El Ayuntamiento de Cistierna plantea endurecer las condiciones para la implantación de plantas de biogás y biometano en este municipio de la Montaña Oriental leonesa, después de conocerse un primer proyecto diseñado para el polígono de Vidanes, avanzada por ILEÓN a finales del año pasado, y la inmediata reacción en contra que ha provocado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) daba hoy a conocer el borrador del avance de la modificación n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Cistierna. Un proceso que comienza ahora y de momento se abre a participación pública antes de su aprobación definitiva. La propuesta es poner al día un planeamiento que originalmente data de hace más de 30 años, concretamente de 1993, y que no contemplaba ningún tipo de instalaciones de energías renovables de estas u otras características.

El texto propuesto por el Consistorio, y disponible ya en la Sede Electrónica de Cistierna, pinchando aquí, impone unas condiciones muy restrictivas. Pero hay que tener en cuenta que lo hace a futuro, es decir, que con la legislación española no cabría impedir el impulso de aquellos proyectos que, como el de la empresa Apaycachana-6 SL en el polígono de Vidanes, ya están muy avanzados e incluso con la evaluación de impacto ambiental de la Junta favorable. Otra cosa sería en aquellas alternativas que se planteen tras aprobarse de manera definitiva esta nueva normativa.

Entre las futuras restricciones que Cistierna pretende, destaba el veto completo a la ubicación de estas plantas en suelo urbano y también urbanizable. De este modo, su posible implantación quedaría limitada a las categorías de suelo rústico que lo permitan de manera expresa. Ya para complicarlo aún más, exige que se proyecte en parcelas únicas y de, al menos, diez hectáreas de tamaño. Por otro lado, los proyectos también deberán respetar un retranqueo mínimo de 30 metros respecto a los linderos, acompañado de una pantalla vegetal espesa en su entorno formada por especies autóctonas, para mitigar incluso el impacto visual.

La normativa diferencia entre instalaciones de pequeña capacidad -de hasta 30.000 toneladas anuales de residuos orgánicos-, y plantas de gran capacidad. Las primeras deberán situarse a un mínimo de un kilómetro de cualquier pueblo o núcleo de población o de viviendas residenciales legalmente construidas o con más de 20 años. Para las de mayor tamaño, la distancia exigida aumentaría hasta como mínimo los dos kilómetros.

También se limita la concentración de infraestructuras: no podrán instalarse nuevas plantas a menos de diez kilómetros de otra ya previamente existente, tan sólo con la excepción de que tenga una autorización ambiental expresa, la cual permitiría reducir esa distancia hasta cinco kilómetros de manera excepcional.

Por otro lado, para poder seguir adelante y ser autorizados, las empresas deberán garantizar que al menos el 70% de los residuos que se emplean como materia prima de este tipo de instalaciones, especialmente estiércol animal, procedan de un radio máximo de 15 kilómetros a la redonda. Se trata, explica la normativa, de primar un abastecimiento local y reducir los desplazamientos, y por lo tanto la contaminación.

Los promotores también deberán acreditar obligatoriamente que cuentan con accesos y vías interiores capaces de soportar el tránsito de vehículos pesados sin deteriorar los caminos rurales ni agravar el tráfico local. Y finalmente, la nueva propuesta urbanística obliga a estudiar los impactos acumulativos de estas actividades en el entorno y a cumplir la normativa sectorial en materia de residuos, sanidad, olores, emisiones y protección del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, como por otra parte evalúan las declaraciones de impacto ambiental.

El físico investigador del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Antonio Turiel compartirá este jueves, 13 de agosto, una mesa redonda con el doctor en Geología Antonio Aretxabala y el biólogo de la Universidad de Oviedo Hugo Robles en un acto en defensa de la Montaña Leonesa que tendrá lugar en el Cine Mary de Cistierna. La cita es a las 19.00 horas.

Asociación Esla Vida, ARBA, CGT-León, Coordinadora en Defensa del Territorio, Espacio Apoyo Mutuo o Colapso, Plataforma Lodos NO, Plataforma Payuelo Libre y Plataforma por la Vida de la Montaña Oriental Leonesa son los grupos organizadores de este acto, que también podrá seguirse en YouTube a través del siguiente enlace.

La intención de los convocantes es poner sobre la mesa del debate lo que consideran como “peligros que amenazan” a la Montaña Central y la Montaña Oriental Leonesa desde “la minería de fosfatos” a “los proyectos de pantanos de bombeo reversible en el de Riaño” y “un nuevo embalse en el Curueño” hasta “la biomasa y los proyectos de biometano”.

Una nueva macroplanta solar cobra forma y avanza ya de modo imparable en la Montaña Central de la provincia de León. Ese impulso definitivo llega de la mano de la Junta de Castilla y León, que en apenas medio año ha declarado de utilidad pública el proyecto fotovoltaico Roblasun 2, promovido por la sociedad Roblasun 2, perteneciente a la compañía Ignis Group, un productor independiente de energía español, en el municipio de Rioseco de Tapia.

La decisión blinda el proyecto definitivamente y permite activar los trámites de expropiación forzosa y la imposición de servidumbres sobre todos los terrenos necesarios para ejecutar la instalación. La resolución llega después de que el proyecto superara los trámites de autorización administrativa y construcción y de que la promotora acreditara acuerdos con más de la mitad de los propietarios afectados, tras iniciarse el proceso en enero de este mismo año.

El expediente contempla una superficie total afectada de 1.591.117 metros cuadrados de extensión, lo que es lo mismo, 159,1 hectáreas, correspondiente a la suma de 427 parcelas particulares incluidas en el ámbito del proyecto. De ellas, 238 parcelas, el 55,74% del total, ya cuentan con acuerdos previos entre la empresa y sus propietarios, mientras que quedan 189 parcelas sin acuerdo. Es sobre estas sobre las que la declaración de utilidad pública permite establecer la necesidad 'a la fuerza' de ocupación o el paso de servicios e instalaciones.

La declaración de utilidad pública supone, por tanto, un nuevo paso administrativo para un proyecto que ya obtuvo la autorización administrativa previa en abril de 2023 y de construcción en 2024. La resolución establece la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y permite continuar con el procedimiento expropiatorio de las fincas que todavía no han sido objeto de acuerdo.

El expediente ha estado sometido a información pública, periodo durante el cual los titulares de los terrenos afectados formularon alegaciones y objeciones a la ocupación de sus propiedades. La documentación recoge la contestación técnica de la empresa promotora a estas alegaciones y el resultado de las gestiones realizadas para alcanzar acuerdos con los propietarios.

El listado de bienes y derechos afectados muestra, además, que el procedimiento no se limita a terrenos de carácter particular. Entre las parcelas incluidas figuran seis propiedades del propio Ayuntamiento de Rioseco de Tapia, otras cuatro pertenecientes a la Junta Vecinal del pueblo de Espinosa de la Ribera y tres de la Junta Vecinal de Rioseco de Tapia. También aparece una parcela vinculada incluso a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista León-Asturias AP-66, que transcurre cerca de donde se desarrollará la macroplanta.

Una planta con más de 110.000 paneles solares

Roblasun 2 es uno de los grandes proyectos solares previstos en Rioseco de Tapia. La instalación contará con 110.970 módulos fotovoltaicos de 450 Wp, con una potencia pico total de 49,93 MWp y una potencia nominal de 41,66 MVA.

La infraestructura dispondrá además de 11 centros de transformación y 19 inversores de 2.500 kVA. La electricidad generada será evacuada mediante tres líneas subterráneas, con una longitud conjunta superior a los 20 kilómetros, hasta la subestación SET Rioseco 132/30 kV, recoge la documentación.

Roblasun 2 forma parte, además, de un conjunto de tres proyectos fotovoltaicos promovidos en Rioseco de Tapia por sociedades vinculadas a Enagás, junto a Roblasun 1 y Roblasun 3. En conjunto, las tres iniciativas plantean ocupar más de 500 hectáreas de terreno y representan una inversión estimada superior a los 80 millones de euros, aunque estos dos últimos llevan trámites menos avanzados por el momento.

La tramitación de estos proyectos ya generó en su día oposición entre colectivos agrarios, ecologistas y vecinos de la zona, que han cuestionado en fases anteriores aspectos relacionados con el cambio de uso de terrenos agrícolas, el impacto ambiental y sobre la actividad apícola, la fragmentación de las iniciativas -ya que si superan los 50 megavatios ya no tramita la Junta sino el Ministerio- y la inclusión de parcelas cuyos propietarios no habrían autorizado inicialmente su utilización.

La declaración de utilidad pública de Roblasun 2 supone ahora un avance decisivo en su tramitación, al permitir que las fincas para las que no se ha alcanzado un acuerdo voluntario puedan quedar sometidas al procedimiento de expropiación forzosa o de imposición de servidumbres.

La línea de alta tensión para evacuación de energía de numerosos parques de energía renovable, tanto eólicos como solares, entre las provincias de León y Palencia, el llamado Nudo Luengos, avanza inexorable en su tramitación, iniciada hace casi cuatro años. Y ahora toca el turno a blindar las expropiaciones de terrenos necesarias, que de manera mucho más amplia afectarán al municipio leonés de Sahagún.

La Junta de Castilla y León ha publicado una corrección de errores relativa al proyecto de infraestructura eléctrica asociado al Nudo Luengos. Un anuncio que ha replicado también el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), actualizando el expediente de autorización administrativa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de un conjunto de líneas de alta tensión destinadas a evacuar y centralizar la producción energética de varios macroparques.

El expediente se enmarca en la tramitación iniciada en 2023, cuando se sometió a información pública el proyecto. La nueva publicación no altera el alcance general de la actuación ni los municipios incluidos en el trazado (en León son los de Santas Martas, Villamoratiel de Las Matas, El Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún), pero sí corrige de forma relevante la relación de bienes y derechos afectados en la provincia leonesa.

El coste total de ejecución de toda la infraestructura que recoge el proyecto se eleva a 24,4 millones de euros, correspondiendo casi la mitad (12,7) a la línea principal entre Carrión (Palencia) y Luengos (Santas Martas, León). Está impulsado por el Grupo Lamelas, vinculado al conocido empresario minero Manuel Lamelas Viloria, en concreto a través de la sociedad Comunes Luengos SL pero que inicialmente impulsó Erbienergía Inversiones SL.

Asaja: del 'no' al 'sí' y ahora a la “aberración”

En su momento, el proyecto contó con una frontal oposición inicial en 2021 del sindicato agrario Asaja, por el hecho de que el diseño de la nueva línea eléctrica, que sumaría 36 kilómetros en total en la provincia leonesa, afectara de manera directa y perjudicial nuevos regadíos modernizados en la zona leonesa de Payuelos, compensación de la construcción en su día del pantano de Riaño. Un rechazo que pronto se reconvirtió en apoyo, dos años después, cuando, según zanjó la Evaluación de Impacto Ambiental favorable de la Junta, los promotores cambiaron el tendido de aéreo a subterráneo, al menos en la parte que afectaba a la provincia de León y en todos los regadíos mencionados, evitándose así la colocación en la zona de 115 grandes torres metálicas, según se aseguró entonces. Sin embargo, ahora el sindicato ha vuelto a rechazar frontalmente el proyecto, calificándolo de “aberrante”.

Ahora, se detalla que la actuación en el Nudo Luengos comprende tres líneas de alta tensión -L1, L2 y L3-, que combina tramos subterráneos y aéreos, además de los correspondientes centros de seccionamiento. Su finalidad es transportar la electricidad procedente de instalaciones eólicas hasta el punto de conexión previsto, una infraestructura que requiere la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la expropiación forzosa u ocupación urgente de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no haya acuerdo previo. La expropiación vendrá permitida de manera automática precisamente cuando se declare “de utilidad pública” en el trámite actual.

La afección en Palencia

Además de los siete municipios afectados en León, ya mencionados, en Palencia el expediente incluye los términos de Moratinos, Lagartos, Ledigos, Villarrabé, Bustillo del Páramo de Carrión, Villaturde, Carrión de los Condes, Calzada de los Molinos, Villamuera de la Cueza, Paredes de Nava, Perales, San Mamés de Campos, Villasarracino y Villaherreros.

La corrección de parcelas afectadas por esa previsible expropiación pendiente reduce de manera sustancial la afección territorial inicialmente prevista en la provincia de León. El número de parcelas pasa de 188 a 123, es decir, 65 menos. La superficie total afectada baja de 319.116,03 metros cuadrados a 182.371,55 metros cuadrados: una disminución de 136.744,48 metros cuadrados, equivalente al 42,8% de la ocupación inicialmente contemplada. Cerca de la mitad menos.

Sahagún concentra casi la mitad

El Ayuntamiento de Sahagún continúa siendo, con diferencia, el municipio leonés más condicionado por el proyecto. En la versión corregida concentra 120.749,94 metros cuadrados afectados, el 66,2% de toda la superficie incluida en la provincia de León. La cifra sitúa al municipio como el principal foco territorial de una infraestructura que atraviesa el sur y el este de la provincia antes de prolongarse hacia Palencia y proveniente de la localidad de Luengos, en el municipio de Santas Martas.

La información pública mantiene ahora abierto un plazo de treinta días para que las personas interesadas puedan consultar el expediente (disponible pinchando aquí en este mes de agosto y algunos días de septiembre de 2026) y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El anuncio constituye, por tanto, un nuevo hito dentro de un procedimiento abierto desde 2023, ahora con una delimitación más reducida de los terrenos afectados, pero con Sahagún aún como punto central de la futura línea de alta tensión eólica.

Aquí dejamos la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León del trámite de autorizaciones y declaración de utilidad pública del Nudo Luengos, con detalle de las parcelas a a expropiar.

La organización agraria Asaja León ha cargado con dureza contra el proyecto de la gran línea eléctrica de alta tensión que pretende transportar hasta la subestación de Luengos, en el municipio leonés de Santas Martas, la energía generada por tres parques eólicos situados en la provincia de Palencia. La organización califica de “aberrante” la infraestructura y anuncia que presentará alegaciones.

La crítica llega apenas una semana después de que se conociera el proyecto, que contempla la construcción de una línea de 61,66 kilómetros entre el centro de seccionamiento de Carrión, en Villaturde (Palencia), y la subestación transformadora de Promotores Luengos, desde donde la electricidad se inyectará en la red de transporte de Red Eléctrica. La actuación, promovida por Comunes Luengos S.L., sociedad vinculada al grupo berciano Erbienergía de los Lamelas Viloria, implica la declaración de utilidad pública de la infraestructura y, con ella, la posibilidad de expropiar terrenos y establecer servidumbres de paso en decenas de fincas de León y Palencia.

Asaja sostiene que “no tiene” ese supuesto interés público. A su juicio, la línea responde exclusivamente “al ánimo lucrativo de sus promotores” y a la búsqueda del punto más barato para evacuar la electricidad generada en Palencia, utilizando para ello la subestación de Luengos. La organización recuerda que León ya produce más energía de la que consume y considera que la provincia asume el impacto de una infraestructura que, asegura, “no genera riqueza ni empleo local”.

“La provincia recibe una infraestructura que no se quiere en otros territorios, que genera una energía que no necesitamos, que perjudica a los propietarios de fincas rústicas y a quienes las cultivan y que, además, tiene un fuerte impacto ambiental”, resume la organización agraria en su comunicado.

El foco, en las tierras de Payuelos

Uno de los principales argumentos de Asaja se centra en la afección sobre la zona regable de Payuelos, por donde discurrirá parte del trazado. La organización recuerda que ya durante la tramitación ambiental presentó alegaciones para evitar que la línea cruzara esta zona y consiguió, como “mal menor”, que el tramo afectado se ejecutara finalmente de forma subterránea.

Según la organización, la documentación sometida a información pública identifica 276 parcelas agrícolas de la provincia de León, la mayoría procedentes de procesos de concentración parcelaria y muchas de ellas de regadío modernizado, sobre las que recaerán servidumbres de paso, apoyos o ocupaciones temporales.

Además, critica que el expediente no concrete cuánto tiempo durarán esas ocupaciones temporales, qué indemnizaciones recibirán los propietarios ni qué compensaciones corresponderán a los agricultores que cultivan esas tierras en régimen de arrendamiento. Por ello, confirma que presentará alegaciones dentro del plazo de treinta días habilitado por la Junta.

Una línea de más de 60 kilómetros con expropiaciones

El proyecto prevé una línea de alta tensión de 132 kilovoltios y 61,66 kilómetros que atravesará seis municipios de la provincia de León: Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún, además de otros quince términos municipales de Palencia.

La infraestructura permitirá evacuar la producción de tres parques eólicos de 48 megavatios cada uno, con una potencia conjunta de 144 MW, mediante una red que combina tramos aéreos y soterrados antes de conectar con la subestación de Luengos.

Asaja enmarca esta oposición dentro de una reivindicación más amplia para que el nuevo Gobierno autonómico proteja el suelo agrícola más productivo frente a la proliferación de parques renovables y de sus infraestructuras de evacuación. La organización lamenta que, a su juicio, ni la Junta de Castilla y León ni el Estado hayan priorizado hasta ahora los intereses de los agricultores frente a este tipo de proyectos.

La Junta ha formulado la declaración de impacto ambiental favorable al 'proyecto regional' Villadangos Green, una iniciativa cuestionada por Ecologistas en Acción, que llegó a tachar de “delirante” su conexión con el también 'proyecto regional' La Robla Green, ambos promovidos por el grupo Reolum. El plácet, condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones, proviene ya de la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del Gobierno autonómico, según publica en su edición de este miércoles el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

Villadangos Green consta de una planta para la fabricación de hidrógeno con capacidad de 200 MW (megavatios) de electrolisis y una producción anual estimada de 28.800 toneladas, una planta para la fabricación de 140.000 toneladas/año de metanol y dos conducciones de más de 36 kilómetros (un ceoducto y un hidroducto) para el transporte de hidrógeno y CO2, que conectarán la nueva instalación del polígono industrial de Villadangos del Páramo con el sector El Crispín, donde la misma empresa promueve el Proyecto Regional La Robla Green, ya ha autorizado.

La promotora es Villadangos Nueva Energía SL, del grupo Reolum, compañía española creada en 2019 por Fernando Muñoz y Yann Dumont, centrada en la generación de energías renovables y el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, e-metanol y biomasa. Su objetivo, según la firma, es “impulsar la transición energética desde una perspectiva rentable y sostenible”.

Las conducciones diseñadas para conectar Villadangos Green con La Robla Green atravesarán también otros seis municipios leoneses: Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen (el plan inicial pasaba por la expropiación de casi 300 fincas). Las plantas de Villadangos ocuparán una superficie de alrededor de 150.000 metros cuadrados y requerirán un consumo anual superior a 1,65 millones de metros cúbicos de agua procedente de la red de abastecimiento de la ampliación del polígono industrial.

Precisamente la ubicación de este proyecto en el polígono industrial, una “zona ya muy transformada” por la presencia de naves e infraestructuras de transporte, hace que “el impacto sobre paisaje será limitado”, señala la declaración del Bocyl, que hace algunas advertencias: avisa de que el trazado de tuberías podría interferir con la planta fotovoltaica 'El Monte', al tiempo que recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados “procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición” en sustitución de áridos naturales.

La aprobación ambiental no supone todavía la autorización definitiva de Villadangos Green, que deberá obtener el resto de permisos sectoriales y ambientales exigibles.

Varias organizaciones ecologistas han exigido frenar el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica reversible de bombeo llamada Valdepiélago, en el Valle del Curueño, en la montaña de León. Se trata de una infraestructura que han calificado de “atentado medioambiental” porque destruiría un valle que es Reserva de la Biosfera, además de una zona de alto valor paisajístico, geológico y hogar de varias especies amenazadas.

La iniciativa, impulsada por los colectivos Defensa del Territorio, la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida) y ARBA León-Bierzo, ha surgido tras el anuncio del Gobierno sobre un proyecto que actualmente se encuentra en fase de evaluación técnica para su integración en las redes eléctricas europeas.

El proyecto estima el uso de 1.300 litros por segundo máximo de consumo, que equivaldría a casi una quinta parte del caudal medio del río Curueño. La sociedad peticionaria, Bubión Partners SL, está vinculada a un exdirectivo del gigante energético Abengoa que promueve otra similar en Garoña, Burgos. Es una más de las muchas que se tramitan actualmente en la provincia, varias de ellas vinculadas al agua de antiguas explotaciones mineras y, por lo tanto, con cuantiosos fondos públicos disponibles.

Este tipo de centrales de bombeo constan de dos embalses y funcionan como una gran batería en la que el agua se bombea al depósito superior utilizando el exceso de producción de energía eólica o fotovoltaica de la zona y se turbina de vuelta al inferior para generar electricidad en los momentos de mayor demanda, una operación que, según han apuntado las organizaciones, se realizaría a un precio que duplica el habitual.

El bombeo, han afirmado, puede parecer una tecnología “sensata” pero carece de sentido en esta ubicación debido al irreversible impacto ecológico que comportaría. Se trata, recuerdan, de un entorno que combina masas maduras de hayas, abedules y robledales con formaciones calizas, integrado en la Red Natura 2000 y que cuenta con varias Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 13 lugares de interés geológico.

Su construcción, han alertado, provocaría la desaparición de numerosas especies protegidas puesto que este valle alberga actualmente a dos especies animales en peligro de extinción y ocho vulnerables, además de tres incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.

Entre la fauna afectada se encuentran 17 de las 29 especies de murciélagos de la península ibérica, aves rapaces, el tritón alpino e ibérico, el lobo, la nutria, el gato montés, el rebeco, el águila real, el buitre leonado y el halcón.

Asimismo, el entorno es el hábitat de dos especies exclusivas de la Cordillera Cantábrica como son la perdiz pardilla y la liebre de piornal y una zona crítica para el oso pardo, al actuar como nexo de unión indispensable entre las poblaciones occidental y oriental de la cordillera.

El 'defensor del pueblo' autonómico, Procurador del Común de Castilla y León, tramitó durante el pasado año un total de 6.267 expedientes, frente a los 5.886 del año anterior, impulsado principalmente por las reclamaciones relacionadas con una planta de incineración de biomasa como epicentro de la Red de Calor de la Junta en León capital, que acapararon casi la mitad de las quejas (cerca de 3.000), y por la reducción de consultas de Pediatría en el centro de salud de Cistierna.

El informe anual de la institución, entregado este viernes por el Procurador del Común en funciones desde hace años, Tomás Quintana, al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, refleja que de esos 6.267 expedientes, 4.078 correspondieron a 17 quejas múltiples, es decir, reclamaciones presentadas por numerosos ciudadanos sobre un mismo asunto.

De ahí que la actuación que generó un mayor volumen de expedientes fue la oposición al proyecto de instalación de la macroplanta de incineración de la llamada Red de Calor del barrio leonés de Puente Castro, con una instalación de quema de biomasa, nitrógeno verde y placas solares. Sólo esta iniciativa, con gran contestación vecinal del sur de la ciudad, motivó 2.962 reclamaciones.

Curiosamente, esta iniciativa se archivó al haber tenido conocimiento la institución de que se habían interpuesto recursos judiciales, contencioso-administrativos, tanto frente a la concesión demanial de los terrenos por el Ayuntamiento a la empresa pública Somacyl como frente a la declaración de la Junta como Proyecto de Interés Regional y a la autorización ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Es decir, que las casi 3.000 quejas se quedaron finalmente en nada.

Fue seguida en segundo lugar por las 476 relacionadas con la gran protesta social de la reducción de consultas de Pediatría en Cistierna, en la Montaña Oriental de León. También destacaron las 248 quejas por la limpieza de fincas y solares en Marugán (Segovia) debido al riesgo de incendios, así como diversas reclamaciones vinculadas a procesos de reclasificación profesional de empleados públicos.

Gran presencia de Castrocalbón

Más allá de las reclamaciones ciudadanas, el Procurador del Común inició 143 actuaciones de oficio, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por contaminación por nitratos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Buena parte de ellas se produjeron por un goteo de asuntos diferentes en el municipio de Castrocalbón, también en la provincia leonesa.

Entre las iniciativas destacadas figuran actuaciones para mejorar las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida, la adaptación de aseos públicos para personas ostomizadas y el análisis de la futura gestión de residuos procedentes de instalaciones fotovoltaicas cuando alcancen el final de su vida útil.

Por áreas, la Administración local volvió a concentrar el mayor número de quejas, con 504, seguida de Fomento (294), Empleo Público (238), Sanidad y Consumo (230) y Medio Ambiente (223).

El informe también refleja que la institución dictó 1.333 resoluciones durante el pasado ejercicio. De ellas, 1.103 incluyeron recomendaciones o sugerencias a las administraciones afectadas, con un grado de aceptación del 84,39 %, una cifra similar a la registrada en ejercicios anteriores.

La Consejería de Sanidad volvió a ser el departamento autonómico que acumuló más reclamaciones, con 259, seguida por Educación (148) y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (97). El informe será debatido en un próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León en una fecha aún por determinar, una vez que tome posesión el nuevo Gobierno.

La planta de fabricación de metanol de La Robla incrementa su capacidad productiva (de 100.000 a 140.000 toneladas al año), al tiempo que duplica la potencia de la caldera de biomasa que suministra calor al proceso (de 15 a 30 megavatios). Son los dos principales cambios de la modificación sustancial de la instalación solicitada por el proyecto La Robla Green y autorizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, según publica en su edición de este lunes el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

La Robla Nueva Energía es la planta de producción de metanol verde (e-metanol), que complementa a Roblum, de generación de energía eléctrica renovable a partir de biomasa, dentro del proyecto La Robla Green. Los promotores solicitaron en mayo de 2025 una serie de modificaciones. Y el Gobierno autonómico da ahora su conformidad.

Además de los incrementos de la capacidad productiva y de la potencia de la caldera de biomasa, el proyecto incluye ahora la instalación de un nuevo oxidador térmico para la combustión de los gases residuales del proceso, que funcionará en continuo, mientras se mantiene la antorcha sólo para casos de emergencia.

La modificación sustancial ahora aprobada también implica la adopción de cambios en la disposición de las instalaciones y equipos en planta, así como aumentos de la capacidad de diversos tanques con el consecuente incremento de la producción y en el consumo de recursos y materias primas y en la producción de residuos, como el fusel oil.

El caso es que el visto bueno a la modificación sustancial redobla la relevancia de la planta de metanol verde, anunciada ya en su día como la más grande de Europa. A su vez, el proyecto La Robla Green está llamado a la reactivación económica de una zona afectada por el cierre de su central térmica, derivado del final de la minería del carbón.

Una nueva polémica, de un calado muy diferente a los habituales, como por ejemplo los de carácter medioambiental, se cierne sobre las obras preparatorias del proyecto de la llamada Red de Calor que ejecuta desde hace meses la Junta de Castilla y León junto al cementerio de León. Se trata de la zona elegida por la empresa pública Somacyl para comenzar a desarrollar la macroplanta de incineración de combustible vegetal, que se completará con otra de nitrógeno y una planta de placas solares en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital leonesa.

Desde finales del año pasado, y por un valor de 7,6 millones de euros, en una gran superficie de 23,8 hectáreas llevan trabajando las máquinas de la unión temporal de empresas (UTE) que se alzó con ese contrato inicial y preparatorio, una UTE denominada 'Red de Calor León' que conforman las empresas Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras.

En espera de los dos millonarios proyectos que acaban de licitar a mayores la empresa pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente para construir la obra civil completa que levante todo el complejo energético previsto, que suman otros 62 millones de euros a mayores, estas compañías llevan meses realizando movimientos de tierras, desmontes, varios kilómetros de caminos, zonas de acopio de material, e incluso dotando ya a la zona de servicios de canalización subterránea iniciales.

El Soto de Santa Olaja, que es como se denomina el emplazamiento para el complejo energético de la Red de Calor, forma un gran triángulo delimitado por uno de sus lados por el cementerio municipal de la capital leonesa, con el que lindará en concreto la central de biomasa, así como por los ríos Bernesga y Torío y la Ronda Sur de León LE-30.

ILEÓN ha podido comprobar a través de varias imágenes que en una de las zonas de movimientos de tierras han aparecido varios restos de material funerario. En un montículo con abundante material se aprecia por ejemplo una pesada cruz de piedra que se encuentra completa. Pero no es el único resto que parece proceder del camposanto municipal de la ciudad: En la zona se aprecian restos de lápidas, algunas muy fracturadas pero otras más completas y reconocibles. También asoman piedras labradas de sepulturas e incluso de panteones. Todo ello forma un conjunto elevado en una zona de desnivel pronunciado.

Por el emplazamiento donde se encuentra esta zona, el lugar coincide sin lugar a dudas con una zona de trabajo de las empresas contratadas por la Junta a través Somacyl, está dentro de la zona de obra acotada. Pero lo que no se puede apreciar sobre el terreno es si la acumulación de todo este material tanatorio era algo presente en ese punto de manera previa a la contratación e inicio de los trabajos a la UTE Red de Calor León o si ha sido fruto de las labores de las compañías contratadas por Somacyl.

Los ecos del talado masivo de árboles

Este nuevo escándalo se suma al que ha adquirido gran repercusión la semana pasada al desvelarse el talado masivo de árboles en el entorno del cauce del río Torío. Se trata de la zona elegida por la Junta de Castilla y León para construir una pasarela sobre el río por la que discurrirán los grandes tubos de transporte de calor desde la macroplanta de incineración de biomasa forestal de la Red de Calor hacia el subsuelo de los barios de la ciudad a los que llegará toda la canalización subterránea prevista, de casi 30 kilómetros sólo en la primera fase.

Ese gran desbroce y tala de ejemplares valiosos se extiende prácticamente en 1.000 metros cuadrados, según recoge la documentación oficial del proyecto y en concreto la evaluación de impacto ambiental, un informe finalmente favorable que la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta se otorgó a sí misma hace un año, ya que quien lo ejecuta, Somacyl, también pertenece a la consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Vallado y corte de la senda peatonal

Apenas dos días después de saltar el escándalo, que ha producido ya numerosas voces críticas que se han sumado a las habituales de los vecinos de las asociaciones de los barrios más próximos a la Red de Calor, Puente Castro y La Lastra, la empresa ya ha comenzado a preparar el inminente vallado de la zona. Un amplio vallado (montaje en la foto superior) que impedirá pronto el paso de cualquier persona ajena a la obra por las inmediaciones de este futuro punto de paso de río Torío, donde se construirá la pasarela de 82 metros de largo y 5,90 de ancho, y que obligará a dar un amplio rodeo a los miles de paseantes y ciclistas que utilizan la senda peatonal de La Lastra, entre La Candamia y la plaza de toros de la ciudad.

La Junta de Castilla y León, arropada por el Ayuntamiento de León, insisten en las bondades ambientales que supondrá la polémica construcción en el sur de la capital de la llamada Red de Calor, es decir, macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno verde y un 'mar' de placas solares junto al cementerio leonés. Hace apenas una semana que la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Somacyl, licitó en dos contratos por un valor total de 62 millones de euros de la primera fase de construcción, que incluye la planta de combustión vegetal y casi 30 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará. También es reciente la concesión de la licencia final por parte del Consistorio.

Sin embargo, hay un contrato poco conocido de hace sólo medio año que ha permitido ir adelantando a buen ritmo todos los trabajos preparatorios en la zona, toda la urbanización del emplazamiento elegido. Son labores que suponen el desbroce y movimiento de tierras, así como talas, de un total de 23,8 hectáreas en el gran triángulo que albergará todo el complejo energético, situado entre el cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío. Ese contrato Somacyl lo adjudicó en noviembre, por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) y recayó en una unión temporal de empresas formada por tres compañías: Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras. El nombre de la UTE no esconde el proyecto para el que trabajan: Se llama 'Red de Calor León'.

El avance de la urbanización en la zona es tal que ha saltado el primer gran escándalo, visible ya en ambas márgenes del río Torío: la tala masiva de árboles. Se trata del lugar exacto donde se ha diseñado una pasarela para salvar el obstáculo de ese cauce fluvial. El nuevo 'puente', publicado ya hace años por ILEÓN, será una estructura metálica de casi 82 metros de larga con un ancho de 5,90 y se aprovechará dos de esos metros para que también sea de paso peatonal.

La pasarela arrancará exactamente tras las gradas del campo de fútbol del área deportiva de Puente Castro y se dirigirá en el otro lado de la ribera hacia el Paseo del Parque, en La Lastra, por donde ya discurrirán las grandes tuberías subterráneas justo entre el Coto Escolar y el centro de Autismo León.

Hace días que las empresas vienen realizando esa tala, señalando los ejemplares a desaparecer y amontonando los troncos ya cortados. Se aprecia un gran corte de la línea de bosque de ribera en ese tramo final del Torío, y es que la extensión de la tala es enorme. La cifra de la superficie afectada es oficial y aparece en el informe favorable de impacto ambiental que Medio Ambiente se concedió ' a sí mismo' -porque también promueve el proyecto, hace exactamente un año, en junio de 2025.

Interés comunitario: sauces, álamos y olmos

Según el informe, se están talando en total sólo en este punto casi 1.000 metros cuadrados de arbolado (984 concretamente). Entre los ejemplares, la mayoría son además de tres especies muy sensibles, como son los llamados Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, es decir, catalogados como valiosos bosques de galería. Se trata de ejemplares de Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo blanco) y en menor medida Ulmus minor (olmo común).

El informe favorable resalta que este punto en el que se corta toda la vegetación para construir la pasarela no está dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), aunque sí vincula de 'Riberas del río Esla y afluentes'. También se tilda de “permanente” el impacto de las talas pero finalmente la Junta lo cataloga como una especie de mal menor: “Irreversible pero recuperable”. Esa recuperación a la que Medio Ambiente se aferra se refiere a una futura medida de compensación que refleja que en este mismo punto se reforestará con el doble de superficie cuando la obra acabe: 2.000 metros cuadrados de vegetación de ribera.

También remarca que ya se sabía que esta actuación sería la mayor afección, aunque no la única en la amplia zona de trabajo: en total, el proyecto contempla el desbroce de las 23,8 hectáreas de terreno, de las cuales 31.050 metros cuadrados corresponden a arbolado y otros 191.480 afectan a zonas de herbazal-matorral con arbolado disperso.

Voces críticas vecinales

Todo esto son datos y son oficiales. Pero el escándalo es simplemente visual, basta con pasear por la zona y observar el paisaje ya talado. Por eso, ya se han elevado las primeras voces poniendo el grito en el cielo. La Asociación Vecinal Barrio de La Lastra, que junto con la de Puente Castro encabezan las protestas contra el macroproyecto autonómico, cargan también contra el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la que acusan de aplicar un “doble rasero” en función de quién promueva las actuaciones en el entorno fluvial.

Denuncian que mientras el organismo “machaca” a pueblos y agricultores por intervenciones o usos del agua, en este caso “mira para otro lado” ante una infraestructura vinculada, sostienen, a intereses “poderosos”, en referencia al “señor Quiñones -consejero de Medio Ambiente y máximo responsable de Somacyl- y su amigo, nuestro alcalde, José Antonio Diez”. Y cuestionan especialmente que se permita la implantación de lo que consideran una “industria contaminante” junto a los ríos Bernesga y Torío, la extracción de “millones de litros de agua”, el vertido de residuos al cauce y la tala de árboles de ribera. Por todo ello, ambos barrios han convocado una nueva manifestación el próximo 10 de junio que volverá a confluir en el centro de la ciudad, ante el Ayuntamiento, para volver a protestar por el avance de esta infraestructura.

ILEÓN ha solicitado a la Confederación información oficial sobre la solicitud de permisos, sus condiciones y los solicitantes para esta amplia actuación fluvial, no sólo de talas sino incluso de taponado del cauce del río para el paso de maquinaria pesada, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Instalaciones energéticas de la provincia de León recibirán cerca de 10 millones de euros en ayudas públicas para proyectos de modernización de instalaciones renovables, dentro de la segunda convocatoria del programa estatal REPOTEN 2 impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica.  

La principal actuación corresponde a la repotenciación eólica del parque ‘El Redondal’, en Castropodame, que contará con una ayuda de 7,69 millones de euros para una inversión subvencionable de 69 millones. El proyecto prevé una potencia de 47,6 MW y almacenamiento asociado de 23,8 MWh.  

En la montaña leonesa también recibirán financiación dos proyectos hidroeléctricos ligados al río Porma. La renovación de la minicentral hidroeléctrica de Ambasaguas, entre Vegaquemada y Santa Coloma de Curueño, obtendrá cerca de 498.529 euros de ayuda pública para una inversión de 1,3 millones de euros. La minicentral hidroeléctrica de Lugán, también en municipio de Vegaquemada, contempla una repotenciación de generación de 0,78 MW y un sistema de almacenamiento asociado de 1,6 MWh. La ayuda propuesta alcanza los 285.848 euros. 

Además, el Ministerio incluye tambiñen entre los proyectos seleccionados la modernización del salto de Orallo, en Villablino, dentro de la línea de renovación de infraestructuras hidroeléctricas, con 175.000 euros de ayuda, y la central hidroeléctrica de Cordiñanes, en Posada de Valdeón, que contará con una ayuda de 288.192 euros.

El programa REPOTEN 2 reparte 512 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation para sustituir infraestructuras antiguas por tecnologías más eficientes y con menor impacto ambiental. Entre las mejoras previstas figuran sistemas de automatización, almacenamiento energético y medidas ambientales como pasos piscícolas o restauración de hábitats.   

Ajena a protestas vecinales, al margen de denuncias ambientales y a recursos judiciales en marcha, la Junta de Castilla y León ha dado el paso definitivo para la ejecución del complejo de plantas energéticas de incineración y solares en el sur de la ciudad de León, bajo el nombre de Red de Calor.

Lo ha hecho sacando a licitación pública los dos primeros y más cuantiosos contratos, por un valor inicial conjunto de casi 62 millones de euros, y con plazos de ejecución de dos años, 24 meses, cada uno de ellos, a contar desde que se hayan elegido las empresas que se contratarán por parte de la llamada 'Junta B', la sociedad pública Somacyl que depende de la Consejería de Medio Ambiente. La ingente cantidad de dinero de lo que será de largo la mayor inversión de la Junta en la ciudad y la provincia provendrá en gran medida de fondos europeos destinados al plan de Transición Justa, es decir, fondos mineros en principio para la compensación por el cierre de la minería del carbón en la provincia.

El primero de los contratos, el mayor, será el del corazón mismo del proyecto, la macroplanta de incineración de biomasa de origen vegetal, un complejo de dos inmensas calderas que tendrán capacidad para convertir en energía calorífica hasta 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. La Consejería destaca su beneficio con una cifra: que permitirá evitar la emisión de más de 35.000 toneladas de CO₂ al año.

Su coste de salida dado hoy a conocer es de 41.722.860 euros. Se ha elegido la parcela cedida por el Ayuntamiento de León, no sin polémica aún, y en total ocupará un complejo de 24 hectáreas junto al río Bernesga, lindando con el cementerio de León y la Ronda Sur LE-30, en el barrio de Puente Castro. En esta primera fase, explica hoy la Junta en un comunicado, se instalarán dos calderas de biomasa de última generación de 22.000 kW de potencia térmica cada una, es decir, sumando una potencia total de 44 Mw, si bien se ha diseñado una segunda fase posterior que duplicará esto hasta alcanzar los 88 Mw.

“La central utilizará como combustible astilla forestal de origen sostenible, procedente del aprovechamiento de recursos forestales, favoreciendo así la actividad económica y el empleo en el medio rural, al tiempo que contribuye a la prevención de incendios forestales mediante la gestión de la biomasa”, remarcan en una suerte de beneficio circular. Un beneficio que culminan con cifras como que ese corazón de calor suministrará calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas de la ciudad y 150 edificios públicos y privados de la ciudad, y que si las comunidades previstas se 'enganchan', insiste Medio Ambiente, supondrá el fin de más de 1.200 calderas y chimeneas que hoy son de gas o gasóleo.

Los tuberías por los barrios, las calles concretas

Ahí entra el segundo contrato millonario: la primera fase de la red de tuberías subterráneas que han de llevar ese calor por buena parte de la ciudad, casi hasta las puertas del centro mismo pero de momento sin entrar en él. Ese segundo contrato suma otros 20.204.119 euros de licitación, igualmente dos años de obras para prácticamente 28 kilómetros de canalizaciones enterradas de ida y de retorno del calor. La red anunciada en su día sumaba unos 65 kilómetros en total, pero serán fruto de fases posteriores de extensión por la capital. De momento se centrarán sólo en barrios como La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana, Polígono 10, El Ejido, La Granja y La Lastra que junto al propio Puente Castro son los que abanderan la protesta social creciente contra este proyecto.

En detalle, tras sortear el río Torío con la construcción de una nueva pasarela que lleve las condiciones, la red provincial de tuberías irá por zonas como el Paseo del Parque, la calle Los Aluches, la plaza de la Unión Europea y la avenida José Aguado, continuando posteriormente por Octavio Álvarez Carballo (El Corte Inglés), Santa Ana, Pendón de Baeza o la Avenida Real.

Desde la central de generación partirá el ramal estructural principal de la red, configurado como una conducción bitubular de transporte de energía térmica de diámetro nominal DN800. Este eje principal comenzará en el barrio de La Lastra y recorrerá distintos puntos de la ciudad a través

A partir de este ramal principal se desplegarán diferentes ramales secundarios y de distribución que permitirán extender el servicio a los barrios de La Lastra, La Chantría, Las Labiadas, Santa Ana y Polígono 10, alcanzando en esta primera fase también los sectores de El Ejido y La Granja. El desarrollo posterior de la red permitirá llegar en futuras ampliaciones al Hospital de León.

Mucho retraso y posición en contra

Todo este impulso llega ya con muchísimo retraso y además con una amplia contestación, que ha crecido en las últimas fechas. Respecto a lo primero, hay que recordar que esta Red de Calor fue anunciada tras el verano de 2022 por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, firme defensor del proyecto, comprometiendo su funcionamiento para 2025. es decir, hace un año ya. En el mejor escenario actual posible sólo podrá comenzar a cumplirse con al menos tres años de retraso.

Respecto a las posiciones en contra, continúan creciendo las convocatorias vecinales de protesta, muy especialmente de los barrios de La Lastra y Puente Castro, que insisten en la posible contaminación atmosférica del sistema, ruidos o tránsitos brutales de camiones, entre otros muchos problemas. Idénticos a los que esgrimieron vecinos de varios intentos en el norte de la ciudad hace años, como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, cuyas protestas por proyectos mucho más pequeños que el actual consiguieron tumbar sendas plantas de incineración.

Además, está la ofensiva de Ecologistas en Acción, con varios frentes judiciales abiertos, desde la autoconcesión de Proyecto Regional de la propia Junta a las dudas de legalidad de la cesión de los terrenos protegidos sobre los que irá el complejo que, recuerda, también incluirá una planta de nitrógeno verde y multitud de hectáreas de una planta de placas solares. También han denunciado ante el Seprona actuales trabajos preparatorios en el Soto de Santa Olaja.

El Ayuntamiento de Villablino saca a concurso un contrato para el suministro de maquinaria con destino al Centro Logístico Comarcal (CLC) de biomasa forestal por un importe 868.780 euros. Las condiciones fueron aprobadas en un pleno extraordinario el día antes de hacerse pública la licitación en el portal de contratación del sector público. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el día 3 de junio.

La maquinaria que se requiere en el contrato y lo presupuestado para cada una de las piezas es la siguiente: un tractor forestal con remolque por 326.700 euros, una astilladora por 326.700 euros y una taladora de cizalla por 215.380 euros. Todas las cantidades detalladas son con los impuestos incluidos.

Esta dotación está destinada al centro logístico de biomasa forestal que está ejecutando el Ayuntamiento de Villablino en la pedanía de Orallo. El proyecto permitirá el acondicionamiento de la biomasa forestal generada en el entorno del municipio, para su almacenaje en las instalaciones del propio centro logístico hasta su envío a los lugares de utilización de la biomasa.

Este proyecto está financiado en su totalidad por la Unión Europea con fondos NextGeneration, con cargo a las ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

El Instituto de Transición Justa concedió una ayuda de 1.451.113,34 euros para llevar a cabo el 'Proyecto de ejecución de instalaciones de un Centro Logístico Comarcal de biomasa forestal en Villablino (León)'.

El 13 de enero del pasado año se adjudicó el contrato de obra para la construcción de la infraestructura de este CLC por un importe de 398.893 euros y 83.767,53 euros de IVA, lo cual arrojó un total de 482.660,59 euros, a lo que ahora se añade la dotación de maquinaria.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este martes el “interés general” de la Red de Calor de León pese a la oposición de los vecinos al proyecto, por suponer “un gran ahorro” y tratarse de una energía sostenible como es la biomasa, la quema industrial de pellets.

El consejero ha respondido así pocas horas después de conocerse la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de León de admitir a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro en contra de ese proyecto, entre duras críticas. Una decisión judicial en concreto planteada contra la falta de información del Ayuntamiento leonés por la concesión de la licencia de obra a la empresa pública autonómica Somacyl. Los vecinos ponen en duda la legalidad de los permisos municipales concedidos para construir la macroplanta de incineración de biomasa, la primera de las fábricas energéticas, así como la primera fase del sistema de tuberías subterráneas de la Red de Calor bajo unas 30 calles de la capital leonesa.

Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, ha apuntado que cuando se acometen grandes proyectos innovadores “siempre hay contradicciones desde el desconocimiento”, según atribuye. Sin embargo, añadió que por el contrario hay que destacar del proyecto “la modernidad y el ahorro a los vecinos” de la capital, añadiendo que se trata de un sistema que “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”.

Ha insistido en que el combustible que se obtiene es mucho más barato que el tradicional y ha detallado que su puesta en marcha supondrá la eliminación de entre 400 a 500 chimeneas en la ciudad, con una tecnología que se utiliza en el norte de Europa desde hace más de cien años.

Suárez-Quiñones ha trasladado la determinación del Gobierno autonómico de seguir trabajando para sacar adelante el proyecto, tal y como se hizo en Ponferrada, donde el consejero ha asegurado que también se han presentado varios contenciosos-administrativos, que se han ganado. Sin embargo, la realidad es que han sido varias las veces que los juzgados ordenan la paralización del funcionamiento de la Red de Calor ponferradina, cuestionando incluso su legalidad misma., y en caso muy parecido a León hasta cuestionando las licencias municipales otorgadas.

Por su parte, desde las asociaciones vecinales que han presentado el contencioso-administrativo contra el proyecto se ha destacado que este plan sigue el mismo camino que “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, que ha estado paralizada durante años por recursos judiciales.

Desde las asociaciones también se ha considerado que el proyecto es “obsoleto” e infringe la normativa ambiental y urbanística y llaman a toda la ciudadanía leonesa a seguir rechazando el mismo.

Apenas han pasado cuatro días desde que el Ayuntamiento de León aprobó la licencia para el proyecto de la denominada Red de Calor de León promovida por la Junta de Castilla y León a través de Somacyl y la decisión ya está judicializada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de La Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro contra esta polémica decisión que permitiría comenzar los trabajos iniciales de esa Red de Calor, es decir, la macroplanta de incineración de biomasa y el entramado de 30 kilómetros de tuberías subterráneas bajo calles de León para trasladar el calor generado en las instalaciones.

Según han informado ambos colectivos a través de un comunicado, que denuncian la opacidad municipal con este polémico asunto, el Juzgado ya ha dictado un decreto requiriendo al Consistorio leonés el expediente administrativo completo, otorgándole un plazo “improrrogable” de veinte días hábiles para remitir toda la documentación relacionada con la autorización de las obras.

La demanda se dirige contra el permiso urbanístico aprobado recientemente por la Junta de Gobierno Local para permitir el inicio de las obras de las instalaciones energéticas previstas en el sur de la ciudad, junto al cementerio de León y en el entorno del barrio de Puente Castro. El proyecto impulsado por la sociedad pública Somacyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, contemplaba inicialmente una inversión superior a los 85 millones de euros.

La iniciativa completa, ya anunciada desde 2022, incluye la construcción de una planta de biomasa, otra vinculada al hidrógeno verde, una instalación fotovoltaica y una extensa red de canalizaciones subterráneas para distribuir calor a distintos puntos de la capital leonesa. Los colectivos recuerdan que esta fase de arranque sumaría unos 30 kilómetros las tuberías que se prevé instalar bajo las calles de León.

Críticas vecinales al proyecto

Las asociaciones vecinales aseguran que el alcalde de León “continúa ocultando la tramitación de este proyecto a todos los afectados” y mantienen su rechazo frontal a la infraestructura energética. Los colectivos consideran que el proyecto es “obsoleto” y sostienen que vulnera normativa ambiental y urbanística. Además, llaman a la ciudadanía leonesa a “seguir rechazando” la iniciativa y a “no rendirse a la política de hechos consumados de la Junta y el Ayuntamiento y su dilapidación de dinero público”.

Como ejemplo de los riesgos del modelo planteado, los vecinos citan “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, una infraestructura que —recuerdan— ha acumulado varias sentencias judiciales en contra y permaneció paralizada durante años.

Las asociaciones también han solicitado información sobre los impuestos y tasas municipales que deberá abonar Somacyl, conocida como 'la Junta B' y no pocas veces tildada de “chiringuito”, por la ejecución de las obras. “Nos tememos que la opacidad en el acceso a la información es porque se pretende que esta empresa no pague ni tasas ni impuestos por esta obra ni este proyecto”, señalan los colectivos en su comunicado. Hay que recordar que, por ejemplo, como compensación a las instalaciones de la Red de Calor, Somacyl y no el Ayuntamiento está acometiendo con su presupuesto de 2,7 millones de euros la reforma de todo el pavimento del centro peatonal de León, la calle Ancha, la plaza de Botines y gran parte de la de Regla, la del Ayuntamiento.

La admisión a trámite de la demanda abre ahora una vía judicial -y son varias las impulsadas- sobre una de las iniciativas energéticas más controvertidas impulsadas en León en los últimos años y que ha generado una fuerte oposición vecinal, especialmente en los barrios del sur de la capital, después de que hasta tres veces similares protestas en el norte de León consiguieran tumbar una planta de biomasa mucho más pequeña que la actual.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

Quince años después de que la Justicia confirmara que las grietas que aparecían y resquebrajaban las paredes de sus casas tenían origen en la minería, los vecinos de Langre vuelven a mirar con recelo lo que ocurre bajo sus pies y la explotación de sus recursos naturales.

El pequeño pueblo berciano de 70 habitantes, asentado sobre un entramado de galerías subterráneas, en el municipio de Berlanga, revive estos días un miedo que nunca llegó a desaparecer del todo. Entonces era el carbón. Ahora, la amenaza que perciben los vecinos llega por el viento, en forma de aerogeneradores. Pero el origen de la inquietud es el mismo: la estabilidad de un terreno que ya demostró su fragilidad.

Durante años, los vecinos convivieron con la aparición progresiva de grietas en viviendas, bodegas e incluso en la iglesia del pueblo, hasta que la Justicia condenó al culpable y lo obligó a indemnizarlos. Tras más de una década de pleitos contra 'el rey del carbón', en 2011 el Tribunal Supremo cerró el caso confirmando que los daños tenían su origen en la actividad minera desarrollada bajo el pueblo por empresas vinculadas a Uminsa de Victorino Alonso.

La sentencia ratificó que las galerías subterráneas habían provocado subsidencias, hundimientos y desplazamientos del terreno que afectaron directamente a las construcciones en superficie. Aquella resolución obligó a indemnizar con cuantías que iban de los 4.000 a los 80.000 euros a los 28 vecinos que denunciaron los daños en cerca de 40 inmuebles. En total, más de 700.000 euros. Pero el dinero no cerró la herida. Muchos afectados alertaban entonces que las indemnizaciones apenas ayudaban a tapar los desperfectos, y que el problema no había desaparecido. Las grietas siguen apareciendo, porque el terreno sigue moviéndose.

Por eso, cuando dos hombres desconocidos y muy bien vestidos, que resultaron ser trabajadores de una empresa internacional interesada en el viento que sopla sobre sus montes comunales, les propusieron aprobar en concejo instalar dos torres de medición durante 18 meses en las zonas más altas del entorno de la localidad para estudiar la rentabilidad de un parque eólico, hubo quien recordó que Langre no es un pueblo asentado sobre terreno firme. Bajo sus calles existe una red de galerías mineras que condiciona cualquier intervención sobre el territorio.

Esa realidad ha motivado la redacción de un informe elaborado en el propio pueblo, con el objetivo de explicar, de forma sencilla, qué podría suponer la instalación de un parque eólico en su entorno. El documento recuerda que el subsuelo no es compacto, sino un entramado de cavidades que ya han provocado daños en el pasado. Y plantea una pregunta directa: qué ocurriría si se añaden nuevas cargas y vibraciones sobre ese terreno.

Del carbón a los molinos: el mismo suelo, nuevas dudas

El informe, al que ha tenido acceso este medio, introduce un elemento clave en el debate: la diferencia entre el problema que ya vivió el pueblo y el que podría venir. Si entonces fue la extracción de carbón la que fragmentó el terreno, ahora el riesgo estaría en la combinación de peso y vibración de transportar, instalar y la propia actividad de los aerogeneradores.

Según recoge el informe, estas estructuras pueden superar las 400 toneladas, a lo que se suma una base de hormigón de grandes dimensiones. Pero más allá del peso, el foco está en la vibración constante que genera el giro de las palas. El texto advierte de un posible efecto de resonancia entre esas vibraciones y las cavidades subterráneas, lo que podría amplificar el impacto sobre un suelo que ya ha cedido en el pasado. No es una afirmación categórica, pero sí una advertencia que en Langre se ha tomado muy en serio.

El estudio no se queda solo en el terreno. También pone el foco en la vida diaria del pueblo y en cuestiones que preocupan especialmente a los vecinos, como la salud. El documento habla de los infrasonidos, ondas de baja frecuencia que no siempre se perciben con el oído, pero que sí pueden sentirse dentro de las viviendas. Su exposición continuada se relaciona con problemas de sueño, mareos o estrés, en lo que se ha denominado “síndrome del aerogenerador”.

Además, el texto advierte de posibles efectos sobre el entorno más cercano. Señala que la instalación de los molinos podría alterar el microclima local, con consecuencias directas en huertas y frutales, clave en la economía doméstica de muchas familias. También menciona el impacto sobre los insectos polinizadores, esenciales para mantener la producción agrícola.

En ese contexto, la respuesta vecinal al macroproyecto energético, después de unos días de reflexión, fue tajante. El pasado 18 de abril, Langre votó en concejo y casi de forma unánime en contra de la instalación de las dos torres de medición que proponía Galileo, una plataforma internacional de energías renovables creada en 2020 para desarrollar proyectos en distintos países europeos.

La decisión no cierra definitivamente la puerta al proyecto de la compañía, impulsada por el gestor Morrison y respaldada por grandes inversores de Nueva Zelanda y Australia, entre ellos el fondo soberano neozelandés, Infratil o la Commonwealth Superannuation Corporation.

Galileo podría seguir adelante con su intención de instalar un parque eólico de hasta 11 aerogeneradores, pero el pueblo ya ha dejado clara su posición. Los vecinos no solo piden explicaciones, exigen garantías económicas. Sobre la mesa, una cifra: un aval de hasta 45 millones de euros para cubrir posibles daños.

Un pasado que condiciona el futuro

El caso de Langre vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa buena parte de El Bierzo: cómo gestionar el nuevo ciclo energético en un territorio marcado por décadas de explotación de sus recursos.

La diferencia, en este caso, es que aquí el pasado sigue muy presente. Atraviesa de grietas sus paredes. Las casas reparadas una y otra vez. Y está muy vivo en la memoria de un pueblo que ya sabe lo que ocurre cuando la tierra se mueve bajo los pies. Por eso, cuando ahora se habla de molinos, en Langre no solo miran al viento. También miran al suelo que pisan. Y empiezan a organizarse.

El informe elaborado en el propio pueblo no solo enumera riesgos, también plantea cómo responder si el proyecto sigue adelante en su contra. Los vecinos reclaman estudios independientes que analicen el impacto real en la salud, la agricultura y la estabilidad del terreno. Y, ante cualquier duda, apelan a aplicar el principio de precaución. Si no se puede garantizar con certeza que no habrá daños, entienden que el proyecto no debería ejecutarse.

En paralelo, plantean medidas concretas para defenderse. Desde solicitar a la Junta los planos de las galerías mineras que atraviesan los cimientos del pueblo para conocer con exactitud qué hay bajo las zonas donde se quieren instalar los aerogeneradores. También proponen revisar la sentencia de 2011 contra Victorino Alonso como prueba de que el terreno ya está reconocido oficialmente como una zona de riesgo. Y, además, proponen crear un grupo de seguimiento vecinal que vigile cualquier movimiento administrativo o de maquinaria y les permita reaccionar a tiempo ante cualquier avance.

Porque en Langre, más que un debate energético, lo que está en juego vuelve a ser lo mismo de siempre: la seguridad de sus casas, la estabilidad de su tierra y la forma de vida de quienes siguen viviendo sobre ella.

El Ayuntamiento de Villablino ha reabierto el punto de recarga para vehículos eléctricos situado en el aparcamiento municipal gratuito situado al este del polideportivo. La iniciativa está dirigida a impulsar la movilidad sostenible y facilitar el uso de vehículos eléctricos en el municipio.

El cargador, de titularidad municipal, dispone de tres mangueras compatibles con los principales estándares del mercado: CCS, Tipo 2 y CHAdeMO. Cada conector ofrece una potencia de hasta 7 kW, lo que permite atender a varios usuarios de forma simultánea.

Como medida de promoción, las tres primeras horas de recarga son gratuitas. Transcurrido ese periodo, se aplicará una tarifa de 0,39 euros por kWh hasta la finalización de la carga.

Cómo utilizar el punto de recarga

El Ayuntamiento ha simplificado el proceso para los usuarios. Los pasos básicos son: descargar la aplicación Zunder escaneando el código QR disponible en el punto o buscándola en la tienda de aplicaciones; crear una cuenta e introducir los datos personales; añadir un método de pago en la aplicación; seleccionar el conector y pulsar “cargar” para iniciar la recarga.

Como alternativa, también es posible iniciar la recarga mediante tarjeta RFID, acercándola al lector del cargador y siguiendo las instrucciones en pantalla.

Los usuarios pueden consultar más detalles y el estado del servicio a través de la aplicación Zunder o la señalización disponible en el propio punto de recarga. 

El Ayuntamiento recuerda que el cargador es de uso público y anima a la ciudadanía a aprovechar las condiciones gratuitas iniciales para familiarizarse con la movilidad eléctrica.

Con esta reapertura, el Ayuntamiento de Villablino busca reforzar su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la mejora de los servicios públicos. 

La infraestructura pretende contribuir a la reducción de emisiones y favorecer un modelo de transporte más respetuoso con el medio ambiente, además de facilitar el acceso a la recarga para residentes y visitantes.