Entre los muchos nombramientos de altos cargos y directores generales que han sido aprobados hoy en el nuevo Gobierno autonómico de Partido Popular (PP) y Vox al frente de la Junta de Castilla y León, y en los que hay nuevamente abrumadora mayoría de nombres de Valladolid, destaca la presencia de una mujer leonesa designada como nueva directora general.

Se trata de María Belén Pulgar Gutiérrez. Ella ha sido la elegida por el consejero y flamante vicepresidente primero también leonés y de Vox Carlos Pollán tras el pacto alcanzado con el PP, un pacto que otorga a Alfonso Fernández Mañueco nuevamente la Presidencia de la Junta. La Consejería adscrita al vicepresidente es una de nuevo cuño, denominada Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Será de una de sus más importantes patas, precisamente la de Ayudas Sociales, de la que se encargará Pulgar Gutiérrez, que pasa así por primera vez a la primera línea política de la Comunidad a la que pertenece su provincia natal, León. El alto cargo por designación política del que tomará posesión este viernes 3 de junio es la Dirección General de Ayudas Sociales. Pero tendrá todavía mayores atribuciones, ya que se la designa además en calidad de comisionada para las Adicciones.

María Belén Pulgar Gutiérrez (León, 1967), diplomada en Trabajo Social por la Universidad de León, licenciada en Sociología por la Pontificia de Salamanca y máster en Dirección de Recursos Humanos, llega a su nueva responsabilidad en la Junta de Castilla y León proveniente de una muy dilatada trayectoria sobre todo en el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que era justo su actividad hasta la actualidad.

En Interior lleva muchos años desarrollando diferentes responsabilidades, especialmente centradas en el ámbito de la atención a víctimas del terrorismo, la gestión de ayudas sociales y la elaboración de informes técnicos. Resalta que tuvo dos recientes años de impás, 2023 y 2024, como directora general de Víctimas y Acceso a la Justicia dentro de la Consellería de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, cuya consejera por Vox era Elisa Gómez Sánchez, y siendo presidente Carlos Mazón. Dejó ese puesto al cesar ésta, en julio de 2024, apenas cuatro meses antes de la terrible dana mortal en Valencia, que le acabó costando el puesto a Salomé Pradas que acababa de estrenarse, por el PP, al frente de esa misma Consellería de Justicia e Interior.

En listas por Vox León a las generales de 2019

No sólo eso delata la vinculación política de Pulgar Gutiérrez con Vox. También, y sobre todo, el hecho de que ocupara un puesto preeminente, el segundo de la lista, en la candidatura electoral por la provincia de León de la formación de extrema derecha que lidera Abascal. Ocurrió ya en las elecciones generales de abril del año 2019.

Su experiencia profesional incluye responsabilidades en la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Dirección General de Política Interior y la Unidad de Inclusión de personas con discapacidad, todas ellas del Ministerio del Interior. Precisamente una de sus áreas más habituales partió de su tesina de diplomatura cuando estudió en León, bajo el título de ‘Las Víctimas del Terrorismo de ETA’, que fue el primer estudio de investigación social sobre víctimas del terrorismo en la Universidad leonesa hasta entonces, según recoge su currículum.

También suma trabajo social en la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Luca de Tena, el TIPAI de Madrid y el Comité Ciudadano Antisida de León (en 1992 y sobre la población joven), junto a publicaciones, ponencias y formación especializada en derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia de género, emergencias y atención social.

Su currículum recoge además formación complementaria en terrorismo, derechos fundamentales, igualdad, migraciones, violencia sexual y de género, gestión de crisis, adopción internacional, drogodependencias y salud mental, así como publicaciones y ponencias sobre víctimas del terrorismo, emergencias, asistencia social y procesos electorales. En 2005 recibió la Cruz al Honor por su labor en defensa de los intereses sociales de las víctimas del terrorismo.

La Diputación de León aprobó este martes por unanimidad en el Pleno una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para reclamar al Ministerio del Interior que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP) previsto para Castilla y León, anunciado hace meses, tenga su sede en la provincia leonesa. La unidad estaría integrada por 50 agentes especializados, conocidos como antidisturbios, de la Policía Nacional.

El portavoz de UPL y vicepresidente de la institución provincial, Valentín Martínez, defendió la iniciativa como una cuestión de equilibrio territorial en la distribución de los efectivos policiales. Martínez subrayó que León cuenta con infraestructuras, ubicación estratégica y tradición policial suficientes para acoger esta dotación, y advirtió del desequilibrio que supondría concentrar nuevos recursos en Valladolid, donde ya operan dos grupos y un subgrupo de mando y apoyo, recordó.

“Es de justicia para esta tierra y, sobre todo, de mucho sentido común”, afirmó el representante leonesista durante el debate plenario, que tuvo que incluirse fuera del orden del día por un error de la Secretaría. Se producía tras conocerse en marzo que las intenciones del Ministerio eran no disgregar territorialmente las nuevas unidades anunciadas, lo que en principio hacía pensar que León no sería una opción, generando críticas a un nuevo caso que muchos partidos tildaron nuevamente como “centralismo”.

En nombre del PSOE en equipo de Gobierno que forman con UPL, el portavoz, Santiago Dorado, justificó el respaldo de su grupo “por coherencia con la política de descentralización del Gobierno de España, por eficiencia operativa y también seguridad jurídica”. Y defendió que la petición “no es un antojo político”, sino un criterio avalado por técnicos y además sindicatos policiales, como también recogía el texto de la moción, la cual también incidía en la pérdida de capacidad de respuesta inmediata que supuso para la provincia de León la disolución de la antigua Compañía General de Reserva, integrada por 110 agentes y con sede en la ciudad.

Matices políticos

Los portavoces de la oposición, del Partido Popular (PP), David Fernández, y de Vox, Fernando Prieto Olite, también se sumaron al apoyo del texto pero ambos coincidieron en aprovechar para atacar políticamente a UPL por su oportunismo, recordándole que cogobiernan con el PSOE en la institución provincial, el mismo partido que gobierna en España y que puede adoptar esta decisión. Fernández en este sentido pidió a los socialistas de León que “saquen músculo” y reivindiquen este tipo de decisiones en beneficio de la provincia, en este caso para conseguir la nueva dotación policial, con la que estaban de acuerdo. Desde las filas leonesistas y socialistas respondieron reclamando a populares y Vox la misma firmeza ante el nuevo gobierno autonómico del pacto de derecha y extrema derecha en la Junta de Castilla y león.

El PSOE de León reivindica el papel de sus siglas como impulsoras de los avances en igualdad al tiempo que reclama a la Junta de Castilla y León que abandone su bloqueo y apruebe una ley autonómica LGTBI que garantice la protección efectiva de los derechos del colectivo. Así lo señalaron la portavoz provincial socialista, Lucía de Castro, y el secretario de Políticas LGTBI+, José Manuel Rubio, a la hora de presentar sus propuestas en defensa de los derechos del colectivo con motivo de la celebración del Orgullo 2026.

“Estamos en un momento de avance y de orgullo gracias al Gobierno de España, que bajo liderazgo socialista ha consolidado nuestro país como un referente internacional en la conquista de derechos, blindando la igualdad real, protegiendo la diversidad y persiguiendo con firmeza toda la discriminación y los delitos de odio”, señaló Lucía de Castro sin dejar de alertar del riesgo de retroceso en esta materia que, a su entender, suponen las políticas impulsadas por fuerzas de derecha y de ultraderecha.

Así, la portavoz socialista criticó la ausencia de legislación autonómica específica en Castilla y León. “No tenemos todavía”, recriminó, “una ley LGTBI propia y este abandono no es casual ni anecdótico, sino que responde a una estrategia política”. En este sentido, ha advertido de que “cuando el PP y Vox quitan la bandera arcoíris de un balcón, cuando eliminan el concepto de identidad de género de las leyes o cuando suprimen concejalías de igualdad y diversidad, no están haciendo algo anecdótico, sino que están preparando el terreno para una era de recortes mayores”.

Por su parte, José Manuel Rubio puso el foco en la realidad que vive el colectivo en la provincia de León, especialmente en el medio rural. “Que tengamos que estar hablando en pleno 2026 de que las y los jóvenes de esta provincia tengan que irse de sus pueblos o de sus ciudades porque no pueden vivir plenamente su identidad de género o su diversidad sexual es algo que nos sigue sorprendiendo e indignando”, censuró.

El responsable socialista considera que León es una provincia diversa. Y aboga por adaptar las políticas públicas a esa realidad. “Desde el PSOE de León siempre hemos defendido que la libertad no tiene que ver con el código postal. Independientemente de dónde vivas, tienes que tener los mismos derechos y la misma libertad”, afirmó.

Rubio coincidió en remarcar la necesidad de que Castilla y León cuente con una ley autonómica LGTBI que permita conocer mejor la realidad del colectivo y combatir situaciones de discriminación y violencia. Según ha recordado, en 2024 se registraron 12 delitos e incidentes de odio en la provincia de León y 93 en el conjunto de Castilla y León. “Para nosotros”, expuso, “esos datos son solo la punta del iceberg. Nos preocupa especialmente todo aquello que no sabemos y no conocemos, todas las personas que no llegan a denunciar”.

Asimismo, el responsable de Políticas LGTBI+ del PSOE provincial ha destacado las iniciativas que la formación está impulsando en distintos municipios leoneses mediante la presentación de mociones contra la LGTBIfobia y en defensa de la igualdad y la diversidad. Estas propuestas, adaptadas a las necesidades de cada territorio, ya se han registrado en ayuntamientos como Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza o Villablino.

Constan también entre las medidas defendidas por los socialistas el refuerzo de la formación del personal educativo, sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de diversidad y delitos de odio, así como una mayor implicación de todas las administraciones públicas en la defensa de los derechos del colectivo.

“Mientras el Partido Socialista pide avances, leyes y libertades, tenemos a un Partido Popular ausente, un Partido Popular que ni está ni se le espera”, ha concluido José Manuel Rubio. El PSOE de León anima a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas con motivo del Orgullo, especialmente en la manifestación convocada por la Asociación León con Orgullo, que tendrá lugar este próximo sábado, 27 de junio, en la capital de la provincia.

Finalmente, los socialistas animaron a la ciudadanía leonesa a participar en las actividades organizadas con motivo del Orgullo y, especialmente, en la manifestación convocada por la Asociación León con Orgullo, que se celebrará el próximo sábado 27 de junio en la capital leonesa.

Tal cosa, aberrante a más no poder, es parte del mensaje que nos larga Mañueco para que los leoneses “no forniquemos, con 'j' de ajo…”

Somos incapaces de digerir lo de estar en el ente, pero nos dejamos llevar la mano, la traidora al interno sentimiento de ser leonés, hacia la urna electoral con un insensato papel, cual puñal de Guzman, para que escriban nuestras desdichas. Situación que los leoneses, y los nuestros, vamos prolongando: aberración al cuadrado.

¿Qué historia tiene esta Comunidad señor Mañueco? No se regodee en el absurdo. En Castilla y León como entidad político-administrativa impuesta, nunca hubo común hermanamiento, y lo moderno que llegará a ser ‘la historia de una imposición’, lo pretenderán explicitar algunos exégetas a sueldo, y no sin falseo de datos.

Dicho de otro modo: Pergeñando escritos de imposición estatutaria nos colocaron no de compañeros con los castellanos, sino de comparsas, usando de la inestimable colaboración de “nuestros políticos” traga sapos…

¡Sí, sí!, ¡Ñeoneses! Pero también abusando de nuestra infantil condescendencia que descansa en las sentimentales tradiciones leonesas, que parecen actuar de suavizante vaselina (regocijando el ego) cual si no tuvieran las cosas más cualidad que la festiva donde refugiarnos. ¡Algo totalmente incomprensible!

Podemos decir que la frase de Mañueco está escrita con plena malicia. ¡Pues sí! Pudo haber dicho “una Comunidad llamada Castilla y León”, pero como de este modo denotaba la dualidad regional, no interesaba para seguir machacando con lo de una historia común, ¡la de siempre!, de siglos… la de una gran falsedad territorial en busca de un pueblo único… ¡or estatutos!

Por el apoyo a la legislatura, agradecido, cambia a Pollán de cargo. El representante de Vox, que no le veo de extremista, sí de acomodaticio vivir en política, caiga quien caiga, le lleva a ejercer de vicepresidente primero.

¿Qué tipo de leonés es el señor Pollán?

Qué tipo de leonés es el señor Pollán. Pues en verdad no lo sé. Con relación a su pasado deportivo y luego directivo, todo lo que se pueda aportar no lo clasifica en las labores políticas, para las que ha exhibido un corto recorrido. Sorprende, cuando menos, que no viera en la cancha leonesa, o aún peor, no valorara que el despliegue de banderas leonesas ondeadas entre cánticos leoneses y de leoneses, estaba dentro de un proceso reivindicativo.

De una buena tacada salió presidente de las Cortes autonómicas, con escaso entrenamiento, nunca proclive a comprender lo leonés, y muestras no le faltaron. Y en lo socioeconómico no querer ver e interpretar el estado depauperado al que nos han venido abocando y luego enciscando los dos grandes partidos en el ente. Y ahora ellos, que ni creen en las autonomías, los acompañan.

Por otra parte, el señor Mañueco, en cierta ladina manera, trata de indisponer –¡Un poco más!– a los leoneses contra el actual gerifalte socialista autonómico, señor Martínez. Se emplea a fondo hurgando en la herida, al recordarle con indolente insistencia, pues va de boquilla, lo de la 'Y' que aparece en la nominación de la Comunidad y que al soriano se le atraganta. Por supuesto algo totalmente cierto… Pero no lo es menos que quien evoca y quien traga, en este caso, van de la mano... ¡Para no dejar moverse a los leoneses!

Siempre me ha llamado la atención que los leoneses no acertemos a ver plenamente esa compenetración tácita, PP-PSOE, hoy evidencia floral, que manejan para amarrarnos y hundirnos en la despersonalización y en una precariedad socioeconómica de subsistencia, cada día más palpable.

Creo interpretar fidedignamente que vivimos un estatus de orgullo autárquico, y apoyados en muestras festividades con evocaciones históricas a las que parece que pretendemos asirnos. Pero no nos engañemos en un devenir descuidado, no planeado, movidos por el sentimiento interiorizado de ser leonés.

Esto, considerado intocable para algunos, puede que indeleble permanezca, cuando más, como en un espejo. Y para otros, un paso más allá, el que siempre he considerado un –¡Vívido!– 'estado de conciencia' llamado leonesismo. Ése que, alargado en el tiempo, en la faceta política, seguirá languideciendo estacionalmente agostado, si no acertamos a liberarnos.

Lexit.

“¿Qué puede salir mal?”. La pregunta con alta carga retórica, pronunciada hoy por la número 2 del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, resumía hoy una reunión mantenida con representantes sindicales de CSIF, CCOO y CGT. Y es que todos ellos, partido y sindicatos, coincidieron en pintar un panorama desolador en el arranque de la campaña contra los incendios forestales iniciada el 12 de junio, tras el desolador récord histórico del año pasado en la Comunidad, con un personal “diezmado y precarizado”, un operativo “fracasado y obsoleto”, tal falta de medios que “de seis helicópteros la Junta solo ha incorporado dos”.

Y, como guinda de un envenenado pastel, el premio en forma de ascenso a una Dirección General de nueva creación para Ángel Sánchez, durante muchos años jefe del Servicio de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente y por lo tanto ya veterano responsable del “operativo del desoperativo” que en 2023 y en 2025 demostró “ser totalmente ineficaz”.

Todos los presentes ejemplificaron el caos y peligro al que se enfrentan las nueve provincias de la Comunidad en el criticado nombramiento de Sánchez como director general de Prevención e Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que llegó a menospreciar hace escasas semanas que se pueda cumplir “el mantra” -dijo- “de apagar los fuegos en invierno” a través de una prevención para la que no hay dinero, como destacó ILEÓN. Para Nuria, este nombramiento y estos argumentos son tan “de sinverguenza” como los del propio presidente de la Junta, culpando hace poco al PSOE en la oposición de “querer que haya más incendios”, cuando por otro lado ha “premiado a Quiñones, escondiéndole en las listas electorales para ahora nombrarle consejero por detrás y para que haga sus negocios”.

En la rueda de prensa tras la reunión, el agente medioambiental y delegado de CGT, Román García, denunció que Sánchez siga representando “un modelo fracasado y obsoleto” que, además, está “más precarizado que el año pasado”. El delegado de CCOO y conductor de autobomba, Miguel Fernández Valderrama, lamentó por su parte que a estas alturas del año haya “el mismo caos que el año pasado” durante los incendios “pero sin tener todavía incendios”, y ya en plena temporada alta oficial de riesgo, en medio de constantes olas de calor. Y aún así, se ha iniciado “con la mitad de los medios aéreos, personal incompleto, puestos de vigilancia cerrados y sin presupuesto para arreglarlos”.

Rubio ha criticado que el presidente Fernández Mañueco no haya escuchado a los profesionales para tratar de ponerle solución a la situación el año pasado, de la que “no ha aprendido nada”. “La situación lejos de mejorar ha empeorado, es alarmante. Hay más combustible en el monte y un operativo más precarizado que el año pasado”, ha alertado, al tiempo que ha pedido que el operativo sea “reforzado, cien por cien público y activo todo el año”, como prometió Mañueco, que ahora estrena otra vez Gobierno de pacto de Partido Popular (PP) con Vox. Es bajo su doble responsabilidad que, contra todo lo prometido tras el pasado verano por la Junta, “hoy no hay ningún bombero forestal” oficialmente en Castilla y León, que no sea de las brigadas del Gobierno central.

Huelga imposible

A pesar del panorama, los sindicatos admitieron por boca de Fernández Valderrama que les resulta “tremendamente complicado”, poco menos que imposible, plantear duras movilizaciones o incluso huelgas, como otros sectores como el educativo o el sanitario, por ejemplo, por ser el suyo un sector muy fragmentado, entre personal de tipo laboral y funcionario, estable y discontinuo, con buena parte en empresas públicas como Tragsa y otra mucho personal en empresas privadas contratadas, lo que provoca incluso “miedo” de los trabajadores a represalias.

Pero recordaron al unísono que todos los incumplimientos con quienes “nos interponemos delante del fuego”, no como ocurre en otras catástrofes, dañan no sólo al medio ambiente sino que ponen vidas en peligro. “Como por desgracia tuvimos que decir el año pasado: qué suerte que sólo murieran tres personas”, zanjó.

Apenas unas horas después de inaugurar la temporada de peligro alto de incendios forestales, y apenas unos minutos tras tomar posesión el nuevo Gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, bajo presidencia del popular Alfonso Álvarez Mañueco, ha habido un primer golpe de mano prioritario y sorpresa que acaba con una estructura de varios años al frente de la lucha contra los incendios forestales de Castilla y León. Todo ello después de que el pasado verano ardiera la Comunidad en extensión jamás igualada pero, sin embargo, sin que hubiera ninguna responsabilidad política por aquel desastre sin parangón histórico.

Ha bastado poco más de una hora desde la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, con toda su reestructuración tras el pacto reeditado de PP y Vox, para que el primer Consejo de Gobierno ya con los nuevos miembros haya acordado la creación de una nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Se trata de un área de nuevo impulso al frente del cual han nombrado a Ángel Manuel Sánchez Martín, hasta ahora en un escalafón inmediatamente interior como jefe del Servicio de Defensa/Incendios Forestales, que dependía de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta.

Sánchez, con este ascenso directo, se convierte así en el primer alto cargo técnico del nuevo organigrama de todo el Gobierno autonómico, en este caso de una Consejería de Medio Ambiente. El movimiento, muy evidente de cara a la galería, aparece como un refuerzo del mando de todo el operativo contra los siniestros forestales en las nueve provincias, cuando sin embargo en el casi último año desde el tráfico agosto de 2025 no se había adoptado reorganización alguna en la Consejería, ni mucho menos ninguna responsabilidad política ni técnica por el desastre. Un desastre que, tan sólo en la provincia de León, supuso que se calcinaran 135.500 hectáreas, con cuatro personas fallecidas y decenas de pueblos y viviendas quemados, aparte de casi el 10% de la superficie forestal arrasada. Tras meses sin cifra oficial, la Junta redujo el impacto a 112.500 hectáreas, aún así una cifra sin parangón histórico

Así, Sánchez Martín deja de ser la mano derecha del todavía director general de Patrimonio Natural en funciones, el polémico José Ángel Arranz, para situarse a su mismo nivel y descargar a este de años de responsabilidad funcionarial y política. Fueron miles las exigencias de dimisión contra Arranz y su jefe político, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras los incendios de 2025, pero Mañueco mantuvo intacta su presencia (“Sí, le apoyo”, dijo tajante) y toda la estructura. “Mi responsabilidad es el trabajo, no el abandono ni la huida”, defendió Quiñones en la única comparecencia en las Cortes, la cual tuvo que forzar la oposición en bloque, que también aprobó su reprobación parlamentaria.

Hasta hoy, primer día del nuevo Gobierno. Es decir, justo cuando en esta misma jornada Suárez-Quiñones abandonaba la cartera de Medio Ambiente, que ocupaba desde hace más de una década, al tomar posesión, por designación de Mañueco, como máximo responsable de una nueva superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. La nueva consejera medioambiental, con menos competencias que su antecesor -por ejemplo Caza o Pesca se va a una consejería de Vox- será María González Corral.

Un 'hombre de la casa'

Según a explicado la Junta en un escueto comunicado, el nombramiento que da un bandazo inicial a la Consejería, pretende “reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España”.

El nuevo responsable de este departamento específico de incendios forestales es ingeniero técnico forestal e ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid y ha desempeñado diferentes labores vinculadas con los operativos de prevención y extinción de incendios en Castilla y León desde 2003, por lo que es un 'hombre de la casa'.

Asume la Junta en su comunicado que los incendios forestales son “una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival”; y que la “intensidad, virulencia y capacidad destructiva” de los incendios “es cada vez mayor”. De ahí que se pretende “reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas”, ha añadido la Junta.

El frío Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este lunes 15 de junio de 2026 marca las pautas por las que los dos leoneses integrantes del nuevo Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ganan peso específico en el Ejecutivo que hoy mismo ha tomado posesión dentro de la XII legislatura. Se trata del modo en el que el recién reelegido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha diseñado el nuevo Gobierno de pacto de PP con Vox para dirigir los destinos de la Comunidad los próximos cuatro años, si como en los dos últimos mandatos no surge alguna ruptura abrupta.

Esos 'deberes' de Pollán y Quiñones aparecen claramente afectados por una amplia reestructuración de competencias del nuevo Ejecutivo. Una reestructuración que en general incrementan la relevancia institucional de ambos políticos, al asumir nuevas responsabilidades en dos de las áreas con mayor peso.

Pollán, que hasta ahora presidía las Cortes de Castilla y León -y por lo tanto era la segunda autoridad autonómica-, se convierte ahora en vicepresidente primero de la Junta. Pero además, asume la consejería de nueva creación llamada de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Su nombramiento le sitúa por tanto como número dos del Gobierno autonómico, puesto que ocupó en el pasado mandato Juan García-Gallardo, y le atribuye la coordinación de una de las principales apuestas de la nueva etapa política impulsada por Mañueco: la reducción de trámites administrativos y la simplificación burocrática.

Según establece el boletín, la nueva consejería asumirá además las competencias de coordinación y seguimiento de las medidas destinadas a racionalizar procedimientos administrativos, simplificar su tramitación y eliminar o reducir cargas burocráticas y gasto considerado ineficiente. Pero se matiza que estas funciones no serán exclusivas de Pollán: también tiene parecidas atribuciones la Consejería de Economía y Hacienda que sigue en manos del hombre de confianza total de Mañueco, el sempiterno Carlos Fernández Carriedo, que a su vez repetirá como portavoz del Ejecutivo.

Pollán se queda con áreas de la polémica 'Prioridad nacional'

Además, el departamento que dirigirá Pollán incorporará las competencias de Cooperación para el Desarrollo que hasta ahora dependían de la Consejería de la Presidencia, junto con todas las áreas que ya gestionaba la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que queda por lo tanto desgajada con la vicepresidencia segunda. Entre los 'poderes' que asume Pollán ahora aparecen Servicios Sociales, Juventud, Familia, Infancia y Atención a la Diversidad o Inmigración, aspectos en torno a los cuales Vox hace pivotar algunos de sus programas más polémicos, resumidos en el principio de la llamada 'Prioridad nacional' que figura además en el acto del PP de Mañueco con la formación de Santiago Abascal. Sus atribuciones se completarán con áreas como drogodependencias, inclusión social y las relaciones con el Tercer Sector Social.

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones abandona la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la cual ocupaba desde hace más de una década (2015), y tras ser el epicentro político de las críticas por los incendios históricos que asolaron la Comunidad el pasado verano. Pero lejos de perder peso, ahora Mañueco no solo le mantiene sino que deja en sus manos una consejería de nueva creación: de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

El veterano dirigente leonés mantendrá las competencias que ya correspondían a la anterior Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pero sumará además las relativas a universidades e investigación que hasta ahora dependían de la Consejería de Educación. De este modo, concentrará bajo un mismo departamento las políticas industriales, comerciales y laborales, junto con la planificación universitaria y la actividad investigadora de la Comunidad.

Inicio con polémica sobre el 'no' de Medicina para Ponferrada

La nueva estructura busca reforzar la conexión entre el sistema universitario y el tejido productivo de Castilla y León, integrando en una misma consejería ámbitos considerados estratégicos para la captación de inversiones, la generación de empleo cualificado y la transferencia de conocimiento, argumenta el Ejecutivo. También quedará adscrita a este departamento la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Y eso es muy relevante respecto a las nuevas titulaciones.

No en vano, esta Agencia, totalmente dependiente de la Junta, está en el epicentro de la polémica territorial tras negar a la Universidad de León su intención de implantar el nuevo grado de Medicina a medias entre el Campus de Vegazana en León y el de Ponferrada, en El Bierzo. Contra lo que adujo la Junta en principio, responsabilizando a la Universidad de León, lo cierto es que fue la Junta, a través de la mencionada Agencia, la que impuso la condición de que El Bierzo quedara al margen, como demostró ILEÓN con la documentación oficial.

Con estos cambios, dos de los principales referentes políticos leoneses dentro del Ejecutivo autonómico amplían notablemente su campo de actuación. Pollán asume la Vicepresidencia Primera con competencias transversales en desregulación administrativa y políticas sociales, mientras que Suárez-Quiñones pasa a dirigir una macroconsejería. Aunque con amplios poderes, también es cierto que al desvincularse de Medio Ambiente pierde su alta capacidad inversora y presupuestaria, ya que dejará de dirigir la sociedad pública Somacyl que en los últimos años invierte más en proyectos autonómicos en la provincia de León que los propios presupuestos ordinarios de la Junta.

Siempre dependiendo del lado desde donde se mire, allá o acá. Un estatus posicional que para la ocasión lleva el valor adverbial de lugar, en relación al que ocupa cada ponente o dicente.

Como leonés, en este caso de acá del Manzanal, siempre he tenido mucha prevención al pronunciarme, dado que, en quien no comparte o está decidido a no querer compartir lo leonés, vaya usted a saber por qué, y su mejor razón es lo de 'León nos roba', poca comprensión se puede encontrar. Ambos dichos cuasi contemporáneos, son usados en paralelo, siempre como intento de justificación de algunos bercianos, de modo especial los ejercientes en política.

No es de hoy lo del Manzanal. Desde los primeros pasos autonómicos ya hubo quien lo usara como arma arrojadiza, al igual que otros se opusieran a que León provincia, sin ningún tipo de manzanal, esto es sin ningún accidente orográfico que cortara historia escrita en común, y la Cultura ( ésta con sus variantes), y así fuimos metidos en comunidad con la facción castellana vieja. Por cierto a éstos les iba a ir muy bien poder manejar lo leonés lo socioeconómico. Sus políticos bregaron para meternos (a empujones) en un ente autonómico que llamaban Castillaleón. ¡Y lo consiguieron!

Ya es historia que en Ponferrada surgió la primera duda autonómica –¡Nada de con Castilla!–, oficialmente un mes ante de que se aprobara el estatuto, en 1983. La preferencia era la autonomía leonesa, desde el sentimiento o desde lo sustancial socioeconómico leonés, tanto da, después de leoneses éramos españoles. Procedentes o herederos del Reino de León que se iría reduciendo a casi lo nominal regional, refugio de lo territorial desde 1833 (Javier de Burgos)

Más no voy a ir, dentro de la sencillez que la cautela me demanda, a profundis, sino ab singulis, detalle a detalle (aunque esto no es todo para hoy) conjugados en un entorno provincial, pues, tratar de destruirlo, a nada conduce más allá del debilitamiento ante el adversario –¡Que lo hay!– es la facción castellana vieja precisamente la que mangonea el ente.

Una Comunidad que, maliciosamente, por ello poco a poco, se ha ido centralizando en Valladolid, donde no es que se hayan arrogado la capitalidad, es que han concentrado todo el poder comunitario, donde el bipartidismo PSOE-PP en principio, hoy en prelación opuesta, pero que ya desde la hora de componer el Estatuto, nos han intentado confundir a los leoneses, nombrándonos a la cola de Castilla, fruto de la historia que siempre han tergiversado y nosotros permitido. Ése es el adversario común.

Los alimoneros PP-PSOE, que se empeñan en cerrarnos todas las puertas, conscientes de que usando y abusando de nosotros como colonia, y de nuestros recursos por lo tanto, les resulta más fácil 'ejercer de ente poderoso': ¡Su afán!

¿León nos roba?

'León nos roba'. Nadie les roba la singularidad, la comarcal, que está vigente tanto en lo provincial como distinguido en el ente autonómico, éste sí que es el depredador de todo lo leonés. Supongo que, el dicho entrecomillado, alude al poder provincial, el que se ejerce desde la Diputación, a la que llegan los caudales procedentes del ente autonómico. Un organismo provincial donde curiosamente tienen representación siempre, y hoy presidencial.

Al señor Álvarez Courel, el presidente citado, berciano, hablando de lo agroalimentario en León, no se le ha escuchado decir, reclamar o exigir que se cumpla la promesa del Parque Agroalimentario: Ubicarlo, desarrollarlo y dotarlo en Ponferrada. ¿Quien se lo impide? SÍ, los de más allá del Manzanal, pero el enemigo común, el comunal centralizador de todo: el ente autonómico

En otros supuestos, en el autonómico por ejemplo, habría que decir que el ente, o si lo prefieren la Comunidad no hace bien su labor de reparto presupuestario para los leoneses en general.

El Consejo Comarcal de El Bierzo, bien diseñado para la labor que todos conocemos, del divide y vencerás... ¿Qué cometido tiene además de lo generalista? Tal como control o contacto con los 38 municipios correspondientes, así como turismo, empleo y medio ambiente… para cuya atención, junto al de los puestos políticos, y otros, la dotación económica procede del poder comunitario. No lo sé. Lo veo como un gramófono de marca, está a la voz de su alternante amo de mano política.

Tal vez no esté en lo cierto, pero no he oído que soliciten la ampliación de competencias. No sé si estatutariamente la comunidad puede otorgar poderes, porque desde el movimiento político berciano, no están en condiciones de reclamar, exigir, ante el parlamento autonómico. No tienen representación, más allá de UPL. Y lo del Consejo citado se les va en artificios.

Al procurador berciano, por UPL, tampoco le prestaban atención. En el cómputo autonómico, ahora nos corresponden a la provincia 13 escaños. UPL 3, los otros 10 en manos de PP-PSOE, 4 y 4 bien alimonados contra lo leonés; y Vox que no cree en las autonomías y acaba de colocar a Pollán de vice, y se dice de León, pero no está con, ni por León, le mueven desde el foro.

Y así divididos nos quieren conservar o destruir. En tanto no seamos capaces, a golpe de voto, de construir las necesarias tijeras para cortar el nudo , creciente, multiple, con el que nos van dotando, llegarán a estrangularnos...

¡A todos los leoneses!

Tengamos visión economicista, respetando la común historia.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.

Alicia Gallego, la nueva portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, integrados en el Grupo Mixto en esta nueva legislatura, ha esbozado una contundente crítica contra el nuevo Gobierno de PP y Vox liderado una vez más por Alfonso Fernández Mañueco. La dirigente leonesista ha calificado como “papel mojado” el pacto de legislatura entre PP y Vox y ha reprochado al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que parece actuar por miedo. Llegó a considerar el pacto un mero reparto de “unas sillas y poco más”.

“Lo que se deduce de este pacto es una cuestión gris, una cuestión de miedo y sobre todo poco ilusionante”, ha criticado la portavoz parlamentaria de UPL, Alicia Gallego, en el hemiciclo de las Cortes autonómicas, donde ha criticado que las 324 medidas presentadas por Mañueco en el discurso de este martes son “difusas y poco concretas”.

En su intervención, Gallego ha cuestionado a Mañueco que haya vuelto al punto de partida de 2022, con un socio de gobierno que no cree en las autonomías y al que ha criticado durante la campaña y se ha abierto a llegar a acuerdos con todas las formaciones, pero siempre en beneficio de la ciudadanía.

La procuradora leonesista ha criticado que las ayudas no se hagan en función de la renta y que se planteen hasta municipios de más de 20.000 habitantes -que en la práctica son el área metropolitana de las ciudades- y no del medio rural.

Asimismo, ha lamentado las carencias en materias como sanidad, telecomunicaciones o infraestructuras, entre ellas, el Corredor Atlántico, que afectan a las tres provincias, antes de recordar que no votarán a favor de Mañueco en la investidura.

La procuradora leonesista ha repartido críticas entre PP y PSOE ya que “actúan como sucursales” de sus formaciones nacionales y ha acusado a ambas formaciones de perjudicar a la Región Leonesa -conformada por las provincias de León, Zamora y Salamanca- y de no haber sido capaz de vertebrarla con otras autonomías limítrofes como Asturias, Extremadura o la vecina Portugal.

También ha lamentado que terminara la anterior legislatura sin una Ley de Juventud, de Vivienda, de Agentes Medioambientales y, sobre todo, de unos Presupuestos Generales de la Comunidad, que no se aprueban desde 2024.

Respecto a los incendios del pasado verano, que dejaron una “situación catastrófica” con más de 140.000 hectáreas quemadas que ha atribuido a una falta de previsión, Gallego ha criticado que la Junta ahora dé “un patada al lado” y responsabilice a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales pese a que la competencia sea autonómica. 

Durante su réplica Mañueco ha defendido que su objetivo es alcanzar consensos en beneficio de Castilla y León, pero ha rechazado los planteamientos que, a su juicio, presentan agravios territoriales dentro de la Comunidad.

“Les ofrezco mi mano tendida, pero no comparto las políticas del victimismo”, ha afirmado el candidato popular, quien ha reivindicado que Castilla y León está integrada por nueve provincias “valiosas, importantes y merecedoras” del mismo respeto institucional.

Mañueco también ha recordado a los representantes del Grupo Mixto que no ostentan la representación exclusiva de sus respectivos territorios y ha subrayado que la mayoría de los ciudadanos de León, Soria y Ávila respaldaron en las urnas a otras fuerzas políticas.

“Nadie, por mucho que lleve en sus siglas el nombre de una provincia, puede arrogarse su representación en exclusiva”, ha señalado.

El candidato popular ha aprovechado su intervención para defender la coalición alcanzada con Vox y ha reprochado al Grupo Mixto sus críticas al nuevo Ejecutivo. “Si hoy estamos aquí es porque los ciudadanos de las nueve provincias decidieron con su voto la forma de articular una mayoría”, ha argumentado.

Durante su respuesta a la portavoz leonesista, Alicia Gallego, Mañueco ha cargado contra las reivindicaciones territoriales de UPL y ha considerado que las “ensoñaciones territoriales” resultan “estériles”. “Juntos podemos ir más lejos. Pretender trocear Castilla y León a estas alturas es creer en el bálsamo de Fierabrás”, ha afirmado, antes de defender la unidad de la Comunidad como vía para corregir desequilibrios territoriales y generar nuevas oportunidades.

Por ello, ha reiterado su disposición al diálogo con los representantes del Grupo Mixto y les ha pedido una “contribución activa” para alcanzar consensos en todo aquello que no perjudique al interés general de Castilla y León.

Pollán

El futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el leonés Carlos Pollán, fue el encargado de pronunciar el discurso del grupo de extrema derecha, donde defendió el acuerdo alcanzado con el Partido Popular desgranando parte de los acuerdos que ha impuesto Vox en el texto del futuro gobierno. Lo hizo en un discurso marcado por las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, el rechazo a la inmigración irregular, la defensa del sector primario y las promesas de rebajas fiscales, pero en el que no hubo ninguna referencia concreta a las reivindicaciones políticas de la Región Leonesa.

A lo largo de las dieciocho páginas de intervención, Pollán llegó a reivindicar actuar “por Castilla, por León y por España” pero sin mayores menciones de carácter provincial. El dirigente de Vox centró buena parte de su discurso en asuntos de ámbito estatal, con duras críticas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios.

Presumió de que el futuro Ejecutivo autonómico se opondrá al reparto de menores migrantes, prohibirá el uso del burka y el nicab en espacios públicos, eliminará subvenciones a organizaciones vinculadas a la inmigración irregular y defenderá el principio de 'prioridad nacional' en ayudas sociales y acceso a la vivienda.

En el plano económico, Pollán defendió un amplio paquete de medidas para el medio rural, entre ellas ayudas para mantener abiertos comercios, bares y farmacias en pequeños municipios, incentivos fiscales para la transmisión de viviendas y negocios, apoyo a autónomos y una reducción de tasas e impuestos. También anunció medidas de respaldo al sector agrario y ganadero, el rechazo al acuerdo comercial con Mercosur y la oposición a cualquier recorte de la Política Agraria Común (PAC).

La intervención concluyó con un llamamiento a desarrollar el acuerdo firmado con el Partido Popular y con la promesa de cumplir las medidas pactadas durante la legislatura, insistiendo en que el nuevo Gobierno trabajará “por Castilla, por León y por España”.

Alfonso Fernández Mañueco ya es de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León tras recibir el voto favorable de 47 de los 82 procuradores de las Cortes autonómicas, de PP y Vox. Es la tercera ocasión en que el salmantino alcanza la confianza de la cámara legislativa tras 2019 y 2022. Y será la última vez ya que la Ley autonómica impide más de ocho años en la Presidencia de la Junta, que cumple el año que viene, aunque podrá terminar la legislatura en vigor.

Por la mañana el entonces candidato a presidir la Junta de Castilla y León ha desgranado su programa de gobierno de coalición de PP y Vox en la sesión de investidura que se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid. Mañueco ha tomado la palabra en la sesión de la mañana para defender el segundo pacto de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León tras el primero de 2022, que acabó abruptamente dos años después.

El presidente en funciones, en el cargo desde el 2019, ha agradecido a Vox su voluntad de pacto tras las elecciones del pasado mes de marzo, “Quiero expresar a este partido, a través de Carlos Pollán, todo mi reconocimiento por su voluntad de llegar a un acuerdo firme y viable”. Pero ha recordado que “somos dos partidos distintos, con las posiciones que los castellanos y leoneses conocen sobradamente”. El leonés Carlos Pollán, será el futuro vicepresidente del gobierno de coalición, tras el reparto de cargos efectuado por ambos partidos.

Mañueco ha explicado que habrá dos pilares en la acción del próximo gobierno: “El primero es seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora” y “El segundo, consolidarla como una tierra atractiva para vivir y trabajar”. Además ha dejado ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, “Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”. “Por eso, si esta Cámara me otorga su confianza, quiero contribuir a que España recupere el prestigio de la mejor política”, ha aseverado.

'Prioridad nacional'

El candidato ha defendido la 'prioridad nacional' firmada con la extrema derecha de Vox, que él entiendo como “establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”. Según Mañueco “Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender”, que defiende que es que “quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León” bajo el acatamiento de la Ley, prestando de manera general los servicios públicos esenciales y “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra Comunidad”.

En su visión “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso”.

Mañueco ha hablado en su discurso de dos de los temas que más rechazo ideológico generan a Vox: Mercosur y el Pacto Verde europeo. Sobre el paco de comercio con el bloque latinoamericano ha asegurado que, pese que el PP en el Parlamento Europeo lo apoyó, “expresamos nuestro rechazo al acuerdo con Mercosur mientras no garantice la igualdad de condiciones con los productores castellanos y leoneses”. Y sobre el Pacto Verde , impulsado por el PP europeo de Ursula Von der Layen, ha señalado que “vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”.

Mañueco presume de repunte poblacional

El presidente autonómico ha presumido del crecimiento poblacional de Castilla y León, “invirtiendo una tendencia de pérdida continuada durante mucho tiempo” pero que es desigual entre provincias con León y Zamora como las más rezagadas. Ha destacado que este incremento es posibles “debido sobre todo al aumento de la inmigración, que ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”, pese al pacto firmado con Vox con medidas contra los migrantes como limitar su asistencia sanitaria.

Ha desgranado medidas como ayudas al alquiler, incrementar un 80% la inversión en políticas de vivienda o facilitar el acceso a una hipoteca mediante avales públicos y desgravaciones, actuaciones que “seguirán teniendo el gran objetivo estratégico de corregir los desequilibrios demográficos de nuestra Comunidad”.

Incendios

En materia de incendios Mañueco ha defendido un incremento de “la superficie forestal y elaboraremos un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León” buscando “conservar y aprovechar mejor nuestros bosques, garantizar el abastecimiento de la industria forestal y conseguir unos montes mejor preparados frente a los incendios”.

Pese a la grave situación del verano pasado con decenas de miles de hectáreas arrasadas Mañueco ha defendido que “Continuamos mejorando el operativo de lucha contra incendios, el mayor de nuestra historia” y que “Todo nuestro personal laboral y funcionario trabaja ya todo el año, tal y como comprometimos”, cosa que desmienten los sindicatos en el inicio de la actual campaña.

“Quiero una Comunidad con más oportunidades, más bienestar, más igualdad, más solidaridad y más calidad de vida. Quiero, en fin, una Castilla y León orgullosa de su historia y proyectada al futuro”, ha defendido.

Para finalizar su discurso Mañueco ha señalado “Castilla y León ha avanzado durante siglos de la misma forma: Modernizando sin romper, creciendo sin olvidar, abriendo caminos sin perder nuestra identidad, mirando al futuro sin perder sus raíces. Siendo creadores”. Y ha citado al escritor leonés Luis Mateo Díez, “son los que saben impulsar la herencia como motor de la renovación”.

Reproches oposición

En el turno de tarde han llegado las intervenciones del resto de partidos con representación, con el estreno de Carlos Martínez como líder de la bancada socialista. Un largo y abrupto enfrentamiento en el que el portavoz socialista en las Cortes acusó a Alfonso Fernández Mañueco de asumir el marco ideológico de Vox y sostuvo que los verdaderos problemas de la Comunidad no son “el feminismo, los inmigrantes ni la Agenda 2030”, sino la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades que obligan a muchos jóvenes a marcharse. Durante su intervención en el debate de investidura, el líder del PSOE defendió una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos y la reindustrialización, y reprochó al candidato del PP que su discurso fuera “la transcripción” de las condiciones impuestas por Vox para garantizar su continuidad al frente de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco recurrió al debate identitario sobre el nombre de la Comunidad para atacar al líder socialista, Carlos Martínez, durante el debate de investidura. El candidato del PP reprochó al secretario autonómico del PSOE sus anteriores referencias a “Castilla-León” y llegó a pedirle desde la tribuna que repitiera “Castilla y León”, acusándole de frivolizar con una cuestión importante y de no tener claro su proyecto para la Comunidad. Mañueco también recordó unas declaraciones en las que Martínez planteó si Soria podría estar mejor integrada en otras autonomías, reivindicando frente a ello su defensa de Castilla y León. El dirigente socialista no pudo responder a estas acusaciones al haberse agotado su turno de réplica.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, cargó contra el acuerdo entre PP y Vox, al que calificó como un mero “reparto de unas sillas y poco más”, impulsado desde Madrid por las direcciones nacionales de ambos partidos. La formación leonesista considera que el pacto es un “copia y pega” de los alcanzados en otras comunidades y denuncia que no ofrece respuestas a los problemas de León, Zamora y Salamanca, al no incluir inversiones ni compromisos concretos para la Región Leonesa. Además, criticó que los presupuestos autonómicos se pospongan hasta 2027, lo que supondría prolongar otro año la ausencia de nuevas cuentas.

Vox presume de pacto

Por su parte, el líder de Vox y futuro vicepresidente, Carlos Pollán, defendió el acuerdo con el PP como una herramienta para garantizar la estabilidad política durante toda la legislatura y aplicar medidas como la denominada 'prioridad nacional', el apoyo al medio rural, la bajada de impuestos y el endurecimiento de las políticas migratorias. La formación considera que el pacto permitirá desarrollar un programa basado en la defensa de las familias, el sector primario y los pequeños municipios, además de reforzar su presencia en el Gobierno autonómico.

La portavoz del PP, Leticia García, finalizó las intervenciones asegurando que el acuerdo alcanzado “no es una rendición sino todo lo contrario” que muestra que dos partidos diferentes pueden alcanzar un acuerdo cuando anteponen a los ciudadanos a sus intereses. El PP aseguró que el pacto deja a Castilla y León “libre de sanchismo”.

Este martes las Cortes de Castilla y León otorgarán su confianza al Alfonso Fernández Mañueco para ser investido presidente de la Junta por tercera vez, tras 2019 y 2022, en la que será la última ocasión. Una norma aprobada a instancias de Ciudadanos en el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita la duración de los mandatos presidenciales autonómicos a ocho años, que cumplirá el que viene Mañueco así que salvo modificación de la norma será su último mandato.

PP y Vox otorgarán sus votos al salmantino para conformar su cuarto gobierno, tras los de coalición con Ciudadanos que rompió abruptamente para adelantar elecciones, el de coalición con Vox que duró dos años y el último del PP en solitario que ha durado otros dos. Llega otra coalición con la extrema derecha tras unas largas negociaciones que han reconfigurado la estructura de poder habitual de la Junta de Castilla y León por las peticiones de poder de Vox.

La incógnita en los círculo de poder leoneses es cuál será el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo de coalición. En general la provincia ya ha perdido peso en las Cortes autonómicas al pasar de un presidente y el secretario primero a una vicepresidenta, que recae en la socialista leonesa Nuria Rubio, y de tener solo el portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego.

El debate de un consejero por provincia, una antigua estrategia del PP, se superó por las coaliciones aunque la incógnita del peso específico siempre está sobre la mesa, y más en León por su singular relación con el gobierno autonómico. Carlos Pollán es el primer nombre leonés que garantiza representatividad, aunque a través del partido que sostenía defender el fin de las comunidades autónomas aunque ahora sean su principal puntar de poder. Pollán será el vicepresidente primero del Gobierno de Mañueco con funciones tras la negativa experiencia con Juan García-Gallardo aunque todavía no han desvelado cuál de las tres carteras de Vox ocupará: si Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura; Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o Cultura, Turismo y Deporte, por la que más afinidad tienen Pollán por su vinculación con el Ademar.

La otra incógnita es el nombre leonés en el Ejecutivo de Mañueco por parte del Partido Popular. En el partido dan por hecho que Juan Carlos Suárez-Quiñones se mantendrá en el Gobierno autonómico al que llegó en el año 2015 pero todas las apuestas son que no con sus funciones actuales de Medio Ambiente. Primero porque legalmente no puede mantenerse como consejero del mismo ramo durante más de dos mandatos, otra norma emanada de Ciudadanos, aunque un simple cambio de nombre y alguna agregación o salida de funciones permiten que pueda ser casi igual. Segundo porque el pacto con Vox ha desgajado la Política Ambiental de la pura gestión ambiental, lo que ya convierte la actual consejería en inviable.

El presidente Mañueco no quiso hablar de nombres en la firma del pacto de PP y Vox al ser preguntado específicamente sobre la continuidad de Quiñones en el gobierno y en materia medioambiental, tras ser el miembro más criticado por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Pese a ello Mañueco le mantuvo su plena confianza y no movió un solo nombre de la consejería, de Quiñones para abajo, pese a las críticas. Y electoralmente le salió bien, incluso ganando votos en las zonas quemadas.

Desde Presidencia a la nueva consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que Mañueco se olvidó de mencionar en la firma del pacto, el habitual baile de nombres asociados a consejerías ha comenzado. Suárez-Quiñones sigue siendo presidente interino del PP de León, una situación provisional que se alarga ya un año y que el partido deberá solventar al igual que el congreso autonómico donde puede haber pistas sobre el futuro sin Mañueco.

Suárez-Quiñones tiene, además, a su favor para seguir que ha quedado exonerado de todas las cuestiones que sobrevolaban alrededor de su gestión por posible falta de ética, que ni la Justicia ni la Comisión de Ética autonómica han considerado de relevancia, archivando los asuntos que se le reprochaban.

El anuncio del pacto de Gobierno entre PP y Vox en la Junta de Castilla y León ha provocado una oleada de críticas entre la oposición en la provincia de León que, en general, muestra su preocupación por este acuerdo entre la derecha y la extrema derecha que se hizo público el miércoles 3 de junio, más de dos meses después de las elecciones autonómicas.

Varios miembros del PSOE han expresado públicamente sus impresiones negativas sobre este pacto. El alcalde de León, José Antonio Diez, ha dejado claro que no le gustan “algunas de las cuestiones que se plantean en ese pacto, especialmente la de la 'prioridad nacional'”, ha declarado este jueves durante una rueda de prensa.

Aunque el alcalde leonés ha celebrado que haya acuerdo ha reconocido que hubiese preferido un gobierno “que no se vaya hacia los extremos”.

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, usó su cuenta de X para publicar un escueto, pero rotundo mensaje contra las medidas racistas y xenófobas que incluye el acuerdo: “Ningún ser humano es ilegal. FIN”, fue su publicación.

Por su parte, el secretario general del PSOE de León y diputado, Javier Alfonso Cendón, también usó X para lanzar un extenso mensaje que calificaba de “indecente” el pacto entre ambas fuerzas: “Lo más grave es que quienes prometieron estabilidad han elegido la división”. Cendón critica que no existen soluciones para los problemas reales de la Comunidad y finaliza asegurando: “Frente al pacto de los sillones, defenderemos la sanidad pública, los derechos, la igualdad, la convivencia y el futuro de Castilla y León”.

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha tildado el acuerdo como un “pacto gris y del miedo” que recordó que “está impulsado desde Madrid” y que Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán “no dejan de ser más que títeres de sus líderes nacionales”.

La líder leonesista evidenció que dentro de las 324 medidas alcanzadas su máxima “es una prioridad nacional que ni siquiera ellos son capaces de explicar”. Todo ello, le lleva a poner de manifiesto que “no se habla de inversiones ni concreciones tan necesarias para nuestra tierra y que se basan en muchos casos en los acuerdos alcanzados en otros territorios cuando no se tiene en cuenta a la Región Leonesa con sus peculiaridades y necesidades”.

El Partido Popular y Vox ya tienen un acuerdo de gobierno en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán sellaron este miércoles el documento base para que será el segundo gobierno de la derecha y la extrema derecha en la comunidad autónoma, tras el experimento de 2022-2024 que acabó saltando por los aires por la acogida de menores no acompañados.

El documento, además de incluir una gran cesión a medidas xenófobas de Vox, recoge otro tipo de compromisos, algunos más o menos etéreos, y un llamativo apartado titulado 'Infraestructuras del Estado en Castilla y Leon', es decir, medidas que solo se pueden adoptar si uno o los dos partidos llegan a La Moncloa. Y si después las ejecutan. Son ocho páginas que recogen

Para la provincia de León destacan de forma concreta trece promesas, más algunas otras expresadas de forma general que también tendrían acepción. Casi un compendio de promesas electorales de cara a la próxima cita electoral de las Generales y, por tanto, promesas a las que se comprometen ambos partidos y que comprometen a sus líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Varias de las medidas son clásicos de infraestructuras que llevan años enfangandas en algún cajón ministerial y que salen a flote en campañas electorales o en ocasiones de enfrentamientos políticos.

En materías de carreteras PP y Vox se comprometen en León a “finalizar” la autovía A-60 León-Valladolid y la A-76 Ponferrada-Oursense, esta última sin empezar todavía pero con un primer tramo en licitación. Además contemplan el impulso a la construcción de la Ronda Sur de Ponferrada y rematar la circunvalación de León. El plazo: “desde el arranque del Gobierno”.

También en materia de carreteras PP y Vox señalan que pedirán que “se ejecute sin dilación la Decisión de la Comisión de la UE de anular la prórroga de la concesión” de la autopista León-Campomanes AP-66. Actualmente el asunto está en manos del Tribunal de Justicia de la UE tras un recurso del Gobierno de España. Fue un gobierno del PP el que prorrogó el peaje hasta el año 2050, cuestionado por infrinjir la normativa de contratación europea.

La otra medida en materia de autopistas es que se apliquen las bonificaciones de la autopista del Atlántico AP-9 en varios peajes de la comunidad, entre ellos tanto en a AP-71 León-Astorga como la conexión con Asturias. Actualmente hay bonificaciones en Galicia con descuentos de hasta el 100% por retorno en 24 horas y rebajas del 50% por uso recurrente y para vehículos pesados.

Materia ferroviaria

Las otras grandes promesas de PP y Vox son en materia ferroviaria. Entre ellas aseguran que tendrá lugar la “Reapertura de la Ruta de la Plata en sus tramos Plasencia-Salamanca-Zamora-Benavente-Astorga”. Cerrada por el Gobierno de Felipe González en 1985, su reapertura, o no, está pendiente de un informe de viabilidad del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Además los dos partidos se comprometen a “abordar de forma urgente el paso del nudo del Manzanal (León)”, también pendiente de un estudio de viabilidad del Ministerio del político vallisoletano. Ambos informes han superado los plazos iniciales para su presentación.

De forma genérica PP y Vox aseguran dar “apoyo a los soterramientos del ferrocarril en Valladolid, Palencia y León, entre otros”. Sin detalle específico, el único soterramiento en León con demanda social es del Trobajo del Camino, descartado por el Ministerio pero todavía en petición por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Si se refieren a este, claro.

En materia logística PP y Vox impulsarán el “Desarrollo de Plataformas Intermodales de interés para Castilla y León”, mencionando de forma expresa la “Plataforma logística intermodal Torneros-Grulleros”, que actualmente sigue sin desarrollarse pese a ser una promesa de la época de Zapatero en 2007 y que ya tiene casi todo para meter las obras, que no arrancan. Además mencionan también otro “en Ponferrada, para la mejora del transporte de mercancías en la zona del noroeste”.

Otros clásicos de promesas son la mejora del ferrocarril de vía estrecha, ahora ancho métrico y antes Feve, comprometiéndose a “renovar los trenes y bonificar los trayectos en Castilla y León al igual que en Asturias y Cantabria” y “Mejorar las infraestructuras y que el tren de vía estrecha llegue hasta el centro de la ciudad de León”. Una batalla con un fuerte arraigo social, con manifestaciones masivas incluidas, pero que el Ministerio actual ha descartado y prefiere poner un autobús en el tramo urbano.

También firman PP y Vox que pedirán la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) de todas las líneas de alta velocidad y el tramo León-Madrid en concreto. Como no existe esa declaración los abonos del Ministerio de Transportes y las subvenciones de uso de la Junta de Castilla y León no se aplican a los usuarios de ese trayecto.

La derecha y la extrema derecha han firmado además otros compromisos inherentes al Gobierno de España como refuerzo de redes eléctricas o incrementar la regulación de la Cuenca del Duero, el eufemismo habitual para hablar de más pantanos, aunque no se especifica. También pide “asignación de fondos nacionales para la modernización de regadíos” en las provincias de Castilla y León sin dar detalle de la afección concreta de las 50.000 hectáreas que señalan como pendientes sin fondos.

Un párrafo para la infraestructuras autonómicas

En contraposición con las enormes peticiones de infraestructuras al Gobierno de España las autonómicas, que sí dependen del futuro gobierno de Castilla y León, ocupan apenas un párrafo frente a las ocho páginas de las estatales.

En concreto lo resumen así “Avanzaremos en la planificación estratégica de la red autonómica de carreteras con actuaciones de mejora del trazado y anchura de las carreteras, prestando especial atención a la renovación de firmes para que los desplazamientos sean más seguros y cómodos”.

Cabe recordar que hasta el año 2020 la Junta de Castilla y León tuvo en vigor un Plan Regional de Carreteras 2008-2020, en el que se incluían hasta 400 kilómetros de nuevas autovías en las nueve provincias menos Zamora, a ejecutar por el Ejecutivo autonómico. No consta que se haya realizado ni un solo kilómetro hasta la fecha. Ni PP ni Vox se han acordado de esas promesas en su nuevo acuerdo de Gobierno.

Dos meses y medio después de las elecciones autonómicas, el presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder del partido de extrema derecha Vox en Castilla y León, el leonés Carlos Pollán, escenificaron este miércoles en el vestíbulo de las Cortes el acuerdo de Gobierno alcanzado in extremis en las últimas horas entre ambas formaciones. El pacto, cerrado 80 días después de los comicios, consta de “19 ejes, 324 medidas y 62 páginas” y, aseveran, “garantiza la estabilidad del Ejecutivo autonómico durante los próximos cuatro años”.

Mañueco defendió que se trata de “un día bueno para Castilla y León” porque el acuerdo, afirmó, responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por los ciudadanos el pasado 15 de marzo y “piensa en el futuro de las personas de nuestra tierra”. Según explicó, el documento aborda cuestiones relacionadas con el crecimiento económico, el empleo, el apoyo a jóvenes, mayores y familias, así como medidas vinculadas al medio rural, la agricultura y la ganadería. El candidato 'popular' adelantó además que el debate de investidura se celebrará, previsiblemente, la próxima semana.

Por su parte, Pollán celebró el entendimiento alcanzado con el PP que devuelve a Vox al Gobierno de la institución autonómica y aseguró que supondrá “un gran impulso” para las políticas de la Comunidad. Destacó especialmente las medidas relacionadas con vivienda, ayudas sociales, simplificación administrativa y el denominado “plan de choque” contra las políticas migratorias del Gobierno central. El líder de Vox incidió además en la denominada “prioridad nacional”, que plantea una asignación preferente de recursos públicos para las personas con “arraigo real, verificable y efectivo”.

El acuerdo contempla una Vicepresidencia Primera para Vox, que esta vez tendrá cartera, y tres Consejerías. El partido de extrema derecha asumirá de nuevo las áreas de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte, y suma una nueva, de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. La Vicepresidencia Segunda recaerá en el PP, que además asumirá competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

El resto de carteras, que gestionará el PP, serán la Consejería de la Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda; la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio; la Consejería de Sanidad y Bienestar Social; la Consejería de Educación; la Consejería de Medio Ambiente y Energía; y la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Durante la comparecencia, tanto Mañueco como Pollán intercambiaron elogios por el desarrollo de las negociaciones. El dirigente de Vox agradeció reiteradamente la “predisposición al diálogo” del candidato 'popular' y destacó el carácter “cordial” y “fluido” de las conversaciones mantenidas durante las últimas semanas. Mañueco, por su parte, insistió en que ambas formaciones habían sabido interpretar el mandato de las urnas y alcanzar un acuerdo que proporciona estabilidad a la Comunidad.

Entre las pocas medidas que avanzaron antes de la difusión íntegra del acuerdo figura un “plan de choque contra las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez”, que tampoco especificaron, pero que viene siendo una de las reivindicaciones históricas de Vox y que el partido presentó como uno de los pilares del acuerdo con el PP en Castilla y León y el resto de territorios en los que cogobernarán.

El acuerdo, muy similar al alcanzado en comunidades como Extremadura y Aragón, confirma además la plena asunción por parte del PP de algunos de los planteamientos impulsados por Vox en materia migratoria, un terreno en el que ambas formaciones escenificaron una coincidencia total durante la comparecencia, de manera similar que ocurrió a la presentación del anterior acuerdo del PP con Vox que terminó rompiéndose.

El texto, de más de sesenta páginas, que se envió a los medios de comunicación después de la breve comparecencia de Mañueco y Pollán, solo recoge cuatro veces la palabra “mujer”. Una de ellas como una de las primeras medidas que tomará el Gobierno de coalición PP-Vox, prohibir el “uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar en espacios públicos”, porque, argumentan, “no se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”. Las otras tres referencias son sobre beneficios fiscales a “víctimas de violencia contra la mujer” y políticas activas de empleo con otros “colectivos con mayores dificultades de empleabilidad como los jóvenes, personas con discapacidad, parados de larga duración, mayores de 45 años”.

En este pacto, no aparece mención alguna a la equiparación de 'todas las violencias' que machaconamente repetía el anterior líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, si bien tampoco se refieren a la violencia machista como tal.

La palabra igualdad aparece referenciada hasta en una decena de ocasiones, pero no como igualdad entre hombres y mujeres, sino siempre como igualdad “de oportunidades en todo el territorio”, en cuestiones de salud, de agricultura, “de acceso a un servicio básido de la TDT” o a las bonificaciones de uso del transporte público.

Por más que hablemos de polarización, crispación y dientes filados en la lucha política española, a menudo tengo la impresión de que todo es una especie de ballet, una performance idiota para retrasados emocionales, en la que el pescado está vendido antes de levantar el telón y cada uno está más o menos donde quiere estar, sin muchas ganas de cambio.

Por lo que parece, y ya me diréis si es que se me ha subido a la cabeza el Jägermeister, al PSOE le da absolutamente igual la política local y la regional, con sus competencias de vivienda, sanidad y educación, y le da igual hasta el punto de que Sánchez está dispuesto a quemar a sus bases, a sus federaciones y al lucero del alba con tal de mantener el poder nacional, que es donde ha colocado a sus pretorianos y donde quiere ejercer de guía y faro de Occidente, para volver a ser reserva espiritual de resistentes eurovisivos y cosas así. 

Y a los suyos les parece bien, lo aplauden y lo apoyan mientras los pasa a cuchillo, uno a uno, con toda alegría. Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla y León... ¡Qué más da! Aún pueden perder más y más fuerte, así que no hay cuidado ni preocupación, ni se vislumbra la menor rebelión en sus filas: mueren, con alegría, señor, los que caminan por la vida. Señor, cantando su paz y amor. El PSOE parece una misa de campamento. Tal cual, y tan contentos.

Y luego tenemos al PP, que es justo lo contrario. Como se han amorrado a ayuntamientos y autonomías, que es donde se reparten las concesiones de las piscinas, las cafeterías de los hospitales, el mantenimiento de los bordillos y todos esos actos políticos que son la verdadera razón de ser de sus pasiones, el gobierno nacional les importa un carajo. 

Podrían poner un candidato que concitase más adhesiones, pero eso supondría arriesgarse a ganar, y vete a saber lo que haría un rey fuerte. Para los nobles fuertes, es mejor tener un rey débil, ¿no? Pues ahí están, esperando tan contentos el momento de volver a quedarse fuera de la Moncloa, ganando o perdiendo, como sea, pero fuera, no vaya a ser que gobernar en Madrid los comprometa en sus feudos y se queden sin la concesión de las tizas, los borradores y la lejía de la limpieza de los hospitales autonómicos, que es lo que realmente les pone.

Cada cual, como veis, está en su paraíso. Y los partidos pequeños, en el suyo, diciendo que no hacen cosas porque no les llegan los votos, desgranando dimes y diretes para no convertir en realidad todos esos programas de Pascua Florida que ni ellos mismos se creen, ni falta que hace, porque nadie se preocupa de sus chorradas, como nadie se preocupa de la exactitud de los mapas de la Tierra Media.

A día de hoy, de veras, todo el mundo está donde quiere estar. Lo malo es que a lo mejor hay que celebrar elecciones alguna vez. Y va a ser una mierda...

A falta de prácticamente un año para las próximas elecciones municipales, Unión del Pueblo Leonés (UPL) se encuentra ya en plena carrera para elegir a su próximo cabeza de lista en el Ayuntamiento de León. Un melón que ya se abrió el pasado mes de abril después de que anunciara su intención de no repetir Eduardo López Sendino, el candidato y líder del grupo municipal desde el año 2015.

Por los primeros movimientos, todo indica que habrá primarias internas en el seno de la formación leonesista, que desde hace un año lidera Alicia Gallego, para que sean los afiliados con sus votos los que tomen la decisión de quién será la persona que aparezca en el próximo cartel electoral leonesista en la capital. Y es que, a día de hoy, ya hay al menos dos nombres encima de la mesa, ambos actuales concejales en el equipo municipal y los dos miembros de la recién estrenada dirección general de Gallego. Se trata de Enrique Valdeón y de Seila Fernández.

La espita la ha abierto el primero, Valdeón, que no dejó lugar a dudas (“sí, me postulo”) cuando ayer fue preguntado abiertamente en la tertulia política de Radio León-Ser sobre su intención de cara a las elecciones al Ayuntamiento en 2027. “Mi intención es esa pero depende de los órganos del partido y de los militantes”, dijo, en referencia a someterse a primarias si no fuera el único interesado en sustituir a López Sendino, “porque hay una serie de requisitos que cumplir y todo se verá”.

Más continuidad

El actual edil lleva siéndolo bajo las siglas de UPL desde 2019, aunque su primera aparición en una lista electoral en el Ayuntamiento leonés data de 2015, pero entonces todavía bajo la escisión del PAL-UL, sin obtener el acta. Orgánicamente, también ostenta actualmente la Secretaría de Empleo, Comercio e Industria de UPL.

Preguntado por su planteamiento de cara a ser el candidato, Valdeón, que profesionalmente es procurador de los tribunales, aboga por una línea que suena mucho a continuidad a lo hecho por Eduardo Sendino. Defiende que “lo primero es ver qué no se ha hecho y se tenía que haber hecho en estos ocho años” de alcaldía socialista de José Antonio Diez, “los proyectos que no se han cumplido y exigirlos a quien esté”, buscando en resumen “soluciones para León, en el tema económico, comercial, aeropuerto... hay muchos frentes abiertos y hay que cerrarlos bien, no dejarlos en el aire”.

Defiende además la decisión adoptada por Sendino en su día de no pactar con el PSOE y formar parte del equipo de Gobierno municipal -como sí se hizo por ejemplo en la Diputación-, y asegura Valdeón que eso significa que han apoyado a veces al equipo de Diez y otras han votado con el PP, siempre bajo la premisa de “qué era bueno para León”. “No nos fiamos de ninguno de los dos, de hecho los dos nos han defraudado siempre a nivel local, provincial y regional, incluso”. Por eso, su planteamiento es que “seguiremos tirando únicamente por León, sin mirar para los lados”.

Educación y servicios públicos

El otro nombre en liza es el de Seila Fernández Domínguez, obtuvo su primera acta de concejala en 2023 gracias al éxito electoral que hizo que UPL obtuviera cinco puesto en el plenario municipal. ILEÓN ha contactado con ella, así como con otros dos nombres que llevan meses sonando entre la militancia leonesista como posibles aspirantes a la sucesión de Sendino en el liderazgo municipal de la capital. Y ella deja abierta la puerta a aspirar a defender su propia candidatura en unas primarias: “Todavía no sé lo que voy a hacer, cuando se abra ese proceso decidiré”. Y es que señala que “como siempre me pongo a disposición del partido para lo que necesite, como he hecho estos años como concejala y secretaria de Educación” en la UPL a nivel orgánico. Pero de lo que no duda es que “UPL tiene que tener una lista ganadora para el Ayuntamiento de León”.

Fernández, maestra y directora de colegio público, durante los últimos años ha sido la voz leonesista en materia de Educación, con una férrea defensa de la educación pública, tanto bajo la dirección de Luis Mariano Santos como de ahora Alicia Gallego. Su última acción ha sido denunciar que el contrato de fruta y verdura a los colegios de la Junta de Castilla y León obvia los productos locales primando el precio aunque vengan de otras zonas lejanas del país.

El otro nombre que circulaba de forma insistente en la militancia leonesista es el del abogado Bernardo García Angulo, que ha señalado a este medio que presentarse a las primarias para la Alcaldía de León “no se me ha pasado por la cabeza”. El abogado es también miembro de la actual dirección leonesista como secretario de Estudios Autonómicos.

Un proceso interno sin fecha y un objetivo claro

El proceso de selección de candidaturas de UPL todavía no está abierto, con un partido con un fuerte componente asambleario. Será el Consejo General del partido, principal órgano entre congresos, quien decida cómo y cuándo se abre el proceso de selección de sus candidatos, con el puesto de cabeza de lista a la Alcaldía de León como plaza más disputada. Sobre todo porque la expectativa en apariencia más razonable es que nuevamente UPL pueda ser la clave de la gobernabilidad en el primer ayuntamiento de la provincia. Actualmente cuenta con cinco concejales, dos de ellos los que primero se han situado en la línea de salida, frente a nueve del PP y once del PSOE, cerrando la lista los dos que se presentaron por Vox pero que pronto se 'rompieron' con un tránsfuga.

La Diputación de León iniciará los trámites para abandonar el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL). Así se ha aprobado hoy en el Pleno de la institución al aprobarse una moción presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) y respaldada por sus socios de gobierno en la institución provincial, el PSOE. La propuesta sólo contó con el apoyo de ambos grupos, ya que el Partido Popular optó por la abstención y el único diputado de Vox votó en contra, ambos criticando la decisión.

El acuerdo supone que la institución provincial dejará de formar parte de la fundación autonómica creada en 2002 para la promoción y difusión de la lengua española, sobre todo por considerar que su función al final resultaba una duplicidad respecto a la labor del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la propia Diputación. La aportación leonesa desde su incorporación ascendía a 10.000 euros anuales. Hay que recordar que el ILCyL estuvo largo tiempo presidido por el actual consejero de Cultura en funciones de la Junta, Gonzalo Santonja, no sin sonoros escándalos con hasta triple sueldo. Santonja fue elegido en su día por Vox para este puerto cuando cogobernó con el PP en la Junta la mitad del pasado mandato, y que sigue en el Gobierno a pesar de romper el pacto la formación de Abascal, por lo que ha sido acusado de ser un traidor.

El diputado de Cultura y portavoz de la iniciativa, el leonesista Emilio Martínez, justificó la salida del patronato por la mencionada “duplicidad de funciones”. Defendió que el ILC ya desarrolla desde hace décadas labores de promoción literaria, publicaciones, actividades bibliotecarias y apoyo cultural en toda la provincia, tanto en español como en leonés, por lo que consideró injustificado seguir manteniendo la aportación económica al organismo autonómico.

Durante su intervención, el diputado leonesista recordó que la adhesión de la Diputación al proyecto fundacional se aprobó en 1999 con el respaldo de PSOE y UPL y con el debate ya abierto sobre la ubicación de la sede, finalmente instalada en Burgos pese a que entonces varios grupos defendían que estuviese en León. También rememoró que los leonesistas ya plantearon abandonar el patronato hace dos décadas, aunque aquella propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

Otro de los argumentos centrales de la moción fue la “escasa actividad” desarrollada por el ILCYL en la provincia leonesa. UPL expuso datos comparativos de programación cultural desde 2018 para sostener que León ha quedado muy por detrás de Burgos o Valladolid en número de congresos, conferencias, exposiciones o encuentros organizados por la fundación. Según los datos expuestos en el Pleno, en 2019 el instituto desarrolló únicamente dos actividades en León frente a las 35 celebradas en Burgos y las 13 de Valladolid. La situación solo comenzó a cambiar parcialmente en 2024, cuando el número de actos aumentó hasta 17.

“Nula atención” al leonés y al gallego en El Bierzo

La formación leonesista también reprochó al instituto la “nula atención” prestada al leonés y al gallego del Bierzo, lenguas protegidas por el Estatuto de Autonomía, y defendió que es el Instituto Leonés de Cultura el que sí mantiene líneas específicas de apoyo a ambas realidades lingüísticas mediante premios y publicaciones.

El debate derivó además en un cruce político sobre el papel del organismo y la defensa del español. El portavoz del PP, David Fernández, cuestionó que una decisión de este alcance se llevase al Pleno mediante moción y no tras un estudio previo en Comisión. Sin embargo, su grupo no votó en contra sino que terminó absteniéndose al considerar “honesta” la aportación económica anual de la Diputación. Fernández acusó a UPL de “no querer defender la lengua española” y reivindicó además la importancia económica que el español tiene en territorios de la Región Leonesa como Salamanca y Zamora, por ejemplo a través de la Universidad salmantina, pionera en Europa.

Más contundente se mostró Vox, cuyo diputado Fernando Prieto Olite votó en contra de la propuesta al considerar que abandonar el patronato supone renunciar a influir dentro del organismo. A su juicio, el Instituto Leonés de Cultura y el ILCYL son “complementarios” y no entidades que compitan. “La solución no es marcharse de los sitios sino influir” estando dentro, sostuvo, aunque admitió que la actividad desarrollada por el instituto en León es “mejorable”.

La moción aprobada recoge también que otros ayuntamientos, entre ellos León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo o Miranda de Ebro, ya abandonaron anteriormente el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua por considerar insuficiente el retorno cultural de su participación.

La falta de “consenso” político entre todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de León y el “error nuestro” de haber ofrecido en un principio un día con “bodas programadas hace tiempo” en el salón de plenos. Esos son los principales motivos por los que se ha denegado finalmente un acto institucional de recuerdo, con entrega a sus descendientes de restos recién exhumados, de leoneses 'paseados' por pistoleros falangistas tras el golpe de Estado de 1936. Uno de ellos, Miguel Carro, ejecutado precisamente por haber sido concejal del PSOE en el propio Consistorio leonés.

Este doble argumento ha sido la explicación pública ofrecida hoy por el actual alcalde socialista, José Antonio Diez, tras las críticas públicas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El colectivo censuró que el acto de entrega de los restos que aparecieron hace meses en una fosa en Mansilla de las Mulas se autorizara primero para el próximo 5 de junio, para después cambiar de postura y plantearse varias excusas para vetar finalmente su celebración.

Para empezar, el regidor aseguró que le “sorprende” la petición del uso del salón de plenos para hacer esa entrega “desde un punto de vista institucional”, a pesar de admitir que sí se otorgó permiso en un primer momento. Y ya entonces, se cometió “el error nuestro”, admitió Diez, de ofrecer la fecha de un viernes, un día en el que “había bodas y evidentemente, no se pueden cambiar porque había mucho tiempo programadas”: “Parece que eso ya no les gustó absolutamente nada”.

Pero el motivo definitivo esgrimido por el regidor fue que “no hubo consenso -político- para ese tipo de acto”. “La institución la representamos muchas formaciones políticas y no había un acuerdo claro para realizar este acto en el salón de plenos municipal, y por lo tanto, yo les he dado otras opciones que ninguna les ha parecido adecuada”, aseguró.

La posición de todos los partidos

Preguntado por los periodistas, detalló que en realidad ningún partido vio con buenos ojos el acto, a pesar de que Alcaldía lo había admitido en un primer momento: “La UPL en principio no entendía muy bien lo de que (se homenajeara a) otras personas que no habían sido concejales del Ayuntamiento, incluso algunos que no eran ni del municipio, pero siempre dijo que aquello que decidiéramos lo iban a respaldar. El Partido Popular no lo veía tampoco y al máximo consenso que se pudo llegar fue al tema del concejal Miguel Carro. Y Vox, por supuesto, dijo que no les habláramos de estos temas”.

Sin embargo, el propio Diez transmitió algunas dudas al respecto del planteamiento al que, en principio, se había dado el visto bueno, argumentando la ARMH se enrrocó: “Yo les he propuesto poder hacerlo en otro lugar, como también presidente que fue del partido (por Carro), en la Agrupación Socialista de León, hacer el acto en el partido… pero parece ser que ellos no querían tampoco que el alcalde tuviera mucha visibilidad en el acto”, justificó, de modo que al final se ha denegado definitivamente.

Una denegación final duramente criticada por la asociación, que ahora intenta pedir que se pueda realizar un acto de memoria y desagravio en el Hostal de San Marcos, actual Parador Nacional. El motivo es que fue allí, entonces campo de concentración del régimen golpista de Francisco Franco, y de donde fueron objeto de una 'saca' los cuatro republicanos 'paseados' a manos de pistoleros falangistas el 18 de diciembre de 1936, entre otros muchos.

'Ataques' desde las propias filas

El caso, además, ha servido de caldo de cultivo para la actual lucha interna del PSOE, de buena parte de la Ejecutiva provincial, que lidera Javier Alfonso Cendón, contra el alcalde de León, José Antonio Diez, y viceversa. Por eso, destacados dirigentes del partido han censurado la postura del regidor leonés desde sus perfiles de redes sociales, entre ellos la leonesa número dos del PSOE de Castilla y León y procuradora autonómica, Nuria Rubio, o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

“Personalmente me siento profundamente avergonzada. Hace tiempo que no entiendo algunas políticas que van totalmente en contra de los valores y principios que defendemos como partido”, manifestaba Rubio.

Mientras Courel incluso añadía las críticas de Diez al recién imputado expresidente del Gobierno leonés, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevar su ataque: “Se niega un acto de la ARMH, no se quitan los nombres franquistas de las calles de León, y se ”condena sin juicio“ al único leonés que ha sido presidente del Gobierno de España. ¿Seguro que el alcalde de León es socialista?”, espetó.

Todo el mismo día en que Diez se volvía a reivindicar como candidato a repetir en la lista del PSOE a la Alcaldía de la capital, argumentando que la grave imputación judicial de Zapatero por presunta corrupción ponga freno a las maniobras para intentar evitar esa repetición.

A veces el destino se complace en agrupar en escaso lapso de tiempo imágenes, acontecimientos y declaraciones que mueven a la especulación y al hallazgo de respuestas cuando menos curiosas. Así se nos han agolpado las elecciones autonómicas, Semana Santa y finalmente la celebración del día de Castilla y León. Cada una de estas solemnidades cuenta con sus particulares componentes y su particular relato.

Elecciones autonómicas: el Partido Popular que ostenta la gobernanza de Castilla y León desde tiempos inmemoriales, parece inmune al paso del tiempo y no sólo sufre el desgaste del gobierno sino que, contra toda lógica, ha incrementado en dos el número de escaños en las cortes pucelanas, lo que es tanto como decir en las cortes castellanoleonesas. El PSOE logra subir otros dos y Vox tan sólo uno. Dos partidos de ámbito estatal acabaron por extinguirse, era la crónica de una muerte anunciada (Podemos y Ciudadanos). Soria YA, pierde el 66% de su representación merced a la condición soriana del candidato socialista. Por Ávila conserva su único representante y UPL mantiene sus tres parlamentarios, quizá su techo electoral.

En León, los cuatro partidos con representación parlamentaria se quedan como estaban. PSOE crece en 1.400 votos, PP algo más de 8.000 votos, Vox aumenta cerca de 4.000 papeletas y UPL se queda clavado con un incremento de unos 600 votantes más (consigue aumentar 100 más en Zamora y 1.000 más en Salamanca, en total 53.805). Todas las expectativas creadas eran infundadas. UPL es incapaz de motivar a un electorado que aspira a ver acciones de peso, no solamente pasos de ballet (cambiar el orden de la lista electoral del primero por la segunda y la segunda por el primero) sin renovación alguna. UPL continúa con su pecado original de acaparar puestos en unas pocas manos. En muchos pueblos de la geografía leonesa, sus candidatos son unos perfectos desconocidos y nunca han sido vistos por sus calles. 

El conservadurismo del que hace gala UPL, tampoco despierta pasiones. Circunscribirse principalmente al ámbito municipal o de la diputación es cegar toda posibilidad de crecer. UPL no pasa de ser un partido municipalista por más que hayan tenido un gesto que les honra al jurar su cargo aludiendo a la autonomía leonesa. Sus trifulcas en el Bierzo tampoco ayudan. Sin un cambio radical de orientación y acción, este partido está condenado a la irrelevancia. El PSOE tampoco ha sido ajeno a las trifulcas porque dos gallos como Cendón y Diez no caben en el mismo gallinero. El uno declaradamente estatalista, el otro aparentemente estatalista y autonomista, es decir un sincretismo que tiende asintóticamente a la cuadratura del círculo.

Semana Santa: una foto vale más que mil palabras. El periódico El Debate ha publicado una que habla por sí sola para quien preste oído a las imágenes. El alcalde de León (PSOE) aparece en primer plano con su banda de moaré, seguido de un obispo castellano. Tras ellos un encapuchado, con estética propia de verdugo medieval. Detrás, un uniformado, otra persona y Quiñones (PP), el consejero de los incendios y fotos con enfermos de ELA. Le sucede otro encapuchado y Pollán (Vox) con mirada aviesa. Diversas sensibilidades bajo un mismo paso: el del Santo Entierro de León, toda una alegoría. Huelgan más comentarios.

Día de Castilla y León: la Junta de Castilla y León, inasequible al desaliento y con su pertinaz alquimia pretende hacer aleaciones de metal con madera, sueña con la homogeneidad castellana en toda Castilla y lo que es peor, con la Región Leonesa. Con tal motivo derrocha más de un millón de euros en conciertos por las principales ciudades de la comunidad. En la provincia de León por partida doble, en un desesperado intento de congraciarse con la ciudadanía para que deponga de una vez por todas la aversión que sigue percibiendo en ella.

La Junta sabe que en León conviven dos realidades divergentes. Una es su clase política, a la que no es preciso conquistar porque ya está voluntariamente entregada a los designios y ucases castellanos en perjuicio de sus votantes, por los que no siente respeto alguno. La otra es la ciudadanía leonesa, disociada de sus políticos, de quienes sabe que no representan sus intereses, y que recibe el festejo de Villalar con la mayor de las lejanías, de hecho, los leoneses sin empleo en empresas o negocios que han de guardar día de asueto, siguen con sus quehaceres cotidianos. Esta festividad no les sugiere absolutamente nada.

Es día que algunos leonesistas aprovechan para contraprogramar estos fastos. En esta edición, el ínclito alcalde de León, que no tenía ningún acto religioso en su agenda –curioso el laicismo de este socialista– ha asistido con notable aparato. Se ha celebrado, como viene siendo habitual, una manifestación por las calles de León, al término de la cual, los representantes políticos y las fuerzas vivas asistentes se han despachado a gusto cuando les han puesto el micrófono delante. Al día siguiente, en una tertulia radiofónica, un periodista leonés con notable ironía, se mofaba de la decreciente asistencia a dicha manifestación. La misma Policía Local habló de unos 1.200 participantes. Magro seguimiento parece.

Sin ánimo de silenciar las declaraciones de sindicatos y organizadores, hay que resaltar las declaraciones del vicesecretario de UPL y del alcalde de León. El primero afirma que “…hay que decirle a los ciudadanos que de una vez por todas hay que unirse para salir de esta comunidad autónoma”. ¡Aleluya! Brillante diagnóstico, sólo falta saber quién va a aplicar el tratamiento porque no hay antecedentes de que alguien quiera hacerlo. El alcalde por su parte ha declarado. “Yo no sé si leonesista o no, yo soy evidente leonés, pero sobre todo soy constitucionalista, porque lo que estamos reclamando y reivindicando ante todo es una constitución legal y constitucional”. Abstrusas palabras dignas del diván de un psicoanalista. 

Y ahora con estos mimbres vamos a por el cesto. ¿El leonés que se siente autonomista se ve representado en el conclave de dignidades que desfila bajo las parihuelas de una figura religiosa? La doctrina de Cristo dejó sentado: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” ¿No le dice nada el brusco frenazo, derrape incluido, de las pasadas elecciones autonómicas de las tesis teóricamente más próximas? ¿Quién es el ungido que nos llevará a la tierra prometida desde nuestro éxodo particular, o acaso no ha nacido aún? ¿Alguien cree que con las declaraciones de UPL o del alcalde de León, ya tenemos todo resuelto? 

Me da que si todo se queda en gestos y declaraciones de nuestros portavoces, actos folklóricos, protestas en redes sociales, bienintencionadas manifestaciones de la mano de los sindicatos, incineración de castillos de cartón o ejercicios de halterofilia alzando leones de peluche al cielo, esto no prospera. Táchenme de derrotista, pero si no iniciamos pronto algún intento serio y oficial para desconectarnos de Castilla, francamente, creo que la Región Leonesa lo tiene de color hormiga. Van siete años desde el inicio de las mociones por nuestra autonomía y no se mueve nada. Por eso quiero amiga que me diga ¿Son de alguna utilidad? 

Tomás Juan Mata pertenece a Urbicum Flumen, la Asociación Iniciativa Vía de la Plata