El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado un nuevo crédito de 3,6 millones de euros, procedente de remanentes de tesorería municipal y destinado a sanear las cuentas municipales y atender intervenciones consideradas como necesarias en distintos servicios e instalaciones públicas, según explica el equipo de Gobierno.

La operación, añade el Ejecutivo municipal, completa el crédito de más de 15 millones de euros aprobado en septiembre, que permitirá amortizar cerca de 14 millones de deuda y dar un paso adelante para salir del Plan de Ajuste.

El punto ha salido adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa, la leonesista Ana Caurel. A los votos favorables de Unión del Pueblo Leonés se sumaron los de Ciudadanos. PSOE, IU y la concejal no adscrita votaron en contra, mientras que PP y Vox se abstuvieron.

El crédito servirá para habilitar varias partidas: 35.000 euros para el tejado del consultorio médico de San Andrés; 135.000 euros para completar la aportación municipal al convenio de bomberos; y 13.200 euros para las obras de emergencia de la carretera N-120. Asimismo, se contemplan fondos para acometer otras mejoras como las de las instalaciones de calefacción de la Casa de Cultura de Trobajo del Camino y del colegio Trepalio Pequeño. Además de destacar el trabajo realizado por la Intervención Municipal, el equipo de Gobierno ha agradecido el voto a favor de Cs.

“El equipo de gobierno sigue sin entender lo que es el consenso. Cuando no se tiene la mayoría necesaria, hay que negociar y llegar a acuerdos, no presentar los expedientes como hechos consumados. Hay partidas importantes, pero nuestra obligación es garantizar que todo se haga con legalidad y seguridad jurídica”, señaló el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, quien también agradeció el trabajo desarrollado a la interventora municipal. Su grupo propuso modificar partidas para dedicar una de ellas en exclusiva al transporte escolar.

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado la moción para impulsar la mejora de las conexiones viarias del Aeropuerto. La iniciativa ha contado con los votos favorables de UPL, PP, Vox, IU y Ciudadanos, mientras que PSOE y la concejal no adscrita se han abstenido.

Vox precisó que el texto de esta moción está redactado por la asociación León Propone. Sin dejar de respetar el trabajo realizado por el colectivo, la formación considera que “una iniciativa pensada como conjunta no debe presentarse como propia por el equipo de gobierno de la UPL”.

“Si pedimos al Gobierno de España, a la Junta, a la Diputación y a AENA que se tomen en serio una propuesta, lo primero es presentarla con rigor. Pero lo importante no es quién se cuelga la medalla, sino cómo protegemos a los vecinos de Trobajo ante el aumento del tráfico y damos prioridad al vial que unirá el polígono de Trobajo con el aeropuerto y la futura terminal de carga que tanto hemos defendido”, afirmó Prieto Olite tras apuntar que, con las nuevas fases del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo, podría duplicarse el tráfico viario actual, cuantificado en 7.600 vehículos y unas 20.000 personas.

Cinco años después de que hubiera tenido que expirar la concesión de la autopista León-Asturias AP-66, y cinco también desde el duro pronunciamiento europeo sobre la irregularidad de ampliarla hasta el año 2050 por parte del último Gobierno de José María Aznar, ahora la Junta de Castilla y León da el primer paso para abrir vía judicial en aras a “la eliminación del peaje”.

Así lo ha acordado hoy el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, conformado ahora por el pacto PP -Vox, después de que el Principado de Asturias pusiera en marcha esta ofensiva judicial contra el cobro en la AP-66 hace ya nueve meses.

El acuerdo ha sido explicado por el portavoz del Ejecutivo de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y consiste en dar permiso a la Consejería del ramo, la de Movilidad, para que arranque las “acciones administrativas y judiciales” contra el Real Decreto 392/2000 que “modificó la concesión de la autopista León-Campomanes y prolongó el peaje hasta 2050”. Aquel fue un polémico acuerdo adoptado in extremis por Aznar -que antes había sido presidente de la Junta- en las últimas semanas de su primer Gobierno y por la vía directa, siendo ministro de Fomento Rafael Arias Salgado, al que semanas después relevó el asturiano Francisco Álvarez Cascos. La decisión provocó un estiramiento de 29 años más de concesión a la compañía Autopista Concesionaria Astur-Leonesa SA (Aucalsa).

Pero no es hasta ahora que la Junta, relató Carriedo, “considera que esta modificación introdujo cambios sustanciales en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato”. Una situación que dio lugar “en la práctica a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario”. Es decir, los mismos argumentos por los que Europa abrió expediente contra España ya en el año 2021, por este caso y por la autopista gallega AP-9.

Que se ponga en marcha hoy esa vía judicial tampoco será sinónimo de una actuación rápida ni de inminente repercusión. El propio acuerdo resalta que en primer lugar se instará “la revisión de oficio del citado Real Decreto, como paso previo a la vía judicial”. Después, abundó el portavoz del Gobierno autonómico, se produciría un eventual requerimiento al Gobierno para que reconsidere o justifique la medida de la prórroga. Asturias, gobernada por una coalición progresista que encabeza el PSOE, ya hace meses que dio ese paso, comprobando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a poner fin a la concesión y el cobro del peaje de la también llamada Autopista del Huerna. Y finalmente, se elevaría un recurso ya ante el Tribunal Supremo, otro paso que Carriedo admitió que también lleva delantera en el Principado.

En su argumento formal, Castilla y León reconoce ahora que es necesario acabar con “el peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad”. Pero ante las preguntas de por qué tardar cinco años en abrir el cauce judicial, cuando además las Cortes de Castilla y León aprobaron esta vía hace dos, a instancias de Unión del Pueblo Leonés (UPL), el portavoz del Ejecutivo que preside Alfonso Fernánde z Mañueco se limitó a responder que “estamos en plazo”.

Las listas electorales para la cita con la urnas del 29 de noviembre de Vox han acabado moviéndose por el pacto alcanzado con el PP para optimizar los resultados del Senado, por lo que los populares y la ultraderecha renunciaban a presentarse en algunas circunscripciones. Y en el caso de algunos leoneses, más.

Al confirmar los detalles del acuerdo, que implica que Vox mete a seis 'independientes' en las listas del PP en seis provincias con opciones de salir elegidos, el partido de Santiago Abascal indicó que el leonés Francisco José García Paramio iría como número dos por la provincia de Tenerife en las Islas Canarias. Paramio, presidente de la Fundación Monteleón y alto directivo de larga trayectoria, ya fue candidato del Vox al Senado por León en el año 2023 y formó parte de la lista de Vox a las europeas de 2024.

Pero en el listado provisional publicado este miércoles en el BOE, que recoge los nombres presentados por los partidos, su nombre ha desaparecido de las listas anunciads ya que en la provincia de Tenerife el PP presenta al Senado de número uno a María Inés Vera Goya y de dos a José Carlos Acha Domínguez, sin que aparezca Paramio.

La presencia de Paramio como 'paracaidista' en la lista canaria había generado cierto revuelo en las islas por no conocerse vinculación alguna con la provincia tinerfeña, y ceder el PP local uno de sus puestos a Vox, con una presencia política muy inferior en las Canarias. Finalmente su nombre no ha aparecido en las listas, ni en ninguna otra provincia, aunque hasta el viernes no se publica el listado definitivo oficial con corrección de errores.

Arca, a Zamora

El que fuera procurador en las Cortes de Castilla y León por la provincia leonesa entre 2022 y 2026, Miguel Suárez Arca, será el nuevo candidato de Vox al Congreso por la provincia de Zamora. En las elecciones autonómicas pasadas se vio obligado a ir de número 3 porque el actual vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, iba de cabeza de lista y la segunda tenía que ser mujer.

Tras quedar fuera del hemiciclo autonómico, Suárez Arca fue recolocado como asesor de la vicepresidencia primera de las Cortes de Castilla y León. Su aterrizaje en la lista de Zamora ha despertado hilaridad por la facilidad con la que el leonés, berciano en concreto, se postula para defender los interses de Zamora. Sustituye a Pedro Requejo.

La ciudad de León ha vuelto a la casilla de salida, más de dos años después, al reaprobarse sobre la campana este miércoles la ordenanza de la nueva tasa de basuras, que unifica la recogida, transporte y reciclaje a que la Ley obliga hace ya tres años. Una aprobación que ha provocado rechazo de la oposición de PP y Vox pero que ha sido posible, una vez más, por la decisión de UPL de abstenerse para desbloquear la situación, adujo su portavoz, Eduardo López Sendino. De este modo se produjo un empate reiterado que rompió el propio alcalde, José Antonio Diez, con su voto de calidad, permitiendo que la nueva tasa saliera adelante.

Tras un intenso debate previo de todos los grupos, en el que la oposición censuró la mala gestión de los residuos en la capital y las “chapuzas” que desencadenaron la sentencia del TSJ que tumbó la tasa en 2025, con numerosos recibos ya cobrados a los vecinos, el propio Diez prometió públicamente que no se girará un solo recibo nuevo de basuras “a nadie que no se le haya devuelto lo que se le adeuda” por aquel cobro.

Previamente, el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, defendió que se trata de una “tasa justa y transparente” que urge sacar adelante por imposición legal, el mismo motivo por el que se aplica ahora el criterio de que la recaudación que se consiga con ella “cubra exactamente la totalidad del coste del servicio”. Añadió también que el formato permite que “pague más quién más genera” basura, ya que estimó que el 65% del recibo dependerá la cantidad de residuos de cada ciudadano o empresa.

Una visión positiva que estuvo en las antípodas de la visión del portavoz del PP, David Fernández, quien insistió en que los últimos años el equipo de Gobierno que lidera Diez ha hecho “la peor gestión de España” en esta materia, culminando ahora, dijo, con una nueva subida fiscal a los leoneses, que cifró en el 4,5% respecto al intento de hace dos años que fue condenado judicialmente. Fernández aseguró que el voto en contra de sus ediles se basaba, sobre todo, en oponerse a que “se cobre más por los mismos servicios”, que además siguen siendo escasos, por ejemplo acumulando varios años de retraso con el nuevo contenedor marrón para residuos orgánicos.

Por UPL, Sendino anunció una abstención “por responsabilidad”, porque de no aprobarse la tasa “se perderían 11 millones de euros” que se prevé recaudar y en lo que se cuantifica el coste del servicio, y eso a pesar de manifestar que “no nos parece una ordenanza justa”. Y desde Vox, Blanca Herreros, insistió en manifestar “serias dudas acerca de la legalidad” de la tasa, instando a que se devolviera cuanto antes el dinero recaudado el pasado año tras conocerse la sentencia.

El regidor quiso cerrar el debate asegurando, tajante, que “no se sube el tributo sino que hay una redistribución”, recordando que se trata de una aprobación inicial que todavía se puede enmendar y mejorar ahora en período de alegaciones, añadiendo que sacarlo adelante con urgencia es al mismo tiempo un ejercicio de “responsabilidad” y “una obligación legal”.

Otros asuntos

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de León a la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, en reconocimiento a casi siglo y medio de labor educativa, social y asistencial en la capital leonesa desde su llegada en 1877.

También salieron adelante sendas mociones por unanimidad de todos los grupos políticos, el primero de ellos exigiendo el mantenimiento en León del centro de formación de Adif, tras anunciarse su cierre y traslado a Valladolid, cediendo si fuera necesario espacios municipales, con objeto de asegurar el contenido del futuro centro licitado en el entorno de la estación histórica.

En segundo lugar, acuerdo también total para urgir la mejora de las conexiones del polígono industrial de Villadangos del Páramo y del eeropuerto de León, así como la supresión de los peajes de la autopista León-Astorga AP-71 y la León-Asturias AP-66.

España acudirá de nuevo a las urnas para votar en las próximas elecciones generales el próximo domingo 29 de noviembre y, desde la provincia de León, 425.983 electores tendrá que elegir esa jornada entre 13 papeletas de candidatos a ocupar un sillón en el Congreso de los Diputados y en otras nueve para el Senado. Todas las candidaturas han sido publicadas este miércoles 28 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Han pasado tres años desde la última vez que se celebraron unas elecciones generales y los cambios en el tablero político han sido monumentales en el ámbito político nacional. Un giro que se refleja también en las candidaturas que los partidos presentan en provincias como la de León, donde cuatro representantes políticos leoneses se sentarán en el Congreso de los Diputados y otros tantos en el Senado.

Estos son los partidos que se presentan al Congreso por León

La cifra de partidos políticos que se presentan desde la provincia de León ha pasado de una docena a 13 para los próximos comicios generales. Se estrenan en estas elecciones la coalición Frente Amplio o Se Acabó la Fiesta (el partido del ultra Alvise Pérez). Desaparecen las papeletas de España Vaciada y UPL, que han renunciado a presentarse a estas elecciones.

El PSOE ha presentado una candidatura liderada por Javier Alfonso Cendón, actual secretario general del partido socialista en la provincia leonesa y ya diputado en la Cámara Baja durante la anterior legislatura.

Por otro lado, Frente Amplio se presenta en la provincia de León con una coalición integrada por Izquierda Unida y Sumar. Es Rubén Estévez Miguel el elegido para liderar esta lista, con una larga trayectoria en la formación de la provincia de Zaragoza, donde residió durante años.

Por otro lado, el PP presenta a Ester Muñoz como su principal candidata en la provincia de León para el Congreso de los Diputados. Muñoz es, además, la portavoz el PP durante la campaña electoral y en la Cámara Baja, diputada nacional y expresidenta provincial.

Vox presenta a Pablo Calvo Liste como número uno en su lista para el Congreso de los Diputados, quien ya ocupó este puesto en la candidatura del partido de extrema derecha durante las anteriores elecciones generales de 2023.

Podemos se presenta en solitario en provincias como León, mientras que a nivel nacional anunció una coalición con ERC, con Sixto Martínez Álvarez encabezando su lista a la Cámara Baja.

Ya que Unión del Pueblo Leonés (UPL) decidió no presentarse a estas elecciones generales, el leonesismo cuenta con el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) con Manuela Iglesias Carro como candidata; y Proyecto Alantre, que se estrena por primera vez en unas generales, con José Antonio Fernández García y con miembros del movimiento social Conceyu en el resto de la lista.

El resto de partidos que se presentan son Frente Obrero con José Manuel Estébanez Fernández como candidato al Congreso; el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) presenta a María Natividad Franco; Se Acabó la Fiesta (Salf) presenta a Enrique Jesús Pérez; el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) presenta a Estrella Alonso Almazán; Por un Mundo Más Justo presenta a María Elena Cánovas; y el movimiento Escaños en Blanco con María López Castellanos.

Partidos que se presentan al Senado por León

Un total de nueve partidos y coaliciones presentan candidaturas al Senado por la provincia de León para las elecciones generales del 29 de noviembre, dos menos que en 2023. La coalición Senado de Progreso, integrada por PSOE y Frente Amplio (Izquierda Unida y Sumar), presenta a Salvador Vidal Varela (PSOE), Laura Fernández Bermejo (IU) y Manuel Alfonso González (PSOE). Por su parte, el Partido Popular concurre con Silvia Franco González, Antonio Silván Rodríguez y María Asunción Mayo Fernández, mientras que Vox presenta a Jaime Alonso Gila, Laura Gallego Gaspar y Raúl Ramos Juan.

Podemos, que concurre en solitario a la Cámara Alta, presenta a Edith Peña Domínguez, Modesto Ramos Maraña y Ariana Alonso Celorio. El Partido Regionalista del País Leonés (Prepal) cuenta con Jesús Fernández Villar y Catalina Antúnez García; el Partido Animalista Pacma, con María Begoña Fernández García y Juan Carlos Ramos Rodríguez; y el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), con Pedro Gómez García. Completan las candidaturas Por un Mundo Más Justo, con María José Ríos Jurado, y Escaños en Blanco, con Rafael Díez Gutiérrez y María Esther Chamorro Alonso.

Respecto a las elecciones generales de 2023, cinco candidatos repiten: Salvador Vidal Varela, Antonio Silván Rodríguez, Catalina Antúnez García, Pedro Gómez García y María Begoña Fernández García. Entre las novedades figuran la coalición Senado de Progreso, la candidatura propia de Podemos y Escaños en Blanco, mientras que UPL, España Vaciada, Recortes Cero y Sumar como candidatura independiente desaparecen de las papeletas al Senado por León.

Matemáticas. Los políticos hacen muchas matemáticas electorales. Aunque parezcan relativamente fáciles, porque siempre tienden a calcular así por encima qué ocurrirá en las elecciones, pero con la experiencia de medio siglo de resultados saben que lo del Congreso y el Senado es otra historia. En realidad para la Cámara Alta es un 'no es tan así pero algo de eso hay': los políticos saben, pero casi nunca lo tienen en cuenta los votantes, que las cuentas para entrar en el salón de sesiones de la calle de Bailén en Madrid son diferentes. Aparentemente fáciles, pero distintas. Y si en un escenario normal siempre hay que contar con un poco de fortuna, en uno de empate en una circunscripción se convierten en endiabladas.

Eso ocurrió en León en las segundas elecciones de 2019 del 10 de noviembre, en las que se produjo un extraño caso de reparto a pachas entre PSOE y PP de dos y dos senadores porque lo habitual es que el partido ganador al Congreso (la Cámara Baja) se lleve tres, y el segundo uno a la Cámara Alta; ya que viene a coincidir más o menos que el primero que gana más diputados se lleva tres de cuatro senadores. Bueno, no es que suela coincidir: es que en la mayoría de las elecciones generales así ha pasado en León.

Pero hay que reconocer que en momentos de incertidumbre la votación del Senado es algo distinta. El sistema de voto directo, pero con lista abierta, permite a los votantes escoger quién puede ir... y quién no. De hecho, en la papeleta ocre se puede llegar a votar a uno solo, a dos de un partido, poner dos cruces en dos formaciones diferentes o directamente a tres completamente distintas. Porque sólo se pueden marcar como máximo tres casillas.

Incluso pueden llegar a no votar a un candidato... porque no les guste personalmente.

Hay que explicar cómo funcionan las 60 circunscripciones en las Elecciones Generales para elegir a 188 senadores (el resto, hasta 266 son de elección de cada parlamento autonómico entre sus representantes). En la gran mayoría, que son las provincias peninsulares, se eligen cuatro candidatos.

Sí, incluso en circunscripciones tan grandes en población como Madrid o Barcelona no se eligen más de cuatro representantes para la Camara Alta. Hay excepciones por población: en las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) se eligen tres, dos en Ceuta y dos en Melilla y uno por cada una de otras islas pequeñas o agrupaciones. (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma). Y siempre el votante puede elegir un número menos que los representantes que puedan salir de la elección, es decir, tres donde son cuatro. Y donde se eligen tres sólo pueden marcar dos casillas. Y donde se eligen dos o menos, pues sólo se puede señalar una. Así se garantiza que haya siempre senadores de dos partidos, al menos en cada provincia peninsular.

El extraño caso de las segundas elecciones de 2019 en León

En la circunscripción de León (donde se eligen cuatro al ser provincial peninsular) el resultado en el Senado siempre ha sido un reparto de 3 a 1 a favor del más votado, salvo en las segundas del 10N de 2019. Es el único caso en que esto ha ocurrido en toda la democracia (desde 1977) y con los dos del PP colándose en segunda y tercera posición hace siete años, habiendo ganado el PSOE las elecciones al Congreso.

Unas elecciones al Senado muy extrañas las de la segunda vuelta de 2019, porque pese a que vencieron claramente los socialistas a los populares por más de trece mil votos en el Congreso... algo pasó para que los dos primeros de la lista del PP en la Cámara Alta sacaran nada menos que diez mil votos más que su propia lista popular al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. La clave es que la elección a la Cámara Alta no se reparte por listas de partidos como en la Baja, sino por votos directos a cada candidato o candidata. En el Congreso la lista es cerrada y los escaños se reparten proporcionalmente a los votos de cada partido. En el Senado cada elector puede marcar hasta tres nombres y se eligen los cuatro candidatos con más votos, sea cual sea su formación. La ventaja de votos del PSOE en el Congreso ese 10N no contó en el Senado, porque aquí lo que sirve es cuántos votos suma cada candidato por separado. Incluso el PP coló a los dos suyos en segunda posición, y el tercer candidato del PSOE (que en una situación normal hubiera sido siempre senador) se quedó a solo 2.465 votos del cuarto puesto, que es lo que separó el 3-1 del 2-2.

Normalmente el partido que gana en diputados saca sus tres candidatos senatoriales con votos parecidos, porque sus electores marcan los tres nombres de su lista. Pero en las segundas de 2019 (en las anteriores de abril de 2019 fueron 3 PP y 1 PSOE) pasaron cosas realmente extrañas. Porque los dos candidatos del PP (Javier Santiago Vélez y Antonio Silván) sacaron más de diez mil votos que la lista popular al Congreso. De hecho, quedaron casi empatados (solo 39 votos de diferencia entre ellos, ganando Vélez). Es decir, los dos nombres eran realmente conocidos. La tercera popular, Mar González Pereda, se quedó unos 10.000 votos por debajo... sacando casi 5.000 votos menos que el socialista Vidal, el que ganó las elecciones de la papeleta ocre. Lo que significó directamente que una notoria cantidad de votantes socialistas no marcó los tres nombres (mil quinientos menos al segundo de la lista, sólo el primero sacó 173 más, y hasta casi cinco mil menos al tercero) aquel 10N.

Además, el PP sacó en el Senado unos 11.000 votos más que en el Congreso, mientras que el PSOE casi se quedó igual. Con los datos no se puede saber de dónde vinieron, pero es verosímil que parte de ellos fueran de votantes de otros partidos. Una explicación sería la transferencia del voto de Ciudadanos, que se hundió respecto a la elección de abril en el Congreso (de 50.612 a 16.731 votos) y es muy posible que parte de sus electores votaran a candidatos del PP en el Senado.

Así, entre abril y noviembre el PSOE perdió fuerza en su tercer candidato (bajó unos seis mil) y el PP ganó en su segundo (aumentó unos veinte mil), con lo que las fuerzas se equilibraron y con una pequeña diferencia los socialistas no llegaron a alcanzar el tercer senador como habría sido lo normal. Fueron al final, haciendo la cuenta de estas subidas y bajadas, 2.465 votos menos del tercer socialista respecto al segundo popular (Silván) en el resultado final por los que lo que el cuarto escaño pasó al PP en las segundas elecciones de 2019 y se produjo el reparto por igual.

Por qué el tercer partido en el Congreso nunca llega a tener senador

Otra de las cuestiones del voto en el Senado, es que es hartamente complicado que el tercer partido pueda tener opción de obtener un escaño salvo que hubiera un empate entre los tres en un pañuelo. Cosa que nunca ha ocurrido en la circunscripción leonesa. Es decir, que da igual marcarse 45.000 votos en el Congreso si el segundo tiene 80.000 (recordemos que al PSOE también le pueden votar los leonesistas y va a estar difícil que estos lo hagan hacia Vox) y el primero 100.000 (que bien podría ser el escenario en las próximas generales en León del PP); porque al ser voto directo en la Cámara Alta, aquí cuentan los cuatro primeros puestos; aunque sea por una papeleta por encima del quinto.

Así que es realmente difícil que ningún candidato de una tercera formación que sí puede disputar un diputado nacional por el sistema de reparto D'Hondt (que no Ley como la llama mal todo el mundo), como bien pudiera ser el caso de Vox el 29N, pueda llegar a tener unos cuarenta mil votos más para superar ampliamente los ochenta mil del segundo partido; que vendría a ser el PSOE hipotéticamente hablando. Es decir, necesitaría el doble de papeletas casi para permitirle superar a los tres candidatos de la formación en segundo puesto en las urnas, concretamente en la anaranjada.

Esto de que los candidatos al Senado de los dos primeros partidos tengan similares votos que al Congreso ocurre, indefectiblemente, por el efecto de mandar las papeletas por correo a casa de los votantes: con las del Senado ya tachadas en los tres puestos de cada formación, hace que muy pocas personas escojan la papeleta en la cabina electoral y marquen los que le apetecen. La gran mayoría ya van con el voto puesto de casa.

Por eso, tener cuanto más presupuesto para la campaña beneficia a los partidos grandes. Porque los pequeños no disponen de dinero para buzonear por completo la provincia. Y eso es lo que marca la diferencia. Se pueden observar en la tabla de arriba esas sutiles diferencias, que no siempre ocurren, porque se puede comprobar que la fama de uno de ellos puede hacer que saque diez mil papeletas más que su partido. Eso ocurrió con Javier Callado como primer candidato a la UPL en 2023, mientras que otros pierdan votos, como pasó con Carlos Pollán, hoy líder autonómico, que se dejó en la segunda vuelta de 2019 casi cinco mil menos; pese a presentarse en solitario el tener un buzoneo imperfecto (no había dinero para llegar a ciertos pueblos), le perjudicó. Peor les fue a los de Abascal en 2023 como se ve en la tabla de arriba.

Conclusión: Vox lo tiene realmente complicado y el Frente Amplio, menos

Como se ve, lo de las matemáticas electorales del Senado son cosa complicá, sobre todo para el tercero en liza. Y como PP y los de Abascal no han llegado a un acuerdo en León (aunque sí en otras circunscripciones de España), lo de Vox aquí es casi imposible. Sus candidatos en la papeleta de colorín ocre tendrían que sacar unos 30.000 o 40.000 votos más que al Congreso para poder alcanzar al tercero del PSOE, no digamos al primero. Y en el mejor escenario posible en el que el PSOE baje de los noventa mil que sacó en 2013 a unos 70.000 a la Cámara Baja, si Vox sacara 50.000 al Congreso (lo cual parece demasiado), necesitaría de unos 25.000 más para garantizar un puesto en la Cámara Alta senatorial. Y eso sería un reparto de 2 PP, 1 PSOE y 1 Vox que jamás se ha dado en la provincia.

Así y todo, el pacto entre el PSOE y el Frente Amplio sí puede provocar un reparto así, aunque de dos listas. Dos el PP, uno el PSOE y otro Laura Fernández (IU) al ir en segunda posición en la lista de 'Senado de Progreso'. La cuestión es si consiguen agrupar los votos de IU y Podemos junto con los socialistas. Incluso cayendo el PSOE a 70.000 votos en el Senado, si unos veinte o veinticinco mil votantes de las formaciones de izquierdas apoyaran a su candidata... incluso podría salir por encima de Salvador Vidal en tercera posición.

¿Y esto sería posible? Pues teniendo en cuenta que en las últimas de 2023 votaron de media a la más exitosa candidata al Senado de Sumar 19.000 personas, en noviembre de 2019 unos 23.500, y en abril de 2019 unos 30.000... no sería descabellado conseguir veinte mil a mayores... si es que los socialistas votan a Laura Fernández, que bien pueden elegir meterse en la cabina electoral para votar sólo a sus dos candidatos asegurando que salgan ellos... y ella no.

Y, por supuesto queda todavía algo que no es fácil, que la gente de IU vote a los socialistas. Ya no sólo saliendo de casa al colegio electoral, que cuando no vas a gusto cuesta bastante y el abstencionismo puede ser grande (minusvalorando al menos en un 30% esos veinte mil votos dejándolos sobre 15.000), sino con algo mucho peor: ya se dio un caso tremendo entre los de IU de no voto ni de coña al que no es de mi izquierda en las elecciones de 2016. En esos comicios se unieron finalmente con los entonces rebautizados 'comunes' para garantizar el diputado de Podemos en las de 2015 en las que había sacado 50.000 votos. En 2015 Unidad Popular en Común sacó casi 14.000 votos, con lo cual lo mínimo sería haber esperar unos 65.000 en la lista de Unidos Podemos. ¿El resultado? La candidatura unificada sacó 48.000 votos. O sea, lejos de subir palmó dos mil votos. Es decir, podría colegirse que la gente de IU se negó a votar a otra izquierda distinta de la suya, castigando a sus propios líderes para dejarles habían dejado bien claro que con aquellos no.

En conclusión y a la vista de las encuestas publicadas: el PP parece que tendrá seguro dos senadores con una victoria en la provincia, el PSOE garantiza uno, Vox parece tener cero coma posibilidades (con lo cual el PP mantiene parte de las suyas para conseguir finalmente el tercero) y el Frente Amplio tiene algunas más (si logra sumar parte de su resultado de 2023, unos quince mil votos, y unos más que muy hipotéticos ocho mil leonesistas con unos setenta mil socialistas salen... 93.000 en casi 'máximos' y con eso les podrían faltar cinco mil para conseguirlo); pero las matemáticas electorales no son sólo cosa de fortuna sino también de psicología, porque también hay que tener en cuenta la popularidad interna que tenga su candidata vistas las tirrias que existen entre los que se suponen suyos.

Aunque puedan no llegar, lo que está claro es que sin este acuerdo para el 'Senado de Progreso' la realidad es que sería aún más imposible para el Frente Amplio conseguir ese puesto que para Vox. Pero ojo... que no se puede olvidar nunca que en estos casos de los apoyos pactados entre las izquierdas verdaderas, las cuentas finales de los comicios se convierten generalmente en algo muy cruel.

Y bien puede ser, como manda la puñetera tradición matemática electoral española, que termine en León para las de más allá de la socialdemocracia 'como siempre': PSOEizados y en una nueva 'derrota hasta la victoria final'.

El poeta, cantante y compositor Joan Manuel Serrat ha invitado a “combatir la censura”, que “es una monstruosidad”, especialmente aquella que se produce “por parte de ciudadanos que están en cargos políticos”, que son quienes “tienen que responder frente a toda la sociedad”.

Serrat ha hecho estas declaraciones en León al ser preguntado por el anuncio de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León (Vox) de limitar a proyectos “sin adoctrinamiento”, sin “propaganda partidista” ni “apoyo expreso a opciones políticas concretas”, la convocatoria de ayudas para largometrajes, documentales o series piloto de animación y televisión de 2026.

El cantante ha recordado que la censura que vivió él durante la dictadura “estaba muy cimentada dentro del régimen e institucionalizada” y ha considerado es un aspecto que está “absolutamente reñido” con la libertad.

Serrat ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en León, ciudad a la que ha acudido para recibir el Premio Leteo 2026 por su extensa obra y trayectoria en un Auditorio Ciudad de León que se ha llenado para la ocasión.

El “maltrato” a los servicios públicos

El compositor ha calificado las próximas elecciones generales como una “prueba de fuego no sólo para los que se postulan a ellas sino también para los electores” y ha subrayado que va ser un momento “buenísimo para poder decir lo que pensamos respecto a la situación en la que nos encontramos”.

Preguntado por la actualidad política, ha lamentado “el maltrato” que están recibiendo los servicios públicos “por parte de aquellos que deberían favorecer su expansión, su difusión y su reparto equitativo entre los ciudadanos”.

También ha mencionado la vivienda como uno de los problemas que más afectan a la sociedad que “ha colmado ya todos los vasos y que ha llevado a la gente a manifestarse constantemente por las calles”.

Para el artista, lo que está ocurriendo en España es el resultado de muchos años de “desgaste de la ilusión y de la propia gente” que ha coincidido además “con un tiempo complicado en lo que respecta a la voz pública”.

Por último, ha alertado de hay que ser muy cuidadosos para “ir desgranando las voces de los ruidos y para separar el polvo de la paja de lo que nos está ocurriendo”.

“Retirado de los escenarios, no de vivir”

Serrat ha recibido este miércoles el Premio Leteo 2026, reconocimiento tras el que ha mostrado su satisfacción y agradecimiento porque la gente le haya permitido “vivir del oficio de escribir canciones y cantarlas”.

Ha destacado el privilegio de compartir este galardón con “todo un manojo de extraordinarios poetas y creadores que han sido premiados a lo largo de estos años”.

El cantautor ha recalcado su agradecimiento al público que le ha permitido “estar dando vueltas por el mundo” haciendo el oficio que decidió hacer y que le ha proporcionado muchas alegrías.

Serrat también ha comparado lo que supuso para la humanidad la escritura y la lectura con el nuevo mundo digital, que ha calificado como una época fundamental en la especie humana al considerar que estos nuevos medios han revolucionado la forma de comunicarse, por lo que ha abogado para que tanto la escritura y la lectura y el mundo digital “estén lo más cercanos posibles”. “Nos hacen falta los dos”, ha agregado.

El cantante ha subrayado que se ha “retirado de los escenarios pero no de vivir, ni de ser consecuente con lo que vivido”, recalcando que tiene “muchas cosas por hacer”.

“Yo no estoy enfadado con lo que hice. Lo que sé es que en un momento determinado de mi vida, por cuestiones de la naturaleza, yo no podría hacer una gira, y aunque he visto a gente hacer giras en peores condiciones a mí no me apetece por responsabilidad”, ha apuntado al respecto.

“Mis canciones han sido mi vehículo de expresarme y de comunicarme y de ganarme la vida, pero no se me ocurre ponerme mis discos”, ha añadido.

Vox ha protagonizado este martes en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada el segundo de los mitines preelectorales de la cita del 29 de noviembre en la comarca berciana con la presencia de su líder, Santiago Abascal, y tras la visita de Pedro Sánchez hace una semana. Y en él ha confirmado que su candidato de las últimas citas electorales en la provincia, desde el 2019, será el exdiputado Pablo Calvo Liste.

Además, la número dos erá la actual única concejala de la formación en el Ayuntamiento de León, tras la escisión del grupo municipal, la abogada Blanca Herreros, y el número tres será para Santos Martínez. Es además muy curioso que la lista por la provincia de Zamora la vaya a encabezar el leonés, de la comarca de El Bierzo, Miguel Suárez Arca, que se quedó sin acta de procurador autonómico en las últimas elecciones.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha sido el encargado de dar paso al candidato, que lo será por tercera vez tras haber sido elegido diputado por el partido de extrema derecha en la legislatura 2019-2023, cuando perdieron la representación parlamentaria por León. El partido apuesta por recuperar un diputado nacional por la provincia en las urnas de finales de noviembre.

Tanto Pollán como Liste han tirado de los mantras habituales del partido con los conceptos de prioridad nacional, desregulación y remigración. Para Liste “nos está gobernando el enemigo”, asegurando que Sánchez es el candidato de Marruecos, “y al enemigo se le planta cara, se le combate y se le vence”.

Pollán, por su parte y como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha defendido el gobierno autonómico asegurando que han elaborado “los presupuestos más sociales y con menos impuestos de la historia”, sacando pecho de las medidas que arracadoando al Partido Popular como la rebaja de fondos a sindicatos y asociaciones empresariales.

Santiago Abascal, interrumpido con gritos de 'Presidente', ha asegurado que “el 29 de noviembre se puede cambiar el rumbo de nuestra patria”, celebrando su presencia en la capital berciana como uno de sus primeros actos y agradeciendo la presencia de banderas de Ceuta, “gracias por venir con esa bandera donde hoy está nuestra dignidad y nuestros desvelos”.

El líder de la extrema derecha ha criticado a Pedro Sánchez por la 'ley de nietos' dando pábulo a la supuesta hinchazón del censo, “les hemos pillado con la trampa y les hemos parado ante el Tribunal Supremo”. Según su visión Pedro Sánchez, “ha pactado con todos los enemigos de España” y por eso ha impulsado la ley para “sustituir a todos los españoles”, argumentando en ello el proceso de regularización “para que los españoles sigan estando en el último lugar”.

“El día 29 todos los españoles votarán, los que tienen derecho y algunos que no deberían tenerlo y creo que ese día nos lo jugamos todo”, ha incidido para pedir que nadie se quede en casa y se acuda a votar. “Hay encuestas que dicen que todo está hecho y yo quiero invitaros a la desconfianza. Quiero pediros que no confiéis en ninguna encuesta, que nos os creáis ningún titular y que el 29 de noviembre no haya nadie que se quede en su casa y que acudan a los colegios electorales a llenar las urnas por el cambio en España”,

“Hace 4 años las encuestas decían lo mismo y pasó otra cosa”, ha pedido para acusar a Pedro Sánchez de ser capaz “de robarnos las elecciones” por sus palabras de que volverá a haber un gobierno progresista, “¿por qué ha dicho que nos va a gobernar de una manera o de otra? A un tipo así no se le puede votar. Animo a todos los españoles a que desconfíen de un tipo así”.

Abascal ha entrado en la polémica de las pensiones asegurando que es un bulo que Vox ponga en riesgo las pensiones, “el peligro para las pensiones tiene nombre y apellidos, se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el peligro para las pensiones es el gasto abusivo, el impuesto desmesurado, el dispendio, el déficit, la deuda pública”. “Nosotros lo hemos dicho claramente, las pensiones se van a pagar como sea”, afirmó Abascal “porque los pensionistas tienen derecho a recibir por lo que han cotizado durante tantos años, nos os creáis las mentiras de Pedro Sánchez y los medios de comunicación sobre la privatización de las pensiones”.

“Aquí, durante estos ocho años ha mandado Esquerra Republicana, Bildu y Mohamed VI, pero no el conjunto de la nación”, ha incidido el candidato de la extrema derecha con altas expectativas de llegar con el PP al gobierno del país después de la cita electoral.

El Gobierno de Partido Popular y Vox en Castilla y León admite que suman unos 1.200 los expedientes de compensación por daños a ganaderos a causa de ataques de lobos cuyo pago se ha bloqueado en los últimos meses.

El consejero de la nueva cartera que une Agricultura, Ganadería y Medio Rural ahora con Política Ambiental, el líder sindicalista agrario de Asaja elegido por Vox, Joaquín Antonio Pino, aseguró hoy durante su visita a las instalaciones centrales de la cooperativa agroganadera Cobadu en Moraleja del Vino (Zamora) que se marca el objetivo de poner al día todos los pagos a partir del 1 de enero del año que viene.

También puso el acento en comenzar a controlar la población de lobos de la Comunidad a través de la caza de manera inmediata, antes de que finalice el actual año 2026. De momento, esta alternativa lleva años paralizada en Castilla y León desde la inclusión de la especie como protegida en el Lespre, pero otras Comunidades como Asturias sí lo han recuperado, entre una inmensa polémica, incluso judicial.

Pino ha asegurado que están trabajando para que antes del 1 de enero se pueda llevar a cabo ese control poblacional del lobo, ya que es algo que preocupa a la Consejería y, si otras Comunidades Autónomas, del norte de España de “diferentes signos políticos” han podido hacerlo “¿por qué nosotros no vamos a intentarlo?”, se ha preguntado, tal y como ha recogido Efe.

Al respecto, se ha respondido a sí mismo al afirmar que van a intentarlo y se ha mostrado confiado en que lo consigan, al igual que han podido autorizarse las quemas de rastrojos sin que haya pasado nada ni esté “ardiendo” Castilla y León, otra polémica medida de su departamento aún con el riesgo alto de incendios forestales en la Comunidad.

Del mismo modo, el control poblacional y estar “al lado de los ganaderos” en esa reivinciación “no significa que se vaya a extinguir la especie”, ha declarado el consejero.

Más dinero y en sólo un mes

Sobre el pago de las indemnizaciones, ha explicado que en su departamento trabajan para que a partir del 1 de enero del año que viene los expedientes por daños del lobo puedan tramitarse y pagarse de forma ágil, en menos de treinta días de tramitación y “a precio de mercado” y abonando también “el lucro cesante en todos los casos”.

Ha admitido que desde mediados del año pasado se acumulan cerca de 1.200 expedientes de daño del lobo sin tramitar, pese a ser “un dinero de los ganaderos, que tienen que tener cuanto antes en sus cuentas”, unos pagos que debe tramitar la Conejería de Medio Ambiente y de los que “queremos que se desbloqueen los fondos”, ha declarado Pino.

El consejero se ha referido además a las cuentas del próximo año de su departamento y ha opinado que son unos buenos presupuestos, con más dinero para apoyar las cuestiones y los sectores proritarios, como los agroseguros, el regadío, el apoyo a las asociaciones de ganaderos o a la calidad agroalimentaria. Lo que hace falta ahora es trabajar para que ese presupuesto se ejecute y no quede “ni un solo céntimo” sin invertirse.

Veinticinco contra uno. Todos los diputados provinciales, de todos los partidos políticos, contra el criterio del máximo responsable del cumplimiento de la legalidad administrativa en la Diputación de León. La suma unánime de los 25 votos del Gobierno provincial de PSOE y UPL, así como de la oposición de PP y Vox, ha permitido hoy aprobar en un Pleno extraordinario y de acuciante urgencia el reparo que el interventor del Palacio de los Guzmanes, Rafael Benito y Benítez de Lugo, ponía para ampliar el plazo de ejecución y de justificación de los 60 millones de euros del Plan de Cooperación de los años 2024 y 2025. Un plazo que, aunque muy amplio, y aunque ya se había prorrogado un año, asfixiaba a más de 70 municipios leoneses, que se arriesgaban a perder el dinero concedido para proyectos de infraestructuras importantes para sus pueblos.

El plenario apoyó por unanimidad final un 'estiramiento' formal de esos plazos, como solución in extremis para permitir que el Plan de Cooperación se ejecute en su totalidad, a pesar de que el veto formal de Intervención podría haber sido levantado sólo por el presidente, Gerardo Álvarez Courel. Pero de este modo, la decisión se arropó como política y compartida, como se encargaron de manifestar todos los portavoces de los cuatro grupos representados en el Palacio. Y de este modo, se desbloqueaba “dentro de la legalidad”, como la institución defendía hace escasos meses, un complejo entuerto administrativo que iba a devenir en la pérdida de millonarias inversiones si no se buscaba una solución antes de fin de año.

Eso sí, para conseguirlo, había que pasar por encima del criterio formal del interventor, que estaba presente en la sesión. Él, con la normativa en la mano, y en un informe oficial al respecto, defendía que no cabía prórroga alguna ni a las obras en sí ni a su justificación por no permitir la Ley más que una ampliación del 50% de la duración del plan, que era sólo de dos años y expiraba en apenas dos meses y medio.

Ahora, con el 'sí' de todos, el calendario establece como fecha límite para la realización de las inversiones el 16 de agosto de 2027 y el plazo para presentar la documentación justificativa correspondiente se extiende hasta el 16 de septiembre de 2027.

Valentín Martínez, el portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), de quien depende precisamente el área de Cooperación que repartió un plan de obras histórico por su volumen de inversión de 60 millones, agradeció todo el apoyo político para retirar la amenaza de los plazos inminentes “con plenas garantías, técnicas y jurídicas”. Y al igual que relataban desde la oposición David Fernández, del PP, o Fernando Prieto Olite, de Vox, relataba las diversas causas, todas ajenas a la institución, que estaban asfixiando a los municipios a la hora de conseguir culminar sus inversiones de aquella doble anualidad 2024-2025.

Así, relató casos de “falta de contratistas”, conllevando a “obras que quedan desiertas” y deben volver a licitarse “con nuevos expedientes de contratación”, o “falta de personal” en las compañías que sí conseguían las adjudicaciones. Y para rematar, “incrementos constantes de precios” por “la inestabilidad” internacional, o la falta de personal como secretarios o intervención en los Consistorios.

Por el PSOE, Santiago Dorado insistió en que la alternativa a la aprobación de hoy, dejar los plazos como estaban, sería “dejar caer todos los proyectos” de inversión bloqueados, lo que sería “un fracaso y un castigo injusto a nuestros pueblos”. Algo que el popular Fernández recordó que su grupo llevaba “medio año insistiendo” instando a que los 208 municipios agraciados “no perdieran un solo euro”.

Así, como una piña política, en cuestión de minutos, y frente a la estricta legalidad que defendía el interventor provincial, los votos a favor han marcado una moratoria que deja respirar a todos los consistorios leoneses.

La precipitada convocatoria de Elecciones Generales de Pedro Sánchez para este 29 de noviembre ha supuesto una aparentemente inesperada ventaja para el PSOE en León, al pillar a contrapié a un partido pequeño como la Unión del Pueblo Leonés que, después de valorar a toda prisa la situación política de la provincia, no le ha quedado más remedio que anunciar que no se presentará a los comicios estatales.

Esto, en una circunscripción como la leonesa que reparte cuatro escaños en el Congreso –y cuatro senadores, aunque las cuentas no salen igual en el reparto de una cámara a la otra al ser la Alta (la senatorial) de elección por voto directo mayoritario– implica que a menos candidaturas principales los tres que tienen posibilidad de conseguir representantes se reparten más votos. Lo cual, beneficia al segundo, que podría llegar a conseguir mantener sus dos escaños.

Las matemáticas electorales en una circunscripción tan pequeña tienden a repartir los diputados en un empate 2 a 2. Y lo lógico, como ocurrió en esta legislatura que se acaba es que se los repartan PP (sacó unos 100.000 votos en 2023) y PSOE (con unos 91.000), quedando fuera Vox (con 35.000) y perdiendo el puesto en la Cámara Baja que había conseguido obtener en noviembre de 2019.

La regla para que un tercero consiga diputado en una circunscripción de cuatro escaños según el Sistema D'Hondt es la de 'la mitad mas uno'. Es decir, si un tercer contendiente (en este caso Vox) consigue la mitad mas uno que cualquiera de los dos primeros, siempre obtendrá un escaño. Si lo hace con el primero, a la hora de repartir se llevará el tercer puesto que se adjudique según la tabla resultante del sistema de reparto (que no 'ley D'Hondt' como se dice equivocadamente) y si lo hace con el segundo, el cuarto.

Esto mismo pasó (que quedaran 2-1-1) en las dos elecciones generales de 2019. En las primeras en abril fue Ciudadanos el partido que se llevó el cuarto, con 50.000 votos nada menos. En las anteriores de 2016 no lo había conseguido sorprendiendo a todos: el PP logró 2 escaños gracias a conseguir 111.864 votos, el PSOE uno con 73.107 paleletas, mientras que Unidos Podemos se llevó otro con 48.826, sin llegar a al 50% del primero pero superando 'la mitad mas uno' de los socialistas; mientras que Ciudadanos no sacó escaño con 35.581, menos de la mitad del PSOE y como cuarta fuerza le superó la tercera y no entró al reparto, que también fue 2-1-1. El 10 de noviembre de 2019, Ciudadanos perdió el escaño en favor de Vox. Las dos veces que lo consiguió el partido naranja ya desaparecido, les duró pocos meses el escaño, ya que hubo repetición electoral y en ambas segundas vueltas se quedaron fuera.

Vamos, que, debido a la fuerte disputa política entre al menos cinco partidos fuertes (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y luego Vox), en tres de las cuatro ocasiones con cuatro escaños desde las de 2016 se produjo un endiablado reparto en las Elecciones Generales en León. Sólo en 2023 PP y PSOE empataron a dos diputados.

Como se puede ver en el gráfico de arriba, la disputa política de estos años provocó una circunstancia extraña, ya que de los últimos cuatro comicios al Parlamento (la de 2015 fue la última vez que se repartían cinco escaños y ya entonces se repartieron 2-1-1-1) en los tres primeros de la circunscripción de cuatro escaños ha conseguido representante un tercer partido (tanto Podemos en 2015, como Ciudadanos en la primera de 2016 y Vox en la segunda de ese año), pero en cuanto los partidos mayoritarios han recuperado el tono electoral el reparto ha vuelto a ser el lógico: 2 PP - 2 PSOE. Con un cálculo matemático básico se observa cómo se cumple la regla de 'la mitad mas uno' para conseguir representación seguro, ya que eso significa que en el reparto de los votos que entran en la distribución el tercer partido consigue más del 25% de ellos.

Nota: eso no significa que haya que conseguir el 25% de los votos totales de cada elección, ya que las papeletas de los partidos que no entran en el reparto se descartan en la regla de 'la mitad mas uno' (Podemos lo consiguió, por ejemplo, en 2016 con el 17,55 % de todos los votos válidos; Ciudadanos en abril de 2019 con el 17,48%; y Vox en noviembre de ese año con el 15,73% de representatividad); lo que muestra eso sí, que de conseguir un partido en León el 25% de todos los votos contabilizados siempre tendrá garantizado un diputado

La cuestión de la distribución por escaños siempre tiene que ver en el sistema de distribución proporcional D'Hondt con el número de votos que alcance el ganador por circunscripción. El proceso es sencillo. El primer escaño se divide por 1. Con lo cual el que gana, obtiene ese escaño. Para repartir el segundo se dividen todos los votos de las formaciones por 2. Con lo cual aquel que supere la mitad mas uno del resultado del primero, se lo lleva. El tercero, todos los votos conseguidos por los partidos por 3. Y el cuarto, por 4. De esta manera, si la tercera lista obtiene 'la mitad mas uno' que el ganador, siempre superará al segundo y le arrebatará el tercero en el reparto. Y si lo hace sobre el segundo, conseguirá quitárselo in extremis, quedando en 2-1-1.

Pese a lo que se cree, la mal llamada Ley D'Hont es bastante justa en el reparto de circunscripciones más grandes. Por ejemplo: de haber tenido 6 diputados León en 2023 (como tenía en 1977 antes de las autonomías), la UPL habría conseguido uno con 34.500 votos. La tabla de arriba muestra cómo se reparten los escaños en este sistema en una simulación con los votos de las últimas elecciones de hace tres años en ese escenario. Para conseguir representación los leonesistas con sus 22.000 papeletas de 2023, León tendría que haber tenido una circunscripción el doble de grande (que repartiera ocho puestos), con lo que quedaría en una simulación en un hipotético resultado de 3 PP, 3 PSOE, 1 Vox y 1 UPL. Es decir, cuanto más puestos reparte una provincia, los partidos con menos votos sí tienen más posibilidades de conseguir representantes. Por ello es más fácil sacar un concejal en León con relativos pocos votos (son 27 puestos en el Pleno) o es más justa la asignación distribuida de eurodiputados ya que al ser España una circunscripción única con 61 puestos para Bruselas, la última lista en conseguir un escaño (CEUS) lo logró con el 1,31% de los votos: 281.064 de 17.554.385 emitidos.

¿Qué es necesario para que Vox tenga diputado en León?

En estas condiciones, Vox necesita sacar 'la mitad mas uno' de votos que el segundo partido en papeletas el 29N para conseguir representación en la provincia leonesa. Tal y como llegan las elecciones, con un PSOE aparentemente débil por su candidato Pedro Sánchez (al que muchísima gente en el país quiere ver fuera del Gobierno de la nación), es de suponer que el PP ganará los comicios generales de este año en la provincia de León. Si sostiene el techo de los cien mil votos se garantizará dos escaños. Y es posible que incluso los aumente hasta los 110.000.

Vox sacó en 2023 unos 35.000 votos, pero perdió el diputado que obtuvo con su mejor resultado en la provincia: los 40.599 votos de las anteriores elecciones de noviembre de 2019, en las que el PP sólo sacó unos 73.000, superando la mitad de sus votos. Mientras, el PSOE recuperó el segundo escaño (arrebatándoselo al partido de Abascal) hace tres años con unos 90.000. Ya entonces el candidato del partido verde, Pablo Calvo Liste, se quedó fuera por diez mil votos; pero las circunstancias actuales hacen pensar que la formación ahora dirigida desde Valladolid por Carlos Pollán pueda superar los cuarenta mil.

Esto implica que un factible descenso de unos 12.000 votos de los socialistas con respecto a los anteriores comicios, dejándolos por debajo de los ochenta mil votos les haría perder el segundo escaño. Algo que parece plausible con la tensión electoral que se vive por desahuciar de la Moncloa a Pedro Sánchez, pero que no es tan fácil como parece.

El problema de Vox es, precisamente, lo conservador que es el votante en la Región Leonesa y en la autonomía con la región castellana. Ya en las elecciones de febrero a las Cortes de Valladolid el esperado ascenso de Vox se quedó en nada. En empate. El primer paso por el Gobierno autonómico con el PP los dejó sin capacidad de ser alternativa entre un votante que es doblemente reticente a cambiar. De hecho, Mañueco consiguió el pasado febrero su primera victoria electoral clara a costa, precisamente, de los de Pollán. Todo debido al histrionismo del exvicepresidente Juan García Gallardo, que dejó una imagen lamentable de sus políticas. Pese a que el actual líder autonómico ha tomado un perfil mucho más plano, evitando salidas de tono, quizás no ha pasado el suficiente tiempo para que el ciudadano castellano y el votante leonés de derechas prefiera cambiar su preferencia y arriesgar a que el PP pierda la oportunidad de cambiar el Gobierno con una mayoría que evite las salidas de tono de los de Abascal. Los 45.000 votos que le garantizarían el diputado hiciera lo que hiciera el PSOE no son tan fáciles de alcanzar, porque los socialistas son muy fuertes en El Bierzo y puede que no bajen tanto como algunos desearían. Aunque las campañas electorales las carga el diablo.

¿Y qué va a pasar con los votos leonesistas?

Las matemáticas electorales son crudas, pero es necesario haber explicado el proceso de reparto de escaños según el sistema D'Hondt (que no 'ley') en una circunscripción tan pequeña como la leonesa. Queda claro que los 22.499 votos de 2023 de la UPL no son suficientes ni de lejos. Ni siquiera tras hacer una simulación con los escaños del comienzo de la democracia (como la de arriba con seis escaños) lo habrían conseguido.

En este escenario, aunque muchos moridos de amor por León protesten porque el partido leonesista haya decidido no acudir a los comicios generales, parece claro que la decisión, con los números políticos y los económicos (supondría un gasto de más de 60.000 euros cono poco la publicidad electoral) parece lo más lógico. No sólo por el esfuerzo extra que supondría la contienda electoral, sino por que tienen cierta razón al haber considerado que el clima de polarización nacional opacaría cualquier intento de colocar el mensaje por la Autonomía leonesa. Por mucho que duela a los leonesistas, en este noviembre eso no toca.

Y también hay que tener en cuenta que no sólo es pedir un crédito que tendría que avalarse justo a siete meses de la campaña electoral de las municipales –y en un momento de calma chicha en su viento en las velas electorales tras quedar casi clavados en febrero pasado tras el ascenso meteórico de las anteriores municipales y autonómicas–, el esfuerzo de remar para coger impuso para evitar un descenso en el apoyo del votante leonés (gobernar ayuntamientos desgasta) se debe dejar para cuando importa. Por no decir del problema de quemar a dos candidatos más en una cita electoral en el que nadie pensaría en su sano juicio que tendrían posibilidad de conseguir siquiera los 22.000 votos de hace tres años. ¿Quién se presentaría en estas elecciones a la pira electoral leonesista? ¿Y quién piensa que van a siquiera igualar el resultado de 2023 que fue ya un aumento de más del doble de papeletas que las de 2019?

En este caso, la cuestión está clara: sólo quieren que se presente la UPL los más recalcitrantes que creen en el mensaje de 'Autonomía YA' por derecho y por deseo. Un eslogan electoral inútil que no lleva a ninguna parte. Por mucho que algunos sigan diciendo que van a seguir trabajando por una coalición leonesista, nadie va a hacerlo realmente. Todo boquilla. De hecho, ya pasó el plazo para presentar una coalición ayer sábado sin noticias de ella. Y si alguien piensa en Alantre, hay que recordar que sacaron 387 votos en las anteriores autonómicas. Por presentarse se pueden presentar, pero sin dinero para darse publicidad nadie va a saber que están ahí. Suerte para ellos y para el leonesismo, porque si concurren y sacan menos de los dos mil votos que sacó la UPL la primera vez que se presentó el daño reputacional al leonesismo puede ser muy grande.

Así que la cuestión es qué ocurrirá con esos 22.000 votos huérfanos de deseo de urna autonomista (lo cual ya es un poco contradicción in termini para unos comicios para ir a Madrid) y cómo se repartirán entre los tres partidos nacionales en disputa en la provincia. Porque de la izquierda del Frente Amplio o Podemos todo indica que nada se puede esperar en que compitan en lo más mínimo en el escenario electoral leonés

La preciada papeleta del votante de la UPL

En primer lugar, la primera impresión sería repartir esos más de veinte mil votos entre los tres partidos en liza. Teniendo en cuenta que la tendencia generalista es que se repartan a pachas PP y PSOE el 85% de los votos y el 15% restante fueran a Vox, eso impediría prácticamente –salvo catástrofe socialista de perder un 20% de sus propios votos– que los de Abascal y Pollán volvieran a sentarse en el Congreso de los Diputados rugiendo por la circuscripción del león.

Sin embargo, ese reparto no tiene sentido, ya que es de esperar que muchos de los votantes de la UPL se queden en casa y pasen al abstencionismo. La cuestión es saber cuántos de ellos. Si el 20, el 30 o el 40%. Porque la polarización en torno a la figura del presidente del Gobierno es alta.

Teniendo en cuenta que los grandes desplomes de los partidos de una elección a otra no suelen superar el 30% de papeletas por cada contienda política en las urnas (cuando se suman dos 30% dos veces le ocurre lo que a Ciudadanos, que desaparecen esas formaciones en los terceros comicios), se podría conjeturar que un 20-25% de leonesistas se abstendrán. Eso dejaría unos 17.000 votos para repartir en una elucubración sistemática para intentar entender cómo podrían beneficiar al PSOE para que evitar que Vox consiguiera su puesto en la Carrera de San Jerónimo.

Con el primer reparto de la primera intuición ese 85% de los partidos mayoritarios podría establecerse una transferencia del 45% para el PP (unos 7.500 votos) y de un 40% para el PSOE (menos de 7.000), y de tan sólo 2.500 para Vox con ese 15% que tiene marcado tras las últimas autonómicas. Esto –que no cambiaría nada para el PP porque seguiría con sus dos escaños y es prácticamente imposible que consiga tres– supondría que el PSOE, estimando que pierda el 20% de los votos (18.200) podría llegar a frenar su caída a tan sólo 11.000, quedando en 80.000 votos.

Nota: antes se explicó que la votación al Senado no es igual que la del Congreso, en el caso de la Cámara Alta al ser voto mayoritario por persona, pero como la mayoría de gente vota con la papeleta de casa (y tiende a hacerlo más que para apoyar a los suyos para que no salgan los otros) lo normal es que de los cuatro que se reparten salgan tres del partido ganador y uno del segundo, con lo que el tercero en liza tiene nulas probabilidades de conseguir un puesto, ya que aquí sí tendría que superar el total de los votos de los cuatro primeros candidatos

Esto le permitiría a Vox conseguir el diputado con 40.001 votos. Pero sólo si se cumplieran estos números sin sentimiento (ni excesiva certeza salvo para sistematizar una previsión mediante elucubraciones lógicas), lo cual va a ser poco probable de que ocurra el 29N con el foco puesto de la izquierda en frenar como sea a la ultraderecha. Ni tampoco sirve mucho en observar los anteriores comicios autonómicos o municipales, ya que cada cita electoral maneja sus propios marcos psicológicos y es un gravísimo error considerar que un partido puede estar acabado porque no le salga como debería el último resultado en las urnas.

Y aquí está una de las claves del asunto, porque el último resultado socialista en las urnas en León fue excepcional, ganando contra pronóstico en febrero, lo cual hace inferir que, al menos, está potente en la provincia leonesa y estimar que su descenso no parece que vaya a ser muy grave. Si 'empatara' y sumara esos siete mil votos leonesistas, sacaría casi cien mil votos. Lo cual exigiría a Vox llegar a 50.001. No parece posible, pero las campañas... son cosa de Satanás.

¿La UPL es más de izquierdas... o de derechas?

Por último, también hay que pensar en la decisión psicológica de los votantes leonesistas, que en una circunstancia de huérfanos de siglas (y daría igual que partidos intrascendentes autonomistas como el Prepal o Alantre lo hicieran, porque son residuales y sería como efectuar un voto nulo ante la absoluta imposibilidad de que consiguieran representación si ya no podría conseguirlo la UPL ni presentándose), tienen una serie de limitaciones mentales que superar.

En primer lugar, votar al PP supone apoyar sus políticas desde Valladolid. Y eso es mal asunto y dejaría mal cuerpo, aunque si es de los que quieren que se vaya Sánchez como sea, no dudará en votar con la pinza en la nariz. Pero aquí está el quid de la cuestión: que también puede mostrar la tendencia política del votante de la UPL, que por mucho que los de la izquierda de frentes múltiples a la izquierda del PSOE considere que son de derechona, las encuestas siempre apuntan a una tendencia hacia las ideas progresistas de los votantes leonesistas.

Es decir, que bien podrían votar más al PSOE teniendo en cuenta que la socialdemocracia española no es precisamente izquierdosa. Hay que tener en cuenta que la propia izquierda leonesa tradicional en torno al PCE e IU es la que más ha denostado la posibilidad de una autonomía leonesa durante décadas; y eso el votante leonesista no lo olvida, y su imagen puede parecer más agresiva a los de Podemos y el restado Sumar por culpa de ello. Ciertamente, tampoco la traición socialista a las ideas de Baldomero Lozano es que guste mucho a los autonomistas de la UPL, pero lo que sí es más probable es que se encuentren más incómodos con el voto a Vox.

En este caso, ya de por sí la estadística sociológica básica indicaría que, como mucho, el 15% de los votos leonesistas irían al partido de Abascal. Pero la esencia del votante de esta formación esencialista española no casa mucho con la identidad leonesa, ya que es más de hincharse por la grandeza española rememorando Las Navas de Tolosa (victoria castellanísima en la que además se suele llamar traidores a los leoneses) y a Isabel la Católica como la Reina de una Castilla triunfante en América. Ese hispanismo exacerbado basado en Castilla, Castilla y más Castilla... no casa mucho con el ciudadano que introduce el sobre con la papeleta de la UPL.

Por no hablar de lo que pensarán las señoras leonesistas de las políticas de Vox respecto a las mujeres. Y son el 50% de los votantes de la Unión del Pueblo Leonés.

En fin, todos los votantes de la UPL que han visto cómo Abascal ha ondeado la bandera de León siempre que viene aquí, recuerda su pasado pero su guiño leonesista es decir que “el estado de las Autonomías perjudicó históricamente a León” (estando en contra de él la Región Leonesa nunca la alcanzaría, porque las eliminaría todas), mientras en las Cortes de Valladolid su grupo niega que exista el País Leonés y asegura que “el leonesismo no merece respeto”. Parece complicado que más de un 3% de los ciudadanos que apoyan a la Unión del Pueblo Leonés pueda terminar votándoles. Y eso, porque no se habrán enterado de lo que les han dicho.

León, de nuevo una jungla electoral

Así las cosas, el reparto del disputado voto del señor leonesista parece a priori beneficiar, de forma sorprendente, al PSOE y dificultar el regreso de Vox al Congreso de los Diputados por León, aprovechando que el eterno candidato a Rey León (en forma de diputado leonesista en Madrid) ha decidido quedarse dormido para cazar una mejor presa. Porque de ser más PSOE State of Mind el leonesismo (y el ciudadano español es más bien socialdemócrata en su forma de pensar, con lo cual el 'no es tan así, pero algo de eso hay' pesa mucho), al autonomista leonés le valdría votar a los socialistas para impedir que una formación tan orgullosa del castellanismo hispánico (y tan poco admiradora de nuevas autonomías por así decirlo finamente), no consiguiera el deseado diputado leonés que denostara en Madrid la posibilidad de crearla.

Pero en las elecciones los sondeos y las elucubraciones no sirven porque, como siempre se dice, la verdadera encuesta la desvelan todos los ciudadanos el día de la votación. Hay que ser muy consciente, al final, que la psicología del votante es insondable; pero ya se verá si la interpolación planteada en este análisis es válida o no cuando cierren los colegios electorales. Las matemáticas políticas no sólo son crudas, sino que generalmente son muy crueles con los vaticinios tras el escrutinio de los votos.

Y hay que tener en cuenta que las campañas electorales últimamente en España son como la jungla y se deciden, muchas veces, por un zarpazo inesperado.

La caza y también la pesca se han convertido en una nueva y millonaria prioridad de la Junta de Castilla y León, especialmente desde que se sellaron su nuevo pacto de Gobierno autonómico el Partido Popular (PP) y Vox. Y a provincia de León es con diferencia su nuevo coto. El proyecto de presupuestos generales de la Junta para el año 2027, al mismo tiempo que contempla polémicos recortes como cuatro millones menos para proyectos internacionales de cooperación al desarrollo por parte de ONGs, recoge sólo en la provincia de León unas partidas nunca vistas para las actividades cinegéticas y piscícolas. La cuantía se eleva por encima de los 2,5 millones, sumando en total 2.586.509 euros.

Esa cantidad supone multiplicar de un plumazo por seis el presupuesto destinado para estas actividades en el último presupuesto que ha estado vigente, el de 2024, prorrogado hasta hoy por la minoría parlamentaria del PP tras la anterior ruptura con Vox en el Ejecutivo autonómico. En aquellas cuentas, la suma de partidas para caza y pesca apenas alcanzaron los 416.228 euros, divididas en una partida de 291.228 euros para promoción de turismo y otra línea de ayudas de 125.000 euros a pequeñas y medianas empresas, Pymes, para “fomento turismo relacionado con pesca, caza o micología”. Ambas provenían de la única consejería con un leonés al frente, la de Medio Ambiente, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Todavía esa cifra fue objeto de una drástica reducción en el último proyecto de presupuestos presentado por la Junta el pasado año, para las cuentas del presente 2026. A pesar de que reflejaba una inversión real jamás vista para la provincia, de 285 millones de euros, que se quedaron en el tintero por la soledad parlamentaria del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y el voto en contra unánime de toda la oposición, los capítulos de caza y pesca eran minúsculos. En concreto, sumaban sólo 160.000 euros, ya sin ayuda alguna para Pymes.

Por eso, la cuantía actual de más de 2,5 millones del nuevo presupuesto tras el reeditado pacto PP-Vox supone en este caso multiplicar por 16 la cifra del pasado borrador de cuentas públicas de la Junta. Ahora, las partidas provienen de múltiples órganos autonómicos e incluso se nutren de los fondos del antaño llamado Plan del Carbón para la reconversión de las cuencas mineras leonesas, los Fondos de Transición Justa.

Mucho menos en las restantes ocho provincias y cero en algunas

La distancia económica respecto a las otras ocho provincias de Castilla y León es inmensa y en concreto en materia de caza, prácticamente exclusiva para León, porque el grueso de las partidas presupuestarias se destinan a pesca en el conjunto de la Comunidad, un claro predominio de los recursos dirigidos al ámbito fluvial, pesquero y acuícola frente a la actividad cinegética.

Frente a los 2,5 millones de euros en León, la provincia de Palencia encabeza la inversión global con más de 580.000 euros, distribuidos en la promoción del turismo de caza y pesca (426.108 euros), infraestructuras del sector (100.000 euros) y el Centro del Cangrejo (61.969,95 euros). Le sigue Valladolid, donde se recogen fondos de 350.000 euros expresamente asignados para el seguimiento de especies cinegéticas a escala autonómica.

A estos importes se añaden partidas orientadas a la divulgación ambiental y el fomento de la pesca a través de las Aulas del Río en Burgos (50.752,80 euros en Pineda de la Sierra), Soria (30.080,40 euros en Ucero) y Valladolid (26.250 euros), además de investigaciones sobre acuicultura y producción truchera en Segovia por más de 48.000 euros. En las otras dos provincias de la Región Leonesa, Salamanca y Zamora, así como en Ávila, no se registran asignaciones con denominación específica ni para pesca ni para caza en los capítulos de inversión real.

Así se reparte la inversión en León

En el caso leonés, la primera partida aparece en la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que está en manos de Vox bajo la presidencia del exlider sindicalista agrario de Asaja, Joaquín Antonio Pino. Se denomina “Promoción turismo caza y pesca accesos León” y conlleva 779.509 euros. Sin embargo, se trata de una partida que además duplica la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que con idéntico destino, también para accesos de caza y de pesca, contempla otros 57.000,00 euros a mayores. En total, 836.509 euros de presupuesto para la misma finalidad que no se detalla en qué consistirá.

El también a veces llamado 'la Junta B' o criticado como “chiringuito”, que es Somacyl, registra una nueva partida en el borrador presupuestario que al final viene a ser la más elevada: un millón de euros para literalmente “Infraestructuras Caza y Pesca León”. Es aquí cuando desvela que ese dinero estará íntegramente financiado por Fondo de Transición Justa minero, no directamente para la reconversión de las comarcas gravemente afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas.

Y por si fuera poco dinero, todavía otro 'chiringuito' dependiente de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, suplementa una nueva cifra de 750.000 euros. En este caso, para lo que denominan “actuaciones del fomento del turismo de naturaleza, caza y pesca”, también sin detalle alguno.

Un cúmulo de polémicas medidas para matar más

Todas estas medidas de tipo presupuestario se suman a otras adoptadas en los últimos años, tales como la exención del pago de tasas cinegéticas del anterior Gobierno de PP y Vox, que disparó los permisos un 43,7% en dos años frente a las críticas de los ecologistas. Y recientemente, la nueva Consejería de Vox para el campo con parte de las antiguas competencias de Medio Ambiente ha autorizado el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para modalidades de caza mayor, igualmente denostada por los conservacionistas.

Esosignificaa que a partir de ahora los cazadores podrán abatir ejemplares con la ayuda de visores diurnos en la caza mayor y nocturnos para el jabalí. La excusa administrativa de la Junta es la de reducir daños agrícolas y ganaderos y mejorar la gestión cinegética. También se estudia el modo de permitir el uso de silenciadores que pillen más desprevenidos aún a los animales.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) considera que el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2027 presentado por el Gobierno de PP y Vox en la Junta es “una repetición” del de hace año e “insisten en proyectos que vuelven a prometerse tras no haberlos ejecutado”.

La formación leonesista ha señalado en una nota de prensa que las cuentas para 2027 “apenas aportan novedades”, y en materia sanitaria vuelven a incluirse partidas para centros de salud como Villaquilambre y Villalpando que fueron prometidos hace 20 años, para el centro de salud del Zurguén prometido en 2010, para el Ponferrada I y el Virgen de la Concha prometidos también hace varios años, así como para la Unidad de Radioterapia de El Bierzo, que “pasan los años y sigue sin ser una realidad”.

En esta línea, también han destacado como vuelve a prometerse la reforma del José Aguado de León, la Fisioterapia en el centro de salud de San Andrés del Rabanedo o las Unidades de Reproducción Asistida para los Hospitales de Salamanca y León, tras no haberse ejecutado ni un euro de lo prometido el año pasado para estos proyectos.

Una situación que se repite en el área de carreteras con un listado de proyectos que también acumulan años de retrasos e incumplimientos por parte de la Junta, mientras que en otras partidas destinadas a reparación o mejora de la seguridad vial en la provincia, las escasas dotaciones presupuestarias demuestran que “la Junta realmente no tiene voluntad de ejecutar dichas mejoras viales, que requieren de inversiones mucho más fuertes”.

Del mismo modo, en materia educativa los leonesistas han denunciado como se recogen nuevamente proyectos comprometidos y que siguen sin ejecutarse como el Instituto de Villaquilambre, el Centro Rural de Innovación Educativa de Ciudad Rodrigo, las ampliaciones de los colegios de Sariegos y Cembranos, el Centro de Educación Especial de León, el gimnasio del CEIP La Viña de Zamora o el polideportivo de Eras de Renueva, entre otros.

En cuanto a Agricultura, desde UPL se ha apuntado que vuelve a recogerse el Parque Agroalimentario del Bierzo con una partida “de la misma cuantía para 2027 que la que se prometió pero no se ha ejecutado en 2026”, y apuntan que ocurre lo mismo con las partidas planteadas para infraestructuras rurales en las concentraciones parcelarias de Tejeda (Salamanca), Almanza (León) y Fermoselle (Zamora).

Además, consideran “ridícula” la inversión prevista para iniciar la fase II de la modernización del Canal Bajo del Bierzo, que se fija en 10.000 euros para 2027, o para la modernización del Canal del Esla (Zamora y León) en su fase I, cuyo proyecto superaría los 6 millones de euros pero solo se recogen 50.000 euros como inversión prevista para 2027.

En vivienda, UPL ve llamativo que la partida para adquisición de viviendas por parte de la Junta sea de apenas 18.000 euros por provincia, o que la destinada a actuaciones de rehabilitación (al margen del programa Rehabitare) apenas sea de 37.500 euros por provincia (con la excepción de Valladolid, donde asciende a 355.118 euros).

Por último, en cuanto a las Fundaciones autonómicas UPL ha lamentado que la Junta haya presupuestado 2'4 millones de euros para 2027 para la Fundación para la Promoción de los Valores e Identidad de Castilla y León, 1,1 millones más que en 2026, lo que “supone prácticamente duplicar la asignación a esta Fundación cuyo propósito es promocionar una identidad conjunta para la comunidad de Castilla y León”.

Del mismo modo, apuntan que la veintena de inversiones provincializadas planteadas por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León para mejorar la calidad del Sistema Educativo en el ámbito de las Enseñanzas Artísticas se concentran exclusivamente en Valladolid y Burgos, mientras que todas las inversiones previstas para optimizar la estructura operativa de esta Fundación se concentran exclusivamente en Valladolid.

La Junta de Castilla y León, Gobierno conformado por el pacto de Partido Popular (PP) y Vox, asumirá al cien por cien el concepto de VPN (Vivienda de Prioridad Nacional) acuñado por los concejales del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. O lo que es lo mismo, el Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España.

De este modo, la Junta asume la condición que impusieron los dos concejales del Vox en el ayuntamiento de la capital de la comarca de El Bierzo cuando en el último Pleno se aprobó la cesión de la parcela en La Rosaleda, el barrio de Ponferrada suyo símbolo sigue siendo el fantasmal rascacielos construido en la primera década del siflo XXI, el edificio más alto de toda Castilla y León, que sigue vacío como una gigantesca alegoría de la burbuja inmobiliaria.

En aquella sesión plenaria, el Grupo Socialista en la oposición se opuso de manera frontal a la enmienda excluyente de Vox, que sí votaron a favor los dos partidos del equipo de Gobierno, PP y Coalición por el Bierzo. Su portavoz, Olegario Ramón, equiparó el concepto de “prioridad nacional” con el de “comunidad del pueblo” del régimen nazi de Hitler, que defendía una sociedad alemana unida exclusivamente por lazos raciales, étnicos y de sangre. Recordó, además, que el plenario estaba imponiendo a otra administración, en este caso a la Junta de Castilla y León, un criterio de empadronamiento mínimo dilatado desde una Corporación municipal.

Pero la Junta ha certificado hoy que asume ese criterio. Y lo hace, confirmó Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, porque coincide plenamente con el polémico apartado de su pacto con Vox en Castilla y León en el que este último impuso su “prioridad nacional”, que el PP prefiere denominar más eufemísticamente “arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

En una rueda de prensa, Carriedo aseguró que en la Junta “somos muy respetuosos” con las decisiones del Consistorio “en el ámbito de su autonomía” para a continuación insistir en que se cumplirá a pies juntillas la literalidad de su pacto de Gobierno. El apartado se denomina de “Acceso a la vivienda protegida y el alquiler social” y determina literalmente la “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España”. Y acota aún más, en plena coincidencia con lo acordado por la derecha y la extrema derecha en Ponferrada: un mínimo de 10 años para compra y cinco años para alquiler. “En este criterio se va a mover la Junta de Castilla y León en este ámbito”, zanjó el portavoz, refiriéndose por tanto no sólo al caso de los nuevos pisos a acometerse en Ponferrada sino a cualquier otra construcción social de la Comunidad autónoma.

El Gobierno de la Junta de Castilla y León proyecta invertir en la provincia de León para el año que viene, 2027, una cifra de 240,5 millones de euros. Eso quiere decir que el reeditado cogobierno de Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad 'desinfla' en sus primeras cuentas de manera drástica la cuantía de inversiones que recogía el intento de presupuesto sólo del PP presentado el año pasado, y que la oposición finalmente tumbó. En aquella ocasión se consignaban 285,5 millones para León, con lo que el descenso real se cifra ahora en 45 millones menos, más de un 15% de rebaja.

Incluso aunque se compare con el último presupuesto que resultó aprobado, estuvo en vigor y ha llegado prorrogado hasta ahora, el del año 2024, la cuantía de las inversiones para el próximo ejercicio en la provincia no compensan el paso de tres años completos: entonces la cifra era de 228 millones de euros y ahora de 240,5. El incremento se cifra en un 4,5% más, pero aún así queda por debajo del incremento total de las cuentas para toda la Comunidad, que roza el 5%.

El gran recorte de las nuevas cuentas, presentadas ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente leonés, Carlos Pollán, se produce sobre todo en la llamada 'Junta B', la empresa pública Somacyl, que era costumbre que supusiera incluso más de la mitad de las inversiones que la suma de las consejerías. En el nuevo borrador, la compañía que hasta el año pasado estaba en manos del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones se ciñe ahora a 68 millones de inversión el próximo año, cuando hace un año ascendía a la friolera de casi 105 millones y en 2024 era todavía de casi 73 millones de euros.

Regiones y comarca de El Bierzo

En el reparto territorial de estos fondos territorializados, la provincia de León sigue siendo la que más concentra inversión real, por ejemplo frente a los casi 140 millones de euros en Valladolid, la segunda provincia que más. La suma de las tres provincias de la Región Leonesa consigna un montante total de 463,8 millones de euros (Salamanca 125,1 y Zamora 98,2 millones), mientras que las seis provincias de la región castellana suman 662 millones.

Y mirando dentro de la propia provincia leonesa, este proyecto de presupuesto de la Junta especifica para la comarca de El Bierzo un total de 29,2 millones de euros, que frente a los 240,5 provinciales suponen un poco más del 12% del total.

A mayores de la bajada de la cifra de inversión de Somacyl, el resto casi se explica por una reducción millonaria en algunos proyectos de la Consejería que ahora es de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, tales como la modernización del Canal de Arriola-Ribera Alta del Porma, que casi tenía 10 millones y se queda en cero ahora, la del Canal Bajo del Bierzo, que pasa de 5,32 millones a una cifra simbólica, así como de varias partidas de Medio Ambiente y Transición Justa, que se llevan otro tijeretazo de casi 18 millones en total respecto a los planes fallidos del pasado año.

Por consejerías, la de Pollán ni aparece

En el recuento por consejerías, se estrena la de nueva creación de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, y vicepresidencia primera, del leonés Pollán (Vox), sin consignarse un sólo euro en el listado oficial facilitado por la propia Junta.

La vicepresidencia segunda, que dirige la mano derecha de Mañueco, Isabel Blanco, se limita presupuestariamente a recoger 2,9 millones de euros de inversión y se centran en exclusiva en inversiones de vivienda, construcción y sobre todo rehabilitación. Por comparar, para la provincia de Valladolid, las inversiones en idéntica materia suben a 4,1 millones.

Ya sólo la empresa Somacyl multiplica por cinco la inversión en vivienda de la Consejería, ya que suma 15 millones entre promociones de pisos para alquiler en León, Astorga, La Bañeza y Ponferrada (12,9) y venta (2,1).

Y respecto a asuntos sociales, le gana por la mano la Sanidad y Bienestar Social, que juntas alcanzan en este nuevo proyecto la cifra de 30 millones de euros. Pero pese al claro incremento -que se come 12,5 millones sólo de una genérica partida de “equipamiento diverso de hospitales”, sin más detalle, mirando una a una hay llamativas ausencias o rebajas sobre la inversión esperada. Por ejemplo, sigue sin aparecer la ampliación de la UCI del Hospital de León, prometida desde 2020 y ejecutada en todos los demás hospitales de la Comunidad. Para El Bierzo, la unidad satélite de radioterapia cien por cien pública en el hospital ponferradino, prometida por Mañueco hace ocho años, consigna la cifra más alta hasta ahora, 1.419.980 euros. Pero lejos aún de los 5,2 millones que acaba de cifrar para el total de las obras, lo cual parece indicar otro año más de espera para los pacientes oncológicos de la comarca.

Por su parte, el prometido nuevo centro de salud para Villaquilambre apenas consigna unos simbólicos 41.503 euros, no menos anecdóticos 59.290 euros del nuevo Ponferrada o 1,5 millones para el de Sahagún, con más de veinte décadas de espera.

Más en Educación, con viejos proyectos

Sólo otra consejería aumenta respecto al último borrador presupuestario, la de Educación, que asciende ahora a casi 27 millones de euros. Otro viejo compromiso retrasado, y que parece que por fin avanzará, es el instituto público para Villaquilambre, que concentra casi 8,5 millones para el año que viene. En obras sin detallar de reparación y mejora de colegios y de institutos, las partidas suman en conjunto 10,3 millones más. Se rematará el también retrasadísimo nuevo Conservatorio de Música de León con medio millón final y aparece por fin otro compromiso de hace años, la construcción de un polideportivo aledaño al instituto de Eras de Renueva, con casi 3,5 millones.

El resto de consejerías sufren un recorte respecto al último borrador de presupuestos. Así ocurre con Cultura, Turismo y Deporte, que sigue en manos de Vox, y que consigna ahora 10,8 millones de euros en total, y que en los proyectos de mayor cuatía se nutre de fondos mineros de Transición Justa, como en Sabero 2,7 millones para La Sucesiva y 2,23 para excavaciones en la Ferrería de San Bla, o un millón para digitalización del patrimonio de cuencas mineras de toda la provincia, El Bierzo incluido.

La Catedral de León dispondrá de 250.000 euros destinados a la mejora del pórtico occidental, muy escaso para el compromiso de 11 millones en ocho años del propio presidente Mañueco en un protocolo firmado que debería incluir, y no incluye, la restauración de vidrieras.

Turismo en otra 'Junta B' y con fondos mineros

También es cierto que en turismo, a la Consejería le suplementa mucho otra 'Junta B' que es la Fundación Patrimonio Natural, que también con abundantes fondos mineros contempla varios proyectos de peso, que suman solo por su cuenta 12,6 millones de euros, 8,7 de ellos de nuevas infraestructuras turísticas como el polémico puente colgante sobre el pantano de Riaño y la senda circular de Anciles (1.750.000 euros); la senda tipo Camino de la Reina en Boca de Huérgano (700.000 euros) o las Hoces de Vegacervera (750.000 euros); la pasarela peatonal sobre el embalse de Bárcena en Cubillos del Sil (1.100.000 euros); o la nueva carretera de acceso al Puerto de Pinos en Babia (1.500.000 euros), otra promesa de décadas que además alimenta un conflicto territorial con Mieres, Asturias.

También se echa a su presupuesto la Fundación la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la finca de Valsemana, en León, prometido por Quiñones hace una década, que consigna 1.528.000 euros más.

Las vitales inversiones en carreteras de la provincia, de manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, apenas alcanzará 12,7 millones de euros, sin grandes proyectos a pesar del grave incumplimiento del último Plan de Carreteras en vigor. Con nombre y apellidos destacan los casi 2,5 millones de euros del arreglo integral de la carretera de Puente Villarente a Casasola de Rueda, la LE-213.

La nueva cartera de Quiñones

La nueva cartera del leonés Suárez-Quiñones, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, se estrena con una cifra discreta de inversión territorializada, menos de 1,2 millones, cuando hace apenas un año la vieja consejería rondaba los dos millones para la provincia de León, para mejoras en oficinas e instalaciones. El borrador aclara que aparte habrá algo más de un millón a mayores para la esperada reforma de la oficina de empleo del Ecyl en Astorga.

Y la consejería que dejó Quiñones, Medio Ambiente y Energía, consigna otro gran tijeretazo respecto a los planes del año pasado, quedándose en 26,5 millones frente a los 43 anteriores. Por cuantías, aparecen 6,5 millones de equipo de extinción de incendios forestales de las cuadrillas helitransportadas Elif u 11,6 millones en total para genéricos trabajos de tratamientos selvícolas preventivos de incendios sumando los de toda la provincia y El Bierzo a mayores.

Somacyl: mucho menos dinero pero todavía muchos proyectos vitales

Pero como siempre ocurrió, Somacyl sobrepasa a las consejerías en inversiones, gran parte de ellas de infraestructuras y de medio ambiente. Llaman la atención para el próximo partidas cuantiosas, como 1,4 millones para la polémica pasarela sobre el río Torío para tender en la capital leonesa la Red de Calor, cuando se presupone que debe ejecutarse antes del fin de este año, o 1,25 millones para todo el pavimento de la calle Ancha, Botines y Catedral -en compensación por la Red de Calor también-, una obra que en realidad está prácticamente ejecutada en este año.

Para la ampliación del tendido bajo tierra por el sur de la capital de la mencionada Red de Calor se consignan 15 millones -eran 25 en el borrador del año pasado-; 2,19 millones para la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que también está ejecutado supuestamente en su totalidad; 3,5 millones para continuar la ampliación del Parque Tecnológico de León de los 12,4 millones totales. En este caso, proveniente del presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, aparecen otros 3,8 millones de euros para el edificio Incubatech en este Parque de la capital.

Por último, la siempre muy inversora Consejería de Agricultura, Ganadería y ahora ampliada con Desarrollo Rural, y también en manos de Vox, consigna para León 43,6 millones de euros, siete menos que el último borrador y muy por debajo de los casi 50 del último presupuesto vigente, de hace tres años. Eso sí, como siempre, el grueso de los fondos, para modernización y regadíos, son en gran medida dinero europeo cedido por el Gobierno central.

Destacan para el próximo ejercicio partidas como 7,7 millones para la Margen Izquierda del Porma, fases II y III; 5,5 millones para el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra, en el Órbigo y Páramo; las fases I y II de la modernización del canal de Villadangos, con 6,5 y 6,4 millones respectivamente; o 8,3 para la transformación del regadío de Valderas.

Para El Bierzo reaparece una vieja promesa incumplida de un Parque Agroalimentario, que reserva dos millones de euros, de los 11 millones comprometidos por la Junta al más alto nivel en el sector y en la comarca hará diez años el año próximo.

Consulta aquí las partidas detalladas en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 en la provincia de León.

El proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2027, el primero del reeditado pacto PP y Vox tras las elecciones de principios de año, prevé un incremento del 13,11% respecto a las últimas cuentas públicas aprobadas en 2024, hasta alcanzar ahora los 16.472 millones de euros, la cifra más alta con la que ha contado nunca la Comunidad. Sin embargo, respecto a la propuesta para este año, que no salió adelante por la mayoría insuficiente de los populares tras la ruptura con Vox, la diferencia al alza es de un 4,8%, casi un 5%.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, el leonés Carlos Pollán (Vox), han presentado estas cuentas en una rueda de prensa tras aprobar el documento en el Consejo de Gobierno Extraordinario del Ejecutivo autonómico. Mañueco ha defendido que se trata de un “buen presupuesto”, destinado a cumplir el acuerdo de gobierno de coalición entre PP y Vox, y planteado para tratar de “innovar, competir y liderar”, para “proteger y conectar mejor” los servicios públicos.

Consolidar la posición de Castilla y León, impulsar los sectores productivos, dinamizar el medio rural y hacer de este territorio un lugar “más atractivo” para trabajar, emprender y vivir, son otros de los objetivos del proyecto de ley, en palabras del presidente, quien ha incidido en que se alcanzan los presupuestos más altos de la historia con “los impuestos más bajos de la historia”.

Por su parte, Pollán ha defendido que la Comunidad “está de enhorabuena” por la “normalidad y estabilidad” que este proyecto de ley aporta a la Comunidad, como desarrollo del pacto de gobierno suscrito en el pasado junio.

Ingresos

En el apartado de los ingresos que tendrá la Comunidad en 2027, el proyecto de ley prevé una recaudación de impuestos directos de 4.489 millones, el 30,86% respecto a 2024 como última referencia de presupuesto autonómico aprobado, y eso que ya están prácticamente en retirada los fondos de recuperación europeos. En concreto, recoge Efe, provenientes de impuestos indirectos suman 4.646 millones y de transferencias corrientes del Estado ascienden a 4.743 millones, el 14% más con la actual financiación.

Sin embargo, se produce un ligero incremento del 2,78% en el importe de la recaudación prevista en las tasas, precios públicos y otros ingreso similares, hasta los 240,4 millones y una ligera disminución del 1,1% en el apartado de los ingresos patrimoniales, al quedarse en 41,5 millones, como principales recursos corrientes.

En el caso de la emisión de deuda, la Comunidad prevé para 2027 conseguir por esta vía 1.422 millones de euros, el 9,42% menos que en 2024, cuando fueron 1.570 millones de ingresos por esa vía.

Un 6,5% más de inversiones reales

En el caso de los gastos y su destino previsto en el proyecto de ley, destacan por su cuantía los de personal, al destinar 5.629,8 millones de euros a este fin, el 15,79% más que en 2024, en una partida que representa el 34,18% del total del presupuesto.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que el impacto que tiene el incremento de precios es clave para observar este incremento de los costes asociados al pago de los salarios, que se incrementarán en total el 5,5% de cara a 2027 en comparación con los de 2026.

En el caso de las inversiones reales, se incrementarán el 6,5%, hasta los 1.164,28 millones, y las transferencias de capital alcanzarán los 1.364 millones, el 15,5% más.

Recorte de un 33% a las partidas para sindicatos y patronal

El vicepresidente autonómico ha anunciado que está prevista una reducción de un 33% (4 millones de euros) en las partidas para los sindicatos y organizaciones empresariales -como en las Cortes de Castilla y León-, aunque ha garantizado que se seguirá cumpliendo con la Ley, tras un primer gobierno PP-Vox salpicado de condenas judiciales derivadas de la supresión de fondos para estas entidades.

Además, se está estudiando cómo se utiliza el dinero público que la Junta de Castilla y León entrega a las ONG. Pollán ha explicado que se valorarán los nuevos convenios a medida que concluyan los convenios en 2027.

Mañueco ha destacado que casi el 82% del gasto no financiero, unos 11.250 millones de euros, tendrán como finalidad la “protección y la promoción social” y “sanidad, educación y cultura”. Dicho de otro modo, ocho de cada diez euros para las consejerías sociales, siendo las de Vivienda y Educación como las que más crecen respecto al último presupuesto.

El gasto total por secciones indica que la consejería que más crece es la de Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer, sin comparativa en legislaturas anteriores, con 257,67 millones, el 69,76% de incremento, frente al 13,11 de media de las cuentas autonómicas, pero sólo supone el 1,56% del total presupuestario.

Un centro de formación para las familias

Educación llegará a los 2.724 millones, y eso que se le han quitado las universidades, con un aumento del 22,15%, con medidas como la gratuidad de la primera matrícula de grado, o la novedad de un centro de formación a las familias, que según ha explicado Mañueco se presentará más adelante, por lo que no entró en detalles.

Las políticas de familia, que se engloban en varias consejerías, tendrán un incremento del 32% hasta los 3.581 millones de euros. Economía y Hacienda crece un 4,05%, Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental un 16,53%; Medio Ambiente y Energía un 1,56%; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial el 18,61%, y la consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, donde ahora dirige el único leonés del Ejecutivo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el 8,65% a mayores.

Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la consejería que corresponde a Pollán, contará con 457,67 millones, 13,38% de incremento y el 2,78 del total de las cuentas autonómicas para 2027, y la otra consejería de Vox, además de Agricultura, la de Cultura, Turismo y Deporte crece un 1,02% con 216,86 millones.

5.604 millones para Sanidad

La Sanidad tendrá un presupuesto de 5.604 millones de euros para mejorar la atención primaria, mejorar la atención especializada con más prestaciones, más equipamiento, más tecnología, más personal, más inversiones en centros de salud y hospitales, ha anticipado Mañueco, de momento sin más detalle tampoco.

Respecto de la educación, el presupuesto serán 3.308 millones de euros para “cuidar, por un lado, a los alumnos, a las familias, también a los docentes, al medio rural y al conjunto del sistema educativo”, con planes específicos para el refuerzo de lectura y de la escritura; un entorno emocional cada vez mejor en el aula ordinaria y como novedades un centro de formación a las familias y, por otro lado, y el impulso de medidas de apoyo para aquellos hijos con altas capacidades.

Mañueco ha anunciado que quieren que todas las aulas sean, desde el punto de vista de la temperatura, lo más confortables posibles y, también, más modernas todavía, por lo que culminarán el proceso de conectividad y de digitalización de la conexión a Internet de todas las aulas.

1.758 para Servicios Sociales

En Servicios sociales, las cifras son 1.758 millones de euros para seguir dando oportunidades a quienes más lo necesitan y ofrecer protección a personas mayores, personas con discapacidad, los menores, las personas sin relación vulnerable, las familias de clase media que afrontan el futuro con dificultades.

Mañueco ha explicado que en esa área, que las políticas de promoción y de apoyo a la mujer tendrán un aumento de un 27% y una cifra absoluta de 24 millones de euros.

Pollán también ha sostenido que se avanzará “en uno de los grandes retos de nuestro sistema de protección, que es preparar a esos adolescentes y jóvenes tutelados para su transición a la vida adulta, favoreciendo progresivamente su autonomía personal y ofreciéndoles herramientas para construir su proyecto de vida”. “Otra cuestión que este Gobierno va a afrontar con determinación es la convivencia, la disciplina y la seguridad en los centros de protección a menores que dependen de la Junta de Castilla y León”, ha advertido.

El vicepresidente ha explicado, además, que el presupuesto de los servicios sociales básicos e inclusión social contará con 63,3 millones, para seguir apoyando económicamente a las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito, exigiendo, a cambio, una gestión responsable de los fondos públicos.

“Las ayudas públicas han de llegar a quienes realmente las necesitan. Nuestro propósito no es mantener a las personas en situación de precariedad, sino proporcionarles herramientas para salir a la calle y salir de ella”, ha zanjado.

Ponferrada da un nuevo paso para transformar el entorno del casco antiguo de la capital de la comarca de El Bierzo con la aprobación unánime del convenio urbanístico con la compañía Endesa para cubrir el canal de Cornatel, que lleva casi dos décadas de espera y que contará con casi cinco millones de euros.

El acuerdo, respaldado por los socios de Partido Popular (PP) y Coalición por El Bierzo, contó también con el visto bueno del PSOE y Vox, en el Pleno extraordinario celebrado este martes, permitirá avanzar en una actuación que contempla una inversión cercana a los cinco millones de euros y que lleva casi dos décadas pendiente.

El proyecto fue sellado este pasado verano y abarcará unos 200 metros de longitud y 8.000 metros cuadrados, entre las calles Obispo Osmundo y Cruz de Miranda. La intervención contempla crear un recorrido peatonal accesible, mejorar la movilidad y la seguridad vial y eliminar la barrera urbana que supone actualmente el canal. También se demolerá el puente existente para integrar su superficie en la nueva plataforma y reubicar el acceso al casco antiguo.

La financiación se distribuirá entre el Ayuntamiento, que asumirá el 60% del coste mediante el Plan Ponferrada Inspira y fondos europeos Feder, y Endesa, que aportará el 40% restante, con un máximo de 1,8 millones de euros por su parte.

Tras el respaldo plenario, el Consistorio formalizará el protocolo con la compañía, a pesar del ya anunciado en julio, y podrá iniciar los trámites para desarrollar la actuación.

La teniente de alcalde y concejala de Fondos Europeos, Lidia Coca, calificó la aprobación como un “hito” para la transformación urbanística de la ciudad y defendió que permitirá «deshacer la brecha urbana» en la zona alta. “Pasaremos desde el papel de 2007 a la realidad”, afirmó, en referencia a los antecedentes del proyecto, recoge Efe.

Desde 2007

Cubrir el canal ya figuraba en los planes municipales desde 2007, cuando el Ayuntamiento, durante el mandato del popular Carlos López Riesco, alcanzó un acuerdo con Endesa para financiar conjuntamente la intervención. Las obras llegaron a adjudicarse en 2010 a la empresa Rayet, pero distintas incidencias llevaron a resolver el contrato y dejaron la actuación sin terminar.

El portavoz socialista, Olegario Ramón, confirmó el apoyo de su grupo porque considera que la obra permitirá eliminar una barrera que divide una parte importante de Ponferrada. Sin embargo, lamentó que hayan transcurrido tantos años sin una solución y sostuvo que el proyecto actual es menos ambicioso que el planteado inicialmente, al no contemplar, por ejemplo, un edificio de recepción de turistas.

Ramón también cuestionó las condiciones de financiación propuestas por Endesa y, en particular, la posibilidad de deducir el 40% de su aportación mediante su acogimiento a la ley de mecenazgo. El PSOE defendió que su voto favorable no supone eximir a la compañía de responsabilidades.

Por su parte, el portavoz de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso, celebró el avance de una demanda histórica y destacó la posibilidad de incorporar zonas ajardinadas y espacios de descanso en uno de los accesos al casco antiguo. No obstante, reclamó un mayor compromiso de Endesa con Ponferrada y con el conjunto de la comarca. Vox también respaldó el convenio, sin realizar valoraciones durante el debate.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), presentarán este martes 13 de octubre el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, después de dos ejercicios prorrogados, y que serían las terceras Cuentas de PP y Vox, tras las de 2023 y 2024 de la pasada legislatura.

La presentación se producirá en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, por lo que estará condicionada por las restricciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe a los poderes públicos organizar actos institucionales que ensalcen sus logros de gestión durante el periodo electoral.

El proyecto tomará como referencia el límite de gasto no financiero aprobado el pasado miércoles por las Cortes, de 15.104,54 millones de euros, un 6,5 % más que el anterior, con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo del PSOE, UPL y Por Ávila, mientras que Soria ¡Ya! se abstuvo.

Las cuentas de 2024 fueron las últimas aprobadas en Castilla y León, después de que el Ejecutivo autonómico no lograra sacar adelante nuevos presupuestos para 2025 y 2026, ejercicios en los que se mantuvieron prorrogadas las anteriores debido a que el PP quedó en minoría tras la ruptura de su coalición con Vox.

La presentación de este martes abrirá así una nueva fase de la tramitación presupuestaria, con el objetivo de que Castilla y León disponga de nuevas cuentas para 2027 tras dos años consecutivos de prórroga.

Pedro Sánchez abre la precampaña a las elecciones generales del 29N en la provincia de León en un acto multitudinario en La Térmica Cultural de Ponferrada. El presidente del Gobierno se dio un baño de masas en el bastión socialista del noroeste, con la Sala de las Calderas abarrotada, hasta el punto de que fue necesario habilitar otro espacio con pantallas para las cerca de mil personas que se quedaron sin hueco.

No eran ni las diez de la mañana cuando los asistentes se agolpaban ya a las puertas del museo berciano. Dentro, el grupo Los Flekiss se encargó de amenizar la espera tocando versiones de Estopa, Melendi o Ska-P. El acto, previsto inicialmente para las once de la mañana, comenzó finalmente a las doce. El público, de pie, recibió a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo y a la eurodiputada Iratxe García, agitando banderas del PSOE, del Bierzo, de Asturias, de España y arcoíris, en apoyo al colectivo LGTBI.

Tras un breve vídeo apelando a la movilización del voto progresista, Sánchez irrumpió en la sala al ritmo de Resistance, de Muse, arropado por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, la vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Sánchez, cercano, estrechó manos, abrazó y se hizo fotografías con los asistentes a lo largo de todo el pasillo antes de sentarse en la grada, rodeado de jóvenes, entre aplausos y gritos de “¡Pedro, presidente!”.

“Se nota, se siente la fuerza de la gente”, arrancó Sánchez ante un público entregado que había coreado ya durante la espera consignas a favor del PSOE. El presidente situó precisamente en esa “fuerza de la gente” el eje de su discurso de precampaña y lanzó un mensaje de victoria: “Por eso les vamos a ganar el próximo 29N”, aseguró, en referencia a la cita electoral del 29 de noviembre.

Y desde Ponferrada lanzó también una petición al Tribunal Supremo por otra de las batallas electorales abiertas de cara al 29N: el derecho al voto de los españoles nacionalizados al amparo de la llamada ley de nietos. Sánchez acusó a PP y Vox de haber presentado una denuncia para que 400.000 españoles no puedan votar en las próximas elecciones y reclamó al alto tribunal que frene lo que calificó de “intento de atropello” de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

“Nunca les gustó la Ley de Memoria Democrática”, afirmó el presidente, que defendió que se trata de españoles que ya ejercieron su derecho al voto en 2023 y 2025 y que deberían poder volver a hacerlo en 2026. “¿Es constitucional? ¿Se puede decir a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho al voto que no lo pueden volver a hacer en el año 2026 porque no lo quiere Feijóo y no le gusta a Abascal?”, planteó.

Sánchez llevó entonces el debate al origen de estos nuevos ciudadanos españoles. “¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?”, preguntó. Y terminó dirigiéndose directamente al Supremo: “Yo le pido desde aquí al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal porque en una democracia el derecho al voto no se restringe, se garantiza”.

La vivienda volvió a ocupar un lugar central en su intervención, en línea con el discurso con el que el PSOE abrió el sábado la precampaña nacional. Sánchez recuperó el caso de Mari Carmen, la mujer desahuciada de su vivienda cuya muerte ha irrumpido de lleno en el debate político, y recordó sus palabras: “Que lo que yo he sufrido no lo sufra nadie más”. “Vamos a honrar esa causa”, afirmó el presidente, antes de presentar la vivienda como “la causa” de esta generación: “Cada generación tiene su causa. La nuestra será la de la vivienda y la vamos a ganar como se ganan siempre las luchas, con la fuerza de la gente y con una mayoría progresista”.

El líder socialista enlazó esa reivindicación con una defensa de las políticas de su Gobierno y dirigió su discurso a trabajadores, jóvenes y mujeres, además de reivindicar las políticas de empleo y el feminismo. También volvió a situar Gaza en su intervención para defender la posición del Ejecutivo ante el conflicto y reivindicar que España reconociera el Estado palestino. Sánchez contrapuso esa actuación a la de sus adversarios y aseguró que el Gobierno progresista fue “valiente” al decir no al 5% de gasto militar que, según su intervención, se le reclamaba y sí al reconocimiento de Palestina.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, había preparado el terreno reivindicando la movilización de la militancia. “Ponferrada nunca falla, El Bierzo nunca falla, León nunca falla”, proclamó, antes de pedir disculpas por el desbordamiento del aforo y comprometerse a duplicarlo en una próxima ocasión para que nadie se quede fuera. Martínez definió el encuentro como el primer gran acto del PSOE después de las elecciones autonómicas y agradeció el respaldo obtenido por los socialistas en la provincia. “En León el cambio es posible”, sostuvo.

En su intervención también hubo espacio para el feminismo y para recordar el caso de Nevenka Fernández, que Martínez situó como referente para avanzar hacia una sociedad “de iguales” y feminista. El dirigente socialista incorporó además al discurso el fallecimiento de Mari Carmen y habló de una mujer que, a su juicio, “ha prendido una llama que nos interpela a todos”.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE de León, agradeció a Sánchez haber elegido Ponferrada para abrir la precampaña y reivindicó el apoyo histórico de la provincia a los gobiernos socialistas. “Esta es una tierra de luchadores, gente trabajadora”, afirmó antes de lanzar su pronóstico electoral: “El PSOE va a ganar las elecciones en El Bierzo, en León y en España”. También tuvo un recuerdo para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que envió “un abrazo desde su tierra”, antes de cerrar su intervención con un contundente “¡A ganar!”.

Nuria Rubio, vicesecretaria autonómica del PSOE, reivindicó por su parte sus orígenes vinculados a la cuenca minera de Laciana y utilizó esa procedencia para reforzar el discurso identitario de la jornada: “Quiero reivindicar quiénes somos y de dónde venimos. Yo, que soy de cuenca minera. ¡Somos obreros!”, proclamó ante los asistentes.

En el tramo final de su intervención, Sánchez volvió a apelar a “la fuerza de la gente que necesitamos para seguir avanzando” y planteó el próximo ciclo electoral como una disyuntiva entre el proyecto socialista y el de la derecha. “¿Queréis a Feijóo y Abascal o al PSOE?”, preguntó a los asistentes, que respondieron con aplausos y gritos a favor del presidente. El líder socialista defendió que su Gobierno ha logrado avances, aunque admitió que “queda mucho por hacer”.

Sánchez proyectó entonces su visión de España para 2030, con más vivienda protegida, un mayor desarrollo de las energías renovables y avances en la lucha contra el cambio climático. También situó entre sus objetivos la reducción del abandono escolar para ampliar las oportunidades de los jóvenes y cargó contra lo que definió como el “terraplanismo de la ultraderecha”.

“Yo pido una mayoría amplia y progresista para llegar más lejos y antes en la conquista de avances sociales”, reclamó antes de cerrar el acto con un “ánimo y a por ello”. Un final en alto ante un público entregado que no se movió de la silla hasta la una del mediodía.

Contrariamente a lo esperado por el gobierno de Sánchez, Junts per Catalunya le ha dado la espalda y lo ha dejado a los pies de los caballos sin miramiento alguno. De poco le ha valido al PSOE fomentar la lenificación del desafuero catalán que mandó a Puigdemont a residir en Bélgica, justo donde Napoleón perdió su última batalla. Facilitar el regreso del prófugo catalán con una trabajada amnistía, dejando pelo en la gatera y no pocos revolcones periodísticos y acometidas parlamentarias, no ha tenido la gratitud como recompensa.

Tras la dramática e inconclusa crisis de Ceuta, un espejismo sobrevenido pareció ocultarla. Se trataba de legislar sobre la demanda social de vivienda y los desahucios. Una semana antes del hipotético regreso del político gerundense, Junts dio la sorpresa votando en contra de tal legislación y dejó caer un gobierno al que llevaba sustentando desde hace varios años. Aborrecía con ello la única vía de borrón y cuenta nueva que le brindaron tras sus veleidades independentistas allá por 2017. La fábula del labrador y la víbora puede ser toda una alegoría.

'La pela es la pela' y nadie sabe que oscuros entresijos mueven a este partido conservador catalán a tomar tan controvertida decisión. Su equivalente vasco, los carlistas del PNV, votaron a favor. Partido Popular y Vox, como Junts, votaron en contra. La endeblez de la Comunidad de bienes del PSOE y otros se hace patente y hasta integrantes del gobierno como Sumar, en una pirueta de difícil digestión, agita las aguas. Aguas algo más calmadas en Ceuta pasan a segundo plano. La Puerta del Sol de Madrid, como las playas ceutíes, se llena de tiendas de campaña.

El problema del alquiler

Otras provincias españolas se hacen eco y las concentraciones en demanda de una solución al problema de viviendas y alquileres se propaga. Convoca un sindicato que se dice de inquilinas, no porque sólo se vean afectadas mujeres, sino porque lleva el tinte de un Podemos que se extingue. El Gobierno pese a contar con socios Mister Jekill de noche y Doctor Hide de día, no consigue salvar los muebles y las tesis que podrían haber sido su tabla de salvación se desvanecen. La voz de la calle queda en manos de los campamentos improvisados. 

Los manifestantes aguantan en su acampada durante días, están bien organizados, no dejan residuos visibles, hay rancho para todos de buen aspecto y son respetuosos incluso con provocadores enviados por sus adversarios, a los que tratan de alejar de su entorno civilizadamente –¿Alguien concibe un alborotador en medio de una manifestación de Vox llevando la contraria?– y acaban rodeando el Parlamento para presionar con la amenaza velada de huelga general si la legislación no recoge sus demandas. Pero el fracaso se consuma.

El Gobierno no ha tenido prisa por resolver este asunto que poco a poco ha crecido cual bola de nieve. Se precipita en legislar con tantas prisas en la redacción del texto que incluso la ministra del ramo lo desconoce y el ardid se derrumba como un castillo de naipes. La oposición conservadora bate tambores de elecciones anticipadas, lo que no ha podido hacer tejiendo alianzas, se lo ha traído una deserción y la degradación de varios socios de gobierno que, caudillistas ellos, caminan con paso firme y decidido hacia la nada. La izquierda languidece. 

Y ahora elecciones

Y ahora elecciones. Poco es el adelanto de unos comicios que habían de celebrarse de cualquier manera en 2027. Sánchez ha obrado como esos atrevidos excursionistas que tratan de salvar cursos de agua pisando sobre pasiles o piedras de inestabilidad manifiesta. Su equilibrio siempre ha sido precario, pero con notable habilidad ha ido sorteando la caída y, siempre a trompicones, ha encontrado los apoyos necesarios para ir tirando. Pasiles tenía de muy escasa consistencia: un Sumar que resta y un Podemos que no puede, han sido como las muelas con caries que sirven para la sopa, pero no para el mendrugo. Otros pasiles eran falsarios, como los de Junts. Dichas formaciones constituían el grueso de sus apoyos.

ERC y Bildu por la izquierda y PNV por la derecha, se han mantenido fieles al gobierno contra todo pronóstico. El resto de partidos, con un diputado cada uno, son irrelevantes, es un quiero y no puedo, a lo más un apósito. Por otro lado, una coalición entre el PP y Vox no ha concedido tregua desde el minuto uno en su tarea de acoso y derribo al gobierno. Pero no están fuertes en Aritmética y ponen sordina a la mayor suma de apoyos que hasta estas fechas había recolectado el PSOE entre afines y no tan afines. Las fuerzas conservadoras no aceptan que una mayoría de representantes parlamentarios pueda rechazar reiteradamente sus tesis. 

¿Cuál es el futuro tras las elecciones?

Ahora todo apunta a que PP y Vox tomarán las riendas del gobierno en los próximos comicios generales. Su problema es que heredarán problemas candentes: Ceuta y vivienda-desahucios, que no desaparecerán como por ensalmo. Se avecinan días de corridas de toros, misas, romerías y procesiones en vivo y televisadas. El Nacionalcatolicismo amenaza con volver. Puigdemont muy probablemente regresará y su partido puede pagar caro peaje por esta desafección; y muy probablemente no encuentre a su vuelta el calor que espera. ¿Cómo recibirá un hipotético gobierno de PP-Vox tal regreso después de todo lo que vomitaron contra él? ¿Lo mandarán directamente a presidio? No. Seguramente donde dijeron digo dirán Diego.

El PSOE lamerá sus heridas y podría correr incluso riesgo de desaparecer a pesar de la resaca de las manifestaciones por el ‘Decreto Maricarmen’. Sánchez ha mentido hasta la saciedad, pero la despiadada persecución a la que ha sido sometido es inaceptable, menudeando insultos, descalificaciones y denuestos. Claro que el palmarés de Pedro Sánchez Castejón dista mucho de ser ejemplar. Ha adoptado medidas por las que debería pedir públicamente perdón. Ha practicado una política que podrían suscribir como propia sus furibundos detractores y acredita miserias como abandonar a los saharauis, que le perseguirán mientras viva. 

¿Y León?

¿Y qué ocurrirá después en León? León es un reino palustre y las aguas estancadas sólo crían seres que han de evolucionar por el fondo o ascender por restos orgánicos en descomposición. En las aguas cenagosas reina la quietud y no es necesaria la voz. Así es que en León no ocurrirá nada y seguirá mudo. Aumentará el número de diputados y senadores populares y quizá de Vox. El PSOE pagará el precio de su política a nivel central y conocerá puñaladas ‘amigas’.

Todos nuestros representantes prometerán progreso y bienestar, pero nadie se engañe, cuando sublimen los intereses de León o de España, entienda todo el mundo que están hablando de sus propios intereses o los de su partido.

León importa nada. Es triste, pero es lo que tenemos.

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata