El proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2027, el primero del reeditado pacto PP y Vox tras las elecciones de principios de año, prevé un incremento del 13,11% respecto a las últimas cuentas públicas aprobadas en 2024, hasta alcanzar ahora los 16.472 millones de euros, la cifra más alta con la que ha contado nunca la Comunidad. Sin embargo, respecto a la propuesta para este año, que no salió adelante por la mayoría insuficiente de los populares tras la ruptura con Vox, la diferencia al alza es de un 4,8%, casi un 5%.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, el leonés Carlos Pollán (Vox), han presentado estas cuentas en una rueda de prensa tras aprobar el documento en el Consejo de Gobierno Extraordinario del Ejecutivo autonómico. Mañueco ha defendido que se trata de un “buen presupuesto”, destinado a cumplir el acuerdo de gobierno de coalición entre PP y Vox, y planteado para tratar de “innovar, competir y liderar”, para “proteger y conectar mejor” los servicios públicos.

Consolidar la posición de Castilla y León, impulsar los sectores productivos, dinamizar el medio rural y hacer de este territorio un lugar “más atractivo” para trabajar, emprender y vivir, son otros de los objetivos del proyecto de ley, en palabras del presidente, quien ha incidido en que se alcanzan los presupuestos más altos de la historia con “los impuestos más bajos de la historia”.

Por su parte, Pollán ha defendido que la Comunidad “está de enhorabuena” por la “normalidad y estabilidad” que este proyecto de ley aporta a la Comunidad, como desarrollo del pacto de gobierno suscrito en el pasado junio.

Ingresos

En el apartado de los ingresos que tendrá la Comunidad en 2027, el proyecto de ley prevé una recaudación de impuestos directos de 4.489 millones, el 30,86% respecto a 2024 como última referencia de presupuesto autonómico aprobado, y eso que ya están prácticamente en retirada los fondos de recuperación europeos. En concreto, recoge Efe, provenientes de impuestos indirectos suman 4.646 millones y de transferencias corrientes del Estado ascienden a 4.743 millones, el 14% más con la actual financiación.

Sin embargo, se produce un ligero incremento del 2,78% en el importe de la recaudación prevista en las tasas, precios públicos y otros ingreso similares, hasta los 240,4 millones y una ligera disminución del 1,1% en el apartado de los ingresos patrimoniales, al quedarse en 41,5 millones, como principales recursos corrientes.

En el caso de la emisión de deuda, la Comunidad prevé para 2027 conseguir por esta vía 1.422 millones de euros, el 9,42% menos que en 2024, cuando fueron 1.570 millones de ingresos por esa vía.

Un 6,5% más de inversiones reales

En el caso de los gastos y su destino previsto en el proyecto de ley, destacan por su cuantía los de personal, al destinar 5.629,8 millones de euros a este fin, el 15,79% más que en 2024, en una partida que representa el 34,18% del total del presupuesto.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que el impacto que tiene el incremento de precios es clave para observar este incremento de los costes asociados al pago de los salarios, que se incrementarán en total el 5,5% de cara a 2027 en comparación con los de 2026.

En el caso de las inversiones reales, se incrementarán el 6,5%, hasta los 1.164,28 millones, y las transferencias de capital alcanzarán los 1.364 millones, el 15,5% más.

Recorte de un 33% a las partidas para sindicatos y patronal

El vicepresidente autonómico ha anunciado que está prevista una reducción de un 33% (4 millones de euros) en las partidas para los sindicatos y organizaciones empresariales -como en las Cortes de Castilla y León-, aunque ha garantizado que se seguirá cumpliendo con la Ley, tras un primer gobierno PP-Vox salpicado de condenas judiciales derivadas de la supresión de fondos para estas entidades.

Además, se está estudiando cómo se utiliza el dinero público que la Junta de Castilla y León entrega a las ONG. Pollán ha explicado que se valorarán los nuevos convenios a medida que concluyan los convenios en 2027.

Mañueco ha destacado que casi el 82% del gasto no financiero, unos 11.250 millones de euros, tendrán como finalidad la “protección y la promoción social” y “sanidad, educación y cultura”. Dicho de otro modo, ocho de cada diez euros para las consejerías sociales, siendo las de Vivienda y Educación como las que más crecen respecto al último presupuesto.

El gasto total por secciones indica que la consejería que más crece es la de Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer, sin comparativa en legislaturas anteriores, con 257,67 millones, el 69,76% de incremento, frente al 13,11 de media de las cuentas autonómicas, pero sólo supone el 1,56% del total presupuestario.

Un centro de formación para las familias

Educación llegará a los 2.724 millones, y eso que se le han quitado las universidades, con un aumento del 22,15%, con medidas como la gratuidad de la primera matrícula de grado, o la novedad de un centro de formación a las familias, que según ha explicado Mañueco se presentará más adelante, por lo que no entró en detalles.

Las políticas de familia, que se engloban en varias consejerías, tendrán un incremento del 32% hasta los 3.581 millones de euros. Economía y Hacienda crece un 4,05%, Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental un 16,53%; Medio Ambiente y Energía un 1,56%; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial el 18,61%, y la consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, donde ahora dirige el único leonés del Ejecutivo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el 8,65% a mayores.

Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la consejería que corresponde a Pollán, contará con 457,67 millones, 13,38% de incremento y el 2,78 del total de las cuentas autonómicas para 2027, y la otra consejería de Vox, además de Agricultura, la de Cultura, Turismo y Deporte crece un 1,02% con 216,86 millones.

5.604 millones para Sanidad

La Sanidad tendrá un presupuesto de 5.604 millones de euros para mejorar la atención primaria, mejorar la atención especializada con más prestaciones, más equipamiento, más tecnología, más personal, más inversiones en centros de salud y hospitales, ha anticipado Mañueco, de momento sin más detalle tampoco.

Respecto de la educación, el presupuesto serán 3.308 millones de euros para “cuidar, por un lado, a los alumnos, a las familias, también a los docentes, al medio rural y al conjunto del sistema educativo”, con planes específicos para el refuerzo de lectura y de la escritura; un entorno emocional cada vez mejor en el aula ordinaria y como novedades un centro de formación a las familias y, por otro lado, y el impulso de medidas de apoyo para aquellos hijos con altas capacidades.

Mañueco ha anunciado que quieren que todas las aulas sean, desde el punto de vista de la temperatura, lo más confortables posibles y, también, más modernas todavía, por lo que culminarán el proceso de conectividad y de digitalización de la conexión a Internet de todas las aulas.

1.758 para Servicios Sociales

En Servicios sociales, las cifras son 1.758 millones de euros para seguir dando oportunidades a quienes más lo necesitan y ofrecer protección a personas mayores, personas con discapacidad, los menores, las personas sin relación vulnerable, las familias de clase media que afrontan el futuro con dificultades.

Mañueco ha explicado que en esa área, que las políticas de promoción y de apoyo a la mujer tendrán un aumento de un 27% y una cifra absoluta de 24 millones de euros.

Pollán también ha sostenido que se avanzará “en uno de los grandes retos de nuestro sistema de protección, que es preparar a esos adolescentes y jóvenes tutelados para su transición a la vida adulta, favoreciendo progresivamente su autonomía personal y ofreciéndoles herramientas para construir su proyecto de vida”. “Otra cuestión que este Gobierno va a afrontar con determinación es la convivencia, la disciplina y la seguridad en los centros de protección a menores que dependen de la Junta de Castilla y León”, ha advertido.

El vicepresidente ha explicado, además, que el presupuesto de los servicios sociales básicos e inclusión social contará con 63,3 millones, para seguir apoyando económicamente a las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito, exigiendo, a cambio, una gestión responsable de los fondos públicos.

“Las ayudas públicas han de llegar a quienes realmente las necesitan. Nuestro propósito no es mantener a las personas en situación de precariedad, sino proporcionarles herramientas para salir a la calle y salir de ella”, ha zanjado.

Ponferrada da un nuevo paso para transformar el entorno del casco antiguo de la capital de la comarca de El Bierzo con la aprobación unánime del convenio urbanístico con la compañía Endesa para cubrir el canal de Cornatel, que lleva casi dos décadas de espera y que contará con casi cinco millones de euros.

El acuerdo, respaldado por los socios de Partido Popular (PP) y Coalición por El Bierzo, contó también con el visto bueno del PSOE y Vox, en el Pleno extraordinario celebrado este martes, permitirá avanzar en una actuación que contempla una inversión cercana a los cinco millones de euros y que lleva casi dos décadas pendiente.

El proyecto fue sellado este pasado verano y abarcará unos 200 metros de longitud y 8.000 metros cuadrados, entre las calles Obispo Osmundo y Cruz de Miranda. La intervención contempla crear un recorrido peatonal accesible, mejorar la movilidad y la seguridad vial y eliminar la barrera urbana que supone actualmente el canal. También se demolerá el puente existente para integrar su superficie en la nueva plataforma y reubicar el acceso al casco antiguo.

La financiación se distribuirá entre el Ayuntamiento, que asumirá el 60% del coste mediante el Plan Ponferrada Inspira y fondos europeos Feder, y Endesa, que aportará el 40% restante, con un máximo de 1,8 millones de euros por su parte.

Tras el respaldo plenario, el Consistorio formalizará el protocolo con la compañía, a pesar del ya anunciado en julio, y podrá iniciar los trámites para desarrollar la actuación.

La teniente de alcalde y concejala de Fondos Europeos, Lidia Coca, calificó la aprobación como un “hito” para la transformación urbanística de la ciudad y defendió que permitirá «deshacer la brecha urbana» en la zona alta. “Pasaremos desde el papel de 2007 a la realidad”, afirmó, en referencia a los antecedentes del proyecto, recoge Efe.

Desde 2007

Cubrir el canal ya figuraba en los planes municipales desde 2007, cuando el Ayuntamiento, durante el mandato del popular Carlos López Riesco, alcanzó un acuerdo con Endesa para financiar conjuntamente la intervención. Las obras llegaron a adjudicarse en 2010 a la empresa Rayet, pero distintas incidencias llevaron a resolver el contrato y dejaron la actuación sin terminar.

El portavoz socialista, Olegario Ramón, confirmó el apoyo de su grupo porque considera que la obra permitirá eliminar una barrera que divide una parte importante de Ponferrada. Sin embargo, lamentó que hayan transcurrido tantos años sin una solución y sostuvo que el proyecto actual es menos ambicioso que el planteado inicialmente, al no contemplar, por ejemplo, un edificio de recepción de turistas.

Ramón también cuestionó las condiciones de financiación propuestas por Endesa y, en particular, la posibilidad de deducir el 40% de su aportación mediante su acogimiento a la ley de mecenazgo. El PSOE defendió que su voto favorable no supone eximir a la compañía de responsabilidades.

Por su parte, el portavoz de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, celebró el avance de una demanda histórica y destacó la posibilidad de incorporar zonas ajardinadas y espacios de descanso en uno de los accesos al casco antiguo. No obstante, reclamó un mayor compromiso de Endesa con Ponferrada y con el conjunto de la comarca. Vox también respaldó el convenio, sin realizar valoraciones durante el debate.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), presentarán este martes 13 de octubre el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, después de dos ejercicios prorrogados, y que serían las terceras Cuentas de PP y Vox, tras las de 2023 y 2024 de la pasada legislatura.

La presentación se producirá en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que estará condicionada por las restricciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe a los poderes públicos organizar actos institucionales que ensalcen sus logros de gestión durante el periodo electoral.

El proyecto tomará como referencia el límite de gasto no financiero aprobado el pasado miércoles por las Cortes, de 15.104,54 millones de euros, un 6,5 % más que el anterior, con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo del PSOE, UPL y Por Ávila, mientras que Soria ¡Ya! se abstuvo.

Las cuentas de 2024 fueron las últimas aprobadas en Castilla y León, después de que el Ejecutivo autonómico no lograra sacar adelante nuevos presupuestos para 2025 y 2026, ejercicios en los que se mantuvieron prorrogadas las anteriores debido a que el PP quedó en minoría tras la ruptura de su coalición con Vox.

La presentación de este martes abrirá así una nueva fase de la tramitación presupuestaria, con el objetivo de que Castilla y León disponga de nuevas cuentas para 2027 tras dos años consecutivos de prórroga.

Pedro Sánchez abre la precampaña a las elecciones generales del 29N en la provincia de León en un acto multitudinario en La Térmica Cultural de Ponferrada. El presidente del Gobierno se dio un baño de masas en el bastión socialista del noroeste, con la Sala de las Calderas abarrotada, hasta el punto de que fue necesario habilitar otro espacio con pantallas para las cerca de mil personas que se quedaron sin hueco.

No eran ni las diez de la mañana cuando los asistentes se agolpaban ya a las puertas del museo berciano. Dentro, el grupo Los Flekiss se encargó de amenizar la espera tocando versiones de Estopa, Melendi o Ska-P. El acto, previsto inicialmente para las once de la mañana, comenzó finalmente a las doce. El público, de pie, recibió a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo y a la eurodiputada Iratxe García, agitando banderas del PSOE, del Bierzo, de Asturias, de España y arcoíris, en apoyo al colectivo LGTBI.

Tras un breve vídeo apelando a la movilización del voto progresista, Sánchez irrumpió en la sala al ritmo de Resistance, de Muse, arropado por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, la vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Sánchez, cercano, estrechó manos, abrazó y se hizo fotografías con los asistentes a lo largo de todo el pasillo antes de sentarse en la grada, rodeado de jóvenes, entre aplausos y gritos de “¡Pedro, presidente!”.

“Se nota, se siente la fuerza de la gente”, arrancó Sánchez ante un público entregado que había coreado ya durante la espera consignas a favor del PSOE. El presidente situó precisamente en esa “fuerza de la gente” el eje de su discurso de precampaña y lanzó un mensaje de victoria: “Por eso les vamos a ganar el próximo 29N”, aseguró, en referencia a la cita electoral del 29 de noviembre.

Y desde Ponferrada lanzó también una petición al Tribunal Supremo por otra de las batallas electorales abiertas de cara al 29N: el derecho al voto de los españoles nacionalizados al amparo de la llamada ley de nietos. Sánchez acusó a PP y Vox de haber presentado una denuncia para que 400.000 españoles no puedan votar en las próximas elecciones y reclamó al alto tribunal que frene lo que calificó de “intento de atropello” de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

“Nunca les gustó la Ley de Memoria Democrática”, afirmó el presidente, que defendió que se trata de españoles que ya ejercieron su derecho al voto en 2023 y 2025 y que deberían poder volver a hacerlo en 2026. “¿Es constitucional? ¿Se puede decir a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho al voto que no lo pueden volver a hacer en el año 2026 porque no lo quiere Feijóo y no le gusta a Abascal?”, planteó.

Sánchez llevó entonces el debate al origen de estos nuevos ciudadanos españoles. “¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?”, preguntó. Y terminó dirigiéndose directamente al Supremo: “Yo le pido desde aquí al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal porque en una democracia el derecho al voto no se restringe, se garantiza”.

La vivienda volvió a ocupar un lugar central en su intervención, en línea con el discurso con el que el PSOE abrió el sábado la precampaña nacional. Sánchez recuperó el caso de Mari Carmen, la mujer desahuciada de su vivienda cuya muerte ha irrumpido de lleno en el debate político, y recordó sus palabras: “Que lo que yo he sufrido no lo sufra nadie más”. “Vamos a honrar esa causa”, afirmó el presidente, antes de presentar la vivienda como “la causa” de esta generación: “Cada generación tiene su causa. La nuestra será la de la vivienda y la vamos a ganar como se ganan siempre las luchas, con la fuerza de la gente y con una mayoría progresista”.

El líder socialista enlazó esa reivindicación con una defensa de las políticas de su Gobierno y dirigió su discurso a trabajadores, jóvenes y mujeres, además de reivindicar las políticas de empleo y el feminismo. También volvió a situar Gaza en su intervención para defender la posición del Ejecutivo ante el conflicto y reivindicar que España reconociera el Estado palestino. Sánchez contrapuso esa actuación a la de sus adversarios y aseguró que el Gobierno progresista fue “valiente” al decir no al 5% de gasto militar que, según su intervención, se le reclamaba y sí al reconocimiento de Palestina.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, había preparado el terreno reivindicando la movilización de la militancia. “Ponferrada nunca falla, El Bierzo nunca falla, León nunca falla”, proclamó, antes de pedir disculpas por el desbordamiento del aforo y comprometerse a duplicarlo en una próxima ocasión para que nadie se quede fuera. Martínez definió el encuentro como el primer gran acto del PSOE después de las elecciones autonómicas y agradeció el respaldo obtenido por los socialistas en la provincia. “En León el cambio es posible”, sostuvo.

En su intervención también hubo espacio para el feminismo y para recordar el caso de Nevenka Fernández, que Martínez situó como referente para avanzar hacia una sociedad “de iguales” y feminista. El dirigente socialista incorporó además al discurso el fallecimiento de Mari Carmen y habló de una mujer que, a su juicio, “ha prendido una llama que nos interpela a todos”.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE de León, agradeció a Sánchez haber elegido Ponferrada para abrir la precampaña y reivindicó el apoyo histórico de la provincia a los gobiernos socialistas. “Esta es una tierra de luchadores, gente trabajadora”, afirmó antes de lanzar su pronóstico electoral: “El PSOE va a ganar las elecciones en El Bierzo, en León y en España”. También tuvo un recuerdo para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que envió “un abrazo desde su tierra”, antes de cerrar su intervención con un contundente “¡A ganar!”.

Nuria Rubio, vicesecretaria autonómica del PSOE, reivindicó por su parte sus orígenes vinculados a la cuenca minera de Laciana y utilizó esa procedencia para reforzar el discurso identitario de la jornada: “Quiero reivindicar quiénes somos y de dónde venimos. Yo, que soy de cuenca minera. ¡Somos obreros!”, proclamó ante los asistentes.

En el tramo final de su intervención, Sánchez volvió a apelar a “la fuerza de la gente que necesitamos para seguir avanzando” y planteó el próximo ciclo electoral como una disyuntiva entre el proyecto socialista y el de la derecha. “¿Queréis a Feijóo y Abascal o al PSOE?”, preguntó a los asistentes, que respondieron con aplausos y gritos a favor del presidente. El líder socialista defendió que su Gobierno ha logrado avances, aunque admitió que “queda mucho por hacer”.

Sánchez proyectó entonces su visión de España para 2030, con más vivienda protegida, un mayor desarrollo de las energías renovables y avances en la lucha contra el cambio climático. También situó entre sus objetivos la reducción del abandono escolar para ampliar las oportunidades de los jóvenes y cargó contra lo que definió como el “terraplanismo de la ultraderecha”.

“Yo pido una mayoría amplia y progresista para llegar más lejos y antes en la conquista de avances sociales”, reclamó antes de cerrar el acto con un “ánimo y a por ello”. Un final en alto ante un público entregado que no se movió de la silla hasta la una del mediodía.

Contrariamente a lo esperado por el gobierno de Sánchez, Junts per Catalunya le ha dado la espalda y lo ha dejado a los pies de los caballos sin miramiento alguno. De poco le ha valido al PSOE fomentar la lenificación del desafuero catalán que mandó a Puigdemont a residir en Bélgica, justo donde Napoleón perdió su última batalla. Facilitar el regreso del prófugo catalán con una trabajada amnistía, dejando pelo en la gatera y no pocos revolcones periodísticos y acometidas parlamentarias, no ha tenido la gratitud como recompensa.

Tras la dramática e inconclusa crisis de Ceuta, un espejismo sobrevenido pareció ocultarla. Se trataba de legislar sobre la demanda social de vivienda y los desahucios. Una semana antes del hipotético regreso del político gerundense, Junts dio la sorpresa votando en contra de tal legislación y dejó caer un gobierno al que llevaba sustentando desde hace varios años. Aborrecía con ello la única vía de borrón y cuenta nueva que le brindaron tras sus veleidades independentistas allá por 2017. La fábula del labrador y la víbora puede ser toda una alegoría.

'La pela es la pela' y nadie sabe que oscuros entresijos mueven a este partido conservador catalán a tomar tan controvertida decisión. Su equivalente vasco, los carlistas del PNV, votaron a favor. Partido Popular y Vox, como Junts, votaron en contra. La endeblez de la Comunidad de bienes del PSOE y otros se hace patente y hasta integrantes del gobierno como Sumar, en una pirueta de difícil digestión, agita las aguas. Aguas algo más calmadas en Ceuta pasan a segundo plano. La Puerta del Sol de Madrid, como las playas ceutíes, se llena de tiendas de campaña.

El problema del alquiler

Otras provincias españolas se hacen eco y las concentraciones en demanda de una solución al problema de viviendas y alquileres se propaga. Convoca un sindicato que se dice de inquilinas, no porque sólo se vean afectadas mujeres, sino porque lleva el tinte de un Podemos que se extingue. El Gobierno pese a contar con socios Mister Jekill de noche y Doctor Hide de día, no consigue salvar los muebles y las tesis que podrían haber sido su tabla de salvación se desvanecen. La voz de la calle queda en manos de los campamentos improvisados. 

Los manifestantes aguantan en su acampada durante días, están bien organizados, no dejan residuos visibles, hay rancho para todos de buen aspecto y son respetuosos incluso con provocadores enviados por sus adversarios, a los que tratan de alejar de su entorno civilizadamente –¿Alguien concibe un alborotador en medio de una manifestación de Vox llevando la contraria?– y acaban rodeando el Parlamento para presionar con la amenaza velada de huelga general si la legislación no recoge sus demandas. Pero el fracaso se consuma.

El Gobierno no ha tenido prisa por resolver este asunto que poco a poco ha crecido cual bola de nieve. Se precipita en legislar con tantas prisas en la redacción del texto que incluso la ministra del ramo lo desconoce y el ardid se derrumba como un castillo de naipes. La oposición conservadora bate tambores de elecciones anticipadas, lo que no ha podido hacer tejiendo alianzas, se lo ha traído una deserción y la degradación de varios socios de gobierno que, caudillistas ellos, caminan con paso firme y decidido hacia la nada. La izquierda languidece. 

Y ahora elecciones

Y ahora elecciones. Poco es el adelanto de unos comicios que habían de celebrarse de cualquier manera en 2027. Sánchez ha obrado como esos atrevidos excursionistas que tratan de salvar cursos de agua pisando sobre pasiles o piedras de inestabilidad manifiesta. Su equilibrio siempre ha sido precario, pero con notable habilidad ha ido sorteando la caída y, siempre a trompicones, ha encontrado los apoyos necesarios para ir tirando. Pasiles tenía de muy escasa consistencia: un Sumar que resta y un Podemos que no puede, han sido como las muelas con caries que sirven para la sopa, pero no para el mendrugo. Otros pasiles eran falsarios, como los de Junts. Dichas formaciones constituían el grueso de sus apoyos.

ERC y Bildu por la izquierda y PNV por la derecha, se han mantenido fieles al gobierno contra todo pronóstico. El resto de partidos, con un diputado cada uno, son irrelevantes, es un quiero y no puedo, a lo más un apósito. Por otro lado, una coalición entre el PP y Vox no ha concedido tregua desde el minuto uno en su tarea de acoso y derribo al gobierno. Pero no están fuertes en Aritmética y ponen sordina a la mayor suma de apoyos que hasta estas fechas había recolectado el PSOE entre afines y no tan afines. Las fuerzas conservadoras no aceptan que una mayoría de representantes parlamentarios pueda rechazar reiteradamente sus tesis. 

¿Cuál es el futuro tras las elecciones?

Ahora todo apunta a que PP y Vox tomarán las riendas del gobierno en los próximos comicios generales. Su problema es que heredarán problemas candentes: Ceuta y vivienda-desahucios, que no desaparecerán como por ensalmo. Se avecinan días de corridas de toros, misas, romerías y procesiones en vivo y televisadas. El Nacionalcatolicismo amenaza con volver. Puigdemont muy probablemente regresará y su partido puede pagar caro peaje por esta desafección; y muy probablemente no encuentre a su vuelta el calor que espera. ¿Cómo recibirá un hipotético gobierno de PP-Vox tal regreso después de todo lo que vomitaron contra él? ¿Lo mandarán directamente a presidio? No. Seguramente donde dijeron digo dirán Diego.

El PSOE lamerá sus heridas y podría correr incluso riesgo de desaparecer a pesar de la resaca de las manifestaciones por el ‘Decreto Maricarmen’. Sánchez ha mentido hasta la saciedad, pero la despiadada persecución a la que ha sido sometido es inaceptable, menudeando insultos, descalificaciones y denuestos. Claro que el palmarés de Pedro Sánchez Castejón dista mucho de ser ejemplar. Ha adoptado medidas por las que debería pedir públicamente perdón. Ha practicado una política que podrían suscribir como propia sus furibundos detractores y acredita miserias como abandonar a los saharauis, que le perseguirán mientras viva. 

¿Y León?

¿Y qué ocurrirá después en León? León es un reino palustre y las aguas estancadas sólo crían seres que han de evolucionar por el fondo o ascender por restos orgánicos en descomposición. En las aguas cenagosas reina la quietud y no es necesaria la voz. Así es que en León no ocurrirá nada y seguirá mudo. Aumentará el número de diputados y senadores populares y quizá de Vox. El PSOE pagará el precio de su política a nivel central y conocerá puñaladas ‘amigas’.

Todos nuestros representantes prometerán progreso y bienestar, pero nadie se engañe, cuando sublimen los intereses de León o de España, entienda todo el mundo que están hablando de sus propios intereses o los de su partido.

León importa nada. Es triste, pero es lo que tenemos.

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones generales para el 29 de noviembre y la maquinaria de los partidos en la provincia de León, que había comenzado a despertar con el horizonte seguro de las elecciones municipales de mayo del año que viene, tiene que dar un arreón porque en poco más de 50 días se vota en una cita electoral decisiva.

Para empezar tanto PP como PSOE lanzan ya mensajes de victoria en unas elecciones que repartirán cuatro diputados y cuatro senadores por la provincia de León. En la última cita electoral, las autonómicas del 2026, el PSOE ganó al PP por menos de 1.000 votos con UPL terceros y Vox cuarta, dentro de los partidos que obtuvieron representación de procuradores. En las generales del 2023 fue el PP el que logró la victoria por casi 10.000 votos de diferencia con el PSOE con Vox terceros y UPL cuartos.

Pero al margen del reparto de escaños el proceso electoral abre varias incógnitas en los partidos que se tendrán que ir resolviendo conforme se acerca la fecha, entre otras las candidaturas. En el PSOE el nombre de Javier Alfonso Cendón seguirá encabezando la papeleta al Congreso con toda probabilidad, al igual que nadie en el partido apuesta porque Andrea Fernández repita como número dos. Las apuestas internas son que nombres bercianos pasen a copar el segundo puesto al Congreso y también al Senado. Se espera que en esta ocasión el proceso se acelere y se conozcan los nombres en menos de dos semanas. El Comité Provincial que propone los nombres de las candidaturas se debe convocar en menos de una semana.

Otra cuestión que se abre es el proceso de primarias internas para elegir las candidaturas de León, San Andrés y Ponferrada, con especial foco en la ciudad leonesa por el enfrentamiento abierto entre el regidor José Antonio Diez y Javier Alfonso Cendón. El PSOE federal ha aplazado las primarias de noviembre menos donde tiene el alcalde, es decir León ciudad. Hasta el 8 de octubre está el plazo interno para que el alcalde confirme que quiere seguir pero luego se abren dos días, lunes 12 y martes 13 para que se puedan solicitar primarias y lograr los votos de la mitad más uno de la militancia local entre el 17 y el 21 de octubre. Si se logran se puede ir a las urnas pero ya sería en noviembre a las puertas de la campaña electoral. Y otra incógnica en el aire, ¿hará campaña el alcalde Diez por el PSOE para las generales o bien pasará como hizo en las autonómicas?

En el PP queda por saber si Ester Muñoz seguirá como candidata por León al Congreso o bien pasa a la lista de Madrid como se ha insinuado en medios conservadores madrileños. Desde luego que la portavoz del PP en el Congreso será una de las voces fundamentales en la campaña electoral, asentada en el entorno del candidato Alberto Núñez Feijóo como uno de sus valores al alza. Lo que sí tendrá que cambiar el PP, si Muñoz sigue encabezando la lista leonesa, es a la actual diputada Silvia Franco, ya que la ley del 2024 ordena que haya listas cremallera por lo debería ser un nombre en su caso. El PP leonés deberá dirimir también si hace algún cambio en los nombres al Senado, renovados en la última cita del 2023 aunque Antonio Silván lleva ya dos legislaturas.

Los leonesistas de Unión del Pueblo Leonés deberán dirimir, por su parte, si se presentan a las elecciones generales, en un contexto de gran polarización de bloques que a priori no les favorece. En la cita del 2023 lograron ser la cuarta fuerza política con más de 22.000 votos pero lejos de conseguir representación. El partido que dirige Alicia Gallego deberá decidir si acudir y luego el nombre de quien encabeza la papeleta al Congreso, y al Senado teniendo en cuenta que obtuvieron bastante mejor resultado en la segunda cámara con hasta 10.000 votos más. En la cita electoral adelantada a UPL se le ha cruzado también las primarias para elegir candidatura al Ayuntamiento de León, cuyas fechas no se conocen pero se deberán ajustar al nuevo calendario electoral.

Por su parte Vox apuesta por volver a tener representación en el Congreso por la provincia de León. En los demás partidos no se descarta en absoluto el reparto 2-1-1, con un escaño para la tercera formación. El crecimiento en intención de voto de la formación se puede ver beneficiado además de que a los leonesistas no les va tan bien en las generales como en las autonómicas y aspiran a sumar diputado nacional. En las últimas dos elecciones generales la lista la ha encabezado Pablo Calvo Liste, que fue diputado entre 2019 y 2023 pero no logró acta en la última convocatoria.

Cuatro escaños de diputado de reparto

La pérdida de un escaño por el descenso de población en la provincia de León que se produjo para las elecciones generales de 2016 provoca una distorsión importante en los resultados electorales, dificultando enormemente el acceso a conseguir un escaño para un tercer partido. De hecho, en las últimas elecciones generales de 2023 se produjo un empate, perdiendo Vox el diputado que había conseguido en las segundas elecciones generales de noviembre de 2019, el mismo que había arrebatado a Ciudadanos que había mantenido en las de abril de aquel año.

La última vez que hubo elecciones generales con cinco diputados, en 2015, fue el mayor reparto en la historia de escaños en número de distintos partidos en la provincia de León, cinco: con dos del PP, y uno para PSOE, Podemos y ciudadanos. En las siguientes de 2016 fueron dos para el PP, uno para PSOE y uno para Podemos, y en las primeras de abril en 2019, dos PSOE, uno PP y uno Ciudadanos, mientras que en las segundas de ese año en noviembre fueron los de Abascal los que lo consiguieron, quedando igual PSOE (2) y PP (1).

Aunque de cuatro elecciones generales con una circunscripción leonesa de cuatro escaños (2016, las dos de 2019, y 2023) en tres de ellas un tercer partido ha conseguido colarse, no es algo que resulte fácil. Para conseguirlo es necesario que consiga tener al menos la mitad de votos mas uno que el que quede segundo. Para tener en cuenta lo que esto significa, Vox, que es el único partido que ha conseguido entrar en el reparto y que a día de hoy podría conseguirlo por su ímpetu nacional, hubiera necesitado en 2023 unos 46.300 votos, pero sacó 35.451. En las anteriores de 2019, cuando consiguió por primera vez representación en el Congreso de los diputados fue en unas elecciones en que el ganador (con 87.896 votos fue el PSOE que obtuvo dos puestos) y el segundo, el PP sacó 74.672 (y un escaño).

Pero la tendencia de votos para el primero subió en 2023, generales que ganó el PP en la provincia de León con 101.605 votos, quedando el PSOE con 92.578 y repartiéndose los dos puestos y 'jubilando' al diputado de los de Abascal, Pablo Linde, del Congreso. De seguir la tendencia más o menos igual, incluso si se diera un pequeño bajón del PSOE Vox necesitaría superar los 45.000 votos para arrebatarle el segundo escaño y, para ver su fuerza electoral, en las autonómicas de febrero de este año consiguió 38.785 papeletas. Con una circunscripción de cinco lo conseguiría seguro con esa cifra, pero con una de cuatro, no: debe superar la regla de 'la mitad mas uno' sobre el segundo.

La otra incógnita es la del eterno candidato a conseguir un escaño en Madrid, la UPL. Nunca lo han conseguido, pese a estar cerca en las del año 2000, y la formación leonesista aún tiene que tiene que confirmar que se va a presentar en estos comicios del 29N. De no hacerlo, sus 22.675 votos se repartirían de forma desigual, pero lo que sí provocarían es que Vox lo tuviera más difícil, porque en una conjetura de que al no presentarse se repartieran la mitad de sus votos por igual entre los partidos mayoritarios, estos todavía cogerían más distancia sobre los de Abascal, que necesitaría subir más en las urnas. Lo que sí parece es que, incluso presentándose los autonomistas leoneses, no sería nada fácil conseguir el escaño.

Lo mismo ocurre con los partidos de izquierda, tanto el nuevo Frente Amplio como Podemos, ya que las dos formaciones juntas sacaron 22.675 en las últimas de 2019 y 18.577 en 2023 en la coalición Sumar. Si ya juntos los apoyos les dejarían muy lejos de la posibilidad de representación en Madrid, si acuden por separado sería del todo imposible.

El partido Vox se acaba de inventar en Ponferrada, en la provincia de León, una modalidad de pisos sociales inexistente y que ha dado en llamar Vivienda de Prioridad Nacional (VPN). Se trata de un eufemismo para tratar de imponer un rechazo al hecho de que cualquier persona, independiente de su nacionalidad, procedencia o tiempo de residencia, pueda acceder en igualdad de condiciones a una vivienda pública.

Ocurrió en un tenso debate plenario en el que, para apoyar un convenio de cesión de una parcela municipal a la Junta de Castilla y León, para que esta construya 80 pisos sociales, consiguió imponer como requisito imprescindible el criterio de la prioridad nacional. Un criterio que estos días han aireado nuevamente en sus redes sociales.

En concreto, a través de una enmienda al convenio, impuso que se exija a los solicitantes de esas futuras viviendas la obligación de haber estado al menos diez años empadronados en Castilla y León, añadiendo a posteriori “y en España”, al advertir que lo primero causaría todavía mayores exclusiones.

En el Pleno celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento de la capital de El Bierzo, esa exclusión que los dos concejales del partido de Santiago Abascal pusieron como condición innegociable para su voto a favor del convenio de cesión del suelo salió adelante gracias a los votos del equipo de Gobierno en minoría en Ponferrada, es decir, del Partido Popular (PP) y Coalición por El Bierzo (CxB). Tan sólo el Grupo Socialista votó en contra de la controvertida medida, que su portavoz, Olegario Ramón, equiparó al concepto de “comunidad del pueblo” del régimen nazi de Hitler, que defendía, recordó, una sociedad alemana unida exclusivamente por lazos raciales, étnicos y de sangre, y que “llevó a millones de personas que sufrieron”.

En la defensa de este criterio, la portavoz de extrema derecha, Patricia González, celebró que el alcalde popular, Marcos Morala, “por primera vez suelte la mano del socialismo” y apoyara sus dos enmiedas al texto del convenio de censión de la parcela en el barrio de La Rosaleda. Y celebró que la unión de nuevo de los tres partidos de derechas permita este “primer paso a la prioridad nacional en nuestra ciudad”.

Del tripartito y los sueldos sin cargo a constantes encontronazos

Hay que recordar la mala relación que se ha ido produciendo entre los ediles de Vox, que en campaña prometieron entrar en el Consistorio literalmente con una motosierra, y el equipo de Gobierno de PP y Coalición por El Bierzo desde que saltara por los aires su tripartito inicial del mandato en Ponferrada. Un acuerdo que sólo fue posible cuando se aprobó poner un sueldo de 2.357 euros al mes a los dos concejales de Vox, que percibieron durante meses a pesar de no tener concejalía ni cargo alguno. Su ruptura acabó con un constante desafío al PP, que quedó en una delicada minoría junto a los bercianistas.

A mayores de la enmienda de la prioridad nacional, Vox también introdujo -y apoyaron PP y CxB- otra que impediría concurrir a los pisos de la Junta, que construirá la sociedad pública Somacyl, a quienes estén incursos en “procesos de okupación, usurpación o allanamiento”, resumió Patricia González. Ante el silencio del regidor, que se puso de perfil en este tenso debate, la portavoz popular, Lidia Coca, quiso matizar que lo aprobado ahora no es un criterio inminente ni que el Ayuntamiento ponferradino pueda imponer, sino que “tendría que ser ratificado por la Junta de Castilla y León”, incluyendo estas exclusiones, también la prioridad nacional, en los criterios de selección para todsa la Comunidad.

Un criterio totalmente inexistente

Lo curioso es que entre los criterios en vigor desde 2018 para ser demandante de una vivienda de protección pública en la Comunidad ya figura la imposibilidad de que lo haga quien haya sido “desahuciado de una vivienda protegida” o quien haya “ocupado una vivienda protegida sin título suficiente para ello”, como se puede comprobar aquí. Cosa muy distinta es la imposición del empadronamiento, que nunca ha aparecido por ningún lado.

No ha aparecido hasta ahora en Castilla y León, pero el Gobierno autonómico de coalición de PP y Vox que preside Alfonso Fernández Mañueco sí ha manifestado su intención de asumir la polémica prioridad nacional plenamente. No sólo está incluido entre los puntos de su acuerdo de Gobierno cerrado tras las elecciones autonómicas de este año, sino que ya han mostrado públicamente su intención de comenzar a imponerlo y además en materia de vivienda.

Empezar la prioridad nacional por las ayudas de alquiler

Así lo aseguró en julio el consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, que a preguntas de ILEÓN admitió que incorporarían el criterio de la prioridad nacional ya desde la siguiente convocatoria de las ayudas al alquiler de viviendas, que saldrá en apenas dos meses, a final de año. “Podríamos introducir alguna modificación, vinculándolo más al elemento del arraigo”, afirmó. Incluso detalló que ese “arraigo” se exigiría a través de criterios a mayores, como “ese empadronamiento y ese tiempo de resistencia en nuestra Comunidad Autónoma” de todos los peticionarios.

En Ponferrada, el PSOE, que insistió en que “jamás vamos a asumir” criterios como la prioridad nacional, trató de ofrecer un acuerdo al equipo de Gobierno para impedirlo, votando a favor del convenio de cesión del solar sin esa imposición de Vox. Pero el PP mantuvo su postura y la defendió también el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, que retorció el término apostando por lo que “para nosotros es prioridad regional”, en referencia a la Región de El Bierzo que su partido proclama. Sin embargo, consciente de que su apoyo a Vox podría grajearle críticas, quiso compensarlo con el discurso de que para su formación “cualquier persona que viene (a El Bierzo) a desarrollar su proyecto de vida, aquí es tan berciano como el que más”. Para terminar, el socialista y exalcalde Olegario Ramón pedía sin éxito al PP recular con la medida y para ello se preguntó qué sentiría votando a favor, como lo hizo, la concejala de Interculturalidad, Ivelisse Martínez, de origen sudamericano.

El PSOE ha visto rechazada en las Cortes de Castilla y León su iniciativa para impulsar la protección y conservación de las sebes tradicionales de la provincia de León, un patrimonio natural, cultural y paisajístico en riesgo de desaparición. El bloque en el Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox impuso sus diez votos en contra frente a los siete que sumaron el Grupo Socialista y el Grupo Mixto en una Comisión de Medio Ambiente que preside el leonés y alcalde popular de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza.

Los procuradores del PSOE de León han reclamado, sin éxito, a la Junta de Castilla y León medidas para inventariarlas, protegerlas e incorporar su conservación a las políticas autonómicas de biodiversidad, infraestructura verde y lucha contra el cambio climático. Pero se han topado con la total negativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

La vicesecretaria general del PSOECyL y procuradora por León, Nuria Rubio, ha lamentado el rechazo de la proposición no de ley (PNL) y ha advertido de que “las sebes son parte de la identidad de nuestros pueblos”, defendiendo que su conservación debe formar parte de las políticas públicas de protección del territorio. “Hoy pedimos algo tan sencillo y tan importante como que dejemos de mirar hacia otro lado mientras desaparecen”, señaló Rubio, quien ha recordado que las sebes están presentes en numerosas comarcas leonesas y representan una forma tradicional de entender y cuidar la tierra.

La dirigente socialista ha subrayado que las sebes no solo tienen un valor cultural y paisajístico, sino también una importante función ambiental. Sirven de refugio para numerosas especies, actúan como corredores ecológicos, protegen los suelos frente a la erosión, conservan la humedad, reducen los efectos del viento y favorecen la presencia de insectos polinizadores.

Rubio ha criticado que, pese a la importancia de estos elementos, “la Junta subvenciona actuaciones ambientales, pero no cuenta con una línea específica y reconocible para proteger este patrimonio leonés”. “Después de casi cuatro décadas gobernando esta comunidad, ya no puede alegar desconocimiento. Existe bibliografía, existen personas expertas y existe una preocupación creciente en el territorio”, ha matizado.

En este sentido, la propuesta socialista ha planteado elaborar un inventario de las sebes existentes en colaboración con ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones, investigadores y colectivos sociales.

Además, el PSOE ha considerado imprescindible que las futuras concentraciones parcelarias y actuaciones de transformación agraria incorporen criterios de conservación del paisaje tradicional. “No estamos diciendo que no se puedan transformar o mejorar las explotaciones. Estamos diciendo que no se puede entrar en un territorio como si antes no hubiera allí nada valioso”, ha explicado Rubio.

“Modernizar no puede significar destruir. Progreso no es borrar la memoria de una tierra. Progreso es conseguir que el campo tenga futuro sin renunciar a su identidad”, ha defendido.

La procuradora ha reclamado también campañas de divulgación y sensibilización, especialmente en los centros educativos y en el medio rural, para transmitir a las nuevas generaciones el valor de este patrimonio y el conocimiento tradicional asociado a su conservación. “Estoy convencida de que no se protege aquello que no se conoce y tampoco se ama aquello que nunca nos han enseñado a mirar”, ha afirmado Rubio.

Por último, la política lacianiega ha lamentado que la desaparición de las sebes es otra consecuencia del abandono del medio rural y ha reclamado a la Junta que actúe antes de que sea demasiado tarde. “No dejemos que se arranquen por indiferencia, por desconocimiento o por falta de voluntad política. Tenemos la oportunidad y la obligación de protegerlas”, ha concluido.

En parecidos términos se manifestó en que fue esta vez representante el Grupo Mixto, no por Unión del Pueblo Leonés (UPL) sino por Soria Ya!, José Ángel Ceña, cuyo apoyo no sirvió para que la iniciativa saliera adelante.

UPL ha conseguido este viernes el apoyo del PSOE para que las Cortes de Castilla y León impulsen la búsqueda de una fórmula que permita a los trenes de Feve llegar de nuevo a la estación de Matallana de León, después de quince años sin servicio ferroviario en el centro de la ciudad. La proposición no de ley (PNL) presentada por el partido leonesista ha salido adelante con los votos favorables de UPL y PSOE y la abstención de PP y Vox, por lo que continuará su tramitación.

La iniciativa plantea la creación de un consorcio en el que participe la Junta de Castilla y León para asumir la gestión de la infraestructura de Adif correspondiente al tramo urbano de la antigua Feve y recuperar la llegada del tren hasta Matallana. También propone incorporar el tramo entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León.

El texto finalmente aprobado incorpora además una modificación planteada por el PP para que previamente se constituya una mesa técnica que estudie cuál es la fórmula técnica y jurídica más adecuada. UPL rechazó sustituir su propuesta por la enmienda 'popular', pero aceptó incorporar este punto a la iniciativa, lo que permitió que PP y Vox optaran finalmente por la abstención en lugar de votar en contra.

El debate volvió a poner sobre la mesa los quince años de interrupción del servicio ferroviario. El procurador de UPL Luis Mariano Santos habló de un periodo de “frustración y desesperanza” y repartió responsabilidades entre los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE por una conexión que sigue sin llegar al centro de León desde 2011.

“Pueden echarse la culpa unos a otros. La culpa es repartida”, señaló Santos, que defendió que la propuesta del consorcio no nace únicamente de UPL, sino de la Plataforma en Defensa de Feve y de la sociedad civil leonesa. “Yo vengo a hablar de una posible solución”, sostuvo, reclamando a las administraciones que se sienten juntas y busquen una salida.

PP y Vox rechazan que la Junta asuma la infraestructura

El PP compartió con UPL el objetivo de recuperar el tren hasta Matallana, pero rechazó la fórmula planteada por los leonesistas. La procuradora popular María José Álvarez defendió que “el tren tiene que volver al centro” y que debe hacerlo “sin trasbordos innecesarios y sin parches de sustituir vías por autobuses” como plantea el Ministerio de Transportes, pero consideró que trasladar a la Junta la infraestructura de Adif sería “jurídicamente inviable” y un “error político”.

Los 'populares' sostuvieron que la responsabilidad corresponde al Gobierno central y plantearon en su lugar reclamar la creación de una mesa técnica con Adif y Renfe, con participación activa de la Junta, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, para estudiar las alternativas que permitan recuperar la conexión.

La posición de Vox fue similar. Su procuradora Laura Dorreis afirmó que Feve “tiene que volver a llegar a la estación de Matallana” y reconoció su importancia para la vertebración territorial y para los habitantes de los pueblos de la línea, pero rechazó que la Junta asuma una competencia estatal. “Compartir el objetivo no significa compartir la fórmula”, resumió.

El PSOE respalda el consorcio como una “oportunidad”

El PSOE votó a favor de la propuesta. Su procurador Benjamín Fernández consideró que la creación de un consorcio puede representar “una oportunidad” para desbloquear la situación y reprochó al PP que plantee soluciones cuando no tiene las competencias y, al mismo tiempo, rechace fórmulas que requieren la participación de la Junta.

Los socialistas defendieron la importancia de la vía estrecha para la movilidad de los habitantes del norte de la provincia y destacaron su utilidad para acceder a servicios como la sanidad, la Universidad y otras gestiones cotidianas. Fernández sostuvo que la recuperación de la conexión ferroviaria “mejoraría la vida de las personas”.

Santos aprovechó su última intervención para volver a reclamar a los grupos que dejen de utilizar Feve como un enfrentamiento entre administraciones. Al PSOE le reprochó que apoye la iniciativa mientras gobierna en España y le pidió que traslade la reivindicación al ministro de Transportes, Óscar Puente. Al PP le reclamó que tenga “voz propia” más allá de los titulares y a Vox le acusó de hacer “un flaco favor al bipartidismo”.

La Plataforma de Feve lleva la reivindicación a los tribunales

La votación en las Cortes se produce, además, el mismo día en que la Plataforma en Defensa de Feve ha anunciado tres acciones judiciales para reclamar la recuperación de la conexión ferroviaria hasta el centro de León.

El colectivo sostiene que el Convenio Marco firmado en 2010, que debía culminar con la integración de Feve en la ciudad, sigue pendiente de cumplimiento y ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su supuesta inactividad. También ha presentado una querella contra un cargo de la Administración estatal y otro recurso contra el Ayuntamiento de León por su falta de colaboración en el procedimiento.

La plataforma considera que la integración ferroviaria no es un proyecto pendiente de una nueva decisión política, sino un compromiso adquirido hace 16 años que debe ejecutarse. Su portavoz, César Prieto, ha defendido que el proyecto acumula ya más de 40 millones de euros de inversión y ha recordado que han pasado quince años desde que los trenes dejaron de llegar al centro de León.

La iniciativa aprobada ahora por las Cortes no supone todavía que la Junta vaya a asumir la infraestructura, pero sí abre la puerta a estudiar esa posibilidad dentro de una fórmula de colaboración entre administraciones. La cuestión queda así de nuevo sobre la mesa política y judicial mientras la antigua Feve continúa sin recuperar su llegada a Matallana.

El creciente municipio de Sariegos, uno de los más importantes del entorno urbano de la capital leonesa, se sube otra vez al carro de la efervescencia de las aventuras políticas independientes. Lo hará con la vista puesta en el nuevo reparto del 'poder' local que depararán las elecciones autonómicas que han de convocarse y celebrarse en la primavera del año 2027, cuando concluya el actual mandato.

Se trata del nacimiento de un nuevo partido político de siglas que ya dejan clara, tras su propio nombre, parte de su ideología: Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos. Una formación de nuevo cuño que ILEÓN ha comprobado que se acaba de registrar este mismo verano, a comienzos del mes de julio, y que tiene su sede y su principal espectro electoral en la localidad de Carbajal de la Legua.

El nombre y la aventura electoral son nuevos. Pero no lo son tanto algunos de sus inspiradores, integrantes e impulsores. Ocurre especialmente con la persona que ha inscrito a esta formación, con las iglas Vipcs, que no es otra que Domingo García García. Se trata de un curtido político de ya dilatada trayectoria dentro del municipio de Sariegos, que ha formado parte pero sobre todo encabezado ya diferentes aventuras casi durante las dos últimas décadas, y que a pesar de su edad, rozando los 70 años, seguirá intentando obtener un acta de concejal. Un acta que ya ostentó tiempo atrás, cuando formó parte de la candidatura del PSOE, y que incluso en una ocasión le llevó a formar parte del equipo de Gobierno con Sariegos Despierta.

De entonces hasta ahora, García ha formado parte también de alguna de las fases electorales de los independientes Sariegos Despierta. Por último, apareció en listas, y de hecho como cabeza de cartel, cuando se presentó en 2019 la candidatura de Ciudadanos.

Básica web y programa

A falta de que oficialmente se registre la futura lista municipal del partido de nuevo cuño, el veterano político -detrás también de la Asociación Vecinal Los Perucos- intentará obtener un papel preponderante en las elecciones locales de 2027, algo que el propio Domingo García ha confirmado a este medio, con unos trámites que “no son fáciles pero ahí andamos”. Su nombre aparece el primero en la rudimentaria web oficial ya impulsada, junto a otros nombres como Elsa Martínez Suárez o Jesús Santos Santamarta.

En su ideario, resaltan ser un nuevo proyecto político de carácter independiente y municipalista, surgido “desde los propios vecinos” y muy centrado en las necesidades del pueblo de Carbajal, donde la población se ha multiplicado debido, entre otras cosas, a las muchas urbanizaciones construidas en los últimos tiempos. García remarca que la localidad suma “diez sectores (urbanísticos) con plan parcial” que suman “tres millones de metros cuadrados urbanizables”, es decir, construibles y “que pagan el IBI”, lo cual “da para 3.000 viviendas posibles”, cuantifica. Eso, de impulsarse a este nivel, generaría un problema con el abastecimiento de agua, cuya garantía forma parte importante de su incipiente programa.

Como siempre ocurre en las formaciones independientes, su filosofía remarca también una política alejada de intereses partidistas, reforzar los servicios públicos, mejorar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible del entorno. También el refuerzo de la seguridad vecinal, mediante medidas de prevención, coordinación con las fuerzas de seguridad y una mejora de la iluminación y mantenimiento de los espacios públicos, así como la mejora de las infraestructuras y las calles.

La gran victoria de UPL y lo que depara 2027

Así, Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos aspira a hacerse un hueco en una Corporación municipal que en la presente legislatura ha conseguido atomizarse como casi nunca, con representación sólo de cuatro formaciones y con un mandato claro y abrumador a favor de Unión del Pueblo Leonés, después de muchos años de cambios constantes en la Alcaldía y todo tipo de pactos.

No en vano, UPL en el presente mandato consiguió ocho de las 13 actas de concejal, que otorgaron una muy holgada mayoría absoluta al actual alcalde, Roberto Aller, que había empuñado el bastón de mando en 2017 como cuarto regidor de aquel convulso período. Pero el tiempo, la gestión y las siguientes elecciones le han afianzando con mucha fuerza. Frente a los ocho ediles leonesistas, dos concejales son hoy del Partido Popular (PP), otros dos del PSOE y uno más de Vox.

La duda es si el nuevo partido independiente recién creado pero con un viejo conocido al frente primero obtendrá suficiente respaldo en la suma del municipio, formado por cuatro pueblos, para conseguir entrar en la Corporación. Y segundo, si los votos que coseche serían a costa de hipotéticos apoyos leonesistas o bien podrían debilitar precisamente a las demás formaciones políticas y dividir más que sumar.

Más de 4.000 personas participan en la concentración convocada en la capital de la provincia de León por una asociación historicista leonesa “en apoyo a Ceuta”, tras la crisis migratoria. La multitud se agrupa en la Plaza San Marcelo, frente al Ayuntamiento, portando en su mayoría banderas de España y de Ceuta.

El Ayuntamiento de León no ha convocado esta concentración, aunque el alcalde socialista, José Antonio Diez, participa en ella, ya que entendía que “había sido convocada por la sociedad civil”. A él se han sumado otros representantes políticos como el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) o el consejero Suárez-Quiñones (PP). También han participado otros miembros de la corporación del PSOE en el Ayuntamiento de León como Vicente Canuria.

Mientras el alcalde de la capital leonesa atendía a la prensa se han escuchado gritos de insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como algunos reproches a los profesionales que cubren la noticia para diferentes medios de comunicación. “Todo el mundo sabe quién soy y que trato de estar del lado de los ciudadanos, que para eso me han elegido”, ha declarado Diez.

Respecto a la entrega en la Audiencia Nacional, sin conocimiento del Gobierno, de un supuesto informe elaborado por la Policía que señala a Marruecos como coordinador de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma, el alcalde ha reconocido no haber leído dicho informe, aunque muestra su preocupación de ser cierto su contenido: “Es un poco extraño que pueda haber un informe de la policía que no pase por el Gobierno, es gravísimo. Si es cierto, no estamos hablando de una crisis migratoria, sino de una invasión en toda regla”.

Además de la concentración de la ciudad de León, había convocadas otras manifestaciones en diferentes puntos de la provincia como Ponferrada, a la que acudieron sobre 4.000 personas en la plaza del Ayuntamiento de la capital berciana. Por otro lado, decenas de personas también han secundado la protesta en La Bañeza y otros municipios leoneses.

El Gobierno de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, asegura estar totalmente alineado con el de Asturias, del PSOE e Izquierda Unida (IU), para exigir el fin del peaje de la autopista León-Asturias AP-66, pero a priori no para sancionar a la empresa concesionaria, Aucalsa, por no rebajar la cuantía a pesar los cortes, deficiencias y constantes obras.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no cierra la puerta a seguir los pasos del proceso sancionador del Principado, que se eleva a 1,1 millones de reclamación, pero no le ve factible a priori en virtud de las competencias autonómicas. El portavoz, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, hablo de estudiar la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica pero cargó más sus tintas y la responsabilidad en el Gobierno central. Insistió en que es el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, quien tiene la concesión con esta empresa, al ser una autopista y por lo tanto de ámbito nacional.

“Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos”, zanjó por todo compromiso. Y eso a pesar de la petición política de Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Por lo demás, insistió en que la posición de Castilla y León es “coincidente” con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66, la llamada autopista del Huerna, al resultar evidente que la carretera de alta capacidad “no está en condiciones que justifiquen ese cobro”. La frase es idéntica a la manifestada recientemente por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. El último episodio es el cierre total durante horas de la autopista el pasado fin de semana por nuevos derrumbes en el Túnel del Negrón y la reapertura con el tráfico alterno por un solo túneles.

Carriedo, sin embargo, tiró de ironía política respecto a la posición del Gobierno, y en concreto del ministro vallisoletano Puente: “No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso”. Recordó que “el presidente de la Junta -Alfonso Fernández Mañueco- ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales”. Por eso, defendió que al menos “estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado”. Y aseguró que “en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias”.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para pedir explicaciones a la Junta de Castilla y León por la instalación de un dispositivo de monitorización en uno de los ábsides románicos de la iglesia de Nuestra Señora del Mercado de León, una actuación que requirió perforar sillares del templo, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1973.

La polémica dio un giro después de que, en un primer momento, la propia Junta requiriese al Obispado de León la retirada del aparato instalado en el exterior del templo de la Plaza del Grano. Pocas horas más tarde, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte terminó admitiendo que la intervención había partido de la propia Administración autonómica, responsable precisamente de velar por la conservación del patrimonio.

La Diócesis de León aseguró además que desconocía la actuación y que ni la parroquia ni el Obispado habían promovido o participado en la instalación. En un comunicado precisó que tampoco había tenido “conocimiento detallado del proyecto”, al tiempo que reivindicó su colaboración histórica con las administraciones encargadas de la protección del patrimonio diocesano. Y eso a pesar del largo listado de daños causados en este templo y nunca comunicados a las autoridades, aunque siempre sin sanción alguna de la Junta.

UPL considera especialmente grave que la intervención se ejecutase, según la información conocida hasta ahora, sin comunicación previa ni al propietario del inmueble ni al propio Servicio Territorial de Cultura de León, que se ha visto primero abocado a rectificar y después desdicho por el propio consejero, José Ramón Sola, elegido por Vox. La instalación habría sido impulsada directamente por la Consejería dentro del programa KHN (Knowledge Heritage Network).

Las preguntas

Los leonesistas quieren saber por qué la Junta consideró adecuado colocar el dispositivo precisamente sobre un ábside románico de un inmueble protegido, cuando para fijarlo era necesario perforar la piedra. También preguntan por el daño causado al monumento y por el impacto visual de la instalación.

La formación reclama igualmente una valoración de la Consejería sobre la falta de comunicación previa con la Diócesis de León y con el Servicio Territorial de Cultura. Este último llegó inicialmente a anunciar el envío de un técnico para “evaluar qué pasa, hacer fotos y valorar los hechos”, antes de trascender que la instalación procedía de la propia estructura de la Junta.

Tras la controversia, la Consejería de Cultura anunció que retiraría el dispositivo y buscaría otra ubicación para el sistema de medición. UPL cuestiona ahora que la Administración autonómica haya realizado una actuación de este tipo sobre un bien cuya conservación y protección se encuentran precisamente entre sus competencias.

La iglesia de Nuestra Señora del Mercado, en la querida y tradicional Plaza del Grano, es uno de los principales templos históricos de la ciudad y cuenta con una doble protección patrimonial: además de su declaración como Bien de Interés Cultural, se encuentra vinculada al Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El episodio se suma, además, a anteriores polémicas por intervenciones poco cuidadosas en este templo románico de la Plaza del Grano, donde en otras ocasiones se han instalado diferentes elementos directamente sobre sus fábricas históricas. En esta ocasión, sin embargo, la responsabilidad reconocida de la actuación corresponde a la propia Administración encargada de protegerlas.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) preguntará a la Junta de Castilla y León si va a imponer sanciones a la empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista AP-66 León-Asturias, tal y como ya ha anunciado que va a hacer el Principado de Asturias, por cobrar la tarifa íntegra a los usuarios de esta autopista que une León y Asturias a pesar de que gran parte de su trazado se encuentra en obras.

La formación leonesista ha informado, a través de un comunicado, que así lo ha hecho a través de una batería de preguntas registrada en las Cortes, tras anunciar Asturias las sanciones, al considerar que los usuarios pagan todo el peaje a pesar del cierre de carriles y desvíos que implican una importante reducción de velocidad en diversos tramos y un notable incremento de los tiempos de recorrido. De este modo, se tendrán que pronunciar en un debate parlamentario las dos partes del Gobierno de Castilla y León, por un lado el PP y por otro Vox. De momento, la Junta se ha limitado a ver “razonable” una rebaja del peaje en el transcurso de las obras, pero sin ir más allá en sus decisiones.

Una situación que, a juicio de UPL, está generando un claro perjuicio a la Región Leonesa, más cuando en pleno verano son muchos los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca que se dirigen a Asturias a pasar sus vacaciones estivales, a los que habría que añadir los que lo hacen por cuestiones laborales.

Los leonesistas han recordado que la tarifa normal en esta autopista para turismos es de 16'20 euros, un precio que consideran abusivo para una autopista de 78 kilómetros de longitud que actualmente se ve reducida, además, a una vía de un sólo carril por sentido en un número importante de kilómetros debido a las obras.

Por otra parte, UPL ha recordado que a finales de 2025 registró un escrito ante la Fiscalía de León para pedir el cese del peaje en la autopista AP-66 mientras permaneciesen unas obras que impiden una circulación cómoda y segura, por lo que cobrar el peaje supone algo abusivo y su cobro podría estar vulnerando los artículos 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Además, UPL ha subrayado en su iniciativa parlamentaria la ilegalidad de la prórroga de la última concesión de la autopista -que el PP de José Marcía Aznar en el Gobierno alargó de 2021 a 2050-, ilegalidad comunicada por la propia Comisión Europea. A raíz de aquella resolución, las Cortes aprobaron en 2024 una proposición no de ley, también a iniciativa de los leonesitas, para instar al Gobierno de España a que se elimine dicho peaje de manera inmediata.

El mes de agosto ha comenzado con un hito en materia de infraestructuras educativas para la provincia de León con el anuncio de la adjudicación de las obras de un nuevo instituto público en el municipio leonés de Villaquilambre, una reivindicación de hace décadas y un compromiso de la Junta de Castilla y León que tardará más de una década en convertirse en realidad.

Tras iniciarse el proceso de contratación el pasado mes de mayo, por fin la Consejería de Educación de la Junta ha fijado la selección de las empresas que acometerán los trabajos para levantar un instituto de educación secundaria en el cuarto municipio más poblado de la provincia, que acaricia los 20.000 habitantes. Se trata de una unión temporal de empresas (UTE) formada por la compañía Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, de Soria, y Copsa Empresa Constructora, con sede en Burgos.

El precio final del contrato, que arrancará en pocas semanas, se eleva finalmente a la cifra de 15,7 millones de euros, respecto a los 16,3 de los que partía el proceso de licitación, al considerarse que la oferta de estas dos empresas era la más ventajosa y económica, rebajando un 4% el precio inicial de inversión prevista.

A partir de ahora, cuenta el plazo de ejecución que se ha establecido para levantar todo el edificio y sus dependencias, que será de 24 meses, dos años. Se trata de un plazo que de manera muy ajustada podría alcanzar para cumplir la previsión oficial de la propia Junta de que el instituto pueda convertirse en una realidad disponible para los estudiantes del municipio a partir del curso 2029/2030, en el mejor de los escenarios.

En todo caso, incluso cumpliéndose, superará en una década el compromiso oficial e incluso firmado por el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando en 2019 comprometió la ejecución del centro escolar entre las condiciones pactadas para facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

La Consejería de Educación, que tras el pacto de PP y Vox en el Gobierno autonómico recae ahora en María Pardo Álvarez, destaca que el proyecto de este nuevo centro ha diseñado un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, o lo que es lo mismo, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato. Eso sí: se constata que el diseño deja fuera otra reclamación social de Villaquilambre, que pedía que ya de hacerse un nuevo IES, este pudiera contar con estudios y aulas de Formación Profesional (FP), algo que finalmente la Junta no ha considerado oportuno por el momento.

Estas reclamaciones sociales, en forma de sonoras protestas, llevan décadas capitaneadas por la Plataforma por un Instituto para Villaquilambre. El colectivo, con gran apoyo social, afeaba a la administración autonómica que Villaquilambre siguiera siendo el único municipio con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas, cuando por ejemplo hace años que se había invertido en otros más pequeños de la provincia de Valladolid.

Un diseño detallado

El proyecto ya por fin adjudicado ara la nueva construcción prevé un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común, según se explicó hace meses tras el último acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico, aún en funciones.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa). Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

A punto de terminar el mes de julio, la provincia de León ya suma dos gravísimas oleadas de incendios forestales que han llevado al operativo de extinción al límite, ha obligado el desalojo de cientos de personas y arrasado ya miles de hectáreas. El primer episodio de simultaneidad lo provocó una tormenta eléctrica en la tarde noche de San Juan. Desde este pasado miércoles se vive el segundo, con una decena de incendios activos, hasta tres de máxima gravedad y dos graves, pero en este caso la Junta de Castilla y León 'no sabe' o no explica cómo se ha podido originar.

La mayoría de los incendios que empezaron a arder el miércoles 29 de julio en distintos puntos de la geografía leonesa, pero especialmente en El Bierzo, se iniciaron por causas que “se están investigando”. El portavoz del Gobierno autonómico PP-Vox, Carlos Fernández Carriedo, apunta, no obstante, a “la mano del hombre”: bien por “negligencias” o por considerarlos intencionados, “empezaron en el momento que mayor perjuicio podían ocasionar, en los momentos del día de más calor, de más viento, y con múltiples focos”, ha dicho en rueda de prensa.

El Gobierno de Castilla y León, que inició la temporada alta de incendios con un consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos-Suárez Quiñones, valora el mal arranque de la campaña, una de las peores de la historia en la provincia de León y en la Comunidad, con el peor incendio de la historia de España aún por extinguir, el de Burgohondo, en Ávila, que llegó a Madrid y obligó al Gobierno central a tomar el control.

“No estamos contentos por los incendios, pero nuestro primer objetivo es la seguridad de las personas y, por ahora, no se han detectado daños humanos”, subrayó Carriedo. Sin datos concretos de afecciones y daños económicos ni medioambientales, la Junta insiste en que la administración autonómica que preside Alfonso Fernández Mañueco “no pidió al Gobierno la emergencia de interés nacional”, que “se aplicó de oficio” porque la solicitó la Comunidad de Madrid.

El año pasado, solo en la provincia de León fallecieron cuatro personas a causa de los incendios forestales, ardieron más de 130.000 hectáreas buena parte en zonas protegidas, pueblos enteros, el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas y se desalojaron decenas de pueblos y miles de vecinos. Este año, en lo que llevamos de campaña de incendios, la provincia de León ya ha registrado el peor primer mes de temporada alta con las peores cifras de los últimos años. “¿Qué tiene que pasar para que se dé una situación de nivel 3 en Castilla y León?” ha sido la pregunta que se quedó sobre la mesa, con la única contestación de que tomar esa decisión corresponde a “una decisión técnica” que no especifican.

La previsión para agosto no es alentadora. “A medida que va avanzando el verano aumenta la sequedad. No está lloviendo. Si ya había suficiente combustible en el monte en esta cuarta ola de calor, con nuevas olas de calor aumentan los riesgos. Es muy difícil prever lo que va a pasar, pero estaremos muy atentos”.

Ante esta situación, y después de una inversión de 2 millones de euros, la Junta de Castilla y León “desconoce” o no explica por qué no está operativa la nueva base contra incendios de Oterico, en Riello, que llega cuatro años tarde. “Lo más importante es la colaboración entre administraciones y la Junta está en plena colaboración y coordinación con el Gobierno”, zanjó el portavoz autonómico.

La competencia en materia de prevención y extinción de incendios es autonómica.

La escasamente edificante labor de los partidos políticos en España no tiene visos de adecuarse a la seriedad que de ella cabría esperar. Por si fuera poco las agrupaciones judiciales no tienen prurito alguno en mostrar sus preferencias por una u otra ideología, supeditando su función jurisdiccional a intereses no siempre acorde con su cacareada divisa de justicia equitativa. Este aquelarre es de tal naturaleza que ni la Conferencia Episcopal –a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César– se ha sustraído a la tentación de meter baza.

El clima de pasarse la legalidad y la ética por el arco del triunfo no queda relegado a España, la justicia internacional y hasta la discrecionalidad en el fútbol, han llegado a las más altas cotas (retirada de tarjetas rojas a petición de prebostes, pitar a favor de los países de más relumbrón futbolístico y un largo etcétera). Con este panorama, Y aquí, que somos muy aventajados en lo que saltarnos a la torera se nos antoje, rápidamente alcanzamos los primeros puestos del ranking. Y ya tenemos políticos, jueces y hasta el clero disputándose el podio.

De cualquier modo, en la piel de toro nos vemos más afectados por los asuntos domésticos que por los internacionales, aunque los primeros parezcan y de hecho estén incardinados en los segundos. En España somos aventajados defensores del latinismo homo sum et nihil humani a me alienum (soy hombre y nada de lo humano me es ajeno) que en versión libre podría traducirse como: somos como los demás y hacemos igual que los demás. La cuestión es que los poderes fácticos, las fuerzas vivas del país, perdida ya toda noción de lo que es la vergüenza, nos la hacen pasar a los administrados en su nombre.

Imagen lamentable de los partidos grandes

Los partidos de gobierno como son el PSOE y el PP están dando una imagen lamentable que trasciende nuestras fronteras. El PSOE se ve acogotado día sí día también por querellas, imputaciones y juicios que se sustancian con resultados descorazonadores. Raro es el día que egregias figuras del partido de los cien años de honradez no se las hayan de ver con el banquillo, no el de los suplentes, sino de los acusados. La justicia asedia a un gobierno que no ha conocido tregua desde el día siguiente a su conformación. Antes se escuchaban lemas como 'Santiago y cierra España', ahora el que pueda hacer que haga.

Al Partido Socialista le crecen los enanos en el circo, pero lo ha perseguido con ahínco. Desde las categóricas afirmaciones de Sánchez de que no podría nunca pactar con Bildu, que le quitaría el sueño llegar a acuerdos con Pablo Iglesias, el ridículo histórico de dejar al pueblo saharaui colgado de la brocha o el descubrimiento de que informaciones íntimas de este caballero habían sido espiadas por los servicios secretos israelíes, hasta la posible implicación de sus familiares más próximos y personal de su extrema confianza en el partido, salpicados por una corrupción rampante que no acaba de tocar fondo.

Frente al puño y la rosa, se postula como recambio natural un Partido Popular que parte con un candidato que se fotografió en varias ocasiones con un conocido narcotraficante –así lo declaró la justicia– de la Isla de Arosa, pilotando el yate de este último, como si fuera lo más habitual que te dejen hacer tal maniobra si no eres plenamente conocido o se te debe –o se espera– algún gran favor. Este partido se ve espoleado por un Vox emergente que le impone su criterio en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y así, un partido cuya sede en Génova 13 fue reformada con dinero B, hecho ratificado por el Tribunal Supremo en 2024, tacha a su adversario de corrupto, putero, desleal y un rosario de descalificaciones más.

Los que ya somos mayorcitos aún recordamos como hace muchos años, en un programa vespertino de Onda Cero, se dio la noticia de que un parlamentario salmantino había olvidado en un bar de esa ciudad un sobre con una gruesa suma de dinero, y se coligió que no era dinero muy limpio y que como después confesaría un tal Bárcenas, era moneda común en ese partido. Un consejero de la Presidencia de la comunidad madrileña verbalizó ante sus amigos que de salir bien una operación traerían un volquete de putas para celebrarlo. Un alcalde de Benalmádena, de apellido Bolín, perjudicado por la coca y el alcohol, acompañado de efebos, colisionó con su yate en Gibraltar, lo que originó un conflicto diplomático allá por 1989.

¿Integridad en PP y PSOE?

Como se puede comprobar, la integridad en ambos partidos es manifiestamente mejorable y el déficit de probidad ya viene de lejos. El circo mediático que se escenifica en los medios de comunicación con jueces justicieros que más que justicia parecen vengadores, como ha evidenciado el caso de la retirada del carné de la esposa del presidente del gobierno, tiene su contrapunto en que la hija de éste se gradúa en Inglaterra, como pasó con varios miembros de la familia real española años atrás. Y claro, surgen dudas: ¿Acaso los colegios españoles no sirven para los hijos de nuestros gobernantes? ¿Tan malos profesores tenemos en España? ¿Falta financiación para tenerlos mejores? ¿Poco patriotismo, no, en las altas esferas?

Y no puedo dejar de hacer las odiosas comparaciones que inevitablemente he de hacer con mi terruño. Reitero la misma pregunta. ¿Estos son los partidos cuyos representantes han de guiar nuestro destino y nuestro futuro en León? Como prueba del nueve de la contraindicación severa que supone poner partidos estatales al frente de las tareas gubernativas en esta tierra, está la reiterada incompetencia de la Junta de Castilla y León –regentada por el Partido Popular desde tiempos inmemoriales– que logra, tal como profetizamos artículos atrás, que el monte vuelva a arder este año como el año pasado. En el incendio de Caboalles de Arriba se está volviendo a consagrar.

¡Ánimo votantes leoneses de partidos estatales, ya queda menos monte que quemar, menos población que expulsar, menos quejas que soportar, menos pueblos que atender, menos inversiones que hacer!

¡Puede parecer paradójico, pero estamos que nos salimos!

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata

La hemeroteca y el archivo fotográfico nunca mienten. Si se busca en los de cualquier medio de comunicación, entre los primeros aparecerán grandilocuentes promesas, alarde de títulos y magníficos planes de inversión en materia de carreteras de la Junta de Castilla y León para la provincia de León. Pero si se profundiza en los segundos, la realidad es justo la contraria: no hay fotos de ningún consejero autonómico inaugurando en las dos últimas décadas un sólo metro de autovía.

La cosa no sería más que anecdótica si no fuera porque las promesas de la sucesión de gobiernos del Partido Popular (PP) en la Junta respecto a la mejora de infraestructuras fueron compromisos plasmados en planes oficiales. Programas de obligado autocumplimiento, que recogían cifras de muchos millones y de kilómetros para la provincia leonesa en construcción de autovías nuevas. Sin embargo, el resultado final de ambas ha sido el mismo: cero.

Esta es la triste cuenta final del análisis de una de las planificaciones más mediáticas de lo que va de siglo. Se trataba del Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. Teniendo en cuenta las fechas de inicio y final, se puso en marcha siendo consejero de Fomento el leonés Antonio Silván. Y lo tenía que haber rematado su sucesor, el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En medio, la crisis

El Plan -todavía disponible en la web de la Junta- recogía compromisos con cifras tan claras como abultadas. En suma, la Junta de Castilla y León se comprometía a ejecutar prácticamente 100 kilómetros (99,2 para ser exactos) de autovías de nueva construcción: en concreto 86,2 kilómetros entre cuatro proyectos de desdoblamiento de carreteras de titularidad autonómica; y otros 13 de desdoblamientos para acceso a las dos principales ciudades, León y Ponferrada. No hay noticia de ninguno de ellos.

Planteado en inversión pública, es decir, en el dinero necesario para esos proyectos, la cifra total era de 424,25 millones de euros en los doce años de duración del Plan. Casi 400 (398,25 millones) era la suma de las cuatro autovías nuevas mencionadas y 26 millones más se dedicarían a los accesos desahogados a las dos capitales. Pero nuevamente se da el mismo nulo resultado final de ambas cuantías.

Para poner en contexto la situación, hay que recordar el estallido de la crisis global a partir del 2008, que trastocó los planes de inversión de todas las administraciones públicas y fue muy notoria también en la Junta de Castilla y León. Podría haber ocurrido que al menos alguno de los proyectos se hubiera demorado pero avanzara de alguna manera y hasta el actual año 2026 se pudiera haber construido, pero tampoco se da el caso: no hay una sola autovía autonómica nueva en dos décadas.

Al detalle, las autovías 'soñadas'

El Plan de Carreteras detalla las cuatro autovías leonesas comprometidas en la página 173. La más cuantiosa era la conversión en vía de alta capacidad de la actual LC-631 entre Toreno y Páramo del Sil, en la comarca de El Bierzo. 182,60 millones previstos para ejecutar 16,6 kilómetros, a causa de una orografía muy compleja.

Por otro lado, la autonómica CL-626, también conocida como el Eje Subcantábrico, aparecía con dos proyectos prometidos: el tramo Villablino-Piedrafita de Babia, con 71,40 millones para 11,9 kilómetros también bastante accidentados; y el tramo La Magdalena-La Robla, otros 40 millones más para 16 kilómetros de doble carril en ambos sentidos.

Finalmente, se consignaban 104,25 millones de euros más para la nueva autovía entre las ciudades de León y La Bañeza, es decir, en la CL-622, a través de Santa María del Páramo, un total de 41,7 kilómetros, según el Plan. Este caso era muy relevante, ya que formaba parte de la muchas veces prometida y jamás impulsada autovía León-Bragança, es decir, entre la capital leonesa y la ciudad del noreste de Portugal, para ofrecer una crucial salida hacia Europa desde el norte del país vecino y con un gran beneficio logístico para la provincia de León.

El contexto de crisis no fue óbice para que en 2011, el todavía consejero de Fomento Antonio Silván sacara pecho anunciando que la Junta estaba cumpliendo su parte con esta autovía, redactando el estudio informativo precisamente del tramo León-La Bañeza. Nunca más se supo de él, salvo que en 2025 se presupuestaron ridículas cantidades de simple arreglo de las actuales vías hacia Bragança.

Penetraciones por San Andrés, Villaquilambre y Molinaseca

Respecto a los desdoblamientos de acceso a las dos ciudades, se incluían en el Plan comprometido dos autovías, ambas de 4 kilómetros de longitud: tanto en la carretera de La Magdalena CL-632, y por lo tanto por San Andrés del Rabanedo, como en la llamada León-Collanzo, la LE-311, es decir, desde Villaquilambre a la capital leonesa. Dos desdoblamientos que habrían sido vitales para descongestionar el gran tránsito de los dos mayores municipios del alfoz leonés. Cada uno de estos proyectos se cifraba en apenas 8 millones de euros de inversión.

La cifra subía hasta los 10 millones para 5 kilómetros en el acceso a Ponferrada por la carretera LE-142, es decir, por el Camino de Santiago desde cerca de Molinaseca. Ni que decir tiene que tampoco este vial doble de El Bierzo fue nunca una realidad y, al igual que con el resto de los casos, la Junta de Castilla y León tampoco ha vuelto a hablar de aquellos compromisos.

Un nuevo Plan sin nada para León... y en papel mojado

De que se quedaron en papel mojado para siempre da buena cuenta el hecho de que en un hipotético próximo Plan de Carreteras plurianual del Gobierno autonómico, ya con Vox, jamás se recogieron aquellas promesas de nuevas autovías y accesos desdoblados. Hay que remontarse a 2024, siendo ya consejera de Fomento, María González Corral, sucesora de Suárez-Quiñones, para profundizar en el anuncio de un llamado Plan Autonómico de Carreteras 2023-2034, pero e detalle dejaba fuera todos los proyectos para León. Sólo se recogían proyectos concretos a muy largo plazo en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria.

Sin embargo, aquí el agravio no se ha consumado: lo cierto es que a pesar de los anuncios no consta que exista ningún nuevo Plan de Carreteras finalmente aprobado por el Gobierno autonómico y en vigor o ejecución. Y es que las únicas inversiones, muy escasas, de la Junta en los últimos años se han limitado a labores de conservación e infraestructuras que, como por ejemplo la variante de Guardo, esperaban desde hacía 15 años, por lo que ahora se planteaba que los fondos mineros -y no fondos propios del presupuesto de la Junta, como en el resto de provincias- salieran al rescate. La pelota queda ahora en el tejado de Cristina Sanchidrián, la recién nombrada consejera Movilidad, Transformación Digital e IA.

Entre los muchos nombramientos de altos cargos y directores generales que han sido aprobados hoy en el nuevo Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox al frente de la Junta de Castilla y León, y en los que hay nuevamente abrumadora mayoría de nombres de Valladolid, destaca la presencia de una mujer leonesa designada como nueva directora general.

Se trata de María Belén Pulgar Gutiérrez. Ella ha sido la elegida por el consejero y flamante vicepresidente primero también leonés y de Vox Carlos Pollán tras el pacto alcanzado con el PP, un pacto que otorga a Alfonso Fernández Mañueco nuevamente la Presidencia de la Junta. La Consejería adscrita al vicepresidente es una de nuevo cuño, denominada Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Será de una de sus más importantes patas, precisamente la de Ayudas Sociales, de la que se encargará Pulgar Gutiérrez, que pasa así por primera vez a la primera línea política de la Comunidad a la que pertenece su provincia natal, León. El alto cargo por designación política del que tomará posesión este viernes 3 de junio es la Dirección General de Ayudas Sociales. Pero tendrá todavía mayores atribuciones, ya que se la designa además en calidad de comisionada para las Adicciones.

María Belén Pulgar Gutiérrez (León, 1967), diplomada en Trabajo Social por la Universidad de León, licenciada en Sociología por la Pontificia de Salamanca y máster en Dirección de Recursos Humanos, llega a su nueva responsabilidad en la Junta de Castilla y León proveniente de una muy dilatada trayectoria sobre todo en el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que era justo su actividad hasta la actualidad.

En Interior lleva muchos años desarrollando diferentes responsabilidades, especialmente centradas en el ámbito de la atención a víctimas del terrorismo, la gestión de ayudas sociales y la elaboración de informes técnicos. Resalta que tuvo dos recientes años de impás, 2023 y 2024, como directora general de Víctimas y Acceso a la Justicia dentro de la Consellería de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, cuya consejera por Vox era Elisa Gómez Sánchez, y siendo presidente Carlos Mazón. Dejó ese puesto al cesar ésta, en julio de 2024, apenas cuatro meses antes de la terrible dana mortal en Valencia, que le acabó costando el puesto a Salomé Pradas que acababa de estrenarse, por el PP, al frente de esa misma Consellería de Justicia e Interior.

En listas por Vox León a las generales de 2019

No sólo eso delata la vinculación política de Pulgar Gutiérrez con Vox. También, y sobre todo, el hecho de que ocupara un puesto preeminente, el segundo de la lista, en la candidatura electoral por la provincia de León de la formación de extrema derecha que lidera Abascal. Ocurrió ya en las elecciones generales de abril del año 2019.

Su experiencia profesional incluye responsabilidades en la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Dirección General de Política Interior y la Unidad de Inclusión de personas con discapacidad, todas ellas del Ministerio del Interior. Precisamente una de sus áreas más habituales partió de su tesina de diplomatura cuando estudió en León, bajo el título de ‘Las Víctimas del Terrorismo de ETA’, que fue el primer estudio de investigación social sobre víctimas del terrorismo en la Universidad leonesa hasta entonces, según recoge su currículum.

También suma trabajo social en la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Luca de Tena, el TIPAI de Madrid y el Comité Ciudadano Antisida de León (en 1992 y sobre la población joven), junto a publicaciones, ponencias y formación especializada en derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia de género, emergencias y atención social.

Su currículum recoge además formación complementaria en terrorismo, derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia sexual y de género, gestión de crisis, adopción internacional, drogodependencias y salud mental, así como publicaciones y ponencias sobre víctimas del terrorismo, emergencias, asistencia social y procesos electorales. En 2005 recibió la Cruz al Honor por su labor en defensa de los intereses sociales de las víctimas del terrorismo.

La Diputación de León aprobó este martes por unanimidad en el Pleno una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para reclamar al Ministerio del Interior que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP) previsto para Castilla y León, anunciado hace meses, tenga su sede en la provincia leonesa. La unidad estaría integrada por 50 agentes especializados, conocidos como antidisturbios, de la Policía Nacional.

El portavoz de UPL y vicepresidente de la institución provincial, Valentín Martínez, defendió la iniciativa como una cuestión de equilibrio territorial en la distribución de los efectivos policiales. Martínez subrayó que León cuenta con infraestructuras, ubicación estratégica y tradición policial suficientes para acoger esta dotación, y advirtió del desequilibrio que supondría concentrar nuevos recursos en Valladolid, donde ya operan dos grupos y un subgrupo de mando y apoyo, recordó.

“Es de justicia para esta tierra y, sobre todo, de mucho sentido común”, afirmó el representante leonesista durante el debate plenario, que tuvo que incluirse fuera del orden del día por un error de la Secretaría. Se producía tras conocerse en marzo que las intenciones del Ministerio eran no disgregar territorialmente las nuevas unidades anunciadas, lo que en principio hacía pensar que León no sería una opción, generando críticas a un nuevo caso que muchos partidos tildaron nuevamente como “centralismo”.

En nombre del PSOE en equipo de Gobierno que forman con UPL, el portavoz, Santiago Dorado, justificó el respaldo de su grupo “por coherencia con la política de descentralización del Gobierno de España, por eficiencia operativa y también seguridad jurídica”. Y defendió que la petición “no es un antojo político”, sino un criterio avalado por técnicos y además sindicatos policiales, como también recogía el texto de la moción, la cual también incidía en la pérdida de capacidad de respuesta inmediata que supuso para la provincia de León la disolución de la antigua Compañía General de Reserva, integrada por 110 agentes y con sede en la ciudad.

Matices políticos

Los portavoces de la oposición, del Partido Popular (PP), David Fernández, y de Vox, Fernando Prieto Olite, también se sumaron al apoyo del texto pero ambos coincidieron en aprovechar para atacar políticamente a UPL por su oportunismo, recordándole que cogobiernan con el PSOE en la institución provincial, el mismo partido que gobierna en España y que puede adoptar esta decisión. Fernández en este sentido pidió a los socialistas de León que “saquen músculo” y reivindiquen este tipo de decisiones en beneficio de la provincia, en este caso para conseguir la nueva dotación policial, con la que estaban de acuerdo. Desde las filas leonesistas y socialistas respondieron reclamando a populares y Vox la misma firmeza ante el nuevo gobierno autonómico del pacto de derecha y extrema derecha en la Junta de Castilla y león.