación de la inversión de un dinero público que ya se anunció que iría destinado a la mejora de nuestros centros”, sostienen.

La Junta de Personal también vincula esta falta de respuesta al conflicto abierto con la Consejería por el recorte de presupuestos en centros públicos leoneses durante los últimos años. “Nos parece inaceptable que el alcalde de León no tenga la dignidad de explicar a los representantes del profesorado en qué va a gastar esos dos millones anunciados a bombo y platillo”, añaden, llegando a cuestionar si el acuerdo “se trataba únicamente de una promesa electoral”.

El comunicado concluye reiterando la petición de reunión tanto al Ayuntamiento de León como a la Dirección General de Centros e Infraestructuras para conocer el destino concreto de las inversiones comprometidas y reclamar un modelo de financiación que no deje al margen al resto de centros educativos de la provincia. La Junta de Personal está formada por los sindicatos AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil de León la ejecución de obras vinculadas al proyecto de la macroplanta de incineración de biomasa y el resto de la llamada la Red de Calor de León al considerar que se están realizando “sin licitación ni adjudicación” previa.

La organización ecologista ha solicitado además al alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que dicte un decreto de paralización cautelar de los trabajos que está ejecutando la denominada “UTE Red de Calor” en la zona del barrio Puente Castro, junto al cementerio municipal, emplazamiento anunciado para esta macroinstalación energética.

La denuncia se dirige contra los responsables de la UTE, por unas actuaciones consistentes en movimientos de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga, en el Soto de Santa Olaja, así como desbroces en el cauce y la zona de policía del río Torío. 'Ecologistas' sostiene que, aunque la Junta de Gobierno Local concedió licencia de obras el pasado 8 de mayo, el proyecto “aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de Calor”. Algo que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, máximo responsable político de Somacyl, anunció que podría producirse este lunes 18 de mayo. Para la organización, estas declaraciones evidencian que los trabajos actualmente en marcha carecerían todavía de cobertura administrativa suficiente porque, ni habiéndose siquiera licitado el contrato, según los carteles, la UTE ya está formada por las empresas Comsa, Inmeva y Hergonza.

Los trabajos denunciados afectan a terrenos protegidos urbanísticamente por el Plan General de Ordenación Urbana de León, clasificados originalmente como suelo rústico con protección natural y especial. Ecologistas en Acción señala que dichos terrenos pasaron a ser urbanos consolidados tras la aprobación como Proyecto Regional del complejo industrial de la Red de Calor, una decisión publicada en el Bocyl el 18 de julio de 2025 y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León mediante un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de resolución.

La organización también cuestiona la existencia de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para los desbroces realizados en la ribera del Torio y los trabajos en las zonas de policía de los ríos Torio y Bernesga. Asimismo, asegura no tener constancia de que el organismo de cuenca haya autorizado el vallado instalado en el entorno, que limita el tránsito de peatones y vehículos por un camino frecuentado por vecinos de La Lastra y Puente Castro.

En su denuncia, Ecologistas considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, al afectar a terrenos previamente protegidos y a espacios vinculados al dominio público hidráulico.

¿Hay informe de viabilidad económico-financiera?

Paralelamente, la organización ha registrado un escrito dirigido al alcalde, y remitido cartas a todos los grupos municipales, para reclamar que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que, según sostienen, debía justificar la concesión de la licencia de obras para la central de biomasa y los primeros kilómetros de la red de tuberías.

Ecologistas en Acción afirma que dicho estudio es “vinculante y obligatorio” antes de proceder a la licitación de las obras, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Entre las cuestiones que consideran sin aclarar figuran las previsiones de demanda, las tarifas y costes de enganche para los usuarios, la financiación del proyecto, los costes de explotación o el origen de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera que podría consumir la planta funcionando a pleno rendimiento.

También aseguran desconocer el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de tuberías de la red, cuyo proyecto, indican, “no se ha sometido a información pública”. A ello suman la ausencia, según denuncian, de un análisis de riesgos sobre el impacto económico que podría tener la iniciativa en las cuentas municipales.

La organización ecologista concluye calificando el proyecto de “contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa” y anuncia su apoyo a la concentración convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro contra la red de calor.

El Ayuntamiento de León concederá la Medalla de Oro de la ciudad a la Diócesis de León, argumentando que el Obispado es una referencia en la atención a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, o por su contribución a la conservación de su patrimonio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León, es decir, el equipo de Gobierno que preside en minoría el alcalde socialista, José Antonio Diez, ha aprobado en su sesión de este viernes iniciar los trámites para concederle un reconocimiento que es el más elevado a nivel municipal. Uno de los argumentos esgrimidos en la propuesta se centra en “su incesante tarea para atender a los servicios pastorales y litúrgicos de 756 parroquias, pero sin olvidar en ningún momento la actividad asistencial a la ciudadanía”.

“Una labor que, con el obispo Luis Ángel de las Heras, se ha incrementado abriendo de una forma global la labor de la Diócesis y de las parroquias a la atención a la población”, considera el Consistorio. La decisión deberá pasar por comisiones previas y finalmente por el Pleno municipal, donde además del PSOE hay representación de Partido Popular (PP), Unión del Pueblo Leonés (UPL), Vox y un edil tránsfuga de este último. Todo indica que la medida será aprobada casi seguro por unanimidad.

En la argumentación, se expone también “el esfuerzo por mantener en condiciones de conservación templos, ermitas y edificios parroquiales y eclesiásticos, que suman más de un millar en el territorio diocesano, con el patrimonio histórico, artístico, bibliográfico y documental que en ellos se guarda y que constituye un elemento esencial para entender la identidad y la historia de León”.

Según se recoge en la documentación que justifica esta distinción, también históricamente ha habido “una unión estrecha entre el Reino de León y la Diócesis, que participa en las decisiones del monarca y en la promulgación de los Fueros y otras normas de convivencia dictadas, así como corrientes culturales que se trasladarán por todo el territorio a través de escuelas y escritorios episcopales y monásticos”.

Un polémico antecedente

Este tipo de decisiones de apoyo eclesiástico cristiano del Ayuntamiento no son nuevos. Ya se produjo una considerable polémica cuando el equipo de Diez propuso en 2023 la misma distinción, la Medalla de Oro, para la Virgen del Mercado, la centenaria talla y parroquia junto a la Plaza del Grano del Casco Histórico. Se trataba de un honor que en numerosos sitios de España levantó ampollas y que incluso finalmente se comprobó que el reglamento leonés ni siquiera permitía. Por eso, finalmente ya en 2024 se le dio pero con la triquiñuela de concedérsela no a la Virgen sino a la parroquia de Nuestra Señora del Mercado.

La Real Academia Española (RAE) celebró este jueves en León uno de los escasos plenos extraordinarios fuera de su histórica sede madrileña, una cita cargada de simbolismo institucional y reivindicación identitaria. La principal fue la petición expresa del alcalde socialista de la ciudad, José Antonio Diez, que pidió eliminar del diccionario el término “castellanoleonés” por considerar que “no representa” la identidad lingüística leonesa.

“Con lo que nos costó lograr la ‘y’ que nos diferencia, no nos la quiten”, reclamó el regidor socialista durante la recepción institucional celebrada en el Ayuntamiento de San Marcelo, donde defendió el leonés como una realidad lingüística propia y parte esencial del patrimonio cultural del antiguo Reino de León.

La sesión académica, celebrada en el recién rehabilitado Salón de Plenos del Consistorio leonés, reunió a una veintena de académicos en una jornada excepcional: apenas es la cuarta vez en tres siglos de historia que la RAE celebra su reunión semanal fuera del salón oval de su sede en Madrid. Antes sólo ocurrió en Cádiz en 2012, en Argamasilla de Alba en 2015 y en Zaragoza en 2023. La sesión fue copada por autoridades oficiales en el salón de Plenos, relegando a otra sala lejana a los ciudadanos interesados en acudir.

Muchas razones... y Urraca I

La elección de León responde a varios factores de peso cultural y filológico. La provincia cuenta actualmente con tres académicos de la RAE -Luis Mateo Díez, José María Merino y Salvador Gutiérrez- y con dos premios Cervantes, el propio DÍez y Antonio Gamoneda. Además, la cita coincide con los actos del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I, considerada la primera mujer que gobernó un reino europeo por derecho propio.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, abrió la sesión recordando los vínculos históricos de León con la institución, desde el académico fundador Juan de Ferreras hasta la aportación contemporánea de escritores y filólogos leoneses. También destacó la presencia de vocabulario leonés en los diccionarios académicos y confirmó que la institución ya estudia las propuestas remitidas desde León para incorporar términos propios de la Semana Santa.

En ese sentido, avanzó que la Academia ha dado un primer visto bueno a nuevas acepciones de las palabras ‘papón’ y ‘bracero’, términos ya existentes a los que se añadiría el significado específico leonés relacionado con las cofradías y procesiones. No obstante, advirtió de que la tramitación “será larga”. Más complicada considera la inclusión de ‘seise’, utilizada en León para designar a un cargo directivo de las cofradías, ya que obligaría a revisar denominaciones similares de otras Semanas Santas españolas.

Palabras leonesas

La reivindicación lingüística fue precisamente el eje del discurso del alcalde leonés, que defendió la vigencia cotidiana del léxico tradicional de la provincia. Citó palabras como ‘filandones’, ‘calechos’, ‘sebes’, ‘papones’ o ‘pindias cuestas’ como ejemplo de un patrimonio oral que “sigue vivo” en el habla popular, muchas veces incluso sin conciencia de su origen.

Díez vinculó esa defensa del lenguaje con una recuperación más amplia de la memoria histórica leonesa y reivindicó el papel del antiguo Reino de León en la construcción histórica de España. Recordó además las Cortes de 1188, reconocidas por la Unesco como Memoria del Mundo y consideradas el origen del parlamentarismo europeo.

El sucesor de Vargas Llosa

El pleno tuvo también un marcado contenido literario. El académico leonés Luis Mateo Díez fue el encargado de presentar ante la corporación los méritos del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, candidato al sillón L vacante tras la muerte de Mario Vargas Llosa. El autor leonés definió a Ramírez como un escritor “fundamental, generoso y comprometido” y recordó que vive actualmente “un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país”.

La jornada concluyó con un intercambio de obsequios institucionales entre el Ayuntamiento y la RAE, entre ellos una obra vinculada al poeta Antonio Gamoneda y una escultura de la artista leonesa Marta Flo, como símbolo del vínculo entre León y la creación cultural contemporánea.

Empezó mal y amenaza con terminar peor. La retrasada y esperada reunión con la cúpula de la empresa pública Aena, que acabó el miércoles con el 'no' ministerial a pilotar como se esperaba la inversión para crear una terminal de mercancías en el aeropuerto de León, ha causado un efecto mariposa en apenas dos días que deja una tormenta política a muchas bandas.

Incluso interna. Porque a la partida de los reproches y las críticas particularmente contra el PSOE y por añadidura sus socios de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación de León se ha unido este viernes el alcalde socialista de León, José Antonio Diez. El regidor atribuyó a su perfil reivindicativo el hecho de no haber ni siquiera invitado a aquella reunión entre el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y la directora general de Aena, Elena Mayoral. Y eso a pesar, recordó, de que el Consistorio tiene “los mismos derechos que la Diputación dentro del Consorcio del Aeropuerto de León”, que conforman sólo estas dos instituciones desde su origen.

“Pensarán, y yo creo que con acierto, que desde luego no iba a ser muy asertivo, sino que iba a seguir siendo muy reivindicativo en relación con la necesidad de la implementación y la puesta en funcionamiento de una terminal de carga del Aeropuerto de León”, aseguro Diez en declaraciones recogidas por Efe. Lamentó además que no haya salido de esa reunión ningún compromiso concreto y ha remarcado que, de haber participado, habría pedido se diese al Aeropuerto de León el mismo trato que a otros territorios como, por ejemplo, el País Vasco con la terminal de carga de Vitoria. “Creo que es muy decepcionante. Otra vez perdiendo el tiempo, perdiendo oportunidades, y dejando sin solución los problemas estructurales que son esenciales para el desarrollo económico y social de León y su provincia”, ha concluido.

Tras esta crítica, fuentes de la Diputación leonesa trataron de explicar el motivo de la no invitación del alcalde y miembro del Consorcio. Recordaron que la visita de Mayoral fue consecuencia y compromiso -casi el único- de la reunión mantenida entre el ministro de Movilidad, Óscar Puente, y la Diputación, tanto PSOE como UPL, que fueron los invitados ahora cuando ese compromiso de visita se cumplió esta semana con medio año de retraso.

Pocas horas antes, el Partido Popular (PP) había cargado con dureza e ironía contra el pobre resultado del encuentro, especialmente con el “papelón” del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, a quien el Gobierno “ha encargado ser el comercial” de la futura terminal de carga del aeropuerto, en relación a la postura de la dirigente estatal de insistir que Aena no ejecuta estas infraestructuras pero comprometiéndose a poner en contacto a la Diputación con las operadoras de carga aérea del país para ver si alguna está interesada en realizar esa inversión.

“No es lógico que Aena se desentienda del proyecto de la terminal de carga, de la mejora del sistema de aproximación y que su único compromiso sea entregarle los teléfonos de operadores al presidente de la Diputación en un claro ejemplo de tirar balones fuera”, denunció el partido que es principal oposición en el Palacio de los Guzmanes.

A similares argumentos se han sumado incluso partidos minoritarios y sin representación. Así, Izquierda Unida exigió por escrito compromisos claros a Aena, al tiempo que presentaba una iniciativa al Congreso para tratar de forzar al Gobierno a comprometerse. También Alantre vio “esta negativa como un nuevo agravio para León y para el conjunto del País Llionés”, en una velada mención a UPL, socios del PSOE en la institución.

Ese aluvión de críticas que también han recaído en UPL parece estar detrás de la urgencia con la que su portavoz y vicepresidente en la institución provincial, Roberto Aller, anunció hoy mismo el arranque inminente de la redacción del proyecto para construir un nuevo acceso al aeropuerto civil, para el que Aena también se puso de lado, el que transcurriría desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés, y pasaría por el de Valverde de La Virgen. Hoy se ha cifrado en algo menos de 700 metros y una inversión estimada de alrededor de 400.000 euros y UPL la ha calificado como un acceso “clave para el inicio de las operaciones logísticas en el aeródromo leonés, a la espera”, añadieron, “de determinar a qué institución compete la ejecución de la misma”.

Tras esta cascada de reacciones, el presidente de la Diputación emitió una nota de prensa insistiendo en que la reunión con Aena fue bilateral, como le fue antes con el ministro Puente, y quiso rebajar el tono en positivo defendiendo “la necesidad de avanzar en el desarrollo de una terminal de mercancías vinculada al aeropuerto de León, comenzando por aprovechar los vuelos ya existentes para el transporte de carga y utilizando infraestructuras ya disponibles, como la antigua terminal”, tal y como pidió el miércoles la mandataria de Aena.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) celebrará el cuarto pleno externo de su historia fuera de su sede oficial. Será en el Ayuntamiento de de León, en la sede histórica de la plaza de San Marcelo, y será una iniciativa abierta a la ciudadanía. El motivo de esta ocasión extraordinaria y poco usual se enmarca en la conmemoración del noveno centenario de la muerte de la reina Urraca I.

Será la cuarta vez que los académicos de la RAE abandonen el salón oval donde tradicionalmente se celebran sus sesiones para trasladarse en este caso al Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo de León capital el próximo 14 de mayo.

Las tres ocasiones anteriores han sido la conmemoración del bicentenario de las Cortes de Cádiz en 2012; en 2015 por el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote en Argamasilla de Alba; y en 2023 en Zaragoza en un acto de homenaje a los directores Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar, en el año del centenario de su nacimiento.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que la RAE “mantiene con la ciudad vínculos indisolubles” con la pertenencia de tres leoneses a la institución: Salvador Gutiérrez, que ocupa el sillón de la S mayúscula, José María Merino, (m minúscula) y Luis Mateo Díez (I mayúscula).

Por su parte Salvador Gutiérrez ha explicado que el pleno es el órgano más importante, representativo y decisivo de la Real Academia que “de manera muy excepcional sale de la institución y lo hace por causas y motivos muy especiales”. A este respecto, ha precisado que en esta ocasión se celebrará en León para “honrar el centenario de la reina Urraca, un hecho de enorme relevancia histórica”, pero también “para honrar a tantos escritores y filólogos que han nacido, vivido y germinado sus obras en León”. “No es habitual que una provincia dé tantos buenos escritores y tan buenos académicos de la Real Academia”, ha valorado.

El pleno está previsto para el 14 de mayo a las 13.00 horas y será abierto al público con aforo limitado. Como se supone que el salón de Plenos, recién remodelado, se quedará pequeño, también se habilitará el Salón de los Reyes, con más aforo, para poderlo seguir a través de pantallas.

La elección de León para acoger esta sesión plenaria pretende dar relieve a la conmemoración del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I de León, la primera soberana por derecho propio de Europa, reina de León, Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla y amplios territorios del norte de Portugal.

El economista y expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla se ha posicionado a favor de la autonomía leonesa al recordar este sábado en León que el reparto de territorios para conformar lo que fueron las autonomías se desarrolló de una forma “bastante dictatorial”.

“No hubo manera de sacar adelante algo que era de pura lógica, como que León hubiese sido una comunidad uniprovincial como lo es Cantabria”, ha expresado el expresidente cántabro antes de recibir este sábado el Premio Decreta por parte de la asociación homónima.

Una situación territorial que, como ha reconocido Revilla, se ha “demostrado muy positiva para Cantabria”, mientras que la experiencia de León en unión con Castilla “ha sido muy negativa para esta provincia”, según él.

Además de a Revilla, la asociación ha premiado a la periodista y escritora Marta García Aller y al alcalde de León, José Antonio Diez, en un acto que ha tenido lugar en la Sala del Pendón de Baeza de la Real Abadía de San Isidoro de León.

La Asociación de Amigos de los Decreta, creada para salvaguardar y promocionar el legado histórico de los Decreta de Alfonso IX, base de las normas de las primeras Cortes constituidas en Europa con la participación del pueblo en 1188 y que están reconocidas por la UNESCO como Cuna del Parlamentarismo, galardona con estos premios a figuras que promocionan la provincia de León.

El presidente de la Asociación, Juan Pedro Aparicio, ha explicado que estos premios vienen a reconocer los méritos de figuras destacadas de la sociedad que luchan contra el “mayor problema de nuestra provincia, como es el de la invisibilidad que padece, que se hace especialmente patente para los leoneses que viven fuera de su tierra”.

Una de las premiadas, la periodista Marta García ha mostrado su satisfacción por recibir el premio y ha recordado que aunque es madrileña, desciende de familia leonesa y ha aprendido a “amar León desde pequeñita”.

García ha destacado que siempre ha intentado “dar visibilidad a León” y a lo que conoce de esta tierra y el potencial que tiene, el cual “no se está dejando desarrollar”.

Por su parte, el alcalde León ha puesto en valor la labor que desarrollan las asociaciones y fundaciones como la de Amigos de los Decreta para “difundir una parte muy importante de nuestra historia, en este caso los Decreta de Alfonso IX de 1188”.

Para el regidor, los Decreta son parte de una tradición que sirve de base para seguir reivindicando “la lucha de un pueblo por conseguir unos derechos y el cumplimiento constitucional y que es de justicia” para conseguir otro “modelo territorial más justo para León”, ha apostillado. 

Hace justo dos años que el Ayuntamiento de León, con mayoría de votos de la oposición imponiéndose al criterio del equipo de Gobierno del PSOE, aprobó la paralización, negociación e incluso expropiación del solar junto a la Catedral de León del histórico restaurante Luisón ubicado en la Plaza Puerta Obispo, anexo a la muralla, donde se comenzaban a construir apartamentos turísticos. El objetivo claro de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Popular (PP) y Vox era impedir cuanto antes esa construcción, a la que sin embargo meses antes todos los partidos habían otorgado una licencia previamente a que saltara una sonora polémica pública.

Pues bien: el nuevo edificio de apartamentos turísticos ya está completamente ejecutado en su estructura, a falta de pequeños remates interiores. Y de este modo vuelve a tapar la visión de la muralla de León y el lateral del Palacio Episcopal que la demolición del anterior inmueble había desvelado, y que Patrimonio de la Junta autorizó aunque obligando a dejar visible al menos desde el interior del nuevo inmueble.

El asunto ha vuelto hoy, un poco por casualidad, al Pleno del Ayuntamiento de la capital. En una respuesta al portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, que se interesó por el estado de la situación y los motivos del incumplimiento flagrante de la moción aprobada por la oposición hace dos años, se volvió a desvelar la maraña administrativa a la que se ha aferrado el equipo de Gobierno socialista que dirige el alcalde en minoría, José Antonio Diez. Una maraña que ha permitido que la empresa ejecute casi totalmente las obras y pronto comience a funcionar el nuevo y controvertido establecimiento hostelero.

El portavoz socialista, Vicente Canuria, detalló en el Pleno los últimos, lentos y tímidos avances en la tramitación por la que el PSOE abogó para no bloquear la construcción, como le mandató el Pleno, aferrándose no a una actuación concreta en este caso sino a la complejísima revisión completa del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua para, a continuación, intentar modificar no sin menos complicación la totalidad del Plan del recinto Amurallado de la capital. Y es que, como argumentó de viva voz en su día el alcalde Diez tras la imposición de la oposición, a quienes censuró su “vena proteccionista” a posteriori, lo justo sería tratar por igual a todas las construcciones de viviendas adosadas a la muralla de la ciudad, incluyendo la totalidad de las de la contigua calle Serradores. E incluso en el resto de la ciudad.

De ahí que el equipo socialista mandatara al Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV) toda la tramitación, que depende también en última instancia de la Consejería de Cultura y de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Canuria admitió hoy con un eufemismo que este camino administrativo interminable elegido es un “complejo expediente”, recordando además que los técnicos municipales y funcionarios tienen mucho más que hacer que esto en su día a día, “compaginándose con el resto de expedientes, proyectos, obras, direcciones de obras, licencias, planeamientos...” del día a día. Con todo ello, ahora se entiende cómo a la empresa le ha dado tiempo a construir por completo el edificio nuevo en Puerta Obispo, ajeno a las maniobras políticas municipales.

La movilización celebrada este 23 de abril en León, ejerciendo de 'contrafiesta' reivindicativa a la oficial de Castilla y León, se saldó este jueves con un notable éxito de participación al congregar a cientos de personas a lo largo de todo su recorrido por el centro de la ciudad. Convocada con un marcado carácter político y reivindicativo, la marcha puso el acento en la demanda de un futuro propio para la provincia bajo el anhelo de ‘León solo’ para “caminar en libertad”.

La manifestación, que transcurrió en un ambiente muy festivo, con abundante música tradicional leonesa y cientos de banderas, muchas de ellas también de la comarca de El Bierzo, vivió uno de sus momentos más destacados a su paso por la céntrica avenida de Ordoño II, donde la afluencia fue tal que, aunque con cierta dispersión, durante unos minutos estuvo muy cerca de llenarse por completo. El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, con un día de sol y calor que favoreció tanto la asistencia como el seguimiento del acto, entre pancartas, consignas, símbolos leonesistas y alguna que otra reivindicación añadida. Casi en la cabecera, un féretro simbolizaba la situación que los manifestantes consideran que vive León en el actual encaje autonómico.

Entre los asistentes no faltaron caras conocidas de la política y del ámbito social, especialmente vinculadas al leonesismo. Entre ellos destacaron el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez; el exsecretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos; o el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, junto a otros representantes institucionales y de colectivos sociales, y multitud de ciudadanos anónimos.

La jornada concluyó en la Plaza de San Marcelo sin ningún tipo de incidente y con una amplia presencia ciudadana que volvió a situar en el centro del debate la reivindicación de una autonomía propia para León, aprovechando una fecha simbólica que, para los convocantes, refuerza precisamente la necesidad de abrir ese camino político por la vía constitucional.

El alcalde de León, José Antonio Diez, repetía este martes que su voluntad de ser de nuevo el candidato del PSOE a la Alcaldía de la ciudad estaba encima de la mesa y que quien quisiera que no fuera el candidato debería tirar de lo previsto en la normativa interna del partido para hacerle caer. Todo a cuenta de la posibilidad de que el secretario provincial del partido, Javier Alfonso Cendón, con quien el enfrentamiento interno no ha parado de crecer, intente descabalgarle de la canditura.

Diez explicaba que “En este caso está reglamentado y me ciño a los Estatutos Federales del partido y a sus reglamentos. Especifican claramente cómo se eligen los candidatos en los grandes municipios y cuáles son las excepcionalidades que marcan. Por lo tanto, está muy claro: si se recogen la mitad más uno de la Agrupación Socialista de León que solicitan Primarias, pues ahí están. Y si no el derecho a repetir como alcalde ahí está también. Y mi voluntad (de presentarme) ya lo he dicho públicamente más de una vez también.”

Efectivamente el reglamento de interpretación de los Estatutos del PSOE salidos del último congreso federal contiene que los alcaldes en ejercicio que manifiesten querer volver a serlo lo serán y “solo se procederá a la celebración de elecciones primarias” si lo solicita “más del 50% de la militancia del ámbito municipal correspondiente”. Algo que no es fácil pero en el que el PSOE tiene un precedente cercano, Gijón. En la mayor ciudad asturiana el PSOE forzó primarias en el 2022 que provocaron que la entonces alcaldesa Ana González no repitiera como candidata, ni intentó ir a las primarias, y que a la postre los socialistas perdieran la alcaldía en las elecciones del 2023.

A esta tensa historia interna asturiana miran de reojo muchos cargos del partido leonés cuando valoran el enfrentamiento de Cendón y Diez, ese que el líder autonómico Carlos Martínez achacó a los medios de comunicación. “No es muy factible, pero yo no daría la espalda a la cuestión alegremente”, señalan cargos del partido afines a Cendón que muestran su preocupación por si esto tuviera efecto en las elecciones locales y la representatividad en la Diputación. “No es viable”, explican afines a Diez que señalan que “pese a quien pese es el mejor activo electoral del partido”.

Cómo apartar a una alcaldesa: primarias en Gijón

El caso de Gijón surgió en un contexto singular que no se repite exactamente en León ahora. La que fue alcaldesa entre el 2019 y 2023, Ana González, atravesaba ya en el 2022 una fuerte crisis de imagen por su gestión de la ciudad, en particular por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la peatonalización de El Muro, el paseo de la playa de San Lorenzo que la zona 'pija' de Somió acabó anulando en los tribunales. Además, González no controlaba la agrupación local del PSOE de Gijón, todo lo contrario ya que su secretario general, Monchu García, se había impuesto en las elecciones internas a su candidato por apenas 27 votos pero pertenecía a otra familia política.

En el verano del 2022 varios militantes del PSOE gijonés comenzaron a recoger firmas para pedir unas primarias en el partido pese que Ana González había reiterado su intención de volver a presentarse. González, que no era nacida en Gijón pero sí vinculada durante años de forma laboral, fue la candidata en 2019 tras ganar las primarias al 'asturleonés' José Ramón Tuero, 421 frente a 402 votos, que integró luego en su candidatura. Tuero fue alcalde de Mansilla de las Mulas entre 1999 y 2003, intentando luego suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE de León pero no logró los apoyos y volvió a su Asturias natal donde siguió una carrera político con diversos cargos en el gobierno asturiano.

En Gijón los promotores de las primarias necesitaban lograr 592 firmas y consiguieron 662, que fueron validadas por el PSOE federal. La entonces alcaldesa, Ana González, anunció que renunciaba a ser candidata aunque sí hubo finalmente primarias ya que se presentaron Luis Manuel Flórez 'Floro', exdirector de Proyecto Hombre, y la excargo socialista Ana Puerto, con el apoyo de la alcaldesa. Floro se impuso con el apoyo de 504 militantes frente a los 382 votos de Ana Puerto, volviendo a poner en evidencia la división interna. En las elecciones municipales Floro logró ser el partido más votado pero la suma de las derechas -PP, Foro y Vox- les dejó sin la histórica alcaldía, que volvió a manos de la exalcaldesa (2011-2019) Carmen Moriyón.

El voto en la mayor agrupación socialista de la Comunidad

Este es el mayor precedente reciente del PSOE de apartar a un alcalde de una gran ciudad para poner otro candidato y la vía más democrática para hacerlo. Las principales diferencias son que pese a críticas por su gestión tras casi ocho años de gobierno, Diez no tiene una situación comparable en mala imagen a la entonces regidora de Gijón y que además él es el secretario general del PSOE en la ciudad, es decir quien controla en teoría los resortes internos del partido.

Desde el sector oficialista creen, no obstante, que el supuesto control de Diez de la agrupación local quizás no lo es tanto explicando que en los últimos procesos internos, las primarias entre Cendón y Diego Moreno, el líder provincial se impuso en votos en León ciudad pese a que José Antonio Diez apoyaba a Moreno. Desde el otro lado replican que el alcalde no era el candidato y eso puede influir en la movilización.

En el año 2022 Cendón impulsó una candidatura alternativa a José Antonio Diez con la sindicalista Pilar Carnero a la secretaria general del partido local, con denuncias cruzadas de haber inflado el censo con militantes de otros lugares. Diez logró 345 votos por 299 para su rival, en una movilización sin precedentes de la militancia socialista, evidenciando la fractura que existe en la agrupación local, que cuenta con alrededor de 820 militantes y es la más grande del partido autonómico.

Desde entonces a hoy han pasado las últimas elecciones autonómicas, donde el alcalde de León no participó en ni un solo acto del partido y el PSOE acabó como tercera fuerza política en la ciudad, lo que ha motivado nuevas críticas de Cendón. Diez no ha acudido tampoco a ninguna de las visitas que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha realizado a León desde el pasado mes de octubre y se le achaca su gestión próxima al consejero y líder interino del PP leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el apoyo a la red de calor de Puente Castro contra la que se ha manifestado Nuria Rubio, número dos del PSOE autonómico.

Desde las elecciones autonómicas del 15 de marzo las declaraciones cruzadas han sido una constante sin rebajar la tensión que nadie oculta. Con los números de militancia de antes de las autonómicas, en León ciudad se necesitarían 411 firmas para forzar unas primarias. Y luego ya la votación. Desde el sector de Diez no creen que Cendón tenga un candidato o candidata viable en este momento para enfrentarse al alcalde pero ellos contraponen el desgaste ante la militancia del regidor por sus críticas e inacciones ante el partido. Pero todos miran a Gijón de reojo.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha llamado a reivindicar la autonomía de la Región Leonesa el próximo 23 de abril, jornada en que celebra el Día de Castilla y León, en una manifestación convocada con ese fin por los colectivos Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista, mientras otros, a su juicio, celebran “una ficción”.

Se trata de la quinta edición de la marcha llamada Caminu la Llibertá, que recorrerá las principales calles del centro de León este jueves para pedir la autonomía para la Región Leonesa y que este año, como novedad, se escenificará con un simulacro de enterramiento del país leonés.

“Este quinto camino recuerda especialmente la necesidad de que León tenga su propia voz y su propia capacidad de decidir en el futuro. Mientras otros celebran una ficción, nosotros reivindicaremos nuestro pasado y nuestro futuro”, ha señalado el regidor en la presentación de la manifestación en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de San Marcelo.

Diez, quien ha avanzado que estará presente en parte de la marcha, ha insistido en que León lleva décadas reclamando “sus deseos de libertad” ante los “oídos sordos” de “quienes pueden hacer realidad esa autonomía”.

El portavoz de Conceyu País Llionés, uno de los colectivos organizadores de la marcha, Carlos González, ha asegurado por su parte la necesidad de salir a la calle para que los leoneses “no se diluyan en una identidad que no es la suya”. Ha avanzado que durante la manifestación se hará “un simulacro de enterramiento del país leonés” aunque también habrá “una voz de esperanza”.

La manifestación coincide con los actos organizados por la Junta de Castilla y León por el Día de la Comunidad Autónoma, unas actividades que el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, ha calificado de “fastos”, censurando también su alto coste. Se refiere por ejemplo a los conciertos programados en la noche de este miércoles en León o Ponferrada, de Omar Montes y Mago de Öz, respectivamente, en víspera del día festivo.

Recorrido

“Por mucho que la Junta gaste en fastos o en fiestas, León no se rinde en su reivindicación por una autonomía a la que tiene derecho”, ha insistido Sendino. Para el portavoz municipal de la UPL, el 23 de abril “será un día no lectivo, inhábil, pero no de fiesta”, porque se trata “de una Comunidad impuesta”.

La manifestación partirá a las 120.00 horas de la avenida de Ordoño II sin afectar al tráfico de la Plaza de Guzmán el Bueno para llegar a la de Santo Domingo y cambiar un poco su recorrido por las obras en la calle Ancha: por eso, girará por la Avenida Independencia, Arco de Ánimas y finalizará en la plaza de San Marcelo, frente al Ayuntamiento de la capital.

El tablero político municipal en León capital de cara a las elecciones de 2027 ya se ha comenzado a desplegar. Y lo ha activado el concejal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) Eduardo López Sendino, anunciando por primera vez públicamente que no volverá a ser cabeza de cartel, como sí ha protagonizado en las últimas tres elecciones consecutivas desde el año 2015.

Así se lo ha transmitido ya de manera formal a su partido y así lo ha desvelado en declaraciones en exclusiva a Radio León SER, que ha adelantado hoy las explicaciones y decisiones de uno de los líderes leonesistas más conocidos en los últimos años.

Sus palabras recogidas por Radio León no dejan lugar a dudas: “Mi intención es no volver a presentarme como candidato a las elecciones municipales”, afirmó, dejando claro que, aunque aún resta tiempo para la cita electoral, su decisión está tomada. Con ello, UPL se ve abocada a partir de ahora a abrir un proceso interno para designar a su relevo al frente de la lista en la capital que aspire a la Alcaldía que ostenta desde hace dos mandatos el socialista José Antonio Diez, con el que Sendino ha tenido buena sintonía general.

Sendino cierra así una etapa de más de una década como referencia del proyecto municipal leonesista. Concejal desde el año 2011, ha liderado la candidatura de UPL en las tres últimas elecciones, en 2015, 2019 y 2023, además de haber desempeñado responsabilidades orgánicas como la Secretaría General del partido entre 2013 y 2017 bajo el mandato de Luis Mariano Santos, algo que ya no ocurre con la nueva dirección de Alicia Gallego.

Pese a dar un paso al lado en la primera línea, el edil deja claro que pretende seguir implicado en la formación, aunque sin especificar si en primera línea o no, así como garantiza de antemano su respaldo al próximo candidato. “Estaré para apoyar esa candidatura y siempre a disposición de lo que el partido disponga”, señala en la misma intervención en la SER, donde también expresa su confianza en el relevo: “Hay mucha gente en el partido que puede asumir el cargo. Quien sea, va a hacer una labor extraordinaria”.

El todavía concejal subraya, además, que el objetivo de la formación sigue siendo alcanzar la Alcaldía de León y confía en que el futuro aspirante tenga “suficiente potencial para poder acceder” a ella.

Lo que de momento ya se baraja es que en caso de que concurran varios candidatos a sustituirle, la decisión final se debería resolver mediante un proceso interno de primarias, tal y como recogen los estatutos del partido, un mecanismo que el propio Sendino ya tuvo que afrontar en dos ocasiones anteriores, no así en 2023, cuando su designación no tuvo alternativa al frente.

El 'caso Diez' en el PSOE y las dudas totales de PP y Vox

La decisión de Sendino abre la carrera electoral municipal con un poco más de un año de antelación, ya que nadie más de los actuales dirigentes del Ayuntamiento de León ha movido ficha en este tablero por el momento. Se ha hablado mucho del regidor, Diez, pero sólo por el enfrentamiento abierto internamente con el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, que ha subido mucho de tono entre ambos hasta poner en duda la continuidad del alcalde bajo las siglas socialistas de cara a un próximo mandato, algo que por su parte desmiente en espera de que quien 'caiga' sea el diputado nacional Cendón. Hay que recordar que la norma interna del PSOE es que los alcaldes que quieran presentarse a la relección tienen prioridad, aunque no pocas veces un proceso de primarias a buscado que eso no se cumpliera.

En el PP, tras el fiasco de 2023 con la designación in extremis de Margarita Torres, que tuvo que pasar a la última fila municipal poco después, nada se sabe sobre si el actual portavoz, David Fernández, podría ser por primera vez cabeza de cartel o si la formación -que continúa sin dirección provincial oficial y estable- tiene a alguien nuevo en la recámara.

Lo mismo ocurre con Vox, que obtuvo dos actas pero pronto se partió por la mitad, yéndose de la disciplina el segundo de ellos, Ildefonso del Fueyo, entre duras críticas a la portavoz, Blanca Herreros, e incluso votando no pocas veces el edil tránsfuga con el equipo de Gobierno socialista, que sin embargo lleva todo el mandato sn pactos de gobierno y dirigiendo el Consistorio en una delicada minoría.

El Ayuntamiento de León impulsa una estrategia basada en la sostenibilidad y el autoconsumo para reducir la factura energética municipal hasta en 620.000 euros al año y disminuir las emisiones, además de avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

Será a través de la instalación de un total de un total de 13 instalaciones solares fotovoltaicas en edificios municipales, diez de la cuales cuentan con sistemas de almacenamiento energético por baterías para conservar la energía generada, que según sus cálculos permitirán llegar a más de 100 puntos de consumo municipales. Es decir, estiman que el reparto podría alcanzar un radio de hasta 5 kilómetros desde cada punto de generación.

El proyecto supone la generación de 1.538,68 kilovatios de potencia total instalada y una capacidad de almacenamiento instalada de 1.970 kilovatios, lo que evitará la emisión de más de 860 toneladas de CO₂, cifró hoy el alcalde de León, José Antonio Alonso, en la presentación de las iniciativas.

Además, el ahorro económico estimado es de más de 620.000 euros anuales, y el alcalde ha indicado que, con estos datos, esperan que se pueda amortizar en un plazo de tres años la inversión de esta primera fase, que contemplaba la instalación de 2.481 placas, repartidas en distintos puntos de la ciudad.

Dónde van las placas

Las placas se ubicarán en la llamada pérgola bioclimática del paseo de los Pendones Leoneses, que en realidad 'esconde' el intercambiador de autobuses urbanos y metropolitanos; los pabellones deportivos de San Esteban, el Margarita Ramos situado en el Polígono 10, el de la Torre y el situado junto al colegio de Luis Vives; las instalaciones del Servicio de Limpieza; los polideportivos de los colegios públicos de La Granja y de Quevedo; el centro cívico Ventas Oeste; el Centro de Acción Social (Ceas) Ventas Este y los polideportivos de Gumersindo Azcárate, Salvio Barrioluengo en el barrio de El Ejido y el de Puente Castro.

Cabe recordar que este último se inauguró tras años de promesas del equipo de Gobierno con el barrio, se invirtieron en él 2,3 millones de euros y tras la inauguración jamás se pudo utilizar por insalvables deficiencias de climatización, las cuales se contrataron después con la necesidad de volver a invertir otros  328.500 euros más. A día de hoy no consta que se pueda utilizar todavía.

El regidor, en rueda de prensa junto a varios técnicos, defendió hoy este sistema “pionero” de autoconsumo energético, que busca cumplir el objetivo de contar “con una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para el futuro”, que invierta en energía solar como inversión en seguridad y bienestar, ha asegurado.

La inversión total se sitúa “alrededor” de 2,5 millones de euros, cofinanciados con un millón de euros de la Unión Europea. Además, han remarcado que el Ayuntamiento de León ha ejecutado diferentes proyectos para el autoconsumo con los que generar una producción de energía limpia de 3,9 millones de kilovatios al año. Y es que al mismo tiempo resaltaron que estas nuevas placas se suman a las casi 5.000 existentes o en construcción (con una potencia total de 1.637 kilovatios) en ubicaciones como el Palacio de Exposiciones -tras siete años inactivas y una nueva necesidad de inversión-; el edificio municipal de Ordoño II; las piscinas de La Palomera, con cuantiosas reformas en marcha; el Parque de Bomberos, fruto de otra millonaria inversión de 3,3 millones; o el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF), que también suma ya 7 millones en total.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha negado este viernes que pueda considerarse como una crisis el enfrentamiento que arrastran desde hace meses y reproducida en los últimos días por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, que en su opinión es “más mediático que real”.

Todo ello después del último encontronazo entre el alcalde leonés y el secretario provincial (y ya son varios), al que Diez calificó como un hombre con “serios complejos” despuñés de que Cendón sugiriese otra candidatura socialista para la alcaldía de la capital de León.

En declaraciones a los periodistas en Soria, al ser preguntado por la “crisis” en el PSOE de León, Martínez ha comenzado por preguntar: “¿Qué crisis?”.

En su opinión, el intercambio de impresiones y reproches de los últimos días entre Diez y Cendón es algo más propio de los medios de comunicación que “real”: “Es más una discusión mediática que otra cosa”, ha apostillado.

Se ha mostrado “absolutamente convencido” de que el PSOE de León es la “primera fuerza política” en la provincia leonesa y en la capital leonesa.

“La fortaleza del PSOE en León radica en la defensa de los intereses de León y los proyectos a nivel provincial y municipal”, ha añadido.

A pesar de las declaraciones de Martínez, la mala relación entre Cendón y Diez es pública y notoria desde hace años. Concretamente, desde las primarias socialistas del año 2017, cuando el actual secretario del PSOE leonés se hizo con el control del partido tras competir contra Diego Moreno, quien representaba al sector más 'leonesista' del partido y que contaba con el apoyo de José Antonio Diez. Moreno y Cendón volvieron a enfrentarse en las primarias del año 2025, con tensiones por el recuento de avales y, finalmente, revalidando Cendón su liderazgo.

Desde entonces, el alcalde de León se ha enfrentado públicamente y en numerosas ocasiones contra el aparato de su propio partido, al que representa Cendón, incluso evitando estar presente en reuniones del PSOE como la que se celebró en octubre del año pasado en León con la participación de Pedro Sánchez. José Antonio Díez primero dijo que no le había invitado, luego que la invitación se le había pasado (“a mi casa deben llegar 200.000 invitaciones”). El caso es que, finalmente, pasó aquel día en Huelva, acompañando a una cofradía leonesa.

Después de que estallase la trama liderada por Santos Cerdán, Cendón fue depurado de la ejecutiva nacional como secretario de Ciencia y Universidades del PSOE a nivel federal y el alcalde de León no tuvo tapujos a la hora de valorarlo como una decisión “más que necesaria”.