Las expropiaciones del mayor entramado eléctrico proyectado en la provincia de León para dar un sustento imprescindible a casi una veintena de macroparques eólicos y solares de la comarca de El Bierzo dan un paso decisivo. El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este martes la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar el denominado ‘Nudo Montearenas Sur’, de 400 kilovoltios (kV).

El anuncio activa formalmente el procedimiento de expropiación forzosa sobre una cifra final de 186 fincas en total repartidas en tres municipios, pero con una abrumadora concentración en el de Torre del Bierzo, donde se localizan 180 parcelas afectadas. Las siete restantes se reparten entre Castropodame (tres) y Brazuelo (otras tres), según el listado oficial que acompaña a la resolución.

Los propietarios y titulares de derechos han sido citados para comparecer en los primeros días de junio en dependencias municipales. En concreto, el Ayuntamiento de Torre del Bierzo acogerá las comparecencias los días 1 y 2 de junio, mientras que en Brazuelo y Castropodame -este último en las Escuelas Viejas de Matachana- tendrán lugar el 3 de junio. En estas reuniones se procederá al levantamiento de actas previas, paso imprescindible antes de la ocupación efectiva de los terrenos.

El anexo del anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, firmado por Fernando Bandera, detalla de forma pormenorizada cada finca, incluyendo superficie afectada, servidumbres previstas, ubicación de apoyos eléctricos y el horario concreto de citación, lo que evidencia el grado de avance administrativo del proyecto, el cual ya había sido hace meses 'blindado' por la Junta al declararlo como “de utilidad pública”. Una figura que garantiza que la compañía promotora pueda expropiar los terrenos.

El ‘Nudo Montearenas Sur’ constituye una de las mayores 'autopistas eléctricas' diseñadas en la provincia para dar salida a la producción de energías renovables. Promovido por la sociedad Comunes Montearenas SL, vinculada al grupo empresarial del empresario leonés Lamelas Viloria, el proyecto articula una red de evacuación de alta tensión, principalmente a 400 kV, con ramales también a 220 kV, de la que dependen cerca de una veintena de futuras instalaciones energéticas en diferente grado actual de desarrollo.

Entre ellas figuran parques eólicos proyectados en enclaves como Torre del Bierzo, Santa Colomba de Somoza o Villagatón, así como grandes plantas solares distribuidas por comarcas como La Valduerna, la Cepeda o el entorno de Benavides de Órbigo. En conjunto, se trata de millones de paneles solares y decenas de aerogeneradores cuya viabilidad depende de esta red de evacuación para verter la energía generada a las infraestructuras de Red Eléctrica de España (REE).

Una larga tramitación

El expediente administrativo arrastra una larga tramitación iniciada en 2020, con procedimientos inicialmente separados para las líneas de 400 y 220 kV que terminaron unificándose tras las declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas en 2023. La autorización administrativa previa y de construcción llegó en junio de 2024, paso previo a la solicitud de utilidad pública cursada meses después.

En ese proceso apenas se registraron alegaciones, de hecho, solo una, de la plataforma Bierzo Aire Limpio, que fue desestimada por la Administración autonómica al considerar que no se centraban en este trámite concreto sino en fases ya superadas, como la evaluación ambiental o la autorización del proyecto.

La Junta ha defendido reiteradamente la iniciativa en el marco de la transición energética, subrayando su papel para garantizar el suministro eléctrico, reducir la dependencia de combustibles fósiles y facilitar la integración de nuevas fuentes renovables. Además, el expediente recoge que el promotor ya habría alcanzado acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, lo que ha allanado parcialmente el camino hacia esta fase de expropiaciones.

En cuanto al protagonismo empresarial, la sociedad Comunes Montearenas SL que pilota ahora el Nudo Montearenas no deja de ser otro bandazo empresarial dentro del mismo Grupo Lamelas, ya que el megaproyecto nació de la mano de la empresa Erbienergía Inversiones SL pero ahora ha pasado a ser protagonizado por otras compañías del mismo conglomerado leonés, también Montearenas Este SL, la cual se denominaba previamente Parque Eólico Cabra SL.

El pueblo de Langre, en la comarca de El Bierzo, ha hablado. Los vecinos han sido casi una sola voz. Y la práctica totalidad de ellos han cerrado filas frente al inicio de un posible proyecto eólico en sus montes comunales, promovido por un grupo neozelandés y pese a sus jugosas promesas de futuro.

El concejo celebrado este sábado 18 de abril se saldó con un rechazo prácticamente unánime a la instalación de dos torres de medición, dotadas con anemómetros, por espacio de 18 meses, año y medio. Era el primer paso planteado por la compañía para evaluar la viabilidad de un parque de 11 grandes aerogeneradores en los montes públicos comunales.

La votación, realizada a mano alzada, no dejó lugar a dudas: ningún vecino apoyó la instalación de los equipos. A continuación, al preguntar por los votos en contra, la práctica totalidad de los asistentes levantó la mano en señal de rechazo, registrándose únicamente dos abstenciones.

La decisión llega dos semanas después del primer encuentro, celebrado el 4 de abril, cuando el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Barreiro (PSOE), convocó a los vecinos junto a representantes de una compañía interesada en el potencial eólico de la zona. En aquella sesión, marcada por la falta de detalles concretos y la petición de una autorización rápida, los asistentes optaron por aplazar cualquier decisión y solicitar más información.

Según lo trasladado entonces, la propuesta inicial consistía en instalar dos torres de medición en las zonas más elevadas del entorno de la localidad para analizar el recurso eólico. Ese estudio sería el paso previo a un eventual desarrollo de un parque con 11 molinos en suelo comunal. A cambio, la empresa planteaba unos ingresos anuales cercanos a los 55.000 euros, que se podría ir actualizando conforme al IPC, y compromisos de actuaciones en el pueblo que de momento eran bastante genéricos.

Detrás del planteamiento se encuentra Galileo, una plataforma internacional de energías renovables impulsada por el gestor de infraestructuras Morrison y respaldada por grandes inversores institucionales de Nueva Zelanda y Australia.

Con el resultado de este sábado, los vecinos de Langre cierran, al menos por ahora, la puerta a la fase inicial del proyecto y evidencian una posición de total ante este tipo de desarrollos en la comarca berciana, donde ya son varios los que han sido tumbados, pero no tanto por la oposición vecinal sino por condicionantes ambientales o falta de autorizaciones administrativas del Gobierno central. Todavía en el caso de Langre podría haber caminos para la compañía para mantener el proyecto en marcha y requerir su aprobación, por ejemplo con figuras que desembocaran en expropiación de los terrenos, previa declaración de interés público, pero la inicial y clara postura vecinal en contra no lo podrá nada fácil.

Langre, un pequeño pueblo del municipio berciano de Berlanga, se sostiene, y sus grietas le cuesta a las casas de sus vecinos, sobre un entramado de galerías de minas. A pocos metros de su letrero, empieza a crecer la vegetación entre los escombros del cielo abierto sin restaurar que durante años explotó el 'rey del carbón' Victorino Alonso. El sector bajó la persiana definitivamente en 2018 en la provincia de León, pero la comarca sigue en el punto de mira de proyectos que buscan explotar sus recursos para generar riqueza. La nueva oleada de proyectos energéticos, ahora renovables, llegó en sábado y en plena Semana Santa.

El 4 de abril, el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Barreiro, del PSOE, convocó un concejo al que llegó acompañado por dos hombres desconocidos y muy bien vestidos, que resultaron ser trabajadores de una empresa internacional interesada en el viento que sopla sobre sus montes comunales.

En una sesión con pocos datos, pero muchas prisas y promesas económicas sobre la mesa, pedían a los vecinos su autorización para instalar dos torres de medición durante 18 meses en las zonas más altas del entorno de la localidad. El objetivo, medir el recurso eólico y determinar si resultaría rentable desarrollar allí un parque eólico. Pero en El Bierzo hace tiempo que los vecinos han aprendido que casi ningún macroproyecto empieza llamándose así, y menos por parte de sus promotores.

La respuesta del pueblo fue prudente. Lejos de dar un sí inmediato, los asistentes al concejo optaron por pedir documentación detallada, meditar la información y aplazar la decisión. Quieren estudiar las condiciones, debatirlas con calma y, luego, “¡ya veremos!”, trasladan a este medio. Ese momento llegará este sábado 18 de abril, en una nueva reunión que se prevé clave para el futuro de la localidad.

Promesas económicas jugosas, entre incógnitas

Según lo trasladado, vagamente, a los vecinos, el proyecto que se plantea a medio plazo incluiría la instalación de 11 molinos, sobre terrenos comunales. A cambio, la empresa ofrece unos ingresos anuales de alrededor de 55.000 euros, actualizados conforme al IPC, además de compromisos genéricos de actuaciones en el pueblo, como desbroces o pequeñas mejoras sin concretar.

También se menciona la posibilidad de incluir una cláusulas de reversibilidad en los contratos, un elemento que suele utilizarse como garantía en este tipo de operaciones. Sin embargo, más allá de la oferta económica y la posibilidad de dar marcha atrás en cualquier momento, el resto de aspectos clave del proyecto son difusos.

No se ha presentado, por ahora, un estudio de impacto ambiental del entorno de Langre. Tampoco se han ofrecido garantías claras sobre la creación de empleo local, más allá de menciones genéricas habituales en este tipo de iniciativas. Y el propio proyecto, en su fase actual, se limita oficialmente a la instalación de dos torres de medición, paso previo a cualquier desarrollo posterior.

En otras palabras, la parte mejor definida de la propuesta es el dinero, tentador, que recibiría una junta vecinal con pocos vecinos, escasos recursos y muchas necesidades. La más relevante, su impacto real sobre el territorio, sigue siendo una incógnita.

Una empresa internacional, con interés en un pueblo diminuto

Detrás de esta primera toma de contacto está Galileo, una plataforma internacional de energías renovables creada en 2020 para desarrollar proyectos en distintos países europeos. La compañía está impulsada por el gestor de infraestructuras Morrison y cuenta con el respaldo financiero de grandes inversores institucionales de Nueva Zelanda y Australia, entre ellos el fondo soberano neozelandés, Infratil o la Commonwealth Superannuation Corporation.

Su modelo de negocio es global: identificar ubicaciones con potencial energético, desarrollar proyectos competitivos y operar dentro de grandes carteras de inversión en renovables. Según lo trasladado en el concejo, el de Langre, un pueblo con alrededor de 70 vecinos, podría ser su primer proyecto en España.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con la empresa para conocer con mayor detalle el alcance de la propuesta, sus previsiones de empleo, el modelo contractual o las compensaciones para el territorio, sin haber obtenido respuesta.

El Bierzo, otra vez en el mapa energético

El caso de Langre no es un hecho aislado, sino un episodio más dentro de un proceso más amplio que afecta a toda la comarca. Tras más de un siglo marcada por la explotación del carbón y la generación eléctrica en centrales térmicas, El Bierzo vuelve a situarse en el punto de mira de grandes operadores energéticos, esta vez bajo el paraguas de la transición hacia fuentes renovables.

El cambio de modelo, de combustibles fósiles a energía eólica, solar o hidráulica, no ha eliminado, sin embargo, las tensiones de fondo. La pregunta que atraviesa muchos de estos proyectos, como el de Langre, sigue siendo la misma: qué parte del valor generado se queda realmente en el territorio y qué parte se marcha fuera.

Durante décadas, la minería llegó a emplear a decenas de miles de personas en la comarca. Hoy, los grandes proyectos renovables manejan cifras de inversión millonarias y promesas de empleo durante su construcción, pero generan puestos de trabajo muy limitados una vez entran en funcionamiento. El contraste entre el volumen de negocio y el retorno local sigue siendo uno de los puntos más cuestionados.

La experiencia reciente en la provincia de León, y especialmente en El Bierzo y el Alto Sil, añade más elementos para estudiar con cautela el futuro de los montes de Langre. En los últimos años, varios proyectos eólicos de gran envergadura han sido tumbados o modificados de manera importante tras evaluar su impacto ambiental.

El caso más emblemático es el de la Sierra de Gistredo, donde tras más de dos décadas de lucha vecinal y ecologista, diferentes iniciativas eólicas han sido rechazadas por su impacto sobre un territorio de alto valor ambiental, hábitat de especies protegidas como el oso pardo o el urogallo cantábrico. Más recientemente, proyectos impulsados por grandes compañías energéticas también han caído por su afección a espacios sensibles o por la acumulación de impactos en una misma zona.

Otros casos, como el parque eólico de Trabadelo, se han caído debido a los muchos condicionantes e importantes recortes en su planteamiento inicial, como la eliminación de la mitad de los aerogeneradores previstos o la obligación de soterrar infraestructuras para reducir su impacto sobre la fauna y el paisaje. La empresa ha acabado desestimando el proyecto.

Estos antecedentes refuerzan una idea cada vez más presente en la comarca: no se trata de un rechazo genérico a las energías renovables, sino de cómo, dónde y para quién se desarrollan. En ese contexto, propuestas como la de Langre abren un debate que va más allá de un solo pueblo. Los 55.000 euros anuales ofrecidos por el gigante energético pueden suponer un ingreso relevante para una junta vecinal pequeña, pero plantean interrogantes cuando se comparan con el valor económico total que puede generar un parque eólico durante décadas de explotación.

Un territorio bajo presión energética constante

La insistencia de nuevas iniciativas energéticas en la zona refuerza la percepción de que El Bierzo sigue siendo un territorio especialmente atractivo para este tipo de inversiones. No solo por su recurso natural, sino también por la existencia de infraestructuras eléctricas heredadas del pasado industrial y por la disponibilidad de suelo en zonas gravemente afectadas por la despoblación.

Ejemplo de ello son otros proyectos recientes, o en estudio, vinculados a magnates mineros, como la polémica planta fotovoltaica proyectada sobre terrenos en disputa de la antigua mina a cielo abierto de la Gran Corta de Fabero que explotó Victorino Alonso, o iniciativas hidroeléctricas de gran escala del grupo Lamelas Viloria como la que acaba de vender a un grupo suizo en Navaleo, y otra en el entorno del río Cúa. En este último caso, ya en 2018 se tramitó una central depuradora reversible con cientos de megavatios de potencia en los términos de Berlanga del Bierzo, Fabero y Vega de Espinareda, destinada a aprovechar y tratar aguas de origen minero en una compleja infraestructura.

Aunque de naturaleza distinta, todos estos proyectos comparten un mismo trasfondo: la utilización intensiva de los recursos naturales de la comarca en un nuevo ciclo energético que afecta a muchos, pero está en manos de muy pocos.

El sábado, nueva decisión

Mientras tanto, en Langre, el proceso sigue en su fase más inicial. Este sábado 18 de abril, los vecinos volverán a reunirse en concejo para decidir si autorizan o no la instalación de las torres de medición.

La decisión no es menor. Aunque se trate solo de un estudio previo, marcará el inicio, o no, de un camino que otros pueblos de la comarca ya han recorrido antes: el de convertirse en pieza de un modelo energético que, con distintos nombres y discursos, lleva más de un siglo definiendo el futuro de El Bierzo.

El Ayuntamiento de León impulsa una estrategia basada en la sostenibilidad y el autoconsumo para reducir la factura energética municipal hasta en 620.000 euros al año y disminuir las emisiones, además de avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

Será a través de la instalación de un total de un total de 13 instalaciones solares fotovoltaicas en edificios municipales, diez de la cuales cuentan con sistemas de almacenamiento energético por baterías para conservar la energía generada, que según sus cálculos permitirán llegar a más de 100 puntos de consumo municipales. Es decir, estiman que el reparto podría alcanzar un radio de hasta 5 kilómetros desde cada punto de generación.

El proyecto supone la generación de 1.538,68 kilovatios de potencia total instalada y una capacidad de almacenamiento instalada de 1.970 kilovatios, lo que evitará la emisión de más de 860 toneladas de CO₂, cifró hoy el alcalde de León, José Antonio Alonso, en la presentación de las iniciativas.

Además, el ahorro económico estimado es de más de 620.000 euros anuales, y el alcalde ha indicado que, con estos datos, esperan que se pueda amortizar en un plazo de tres años la inversión de esta primera fase, que contemplaba la instalación de 2.481 placas, repartidas en distintos puntos de la ciudad.

Dónde van las placas

Las placas se ubicarán en la llamada pérgola bioclimática del paseo de los Pendones Leoneses, que en realidad 'esconde' el intercambiador de autobuses urbanos y metropolitanos; los pabellones deportivos de San Esteban, el Margarita Ramos situado en el Polígono 10, el de la Torre y el situado junto al colegio de Luis Vives; las instalaciones del Servicio de Limpieza; los polideportivos de los colegios públicos de La Granja y de Quevedo; el centro cívico Ventas Oeste; el Centro de Acción Social (Ceas) Ventas Este y los polideportivos de Gumersindo Azcárate, Salvio Barrioluengo en el barrio de El Ejido y el de Puente Castro.

Cabe recordar que este último se inauguró tras años de promesas del equipo de Gobierno con el barrio, se invirtieron en él 2,3 millones de euros y tras la inauguración jamás se pudo utilizar por insalvables deficiencias de climatización, las cuales se contrataron después con la necesidad de volver a invertir otros  328.500 euros más. A día de hoy no consta que se pueda utilizar todavía.

El regidor, en rueda de prensa junto a varios técnicos, defendió hoy este sistema “pionero” de autoconsumo energético, que busca cumplir el objetivo de contar “con una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para el futuro”, que invierta en energía solar como inversión en seguridad y bienestar, ha asegurado.

La inversión total se sitúa “alrededor” de 2,5 millones de euros, cofinanciados con un millón de euros de la Unión Europea. Además, han remarcado que el Ayuntamiento de León ha ejecutado diferentes proyectos para el autoconsumo con los que generar una producción de energía limpia de 3,9 millones de kilovatios al año. Y es que al mismo tiempo resaltaron que estas nuevas placas se suman a las casi 5.000 existentes o en construcción (con una potencia total de 1.637 kilovatios) en ubicaciones como el Palacio de Exposiciones -tras siete años inactivas y una nueva necesidad de inversión-; el edificio municipal de Ordoño II; las piscinas de La Palomera, con cuantiosas reformas en marcha; el Parque de Bomberos, fruto de otra millonaria inversión de 3,3 millones; o el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF), que también suma ya 7 millones en total.

Reolum ha adquirido una nave industrial en el polígono El Crispín, en La Robla, que transformará en su nuevo centro de innovación y oficinas técnicas, en una operación valorada en 12 millones de euros y vinculada directamente al desarrollo de su macroproyecto energético en la zona.

La instalación, con una superficie total de 49.750 metros cuadrados, contará con cerca de 3.000 metros destinados a oficinas y albergará un laboratorio, un taller de ensayos, espacio de almacenamiento y áreas de premontaje. El objetivo de la compañía es centralizar en este enclave parte de su capacidad técnica y avanzar en el desarrollo de combustibles sintéticos verdes.

La nave jugará además un papel clave durante la fase de construcción de ‘La Robla Green’, el proyecto energético impulsado por la compañía en los terrenos de la antigua central térmica, al servir como base para el personal técnico encargado de supervisar las obras y como espacio logístico para el almacenamiento de equipos y el premontaje de instalaciones.

Una vez en funcionamiento, el complejo dará soporte tanto a la planta de La Robla como al proyecto previsto en Villadangos, actuando como centro administrativo, taller técnico, laboratorio de pruebas y almacén de repuestos.

La adquisición se enmarca en la hoja de ruta industrial de la empresa, que busca reforzar su capacidad de innovación en un momento clave para el desarrollo de sus proyectos. El consejero delegado y cofundador de Reolum, Yann Dumont, señala que estas instalaciones permitirán “desarrollar, testar y optimizar soluciones en el ámbito de los combustibles sintéticos verdes”, además de integrar talento local y mejorar la eficiencia y coordinación de las plantas.

El movimiento supone un nuevo avance en el despliegue de ‘La Robla Green’, una de las mayores inversiones privadas previstas en la provincia de León, con un presupuesto de 850 millones de euros. El proyecto contempla una planta de biomasa de 50 megavatios eléctricos, sistemas de captura de CO₂, producción de hidrógeno verde y una instalación de e-metanol con capacidad de hasta 140.000 toneladas anuales.

La Junta de Castilla y León ha declarado de utilidad pública la planta fotovoltaica ‘Soleyada I’, proyectada en el municipio leonés de Villamañán y promovida por la empresa asturiana Soleyada Energía Solar SL, lo que abre la puerta a la expropiación de terrenos necesarios para su ejecución en los casos en los que no se han alcanzado acuerdos.

Según la resolución publicada este miércoles 15 de abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el promotor ha logrado cerrar acuerdos con más del 50% de los propietarios afectados, tanto en número como en superficie, un requisito clave para avanzar en la tramitación. Sin embargo, el resto de titulares de parcelas, que no firmaron o lo hicieron de forma parcial, podrá verse ahora afectado por procedimientos de expropiación.

El expediente administrativo señala que durante el periodo de información pública, desarrollado entre finales de 2025 y comienzos de 2026, no se presentaron alegaciones por parte de los afectados.

La declaración de utilidad pública, firmada el pasado 7 de abril por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, implica la necesidad de ocupación de los bienes y derechos incluidos en un anexo con varias parcelas del término municipal, que suman varios miles de metros cuadrados.

El proyecto cuenta con autorización administrativa previa y de construcción desde junio de 2022, tras haber iniciado su tramitación en 2021 como uno de los varios parques solares planteados en la zona sur de la provincia de León.

Desde el punto de vista técnico, ‘Soleyada I’ contempla la instalación de 14.616 módulos fotovoltaicos sobre una superficie de entre 14 y 17 hectáreas, con una potencia prevista de 6 megavatios y una inversión estimada de 3,5 millones de euros. La iniciativa incluye también su infraestructura de evacuación, en parte soterrada.

Además, ya había obtenido en mayo de 2022 una declaración de impacto ambiental favorable, en la que la administración autonómica concluía que no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, dentro de un conjunto de tres plantas solares previstas entre Villamañán y La Bañeza que suman más de 63 hectáreas.

Con esta resolución, el proyecto encara la fase final antes de su ejecución material, al quedar habilitada legalmente la ocupación de terrenos en caso de no existir acuerdo con todos los propietarios. No obstante, la decisión no pone fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación ante el Director General de Energía y Minas, en la sede de la Junta en la avenida Reyes Leoneses, 11, en León.

Durante décadas, la Gran Corta de Fabero fue una herida en el paisaje de El Bierzo. Un enorme hueco que creció hasta convertirse en una de las explotaciones mineras a cielo abierto más grandes de Europa, símbolo de la era del carbón y del modelo económico que sostuvo durante generaciones a la comarca, la provincia y el país.

Cuando el sector de la minería cerró definitivamente a finales de 2018, lo que quedó no fue solo el silencio de las máquinas y los trabajadores mal llamados excedentes del carbón. Sobre el terreno, más de 700 hectáreas profundamente transformadas: taludes inestables, escombreras, cursos de agua alterados y un ecosistema degradado tras más de un siglo de extracción intensiva.

Un cierre sin restauración

La legislación obligaba a devolver esos terrenos a unas condiciones ambientales seguras. Pero esa restauración nunca llegó por parte de quien debía asumirla. El empresario minero Victorino Alonso, conocido como ‘el rey del carbón’, abandonó la explotación sin ejecutar los trabajos de recuperación ambiental.

Años después, ya fuera de la actividad minera y con antecedentes judiciales por delitos medioambientales en otras explotaciones de la provincia, el agujero de Fabero seguía ahí, intacto. El coste de esa inacción lo asumió finalmente lo público.

En 2021, el Instituto para la Transición Justa y la Junta de Castilla y León firmaron un convenio para restaurar la Gran Corta con fondos del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea. La intervención, con una inversión de más de 38 millones de euros, arrancó en 2022 con un objetivo claro: reconstruir un territorio profundamente alterado. Una intervención millonaria que, en la práctica, vino a cubrir una obligación incumplida por la empresa explotadora, cuyas fianzas resultaron insuficientes para reparar el daño causado.

En 2023, cuando la restauración empezaba a andar, el 'rey del carbón' entraba en prisión para cumplir sus dos condenas firmes por delitos medioambientales en dos explotaciones mineras de Laciana y Babia, El Feixolín y Nueva Julia. Apenas estuvo un año en prisión, a pesar de que fue condenado a 5 años y diez meses de cárcel y al pago de más de 50 millonarias en multas que va pagando con un embargo de su pensión a razón de 500 euros al mes.

Pero hay un elemento añadido que introduce aún más controversia en toda esta historia: parte de esos trabajos financiados con dinero público en la Gran Corta han sido ejecutados por empresas vinculadas al propio entorno empresarial del ‘rey del carbón’, utilizando además su maquinaria.

Millones para rehacer el paisaje, pero no del todo

El proyecto de restauración con dinero público llegaba para plantear una transformación integral del espacio. No solo tratar de cubrir las cicatrices de la actividad minera, sino de redibujar completamente el terreno.

Los trabajos, que ya deberían estar terminados, pero todavía están en ejecución, han supuesto grandes movimientos de tierra, estabilización de taludes, creación de una nueva red hidrográfica y la recuperación de la vegetación con la plantación de cientos de miles de árboles. En paralelo, se han diseñado nuevos usos para el espacio: zonas recreativas, miradores, rutas peatonales y equipamientos vinculados a la interpretación ambiental y minera.

A eso se suman actuaciones de carácter divulgativo, como la instalación de cartelería temática, elementos interpretativos o incluso réplicas paleobotánicas de gran formato, con un contrato que ronda los 60.000 euros.

La imagen que se quiere proyectar ahora de la Gran Corta es la de un espacio que deja atrás su pasado industrial para convertirse en un entorno recuperado, visitable y con nuevos usos. Pero este relato no está aún completo.

Pero no toda la Gran Corta forma parte del proyecto financiado con fondos públicos. Dos áreas quedaron fuera del perímetro de actuación. Y es precisamente en esos espacios donde hoy se concentran algunos de los principales conflictos sobre el futuro del enclave.

Del carbón al negocio del Sol

En una de esas zonas que quedaron fuera del plan de restauración, el pasado vuelve a abrirse paso para explotar los recursos naturales, aunque de otra manera: a través de la energía solar.

Allí, empresas vinculadas al entorno societario de Victorino Alonso impulsan la construcción de una planta solar fotovoltaica sobre 26,5 hectáreas de la antigua explotación minera, con unos 26.000 paneles previstos. El proyecto ha contado con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que lo eximió de someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y lo tramitó posteriormente de forma acelerada.

No es un movimiento aislado ni improvisado. Antes incluso de su entrada en prisión, el empresario minero ya había comenzado a reorientar su actividad hacia las energías renovables utilizando suelo de sus antiguas minas, muchas de ellas aún sin restaurar.

Pero la controversia va aún más allá del modelo energético o del impacto ambiental. El conflicto de fondo es la propiedad de esos terrenos.

La mayoría de las fincas en las que está proyectada la planta solar fueron cedidas en los años noventa por particulares mediante contratos que incluían cláusulas de reversión. Es decir, debían volver a sus dueños originales pasados 25 años. Ese plazo ya se ha cumplido. Sin embargo, los terrenos no han sido devueltos.

Una empresa vinculada al antiguo entramado minero ha reconocido que más de 200 hectáreas están sujetas a esa obligación de retorno. Aun así, el proyecto fotovoltaico sigue avanzando sobre esos suelos, lo que ha provocado la reacción de los propietarios.

Vecinos de pedanías como Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes se han organizado en una plataforma para reclamar lo que consideran suyo. El conflicto ha llegado hasta el Defensor del Pueblo y su denuncia resume décadas de historia: tras el carbón, la degradación del territorio y una restauración pagada con dinero público, los terrenos no han vuelto a sus dueños y ahora se proyecta sobre ellos un nuevo negocio. Distinto en apariencia, pero con los mismos protagonistas de fondo.

Otro modelo: uso público y turismo

Frente a ese modelo energético, el Ayuntamiento de Fabero impulsa otro tipo de iniciativas en la zona. Entre ellas, el desarrollo de rutas para bicicletas de montaña y otros usos vinculados al ocio y al turismo activo, en línea con el propio proyecto de restauración.

La idea es integrar la Gran Corta en una estrategia de reconversión del territorio que mire hacia el turismo, la naturaleza y la puesta en valor del patrimonio minero. Dos formas distintas de entender el futuro de un mismo espacio.

Recientemente, se acaba de adjudicar el contrato para la construcción de senderos técnicos BTT y Pump Tracks, dos modalidades distintas dentro del ciclismo de montaña, con una inversión que supera los 760.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que deberían estar listas para el mes de julio.

Cicatrizar no es olvidar

La Gran Corta de Fabero empieza, por fin, a dejar de ser solo una herida. El paisaje se empieza a recomponer gracias al dinero público. La mina que fue símbolo del carbón quiere convertirse ahora en espacio de vida, de memoria y de nuevas oportunidades. Pero no todo ha cambiado.

Una parte de ese pasado sigue ahí, reapareciendo bajo otras formas: en los conflictos por la propiedad de la tierra, en los proyectos energéticos impulsados por el mismo entorno que explotó el carbón, en decisiones que vuelven a poner en cuestión quién controla el territorio.

Al mismo tiempo, otra mirada intenta abrirse paso. La de quienes ven en la Gran Corta un lugar para reconstruir, para recorrer, para darle un uso distinto que no pase por extraer, sino por habitar.

Entre lo que fue, lo que aún permanece y lo que está por venir, Fabero vuelve a enfrentarse a la misma pregunta de fondo. Qué hacer con su pasado. Y, sobre todo, quién decide su futuro.

Las entidades conformadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, la asociación Paisajes y Viñedos del Bierzo y la asociadión Bierzo Aire Limpio trabajan en una propuesta para impulsar la declaración del Bierzo Oeste como espacio protegido.

El objetivo consiste en preservar sus valores naturales, culturales y paisajísticos y garantizar un desarrollo sostenible acorde con la identidad de la comarca.

Esta iniciativa se ha dado a conocer tras la valoración del desistimiento del proyecto del parque eólico de Trabadelo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 8 de abril y aceptado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto contemplaba la instalación de 18 aerogeneradores de unos 200 metros de altura y una línea eléctrica de alta tensión de 26 kilómetros, con afección a distintas zonas de elevado valor ecológico y paisajístico del Bierzo.

Las entidades consideran que la retirada del proyecto supone un “paso importante” para la defensa del territorio, especialmente tras la movilización social registrada en octubre de 2022 contra los macroproyectos eólicos en la comarca.

A pesar de que la iniciativa llegó a contar con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, aunque muy condicionada hasta la mitad del proyecto original, los colectivos señalan que este desenlace respalda la validez de las alegaciones presentadas desde el territorio.

En este sentido, insisten en que “la defensa del Bierzo no es incompatible con la transición energética, pero exige planificación, proporcionalidad y respeto”.

Asimismo, advierten de que este tipo de proyectos pueden responder en ocasiones a dinámicas especulativas vinculadas al desarrollo de grandes infraestructuras energéticas, por lo que anuncian que mantendrán una labor de vigilancia ante posibles nuevas iniciativas en la comarca. 

España aspira a ser durante la próxima década la principal 'pila' de combustible de la Unión Europea según los proyectos de almacenamiento energético presentados a evalución a través de las centrales de bombeo hidroeléctrico. Y el exgrupo minero berciano, y ahora energético, Erbienergía, controlado por la familia Lamelas Viloria, se convierte en uno de los grandes jugadores europeos.

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) ha publicado esta semana la actualización de su documento de referencia de plan decenal de desarrollo de la red eléctrica europea, que hace cada dos años, y que incluye 199 proyectos de redes y 69 de almacenamiento energético. 23 de los proyectos son de almacenamiento energético en España, basados en centrales reversibles de bombeo hidroeléctrico, y tres de ellos a examen se sitúan en la provincia de León. Dos de ellos aprovechando antiguas instalaciones mineras.

Todos los proyectos incluidos en este proceso, señala la entidad, “serán evaluados mediante un análisis de costo-beneficio”, que se actualizará a final de año. Este visto bueno es necesario para su conexión a la red eléctrica nacional y europea ya que analiza la inversión y el posterior coste que esto supone para el precio eléctrico final.

La provincia leonesa presentó cuatro proyectos a evaluación, que por su parte están en distintas fases administrativas en España. El más avanzado de todos es el de Navaleo, una central hidroeléctrica reversible que aprovecha el agua de una antigua mina del río Tremor, Navaleo, y que abarcará, junto a sus instalaciones de evacuación, los municipios de Torre del Bierzo, Congosto, Castropodame y Molinaseca. Se compone de dos embalses con un volumen de 2,23 millones de m³ que recircularán el agua de las viejas minas.

Cuenta con las autorizaciones para su construcción desde el año 2023 con una inversión estimada de 300 millones de euros y una producción de 1332 GWh/año. Los promotores, la familia berciana Lamelas Viloria, vendieron la mayoría del proyecto al grupo suizo Alpiq de forma reciente, que cuenta con fondos europeos para su construcción. Se espera que pueda entrar en funcionamiento en la próxima década del 2030. ENTSO-E destaca que el proyecto es altamente innovador y su ubicación en una zona “económicamente deprimida con altas tasas de desempleo”.

Minas en el río Cua

Otro de los proyectos que pasarán la evaluación de los operadores de redes eléctricas es la 'Central depuradora reversible del Rio Cúa, ubicada en los términos municipales de Berlanga del Bierzo, Fabero y Vega de Espinareda y también propiedad de los Lamelas Viloria.

El proyecto data del año 2012 y usará las aguas de drenaje de las minas Alicia y Julia, caracterizadas por su contaminación de metales para hacer un proceso de depuración y aprovechamiento energético “de forma que las aguas contaminadas se devuelvan al cauce en las debidas condiciones de calidad exigidas por la normativa vigente”, aseguraba la empresa. Desde el año 2018 cuentan con una autorización ambiental positiva.

El proyecto consiste en coger las aguas de las minas antes de que caigan al río Cua y llevarlas a un embalse para subirlas casi siete kilómetros hasta un nuevo embalse ubicado al lado de una escombrera y bajarlas hacia el río de nuevo produciendo la energía y el proceso de depuración. La producción de energía estimada en un año medio será de 1,08 GW, con una vida útil de 75 años mínimo.

Proyecto en el río Curueño

El desarrollo más desconocido es el de otra planta hidroeléctrica reversible sobre el río Curueño, en la cuenca minera de la Montaña Central en los municipios de Valdepiélago y La Vecilla. De él solo hay constancia de la petición del agua a Confederación Hidrográfica del Duero del caudal para un “almacenamiento hidráulico de energía” con 1.300 litros por segundo máximo de consumo, que equivaldría a casi una quinta parte del caudal medio del río. La sociedad peticionaria, Bubión Partners SL, está vinculada a un exdirectivo del gigante energético Abengoa que promueve otra similar en Garoña, Burgos.

Según ENTSO-E la central hidroeléctrica de bombeo denominada Valdepiélago, “es una planta de bombeo puro, sin aporte natural de agua externa al circuito hidráulico y, por lo tanto, bombea el mismo volumen de agua que se genera mediante turbinas, entre dos embalses de circuito cerrado”. Así “la reposición de agua del circuito hidráulico será mínima, correspondiendo a las filtraciones propias de los embalses, válvulas y tuberías, y a la evapotranspiración de los dos embalses, que se compensa parcialmente con las precipitaciones”.

Fuera de los proyectos que serán sometidos a evaluación se ha quedado, al menos de momento, otro promovido por la familia Lamelas Viloria, en este caso llamado 'Hullera' consistente en la instalación de una central hidroeléctrica de bombeo reversible aprovechando el drenaje de las minas del Transversal y Corta Pastora, en Ciñera y Santa Lucía, ambas pertenecientes al municipio de La Pola de Gordón. Según ENTSO-E el proyecto no demostró el cumplimiento de ninguno de los criterios administrativos adicionales, lo que le excluye de este proceso. El plan decenal es un documento vivo y sometido a actualizaciones cada dos años así que bien podría ser llevado para su evaluación en una actualización posterior.

Los Lamelas Viloria sí han conseguido, por otro lado, que entre a evaluación un proyecto idéntico a los leoneses en la cuenca minera de Palencia, que también tiene visto bueno ambiental, y que se extiende hasta el municipio leonés de Valderrueda. También han logrado el pase a un proyecto en Asturias, en Buseiro (Asturias). Todos los proyectos que logren un informe positivo deberán estar en marcha como máximo en el 2036.

Del que no se sabe nada fue de un proyecto similar planteado en el río Cabrera en la localidad de Odollo por el gigante Capital Energy, que prometía una inversión de 1.200 millones de euros en una gigantesca central hidroeléctrica reversible y que generó una notable controversia por su alto impacto.

“Como consecuencia de los condicionantes de eliminación de aerogeneradores y de soterramiento de la línea de evacuación, impuestos por la declaración de impacto ambiental, considera que el proyecto ha devenido económicamente inviable”. Con esta categórica frase se resume el fin de otro proyecto para ejecutar un macroparque eólico en la comarca de El Bierzo, en este caso el denominado Trabadelo, que proyectaba e impulsaba la multinacional Enel Green Power España.

Ha sido la compañía la que ha presentado formalmente ante el Ministerio el desistimiento del proyecto, el cual ha sido admitido y firmado por el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, suponiendo de facto el fin de más de seis años de trámites e intentos desde que se pusiera en marcha en el año 2020.

La compañía concibió en primera instancia la macroplanta para un total de 18 aerogeneradores y una potencia de 110 megavatios, suficiente para que no fuera la Junta de Castilla y León sino el estado quien tuviera que tramitarlo. El parque afectaba entre su instalación y la infraestructura de evacuación a un total de once municipios bercianos: Trabadelo, Barjas, Corullón, Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo, Cacabelos, Arganza, Cabañas Raras, Sancedo, Camponaraya y Ponferrada. En parte por tan amplia afección, fue por lo que se situó como uno de los proyectos que despertó en la zona un movimiento de oposición vecinal canalizado en la creación de la Plataforma Rural Sostenible.

Sin embargo, en el trámite ambiental, el Ministerio dictó la exclusión de hasta nueve aerogeneradores, obligando, tal y como advirtió la Junta de Castilla y León en sus informes, a que toda la línea de evacuación quede “completamente soterrada”, salvo que excepcionalmente “existan impedimentos” como fuertes pendientes “que hagan técnicamente inviable” esa operación o que la empresa justificara que comparte instalación con otras líneas aéreas ya existentes y por lo tanto sin causar nuevos daños. “En todo caso”, matiza, “la implantación de esos tramos de línea en aéreo deberá contar con la autorización expresa del órgano competente en medio ambiente de la Junta de Castilla y León, con anterioridad a la autorización sustantiva del proyecto”.

Además de los propios condicionantes de la administración, el proyecto demostró ser muy polémico al recibir un total de 1.381 alegaciones de parte de juntas vecinales, ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), entidades locales de diversa índole y particulares.

En primera instancia, todavía en aquel año 2023, la empresa recalculó el diseño y tamaño de la infraestructura a instalar, anulando los nueve aerogeneradores vetados y ciñendo los restantes a un nuevo modelo de aerogenerador muy similar a los anteriores, de Siemens Gamesa, pero ahora “con una potencia unitaria de 7 MW, manteniendo el diámetro del rotor de 170 metros, la altura de buje de 115 metros y el resto de características dimensionales originales del anteproyecto”. Eso significaba que la potencia total bajaba hasta los 77 megavatios finalmente, es decir, “once aerogeneradores de 7 MW de potencia cada uno de ellos”. Así se ha publicado este martes 7 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León.

Pero finalmente, las cuentas no le salieron a la compañía promotora, que en abril de 2023 presentó su renuncia. Casi en esa misma fecha, Red Eléctrica de España (REE) comunicaba que “para la instalación parque eólico Trabadelo titularidad de Enel Green Power España SL, en LOMBA 220, se ha sido desistido del permiso de acceso y conexión”. No ha sido hasta marzo de este año que el Ministerio ha atendido a la solicitud formal de desistimiento, declarándose la devolución de la garantía depositada en su día. Así, el carpetazo al controvertido macroparque es definitivo, con el “archivo del expediente SGIISE/PEol-437” y es “firme a todos os efectos”, ya que no se ha recurrido en el plazo habilitado.

La Junta de Castilla y León da el visto bueno ambiental a una planta de producción de biometano en el municipio de La Antigua, en León. El proyecto, promovido por una empresa francesa, atraviesa una vía romana y ya cuenta con múltiples alegaciones de juntas vecinales cercanas, el propio Ayuntamiento y Ecologistas en Acción. A pesar de ello, el Bocyl de este martes 7 de abril publica la aprobación del informe ambiental de esta planta.

El proyecto promovido por Aratel Energía Renovable S.L, una de las muchas filiales de la compañía Vinci SA de capital francés, consiste en el procesamiento de 60.000 toneladas al año de residuos orgánicos de procedencia ganadera como agroalimentarios, a través de su combustión. El objetivo es producir 4.152.590,40 normometros cúbicos al año de biometano.

Para ello, se construirá un complejo en una superficie de 39.300 metros cúbicos en este municipio al sur de la provincia de León. Existirá una planta de pretratamiento, otra de 'gestión del digerido' y otras dos dedicadas a la producción de biogás y biometano. Se ubicará a dos kilómetros de los pueblos más cercanos: Grajal de la Ribera y Ribera de la Polvorosa.

Afecta a un yacimiento romano y a especies en peligro de extinción

Una parte de este proyecto, en el sector sur, se proyecta sobre el yacimiento arqueológico denominado Vía Clunia-Astúrica, según un informe emitido por el Ayuntamiento de La Antigua. A pesar de ello, la Junta opta por darle el visto bueno ambiental al proyecto, aplicando medidas de protección como un control arqueológico constante y una mayor vigilancia en este sentido en las zonas más cercanas a los restos.

Este es uno de los motivos por los que el Ayuntamiento de La Antigua ha presentado alegaciones contra la planta de biogás, a las que se han sumado las juntas vecinales de Grajal de la Ribera, Cazanuecos, Audanzas del Valle, La Antigua y Ribera de la Polvorosa. También Ecologistas en Acción denunciaba que la planta inclumplía la Ley de Transparencia y convocó protestas en su contra. La empresa Embutidos Palazuelo S.L. y varios ciudadanos a título individual se han sumado a las alegaciones.

Además del yacimiento romano, las críticas se centran en el impacto ambiental directo para los ciudadanos, generando olores y ruidos, además de daños a la fauna a especies de aves como el Sisón Común, catalogada en 2020 como especie en peligro de extinción. Respecto a esta especie, el proyecto afirma que las obras de construcción de la planta de biogás se iniciarán antes del 1 de abril (aunque no especifica de qué año) o, si no, se pospondrán hasta el 1 de agosto para no afectar negativamente a la reproducción de la especie.

Desacuerdo por el uso del agua

Otro de los motivos de choque entre la empresa, vecinos y ecologistas es el uso del agua. El proyecto tiene un consumo de agua previsto de 3.285 metros cúbicos al año.

El proyecto inicial de la empresa francesa afirmaba contar con un acuerdo para obtener agua de Grajal de la Ribera, mientras que el Ayuntamiento, en su alegación, asegura que no existe ningún acuerdo al respecto.

Para solucionar esta falta de acuerdo, la resolución y el proyecto establecen un suministro mediante camiones cisterna que abastecerán un consumo de 9 metros cúbicos al día. Por otro lado, la declaración de impacto ambiental especifica que, en caso de que finamente fuese necesaria la captación de aguas superficiales o subterráneas, el promotor debe obtener la autorización correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Respecto a los olores y ruidos frecuentes de este tipo de proyectos, los vecinos también alegaron al respecto. Por su parte, la empresa argumenta que la distancia de más de 2 kilómetros del núcleo de población más cercano, atenuará el ruido y el mal olor. Por otro lado, la compañía defiende que la planta se abastecerá en un 30% de subproductos animales, reduciendo el mal olor. La Junta impone al respecto un estudio olfatométrico durante el primer año de funcionamiento de la planta, así como restricciones en días de viento y una unidad de desodorización en el proyecto.

La asociación EslaVida ha convocado para este sábado 4 de abril una asamblea general extraordinaria en Vidanes, en el municipio de Cistierna, en la que se analizarán los próximos pasos en su oposición al proyecto de planta de biogás previsto en el polígono industrial de la localidad.

La cita tendrá lugar a las 12.00 horas en el local de las antiguas escuelas de Vidanes y se presenta como un encuentro clave para el colectivo vecinal, que desde su creación a comienzos de este año se ha consolidado como el principal frente social contra esta iniciativa industrial. Entre los puntos destacados del orden del día figura la definición de la estrategia legal, incluida la posible contratación de asesoría jurídica y el inicio de acciones contenciosas.

Además, la asamblea abordará la ratificación de su adhesión a la asociación STOP Biogás Castilla y León y la posible participación en una querella colectiva, así como cuestiones organizativas internas como la renovación de la presidencia y el seguimiento de las acciones emprendidas hasta ahora.

Este encuentro llega tras varias semanas de movilización y actividad informativa impulsadas por el colectivo. La asociación ha organizado recientemente actos de concienciación como la proyección del documental ‘Vidas irrenovables’, centrado en el impacto de los macroproyectos energéticos en el medio rural, con el objetivo de alertar sobre las posibles consecuencias ambientales, sociales y económicas de este tipo de instalaciones.

EslaVida nació en enero como una plataforma vecinal que reclama mayor transparencia y participación en torno al proyecto promovido por la empresa Apaycachana-6. Desde entonces, ha denunciado la falta de información clara y ha advertido de los posibles efectos sobre la salud, el entorno y el modelo de desarrollo de la Montaña Oriental Leonesa.

La convocatoria de este sábado supone un nuevo paso en la organización de la respuesta vecinal frente a una iniciativa que ha generado un amplio debate en la comarca y que ya ha sido rechazada por unanimidad por los grupos políticos del Ayuntamiento de Cistierna.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anula íntegramente la sentencia que absolvió a un acusado de falsedad documental y apropiación indebida en León, ordenando repetir el juicio oral con un tribunal distinto. El caso afectaba a un conocido abogado de León que fue administrador de la sociedad Biovegamasa SL, una empresa de producción de pellets ubicada en Vegaquemada y vinculada a una de las millonarias familias mexicanas de ascendencia leonesa que fundaron la cervecera Grupo Modelo, dueño de la popular Corona (antes Coronita).

La resolución es firme y no admite recurso, por lo que el caso contra el administrador de la empresa Biovegamasa tendrá que volver de manera obligatoria a la Audiencia Provincial de León. La Sala considera que la sentencia previa adolece de una “falta de motivación” y de una valoración insuficiente de pruebas relevantes, lo que impide sostener la absolución y obliga a retrotraer el procedimiento y repetir el juicio oral.

Un caso ligado a la gestión de una empresa vinculada a una fundación

El procedimiento tiene su origen en la gestión de la mercantil Biovegamasa, vinculada a una fundación benéfica en Vegaquemada. El acusado, abogado de confianza de la familia que actuaba como administrador solidario y director de facto, asumió la gestión completa de la empresa desde su creación en 2014. Fue despedido en el año 2018 y a posteriori se inició el procedimiento contra su persona.

Según los hechos probados en primera instancia, fue el propio acusado quien dirigió la actividad empresarial, firmó contratos, gestionó cuentas y asumió decisiones clave en la operativa diaria de la sociedad.

Biovegamasa fue uno de los grandes proyectos de inversión de las familias González Díez en su provincia de origen. La inicial fue la construcción de una Residencia de Mayores de Vegaquemada, gestionada a través de una fundación que a su vez es la accionista única de Biovegamasa. La familia se salió del Grupo Modelo en el año 2013 y han concentrado sus inversiones en el ladrillo y el sector de 'fast food', además de mantener una notable actividad filantrópica en León.

La denuncia: un contrato clave y más de 200.000 euros en juego

La acusación particular sostuvo que el abogado acusado se autocontrató como director gerente mediante un documento en el que habría incorporado la firma del otro administrador sin su consentimiento. Ese contrato fijaba un salario de 75.000 euros netos anuales y una indemnización de hasta 350.000 euros en caso de despido improcedente.

En virtud de ese acuerdo, el acusado percibió entre 2015 y julio de 2018 un total de 142.664,78 euros netos. Además, las declaraciones fiscales reflejan ingresos de 52.348,80 euros (2015), 55.948,80 euros (2016), 55.948,80 euros (2017) y 39.049,40 euros (2018).

A estas cantidades se suman los pagos a su propia gestoría, Ociser Asociados CB, que facturó al menos 76.956 euros, aunque la acusación eleva esa cifra hasta 145.915,26 euros por distintos servicios. Según la denuncia, todo ello se realizó sin autorización de la junta ni del patronato de la fundación.

La Audiencia Provincial de León absolvió al acusado al considerar que no existían pruebas suficientes de falsedad documental ni de apropiación indebida. El tribunal entendió que la relación laboral era conocida en la empresa y que no se había producido una alteración penalmente relevante de la realidad. La resolución fue recurrida por los denunciantes.

El TSJ recuerda que no puede condenar directamente a un acusado absuelto, pero sí puede anular la sentencia si detecta falta de motivación, valoración irracional de la prueba u omisión de elementos relevantes. En este caso, aprecia precisamente esas deficiencias, lo que justifica la nulidad de la resolución.

La Sala subraya que las sentencias absolutorias también deben explicar por qué se descartan las pruebas de cargo, conforme al derecho a la tutela judicial efectiva. No basta con absolver: es necesario razonar por qué los indicios no son suficientes para condenar.

Reproche del Tribunal

El recurso denunciaba que la Audiencia omitió valorar testimonios clave, informes periciales y documentos que apuntaban a la falta de autorización del contrato y de los pagos.

También señalaba irregularidades como el uso de cheques, cuentas no reflejadas en la contabilidad o la inexistencia de acuerdo societario para fijar retribuciones. Para el TSJ, estos elementos no fueron analizados con la profundidad exigible.

La Sala considera especialmente relevante el contrato laboral, ya que transformó la posición del acusado: de administrador con cargo gratuito a directivo con sueldo elevado y blindaje económico. Además, cuestiona la falta de análisis sobre la posible falsificación de la firma y la ausencia de autorización societaria.

El TSJ acuerda anular tanto la sentencia como el juicio oral y ordena repetirlo desde el inicio. Además, exige que el nuevo tribunal esté compuesto por magistrados distintos para garantizar la imparcialidad. La resolución no impone costas y es firme, por lo que el procedimiento regresa a la Audiencia Provincial de León.

El 28 de abril de 2025 quedó marcado en el calendario energético de España y Portugal como el día en que el sistema eléctrico peninsular colapsó, dejando a millones de personas sin suministro. Tras casi un año de investigación, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) ha presentado este viernes su informe final.

La conclusión es clara: no hubo un único culpable, sino una “tormenta perfecta” de oscilaciones de frecuencia, deficiencias en el control de la tensión y una respuesta descoordinada de los generadores que desembocó en una desconexión en cascada.

El documento, elaborado por un panel de 49 expertos internacionales, subraya que el sistema entró en un punto de no retorno donde los mecanismos de defensa, aunque actuaron, fueron insuficientes. “El problema no son las energías renovables, sino el control de la tensión, independientemente del tipo de generación”, ha sentenciado Damián Cortinas, presidente del Consejo de Administración de ENTSO-E, durante la presentación de los resultados. Según los analistas, el sistema falló en algo que la ingeniería eléctrica domina desde hace décadas, pero que no se adaptó a la velocidad que exigía la situación.

Una cascada de errores técnicos

El informe identifica que el origen del caos técnico se cimentó en tres pilares. Primero, varios generadores convencionales (síncronos), que tienen la responsabilidad teórica de mantener la estabilidad de la tensión, no operaron según lo previsto. Segundo, la generación renovable funcionaba con un factor de potencia fijo, lo que limitaba su capacidad para ayudar a regular la tensión de forma flexible, según informa de su contenido la Agencia SINC. Por último, el Operador del Sistema (Red Eléctrica) se vio superado por la velocidad de los eventos: algunos dispositivos de compensación requerían activación manual, un proceso demasiado lento para una crisis que se desarrollaba en milisegundos.

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“El informe coincide con el elaborado por Red Eléctrica en junio de 2025 en que el apagón fue producido por un problema de tensión”, explica Manuel Alcázar Ortega, profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, al Science Media Centre (SMC) España. Para este experto, la clave reside en la “falta de efectividad del control de tensiones”, agravada por un ajuste inadecuado de las protecciones que saltaron prematuramente ante las sobretensiones.

El papel de las oscilaciones y la electrónica de potencia

Uno de los puntos más novedosos del análisis de ENTSO-E es la detección de dos episodios de oscilación previos al colapso: una forzada por inversores de potencia y otra natural entre diferentes áreas de la red. Aunque no se consideran la causa única, sí revelan una “debilidad dinámica” en un sistema cada vez más dependiente de la electrónica de potencia.

Los expertos señalan que muchos generadores no tenían correctamente ajustados los estabilizadores (PSS), herramientas críticas para amortiguar estos movimientos antes de que se vuelvan incontrolables.

La explicación se desplaza hacia la capacidad del sistema para sostenerse ante perturbaciones rápidas, más que hacia la inercia

Álvaro de la Puente — Universidad de León

Álvaro de la Puente Gil, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de León, destaca que el informe desplaza el foco de teorías simplistas hacia una interpretación sistémica. “La explicación se desplaza hacia la capacidad del sistema para sostenerse ante perturbaciones rápidas, más que hacia interpretaciones basadas exclusivamente en la inercia”, afirma el investigador al SMC, quien considera el documento como una oportunidad de aprendizaje para reforzar la resiliencia europea. Se puede leer la entrevista completa a Álvaro de la Puente con el Science Media Centre España aquí.

Agujeros en la normativa actual

El análisis forense también deja al descubierto lagunas regulatorias. El panel de expertos critica que el marco legal vigente en el momento del apagón no contemplaba penalizaciones por incumplimiento en el soporte de potencia reactiva, ni fijaba requisitos de velocidad en la respuesta.

En la práctica, esto significa que el sistema no incentivaba económicamente a las plantas para que ayudaran a mantener la tensión estable, una carencia estructural que el informe recomienda subsanar con urgencia.

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Además, el informe pone el foco en los pequeños generadores conectados a las redes de distribución (como el autoconsumo). Durante el incidente, muchos se desconectaron de forma súbita, lo que aumentó drásticamente la demanda neta que el resto del sistema tuvo que cubrir de golpe, acelerando el colapso final. Esta falta de visibilidad y control sobre los recursos distribuidos dificultó incluso las labores de reposición del servicio tras el apagón.

Recomendaciones para el futuro eléctrico

Para evitar que un evento de esta magnitud se repita, ENTSO-E propone reforzar la coordinación entre los transportistas y distribuidores de energía, así como mejorar la supervisión en tiempo real de todos los activos de la red. Miguel de Simón Martín, investigador del Instituto I4 de la Universidad de León, advierte al SMC de que este incidente es una manifestación de las “limitaciones estructurales” del diseño actual frente a la transición energética.

Deben revisarse los planes de contingencia para evitar alcanzar situaciones críticas

Miguel de Simón Martín — Universidad de León

“Deben revisarse los planes de contingencia para evitar alcanzar situaciones críticas”, concluye De Simón. Entre las medidas prácticas, el informe urge a revisar los procedimientos de operación (como el P.O. 7.4 en España) y a integrar obligatoriamente a las energías renovables en los servicios de regulación de tensión, asegurando que el sistema sea capaz de responder con la robustez necesaria ante un mix energético en constante transformación. Se puede leer una entrevista completa a Miguel de Simón en Science Media Centre aquí.

Referencia: ENTSO-E Expert Panel – 'Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025. ICS Investigation Expert Panel. Final Report. Management Summary' (2026) | El informe completo se puede leer aquí.

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ha completado el desarrollo de un innovador sistema de almacenamiento energético que integra distintas tecnologías con el objetivo de avanzar en la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sostenibles.

La infraestructura, situada en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil, combina generación solar fotovoltaica con tres sistemas de baterías diferentes —flujo de vanadio, sodio-azufre e ion-litio—, además de incorporar dos electrolizadores destinados a la producción de hidrógeno.

El último paso ha sido la validación del sistema de baterías de flujo de vanadio, con una potencia de 1 megavatio y una capacidad de 8 megavatios hora, que se suma al resto de tecnologías ya instaladas.

Este tipo de almacenamiento destaca por su durabilidad y por la posibilidad de ampliar su capacidad de forma flexible, además de incluir un módulo específico para ensayos experimentales.

En conjunto, la instalación alcanza una capacidad cercana a los 15 megavatios hora, lo que permite almacenar la energía generada por una planta solar de 2,2 megavatios pico en momentos de máxima producción.

El proyecto hace posible trabajar con diferentes tecnologías en condiciones reales, tanto en el ámbito del almacenamiento como en el de la generación de hidrógeno, gracias a la presencia de dos electrolizadores de distinta tipología. Esto facilita la obtención de datos clave para su futura aplicación a escala industrial.

Con una autonomía superior a las 15 horas, el sistema se posiciona como uno de los más avanzados del país para el desarrollo de proyectos de I+D, además de contar con una de las mayores instalaciones de baterías de flujo de vanadio en Europa.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada con fondos europeos Next Generation, con el objetivo de impulsar soluciones que contribuyan a la descarbonización del sector energético e industrial. 

Cubillos del Sil volverá a situarse en el mapa industrial con un proyecto ligado a la transición energética. El municipio berciano acogerá la primera planta de reciclaje de baterías de litio de España, una iniciativa que ha sido seleccionada como una de las más innovadoras del país y que contará con una ayuda pública de 6,3 millones de euros.

El proyecto, promovido por la empresa Novolitio, ha sido uno de los mejor valorados en la convocatoria estatal Renocicla, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que destina 86 millones de euros a 47 iniciativas vinculadas a la economía circular en energías renovables.

La futura planta se ubicará en el polígono industrial de El Bayo y funcionará como gestor de residuos peligrosos, centrada principalmente en el reciclaje de baterías de litio. En una primera fase tendrá capacidad para tratar unas 10 toneladas anuales, aunque el objetivo es escalar progresivamente hasta alcanzar las 25.000 toneladas.

El proceso permitirá recuperar materiales valiosos como metales y plásticos procedentes de baterías y acumuladores, así como gestionar residuos derivados de equipos eléctricos y electrónicos o del propio tratamiento del electrolito. Además, la instalación contará con un área de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos con capacidad superior a 50 toneladas.

Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia estatal para impulsar la economía circular y crear una cadena industrial en torno a los residuos que genera el despliegue de energías limpias. Entre los materiales que se podrán recuperar figuran elementos clave como litio, níquel o cobalto, considerados estratégicos por la Unión Europea.

La planta de Cubillos no parte de cero. En septiembre de 2024 ya recibió la autorización ambiental definitiva por parte de la Junta de Castilla y León, junto a otra instalación para el reciclaje de palas de aerogenerador. Ambas iniciativas buscan dar continuidad industrial a la zona tras el cierre y demolición de la central térmica de Compostilla II.

En ese contexto, el proyecto de Novolitio se perfila como uno de los principales ejemplos de reconversión industrial en El Bierzo, con el objetivo de transformar antiguos territorios ligados al carbón en polos vinculados a la economía circular y las energías renovables.

Castilla y León ha logrado financiación para cuatro proyectos en esta convocatoria, con una inversión global de más de 12,5 millones de euros, siendo el de Cubillos del Sil el que mayor respaldo económico ha recibido.

La inversión prevista por los promotores era de 14 millones de euros, aunque en esas mismas previsiones la planta iba a estar operando ya a mediados de 2024 y está aún por hacer. La instalación ocupará una superficie de 15.000 metros cuadrados y supondría la creación de una veintena de puestos de trabajo, una cifra que podría elevarse hasta los 50 puestos de trabajo una vez la planta opere a su máxima capacidad.

El Gobierno de España tumba la instalación de dos parque eólicos proyectados entre las comarcas leonesas de La Cabrera y El Bierzo y Valdeorras, en Orense. Se trata de 'Bierzo Wind I' y 'Bierzo Wind II' (de 6 y 2 aerogeneradores, respectivamente), cuyo impacto ambiental es tan desfavorable que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido que no seguirán adelante, y así se refleja en la publicación del BOE de este miércoles 18 de marzo.

El proyecto ha sido promovido la empresa Ekain Renovables, SL, filial de la firma petrolera italiana por excelencia, ENI. En un principio los trámites para su aprobación se presentaron por separado a finales del año 2023, pero finalmente, se tramitaron juntos con un presupuesto de 55,7 millones de euros. Sus infraestructuras de evacuación se extendían por los términos municipales de Encinedo, Benuza y Puente de Domingo Flórez en la provincia de León y Carballeda de Valdeorras y Rubiá en la de Orense.

Durante el proceso de información pública, se recibieron numerosas alegaciones de vecinos y grupos ecologistas, que mostraban su preocupación por la instalación de aerogeneradores de más de 200 metros de altura y las 79 torres de alta tensión de 40 metros de altura “en pleno corazón de Cabrera”.

El órgano ambiental tuvo que requerir la subsanación del expediente en septiembre de 2025, debido a la falta de informes preceptivos de la Junta de Castilla y León y a la existencia de un informe desfavorable inicial de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido que el proyecto es ambientalmente inviable. La resolución concluye que la instalación de los parques causaría impactos adversos significativos e irreversibles sobre el paisaje de alta montaña y sobre especies de fauna protegidas y en peligro de extinción, como el águila real, el aguilucho cenizo, la perdiz pardilla y el oso pardo. A pesar de las medidas correctoras propuestas por el promotor, los informes de los organismos competentes ratificaron que el proyecto afectaría gravemente la biodiversidad y la integridad de los corredores entre espacios de la Red Natura 2000.

La Junta de Castilla y León someterá a información pública una nueva relación, a mayores, de bienes y derechos afectados por la ejecución del declarado proyecto regional La Robla Green, el complejo energético que se desarrolla en el municipio leonés de La Robla. Se trata del macroparque que aúna generación de metanol renovable e hidrógeno verde, incineración de biocombustible y captura de CO2.

La resolución, publicada esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), incorpora nuevas parcelas necesarias para ejecutar los enlaces y conexiones previstos en la fase final de urbanización. En concreto, ya en la primavera del año pasado se comenzó la expropiación de un total de 89 fincas y la suma conjunta de 16,3 hectáreas para las futuras instalaciones.

Ahora, la nueva la relación de fincas afectadas aumenta en otras 33, muchos de ellos públicos o de grandes empresas, como Enagás o Naturgy, para su ocupación durante el transcurso de las obras o para paso de tendidos eléctricos y servidumbres.

El proyecto, impulsado por Desarrollos Renovables Abies SL y desarrollado estratégicamente por el grupo Reolum, cuenta con una inversión estimada de 850 millones de euros y prevé generar más de 1.000 empleos en su fase de construcción y 200 puestos de trabajo estables durante su operación, prevista para el primer trimestre de 2028.

La Robla Green está concebido como un proyecto integral que combina cuatro instalaciones de última generación, diseñadas para trabajar de manera sinérgica y maximizar la eficiencia en la generación de energía verde. Contará con una planta de cogeneración de biomasa, capaz de producir 400 GWh anuales de electricidad renovable; una central de captura de CO₂, que permitirá disponer de dióxido de carbono verde como insumo industrial; una planta de producción de e‑metanol verde, con capacidad para fabricar 140.000 toneladas anuales de este combustible sintético de bajas emisiones.

Y con una cuarta instalación complementaria ligada al procesamiento energético y la gestión de subproductos, integrada dentro del ecosistema tecnológico del complejo.

Este modelo aspira a convertir a La Robla en un referente europeo de innovación industrial, transición energética y economía circular, con un complejo que integra producción térmica renovable, captura de carbono y síntesis de combustibles verdes en un mismo nodo.

El anexo incluye más de cuarenta parcelas, propiedad de particulares, empresas y administraciones como el Ayuntamiento de La Robla, varias juntas vecinales, Naturgy Generación Térmica, Reolum Renovables, Inversiones Río Pisuerga, Enagás Transporte del Norte y la Confederación Hidrográfica del Duero, entre otros. Las afecciones van desde ocupaciones temporales superiores a los mil metros cuadrados hasta diversas servidumbres de paso o infraestructuras.

Durante los próximos 15 días hábiles, cualquier persona interesada podrá presentar alegaciones o solicitar rectificaciones sobre la relación publicada. El trámite puede realizarse por registro electrónico o en los lugares previstos en la Ley 39/2015, y las alegaciones presenciales deberán dirigirse al Servicio de Ordenación del Territorio de la Junta, en Valladolid.

Una vez finalizado el periodo de información pública y resueltas las alegaciones, la Administración continuará con la firma de las actas previas de ocupación, paso imprescindible para avanzar en la construcción de una infraestructura energética en la Montaña Central leonesa.

El PSOE de León se ha comprometido este miércoles a paralizar el proyecto de la futura planta de biomasa de La Lastra si gobierna en la Junta de Castilla y León. Así se lo han transmitido su cabeza de lista por León, Nuria Rubio, y el secretario general del partido en la provincia, Javier Alfonso Cendón, a los miembros de la Asociación de Vecinos de La Lastra en un encuentro que han mantenido este miércoles y que el partido ha resumido en un comunicado. Los socialistas confrontan así con el PP, que capitanea el Gobierno autonómico, pero también con su propio alcalde, José Antonio Diez, que respalda la iniciativa.

“El futuro gobierno liderado por Carlos Martínez pondrá fin a la proliferación descontrolada de instalaciones de biomasa que actualmente amenazan la convivencia en León, que además no cuentan con la regulación pertinente por parte de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado Rubio, quien ya en fechas recientes mostró su “sorpresa” por la cercanía entre el regidor socialista de la capital leonesa y dos populares como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Se trata de un proyecto contra el que los vecinos se han manifestado en numerosas ocasiones y que Rubio ha asegurado que “responde únicamente a los intereses económicos de unos pocos”.

“El despliegue de este tipo de plantas debe ser ordenado y contar con una legislación clara que proteja los ecosistemas y la salud ciudadana, asegurando que las plantas cumplan con los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea y este proyecto se está planeando de espaldas a la ciudadanía, invadiendo núcleos residenciales y deteriorando la calidad de vida de las familias leonesas”, ha añadido.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón ha puesto el foco en la empresa pública de la Junta Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente), calificándola como una “herramienta opaca” utilizada por el Partido Popular “para eludir el control vecinal”.

Ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aclaren “qué intereses oscuros defienden” al permitir proyectos que asfixian a los vecinos.

“Nosotros garantizamos el cumplimiento de la Ley por parte de la Junta de Castilla y León y respetamos los procedimientos judiciales que se puedan poner en marcha relación con una empresa privada”. De esta manera, poniendo la mano en el fuego sólo por la administración autonómica, y con una alta carga de cautela, ha respondido hoy el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, ante la investigación judicial por presunta corrupción que esta semana ha sido noticia nacional relacionada con la empresa Forestalia, incluida la detención de su presidente, Fernando Samper.

La Junta de Castilla y León, a través de su empresa pública Somacyl, es socia de Forestalia en hasta tres sociedades y proyectos distintos en la Comunidad, uno de ellos la planta de biomasa en la comarca de El Bierzo, así como otras dos os sociedades dedicadas a los pellets. Un hecho que el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP) no cree que pase factura o salpique a la Junta a pesar de la reciente operación por orden judicial para investigar presuntas irregularidades en la compañía, con hasta 12 registros en oficinas de Madrid y Zaragoza, por ahora.

Fernández Carriedo, cuestionado por esta relación conjunta y su posible repercusión y sostenimiento en el tiempo, no descartó que pueda “ocurrir en el futuro” que se produzca una desvinculación de la Junta respecto a Forestalia, pero aseguró que “no es algo que esté pasando un día como hoy”. No porque sea voluntad o no del Gobierno autonómico hacerlo, sino porque separarse de la compañía vía accionariado “tiene la complejidad”, en el sentido de que “una participación institucional a la hora de la venta requiere un comprador”.

Abundó en este sentido en que “es un escenario que pudiera darse”, en virtud de cómo se desarrolle la investigación policial y judicial a Forestalia y de las posibles repercusiones penales que se deriven, pero que “tiene que ver también en un contexto mercantil”, ya que “tendríamos que encontrar la mejor alternativa dentro de las posibilidades que tenemos”.

Forestalia está siendo investigada por una doble vertiente, una de ellas la llamada 'Operación Perserte' bajo la sospecha de los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se investiga si se produjeron de manera irregular la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de mordidas.