La cara y la cruz se vivieron ayer en Cistierna. El proyecto de planta de biogás promovido por Apaycachana-6 SL en Vidanes, en el polígono industrial de Cistierna, volvió al centro del debate público durante una jornada organizada por la propia empresa bajo el título 'Energías renovables y desarrollo rural'. La cita reunió a más de un centenar de personas y sirvió para que expertos, representantes del sector y promotores defendieran las posibilidades del gas renovable y la economía circular. Pero enfrente y también dentro de la reunión, algunos colectivos vecinales contrarios al proyecto aprovecharon el encuentro para expresar su rechazo y cuestionar algunas de las ventajas expuestas.

La jornada, celebrada en el Hotel Puerta Vadinia de Cistierna, contó con la participación de Antonio Morán, catedrático de la Universidad de León; Marcos Caviró, director de Asuntos Públicos de la Asociación Crecemos; Pedro Ismael Martín, secretario de Innovación, Formación y Cambio Climático de UPA; Jacobo Canseco, jefe de Energías Renovables de Axpo; Carlos Boné, alcalde de Valderrobres; y Elvia Rodríguez, subgerente de Apaycachana.

La empresa sostiene que la modernización de las actuales instalaciones de compostaje para convertirlas en una planta de biogás, como avanzó ILEON en noviembre de 2025, cuando obtuvo el visto bueno ambiental de la Junta, constituye una oportunidad para el sector primario, la actividad industrial y el desarrollo económico de la comarca.

El proyecto plantea tratar 86.000 toneladas anuales de residuos orgánicos para producir alrededor de 6.200 toneladas de biogás al año, además de 11.780 toneladas de fertilizantes sólidos y otras 4.797 de fertilizantes líquidos. Sus promotores lo presentan como una inversión vinculada a la economía circular, destinada a aprovechar residuos para producir energía renovable y fertilizantes, reducir emisiones y generar actividad económica en el territorio.

Durante el encuentro, Antonio Morán defendió la seguridad del proceso de digestión anaerobia y explicó que la futura instalación funcionará, según el diseño presentado, mediante sistemas cerrados, biofiltros y un principio de vertido cero. Desde la organización se aseguró que estas medidas permitirán controlar los olores y evitar afecciones al agua y al suelo. Marcos Caviró destacó, por su parte, la contribución que este tipo de instalaciones puede realizar a la autonomía energética y a la gestión de residuos ganaderos, mientras Jacobo Canseco aseguró que el proyecto lleva más de cinco años de diseño y que busca transformar residuos en energía y valor económico para la comarca.

También intervino el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, para exponer la experiencia de su municipio con una planta de biogás. Según explicó durante la jornada, después de más de dos años de funcionamiento, la instalación ha sido compatible con la actividad ganadera y turística y ha generado actividad económica. La organización utilizó este ejemplo para defender que proyectos de estas características pueden implantarse en entornos rurales sin perjudicar otros sectores económicos.

La otra cara de la moneda

Frente a esta visión, la Plataforma en Defensa de la Vida en la Montaña Oriental Leonesa y la Asociación EslaVIDA organizaron una protesta coincidiendo con la jornada y varios de sus integrantes participaron también en el acto. Ambos colectivos mantienen su oposición a la instalación y consideran que la convocatoria llegó después de que el proyecto hubiera avanzado ya de manera sustancial en su tramitación administrativa. Según su versión, acudieron tanto para hacer visible su rechazo como para conocer directamente los argumentos de la empresa.

Los colectivos críticos cuestionaron además la composición de la mesa de ponentes, al considerar que estaba formada fundamentalmente por personas vinculadas o favorables al sector del biogás y que faltaron especialistas procedentes de ámbitos como el medioambiental, la biología, la geología o la zoología. También denunciaron dificultades para plantear algunas preguntas durante el coloquio y sostienen que no se abordaron suficientemente las consecuencias ambientales y humanas que, a su juicio, podría generar la actividad.

Entre los principales argumentos planteados por los opositores figuran los posibles riesgos sanitarios, ecológicos y medioambientales, así como el impacto que temen que pueda producirse sobre la población y la economía de la comarca. La plataforma defiende que la Montaña Oriental debe apostar por otras alternativas de empleo y desarrollo y considera que la implantación de esta industria puede entrar en conflicto con un modelo turístico basado en el paisaje y el patrimonio natural. También cuestiona la capacidad del proyecto para generar empleo significativo en el territorio.

Uno de los asuntos más reiterados por los vecinos es el de los olores procedentes de las actuales instalaciones de compostaje. EslaVIDA asegura que Vidanes ha sufrido episodios de fuertes olores durante los últimos años y sostiene que este antecedente alimenta la desconfianza sobre el futuro funcionamiento de la planta y sobre el tratamiento de los productos fertilizantes resultantes. Se trata de una denuncia de la asociación que contrasta con la posición expresada durante la jornada por los promotores y expertos invitados, que defienden que el diseño de la nueva instalación contempla sistemas específicos para evitar emisiones de olor.

Adelante

El proyecto dispone ya de una declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León y no recibió alegaciones durante el periodo de información pública, el año pasado. Los organismos consultados durante la tramitación emitieron informes favorables, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Servicio Territorial de Sanidad, aunque este último condiciona la autorización a la formación correspondiente para el manejo de biocidas y productos químicos. La declaración ambiental suma una vigencia de cuatro años, periodo en el que deberá iniciarse la ejecución del proyecto, es decir, antes de 2029.

La jornada de ayer en Cistierna evidenció así las dos posiciones que continúan enfrentadas en torno al futuro de Vidanes: por un lado, una empresa que presenta el biogás como una oportunidad para convertir residuos en energía, atraer inversión y generar actividad dentro de un modelo de economía circular; por otro, una parte de los vecinos que mantiene sus dudas sobre las consecuencias de la instalación y reclama que el desarrollo económico de la Montaña Oriental no comprometa su entorno, su calidad de vida ni otros sectores como el turismo.

Ha resultado muy numerosa la protesta convocada este sábado en la ciudad de Astorga, precedida de una marcha a través de la comarca de Maragatería, promovida por los opositores al proyecto de instalación de una planta de producción de biometano a raíz de deshechos ganaderos en el municipio de Val de San Lorenzo, apenas a dos kilómetros de la ciudad.

La larga marcha ha cubierto a pie, en medio de un ambiente reivindicativo pero también festivo, el amplio recorrido hasta su destino, situado frente al Ayuntamiento de Astorga. Allí han coreado, como en el resto del recorrido, sus consignas y sus argumentos, especialmente medioambientales, que les posicionan abiertamente contra la iniciativa que ya tramita la Junta de Castilla y León.

El proyecto de la compañía Apiolae SL, filial del grupo ID Energy Group, anuncia una inversión de 9,45 millones de euros para construir una instalación destinada a transformar residuos y subproductos orgánicos de origen agroganadero en gas de biometano. Su dimensión es uno de los principales elementos de controversia en las comarcas de Astorga y se ha sumado al argumento de que todo el entorno de la zona ya suma excesivos proyectos de gestión de residuos, empezando por el propio Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, pero también ahora muy latente una planta de lodos en la localidad de Piedralba, en el municipio maragato de Santiago Millas. De ahí algunos mensajes lanzados hoy como que “nuestra comarca no es un basurero”.

Unanimidad en el Ayuntamiento

La protesta, que estuvo muy animada, coincide a pocos días de que todos los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Astorga, donde gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular (PP), acordaran presentar conjuntamente alegaciones al proyecto de biometano, al considerar que, pese a situarse fuera de su término municipal, su proximidad y dimensiones pueden provocar afecciones directas sobre Astorga y su comarca. La Corporación aclara que no rechaza el biometano como tecnología, sino que reclama un análisis especialmente riguroso de una instalación proyectada para tratar 233.500 toneladas de residuos al año y de sus posibles consecuencias sobre la población, el territorio, el medio ambiente y la economía local.

Entre las principales preocupaciones figura el origen de los residuos, ya que, según la documentación analizada por el Ayuntamiento, solo unas 48.000 toneladas procederían de un radio de 30 kilómetros y alrededor de 185.500 tendrían que llegar desde otros lugares. A ello se suma la previsión de unos 36 camiones diarios de gran tonelaje y la generación de aproximadamente 103.061 toneladas de digestato al año. Los grupos reclaman que se concreten la procedencia y las rutas de transporte de los residuos, la capacidad de las carreteras para asumir ese tráfico y las parcelas y superficies agrícolas en las que se utilizará el digestato, además de las medidas destinadas a evitar la contaminación de suelos y aguas.

Las alegaciones ponen también el foco en el riesgo de olores y reclaman que se estudie específicamente su posible llegada a Astorga en función de los vientos, la meteorología y las situaciones de funcionamiento anormal de la planta. Exigen además una evaluación específica de la afección al Camino de Santiago -el proyecto prevé impactos durante las obras sobre aproximadamente 1,5 kilómetros de su entorno-, así como comprobar la situación legal de los terrenos afectados por un incendio forestal en 2024. A ello añade la necesidad de valorar conjuntamente las consecuencias sobre el paisaje, el patrimonio, la agricultura, el turismo, la salud, el agua y el suelo, así como los efectos acumulativos con otras instalaciones existentes o previstas en la zona.

Como conclusión, los grupos municipales reclaman a la Junta que revise la suficiencia del Estudio de Impacto Ambiental y exija al promotor todos los estudios complementarios necesarios, además de garantías económicas y ambientales para responder ante accidentes, contaminación, averías, cierre o desmantelamiento.

El acuerdo solicita expresamente que no se conceda la autorización ambiental mientras no queden suficientemente acreditadas todas estas cuestiones, que se garantice la participación de las administraciones y poblaciones afectadas y que las alegaciones sean trasladadas al Ministerio para la Transición Ecológica para reclamar una revisión de la estrategia de implantación de este tipo de instalaciones en las zonas rurales.

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ha organizado para el jueves 8 de octubre una jornada divulgativa con motivo del Día del Hidrógeno, dirigida a centros escolares. La iniciativa pretende acercar al alumnado al papel del hidrógeno renovable en la transición energética mediante charlas impartidas por profesionales de la Fundación sobre los distintos tipos de hidrógeno, su producción y almacenamiento, así como una visita guiada a las instalaciones industriales del centro. Los centros educativos interesados pueden formalizar su participación hasta el viernes 2 de octubre a las 12:00 horas a través del teléfono 987 456 323, indicando el número de alumnos y el curso al que pertenecen.

La elección del 8 de octubre como Día del Hidrógeno no es casual: la fecha remite al peso atómico de este elemento, (aproximadamente 1,008) en un guiño científico que refuerza el carácter educativo de la conmemoración. La jornada busca contribuir a la divulgación de las posibilidades del hidrógeno y, de manera especial, del potencial del hidrógeno verde –el producido a partir de energías renovables– como vector energético clave para avanzar hacia un modelo energético con menores emisiones. Para los estudiantes, la actividad representa una oportunidad de comprender de primera mano cómo la ciencia aplicada puede dar respuesta a algunos de los retos más urgentes en materia de sostenibilidad y cambio climático.

El hidrógeno verde se obtiene mediante la electrólisis del agua utilizando electricidad procedente de fuentes renovables, un proceso que permite almacenar y utilizar energía limpia para sectores de difícil electrificación, como la industria pesada o el transporte de larga distancia. Su capacidad para actuar como vector energético lo convierte en una tecnología de especial interés para la descarbonización de usos y sectores donde las alternativas de electrificación directa son limitadas. En este contexto, la divulgación entre el público joven cobra una relevancia particular, pues son las generaciones futuras las que habrán de integrar estas tecnologías en su entorno cotidiano.

¿Qué es la Ciuden?

La Fundación Ciudad de la Energía una es entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que desarrolla en su Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil actividades de I+D+i orientadas al escalado, la hibridación y la validación de tecnologías de almacenamiento energético e hidrógeno verde. Las instalaciones disponen de dos tecnologías de electrólisis –PEM y de alta temperatura rSOC– integradas con generación solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento energético, conformando un entorno único a nivel de la Unión Europea que permite investigar estrategias de producción y gestión flexible de energía renovable en condiciones reales. Esta infraestructura convierte al centro leonés en un referente para el estudio de las energías limpias en el sur de Europa y refuerza el papel de Castilla y León en la innovación tecnológica aplicada a la transición energética.

Con esta jornada, Ciuden persigue acercar estas tecnologías al alumnado y mostrar, desde una instalación real, las oportunidades que ofrecen la innovación y las nuevas tecnologías energéticas para avanzar en la descarbonización. La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo más amplia de la Fundación orientada a la transferencia de conocimiento entre el ámbito científico-técnico y la sociedad, en la convicción de que la cultura científica es un instrumento esencial para construir un futuro energético sostenible. Más allá del evento del 8 de octubre, la apuesta de la Fundación de la Ciudad de laEnergía por la divulgación refleja un modelo en el que la investigación, la formación y la comunicación avanzan de forma conjunta hacia un mismo horizonte: una economía descarbonizada que se construye también desde las aulas.

Cómo reservar visita: para obtener más información o formalizar la inscripción, los centros educativos pueden contactar en el teléfono 987 456 323 o en el correo electrónico comunicacion@ciuden.es.

La oposición a la planta de biometano proyectada en Val de San Lorenzo saldrá a la calle este sábado 26 de septiembre con una manifestación que recorrerá distintos puntos de Astorga y finalizará ante el Ayuntamiento. La movilización, convocada por la Plataforma Vecinal de San Lorenzo y bajo el lema ‘No Biometano’, pretende reunir a vecinos de la comarca para expresar su rechazo al proyecto y reclamar la protección del territorio.

La jornada comenzará a las 10.00 horas en el parque de Val de San Lorenzo, desde donde partirá el primer grupo. Los organizadores han establecido otros puntos de encuentro en la gasolinera Moeve y en el tanatorio de Astorga, antes de confluir en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad, donde está prevista una concentración a partir de las 13.00 horas. El recorrido completo previsto alcanza los 7,5 kilómetros, aunque los participantes podrán incorporarse en diferentes puntos.

La movilización se produce mientras continúa la tramitación ambiental del proyecto promovido por una filial de ID Energy Group. La planta contempla una inversión de 9,45 millones de euros y está diseñada para tratar unas 233.500 toneladas anuales de residuos y subproductos orgánicos agroganaderos para producir biometano. El estudio ambiental sometido a información pública concluye que no existen impactos severos o críticos, aunque analiza afecciones relacionadas con olores, ruido, agua, suelo, tráfico, fauna y otros factores ambientales.

Uno de los elementos que más preocupa a los opositores es el transporte asociado a la instalación. Según la documentación del proyecto, entrarían diariamente unos 38 camiones con materias primas y saldrían otros 36 con digestato, lo que suma 74 movimientos diarios de vehículos pesados durante los 260 días de actividad previstos. La empresa plantea obtener las materias primas principalmente de explotaciones ganaderas situadas en un radio preferente de unos 30 kilómetros, ampliable hasta 50.

También el abastecimiento de agua ocupa un lugar destacado en las críticas. La parcela elegida no dispone de conexión a una red de abastecimiento, por lo que el proyecto contempla transportar el agua mediante camiones cisterna y almacenarla en un depósito de 50 metros cúbicos. La documentación calcula un consumo industrial de unos 982 metros cúbicos anuales, además de agua para usos sanitarios, mientras que antes de la puesta en funcionamiento serían necesarios 8.000 metros cúbicos para las pruebas hidrostáticas.

Los opositores han presentado además alegaciones durante el periodo de información pública, que finaliza el 28 de septiembre, en las que cuestionan aspectos urbanísticos, ambientales y relacionados con el tráfico y el abastecimiento de agua. Entre otras cuestiones, plantean dudas sobre el uso de terrenos afectados por un incendio en 2024, el informe de compatibilidad urbanística, las distancias de seguridad y la evaluación acumulada con otros proyectos de gestión de residuos de la comarca.

El Ayuntamiento de Astorga ha anunciado públicamente que ha presentado alegaciones al proyecto, con una especial preocupación por el trazado de la línea eléctrica que abastecería a la futura instalación y las posibles afecciones sobre la ciudad y su entorno como olores y molestias de tráfico. La planta se sitúa a apenas dos kilómetros del casco urbano de Astorga y elevada sobre la ciudad maragata.

La planta prevé producir alrededor de 5.672 toneladas de biometano al año, equivalentes a unos 81.736 MWh de energía, y conectarse directamente a la red gasista. Frente a esta dimensión industrial, el proyecto contempla cinco empleos directos permanentes y alrededor de una decena de empleos indirectos, según la documentación recogida en la información pública.

La manifestación del sábado plantea así una nueva muestra de oposición vecinal a una instalación que ha generado debate en Val de San Lorenzo, Astorga y la comarca maragata. La convocatoria llama a participar bajo el lema ‘Defendiendo nuestra Tierra’ y reclama que sean los vecinos quienes decidan sobre el futuro del territorio.

Cistierna acogerá el próximo lunes 28 de septiembre un foro abierto sobre el futuro de las energías renovables y la economía circular en el entorno rural, con especial atención a las oportunidades y retos que estas tecnologías plantean para el sector agroganadero. La jornada, titulada ‘Energías renovables y desarrollo rural’, comenzará a las 18.30 horas en el Hotel Puerta Vadinia, con entrada libre hasta completar aforo.

El encuentro, señalan en un comunicado, pretende servir como espacio de diálogo con los vecinos para abordar cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías verdes, la economía circular y la valorización de residuos, además de resolver dudas sobre sus posibles efectos en el territorio.

Entre los asuntos que se tratarán figuran el control de olores, la calidad del aire, la protección del agua, la seguridad industrial y el tráfico logístico. En el fondo de la jornada está la controversia levantada en la localidad de Vidanes, donde se localiza el polígono industrial municipal, por la próxima instalación de una planta de biogás asociada a la empresa agroalimentaria Apaykachana. La jornada pretende exponer la necesidad y conveniencia de este tipo de instalaciones para una adecuada gestión de residuos agroganaderos, pero en diversos puntos de la provincia los planes de instalación han levantado una notable polémica con la configuración de plataformas ciudadanas en contra de las instalaciones.

La jornada comenzará con la intervención de Antonio Morán, catedrático e investigador del grupo de Ingeniería Química y Ambiental del Instituto de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de León. Posteriormente se celebrará una mesa redonda con representantes de los ámbitos académico, agrario, social e industrial.

En ella participarán Marcos Caviró, director de Asuntos Públicos de la Asociación Crecemos; Pedro Ismael Martín, secretario de Innovación, Formación y Cambio Climático de UPA; Jacobo Canseco, director de Energías Renovables de Axpo; Carlos Boné, alcalde de Valderrobres (Teruel), que expondrá la experiencia de su municipio tras la implantación de una planta de biogás, y Elvia Rodríguez, subgerente de Apaycachana, que abordará los aspectos técnicos y de diálogo del proyecto planteado en Vidanes.

El foro incluirá además un turno abierto de preguntas para que los asistentes puedan trasladar directamente sus dudas y planteamientos a los ponentes. La organización invita especialmente a los vecinos de Cistierna, Vidanes y el conjunto de la Montaña Oriental a participar en la jornada.

La provincia de León contará con tres nudos eléctricos incluidos en el nuevo procedimiento impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para adjudicar capacidad de acceso a la red destinada a proyectos de energías renovables y almacenamiento. Se trata de Compostilla, La Robla y Montearenas, todos ellos vinculados a territorios afectados por el cierre de instalaciones energéticas y encuadrados dentro de las denominadas zonas de transición justa.

En concreto, el procedimiento incluye los nudos de Compostilla 220/400 kV, La Robla 400 kV (para el proyecto La Robla Green) y Montearenas 220/400 kV (para los macroproyectos situados en El Bierzo). El Ministerio ha abierto este miércoles dos consultas públicas previas con las que inicia la tramitación para repartir capacidad eléctrica en distintos puntos del país.

En conjunto, los nudos incluidos en este proceso disponen de hasta 11 gigavatios (GW) de capacidad de acceso, aunque el departamento estatal no detalla en la información facilitada qué cantidad concreta corresponde a cada uno de los tres nudos leoneses.

La iniciativa parte de una manifestación de interés lanzada por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) durante los meses de abril y junio para conocer qué proyectos empresariales de generación renovable y almacenamiento permanecen a la espera de poder conectarse a la red. El sondeo abarcó nudos situados en A Coruña, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, León y Palencia, además de Puertollano.

Tras analizar las propuestas recibidas, el ITJ plantea habilitar un procedimiento ágil de adjudicación por orden de recepción de las solicitudes en determinados nudos de cinco comunidades autónomas. En ese grupo se encuentran los tres emplazamientos de la provincia leonesa, cuya capacidad permanecía hasta ahora reservada dentro de los procesos asociados a la transición energética.

Paralelamente, el Ministerio ha abierto otra consulta específica para los nudos de Guardo 220 kV y Velilla 400 kV, en Palencia, donde se ha detectado un elevado interés por proyectos de bombeo hidroeléctrico reversible y se plantea un concurso competitivo con criterios socioeconómicos y ambientales. Las alegaciones, observaciones y propuestas a las dos consultas podrán presentarse hasta el próximo 8 de octubre.

El Ayuntamiento de Astorga ha presentado alegaciones al proyecto de la planta de biometano que el grupo español ID Energy Group pretende construir en el vecino municipio de Val de San Lorenzo, con una especial preocupación por el trazado de la línea eléctrica que abastecería a la futura instalación y las posibles afecciones sobre la ciudad y su entorno.

El alcalde, José Luis Nieto, ha explicado este martes en Cope Astorga que los servicios técnicos municipales elaboraron los escritos y los remitieron la pasada semana a la Junta de Castilla y León, después de analizar la documentación del proyecto y recabar los informes de Secretaría y Arquitectura.

La conexión eléctrica es una de las cuestiones que más inquietan al Consistorio. Según ha detallado Nieto, el suministro partiría de la subestación situada junto al cementerio de Astorga y la solución contemplada en el anteproyecto atravesaría el municipio. Sin embargo, todavía no está definido qué parte del trazado discurriría soterrada y cuál en tendido aéreo. “Esa, quizá, a nosotros como vecinos colindantes, sea la que más nos afecta de todas ellas”, ha señalado el regidor, aunque ha subrayado que el proyecto se encuentra todavía en una fase inicial.

Las alegaciones municipales recogen también la proximidad de la planta a núcleos de población y las posibles molestias por olores y emisiones. Los técnicos han incluido cuestiones relacionadas con la biodiversidad y los valores ambientales, así como el aumento del tráfico pesado y sus consecuencias sobre la red viaria, el ruido y la contaminación.

El Ayuntamiento plantea además que se estudie la incidencia que pudiera tener la instalación sobre el turismo, el patrimonio y el modelo socioeconómico de Astorga y su entorno. La petición municipal es que todas estas cuestiones sean debidamente analizadas y valoradas dentro de la tramitación ambiental antes de que se adopten las decisiones correspondientes. Nieto ha insistido en que las objeciones deben fundamentarse en criterios técnicos y jurídicos, y no ha descartado que puedan presentarse nuevas alegaciones conforme avance el procedimiento. “Cuando llegue el momento, si se necesitan, pues habrá que hacer más alegaciones intentando justificarlo todo en parámetros técnicos”, ha afirmado.

Una planta a dos kilómetros de Astorga

El proyecto de Apiolae SL, empresa filial del grupo ID Energy Group, contempla una inversión de 9,45 millones de euros para construir una instalación destinada a transformar residuos y subproductos orgánicos de origen agroganadero en biometano. La planta se sitúa a unos dos kilómetros del casco urbano de Astorga y a aproximadamente 3,5 kilómetros de la cabecera del municipio de Val de San Lorenzo. Su dimensión es uno de los principales elementos de controversia en la comarca maragata, donde la iniciativa se suma a otros proyectos de gestión de residuos de la zona, empezando por el propio Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega.

La instalación prevé tratar 233.500 toneladas anuales de materias primas, de las que unas 120.000 toneladas serán purines de cerdo de engorde. El resto incluye estiércoles bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, además de gallinaza y otros sustratos orgánicos. La empresa calcula que podrá producir alrededor de 5.672 toneladas de biometano al año, equivalentes a unos 81.736 MWh de energía, mediante un proceso de digestión anaerobia y posterior depuración del biogás. El proyecto estima cinco empleos directos permanentes y alrededor de diez indirectos, además de los puestos temporales durante la construcción.

La magnitud de la actividad también se traslada al transporte. La documentación calcula 38 camiones diarios para llevar los residuos a la planta y otros 36 para evacuar el digestato resultante del proceso. En total, se prevén 74 movimientos diarios de vehículos pesados durante los 260 días de actividad anual contemplados, de lunes a viernes.

Las materias primas procederían principalmente de explotaciones ganaderas situadas en un radio preferente de unos 30 kilómetros, ampliable hasta un máximo logístico de 50 kilómetros. La salida del digestato, tanto en su fracción sólida como líquida, supondrá también un flujo constante de transporte por carretera.

Agua en cisternas para una instalación sin conexión a la red

Otro de los aspectos llamativos del proyecto, destacado por ILEÓN, es que la parcela elegida carece de conexión a una red de abastecimiento de agua. La empresa plantea que el suministro industrial y sanitario llegue mediante camiones cisterna y se almacene en un depósito de 50 metros cúbicos. El consumo industrial previsto durante el funcionamiento ordinario asciende a 982 metros cúbicos anuales, mientras que el uso sanitario se calcula en otros 60 metros cúbicos al año. Durante las obras, la previsión de agua sanitaria alcanza los 100 metros cúbicos mensuales.

Además, antes de la puesta en marcha será necesaria una aportación extraordinaria de 8.000 metros cúbicos para las pruebas hidrostáticas de las instalaciones. Según la documentación del promotor, el agua para los usos ordinarios sería transportada por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo mediante cisternas.

La empresa sostiene que el proceso de digestión anaerobia no requiere grandes aportaciones adicionales, dado que los purines y demás materias primas contienen ya una elevada proporción de agua. También prevé reutilizar aguas de limpieza, condensados del biogás, lixiviados y purgas. El proyecto contempla un sistema de “vertido cero”, sin evacuación de aguas residuales al medio natural ni al dominio público hidráulico. Para ello, plantea depósitos estancos, fosas y la retirada de determinadas aguas mediante gestores autorizados.

Olores, emisiones y riesgos ambientales

El estudio de impacto ambiental analiza 26 factores relacionados con la atmósfera, los recursos naturales, el suelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje y las consecuencias socioeconómicas. Entre ellos figuran las emisiones de polvo, ruido, gases y olores, así como los posibles efectos sobre las aguas superficiales y subterráneas, los hábitats, el patrimonio cultural y los espacios protegidos.

La planta de Val de San Lorenzo se incorpora a una relación de proyectos de gestión de residuos que ya han generado controversia en la comarca. En el entorno de Astorga se encuentran el vertedero provincial de San Román de la Vega, el macrovertedero industrial de residuos peligrosos autorizado en San Justo de la Vega o la planta de tratamiento de lodos de depuradora proyectada en Piedralba.

En el caso de Val de San Lorenzo, el estudio ambiental señala también la proximidad de otros proyectos de gestión de residuos, mientras que la línea eléctrica prevista para la planta coincide en su trazado soterrado con el Camino de Santiago, según la documentación del proyecto.

PP, PSOE e IU intentan consensuar una posición común

A las alegaciones técnicas presentadas por el Consistorio astorgano podría sumarse una iniciativa política conjunta. Nieto ha explicado que, tras la Junta de Portavoces celebrada este lunes, los representantes de PP, PSOE e IU acordaron reunirse este martes para intentar alcanzar un acuerdo común.

El punto de partida será un borrador presentado por el PSOE, aunque por el momento no existe un texto consensuado por las tres formaciones. El alcalde ha valorado que se abra un diálogo entre los grupos y ha señalado que la iniciativa que finalmente acuerden se presentaría ante la Junta. “Me parece bien que se hable, que se dialogue y, bueno, al acuerdo que lleguen, pues se presenta”, ha afirmado. “Si esa planta no nos interesa, no nos aporta mejora en la calidad de vida ni en el trabajo, está bien unirnos todos”, ha señalado.

Un proyecto del parque eólico llamado Ferromolín, promovido por la firma Promoción Eólica Peninsular V SL, perteneciente a un grupo multinacional de origen con n Dinamarca, ha iniciado su periodo de información pública como paso previo a la autorización administrativa y a la evaluación ambiental de una instalación que se extenderá entre las provincias de León y Ourense, en Galicia.

La iniciativa contempla una potencia total de 27 megavatios (Mw), a pesar de lo cual lo tramita el Gobierno central y no la Junta de Castilla y León, que habitualmente es la competente en instalaciones de energía renovable de menos de 50. El diseño se que plantea contempla la instalación de seis enormes aerogeneradores y una inversión de más de 31,1 millones de euros.

La vertiente leonesa del proyecto se concentra en el municipio de Oencia, en la comarca de El Bierzo, donde se prevé instalar uno de los molinos y ubicar otro en una posición limítrofe con el término municipal ourensano de Vilamartín de Valdeorras. Los cuatro aerogeneradores restantes se proyectan en este último municipio, mientras que O Barco de Valdeorras también figura entre los términos municipales afectados por las instalaciones. En concreto, ña distribución prevista sitúa el aerogenerador FRM-01 en Oencia; el FRM-02, en el límite entre este municipio leonés y Vilamartín de Valdeorras; y los identificados del FRM-03 al FRM-06, en territorio gallego.

Cada uno de los seis aerogeneradores tendrá una potencia unitaria de 4,5 Mw. El diseño contempla, además, cinco posiciones adicionales de reserva, así como una torre meteorológica, los viales de acceso y las obras civiles necesarias para la instalación y el mantenimiento del parque.

Una inversión de más de 31 millones

El presupuesto de ejecución material asciende a 31.142.802,36 euros. De esa cantidad, 27.169.486,12 euros corresponden a la construcción del parque eólico, mientras que los 3.973.316,24 euros restantes se destinan a la infraestructura eléctrica de evacuación.

La energía generada por los aerogeneradores se recogerá mediante una red interna de líneas eléctricas subterráneas de 15 kilovoltios (kV), que conectará las máquinas con un centro de seccionamiento, el cual ocupará una edificación de aproximadamente 230 metros cuadrados en Vilamartín de Valdeorras.

Desde allí partirá una línea subterránea de evacuación de 14,33 kilómetros de longitud, también a 15 kV, hasta la subestación SET Sil-Xares 15/220 kV, propiedad de Iberdrola Generación. Esta instalación es colindante con la subestación Santiago 220 kV, perteneciente a la red de transporte de Red Eléctrica de España.

Información pública y evaluación ambiental

La publicación del anuncio, este lunes en el Boletín Oficial del estado (BOE) y la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) abre un plazo de 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan examinar la documentación del expediente y presentar las alegaciones que consideren oportunas. El procedimiento reúne la solicitud de autorización administrativa previa y la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Por tanto, el proyecto deberá superar tanto el trámite energético como el análisis ambiental antes de obtener las correspondientes resoluciones.

La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es el órgano competente para resolver la autorización administrativa previa, mientras que la declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Las alegaciones pueden presentarse ante las subdelegaciones del Gobierno competentes en la tramitación, en León y Pontevedra, esta última en relación con la parte del proyecto situada en Ourense.

El origen del proyecto es bastante reciente, en comparación con otros muchos previos, y algunos ya deshechados por su impacto ambiental en zonas similares y también limítrofes. La promotora presentó la solicitud inicial el 5 de agosto del pasado año, 2025. Y ha sido más reciente aún, el 20 de julio de 2026, una modificación del proyecto. La apertura de la información pública permite ahora conocer las características de la propuesta y formular observaciones antes de que avance su tramitación administrativa.

La oposición al proyecto de una planta de biometano en el municipio de Val de San Lorenzo crece al mismo tiempo que salen a la luz los detalles de una instalación de una dimensión considerable: gestionará 233.500 toneladas de residuos y subproductos orgánicos al año de origen agroganadero, circularán casi 80 camiones al día y el suministro de agua que tendrá que realizarse mediante cisternas porque la parcela elegida no dispone de conexión a una red de abastecimiento. Un conjunto de características que alimenta las dudas sobre su encaje en el entorno pese a que el Estudio de Impacto Ambiental sometido a evaluación no identifica efectos severos o críticos.

La planta está proyectada por una empresa filial del grupo ID Energy Group y sus dimensiones han levantado una importante movilización en Astorga y la comarca maragata, que ya acusa la presencia de numerosos proyectos de gestión de residuos de todo tipo, desde el vertedero provincial de San Román de la Vega, el macrovertedero industrial de residuos peligrosos autorizado en San Justo de la Vega a la planta de tratamiento de lodos de despuradora proyectada en la localidad de Piedralba.

El nuevo proyecto contempla una inversión de 9,45 millones de euros con una previsión de empleo permanente de cinco puestos de trabajo directos y una estimación de alrededor de diez empleos indirectos, además del personal temporal durante la construcción de la instalación.

La nueva planta de biometano se suma a la otra decena que se han solicitado en la provincia de León, algunas con notable controversia, mientras que las empresas promotoras las defienden para una adecuada gestión de residuos de la creciente cabaña ganadera de la provincia de León. En las polémicas se han posicionado algunos ayuntamientos como Cistierna, que se ha endurecido sus normas urbanísticas para poner trabas a estos proyectos.

El nuevo proyecto de biometano se ubica a apenas dos kiómetros del casco urbano de Astorga y a 3,5 kilómetros de la cabecera del municipio de Val de San Lorenzo y coincidente al Camino de Santiago en el trazado soterrado de línea eléctrica. El estudio de impacto ambiental señala su cercanía a otros proyectos de gestión de residuos, como la proyectada planta de lodos de Piedralba.

Este periódico se ha puesto en contacto con ID Energy para conocer más datos sobre el proyecto sin que en el momento de publicar esta información se haya recibido respuesta.

Agua en camiones cisterna para una planta sin red

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la falta de instalación de red de agua. La parcela donde pretende construirse la planta carece de red de abastecimiento, por lo que el agua industrial tendrá que llegar en camiones cisterna y almacenarse en un depósito de 50 metros cúbicos. El proyecto calcula para el funcionamiento ordinario un consumo industrial de 982 metros cúbicos al año, con aproximadamente un llenado semanal del depósito.

A ello se suma el agua potable y sanitaria necesaria para trabajadores, vestuarios, aseos, cantina y laboratorio, también transportada desde el exterior mediante cisternas. En este caso se calcula un consumo de 60 metros cúbicos anuales durante la explotación, mientras que durante las obras la previsión alcanza los 100 metros cúbicos al mes. Según el promotor ese agua será llevada por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo en camiones cistierna. Además, antes de la puesta en marcha será necesaria una aportación extraordinaria de 8.000 metros cúbicos de agua para las pruebas hidrostáticas de las instalaciones.

El promotor sostiene que el proceso de digestión anaerobia no necesita grandes cantidades adicionales de agua porque los purines y demás materias primas que entrarán en los digestores ya presentan un elevado contenido de agua. De ahí que no sea necesaria una conexión a redes de abastecimiento. También plantea un sistema de recirculación que reutilizará aguas de limpieza, condensados del biogás, lixiviados y purgas. La planta se proyecta con el denominado 'vertido cero', sin evacuación de aguas residuales al medio ni al dominio público hidráulico, pero esa solución obliga a mantener depósitos estancos, fosas y un sistema permanente de retirada de determinadas aguas mediante gestores autorizados.

Olores, contaminación y fugas

El informe del proyecto analiza 26 factores ambientales relacionados con la atmósfera, los recursos naturales, los suelos, las aguas, la vegetación, la fauna, el paisaje y las consecuencias socioeconómicas. Entre ellos figuran expresamente la emisión de polvo, ruido, gases y olores; el consumo de recursos; la destrucción, compactación o contaminación del suelo; y los posibles efectos sobre las aguas superficiales y subterráneas. También se estudian las afecciones sobre hábitats, fauna, paisaje, espacios protegidos, vías pecuarias y patrimonio cultural.

La evaluación considera que la construcción será el momento de mayor impacto: un 65,38% de los factores analizados presentan efectos negativos, de los que un 58,82% se califican como moderados. Durante el funcionamiento, el estudio rebaja esa afección y considera compatibles el 76,92% de los impactos negativos y moderados el 23,08%. La conclusión oficial del promotor es, por tanto, que no existen afecciones severas ni críticas, aunque la extensión de medidas preventivas incorporadas al proyecto muestra la variedad de riesgos ambientales que deberán mantenerse bajo vigilancia durante toda su vida útil.

El olor es uno de los elementos que más se analiza en el proyecto. Según el documento en información pública los residuos tendrán que llegar en cubas o cajas estancas, evitando en lo posible atravesar núcleos urbanos, mientras que la recepción y determinadas operaciones deberán realizarse en naves cerradas y en depresión, con cortinas de PVC y un sistema de desodorización mediante biofiltros. También deberá protegerse el suelo frente a posibles fugas de lixiviados, digestato, combustibles u otros líquidos. Todas las zonas de carga, descarga y almacenamiento tendrán que estar pavimentadas e impermeabilizadas y el proyecto establece redes independientes para pluviales, aguas grises y lixiviados.

El biogás incorpora además riesgos propios de una instalación industrial de estas características. Antes de su transformación deberá pasar por filtros de carbón activo para eliminar sulfuro de hidrógeno, mientras que los excedentes podrán quemarse en una antorcha de seguridad a temperaturas de entre 600 y 850 grados. La fábrica tendrá zonas diseñadas para atmósferas potencialmente explosivas, vigilancia mediante un sistema capaz de detectar fugas o anomalías de presión y protocolos de parada de emergencia. Incluso se prevé contratar un plan específico de desratización y desinsectación ante la posible atracción de plagas hacia las zonas donde se almacenarán residuos.

Más de 233.000 toneladas de purines y estiércoles cada año

La dimensión de la planta se aprecia especialmente en la cantidad de materia que deberá alimentar los digestores: 233.500 toneladas cada año, aproximadamente 113.500 toneladas de sustratos sólidos y otras 120.000 toneladas de materiales líquidos, una infraestructura diseñada para recibir de forma continua grandes volúmenes de residuos ganaderos.

Algo más de la mitad de toda esa materia será purín procedente de cerdos de engorde, con 120.000 toneladas anuales, el 51% del total. Le seguirán 41.000 toneladas de estiércol bovino, 33.000 de ovino y caprino, 30.000 de gallinaza y otras 9.500 toneladas de estiércol porcino. La digestión de esta mezcla permitirá obtener biogás, que posteriormente será depurado hasta producir biometano, pero dejará también enormes cantidades de digestato sólido y líquido que tendrán que abandonar nuevamente la planta.

El proyecto contempla captar estas materias fundamentalmente entre las explotaciones ganaderas del entorno y fija como zona preferente un radio aproximado de 30 kilómetros, ampliable hasta un máximo logístico de 50 kilómetros. También abre la puerta a restos agrícolas y materias procedentes de industrias agroalimentarias de la provincia. Esa necesidad de concentrar residuos desde decenas de kilómetros alrededor de Val de San Lorenzo es precisamente la que explica otra de las grandes cuestiones asociadas a la planta: el incremento permanente del transporte pesado.

74 camiones al día

La documentación calcula que será necesario transportar las materias primas y los subproductos durante 260 días al año, de lunes a viernes, utilizando vehículos de entre 20 y 24 toneladas. Para alimentar la planta se prevé la llegada de 38 camiones diarios cargados de residuos orgánicos, una cifra directamente vinculada a las más de 233.000 toneladas que deberán entrar anualmente en las instalaciones.

Pero prácticamente todo lo que entra deberá volver a salir una vez completada la digestión. El proyecto estima otros 36 camiones diarios para evacuar el digestato, 17 de ellos para transportar la fracción sólida y 19 camiones cisterna para la líquida. En total se producirán, según los cálculos de la propia empresa, 74 movimientos diarios de vehículos pesados, sin contar otros desplazamientos ligados a trabajadores, mantenimiento, suministros auxiliares o al propio transporte de agua mediante cisternas.

El biometano será la excepción, porque no necesitará trasladarse por carretera. La instalación pretende conectarse directamente a la red gasista que pasa por una de las dos parcelas donde quiere instalarse la planta y producir alrededor de 5.672 toneladas de biometano al año, equivalentes a 81.736 MWh de energía y entre 7,92 y 8,70 millones de metros cúbicos normales de gas.

Alegaciones en contra

Vecinos de la comarca están recogiendo alegaciones contra el proyecto, que se pueden presentar hasta el 28 de septiembre poniendo el foco en posibles irregularidades urbanísticas y limitaciones legales del suelo. Los escritos sostienen que parte de los terrenos resultaron afectados por un incendio en agosto de 2024 y recuerdan que la legislación forestal restringe durante décadas los cambios de uso en superficies incendiadas, una cuestión que, según los alegantes, no habría sido suficientemente analizada en la documentación ambiental. También cuestionan la validez del informe de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento de Val de San Lorenzo porque se habría emitido inicialmente para otra empresa y sobre un conjunto distinto de parcelas, además de advertir de posibles incumplimientos en alturas, retranqueos y distancias de seguridad vinculadas al almacenamiento de biogás.

Otro de los grandes frentes de oposición es el relacionado con el agua, el tráfico y las infraestructuras necesarias para sostener una instalación de esta dimensión. Las alegaciones señalan contradicciones en los datos de consumo de agua, cuestionan que el abastecimiento mediante cisternas municipales esté formalmente autorizado y apuntan que no queda aclarado de dónde procederán los 8.000 metros cúbicos necesarios para las pruebas iniciales. A ello se suma el movimiento previsto de 74 camiones pesados al día por la LE-6425, para el que, según los escritos presentados, no se habría aportado un estudio suficientemente detallado de intensidad de tráfico ni las autorizaciones correspondientes.

Los opositores denuncian además carencias en el procedimiento de consultas y en la evaluación de impactos acumulativos. Entre sus argumentos figura que no se habría consultado de forma individualizada a municipios próximos como Astorga o Santiago Millas ni a organismos considerados relevantes en materia de aguas, salud pública, patrimonio, protección civil o montes. También reprochan al estudio que no incorpore suficientemente otros proyectos próximos a la hora de valorar los efectos conjuntos sobre el entorno. Finalmente, critican que la información pública se abriera en agosto con más de un millar de páginas de documentación y unos plazos que, a su juicio, dificultaron la participación efectiva de vecinos y administraciones.

León cumplirá el próximo 19 de septiembre quince años sin servicio ferroviario en el tramo urbano de la antigua Feve. Apenas tres días después, la mayor feria ferroviaria internacional de Europa, InnoTrans, abrirá sus puertas en Berlín con una muestra de trenes y tecnologías que la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha considera especialmente relevante para el futuro de la línea leonesa.

La cita, que se celebrará entre los días 22 y 25 de septiembre, reunirá a algunos de los principales fabricantes ferroviarios del mundo y permitirá conocer nuevos vehículos destinados precisamente a líneas no electrificadas. Entre ellos habrá trenes con propulsión mediante baterías o hidrógeno, tecnologías por las que apuesta el informe técnico presentado por la Plataforma a comienzos de este año como una de las posibles vías para recuperar el ferrocarril hasta el centro de León.

El contexto es especialmente significativo para una línea cuyo material móvil actual se encuentra al final de su vida útil y para la que, según advirtió aquel informe, resulta necesario comenzar cuanto antes el proceso de diseño y adquisición de nuevos trenes. Los técnicos que asesoran a la Plataforma calcularon que desde la concepción de las nuevas unidades hasta su homologación y entrada en servicio podrían transcurrir alrededor de ocho años.

Según resaltan en un comunicado de prensa, CAF presentará en Berlín uno de sus vehículos propulsados exclusivamente por baterías, después de que una unidad de la compañía haya alcanzado durante unas pruebas una autonomía superior a los 270 kilómetros sin necesidad de recarga. La empresa española informó de un recorrido de 273 kilómetros en modo batería en sus ensayos realizados en el centro de pruebas de Wildenrath.

También Stadler llevará a InnoTrans un vehículo de baterías y nuevas unidades de hidrógeno desarrolladas específicamente para diferentes redes de vía estrecha italianas. Estas últimas presentan, según destaca la Plataforma, unas características geométricas similares a las que serían necesarias para sustituir los actuales trenes que prestan servicio en la línea de ancho métrico entre León y Guardo.

Otros grandes fabricantes como Hitachi, Siemens y Alstom acudirán igualmente a la feria con soluciones de nueva generación para el transporte ferroviario, en un mercado que está desarrollando alternativas a la tracción diésel para las líneas que carecen de electrificación.

Las alternativas

Precisamente esta evolución tecnológica constituye la base de una de las tres alternativas analizadas en el informe presentado por la Plataforma en enero de 2026 para desbloquear la llegada de Feve al centro de la capital. Frente a la electrificación completa de la línea mediante trenes-tranvía, o al diseño de unidades eléctricas específicas con puertas a dos alturas, el documento apostaba por una tercera opción basada en nuevas tecnologías de tracción limpia.

Esta alternativa contemplaba el uso de hidrógeno verde, baterías, sistemas híbridos, combustibles renovables o sintéticos y combinaciones de estas tecnologías. Según los cálculos de los técnicos, requeriría una inversión global ligeramente inferior a los 170 millones de euros, frente a los alrededor de 200 millones estimados para la electrificación completa con catenaria.

La Plataforma consideró entonces que esta tercera solución permitiría reducir de forma importante las intervenciones necesarias en la infraestructura, aunque exigiera desarrollar y adquirir material móvil específicamente adaptado al ancho métrico. También defendió que las nuevas unidades podrían mantenerse en talleres ya existentes dentro de la red ferroviaria española de vía estrecha.

La llegada de estas tecnologías a la gran feria ferroviaria de Berlín es interpretada ahora por el colectivo como una confirmación de que las alternativas planteadas para León no se limitan a una propuesta teórica. La Plataforma sostiene que los trenes y sistemas que se exhibirán en InnoTrans demuestran que existen soluciones para renovar el material móvil y mantener el servicio ferroviario en líneas no electrificadas.

El futuro del tramo urbano de Feve continúa, mientras tanto, pendiente de una decisión institucional. El Ministerio de Transportes ha planteado la sustitución del servicio ferroviario en el tramo urbano por un autobús eléctrico sobre una plataforma que soterraría las vías ya instaladas, una solución rechazada por la Plataforma y la mayor parte de los grupos políticos, que reclaman mantener la infraestructura ferroviaria y recuperar la llegada de los trenes al centro de la ciudad.

Implicación de la Junta y aprobación para la galería

El informe técnico remitido en enero al Ministerio, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León planteaba además un cambio en la gestión del tramo comprendido entre La Asunción y Matallana. Entre sus propuestas figuraba que la Junta asumiera la titularidad de ese recorrido urbano, aunque Adif mantuviera la propiedad de la infraestructura, como una posible vía para desbloquear una integración ferroviaria que permanece sin resolver desde la suspensión del servicio urbano en septiembre de 2011. Esta posibilidad fue aprobada hace escasos días tras una iniciativa de Unión del Pueblo Leonés (UPL), aunque no es de obligado cumplimiento para el actual Gobierno autonómico de PP y Vox.

Quince años después de aquella desaparición, la Plataforma vuelve así a situar el foco en la necesidad de renovar las decisiones sobre el material móvil. Considera que corresponde al Ministerio y a Renfe impulsar las actuaciones necesarias en este ámbito y recuerda que cuenta con el ofrecimiento de colaboración de su grupo de asesoramiento técnico-jurídico y del Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria de la Universitat Politècnica de València.

La asociación mantiene además abierta una campaña de recaudación de fondos para financiar su actividad judicial relacionada con la defensa del ferrocarril de vía estrecha y solicita aportaciones económicas a la ciudadanía leonesa. Existe la posibilidad de realizar una transferencia bancaria a nombre de la Asociación Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, al IBAN ES2220800924233040004613o a través de Bizum al número de teléfono 609901303 y a nombre de Jesús María C.G..

Colectivos, asociaciones y plataformas contrarias a la implantación en León de “proyectos dañinos con el medio ambiente” aprovecharon la celebración este sábado en Mansilla de las Mulas de El Gran Concejo, una reunión de representantes de juntas vecinales convocada por el ILC (Instituto Leonés de Cultura) de la Diputación de León, para reclamar ante las pedanías y la propia institución provincial que “no cabe la inacción ante las agresiones, ni colocarse de perfil, ni ampararse en la falta de competencias” ante este tipo de iniciativas.

La recientemente constituida Plataforma Salvemos la Montaña Leonesa decidió transmitir a los pedáneos la preocupación ante “amenazas” de convertir a la provincia en “tierra de sacrificio” a través de proyectos como plantas de biogás, macrogranjas, minería de fosfatos, plantas de biomasa, pantanos reversibles, centros de datos y otros “dañinos con el medio ambiente y nocivos para los habitantes del medio rural”.

Tras mantener un enfrentamiento con la dirección del Museo de los Pueblos Leoneses (lugar que acogió El Gran Concejo) por la presencia en la vía pública, representantes de estos colectivos y plataformas entregaron trípticos informativos tanto a miembros de juntas vecinales como a vecinos y curiosos mostrando las pancartas reivindicativas “en respetuoso silencio”.

Su pretensión pasaba por reivindica el papel de las juntas vecinales como “una institución viva y con capacidad de obrar” para, en primer lugar, “facilitar la vida de los habitantes de los pueblos, como su administración más cercana”. “Por eso”, añaden, “no cabe la inacción ante las agresiones, ni colocarse de perfil, ni ampararse en la falta de competencias. En esta lucha también tiene que jugar un papel fundamental como intermediadora con otros niveles administrativos, la Diputación Leonesa que destaca demasiadas veces por su inoperancia, independientemente del color que gobierne”.

Y es que los convocantes concluyen que el “leonesismo”·que emana desde la institución provincial (gobernada en coalición por PSOE y UPL) “debe ir más allá del folclore y la cultura y traducirse en una gestión eficaz y eficiente, que mejore la calidad de vida” en el medio rural, po lo que exigen “una defensa activa y una implicación directa en los problemas y las amenazas que surjan, incluso cuando estos vengan de otras administraciones que desconocen o desprecian la identidad leonesa”.

La Universidad de León (ULE) reunirá el próximo 30 de septiembre en la Escuela de Minas a expertos y profesionales de referencia en torno a uno de los grandes retos asociados al desarrollo de las energías renovables, el del almacenamiento de energía a gran escala, en el marco de INNOVAMIN’26.

Esta jornada técnica, organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Geológico y Minero de España y las Escuelas de Ingeniería Minera de la Universidad de León y la Universidad Politécnica de Madrid, analizará los desafíos que plantea el diseño y ejecución de centrales hidroeléctricas reversibles, desde la obra subterránea y la geotecnia hasta la gestión del agua y su integración territorial y ambiental.

El encuentro tendrá como escenario el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar y contará con la participación de técnicos y profesionales de empresas constructoras, mineras e ingenierías, así como de administraciones públicas y entidades vinculadas a la energía, la obra subterránea, la geotecnia y el agua.

Se trata de una iniciativa que pretende reforzar el papel de la Escuela de Minas de la ULE como espacio de conocimiento y especialización en ámbitos estratégicos vinculados a la ingeniería, la energía y las infraestructuras, favoreciendo el intercambio de experiencias entre el ámbito académico y el sector profesional.

Durante la jornada se abordarán algunos de los principales retos asociados al desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles, una de las tecnologías más maduras para el almacenamiento de energía a gran escala y una pieza estratégica para acompañar el crecimiento de las energías renovables y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Su desarrollo plantea importantes desafíos técnicos, constructivos y ambientales, relacionados con las excavaciones subterráneas, la obra civil, la geotecnia, la gestión del agua y la integración territorial y ambiental.

En este sentido, INNOVAMIN’26 pondrá el foco en cuestiones como el diseño de cavernas y la excavación de pozos y túneles, el control de vibraciones, los riesgos geológicos o el bombeo hidráulico, junto con aspectos relacionados con la tramitación administrativa y la financiación de proyectos de I+D+i.

El programa incluirá además la presentación de experiencias concretas de construcción y operación, como la ejecución de San Esteban II, así como soluciones innovadoras aplicadas a la excavación mecanizada de túneles y pozos y a este tipo de infraestructuras.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la presentación de la Guía de Diseño y Ejecución de Centrales Hidroeléctricas Reversibles una publicación de más de 300 páginas dirigida a profesionales, empresas y entidades vinculadas al sector energético y de las infraestructuras que reúne conocimiento y criterios técnicos sobre una tipología de infraestructura que requiere la participación coordinada de diferentes ámbitos de especialización.

La presentación correrá a cargo de Carlos López Jimeno, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro de un programa que contará con la participación de expertos del IGME, empresas constructoras, ingenierías y compañías especializadas en obra subterránea y energía.

La jornada comenzará a las 9.00 horas y contará con la inauguración de la rectora de la ULE, Nuria González y la consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María González Corral.

El aforo del local La Unión de Val de San Lorenzo quedó este jueves desbordado por la participación vecinal en una jornada informativa sobre el proyecto de planta de biometano y fertilizantes presentado por la empresa Apiolae SL. Y el mismo escenario acogerá este próximo lunes, 14 de septiembre, una asamblea vecinal en la que se ofrecerá asesoramiento y orientación para presentar alegaciones contra una iniciativa que ha despertado preocupación entre habitantes de este municipio, así como de Astorga, Santiago Millas y localidades del entorno como Morales, Piedralba, Lagunas y Valdespino. La inquietud se extiende también entre representantes de diferentes asociaciones y plataformas comarcales que actualmente se movilizan ante la proliferación de proyectos de plantas de biogás y biometano en la provincia.

La cita de este jueves sirvió para exponer detalles técnicos del proyecto, entre ellos el funcionamiento de este tipo de instalaciones y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas para la zona. Y es que los asistentes se interesaron por el impacto de esta actividad sobre la salud y la calidad de vida a través de malos olores o el tráfico de materias primas y residuos, así como los efectos en la biodiversidad del entorno. La inquietud ya se ha canalizado a través de una recogida de firmas a través de la plataforma change.org.

Asimismo, los vecinos pidieron explicaciones al alcalde de Val de San Lorenzo, Luis Alfonso Cordero, y varios pedáneos, presentes en la cita. Concretamente, preguntaron al regidor los motivos por los que el consistorio “no ha denegado el informe de compatibilidad urbanística”, al tiempo que se quejaron de la “falta de información y comunicación” sobre un proyecto que lleva año y medio en tramitación administrativa. E instaron a que el Gobierno municipal aclarase su posición en torno a esta iniciativa.

A falta de respuestas clarificadoras, los vecinos han convocado una nueva reunión de trabajo, que tendrá lugar también en La Unión el lunes a las 19.00 horas. Los convocantes llaman a la participación en este encuentro, donde se facilitará a los interesados asesoramiento a la hora de presentar alegaciones contra el proyecto. El plazo para ello concluye el 28 de septiembre.

El Ayuntamiento de León ha dado un paso para que la energía generada por la planta fotovoltaica situada en el tejado del Palacio de Exposiciones pueda abastecer no solo a este edificio, sino también a otras instalaciones municipales dentro de un futuro sistema de autoconsumo colectivo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la licitación del servicio de representación en el mercado eléctrico y comercialización de la electricidad producida por esta instalación. El contrato permitirá optimizar los ingresos obtenidos por la venta de energía, eliminar costes asociados a los desvíos energéticos y reducir las comisiones de representación en el mercado eléctrico, explican en una nota de prensa.

Esta situación busca así una salida a la dejadez, con un alto coste económico, que hizo que durante siete años las placas solares fotovoltaicas ya instaladas no sirvieran para nada hasta que el pasado año 2025 no se acometieron las inversiones tecnológicas necesarias. Es más, en todo ese tiempo de desidia del equipo de Gobierno, también presidido por el alcalde José Antonio Diez, impidió poder ingresar decenas de miles de euros y ahorrarse otros tantos en coste energético.

En 2025 se adjudicó el contrato para la venta de energía eléctrica de esta instalación de 1 megavatio a Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU.

Ahora, la nueva licitación sale a concurso con un presupuesto base de 7.824 euros para un periodo inicial de dos años, prorrogable por otros dos. La empresa adjudicataria asumirá la gestión de la instalación ante los organismos reguladores del sistema eléctrico y, en una primera fase, comercializará toda la energía producida.

Posteriormente, una vez que la distribuidora autorice el cambio de configuración, la instalación pasará al modelo de autoconsumo colectivo previsto por el Ayuntamiento leonés.

En ese escenario, la electricidad generada por la cubierta fotovoltaica abastecerá al propio Palacio de Congresos y el excedente se distribuirá entre otros centros municipales que suman elevados consumos energéticos, para así abaratar su factura.

La planta solar cuenta con una potencia de un megavatio y una producción anual estimada de 1,3 millones de kilovatios hora. Forma parte del plan municipal de autoconsumo, en el que el Consistorio ha invertido 2,1 millones de euros, financiados en parte con fondos europeos Next Generation, aseguran en el comunicado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico 'Alto Cabrera', promovido por Enel Green Power España y proyectado entre las provincias de León y Ourense, una instalación de 144 megavatios (MW) que figuraba entre los grandes desarrollos renovables previstos en el suroeste leonés.

La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone el archivo definitivo del expediente tras un procedimiento iniciado hace casi seis años y marcado por los obstáculos ambientales y la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica.

El proyecto recogía la construcción del parque eólico en los términos municipales leoneses de Encinedo y Benuza, en la comarca de la Cabrera, así como parte de sus infraestructuras de evacuación en la provincia de Ourense, con una potencia de 144 MW y una línea de evacuación hasta la subestación de San Quereño, propiedad de Red Eléctrica.

La iniciativa fue presentada en noviembre de 2020, en plena carrera por desarrollar proyectos renovables tras el impulso regulatorio dado por el Estado a la transición energética, con la tramitación ambiental como principal escollo.

En abril de 2022, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental inadmitió a trámite la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto (cuya extensión también afectaba a los municipios leoneses de Puente de Domingo Flórez y Castrocontrigo) al apreciar varias causas previstas en la legislación ambiental.

El promotor recurrió inicialmente esa decisión, pero en mayo de este año desistió del recurso al considerar inviable desarrollar la instalación dentro de los plazos legales exigidos.

A ello se sumó la pérdida de los permisos de acceso y conexión. Red Eléctrica comunicó al Ministerio que dichos permisos habían caducado el 25 de enero de 2023 por incumplir uno de los hitos temporales establecidos por el Real Decreto-ley 23/2020, concretamente la obtención de una declaración de impacto ambiental favorable.

La resolución recuerda que la normativa estatal obliga a que los proyectos de generación eléctrica cuenten tanto con una evaluación ambiental favorable como con permisos vigentes de acceso y conexión para poder obtener la autorización administrativa previa. La ausencia de ambos requisitos impedía continuar la tramitación.

El caso de 'Alto Cabrera' refleja además las dificultades que han encontrado numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España durante los últimos años. El Real Decreto-ley 23/2020 estableció una serie de hitos obligatorios para evitar la especulación con los puntos de conexión a la red y depurar los proyectos que no avanzasen adecuadamente en su desarrollo.

Como consecuencia, cientos de iniciativas han decaído al no superar los trámites ambientales o incumplir los plazos fijados.

La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, firmada el pasado 27 de agosto y publicada este viernes, deja abierta la posibilidad de presentar recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, aunque el propio promotor ya había mostrado su conformidad con el archivo del expediente tras retirar el recurso ambiental que mantenía abierto.

La Junta de Castilla y León ha autorizado la construcción de las infraestructuras eléctricas necesarias para abastecer a una futura planta de biometano en San Millán de los Caballeros, una instalación que generará energía equivalente al suministro de 21.000 hogares.

Se trata de un proyecto promovido por Biorig Energy San Millán-León, S.L.U. que incluye la adaptación de la línea eléctrica 'San Millán', dependiente de la subestación de Villamañán, y la instalación de un nuevo centro de seccionamiento telemandado.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), concede a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., distribuidora del grupo Iberdrola que asumirá posteriormente la titularidad de las instalaciones, la autorización administrativa previa y de construcción de las infraestructuras de conexión a la red para dar servicio a la planta proyectada en el polígono del municipio leonés.

El proyecto, que persigue estar operativo en 2027, contempla la ejecución de dos tramos de línea subterránea de alta tensión de 20 kilovoltios, cada uno de 23 metros de longitud, conectados a la línea aérea procedente de la subestación transformadora y de reparto de Villamañán. Asimismo, se construirá un centro de seccionamiento automatizado para gestionar el nuevo suministro eléctrico.

La autorización llega acompañada de una limitación relevante, ya que la Junta ha dejado sin efecto la declaración de utilidad pública que solicitó inicialmente el promotor después de que surgieran dudas sobre la titularidad y gestión de una parcela afectada por las obras, asociada a una infraestructura hidráulica.

La resolución establece que las obras autorizadas deberán ejecutarse en un plazo máximo de doce meses, aunque prohíbe expresamente actuar sobre la parcela en disputa o ejecutar los accesos vinculados a ella hasta que exista autorización del Ministerio para la Transición Ecológica o del organismo público que acredite la gestión de esos terrenos.

De este modo, la Junta da luz verde a la infraestructura eléctrica necesaria para la futura planta de biometano, una instalación vinculada a la producción de gas renovable a partir de residuos orgánicos, aunque parte del desarrollo del proyecto queda condicionado a la resolución de los permisos sobre los terrenos afectados.

Esta instalación, que cuenta con una inversión cercana a los 35 millones de euros, contribuirá al desarrollo económico del municipio con la creación de 100 empleos durante su fase de construcción y 35 directos e indirectos durante su operación, según Biorig Energy.

La empresa ha asegurado que la planta estará impermeabilizada en las zonas de tratamiento de residuos para evitar vertidos o filtraciones, contará con sistemas de reutilización de aguas para evitar el consumo de agua externa y tendrá sistemas de detección y prevención de olores.

La oposición vecinal al proyecto de planta de biometano y fertilizantes promovido por Apiolae SL en el municipio leonés de Val de San Lorenzo ha superado las 850 firmas en una petición ciudadana que reclama la paralización de la instalación, que prevé tratar 223.000 toneladas anuales de residuos orgánicos en la comarca leonesa de la Maragatería.

La iniciativa, difundida a través de la plataforma Change.org y acompañada de una campaña de alegaciones durante el periodo de información pública, denuncia el impacto que podría tener la planta sobre el territorio y advierte del riesgo de que la comarca se convierta en un polo receptor de residuos procedentes de otros lugares.

Según recoge la petición ciudadana, el proyecto contempla el tratamiento de unas 223.500 toneladas anuales de residuos, entre ellos 120.000 toneladas de purines de cerdo, 41.000 toneladas de estiércol bovino, 33.000 toneladas de estiércol ovino, 30.000 toneladas de gallinaza y 9.500 toneladas de estiércol porcino.

Los promotores de la campaña sostienen que estas cifras equivalen a más de 600 toneladas diarias de residuos y alertan de las consecuencias que podrían derivarse para una comarca conocida por su patrimonio cultural, paisajístico y turístico y estrechamente vinculada al Camino de Santiago.

La movilización ha trascendido ya el ámbito de Val de San Lorenzo y se ha extendido a otros municipios de la zona y a la cercana ciudad de Astorga, donde colectivos vecinales han iniciado acciones informativas para explicar los detalles de la iniciativa empresarial y fomentar la presentación de alegaciones.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los vecinos figuran el aumento del tráfico pesado asociado al transporte de residuos, los posibles problemas de olores y la gestión posterior del digestato, el subproducto generado tras el proceso de digestión anaerobia.

“Efecto llamada” para nuevas infraestructuras

Los impulsores de la petición subrayan además que el proyecto llega en un contexto en el que también se plantean otras instalaciones relacionadas con el tratamiento de residuos y la producción de energía renovable, entre ellas, proyectos de biogás y de lodos, una circunstancia que, a su juicio, podría provocar un “efecto llamada” para nuevas infraestructuras de este tipo en la zona.

La petición se dirige a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, al Ayuntamiento de Santiago Millas y al Ayuntamiento de Astorga, a quienes solicita que tengan en cuenta las objeciones planteadas por los vecinos antes de adoptar cualquier decisión sobre la instalación.

La campaña continuará esta semana con una charla informativa convocada para el próximo jueves 10 de septiembre a las 20.00 horas en el local de La Unión, en Val de San Lorenzo. Los organizadores pretenden explicar a vecinos y colectivos los detalles de la instalación proyectada, así como resolver dudas sobre sus posibles repercusiones ambientales, económicas y sociales en la comarca.

La disputa contra la construcción de una gran planta de biogás en el polígono industrial de Cistierna, ubicado en la localidad de Vidanes, ha llegado ya a los tribunales. La Asociación EslaVIDA, constituida expresamente para oponerse al proyecto promovido por la empresa Apaycachana-6 SL, ha confirmado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la iniciativa cuyos trámites han sido aprobados por la Junta de Castilla y León.

El procedimiento fue interpuesto el pasado 31 de julio por el despacho Hormigos & Asociados, especializado en Derecho Medioambiental, según informó la organización durante una nueva asamblea celebrada este sábado 29 de agosto en el local de las antiguas escuelas de Vidanes. La reunión estuvo abierta a socios, colaboradores, simpatizantes y vecinos preocupados por la implantación de la planta.

El proyecto contempla la construcción de unas instalaciones para transformar unas 86.000 toneladas anuales de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia. Las previsiones recogidas en la iniciativa apuntan a una producción anual de unas 6.200 toneladas de biogás, 11.780 toneladas de fertilizantes sólidos y otras 4.797 toneladas de fertilizantes líquidos.

La planta se presenta como una inversión vinculada a la economía circular, la reducción de emisiones y el aprovechamiento energético de los residuos. Sin embargo, desde EslaVIDA cuestionan desde hace meses tanto las características del proyecto como su ubicación y el procedimiento seguido hasta obtener el visto bueno de la Administración autonómica. La asociación recuerda que las instalaciones se proyectan a aproximadamente un kilómetro de las primeras viviendas de Vidanes.

La autorización de la Junta fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 5 de junio. EslaVIDA sostiene que el procedimiento se ha desarrollado en un contexto de “desinformación y descontento vecinal” y ha optado ahora por recurrir a la Justicia para tratar de frenar el proyecto.

Más frentes judiciales contra las plantas de biogás

El contencioso no es el único frente judicial abordado durante la reunión. La asociación informó también sobre la querella anunciada en marzo por Stop Biogás CyL contra el director de Infraestructuras de Castilla y León y responsables de servicios territoriales. Según EslaVIDA, esa actuación ha sufrido distintos retrasos debido a “la complejidad del proceso”.

La asamblea sirvió igualmente para informar de la modificación de las normas subsidiarias urbanísticas anunciada por el Ayuntamiento de Cistierna en relación con la instalación de plantas de biogás en el municipio.

EslaVIDA reclama además que tanto Cistierna como los municipios del entorno se doten de normativas más restrictivas antes de que puedan avanzar otros grandes proyectos de este tipo en la Montaña Leonesa. Para ello, reiteró su intención de mantener encuentros con alcaldes y presidentes de juntas vecinales de las localidades que considera potencialmente afectadas por estas instalaciones.

Otro de los asuntos abordados fue la anunciada ampliación del polígono industrial de Cistierna en Vidanes. La asociación reclama conocer con detalle las actuaciones previstas y muestra sus recelos por la intervención de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) en la operación.

Además, la asociación reprocha a la Junta Vecinal no haber realizado hasta ahora ninguna aportación económica a la campaña contra el proyecto y recuerda la polémica surgida después de que se exigiera la retirada de una pancarta contra la planta. Su directiva acabó retirándola para evitar “enfrentamientos mayores”, una decisión que generó malestar entre algunos socios.

Mientras arrecian en el barrio de La Lastra, en el sur de la ciudad de León, las críticas por el avance del multimillonario proyecto energético de las macroplantas de incineración de la llamada Red de la Calor, otro pequeño y llamativo proyecto que busca dotar de energía geotérmica a un edificio de nueva construcción. Y para ello plantea ejecutar 22 sondeos de 125 metros de profundidad en busca del calor de la tierra para climatizar la casa, lo que se denomina geotermia de muy baja entalpía, es decir de menos de 30 grados, tanto para la climatización del ambiente como el frío y calor del agua sanitaria.

El proyecto está promovido por una empresa leonesa, Alzajope SL, de Valencia de Don Juan, y se plantea en la parcela 27.2b de la Avenida La Lastra, la principal de este barrio leonés, todavía en plena expansión urbanística y de construcción después de varios años muy paralizado.

De momento, la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno ambiental a este proyecto de energía geotérmica, zanjando que la ejecución de los 22 pozos previstos no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque condiciona su desarrollo al cumplimiento de distintas medidas de protección, especialmente para garantizar la seguridad de los acuíferos.

La Delegación Territorial de la Junta en León dictó la resolución favorable el pasado 19 de agosto, según se refleja hoy en la publicación del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), identificando que la instalación permitirá cubrir las necesidades de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria del futuro edificio mediante el aprovechamiento del calor del subsuelo. La suma total de los 22 sondeos alcanzará una longitud total de 2.750 metros.

El sistema que se plantea es de circuito cerrado, de manera que no se extraerá agua del subsuelo ni existirá contacto directo con las masas de agua subterráneas, remarca la evaluación de impacto ambiental. También considera que los principales impactos negativos estarán vinculados a la fase de construcción y serán temporales y además reversibles, sobre todo por tratarse de una zona ya totalmente urbanizada.

Por el interior de las sondas circulará agua con un anticongelante biodegradable que intercambiará calor con el terreno y regresará al sistema, aprovechando que a partir de unos cinco metros de profundidad la temperatura del subsuelo presenta una mayor estabilidad durante todo el año. Según la documentación ambiental, esta tecnología puede alcanzar ahorros de hasta el 90% en calefacción y del 50% en refrigeración activa, además de reducir las emisiones asociadas al consumo energético al evitar el uso de combustibles fósiles para estos servicios.

Control específico de los acuíferos

Uno de los principales condicionantes procede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que considera que las actuaciones no afectan a los ríos Torío o Bernesga, no muy lejanos, ni a otros cauces públicos o a sus zonas de protección. Sin embargo, al superar los sondeos los 20 metros de profundidad, el promotor deberá obtener la correspondiente autorización expresa de este organismo de cuenca.

La CHD exige además comprobar la estanqueidad del circuito antes de su puesta en funcionamiento para garantizar que no puedan producirse fugas del fluido utilizado para el intercambio térmico.

Por su parte, la Sección de Protección Ciudadana de León ha evaluado los riesgos existentes en el entorno y concluye que la actuación no debe incrementar los riesgos para las personas o los bienes. Y especifica como contexto que el municipio presenta un riesgo bajo de incendios forestales, medio de inundación y un riesgo medio por transporte de mercancías peligrosas por carretera y alto por ferrocarril.

El expediente ambiental arrancó con la solicitud a principios de este mismo año, hasta que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León formuló su propuesta favorable el pasado 30 de julio, poco antes de ser aprobada de manera ya formal. Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, los trabajos de perforación de los 22 sondeos tienen un plazo estimado de ejecución de tres meses.

El apetito de los fondos de inversión por las energías renovables en la comarca de El Bierzo no decae y tras conocerse el la intención de un fondo de inversión británico de instalar un parque eólico en la zona del Alto Sil y sierra de Gistredo donde se han denegado seis, ahora lo intenta un fondo suizo de capital con origen en Oceanía.

El nuevo proyecto se denomina parque eólico 'Calanina', promovido por una empresa llamada Macrina Solar 35, sociedad vinculada al grupo suizo Galileo. El proyecto abarca los municipios de Fabero, Palacios del Sil, Toreno, Páramo del Sil y Berlanga del Bierzo, se compone de once aerogeneradores y con parte del mismo dentro del plan de recuperación del urogallo cantábrico según los datos del proyecto a los que ha accedido este periódico.

El proyecto contempla once grandes aerogeneradores con rotores de 163 metros de diámetro y bujes situados a 113 metros de altura. Con una pala colocada verticalmente, cada molino alcanzaría aproximadamente 194,5 metros desde el suelo hasta su punto más elevado, los más grandes que se instalarían en la provincia.

La compañía ha presentado una propuesta de potencia total de 49,5 megavatios (MW) lo que implica que la evaluación ambiental correrá a cargo de la Junta de Castilla y León y no el Ministerio de Transición Ecológica por estar por debajo de los 50 MW. Además de las torres eólicas contempla una red eléctrica de hasta 9 kilómetros para llevar su producción a la subestación de Ondinas en el Alto Sil.

Cuenca minera y afección al urogallo

El emplazamiento seleccionado por la empresa suiza ubica los once aerogeneradores en los municipios de Berlanga del Bierzo, Fabero, Páramo del Sil y Toreno. En Palacios de Sil iría parte de la línea de evacuación al finalizar en las Ondinas. Una alternativa inicial situaba también los aerogeneradores principalmente en Páramo del Sil y Toreno, pero fue descartada por su mayor sensibilidad ambiental por su cercanía con la IBA 'Sierras de Gistreo y Coto' y afectar a territorios vinculados a los planes de recuperación del oso pardo y el urogallo cantábrico, las dos especes más amenazadas del ecosistema cantábrico.

La elección, sin embargo, no elimina los problemas ambientales. El propio documento inicial reconoce un impacto global “moderado” y señala efectos de esa consideración sobre la geología, los suelos, la hidrología, la vegetación y la fauna durante las obras, además de sobre el paisaje y los animales durante los años de funcionamiento.

Uno de los puntos más delicados del proyecto afecta al urogallo cantábrico. La futura subestación Calanina, la línea de evacuación de 220 kV y parte de la conexión de media tensión se solapan con el ámbito territorial de aplicación de su Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico pero la empresa asegura que las instalaciones que promueve quedan fuera de las denominadas áreas críticas para la especie. La infraestructura más próxima se encontraría a 1.243 metros del límite de una de esas áreas, mientras que dentro de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 se plantea soterrar la línea de evacuación.

El proyecto se levanta también en un territorio utilizado por otras especies protegidas como el oso pardo además del desmán ibérico y el murciélago grande de herradura, considerados especies vulnerables, según recoge la documentación del mismo

El paisaje constituye otra de las afecciones que el propio promotor califica como moderada. Sus cálculos estiman que los aerogeneradores de hasta 200 metros podrán verse desde el 20,8% del territorio incluido en un radio de estudio de 25 kilómetros. El proyecto se ubica en una zona donde en un radio de 25 kilómetros se contabilizan ya cuatro parques eólicos en funcionamiento, entre ellos Valdelín, El Manzanal y Era del Pico. Por ello, el futuro estudio ambiental tendrá que analizar específicamente los efectos acumulativos y sinérgicos de sumar Calanina a las instalaciones existentes, especialmente sobre el paisaje, los corredores ecológicos y la fauna.

El proyecto de la empresa no recoge la prohibición de instalación de parques eólicos que tiene el municipio de Toreno en su ordenamiento urbanístico y la empresa que ha realizado el informe ambiental, Taxus, también está realizando estudios en la sierra de Gistredo, donde la Justicia y Transición Ecológica han tumbado varios proyectos de parques eólicos por su grave afección ambiental.

Empresa suiza con dinero del otro lado del mundo

La empresa promotora del nuevo parque eólico se denomina Galileo, nacida en el ño 2020 como “plataforma paneuropea de desarrollo de energías renovables y productor independiente de energía”, por el ejecutivo Ingmar Wilhelm y la gestora de infreatestructuras Morrison & Co. Nació como Galileo Green Energy y hace poco tiempo simplificó su nombre a Galileo. La compañía se dedica al desarrollo de proyectos renovables, la venta de electricidad a consumidores finales, la gestión energética y la financiación de proyectos.

Cuenta con el respaldo de cuatro grandes inversores institucionales de Australia y Nueva Zelanda y, en su lanzamiento, recibió un compromiso inicial de capital de 220 millones de euros. Entre sus financiadores están la compañía inversora Infratil Limited (Nueva Zelanda), cotizada en las bolsas de Nueva Zelanda y Australia, con inversiones en renovables, aeropuertos, infraestructuras digitales y sociales. Además está Commonwealth Superannuation Corporation, gestora de fondos de pensiones de empleados y miembros de las fuerzas armadas del Gobierno australiano así como el fondo soberano de Nueva Zelanda, New Zealand Superannuation Fund, creado por el Gobierno para contribuir a financiar el sistema público de pensiones.

Actualmente desarrolla en Europa una cartera que alcanza los 17 GW en energía solar, almacenamiento y eólica terrestre y marina. España se ha convertido en uno de sus mercados relevantes. Según los datos difundidos por la propia empresa en mayo de 2026, Galileo dispone en el país de una cartera de 1,4 GW de proyectos en desarrollo, de los que 700 MW ya cuentan con permisos de acceso y conexión a la red. A estos se añaden otros 1,4 GW vinculados a futuros concursos de capacidad previstos en España. Su estrategia española combina principalmente grandes instalaciones de baterías independientes (BESS), proyectos híbridos fotovoltaicos y parques eólicos, con especial interés por el almacenamiento en grandes áreas de consumo como Madrid y Cataluña.