El Partido Popular (PP) en la oposición del Ayuntamiento de León censura el estado de abandono, plagado de “hierbajos”, que presentan en la actualidad un total de seis rotondas en las que el equipo de gobierno de José Antonio Diez (PSOE) se gastó 358.000 euros hace poco más de un año. Son seis glorietas que fueron objeto de una actuación de mejora estética y que actualmente presentan una imagen muy alejada de los objetivos anunciados por el Ayuntamiento cuando se puso en marcha el proyecto, lamentan, porque “presentan un preocupante estado de abandono”.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, David Fernández, ha señalado que los vecinos y conductores que pasan cerca de estas rotondas les llama la atención la abundante presencia de hierbajos, maleza sin controlar, acumulación de suciedad e incluso residuos en distintos puntos de unas infraestructuras que fueron presentadas por el equipo de gobierno municipal como una apuesta por la mejora de la imagen urbana de la ciudad.

El proyecto, adjudicado a comienzos del año 2025, contemplaba la renovación y embellecimiento de las rotondas ubicadas en la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera con la calle Los Aluches; Avenida La Lastra con calle Cirujano Rodríguez; Avenida La Lastra con calle San Froilán; calle Emilio Hurtado-acceso a las piscinas municipales de La Palomera; calle Policarpo Mingote con calle San Antonio; y finalmente calle Policarpo Mingote con calle Nazareth. Se destacó que cada una de ellas tendría su propio diseño y abundarían los guiños al león rampante, los reyes de León o el rosetón de la Catedral, entre otros.

“Resulta difícil entender que una inversión de esta magnitud no vaya acompañada de un plan eficaz de mantenimiento que garantice la conservación de los espacios públicos”, lamenta el PP, porque consideran que “la proliferación de vegetación descontrolada y la falta de limpieza transmiten una sensación de abandono que deteriora a imagen de la ciudad y cuestiona la eficacia de la gestión realizada”. “Una más en al hoja de servicios de José Antonio Diez”, zanjan.

El portavoz popular recuerda que su grupo municipal ya aconsejó que se utilizara vegetación, como en la mayor parte de municipios, donde han ido aumentado el número de árboles y elementos decorativos naturales. “Frente a la tendencia en otras ciudades que optan por plantas locales y resistentes, en León se eligen rotondas duras. Las plantas autóctonas se adaptan mucho mejor al clima de cada zona, permitiéndoles lucir un aspecto urbano atractivo y minimizando las tareas de mantenimiento”, asegura en un comunicado.

La Junta de Castilla y León, arropada por el Ayuntamiento de León, insisten en las bondades ambientales que supondrá la polémica construcción en el sur de la capital de la llamada Red de Calor, es decir, macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno verde y un 'mar' de placas solares junto al cementerio leonés. Hace apenas una semana que la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Somacyl, licitó en dos contratos por un valor total de 62 millones de euros de la primera fase de construcción, que incluye la planta de combustión vegetal y casi 30 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará. También es reciente la concesión de la licencia final por parte del Consistorio.

Sin embargo, hay un contrato poco conocido de hace sólo medio año que ha permitido ir adelantando a buen ritmo todos los trabajos preparatorios en la zona, toda la urbanización del emplazamiento elegido. Son labores que suponen el desbroce y movimiento de tierras, así como talas, de un total de 23,8 hectáreas en el gran triángulo que albergará todo el complejo energético, situado entre el cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío. Ese contrato Somacyl lo adjudicó en noviembre, por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) y recayó en una unión temporal de empresas formada por tres compañías: Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras. El nombre de la UTE no esconde el proyecto para el que trabajan: Se llama 'Red de Calor León'.

El avance de la urbanización en la zona es tal que ha saltado el primer gran escándalo, visible ya en ambas márgenes del río Torío: la tala masiva de árboles. Se trata del lugar exacto donde se ha diseñado una pasarela para salvar el obstáculo de ese cauce fluvial. El nuevo 'puente', publicado ya hace años por ILEÓN, será una estructura metálica de casi 82 metros de larga con un ancho de 5,90 y se aprovechará dos de esos metros para que también sea de paso peatonal.

La pasarela arrancará exactamente tras las gradas del campo de fútbol del área deportiva de Puente Castro y se dirigirá en el otro lado de la ribera hacia el Paseo del Parque, en La Lastra, por donde ya discurrirán las grandes tuberías subterráneas justo entre el Coto Escolar y el centro de Autismo León.

Hace días que las empresas vienen realizando esa tala, señalando los ejemplares a desaparecer y amontonando los troncos ya cortados. Se aprecia un gran corte de la línea de bosque de ribera en ese tramo final del Torío, y es que la extensión de la tala es enorme. La cifra de la superficie afectada es oficial y aparece en el informe favorable de impacto ambiental que Medio Ambiente se concedió ' a sí mismo' -porque también promueve el proyecto, hace exactamente un año, en junio de 2025.

Interés comunitario: sauces, álamos y olmos

Según el informe, se están talando en total sólo en este punto casi 1.000 metros cuadrados de arbolado (984 concretamente). Entre los ejemplares, la mayoría son además de tres especies muy sensibles, como son los llamados Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, es decir, catalogados como valiosos bosques de galería. Se trata de ejemplares de Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo blanco) y en menor medida Ulmus minor (olmo común).

El informe favorable resalta que este punto en el que se corta toda la vegetación para construir la pasarela no está dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), aunque sí vincula de 'Riberas del río Esla y afluentes'. También se tilda de “permanente” el impacto de las talas pero finalmente la Junta lo cataloga como una especie de mal menor: “Irreversible pero recuperable”. Esa recuperación a la que Medio Ambiente se aferra se refiere a una futura medida de compensación que refleja que en este mismo punto se reforestará con el doble de superficie cuando la obra acabe: 2.000 metros cuadrados de vegetación de ribera.

También remarca que ya se sabía que esta actuación sería la mayor afección, aunque no la única en la amplia zona de trabajo: en total, el proyecto contempla el desbroce de las 23,8 hectáreas de terreno, de las cuales 31.050 metros cuadrados corresponden a arbolado y otros 191.480 afectan a zonas de herbazal-matorral con arbolado disperso.

Voces críticas vecinales

Todo esto son datos y son oficiales. Pero el escándalo es simplemente visual, basta con pasear por la zona y observar el paisaje ya talado. Por eso, ya se han elevado las primeras voces poniendo el grito en el cielo. La Asociación Vecinal Barrio de La Lastra, que junto con la de Puente Castro encabezan las protestas contra el macroproyecto autonómico, cargan también contra el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la que acusan de aplicar un “doble rasero” en función de quién promueva las actuaciones en el entorno fluvial.

Denuncian que mientras el organismo “machaca” a pueblos y agricultores por intervenciones o usos del agua, en este caso “mira para otro lado” ante una infraestructura vinculada, sostienen, a intereses “poderosos”, en referencia al “señor Quiñones -consejero de Medio Ambiente y máximo responsable de Somacyl- y su amigo, nuestro alcalde, José Antonio Diez”. Y cuestionan especialmente que se permita la implantación de lo que consideran una “industria contaminante” junto a los ríos Bernesga y Torío, la extracción de “millones de litros de agua”, el vertido de residuos al cauce y la tala de árboles de ribera. Por todo ello, ambos barrios han convocado una nueva manifestación el próximo 10 de junio que volverá a confluir en el centro de la ciudad, ante el Ayuntamiento, para volver a protestar por el avance de esta infraestructura.

ILEÓN ha solicitado a la Confederación información oficial sobre la solicitud de permisos, sus condiciones y los solicitantes para esta amplia actuación fluvial, no sólo de talas sino incluso de taponado del cauce del río para el paso de maquinaria pesada, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

La tensión interna en el PSOE leonés vuelve a escalar, si cabe, un grado más. El alcalde socialista de la ciudad de León, José Antonio Diez, se ha mostrado partidario este jueves de que el PSOE convoque un congreso general extraordinario ante la situación generada por la imputación del expresidente Zapatero y las novedades del caso Leire Díez.

La situación “no es la mejor posible, ni en el gobierno, ni en el partido”, ha afirmado en declaraciones a los periodistas al ser preguntado por si veía necesario un adelanto electoral como había pedido el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page.

“¿Lo ha dicho Page? Entonces estará bien dicho. No sé. A mí me preocupa mucho más la situación del partido”, ha insistido, al tiempo que ha recordado que lleva mucho tiempo pidiendo la celebración de ese congreso. “Si lo pedí ya hace muchos meses, imagínense lo que puedo decir hoy en día”. El regidor leonés evitó pedir expresamente elecciones anticipadas, aunque señaló que dependerán de los socios parlamentarios que sostienen al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Pero el secretario provincial del partido y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, ha respondido con dureza al alcalde de León, “Resulta llamativo que quien ya reconoce abiertamente que se siente más cómodo cerca del PP que del PSOE pretenda ahora dar lecciones al Partido Socialista sobre democracia interna y congresos federales”.

El diputado leonés reprocha además al alcalde sus críticas recurrentes al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que define como “el principal activo político de la izquierda en España”. “Utilizar permanentemente las siglas socialistas para atacar” al líder del Ejecutivo “no es valentía ni independencia: es hacerle el trabajo a la derecha desde dentro”, afirma.

Cendón también carga contra las palabras de Diez sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Considera “grave” que se hable “con desprecio” de quien “amplió derechos, modernizó España y defendió siempre a León”. “Zapatero pasará a la historia por transformar este país; otros quedarán únicamente por sus ruedas de prensa contra su propio partido”, asegura.

En su respuesta, el secretario provincial del PSOE aprovecha además para criticar la gestión municipal del Ayuntamiento de León alejada de los históricos postulados socialistas. Recuerda a Diez la decisión de mantener todavía calles franquistas incumpliendo la Ley de Memoria Democrática y de vetar homenajes impulsados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). También le reprocha no acudir al congreso provincial socialista, “desaparecer” durante la pasada campaña electoral autonómica y haber “dejar plantado” al presidente del Gobierno en sus visitas a la ciudad leonesa.

“Para hablar en nombre del PSOE no basta con conservar el carné. Hay que defender el proyecto socialista también cuando vienen mal dadas”, concluye Cendón, profundizando así en una fractura interna que desde hace meses enfrenta a la dirección provincial del partido con el alcalde de la capital leonesa.

A falta de prácticamente un año para las próximas elecciones municipales, Unión del Pueblo Leonés (UPL) se encuentra ya en plena carrera para elegir a su próximo cabeza de lista en el Ayuntamiento de León. Un melón que ya se abrió el pasado mes de abril después de que anunciara su intención de no repetir Eduardo López Sendino, el candidato y líder del grupo municipal desde el año 2015.

Por los primeros movimientos, todo indica que habrá primarias internas en el seno de la formación leonesista, que desde hace un año lidera Alicia Gallego, para que sean los afiliados con sus votos los que tomen la decisión de quién será la persona que aparezca en el próximo cartel electoral leonesista en la capital. Y es que, a día de hoy, ya hay al menos dos nombres encima de la mesa, ambos actuales concejales en el equipo municipal y los dos miembros de la recién estrenada dirección general de Gallego. Se trata de Enrique Valdeón y de Seila Fernández.

La espita la ha abierto el primero, Valdeón, que no dejó lugar a dudas (“sí, me postulo”) cuando ayer fue preguntado abiertamente en la tertulia política de Radio León-Ser sobre su intención de cara a las elecciones al Ayuntamiento en 2027. “Mi intención es esa pero depende de los órganos del partido y de los militantes”, dijo, en referencia a someterse a primarias si no fuera el único interesado en sustituir a López Sendino, “porque hay una serie de requisitos que cumplir y todo se verá”.

Más continuidad

El actual edil lleva siéndolo bajo las siglas de UPL desde 2019, aunque su primera aparición en una lista electoral en el Ayuntamiento leonés data de 2015, pero entonces todavía bajo la escisión del PAL-UL, sin obtener el acta. Orgánicamente, también ostenta actualmente la Secretaría de Empleo, Comercio e Industria de UPL.

Preguntado por su planteamiento de cara a ser el candidato, Valdeón, que profesionalmente es procurador de los tribunales, aboga por una línea que suena mucho a continuidad a lo hecho por Eduardo Sendino. Defiende que “lo primero es ver qué no se ha hecho y se tenía que haber hecho en estos ocho años” de alcaldía socialista de José Antonio Diez, “los proyectos que no se han cumplido y exigirlos a quien esté”, buscando en resumen “soluciones para León, en el tema económico, comercial, aeropuerto... hay muchos frentes abiertos y hay que cerrarlos bien, no dejarlos en el aire”.

Defiende además la decisión adoptada por Sendino en su día de no pactar con el PSOE y formar parte del equipo de Gobierno municipal -como sí se hizo por ejemplo en la Diputación-, y asegura Valdeón que eso significa que han apoyado a veces al equipo de Diez y otras han votado con el PP, siempre bajo la premisa de “qué era bueno para León”. “No nos fiamos de ninguno de los dos, de hecho los dos nos han defraudado siempre a nivel local, provincial y regional, incluso”. Por eso, su planteamiento es que “seguiremos tirando únicamente por León, sin mirar para los lados”.

Educación y servicios públicos

El otro nombre en liza es el de Seila Fernández Domínguez, obtuvo su primera acta de concejala en 2023 gracias al éxito electoral que hizo que UPL obtuviera cinco puesto en el plenario municipal. ILEÓN ha contactado con ella, así como con otros dos nombres que llevan meses sonando entre la militancia leonesista como posibles aspirantes a la sucesión de Sendino en el liderazgo municipal de la capital. Y ella deja abierta la puerta a aspirar a defender su propia candidatura en unas primarias: “Todavía no sé lo que voy a hacer, cuando se abra ese proceso decidiré”. Y es que señala que “como siempre me pongo a disposición del partido para lo que necesite, como he hecho estos años como concejala y secretaria de Educación” en la UPL a nivel orgánico. Pero de lo que no duda es que “UPL tiene que tener una lista ganadora para el Ayuntamiento de León”.

Fernández, maestra y directora de colegio público, durante los últimos años ha sido la voz leonesista en materia de Educación, con una férrea defensa de la educación pública, tanto bajo la dirección de Luis Mariano Santos como de ahora Alicia Gallego. Su última acción ha sido denunciar que el contrato de fruta y verdura a los colegios de la Junta de Castilla y León obvia los productos locales primando el precio aunque vengan de otras zonas lejanas del país.

El otro nombre que circulaba de forma insistente en la militancia leonesista es el del abogado Bernardo García Angulo, que ha señalado a este medio que presentarse a las primarias para la Alcaldía de León “no se me ha pasado por la cabeza”. El abogado es también miembro de la actual dirección leonesista como secretario de Estudios Autonómicos.

Un proceso interno sin fecha y un objetivo claro

El proceso de selección de candidaturas de UPL todavía no está abierto, con un partido con un fuerte componente asambleario. Será el Consejo General del partido, principal órgano entre congresos, quien decida cómo y cuándo se abre el proceso de selección de sus candidatos, con el puesto de cabeza de lista a la Alcaldía de León como plaza más disputada. Sobre todo porque la expectativa en apariencia más razonable es que nuevamente UPL pueda ser la clave de la gobernabilidad en el primer ayuntamiento de la provincia. Actualmente cuenta con cinco concejales, dos de ellos los que primero se han situado en la línea de salida, frente a nueve del PP y once del PSOE, cerrando la lista los dos que se presentaron por Vox pero que pronto se 'rompieron' con un tránsfuga.

Luis Artigue nos contó en bel canto, en este medio, lo que casi todos percibimos en prosaico parecer. Mas, así la realidad se hace palmaria y, además de marcar situación, resalta un comportamiento con viveza literaria.

Ya tenía yo unos apuntes, un borrador digamos, para escribir sobre Cendón a quien antes de ayer en ‘mi columna’, no pude menos que colocar: ‘Cendón está que arde’, en unas líneas en las que reflejaba mi parecer sobre el alcalde legionense, y su modo de actuar semanasantero.

Lo que pensaba decir de Cendón, no como persona, sino como investido de político que se dice de León, lo tenía en una carpeta con el título 'Cendón y más'. En realidad pequeños apuntes de situaciones contadas y recogidas para después de Pascua Florida, cuando ya se puede ir a lilas, contando como nos hace la pascua, con p pequeña, desde que se creyó encaramado al poder político. Mas, pronto bajó el suflé. Fue un efímero Secretario de Ciencia, Innovación y Universidades.

Precisamente ahora cuando en Madrid le han cantado out –¡Fuera!–, de la alta esfera de Ferraz –en llionés: ¡Ya no está dientro!–, anda por ahí rebotando con el gesto retorcido…

Si lo ha tomado como una jugada perdida, cuando lo equilibrado es encajarlo como un despido directivo en diferido, se equivoca, entiendo yo... ¡Tanto! Como no pararse a pensar a qué desequilibrio socioeconómico de lo leonés está contribuyendo a llevarnos. Su comprensión de lo leonés es nula, de ahí la irrealidad de su relato político.

En el ínterin, para decir que hace, sigue hostigando al alcalde legionense, quien, adornado de vivencias leonesas, cuando no leonesistas, le sonríe con suficiencia. Y eso le molesta.

Ahora he de citar a Zapatero, el expresidente, el que aparecía últimamente por doquier pues no quería ser jarrón chino, y se ve imputado por la justicia según se lee en los medios. Esto afecta en el sentimiento a Cendón, según dice, tal vez sea porque actuaba ‘un poco’ como mentor suyo en el partido. En todo caso describe el asunto como “un linchamiento”.

No entro en el meollo circunstancial que va por otros derroteros, aunque no exentos de connotaciones, dado que estoy en la vertiente leonesa, sobre la que nunca he comprendido la postura presidencial de uno y la provincial de otro, según poder y mandato, pero en ambos casos dañina. No se les ha ocurrido pensar que tratar de escuchar a los leoneses, al electorado si así lo prefieren, no es incompatible con los designios de la formación socialista.

En sus respectivos papeles, de ex, apoyando al ente y cerrándonos la salida. Y de mando provincial Cendón, acallando a las bases para que no hagan sugerencia alguna a cerca de una autonomía leonesa: ¡Es perfidia!

Osa decir, el provincial Cendón, que defiende los valores de su partido, esto, desde un comportamiento estricto suena a política de obediencia ramplona, obviando que... ¡A quien se debe es al pueblo! para quien debería laborar en todos los niveles. Pero no –¡Para qué!–, lo mejor es ignorarlo.

No ha conseguido nada para León, ni trenes ni tranes, estamos fuera de toda onda europea por modulación autonomista. Ni tan siquiera se le ha visto como parlamentario defendiendo a los leoneses, sus votantes, no sus enemigos, que están en un sangrado permanente socioeconómico. ¿Acaso no lo entiende? No ve lo de cerca y lo de lejos le deslumbra…

Para lucirse la directora de Aena: Vino ‘ayer’, dijo lo que quiso... y... ¡Ahí os quedáis leoneses! Hay que tener cinismo a raudales, y escuchantes pasmados. Cendón estaba ausente. Suerte o misterio político.

Cendón, respecto a la adecuación mínima del aeropuerto (Carga de mercancías, y un moderno ILS de aproximación imprescindible) además de ir, tiempo atrás, a una reunión de ‘convidado de piedra’, con Puente, el desfacedor de lo leonés, ir, repito, saltando del banquillo como alero de la tripleta de la Diputación: Presidente, vice y él, allá por octubre; mejor no haber ido denotaba muy floja consistencia.

Bastante afónico por cierto... ¿Qué ha hecho“ Se dice pronto: ¡Nada! Lo de ”cuando haya demanda“, sí, de carga y vuelos, es un agravio. Los clientes existen, se han de buscar más. En la inacción está el insulto, y el peligro en que se los lleven otros… ¿O a eso esperamos?

En qué ha contribuido para la preparación del dossier en busca de conseguir asentar en León la Agencia Estatal de la Salud. Se está ahora en ello, mañana ya es tarde. ¡Qué está haciendo! Acaso no aprecia que para Legio no es relumbrón es merecimiento pleno en lo científico y éxito en lo empresarial.

Lo de calentar banquillo, volviendo al rol de meritorio en lo nacional, cuando se empezaron a catar mieles, es todo un ejercicio de humildad. De verdad ¡no le veo! Le queda el cargo político provincial. En el contacto comunitario, ¡poca chicha!, si acaso pañuelo lila al cuello, ir a la campa de Villalar, cada año, del brazo del inconsistente Demetrio Madrid. Y el recurso del parlamento nacional, ¡para que nada se mueva!

Un ignominioso ninguneo de lo leonés.

La falta de “consenso” político entre todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de León y el “error nuestro” de haber ofrecido en un principio un día con “bodas programadas hace tiempo” en el salón de plenos. Esos son los principales motivos por los que se ha denegado finalmente un acto institucional de recuerdo, con entrega a sus descendientes de restos recién exhumados, de leoneses 'paseados' por pistoleros falangistas tras el golpe de Estado de 1936. Uno de ellos, Miguel Carro, ejecutado precisamente por haber sido concejal del PSOE en el propio Consistorio leonés.

Este doble argumento ha sido la explicación pública ofrecida hoy por el actual alcalde socialista, José Antonio Diez, tras las críticas públicas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El colectivo censuró que el acto de entrega de los restos que aparecieron hace meses en una fosa en Mansilla de las Mulas se autorizara primero para el próximo 5 de junio, para después cambiar de postura y plantearse varias excusas para vetar finalmente su celebración.

Para empezar, el regidor aseguró que le “sorprende” la petición del uso del salón de plenos para hacer esa entrega “desde un punto de vista institucional”, a pesar de admitir que sí se otorgó permiso en un primer momento. Y ya entonces, se cometió “el error nuestro”, admitió Diez, de ofrecer la fecha de un viernes, un día en el que “había bodas y evidentemente, no se pueden cambiar porque había mucho tiempo programadas”: “Parece que eso ya no les gustó absolutamente nada”.

Pero el motivo definitivo esgrimido por el regidor fue que “no hubo consenso -político- para ese tipo de acto”. “La institución la representamos muchas formaciones políticas y no había un acuerdo claro para realizar este acto en el salón de plenos municipal, y por lo tanto, yo les he dado otras opciones que ninguna les ha parecido adecuada”, aseguró.

La posición de todos los partidos

Preguntado por los periodistas, detalló que en realidad ningún partido vio con buenos ojos el acto, a pesar de que Alcaldía lo había admitido en un primer momento: “La UPL en principio no entendía muy bien lo de que (se homenajeara a) otras personas que no habían sido concejales del Ayuntamiento, incluso algunos que no eran ni del municipio, pero siempre dijo que aquello que decidiéramos lo iban a respaldar. El Partido Popular no lo veía tampoco y al máximo consenso que se pudo llegar fue al tema del concejal Miguel Carro. Y Vox, por supuesto, dijo que no les habláramos de estos temas”.

Sin embargo, el propio Diez transmitió algunas dudas al respecto del planteamiento al que, en principio, se había dado el visto bueno, argumentando la ARMH se enrrocó: “Yo les he propuesto poder hacerlo en otro lugar, como también presidente que fue del partido (por Carro), en la Agrupación Socialista de León, hacer el acto en el partido… pero parece ser que ellos no querían tampoco que el alcalde tuviera mucha visibilidad en el acto”, justificó, de modo que al final se ha denegado definitivamente.

Una denegación final duramente criticada por la asociación, que ahora intenta pedir que se pueda realizar un acto de memoria y desagravio en el Hostal de San Marcos, actual Parador Nacional. El motivo es que fue allí, entonces campo de concentración del régimen golpista de Francisco Franco, y de donde fueron objeto de una 'saca' los cuatro republicanos 'paseados' a manos de pistoleros falangistas el 18 de diciembre de 1936, entre otros muchos.

'Ataques' desde las propias filas

El caso, además, ha servido de caldo de cultivo para la actual lucha interna del PSOE, de buena parte de la Ejecutiva provincial, que lidera Javier Alfonso Cendón, contra el alcalde de León, José Antonio Diez, y viceversa. Por eso, destacados dirigentes del partido han censurado la postura del regidor leonés desde sus perfiles de redes sociales, entre ellos la leonesa número dos del PSOE de Castilla y León y procuradora autonómica, Nuria Rubio, o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

“Personalmente me siento profundamente avergonzada. Hace tiempo que no entiendo algunas políticas que van totalmente en contra de los valores y principios que defendemos como partido”, manifestaba Rubio.

Mientras Courel incluso añadía las críticas de Diez al recién imputado expresidente del Gobierno leonés, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevar su ataque: “Se niega un acto de la ARMH, no se quitan los nombres franquistas de las calles de León, y se ”condena sin juicio“ al único leonés que ha sido presidente del Gobierno de España. ¿Seguro que el alcalde de León es socialista?”, espetó.

Todo el mismo día en que Diez se volvía a reivindicar como candidato a repetir en la lista del PSOE a la Alcaldía de la capital, argumentando que la grave imputación judicial de Zapatero por presunta corrupción ponga freno a las maniobras para intentar evitar esa repetición.

“Como sabéis, yo tampoco mantenía una relación excepcionalmente fluida con el presidente Zapatero”. “Yo sé que no les gustaba mucho”. “Igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”. Ha tardado algo más de tres días en reaccionar públicamente y estas han sido algunas de las primeras y muy intencionadas palabras del alcalde del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, al tsunami político que ha supuesto la imputación judicial por corrupción del expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero.

El regidor de la capital, una recurrente voz crítica interna en el PSOE, incluso con un enfrentamiento poco disimulado con la Ejecutiva provincial y su líder, Javier Alfonso Cendón, muy próximo a Zapatero, valoró la noticia como “de una preocupación extrema y de una gran decepción”, algo, dijo, que cree que comparten “prácticamente la mayoría de los leoneses”. Y personalmente añadió que además “a mí me genera una enorme y una profunda decepción”.

Y es que considera que “leyendo detenidamente el auto del juez (de la Audiencia Nacional), hay cuestiones que aparentemente parecen muy feas”. “Yo no voy a entrar si son delictivas o no, porque eso le corresponde al juez, y hay que confiar en la Justicia, igual que en la presunción de inocencia, pero evidentemente son cosas que preocupan y preocupan mucho”.

Diez continuó su valoración más bien íntima pero también en clave de repercusión política esgrimiendo que “a mí lo que me gustaría es que esto se resuelva lo más rápidamente posible, por el bien de todo el mundo, también por la parte afectada, por el propio presidente Zapatero”... “Y por el resto de diputados”, añadió, en una poco disimulada referencia al líder Cendón, diputado nacional por León, que recientemente le enseñó la puerta de salida del Partido Socialista al actual alcalde para que no repitiera como candidato en las municipales del año que viene, a lo que este retó con que le echaran de la formación en una creciente escalada de confrontación.

Este mismo mes, el regidor, por ejemplo, defendió públicamente que era más defendible su proximidad a la Junta de Castilla y León (PP) y sus recientes inversiones en la ciudad que la de Cendón a los exdirigentes socialistas, ministros y secretarios de Organización en Ferraz, Santos Cerdán, José Luis Ábalos o su asesor Koldo García, los tres sentados en el banquillo de los acusados. Zapatero se sumaría ahora a la lista de acorralados por la Justicia bajo acusación de corrupción. Pero también han sido varios los encontronazos públicos de Diez con el propio Zapatero, tras las críticas del expresidente a la creciente oleada de aspiración de un autobogierno y una autonomía propia para León, sin Castilla.

En este contexto, el regidor remarcaba eso de que “igual ahora no tienen tanto tiempo en dedicarse a quitarme de candidato”, en referencia a que era vox pópuli que en la voluntad de Cendón de buscar un sustituto para el próximo cartel electoral socialista en León, prescindiendo del crítico Diez por ejemplo vía primarias (una vía empleada ya en Gijón), era una maniobra en la que el propio Rodríguez Zapatero estaba involucrado. Ante este nuevo giro radical, el alcalde se limitó a razonar que “como todo en la vida, hay quien está más cercano y ahí quien está más alejado... Si apuestas bien, bien; si apuestas mal, no lo sé”: otro indisimulado recadito para Cendón.

Y de haber alguna implicación interna, aseguró que “las consecuencias respecto a esta acción de la justicia, si hay que tomarlas o no, tendrán que derivarse, evidentemente, desde arriba, desde la Ejecutiva Federal”. “Yo, únicamente, desear que sea lo menos posible (para Zapatero) y que la imputación salga lo mejor posible en el sentido de que haya las menores responsabilidades posibles, sin quitar, como digo, que lo que se desprende de ese auto es sumamente preocupante”.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de León ha denunciado este martes la existencia en las arcas municipales de un desajuste presupuestario que cifra en al menos 33 millones de euros. El portavoz del PP, David Fernández, hizo público este dato inmediatamente después de una reunión entre su homólogo en el PSOE, Vicente Canuria, y el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, con los partidos en la oposición. Y lo aprovechó para calificar la gestión económica del equipo de Gobierno del socialista José Antonio Diez como “la peor” desde la del Ejecutivo de Francisco Fernández, de la que el propio Diez formaba parte.

“Las chapuzas de José Antonio Diez y su Gobierno tienen importantes consecuencias para los leoneses hasta el punto de comprometer la capacidad económica del Ayuntamiento para ejecutar proyectos por valor de más de 33 millones de euros”, sentenció Fernández como conclusión del informe de seguimiento y actualización del Plan Económico y Financiero al que está sometido el Consistorio leonés, emitido por la Intervención municipal para dar cumplimiento a lo exigido por el órgano tutelante (la Junta de Castilla y León, por delegación del Ministerio de Hacienda).

El PP, según detalló Fernández, solicitó ya ese informe sobre la situación económica y financiera de la institución municipal el pasado 4 de mayo. Lo hizo después de que en el Pleno extraordinario del pasado mes de marzo los gobernantes municipales aprobaron un gasto de casi 9,4 millones de euros, “para los que no tenían ni 100.000 euros disponibles”. “En aquel Pleno ya le dijimos al señor Diez que eso era una huida hacia adelante con corto recorrido”, señaló el popular, que compromete la labor de su formación para PP para “sacar del cajón todos los documentos que dejan al aire las vergüenzas de la gestión económica de José Antonio Diez”.

Tras acusar al Gobienrno de Diez de “falta de transparencia” por demorarse en la entrega de la información relativa a la actualidad del Plan Económico y Financiero, David Fernández entró al detalle para referir una primera pérdida de ingresos por valor de 16 millones de euros, resultado las dos sentencias judiciales que anulan la tasa de tratamiento de basuras de 2024 y la tasa de recogida y tratamiento de basuras de 2025. “Hay que recordar que, en este segundo caso, se han llegado a cobrar a los contribuyentes más de 3,7 millones de euros que aún no han sido efectivamente devueltos, además del gasto de medio millón de euros en las notificaciones de una tasa que, cuando se realizaron, el Gobierno socialista ya sabía que había un alto riesgo de anulación judicial”, añadió.

Además, el PP acusa al equipo de Gobierno de registrar “unos ingresos que son ficticios” por valor de 6 millones de euros, vinculados al convenio marco de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, unas anotaciones que “se realizaron a espaldas de la Intervención y bajo presiones del concejal de Hacienda a las dos funcionarias jefas del negociado de contabilidad” con el objetivo de “poder gastar más dinero del que realmente tienen”.

El desajuste se completa por otras tres vías: 1 millón de euros que la Intervención ve necesario incrementar para financiar el convenio con la Diputación de León para la coordinación del tratatamiento de residuos después de haber sido “incapaz de poner en marcha la instalación del contenedor marrón”; la citada modificación de créditos por valor de casi 9,4 millones; y un intento de cobro de la tasa de basuras de 2025 y 2026 que la Intervención considera como “no ajustado a derecho”.

¿Cuáles serán las consecuencias? “El equipo de gobierno ha estado anunciando y aprobando partidas para proyectos para los que no hay ingresos suficiente”, dijo Fernández antes de citar iniciativas que, a su juicio, quedarían en el aire como el plan de mantenimiento de calles y asfaltado, obras en colegios, instalaciones deportivas y edificios municipales, entre ellos el arreglo del consistorio, fachadas y soportales de la Plaza Mayor, las obras de la calle Demetrio Monteserín y Velasquita o parte del arreglo de los aledaños del estadio Reino de León. La repercusión, añadió el popular, también se dejará notar en ajustes en los ingresos y en la dotación de partidas.

“El alcalde conoce esta situación desde hace meses. Y le ha dado igual. No sólo no ha hecho los ajustes necesarios, sino que incluso ha seguido sumando gastos, como en el pleno extraordinario del mes de marzo; y ha seguido adjudicando contratos millonarios. Todo ello en una huida hacia delante que, como ya le dijimos, tiene corto recorrido. José Antonio Diez quiere hacer obras y anuncios en el año antes de las elecciones para solventar los problemas que no ha querido ni ha sabido solventar en los siete años que lleva como alcalde, gastando sin un criterio de proyecto global de ciudad y sin una consciencia clara de las necesidades de la ciudad”, señaló Fernández.

Y es que el PP compara la situación actual con la que se produjo durante la etapa del también socialista Francisco Fernández, que “dejó en las arcas municipales una deuda superior a los 400 millones de euros, con facturas en los cajones por valor de varios millones de euros, y que sumió al Ayuntamiento en una profunda crisis económica de la que aún hoy el consistorio no ha salido”.

“Auténtico fiasco económico”, según los leonesistas

Tras la misma reunión con los partidos de la oposición, el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha exigido la dimisión inmediata del concejal de Hacienda al conocerse “el contundente informe de Intervención que evidencia el fracaso absoluto en la gestión de la tasa de basuras impulsada por el equipo de Gobierno socialista”, señaló su portavoz, Eduardo López Sendino.

“Se trata de una situación de auténtico fiasco económico y administrativo, después de que las sentencias judiciales que anulan las ordenanzas fiscales y las irregularidades detectadas por el interventor municipal sitúen el impacto económico total en más de 15 millones de euros entre anulaciones de derechos, devoluciones de ingresos indebidos y deterioro del remanente de tesorería municipal”, añadió al referirse a los efectos vinculados a la tasa de basuras.

UPL añade que el informe de Intervención advierte de una “necesidad de financiación” de más de 9,2 millones de euros y de un grave incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Y el documento recoge la existencia de más de 6 millones de euros en “derechos ficticios” que nunca llegarán a cobrarse y que deberán ser anulados, “agravando todavía más la situación financiera del Ayuntamiento”, reprochan los leonesistas.

“La gravedad de los hechos exige responsabilidades políticas, en cualquier empresa privada una gestión que provoca un agujero de más de 15 millones de euros habría supuesto el cese fulminante del responsable. No entendemos cómo el alcalde mantiene todavía al concejal de Hacienda al frente de un área que ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión”, apunta Sendino.

Los leonesistas recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulas las ordenanzas de la tasa de residuos de 2025 y 2025 por defectos de tramitación y falta de motivación técnica suficiente. Y recalcan cómo el propio interventor en su informe alude a la posibilidad de extender los efectos de resolución judicial a la totalidad de los vecinos de la ciudad. “Es lo justo y adecuado”, valora la UPL, “y no solamente en beneficio de quien obtuvo la sentencia favorable, porque la anulación es absoluta y debe de favorecer a todos y no solo al recurrente lo que supondrá, según el interventor, una salida de fondos por importe de más de 3.700.000 euros, y una anulación de derechos, en definitiva, posibilidad de cobro, por un importe de más de 1.400.000 euros”.

“Si el concejal de Hacienda hubiera cumplido con su obligación de elaborar la ordenanza y aprobar la misma en los plazos establecidos en su momento por la Ley 7/2022 de 8 de abril, habría dado tiempo a realizar jurídicamente adecuada la ordenanza y se hubiera evitado el fiasco de una ordenanza realizada deprisa y corriendo que ha conllevado la anulación de la misma con el consiguiente perjuicio económico que va a condicionar en gran medida el devenir en los próximos ejercicios de las cuentas de este ayuntamiento”, agrega el portavoz leonesista.

La Junta de Gobierno Local con fecha 30 de abril de 2026 aprobó un gasto de 218.042 euros para encargar a una consultoría externa la elaboración de una nueva ordenanza. “No dudamos”, señala Sendino, “que esa empresa externa se va a encontrar con los mismos problemas que han motivado las sentencias judiciales, y todo ello porque el concejal de Hacienda no ha hecho su trabajo y sus deberes en los años anteriores para la correcta aplicación de la tasa conforme a la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL exige la dimisión del concejal de Hacienda y reclama al equipo de Gobierno socialista que “asuma de una vez sus responsabilidades políticas ante uno de los mayores desastres económicos de los últimos años en el Ayuntamiento de León”.

Ajena a protestas vecinales, al margen de denuncias ambientales y a recursos judiciales en marcha, la Junta de Castilla y León ha dado el paso definitivo para la ejecución del complejo de plantas energéticas de incineración y solares en el sur de la ciudad de León, bajo el nombre de Red de Calor.

Lo ha hecho sacando a licitación pública los dos primeros y más cuantiosos contratos, por un valor inicial conjunto de casi 62 millones de euros, y con plazos de ejecución de dos años, 24 meses, cada uno de ellos, a contar desde que se hayan elegido las empresas que se contratarán por parte de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que depende de la Consejería de Medio Ambiente. La ingente cantidad de dinero de lo que será de largo la mayor inversión de la Junta en la ciudad y la provincia provendrá en gran medida de fondos europeos destinados al plan de Transición Justa, es decir, fondos mineros en principio para la compensación por el cierre de la minería del carbón en la provincia.

El primero de los contratos, el mayor, será el del corazón mismo del proyecto, la macroplanta de incineración de biomasa de origen vegetal, un complejo de dos inmensas calderas que tendrán capacidad para convertir en energía calorífica hasta 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. La Consejería destaca su beneficio con una cifra: que permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ al año.

Su coste de salida dado hoy a conocer es de 41.722.860 euros. Se ha elegido la parcela cedida por el Ayuntamiento de León, no sin polémica aún, y en total ocupará un complejo de 24 hectáreas junto al río Bernesga, lindando con el cementerio de León y la Ronda Sur LE-30, en el barrio de Puente Castro. En esta primera fase, explica hoy la Junta en un comunicado, se instalarán dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, es decir, sumando una potencia total de 44 Mw, si bien se ha diseñado una segunda fase posterior que duplicará esto hasta alcanzar los 88 Mw.

“La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa”, remarcan en una suerte de beneficio circular. Un beneficio que culminan con cifras como que ese corazón de calor suministrará calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas de la ciudad y 150 edificios públicos y privados de la ciudad, y que si las comunidades previstas se 'enganchan', insiste Medio Ambiente, supondrá el fin de más de 1.200 calderas y chimeneas que hoy son de gas o gasóleo.

Los tuberías por los barrios, las calles concretas

Ahí entra el segundo contrato millonario: la primera fase de la red de tuberías subterráneas que han de llevar ese calor por buena parte de la ciudad, casi hasta las puertas del centro mismo pero de momento sin entrar en él. Ese segundo contrato suma otros 20.204.119 euros de licitación, igualmente dos años de obras para prácticamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y de retorno del calor. La red anunciada en su día sumaba unos 65 kilómetros en total, pero serán fruto de fases posteriores de extensión por la capital. De momento se centrarán sólo en barrios como La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana, Polígono 10, El Ejido, La Granja y La Lastra que junto al propio Puente Castro son los que abanderan la protesta social creciente contra este proyecto.

En detalle, tras sortear el río Torío con la construcción de una nueva pasarela que lleve las condiciones, la red provincial de tuberías irá por zonas como el Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo (El Corte Inglés), Santa Ana, Pendón de Baeza o la Avenida Real.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Mucho retraso y posición en contra

Todo este impulso llega ya con muchísimo retraso y además con una amplia contestación, que ha crecido en las últimas fechas. Respecto a lo primero, hay que recordar que esta Red de Calor fue anunciada tras el verano de 2022 por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, firme defensor del proyecto, comprometiendo su funcionamiento para 2025. es decir, hace un año ya. En el mejor escenario actual posible sólo podrá comenzar a cumplirse con al menos tres años de retraso.

Respecto a las posiciones en contra, continúan creciendo las convocatorias vecinales de protesta, muy especialmente de los barrios de La Lastra y Puente Castro, que insisten en la posible contaminación atmosférica del sistema, ruidos o tránsitos brutales de camiones, entre otros muchos problemas. Idénticos a los que esgrimieron vecinos de varios intentos en el norte de la ciudad hace años, como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, cuyas protestas por proyectos mucho más pequeños que el actual consiguieron tumbar sendas plantas de incineración.

Además, está la ofensiva de Ecologistas en Acción, con varios frentes judiciales abiertos, desde la autoconcesión de Proyecto Regional de la propia Junta a las dudas de legalidad de la cesión de los terrenos protegidos sobre los que irá el complejo que, recuerda, también incluirá una planta de nitrógeno verde y multitud de hectáreas de una planta de placas solares. También han denunciado ante el Seprona actuales trabajos preparatorios en el Soto de Santa Olaja.

La totalidad de los sindicatos con representación en la educación denuncian el “bloqueo de información” por parte del Ayuntamiento de León y de la Consejería de Educación de la Junta sobre las inversiones y obras previstas en colegios públicos, al tiempo que censuran que la capital leonesa sí cuenta con un acuerdo bilateral específico con la Junta, aunque se anunciaba en forma de protocolo preelectoral, mientras el resto de municipios de la provincia no dispone de compromisos similares de financiación educativa.

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León, el órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, asegura haber solicitado reuniones tanto al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), como al director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León (PP), sin haber obtenido respuesta. También pidió un encuentro con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien sí mantuvo una reunión el pasado 8 de mayo para conocer las actuaciones previstas este verano en los centros educativos del tercer municipio de la provincia.

La reclamación de la Junta de Personal se produce meses después del anuncio realizado en diciembre de 2025 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, que firmaron un protocolo de colaboración -aún no materializado en otro acuerdo firme- para invertir dos millones de euros anuales, aportados al 50% entre ambas administraciones, en la mejora y mantenimiento de colegios públicos de la capital leonesa durante cuatro años prorrogables. El acuerdo se presentó entonces como “el inicio de una colaboración permanente” para beneficiar a unos 4.500 alumnos de Infantil y Primaria.

“Ninguna información”

Sin embargo, los representantes del profesorado sostienen que, medio año después, “no ha trascendido ninguna información” sobre el plan de actuación ni sobre el listado de obras previstas en León. La Junta de Personal subraya además que ese convenio singular sitúa a la capital en una posición diferenciada respecto al resto de la provincia, donde no existen acuerdos equivalentes ni inversiones garantizadas para los centros educativos públicos.

“Mientras León tiene comprometidos sobre el papel dos millones anuales cuya distribución sigue sin aclararse, el resto de municipios y colegios de la provincia continúan sin ninguna garantía concreta de financiación extraordinaria”, vienen a advertir desde el órgano sindical, que reclama conocer tanto el calendario de actuaciones como los criterios de reparto de las inversiones.

La intención de la Junta de Personal, explican, es “recabar información sobre el plan de ejecución de obras, tal y como han demandado los equipos directivos de los colegios públicos leoneses y las asociaciones de madres y padres”. El colectivo contrapone además la falta de respuesta del Ayuntamiento de León y de la Consejería con la actitud del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

San Andrés sí se reunió

Según detallan, en la reunión mantenida con la alcaldesa y los concejales de Educación y Obras de San Andrés recibieron explicaciones sobre las limitaciones económicas del municipio, derivadas del plan de ajuste y de problemas administrativos y de personal, incluida la falta de interventor. Pese a ello, el equipo de gobierno manifestó su intención de destinar parte de los remanentes municipales a mejoras en los tres colegios públicos del municipio y se comprometió a informar de las actuaciones previstas.

La Junta de Personal recuerda además que el verano pasado el Ayuntamiento de San Andrés destinó 43.800 euros al CEIP Teodoro Martínez Gadañón y otros 46.188 euros al CEIP Trepalio. Entre las actuaciones realizadas figuran la reforma integral de aseos, la reparación de humedades y la retirada de un alero que suponía “un riesgo para la seguridad”.

Duras críticas por lo “perturbador” de la falta de respuesta

El colectivo considera que esta disposición “contrasta con la cerrazón y falta de transparencia” que atribuyen tanto al director general de Centros como al alcalde de León. “Resulta muy perturbador que oculten esta información respecto a la planificación de la inversión de un dinero público que ya se anunció que iría destinado a la mejora de nuestros centros”, sostienen.

La Junta de Personal también vincula esta falta de respuesta al conflicto abierto con la Consejería por el recorte de presupuestos en centros públicos leoneses durante los últimos años. “Nos parece inaceptable que el alcalde de León no tenga la dignidad de explicar a los representantes del profesorado en qué va a gastar esos dos millones anunciados a bombo y platillo”, añaden, llegando a cuestionar si el acuerdo “se trataba únicamente de una promesa electoral”.

El comunicado concluye reiterando la petición de reunión tanto al Ayuntamiento de León como a la Dirección General de Centros e Infraestructuras para conocer el destino concreto de las inversiones comprometidas y reclamar un modelo de financiación que no deje al margen al resto de centros educativos de la provincia. La Junta de Personal está formada por los sindicatos AMPE, ASPES, CGT, CCOO, CSIF, STELE y UGT.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil de León la ejecución de obras vinculadas al proyecto de la macroplanta de incineración de biomasa y el resto de la llamada la Red de Calor de León al considerar que se están realizando “sin licitación ni adjudicación” previa.

La organización ecologista ha solicitado además al alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que dicte un decreto de paralización cautelar de los trabajos que está ejecutando la denominada “UTE Red de Calor” en la zona del barrio Puente Castro, junto al cementerio municipal, emplazamiento anunciado para esta macroinstalación energética.

La denuncia se dirige contra los responsables de la UTE, por unas actuaciones consistentes en movimientos de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga, en el Soto de Santa Olaja, así como desbroces en el cauce y la zona de policía del río Torío. 'Ecologistas' sostiene que, aunque la Junta de Gobierno Local concedió licencia de obras el pasado 8 de mayo, el proyecto “aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de Calor”. Algo que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, máximo responsable político de Somacyl, anunció que podría producirse este lunes 18 de mayo. Para la organización, estas declaraciones evidencian que los trabajos actualmente en marcha carecerían todavía de cobertura administrativa suficiente porque, ni habiéndose siquiera licitado el contrato, según los carteles, la UTE ya está formada por las empresas Comsa, Inmeva y Hergonza.

Los trabajos denunciados afectan a terrenos protegidos urbanísticamente por el Plan General de Ordenación Urbana de León, clasificados originalmente como suelo rústico con protección natural y especial. Ecologistas en Acción señala que dichos terrenos pasaron a ser urbanos consolidados tras la aprobación como Proyecto Regional del complejo industrial de la Red de Calor, una decisión publicada en el Bocyl el 18 de julio de 2025 y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León mediante un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de resolución.

La organización también cuestiona la existencia de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para los desbroces realizados en la ribera del Torio y los trabajos en las zonas de policía de los ríos Torio y Bernesga. Asimismo, asegura no tener constancia de que el organismo de cuenca haya autorizado el vallado instalado en el entorno, que limita el tránsito de peatones y vehículos por un camino frecuentado por vecinos de La Lastra y Puente Castro.

En su denuncia, Ecologistas considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, al afectar a terrenos previamente protegidos y a espacios vinculados al dominio público hidráulico.

¿Hay informe de viabilidad económico-financiera?

Paralelamente, la organización ha registrado un escrito dirigido al alcalde, y remitido cartas a todos los grupos municipales, para reclamar que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que, según sostienen, debía justificar la concesión de la licencia de obras para la central de biomasa y los primeros kilómetros de la red de tuberías.

Ecologistas en Acción afirma que dicho estudio es “vinculante y obligatorio” antes de proceder a la licitación de las obras, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Entre las cuestiones que consideran sin aclarar figuran las previsiones de demanda, las tarifas y costes de enganche para los usuarios, la financiación del proyecto, los costes de explotación o el origen de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera que podría consumir la planta funcionando a pleno rendimiento.

También aseguran desconocer el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de tuberías de la red, cuyo proyecto, indican, “no se ha sometido a información pública”. A ello suman la ausencia, según denuncian, de un análisis de riesgos sobre el impacto económico que podría tener la iniciativa en las cuentas municipales.

La organización ecologista concluye calificando el proyecto de “contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa” y anuncia su apoyo a la concentración convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro contra la red de calor.

El Ayuntamiento de León concederá la Medalla de Oro de la ciudad a la Diócesis de León, argumentando que el Obispado es una referencia en la atención a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, o por su contribución a la conservación de su patrimonio.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de León, es decir, el equipo de Gobierno que preside en minoría el alcalde socialista, José Antonio Diez, ha aprobado en su sesión de este viernes iniciar los trámites para concederle un reconocimiento que es el más elevado a nivel municipal. Uno de los argumentos esgrimidos en la propuesta se centra en “su incesante tarea para atender a los servicios pastorales y litúrgicos de 756 parroquias, pero sin olvidar en ningún momento la actividad asistencial a la ciudadanía”.

“Una labor que, con el obispo Luis Ángel de las Heras, se ha incrementado abriendo de una forma global la labor de la Diócesis y de las parroquias a la atención a la población”, considera el Consistorio. La decisión deberá pasar por comisiones previas y finalmente por el Pleno municipal, donde además del PSOE hay representación de Partido Popular (PP), Unión del Pueblo Leonés (UPL), Vox y un edil tránsfuga de este último. Todo indica que la medida será aprobada casi seguro por unanimidad.

En la argumentación, se expone también “el esfuerzo por mantener en condiciones de conservación templos, ermitas y edificios parroquiales y eclesiásticos, que suman más de un millar en el territorio diocesano, con el patrimonio histórico, artístico, bibliográfico y documental que en ellos se guarda y que constituye un elemento esencial para entender la identidad y la historia de León”.

Según se recoge en la documentación que justifica esta distinción, también históricamente ha habido “una unión estrecha entre el Reino de León y la Diócesis, que participa en las decisiones del monarca y en la promulgación de los Fueros y otras normas de convivencia dictadas, así como corrientes culturales que se trasladarán por todo el territorio a través de escuelas y escritorios episcopales y monásticos”.

Un polémico antecedente

Este tipo de decisiones de apoyo eclesiástico cristiano del Ayuntamiento no son nuevos. Ya se produjo una considerable polémica cuando el equipo de Diez propuso en 2023 la misma distinción, la Medalla de Oro, para la Virgen del Mercado, la centenaria talla y parroquia junto a la Plaza del Grano del Casco Histórico. Se trataba de un honor que en numerosos sitios de España levantó ampollas y que incluso finalmente se comprobó que el reglamento leonés ni siquiera permitía. Por eso, finalmente ya en 2024 se le dio pero con la triquiñuela de concedérsela no a la Virgen sino a la parroquia de Nuestra Señora del Mercado.

La Real Academia Española (RAE) celebró este jueves en León uno de los escasos plenos extraordinarios fuera de su histórica sede madrileña, una cita cargada de simbolismo institucional y reivindicación identitaria. La principal fue la petición expresa del alcalde socialista de la ciudad, José Antonio Diez, que pidió eliminar del diccionario el término “castellanoleonés” por considerar que “no representa” la identidad lingüística leonesa.

“Con lo que nos costó lograr la ‘y’ que nos diferencia, no nos la quiten”, reclamó el regidor socialista durante la recepción institucional celebrada en el Ayuntamiento de San Marcelo, donde defendió el leonés como una realidad lingüística propia y parte esencial del patrimonio cultural del antiguo Reino de León.

La sesión académica, celebrada en el recién rehabilitado Salón de Plenos del Consistorio leonés, reunió a una veintena de académicos en una jornada excepcional: apenas es la cuarta vez en tres siglos de historia que la RAE celebra su reunión semanal fuera del salón oval de su sede en Madrid. Antes sólo ocurrió en Cádiz en 2012, en Argamasilla de Alba en 2015 y en Zaragoza en 2023. La sesión fue copada por autoridades oficiales en el salón de Plenos, relegando a otra sala lejana a los ciudadanos interesados en acudir.

Muchas razones... y Urraca I

La elección de León responde a varios factores de peso cultural y filológico. La provincia cuenta actualmente con tres académicos de la RAE -Luis Mateo Díez, José María Merino y Salvador Gutiérrez- y con dos premios Cervantes, el propio DÍez y Antonio Gamoneda. Además, la cita coincide con los actos del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I, considerada la primera mujer que gobernó un reino europeo por derecho propio.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, abrió la sesión recordando los vínculos históricos de León con la institución, desde el académico fundador Juan de Ferreras hasta la aportación contemporánea de escritores y filólogos leoneses. También destacó la presencia de vocabulario leonés en los diccionarios académicos y confirmó que la institución ya estudia las propuestas remitidas desde León para incorporar términos propios de la Semana Santa.

En ese sentido, avanzó que la Academia ha dado un primer visto bueno a nuevas acepciones de las palabras ‘papón’ y ‘bracero’, términos ya existentes a los que se añadiría el significado específico leonés relacionado con las cofradías y procesiones. No obstante, advirtió de que la tramitación “será larga”. Más complicada considera la inclusión de ‘seise’, utilizada en León para designar a un cargo directivo de las cofradías, ya que obligaría a revisar denominaciones similares de otras Semanas Santas españolas.

Palabras leonesas

La reivindicación lingüística fue precisamente el eje del discurso del alcalde leonés, que defendió la vigencia cotidiana del léxico tradicional de la provincia. Citó palabras como ‘filandones’, ‘calechos’, ‘sebes’, ‘papones’ o ‘pindias cuestas’ como ejemplo de un patrimonio oral que “sigue vivo” en el habla popular, muchas veces incluso sin conciencia de su origen.

Díez vinculó esa defensa del lenguaje con una recuperación más amplia de la memoria histórica leonesa y reivindicó el papel del antiguo Reino de León en la construcción histórica de España. Recordó además las Cortes de 1188, reconocidas por la Unesco como Memoria del Mundo y consideradas el origen del parlamentarismo europeo.

El sucesor de Vargas Llosa

El pleno tuvo también un marcado contenido literario. El académico leonés Luis Mateo Díez fue el encargado de presentar ante la corporación los méritos del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, candidato al sillón L vacante tras la muerte de Mario Vargas Llosa. El autor leonés definió a Ramírez como un escritor “fundamental, generoso y comprometido” y recordó que vive actualmente “un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país”.

La jornada concluyó con un intercambio de obsequios institucionales entre el Ayuntamiento y la RAE, entre ellos una obra vinculada al poeta Antonio Gamoneda y una escultura de la artista leonesa Marta Flo, como símbolo del vínculo entre León y la creación cultural contemporánea.

Empezó mal y amenaza con terminar peor. La retrasada y esperada reunión con la cúpula de la empresa pública Aena, que acabó el miércoles con el 'no' ministerial a pilotar como se esperaba la inversión para crear una terminal de mercancías en el aeropuerto de León, ha causado un efecto mariposa en apenas dos días que deja una tormenta política a muchas bandas.

Incluso interna. Porque a la partida de los reproches y las críticas particularmente contra el PSOE y por añadidura sus socios de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Diputación de León se ha unido este viernes el alcalde socialista de León, José Antonio Diez. El regidor atribuyó a su perfil reivindicativo el hecho de no haber ni siquiera invitado a aquella reunión entre el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y la directora general de Aena, Elena Mayoral. Y eso a pesar, recordó, de que el Consistorio tiene “los mismos derechos que la Diputación dentro del Consorcio del Aeropuerto de León”, que conforman sólo estas dos instituciones desde su origen.

“Pensarán, y yo creo que con acierto, que desde luego no iba a ser muy asertivo, sino que iba a seguir siendo muy reivindicativo en relación con la necesidad de la implementación y la puesta en funcionamiento de una terminal de carga del Aeropuerto de León”, aseguro Diez en declaraciones recogidas por Efe. Lamentó además que no haya salido de esa reunión ningún compromiso concreto y ha remarcado que, de haber participado, habría pedido se diese al Aeropuerto de León el mismo trato que a otros territorios como, por ejemplo, el País Vasco con la terminal de carga de Vitoria. “Creo que es muy decepcionante. Otra vez perdiendo el tiempo, perdiendo oportunidades, y dejando sin solución los problemas estructurales que son esenciales para el desarrollo económico y social de León y su provincia”, ha concluido.

Tras esta crítica, fuentes de la Diputación leonesa trataron de explicar el motivo de la no invitación del alcalde y miembro del Consorcio. Recordaron que la visita de Mayoral fue consecuencia y compromiso -casi el único- de la reunión mantenida entre el ministro de Movilidad, Óscar Puente, y la Diputación, tanto PSOE como UPL, que fueron los invitados ahora cuando ese compromiso de visita se cumplió esta semana con medio año de retraso.

Pocas horas antes, el Partido Popular (PP) había cargado con dureza e ironía contra el pobre resultado del encuentro, especialmente con el “papelón” del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, a quien el Gobierno “ha encargado ser el comercial” de la futura terminal de carga del aeropuerto, en relación a la postura de la dirigente estatal de insistir que Aena no ejecuta estas infraestructuras pero comprometiéndose a poner en contacto a la Diputación con las operadoras de carga aérea del país para ver si alguna está interesada en realizar esa inversión.

“No es lógico que Aena se desentienda del proyecto de la terminal de carga, de la mejora del sistema de aproximación y que su único compromiso sea entregarle los teléfonos de operadores al presidente de la Diputación en un claro ejemplo de tirar balones fuera”, denunció el partido que es principal oposición en el Palacio de los Guzmanes.

A similares argumentos se han sumado incluso partidos minoritarios y sin representación. Así, Izquierda Unida exigió por escrito compromisos claros a Aena, al tiempo que presentaba una iniciativa al Congreso para tratar de forzar al Gobierno a comprometerse. También Alantre vio “esta negativa como un nuevo agravio para León y para el conjunto del País Llionés”, en una velada mención a UPL, socios del PSOE en la institución.

Ese aluvión de críticas que también han recaído en UPL parece estar detrás de la urgencia con la que su portavoz y vicepresidente en la institución provincial, Roberto Aller, anunció hoy mismo el arranque inminente de la redacción del proyecto para construir un nuevo acceso al aeropuerto civil, para el que Aena también se puso de lado, el que transcurriría desde la carretera nacional N-120 a la altura del polígono industrial de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés, y pasaría por el de Valverde de La Virgen. Hoy se ha cifrado en algo menos de 700 metros y una inversión estimada de alrededor de 400.000 euros y UPL la ha calificado como un acceso “clave para el inicio de las operaciones logísticas en el aeródromo leonés, a la espera”, añadieron, “de determinar a qué institución compete la ejecución de la misma”.

Tras esta cascada de reacciones, el presidente de la Diputación emitió una nota de prensa insistiendo en que la reunión con Aena fue bilateral, como le fue antes con el ministro Puente, y quiso rebajar el tono en positivo defendiendo “la necesidad de avanzar en el desarrollo de una terminal de mercancías vinculada al aeropuerto de León, comenzando por aprovechar los vuelos ya existentes para el transporte de carga y utilizando infraestructuras ya disponibles, como la antigua terminal”, tal y como pidió el miércoles la mandataria de Aena.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) celebrará el cuarto pleno externo de su historia fuera de su sede oficial. Será en el Ayuntamiento de de León, en la sede histórica de la plaza de San Marcelo, y será una iniciativa abierta a la ciudadanía. El motivo de esta ocasión extraordinaria y poco usual se enmarca en la conmemoración del noveno centenario de la muerte de la reina Urraca I.

Será la cuarta vez que los académicos de la RAE abandonen el salón oval donde tradicionalmente se celebran sus sesiones para trasladarse en este caso al Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Marcelo de León capital el próximo 14 de mayo.

Las tres ocasiones anteriores han sido la conmemoración del bicentenario de las Cortes de Cádiz en 2012; en 2015 por el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote en Argamasilla de Alba; y en 2023 en Zaragoza en un acto de homenaje a los directores Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar, en el año del centenario de su nacimiento.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que la RAE “mantiene con la ciudad vínculos indisolubles” con la pertenencia de tres leoneses a la institución: Salvador Gutiérrez, que ocupa el sillón de la S mayúscula, José María Merino, (m minúscula) y Luis Mateo Díez (I mayúscula).

Por su parte Salvador Gutiérrez ha explicado que el pleno es el órgano más importante, representativo y decisivo de la Real Academia que “de manera muy excepcional sale de la institución y lo hace por causas y motivos muy especiales”. A este respecto, ha precisado que en esta ocasión se celebrará en León para “honrar el centenario de la reina Urraca, un hecho de enorme relevancia histórica”, pero también “para honrar a tantos escritores y filólogos que han nacido, vivido y germinado sus obras en León”. “No es habitual que una provincia dé tantos buenos escritores y tan buenos académicos de la Real Academia”, ha valorado.

El pleno está previsto para el 14 de mayo a las 13.00 horas y será abierto al público con aforo limitado. Como se supone que el salón de Plenos, recién remodelado, se quedará pequeño, también se habilitará el Salón de los Reyes, con más aforo, para poderlo seguir a través de pantallas.

La elección de León para acoger esta sesión plenaria pretende dar relieve a la conmemoración del 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca I de León, la primera soberana por derecho propio de Europa, reina de León, Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla y amplios territorios del norte de Portugal.

El economista y expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla se ha posicionado a favor de la autonomía leonesa al recordar este sábado en León que el reparto de territorios para conformar lo que fueron las autonomías se desarrolló de una forma “bastante dictatorial”.

“No hubo manera de sacar adelante algo que era de pura lógica, como que León hubiese sido una comunidad uniprovincial como lo es Cantabria”, ha expresado el expresidente cántabro antes de recibir este sábado el Premio Decreta por parte de la asociación homónima.

Una situación territorial que, como ha reconocido Revilla, se ha “demostrado muy positiva para Cantabria”, mientras que la experiencia de León en unión con Castilla “ha sido muy negativa para esta provincia”, según él.

Además de a Revilla, la asociación ha premiado a la periodista y escritora Marta García Aller y al alcalde de León, José Antonio Diez, en un acto que ha tenido lugar en la Sala del Pendón de Baeza de la Real Abadía de San Isidoro de León.

La Asociación de Amigos de los Decreta, creada para salvaguardar y promocionar el legado histórico de los Decreta de Alfonso IX, base de las normas de las primeras Cortes constituidas en Europa con la participación del pueblo en 1188 y que están reconocidas por la UNESCO como Cuna del Parlamentarismo, galardona con estos premios a figuras que promocionan la provincia de León.

El presidente de la Asociación, Juan Pedro Aparicio, ha explicado que estos premios vienen a reconocer los méritos de figuras destacadas de la sociedad que luchan contra el “mayor problema de nuestra provincia, como es el de la invisibilidad que padece, que se hace especialmente patente para los leoneses que viven fuera de su tierra”.

Una de las premiadas, la periodista Marta García ha mostrado su satisfacción por recibir el premio y ha recordado que aunque es madrileña, desciende de familia leonesa y ha aprendido a “amar León desde pequeñita”.

García ha destacado que siempre ha intentado “dar visibilidad a León” y a lo que conoce de esta tierra y el potencial que tiene, el cual “no se está dejando desarrollar”.

Por su parte, el alcalde León ha puesto en valor la labor que desarrollan las asociaciones y fundaciones como la de Amigos de los Decreta para “difundir una parte muy importante de nuestra historia, en este caso los Decreta de Alfonso IX de 1188”.

Para el regidor, los Decreta son parte de una tradición que sirve de base para seguir reivindicando “la lucha de un pueblo por conseguir unos derechos y el cumplimiento constitucional y que es de justicia” para conseguir otro “modelo territorial más justo para León”, ha apostillado. 

Hace justo dos años que el Ayuntamiento de León, con mayoría de votos de la oposición imponiéndose al criterio del equipo de Gobierno del PSOE, aprobó la paralización, negociación e incluso expropiación del solar junto a la Catedral de León del histórico restaurante Luisón ubicado en la Plaza Puerta Obispo, anexo a la muralla, donde se comenzaban a construir apartamentos turísticos. El objetivo claro de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Partido Popular (PP) y Vox era impedir cuanto antes esa construcción, a la que sin embargo meses antes todos los partidos habían otorgado una licencia previamente a que saltara una sonora polémica pública.

Pues bien: el nuevo edificio de apartamentos turísticos ya está completamente ejecutado en su estructura, a falta de pequeños remates interiores. Y de este modo vuelve a tapar la visión de la muralla de León y el lateral del Palacio Episcopal que la demolición del anterior inmueble había desvelado, y que Patrimonio de la Junta autorizó aunque obligando a dejar visible al menos desde el interior del nuevo inmueble.

El asunto ha vuelto hoy, un poco por casualidad, al Pleno del Ayuntamiento de la capital. En una respuesta al portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, que se interesó por el estado de la situación y los motivos del incumplimiento flagrante de la moción aprobada por la oposición hace dos años, se volvió a desvelar la maraña administrativa a la que se ha aferrado el equipo de Gobierno socialista que dirige el alcalde en minoría, José Antonio Diez. Una maraña que ha permitido que la empresa ejecute casi totalmente las obras y pronto comience a funcionar el nuevo y controvertido establecimiento hostelero.

El portavoz socialista, Vicente Canuria, detalló en el Pleno los últimos, lentos y tímidos avances en la tramitación por la que el PSOE abogó para no bloquear la construcción, como le mandató el Pleno, aferrándose no a una actuación concreta en este caso sino a la complejísima revisión completa del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua para, a continuación, intentar modificar no sin menos complicación la totalidad del Plan del recinto Amurallado de la capital. Y es que, como argumentó de viva voz en su día el alcalde Diez tras la imposición de la oposición, a quienes censuró su “vena proteccionista” a posteriori, lo justo sería tratar por igual a todas las construcciones de viviendas adosadas a la muralla de la ciudad, incluyendo la totalidad de las de la contigua calle Serradores. E incluso en el resto de la ciudad.

De ahí que el equipo socialista mandatara al Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV) toda la tramitación, que depende también en última instancia de la Consejería de Cultura y de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Canuria admitió hoy con un eufemismo que este camino administrativo interminable elegido es un “complejo expediente”, recordando además que los técnicos municipales y funcionarios tienen mucho más que hacer que esto en su día a día, “compaginándose con el resto de expedientes, proyectos, obras, direcciones de obras, licencias, planeamientos...” del día a día. Con todo ello, ahora se entiende cómo a la empresa le ha dado tiempo a construir por completo el edificio nuevo en Puerta Obispo, ajeno a las maniobras políticas municipales.

La movilización celebrada este 23 de abril en León, ejerciendo de 'contrafiesta' reivindicativa a la oficial de Castilla y León, se saldó este jueves con un notable éxito de participación al congregar a cientos de personas a lo largo de todo su recorrido por el centro de la ciudad. Convocada con un marcado carácter político y reivindicativo, la marcha puso el acento en la demanda de un futuro propio para la provincia bajo el anhelo de ‘León solo’ para “caminar en libertad”.

La manifestación, que transcurrió en un ambiente muy festivo, con abundante música tradicional leonesa y cientos de banderas, muchas de ellas también de la comarca de El Bierzo, vivió uno de sus momentos más destacados a su paso por la céntrica avenida de Ordoño II, donde la afluencia fue tal que, aunque con cierta dispersión, durante unos minutos estuvo muy cerca de llenarse por completo. El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, con un día de sol y calor que favoreció tanto la asistencia como el seguimiento del acto, entre pancartas, consignas, símbolos leonesistas y alguna que otra reivindicación añadida. Casi en la cabecera, un féretro simbolizaba la situación que los manifestantes consideran que vive León en el actual encaje autonómico.

Entre los asistentes no faltaron caras conocidas de la política y del ámbito social, especialmente vinculadas al leonesismo. Entre ellos destacaron el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez; el exsecretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos; o el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, junto a otros representantes institucionales y de colectivos sociales, y multitud de ciudadanos anónimos.

La jornada concluyó en la Plaza de San Marcelo sin ningún tipo de incidente y con una amplia presencia ciudadana que volvió a situar en el centro del debate la reivindicación de una autonomía propia para León, aprovechando una fecha simbólica que, para los convocantes, refuerza precisamente la necesidad de abrir ese camino político por la vía constitucional.