Las asociaciones agrarias Asaja León y Ugal-Upa han protagonizado un pique a través de comunicados, después de que la segunda mostrase su preocupación por el nombramiento del nuevo consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que pertenece a la Asociación de Jóvenes Agricultores en Ávila.

Primero Ugal-Upa emitió un comunicado para, en primer lugar, felicitar por su nombramiento a Joaquín Antonio Pino, con experiencia sindical en Asaja Ávila. También expresaban su sorpresa por este anuncio, ya que “desde Asaja, y más concretamente desde su oficina de León, siempre se han jactado de no ostentar ningún cargo político porque, según ellos, era inmoral, poco profesional e incompatible con la labor sindical”.

Ugal-Upa denuncia que durante años han sufrido críticas por parte de Asaja en forma de “insultos, agravios, artículos despectivos y tweets ofensivos” por este motivo. Varios miembros de Ugal-Upa han compaginado su labor sindical con una carrera política, entre ellos Matías Llorente, quien dirigió el sindicato durante años y llegó a ser vicepresidente de la Diputación de León antes de fallecer en el año 2023.

“Parece que ahora sí ven la importancia de que un agricultor esté al frente de la Consejería y se jactan de lo acertado de esta decisión, cuando nunca antes les había valido que otro agricultor formara parte de la Diputación de León”, critica Ugal-Upa, que también se preocupa porque el consejero haya llegado a este puesto a través del partido de extrema derecha Vox: “Este movimiento de Asaja es toda una declaración de intenciones”.

A pesar de todo, Ugal-Upa, lanza el deseo de que desde la consejería “se siga preservando la interlocución con las OPAS como representantes legales que somos de todos los profesionales agrarios y que siga construyendo puentes para debatir.

Asaja se ha tomado de forma muy personal este comunicado y ha lanzado el suyo propio para afirmar que la asociación siempre ha considerado de forma positiva que “los agricultores estén en puestos de responsabilidad política” y recuerdan su vínculo con el diputado y agricultor Lupicinio Rodrigo.

Sin embargo, a pesar de haber dicho lo anterior, Asaja no comparte que “se puedan compatibilizar cargos políticos y sindicales” y afirman que, “para evitar tentaciones, los Estatutos y el Código Ético lo impiden”. Afirman que en Ugal-Upa se están “compatibilizando cargos políticos y sindicales” como el actual vicepresidente segundo de la Diputación de León, Valentín Martínez Redondo. “Así les va”, comenta en su nota Asaja.

Asaja va más allá y critica el nombramiento como portavoz del Gobierno en época de Zapatero del secretario general de UPA por entonces, Fernando Moraleda; y también recuerdan que Matías Llorente “presumía de amistad con Zapatero. Ahora que vayan a la hemeroteca y lo borren”.

“Nada que objetar” sobre el nombramiento del consejero

Asaja León se desvincula de la asociación agrícola en Ávila cuya relación, defienden, es “únicamente la de trabajar juntos en ámbitos superiores al provincial, y que solo ellos responden de sus decisiones”. Respecto al nombramiento del consejero, recuerdan: “No lo ha nombrado Asaja, lo ha nombrado Vox y él, a título personal, ha aceptado. Nada que objetar al respecto”.

“Asaja está y estará desvinculada de la gestión de Joaquín Antonio Pino como consejero, y lo está en lo bueno y en lo malo. Seremos con él lo mismo de exigentes que con los y las que le han precedido, y lo haremos con profesionalidad, con independencia, con vocación de servicio al sector, y poniendo horas de trabajo, virtudes de las que UGAL UPA adolece”, defienden.

Mientras que Asaja León califica a la presidenta de Ugal-Upa, Sonia Castro, como “una persona decente y fiable”, apunta a “quienes provocan división, con comunicados como el emitido ayer, son los personajes que le pusieron al lado y de los que no ha querido o podido desprenderse, las personas que están en política y viven de la política o aspiran a vivir de ella”.

“Ugal-Upa a la política, y Asaja a trabajar por el campo desde un sindicalismo agrario responsable. Así desde hace 40 años”, zanja el comunicado.

La Estación de Avisos Agrícolas del Bierzo ha alertado de un incremento de la actividad de la polilla del racimo (Lobesia botrana) en varias zonas vitícolas de la comarca y recomienda a los viticultores realizar tratamientos preventivos para proteger los viñedos.

El aviso, emitido en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, afecta especialmente a los municipios de Toral de los Vados y Camponaraya, así como a otras áreas cercanas como Parandones, Villadecanes, Iglesia de Campo, Otero o Valtuille de Arriba.

Los seguimientos realizados mediante trampas de feromonas han permitido constatar durante los últimos días un aumento del vuelo de los adultos de segunda generación de esta plaga, un momento considerado decisivo para adoptar medidas de control y evitar daños posteriores en los racimos.

La polilla del racimo es una de las plagas más habituales del viñedo. Sus larvas se alimentan de flores y bayas, provocando heridas que facilitan la aparición de enfermedades y podredumbres, además de reducir la producción y afectar a la calidad de la uva.

Ante esta situación, los técnicos recomiendan la aplicación de productos autorizados para tratamientos en fase de inicio de vuelo. En el caso de emplear insecticidas dirigidos a combatir las larvas en el momento de la eclosión, aconsejan retrasar la intervención hasta la próxima semana.

Albares de la Ribera, en el municipio de Torre del Bierzo, abrirá el calendario de las ferias del Banco de Tierras del Bierzo el domingo 14 de junio. La segunda cita tendrá lugar el domingo 21 de junio en Toreno y la tercera se celebrará el sábado 1 de agosto en Palacios del Sil. Las tres localidades acogerán una nueva edición de estos mercados de proximidad, convertidos en un escaparate de los productos de kilómetro cero y de la producción agroalimentaria berciana.

La primera de las ferias se desarrollará en la plaza Antonio Alonso de Albares de la Ribera, de 11.00 a 14.30 horas. En el mismo horario se celebrará la cita de Toreno, que tendrá como escenario la Plaza Mayor. Por su parte, la feria de Palacios del Sil se trasladará a la zona de baño junto al río y se desarrollará en horario de tarde, entre las 18.00 y las 21.00 horas.

Cada uno de los mercados contará con alrededor de una veintena de expositores dedicados principalmente al sector agrícola y agroalimentario. Los visitantes podrán adquirir productos frescos y transformados, además de cervezas artesanas ecológicas, vinos, derivados del polen, repostería, patés y cosmética natural.

Como novedad, esta edición incorporará un espacio específico destinado a los artesanos locales, separado del área agroalimentaria, con el objetivo de ampliar la oferta y dar visibilidad a otros productores de la comarca.

Asimismo, se incrementan los tiques subvencionados, que pasan de 300 a 360 por feria. Estos vales, financiados al 50% por el Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo y al 50% por cada ayuntamiento colaborador, tendrán un coste de 2,5 euros y permitirán adquirir productos por valor de cinco euros.

Las ferias incluirán además actividades para el público infantil, entre ellas los talleres 'El Obrador de las Abejas', destinados a acercar a los niños al mundo de la apicultura. La programación se completará con talleres hortícolas, zonas de juegos temáticos y animación con música y vídeos.

Desde su puesta en marcha en 2016, las ferias del Banco de Tierras han alcanzado las 26 ediciones, con la única interrupción de 2020 debido a la pandemia, consolidándose como una herramienta de apoyo a los pequeños productores y de promoción de un modelo de consumo basado en la cercanía, la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos del territorio.

El Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT-CSIC) abrirá el 13 de junio al público la excavación arqueológica de la majada de Las Verdes, en Babia, coincidiendo con las Jornadas Europeas de Arqueología, una iniciativa que permite conocer sobre el terreno una década de investigaciones sobre la historia del pastoreo en la alta montaña leonesa.

A partir de las 11.30 horas, el equipo científico recibirá a los visitantes directamente en la majada, próxima a Torre de Babia, para explicar los trabajos en curso y los principales resultados obtenidos en este enclave situado en el Parque Natural de Babia y Luna. La actividad es gratuita y de acceso libre, si bien el desplazamiento hasta el lugar corre por cuenta de los participantes.

Bajo la dirección del arqueólogo David González Álvarez, el equipo del CSIC desarrolla durante este junio una nueva campaña de excavaciones centrada en reconstruir la ocupación humana de estos puertos de altura, donde el pastoreo estacional ha dejado su huella a lo largo de los siglos.

El proyecto cumple diez años de trabajo en Babia, una línea de investigación orientada a comprender cómo las comunidades humanas han transformado los paisajes de montaña mediante el uso ganadero, especialmente a través de la trashumancia.

En esta campaña, los investigadores ponen el foco en las ocupaciones de época moderna vinculadas a la llegada estacional de rebaños de ovejas merinas procedentes de Extremadura, un sistema de explotación ganadera que articuló durante siglos amplios territorios de la Península Ibérica.

Además, el equipo continuará explorando nuevas áreas en busca de evidencias más antiguas, con especial interés en los pastores del Neolítico, cuyas huellas ya fueron documentadas en campañas anteriores en el entorno de la laguna de Las Verdes.

La jornada de puertas abiertas permitirá a los visitantes conocer de primera mano las técnicas arqueológicas empleadas, los restos hallados y la interpretación histórica de este espacio de montaña, donde se combinan investigaciones sobre cultura material, usos del territorio y evolución del paisaje.

El yacimiento se encuentra en un entorno de alta montaña, lo que condiciona el acceso. Desde Torre de Babia, el recorrido a pie hasta la majada tiene una duración aproximada de una hora y media y transcurre por una pista ganadera que conduce hacia la laguna de Las Verdes.

Desde la organización recomiendan a los asistentes planificar la ruta con antelación y acudir con equipamiento adecuado, como calzado cómodo, agua, protección solar y ropa adaptada a condiciones meteorológicas variables.

El CSIC recuerda que la actividad se desarrolla dentro de un espacio natural protegido, por lo que es necesario respetar la normativa ambiental y las señalizaciones existentes.

Quienes lo deseen podrán completar la jornada con la subida a la laguna de Las Verdes, situada a unos veinte minutos por encima del yacimiento, en un recorrido que combina divulgación científica y experiencia en la montaña.

La iniciativa se enmarca en el programa europeo Cultur-Monts y cuenta con la colaboración de distintas instituciones, con el objetivo de acercar la investigación arqueológica a la ciudadanía y poner en valor el patrimonio cultural vinculado a los paisajes de montaña.

Con esta apertura, el INCIPIT-CSIC refuerza su apuesta por la divulgación y la participación pública en la ciencia, mostrando cómo los trabajos arqueológicos permiten reconstruir la relación histórica entre las sociedades humanas y su entorno natural en enclaves como Babia.

La provincia de León es líder en la producción de varios cultivos como el lúpulo y la remolacha azucarera que, en la actualidad, atraviesan momentos difíciles, y ponen en jaque la producción española de estos sectores agrícolas. Todo ello desencadenado por las decisiones corporativas de empresas multinacionales que han dejado en fuera de juego a los lupuleros y remolacheros leoneses. Y es que si el año 2025 se sembraron las semillas de la crisis, durante este año y los siguientes se podrá comprobar el resultado de estas decisiones y las consecuencias para los agricultores de León, pero también para el sector agrícola nacional. 

El lúpulo y la remolacha azucarera de León aportaron el año pasado al sector agrícola leonés 23,5 millones de euros (19,3 millones en el caso de la remolacha y 4,2 millones en el caso del lúpulo), casi el 3% del total de facturación del campo de León del año 2025, según los datos aportados por la organización agraria Asaja. Son, además, dos cultivos en los que la provincia lidera la producción nacional por lo que una crisis en estos dos sectores agrícolas, afectará al total de la producción nacional. La remolacha azucarera supuso, en los últimos cuatro años, el 0,2% de la Producción de la Rama Agraria (el indicador económico que valora el conjunto de bienes y servicios generados por la agricultura, la ganadería); mientras que el lúpulo representa el 0,009% de la PRA.

Las decisiones de dos grandes compañías que han dejado en el aire al lúpulo y remolacha leonesa

En el año 2024, Hospteiner (la multinacional que compra el lúpulo de la provincia de León), anunció cambios que suponían la imposición de una nueva variedad de esta planta (cuya propiedad es de Hopsteiner) y, por tanto, arrancar los cultivos ya arraigados y que, en el caso de esta planta, tardan al menos cuatro años en dar rentabilidad. Además, para que los agricultores de la provincia acatasen estos cambios, anunció que los nuevos contratos que se firmarían serían individuales, acabando con la fuerza que le daba al sector la agrupación entre agricultores. 

Más de la mitad de agricultores activos de la provincia abandonaron el cultivo y, en las próximas campañas, es de prever que lo hagan muchos más o que pasen a cultivar lúpulo por su cuenta. Mientras que en el año 2020 los agricultores dedicados al lúpulo en la provincia de León eran más de un centenar (la mayoría de ellos socios de la SAT), una fuente vinculada al sector, informa a ILEÓN que cerca de 70 acabaron por firmar un nuevo contrato con Hopsteiner.

Por otro lado, Azucarera (filial del grupo británico Associated British Foods, dueño de marcas como la textil ‘lowcost’ Primark), anunció en mayo de 2025, hace poco más de un año, que cerraría su fábrica de molturación de La Bañeza, provocando 150 despidos directos en la planta y un descalabro en el sector de la remolacha azucarera, que cerró aquel año con una pérdida de más del 40% de la superficie sembrada en la provincia de León. 

La empresa decidió que los productores leoneses llevarían su producción a Zamora, concretamente a la molturadora de Toro, después del cierre de la de Jerez de la Frontera durante el año 2026, permaneciendo solamente como refinado, y sin que en Andalucía se sembrase más cultivo este año. 

La planta de La Bañeza llevaba en funcionamiento desde 1931, era la última que quedaba en funcionamiento en la provincia de León después de los cierres de la azucarera Santa Elvira (cerrada en el 1992), en la ciudad de León, y Veguellina de Órbigo (desaparecida en 1998).

Las consecuencias 

José Antonio Turrado, secretario general de Asaja en León, defiende que en el caso de la remolacha “hasta hoy va normal, va bien y digamos que no hay cambios”. Sin embargo, los datos de la pérdida de hectáreas sembradas a finales de 2025 (año en el que se anunció el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza), habían caído un 40,47% respecto al año anterior. A nivel nacional la producción de la campaña 2025-2026 se estimaba que se reducirían entre un 16,6% de la superficie sembrada y un 8,2% de la producción, según los datos del Ministerio de Agricultura. “Efectivamente, siempre se ha visto que donde se ha cerrado una fábrica, la remolacha se ha reducido en superficie o ha desaparecido”, reconoce Turrado. 

La secretaria general de UGAL-UPA en León, Sonia Castro, muestra preocupación por la remolacha y el abandono que puede suponer a futuro: “Cuando se terminen los contratos en la próxima campaña y algunos en la siguiente, va a haber muchísimo abandono del cultivo”, alerta. “Se quedará gente que entrega a la cooperativa Acor y de Azucarera quizá el 90% abandone el cultivo”.

Tras el cierre de la planta de Azucarera en la provincia de León, la empresa aseguró que no iba a hacer responsables a los productores de los sobrecostes que supondría el traslado hasta la molturadora de Toro. Sin embargo, se trata de una promesa que los agricultores ponen en duda que se llegue a cumplir realmente: “Eso está dicho, pero no está escrito en ningún sitio”, explica Turrado: “En este momento no ha habido ningún acuerdo con la parte agrícola ni con las administraciones públicas”. 

Castro coincide con esta duda sobre los sobrecostes del desplazamiento de la producción a Toro y los vincula directamente con la posibilidad de que muchos productores decidan abandonar el cultivo: “Cuando finalice la campaña veremos lo que va a pasar”. 

Para Turrado, lo que Azucarera debería hacer para asumir la molturación en Toro sin retrasos que perjudiquen las siembras de las siguientes campañas (que a día de hoy provocan que los productores no puedan arrancar la remolacha a tiempo) es aumentar la inversión en la planta zamorana: “Al estar llevando mucha remolacha a una sola fábrica la campaña se alarga muchísimo y eso son perjuicios para el producto. Si la fábrica tuviera visión de futuro, lo que hay que hacer es invertir en ella para que transforme más rápido, pero no hay ninguna inversión porque no tienen claro qué futuro le espera a esto”. 

En el caso del lúpulo, Castro aproxima que de las 500 hectáreas que había antes de las imposiciones de Hopsteiner, cerca 50 se han retirado del cultivo, lo que implica un 10% menos de siembra (una cifra mucho más alta que el 5% de pérdida que aproximaba Asaja en su informe de 2025). “El lúpulo lleva mucha mano de obra y la gente está muy desanimada”, alude Castro a la imposición de arrancar lo plantado para incorporar una nueva variedad (propiedad de Hopsteiner): “Los agricultores están cubriendo los gastos y poco más”.

De ser así, la progresión a futuro del lúpulo y la remolacha se antoja muy negativa, especialmente en el caso del primer cultivo. Las posibilidades para el lúpulo, según explica Castro, apuntan a una desaparición progresiva de España: “Si sigue, León seguirá siendo líder en producción porque el 90% del cultivo se da aquí y no hay mucho más sitios donde se pueda dar, pero lo que puede pasar es que desaparezca en general de España”, apunta. Mientras que el 88% de la producción de lúpulo en España se concentra en Castilla y León (por la provincia de León, principalmente), el 6% del cultivo se da en Cataluña y el 3% en Galicia. 

Si desapareciese paulatinamente el cultivo en la provincia leonesa, por tanto, la producción de lúpulo española se volvería insignificante y dependería casi al 100% de las importaciones, especialmente procedentes de Alemania (principal importador a España), pero también de Francia y Estados Unidos. 

En el caso de la remolacha azucarera, el liderazgo de la provincia de León puede estar en mayor riesgo, según valora también Sonia Castro, aunque la crisis también se extiende a todo el país debido a las decisiones de Azucarera que, como en León, han supuesto el cierre de otras plantas molturadoras también en Andalucía, donde se cultiva mucha remolacha: “En Castilla y León tenemos Acor, con lo que igual la gente que entregue a la cooperativa puede mantener el cultivo”. En Castilla y León se encuentra el 76% del cultivo de remolacha azucarera, seguida del 14% en Andalucía y el 3% en Navarra. 

Así, las consecuencias de las decisiones de grandes empresas como Azucarera u Hopsteiner pueden suponer una recolocación del cultivo de remolacha (o, en el caso de Castilla y León, que la producción pase a ser principalmente de la cooperativa Acor) y en el caso del lúpulo, a largo plazo, quizá una desaparición en lo práctico de la planta a nivel nacional, dependiendo de las importaciones extranjeras. Todo ello sumado a las tensiones geopolíticas que afectan a la Unión Europea, como el encarecimiento de los fertilizantes que ha producido la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. 

La Diputación de León y la Asociación de Desarrollo de la Región del Alto Tâmega de Portugal (Adrat) han presentado este martes el proyecto Sipam Conecta, una iniciativa que liderará la institución provincial leonesa y que pretende impulsar la conservación y la valorización de los Sistemas de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial con un presupuesto de 830.000 euros, la mitad de ellos de financiación europea. Se trata de aprovechar con un proyecto transfronterizo el reconocimiento mundial conseguido el año 2022 por parte de a FAO por el valor de las montañas y el paisaje leonés.

Según ha explicado el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, “la Diputación de León va a ejercer el liderazgo de este proyecto como beneficiario principal, coordinando un trabajo conjunto con Adrat y con el Ayuntamiento leonés de Cabrillanes”. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 830.000 euros, de los que 410.000 euros serán gestionados directamente por la institución provincial.

El objetivo es impulsar una cooperación transfronteriza España-Portugal centrada en las zonas SIPAM de las Montañas de León y de Barroso (Alto Tâmega), de ahí que en este programa también colaboren los ayuntamientos de Montalegre y Boticas del otro lado de la frontera lusa.

Esta presentación ha tenido lugar durante una reunión telemática con la Asociación de Desarrollo de la Región del Alto Tâmega (Adrat), a la que también han asistido el diputado provincial y alcalde de Cabrillanes, Emilio Martínez, y la diputada Irene González, responsable del área.

El proyecto busca conservar la biodiversidad y gestionar de forma sostenible los recursos naturales, además de valorizar el patrimonio natural y cultural y generar oportunidades económicas ligadas a la agroforestería, la ganadería extensiva y el turismo sostenible.

Se articula en torno a tres grandes ejes de trabajo: conservación y gestión sostenible del territorio; valorización económica y social del patrimonio SIPAM y digitalización y gobernanza del territorio, con la creación de un gemelo digital que integra datos ambientales agroganaderos y forestales para mejorar la monitorización, la anticipación de riesgos y la toma de decisiones conjunta entre España y Portugal.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado este miércoles un auto de ejecución forzosa de sentencia mediante el que se impide la subida del ganado asturiano, de Mieres, al Puerto de Pinos, en la provincia de León. Se trata de una decisión que han celebrado las juntas vecinales leonesas afectadas de la comarca de Babia, con derechos históricos de pasto, ante la inminencia de la fecha para que las reses mierenses subieran habitualmente otros años.

De todos modos, la medida llega cuando, sobre el papel, el ganado de Mieres no dispone de las obligatorias guías que debe otorgar la Junta de Castilla y León, que este año, como el pasado, decidió denegarlas tras la última sentencia de altos tribunales que zanjaba que a pesar de que Pinos es propiedad del Concejo hace un siglo, no puede ejercer competencia alguna en otra provincia y autonomía, como es León. Sin embargo, la Junta sí da el parabién al ganado babiano, de las cuatro juntas vecinales del Ayuntamiento de San Emiliano, que llevan tiempo pastando allí.

Según ha dado a conocer en un comunicado el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, el juzgado ovetense ha dictado auto sobre sentencia firme, estimando íntegramente la solicitud de ejecución urgente presentada el lunes por las juntas vecinales de Babia. Y ha advertido al Ayuntamiento de Mieres de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir por acción u omisión al desobedecer el mandato judicial. Las pedanías de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán presentaron ese escrito porque está prevista para esta semana la subida de animales de Mieres a los terrenos de Pinos, situado en el término municipal de San Emiliano, en Babia, pese a las últimas resoluciones judiciales.

Las juntas vecinales, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el Ayuntamiento de San Emiliano y la Asociación Montaña de Babia y Luna, por medio de su representante legal, han calificado este auto de ejecución forzosa de sentencia como “el espaldarazo definitivo a las reclamaciones históricas” planteadas por estas entidades.

Esta exigencia del cumplimiento de la sentencia, según recoge el auto, se hace extensible a la Guardia Civil a través de requerimientos expresos cursados por el juez a las Subdelegaciones del Gobierno de Asturias y de León, así como a las Unidades Veterinarias de Pola de Lena y de Villablino. Ya el año pasado, no disponiendo los ganaderos de las guías de Castilla y león, recibieron denuncias de la Guardia Civil, que la administración autonómica todavía tramita con las correspondientes sanciones.

Cien años de lucha por los pastos

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia por la titularidad y el aprovechamiento de 900 hectáreas de pastos situados en territorio leonés.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que siempre han favorecido a las pedanías leonesas.

La última decisión fue la del Tribunal Supremo que el pasado abril inadmitió el recurso de casación ante el Supremo del Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda su actividad en el Puerto de Pinos.

El enfrentamiento ha incluido episodios como la paralización judicial de celebraciones en el puerto, denuncias por actuaciones ganaderas y tensiones institucionales reiteradas, en lo que se considera uno de los conflictos territoriales e institucionales más prolongados entre León y Asturias.

El cultivo de la remolacha se mantendrá en Castilla y León este año, pero bajo presión por el alza de los costes por la guerra de Irán y de un ciclo de precios bajos en el mercado internacional que, si no revierte, pondrá en riesgo la industria azucarera en la Unión Europea (UE).

Portavoces de AB Azucarera y de la cooperativa ACOR, las dos empresas que molturan remolacha en Castilla y León, han detallado a Efe que para la campaña 2026-2027 se prevé mantener una superficie de siembra relativamente estable, pese a que la situación geopolítica y las bajas cotizaciones amenazan la viabilidad del sector.

La hasta ahora directora agrícola de AB Azucarera, Salomé Santos, ha explicado que la firma pretende mantener una superficie similar a la del año pasado, reforzando la apuesta por Castilla y León, donde campos más cercanos han sustituido hectáreas que estaban más lejos, en La Rioja y Álava.

Los agricultores que entregan remolacha a AB Azucarera cultivarán 9.400 hectáreas, con un crecimiento de unas 1.000 hectáreas en Castilla y León. Para este año en Andalucía no se sembró y en Jerez solamente funcionará el refinado.

A pesar de La Bañeza

Pese al cierre de su fábrica leonesa de La Bañeza en 2025, la representante de AB Azucarera ha valorado el crecimiento de la producción remolachera y ha puntualizado que más de la mitad de la contratación está en la provincia de León, cifrándolo en 5.000 hectáreas. Y añade: “Dijimos que nuestra apuesta agrícola por León seguía intacta. Lo único que cambiaba era el punto de entrega”, menciona Santos tras el trauma de cerca de 150 despidos en la histórica factoría bañezana.

La propia Salomé Santos es noticia de actualidad, al anunciarse su inminente salida de la compañía tras diez años siendo directora Agrícola. A partir de ahora Azucarera va a imponer un nuevo modelo en su única fábrica de molturación, la de Toro (Zamora), tras el cierre traumático de La Bañeza.

El modelo estará pilotado por la ingeniera agrónoma vallisoletana Elba Rosique, exdirectora de AIMCRA, anuncia El Economista, al frente de una unidad de nueva creación, la Unidad de Remolacha. Desde ella se coordinará el cultivo, el abastecimiento y el laboratorio de análisis de remolacha, con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva y la calidad de la materia prima, con información objetiva encaminada al agricultor para la toma de sus decisiones.

Por su parte, el coordinador del servicio agronómico y de cultivos de ACOR, Javier Narváez, ha cifrado en 10.800 hectáreas la superficie de contratación de remolacha para 2025-2026, un 8% más que en la campaña anterior; procederá de Castilla y León y de Álava.

Altos costes y bajos precios

El encarecimiento de los fertilizantes por el conflicto bélico ha afectado mucho a la remolacha, por ser un cultivo de regadío como el maíz, pero el sobrecoste de insumos, como la energía o los fertilizantes, no se está reflejando en el precio final, “lo que es insostenible indefinidamente”, según Salomé Santos.

“En algún momento, la cadena de valor tendrá que reequilibrarse, no podemos aspirar a una producción europea estable y de calidad si los costes crecientes no encuentran reflejo en los precios. La seguridad alimentaria también exige que el agricultor y la industria puedan producir en condiciones económicamente viables”, ha añadido.

En la misma línea, Narváez (ACOR) ha resaltado la caída significativa de precios, “la crisis del sector” y ha explicado que en el mercado del azúcar incluyen más que la guerra otras noticias sobre la amplia oferta, de grandes productores como Brasil, Tailandia o la India o, dentro de la UE, de Alemania y Francia.

En España, país deficitario en azúcar, el consumidor lo pagaba en abril un 2,5 % más barato que hace un año, pero su precio ha subido un 0,3 % frente a marzo, según los últimos datos del IPC.

Según los últimos datos sobre precios de referencia en la UE, en la región sur (España, Italia, Rumanía o Portugal) el azúcar cotizaba a 558 euros/tonelada en marzo, un 11 % menos que hace un año; en la media de la UE se sitúa en 550 euros/tonelada (-7,2 %).

Ante esta situación, los países de la UE han aprobado una propuesta de la Comisión Europea (CE) para suprimir, por un año, un mecanismo conocido como “TPA” que permite la importación azucarera libre de aranceles para que lo usen industrias como las de galletas o mermeladas.

El mecanismo se creó para favorecer a las industrias usuarias de azúcar, pero está afectando al mercado y la CE propuso interrumpirlo para aliviar también a los remolacheros. “El mercado tiene que reaccionar, está en niveles mínimos”, según Narváez, quien ha indicado que si no cambia habrá “más cierres” de plantas azucareras en la UE.

“Si queremos mantener la producción agraria en Europa y una industria alimentaria competitiva necesitamos reglas que permitan producir con seguridad, invertir a largo plazo y protegernos frente a una volatilidad excesiva”, ha recalcado la representante de AB Azucarera.

La Junta de Castilla y León ha hecho esperar varias semanas a ganaderos de leche de toda la Comunidad para deshojar la margarita de si podrían o no acogerse a la línea de ayudas económicas, de hasta 300.000 euros en tres años, para compensar los sobrecostes económicos de recogida de leche en zonas aisladas y de montaña.

El retraso se ha debido a que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha tenido que rectificar, casi tres semanas después, tras percatarse de un serio error en la publicación oficial de las bases reguladoras de estas subvenciones. Y es que el texto original publicado en abril en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) estaba incompleto y carecía de información esencial para su aplicación práctica.

La convocatoria arrancó con la publicación original el pasado 27 de abril, cuando vio la luz la Orden AGR/372/2026, destinada a regular las subvenciones de mínimis (es decir, sin obligación de notificación a Europa) dirigidas a apoyar la recogida de leche tanto de vaca como de oveja y cabra en explotaciones ubicadas en áreas especialmente desfavorecidas. Se trata de cuadras más aisladas por la orografía, la dispersión geográfica o las dificultades climáticas, y a las que les resulta complicado encontrar quien les recoja la leche producida en sus explotaciones. Sin embargo, la norma apareció sin los anexos fundamentales que permitían identificar qué municipios podían acogerse al sistema e incluso cómo debían formalizarse las peticiones oficiales.

La corrección de errores no llegó hasta el 14 de mayo: fue en esa fecha cuando la Consejería reflejó por fin en el BOCyL los importantes anexos omitidos. Entre ellos, en el Anexo I figuraba ya la relación oficial de los municipios donde los ganaderos se pueden acoger. Se trata de un total de 633 ayuntamientos considerados “zonas de montaña” a efectos de estas ayudas. El Anexo II también contiene por fin el modelo obligatorio para presentar.

La omisión provocó durante semanas una situación de incertidumbre administrativa para el sector, ya que los potenciales beneficiarios no podían comprobar con seguridad si sus explotaciones se encontraban incluidas dentro del ámbito territorial subvencionable ni preparar correctamente la documentación técnica exigida para futuras convocatorias.

El fallo no perjudicó formalmente los plazos de presentación de solicitudes, dado que con lo publicado en primer término no se había abierto la convocatoria concreta de ayudas. Pero la ausencia de los anexos vitales hacía técnicamente imposible preparar correctamente la documentación.

El reparto por provincias: Soria y Ávila, las que más

La distribución territorial de las ayudas refleja especialmente el peso de las provincias de montaña. Soria encabeza el listado con 114 municipios incluidos, seguida de Ávila con 113,. Por debajo del centenar se sitúan ya las provincias de Segovia (con 94 ayuntamientos), Burgos (93) y León (87). Completan el mapa Salamanca, con 78 municipios; Palencia, con 28; y Zamora, con 26. Valladolid no tiene ninguno.

Conforme a las bases por fin completas, estas ayudas buscan compensar el incremento de costes logísticos que soportan las empresas encargadas de recoger la leche en explotaciones alejadas de los grandes centros de transformación, donde los largos desplazamientos, las carreteras de montaña y las dificultades meteorológicas elevan considerablemente los gastos de transporte.

La medida pretende además contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera en zonas rurales especialmente afectadas por el envejecimiento y la despoblación, garantizando que las industrias lácteas continúen prestando servicio en áreas donde la recogida resulta menos rentable.

Ayudas dirigidas a los “primeros compradores”

Los beneficiarios directos de estas subvenciones serán las empresas registradas como “primeros compradores” de leche, siempre que figuren inscritas tanto en Infolac como en el sistema Letra Q y hayan mantenido los contratos de recogida durante todo el año anterior a la convocatoria.

La cuantía de la ayuda se calculará mediante un sistema de puntos vinculado a cada productor al que se recoja leche. Las cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) recibirán 3 puntos por productor, mientras que el resto de empresas obtendrán 1,5 puntos. A ello se sumarán puntos adicionales en función de la distancia entre la explotación y el centro lácteo, con incrementos que oscilan entre 0,25 y 2 puntos extra para trayectos superiores a diez kilómetros y que alcanzan el máximo cuando se superan los 100 kilómetros.

La normativa también establece límites de producción para poder acceder a la ayuda. Quedan excluidas las explotaciones de vacuno que superen los 360.000 litros anuales y las de ovino o caprino que rebasen los 100.000 litros. Se presupone que con estos volúmenes consiguen la recogida sin problema. Tampoco podrán recibir compensaciones las recogidas efectuadas a menos de diez kilómetros del comprador.

Además, al tratarse de ayudas acogidas al régimen europeo de mínimis, ningún beneficiario podrá superar la cantidad de 300.000 euros en ayudas a lo largo de un periodo de tres ejercicios fiscales.

Dejamos aquí el listado completo de los municipios y la documentación para formalizar las solicitudes:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) dice basta. La formación política defiende que se planifique y se ponga fecha de fin la solución del trasvase, que nació como “temporal”, hace ya más de 25 años, un cuarto de siglo, para que el agua del pantano de Riaño en León acabe llegando en buena parte a campos, pueblos y polígonos de Palencia y Valladolid, a través del canal Cea-Carrión.

Así lo ha defendido este sábado la líder del partido, y portavoz leonesista en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, incluso aunque eso suponga la construcción en el sur de León, junto a un pequeño pueblo del municipio de Sahagún, de un nuevo pantano en la provincia, llamado Las Cuezas.

Gallego reclama que el cuarto ciclo de Planificación Hidrológica 2028-2033 no consolide el trasvase actual del Cea-Carrión y cesen las aportaciones de aguas del embalse de Riaño al canal . Y es que, como hace años recogía ILEÓN que defendían los regantes leoneses de la zona de Payuelos, que continuar con el reparto de líquido hacia el sur podría “podría suponer su colapso”.

En este sentido, desde la formación leonesista se ha informado, a través de un comunicado, que esta petición se suma a las alegaciones ya realizadas por la Comunidad de Regantes de Los Payuelos a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EpTI) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, del cuarto ciclo de Planificación Hidrológica 2028-2033. Unas alegaciones que “evidencian que quieren perpetuar en el tiempo la solución provisional de aportar agua del Esla al canal Cea-Carrión y que inicialmente se preveía descender en los próximos Planes Hidrológicos y que ahora corren, quizá, el riesgo de crecer”, ha señalado UPL.

La formación reconoce que la situación que se vive en 2026 podría no ser excesivamente perjudicial para los regadíos modernizados de esta zona por la cantidad de agua de la que disponen, si bien, en épocas de profunda escasez puede “generar un grave problema”. Es por ello que desde UPL se ha abogado por evitar que esta situación provisional se consolide, más teniendo en cuenta las previsiones de que con el cambio climático las condiciones meteorológicas cambien y las lluvias sean más irregulares.

Así, los leonesistas apuestan porque el trasvase de agua se haga en función de la cantidad disponible y se asegure siempre a las hectáreas que ya tienen consolidada la modernización de su regadío, “mientras otras muchas zonas quieren beneficiarse sin ni siquiera llevar a cabo esta inversión tan necesaria y de ahorro de agua para regar”. En esta línea, UPL ha advertido que la provincia de León “no puede ser siempre la que pague el coste social” de contar con estos embalses y no obtenga beneficios por ello.

Las Cuezas

Las planificaciones previas del Ministerio y CHD era tener concluidas las balsas, pantanos de nueva construcción, de las Cuezas 1 y 2 para el año 2021. La fecha se se pospuso para 2027 pero a día de hoy siguen sin haberse desarrollado. Una cuestión ya advertida desde la pedanía de San Martín de la Cueza, que se quejaba en su día por este pantano. UPL defiende que Las Cuezas son las masas de agua que deberían sustituir al trasvase a Palencia y Valladolid, pero reclaman que “los regantes de la zona puedan recibir una contraprestación por acoger estos nuevos embalses y se puedan beneficiar de esa agua al establecerse como una zona regable”.

Admiten que supondría “nuevamente un coste social de ponerse en marcha en la provincia de León”, pero al menos “estas infraestructuras podrían dar solución y paliarían de forma importante el cese de las aportaciones del Esla al canal Cea-Carrión”.

El Gobierno central da un nuevo paso de autorizaciones que podría ser el espaldarazo definitivo al desarrollo de la primera macroplanta de biogás, en concreto de biometano, a partir del tratamiento de residuos agroganaderos, de los muchos que hay diseñados en el sur de la provincia de León, en concreto en San Millán de los Caballeros.

En concreto, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el visto bueno que blinda la conexión al gran gasoducto que va desde Burgos a Asturias para facilitar así la futura macroplanta de biogás de San Millán de los Caballeros. El enganche, valorado en un presupuesto de 717.698,76 euros, correrá a cargo de Enagás SA y la macroplanta diseñada de la mano de la empresa  Biorig Energy San Millán-León SL, en virtud de un acuerdo entre ambas partes.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos previstos en el sur de León y que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León desde 2025, una vez que fueron rechazadas todas las alegaciones en contra de colectivos ecologistas. La futura planta de Biorig, según publica la propia compañía, costaría unos 35 millones de euros, generaría según sus cálculos unos 100 empleos durante la fase de construcción y 35 puestos entre directos e indirectos cuando ya funcione.

Se prevé allí el tratamiento inicial de 163.500 toneladas al año de residuos, principalmente purín de porcino -75.000 toneladas-, estiércol vacuno -45.000- y paja de maíz -29.500-. La empresa, sin embargo, eleva posteriormente la capacidad máxima prevista hasta las 198.000 toneladas anuales de residuos agroganaderos. Se han diseñado en San Millán nueve digestores de 35 metros de diámetro y ocho de altura, con un volumen unitario de 6.400 metros cúbicos. La producción prevista asciende a 119 GWh anuales de biometano, equivalente al consumo de casi 21.000 hogares, estiman ellos mismos.

El definitivo paso adelante publicado consiste en la información favorable a la petición de Enagás de construir de un nuevo punto de conexión para inyección de biometano en el gasoducto Zamora-Benavente-León, integrado en la gran infraestructura gasista que enlaza Castilla y León con Asturias, una auténtica autopista’ de gas que lleva hasta Oviedo.

El terreno allanado

El informe de la CNMC, fechado el 22 de enero de 2026, y ahora el Ministerio, respalda la autorización administrativa, supone la aprobación del proyecto de ejecución de este enganche y la declaración de utilidad pública de las instalaciones proyectadas por Enagás en el término municipal de San Millán de los Caballeros, permitiendo así las expropiaciones necesarias, entre otras ventajas. En este caso, tan sólo afectaría a una pequeña finca de 625 metros cuadrados, actualmente de uso agrícola y de regadío.

La aprobación bendice así que la futura planta pueda inyectarse directamente en la red troncal de transporte de gas natural, en virtud del contrato firmado entre Biorig Energy San Millán-León y Enagás el 3 de diciembre de 2024. El organismo regulador considera que este tipo de conexiones permiten “descarbonizar el suministro de gas natural mediante su sustitución por gases renovables o hipocarbónicos”.

La nueva infraestructura proyectada incluye una nueva posición de conexión en la parcela 98 del polígono 619 de San Millán de los Caballeros, una estación de medida G-65 y distintos sistemas de control, odorización y análisis de calidad del gas. Y la planta a la que suministraría se ubicaría a entre cuatro y cinco kilómetros de localidades como el propio San Millán, Pobladura de Pelayo García, Laguna de Negrillos, Villamañán o Villademor de la Vega.

Una de las mayores plantas previstas en León

La conexión avalada ahora por el Gobierno está directamente vinculada a la macroplanta promovida por Biorig Energy San Millán, una instalación que prevé convertir residuos agroganaderos en biometano y que por las dimensiones dadas a conocer no sólo podría ser la primera de muchas en funcionar en la provincia leonesa sino también de las que más capacidad tendría para transformar residuos sobre todo ganaderos en biogás.

Biorig defiende que la instalación devolverá a la actividad agrícola de la comarca unas 211.000 toneladas anuales de fertilizante orgánico homologado por la normativa europea y asegura que contará con sistemas de impermeabilización, reutilización de agua y control de olores. Con tales cifras, hoy mismo el sindicato Asaja de León ha aplaudido públicamente no solo este proyecto concreto sino todas las plantas del mismo tipo que se prevén en la provincia.

La Plaza Mayor de Cacabelos acogerá la XXIX Feria del Vino de la Denominación de Origen Bierzo, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo, consolidada ya como una de las grandes citas agroalimentarias y festivas de la provincia de León y que en esta edición combinará promoción, gastronomía, música y actividades profesionales en torno al sector vitivinícola.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado que la Feria del Vino “se ha afianzado como una de las citas agroalimentarias y festivas más relevantes no solo del calendario de la comarca de El Bierzo, sino también de toda la provincia”. También ha subrayado el papel estratégico de la viticultura en el medio rural al asegurar que “es uno de los pilares de nuestra economía” y “una herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación”, además de generar sinergias con sectores como la gastronomía y el turismo.

Asimismo, Courel ha realzado el prestigio alcanzado por los vinos bercianos gracias a “la calidad de sus añadas y los numerosos reconocimientos nacionales e internacionales que reciben cada año”. En este sentido, ha recordado el respaldo de la Diputación de León a través de la marca Productos de León y de la línea de ayudas a ferias agroalimentarias, cuya dotación económica seguirá incrementándose.

“La Feria del Vino no es solo un evento festivo, sino una apuesta decidida por impulsar una de las mayores joyas agroalimentarias de nuestro municipio, de nuestra comarca y de nuestra provincia”, dijo la alcaldesa de Cacabelos y diputada provincial de Desarrollo Rural, Irene González, que ha defendido el compromiso institucional con “los agricultores, viticultores y bodegueros que sostienen buena parte de la economía local”.

González ha recordado además que Cacabelos “está situado en pleno corazón del Bierzo” y que el municipio es sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, “lo que lo convierte en un escenario natural y administrativo para celebrar esta feria”. Asimismo, ha destacado que “el vínculo de Cacabelos con el cultivo de la vid es milenario y se remonta a la época romana”.

La Feria del Vino contará este año con la participación de 27 bodegas, la cifra más alta registrada hasta el momento, lo que refleja, según la organización, “el fuerte compromiso del sector con la marca DO Bierzo y con este escaparate de promoción”.

El programa, presentado este martes en la Diputación de León también con la presencia del presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez, y la concejala de Ferias y Fiestas de Cacabelos, Tania Martínez, incluirá actividades profesionales, catas, concursos, actuaciones musicales y propuestas gastronómicas. Entre ellas destaca la celebración de un “speedtasting” profesional dirigido al sector hostelero y distribuidores, catas especializadas, la entrega de los premios El Maestro y actuaciones de grupos finalistas vinculados al festival Planeta Sound.

Como novedad, la jornada del domingo se desarrollará de manera continua desde las 12.30 hasta las 18.00 horas, con actividades gastronómicas, showcooking, degustaciones y música en directo.

Los ganaderos del concejo asturiano de Mieres se conjuraron en una reciente manifestación en tierras leonesas: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”. Se referían al aprovechamiento de los riquísimos del puerto de Pinos, que desde hace un siglo es propiedad del Ayuntamiento astur, pero en el que mantienen derechos históricos de uso y aprovechamiento los pueblos del municipio de San Emiliano donde se enmarcan, en plena comarca leonesa de Babia.

Pero de momento aquella conjura no se cumple a fecha de hoy. Ni será fácil que ocurra. Y es que la Junta de Castilla y León insiste en denegar las guías a los profesionales del ganado mierense y sin ellas ningún animal puede pastar allí. Lo hace aduciendo la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) de determinar ya de manera definitiva, sin posibilidad de recurso, que cualquier actividad de Mieres en suelo leonés es irregular, por ser otra autonomía sobre la que no tiene competencias.

Sin embargo, ILEÓN ha podido confirmar que las vacas de Babia sí están aprovechando ya a día de hoy aquellos valorados pastos. Y lo hacen porque tienen todos los parabienes ganaderos. El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León ha confirmado a este medio que hasta la fecha han sido dos las explotaciones de pueblos de San Emiliano las que han solicitado, tramitado y finalmente obtenido las guías para aprovechamiento legal de las praderas de Pinos. Aquellas reses, pues, disponen hoy en exclusiva de todo el pasto de la zona.

La fecha de subida tradicional del ganado de los profesionales de Mieres a Pinos ha sido siempre primeros de junio. Y aunque queda poco menos de un mes, si alguna cabeza hace acto de presencia, la Junta considera que será de manera irregular.

Ya pasó lo mismo el año pasado, y eso sin que el más alto tribunal, el TS, se hubiera pronunciado: bastó con solo una dura sentencia previa del TSJ de Asturias que ya iba contra los intereses mierenses, que sigue aduciendo que las 900 hectáreas de Pinos son de su propiedad, adquiridas en 1926, lo cual es cierto.

Las mismas fuentes autonómicas recuerdan que cuando el pasado año aparecieron decenas, puede que cientos, de cabezas de ganado asturiano en Pinos -cuando en realidad habían alquilado el cercano puerto de Los Hidalgos-, se pusieron en marcha algunas sanciones por aquellos hechos. Y aseguran que volverá a ocurrir si este año se repite la escena. Todo ello ante la desesperación e indignación creciente de los profesionales del campo del otro lado de Peña Ubiña. Un episodio más en la tensión que genera lo que a todas luces es el conflicto territorial más potente y dilatado en el tiempo entre Asturias y León.

21 multas con sanción económica... que podrían agravarse

En la leonesa Delegación de la Junta, se tramitaron en el verano de 2025 un total de 21 expedientes sancionadores, que fue el número de crotales que la Guardia Civil llegó a identificar de reses de Mieres en el puerto de Pinos, donde no podían administrativamente estar. Algunas de las sanciones económicas propuestas ya por la Junta de Castilla y León han sido recurridas pero siguen su curso hasta culminar, casi con seguridad, en una multa. Y los propios profesionales asturianos son conscientes de que si este año se repite algún caso con reincidencia, los pocos miles de euros se pueden multiplicar exponencialmente.

Así lo lamentaban hace dos semanas un grupo de ganaderos mierenses en Villablino (León), donde acudieron a ejercer presión y pedir explicaciones a la sede de la Unidad Veterinaria de la comarca de Laciana. Y no sirvió de mucho: la Junta insistió en el 'no' rotundo a autorizarles las guías oficiales que son obligatorias.

La situación tiene desolados a los ganaderos, los cerca de 110 afectados, con en torno a 1.500 cabezas en total, según cifró recientemente su portavoz, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representante sindical agrario en el Principado, David Pérez, quien lamentaba que la situación puede abocar al cierre de explotaciones y el sustento de numerosas familias.

Por eso, además de en Villablino, hace escasos días también protestaron ante la propia sede del Ayuntamiento de Mieres para exigir que acelere una solución que les permita aprovechar los pastos de terrenos que, aunque leoneses, son propiedad del concejo. La salida aireada públicamente buscaría bordear la prohibitiva sentencia del Supremo, cambiándole el uso al terreno de Pinos, pasándolo a otra naturaleza jurídica como bien patrimonial, y después adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos.

La “treta” ya tiene dos bloqueos anunciados: el de San Emiliano y la Federación de Entidades Locales Menores de León, que llevan años litigando y denunciando “excesos” de Mieres en suelo leonés. Porque lo consideran abiertamente  “una prevaricación pura y dura”. Ya han llevado esta intención ante el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que aseguran que les ha dado la razón y parado los pies a Mieres. El segundo bloqueo es institucional y oficial, ya que la Junta repite argumento, se aferra a la sentencia y dice que vigilará la situación de cerca.

Está por ver si este desigual bloqueo y la actual contundencia institucional del Gobierno autonómico, hoy del Partido Popular (PP) y pronto nuevamente en pacto con Vox, volverán a generar escenas de tensión en Pinos en el tramo final de la primavera, como ya se han vivido en muchos años posteriores.

El crecimiento industrial no solo se mide en toneladas o en cientos de miles de euros, también se mide en litros. En concreto, 666.000 litros de agua cada día. Ese es el volumen que una conocida industria agroalimentaria ubicada en la localidad leonesa de Riego de la Vega quiere garantizar para poder acometer el aumento de su producción de legumbre cocida. Una cifra que resume por sí sola la dimensión del proyecto y que ahora está pendiente del visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno central.

El procedimiento impulsado por la marca Legumbres Luengo ha entrado ya en fase pública tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 5 de mayo, con un plazo de un mes para revisar los detalles del proyecto y valorar si presentar o no alegaciones al mismo. Un mes en el que administraciones, colectivos y particulares podrán pronunciarse sobre una solicitud que eleva el consumo anual hasta los 200 millones de litros, cuando hasta ahora tienen una concesión en marcha de 150.000 millones por ejercicio, por lo que solicitan aumentar un 33% más.

El salto productivo pasa por intensificar el ritmo de producción: la empresa se plantea tener a pleno rendimiento sus instalaciones durante seis días a la semana y también quiere prepararse para aumentar más horas de actividad cada jornada. Y para ello solicita mucha más agua pero sin nuevas captaciones, manteniendo las cuatro que están operativas actualmente, según los documentos disponibles en el portal de CHD. Eso sí, de las mismas captaciones confía en poder contar, si la autorización sale adelante, con un caudal de hasta 20,8 litros por cada segundo.

En paralelo a este expediente, la misma compañía, Legumbres Luengo, mantiene en tramitación otra solicitud de gran calado hídrico para su planta del polígono industrial de Onzonilla, junto a León capital. Según publicó el BOE, la firma pide a la Confederación Hidrográfica del Duero triplicar prácticamente su capacidad de consumo, elevando el caudal máximo de 5,625 a 17,36 litros por segundo y el volumen anual desde cerca de 100.000 hasta 250.000 metros cúbicos (un 150% más) respecto a la concesión vigente desde 2010. Una ampliación que refuerza el mismo patrón: más producción y más demanda de agua en distintas instalaciones de la provincia, en este caso incluso con el llamativo detalle de que la autorización actual ya contemplaba un “uso recreativo” limitado al riego de una docena de árboles.

Dos acuíferos de Órbigo y Maragatería

Volviendo a Riego de la Vega, ahí se sitúa uno de los puntos clave del nuevo trámite. El agua que solicitan aprovechar procede de dos masas subterráneas importantes en el centro geográfico de la provincia de León: el acuífero Aluvial del Órbigo y el de La Maragatería, donde algunos sondeos alcanzan profundidades de hasta 225 metros. Reservas de acuíferos bajo presión en un contexto de creciente demanda y episodios de sequía que podrían ser cada vez más frecuentes, como la propia CHD remarca en cada renovación del Plan Hidrológico de la cuenca.

En la documentación técnica, la empresa sostiene que no existe una “afección destacable” sobre el entorno ni sobre el estado de los acuíferos. Subraya además que no se realizarán nuevas captaciones ni modificaciones estructurales en las actuales, que seguirán operando bajo las mismas condiciones. Una de ellas, de hecho, la número 3, permanecería catalogada como captación de emergencia, destinada a utilizarse solo cuando las otras tres no puedan suministrar todo el caudal necesario.

Un grupo en crecimiento

Pero el foco no está solo en cómo se extrae el agua, sino en cuánto. El incremento de 50 millones de litros anuales llega en un momento en el que la gestión hídrica en la cuenca del Duero se mueve en un equilibrio cada vez más ajustado entre usos agrícolas, industriales y disponibilidad real del recurso. Una decisión que queda en manos de la Confederación y que habrá de adoptarse, o rechazarse, exclusivamente por criterios técnicos y medioambientales, dejando en un segundo plano que ampliación de Legumbres Luengo permitiría a la factoría consolidar su posición en el mercado nacional e internacional de legumbres, uno de los sectores más dinámicos del campo leonés.

Esa pujanza hizo que Luengo adquiriera en el año 2017 la compañía Alimentos Naturales SA, ubicada en Onzonilla y centrada en la actividad de procesado y envasado de legumbres. La empresa provenía de los resquicios del antiguo y poderoso grupo leonés Elosúa pero entró en concurso de acreedores desde 2015. La operación, valorada entonces en 7,5 millones de euros, permitió a Luengo mantener la producción, preservar los empleos y reforzar su implantación en la provincia de León, con el puntal de la sede central de Riego de la Vega, situada entre La Bañeza y Astorga, que ahora también busca recrecer. Si finalmente consigue la ingente cantidad de agua que necesita.

El paro bajó en abril en la provincia de León en 643 personas con respecto al mes de marzo, un descenso del 3,09%, superior al 2,59% del total de España, que sobrepasa por primera vez la barrera de los 22 millones de trabajadores. La caída en la provincia, que se queda en 20.199 demandantes, fue incluso mayor en términos interanuales: 1.284 inscritos menos que a la misma altura de 2025, un 5,98% menos, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El mes, que comenzó todavía en plena Semana Santa, deja descensos del desempleo en todos los sectores económicos. El mayor tirón corresponde al sector servicios.

Por sectores, el desempleo bajó en todos, especialmente en los servicios (-506, de 15.003 a 14.497) y, de forma más moderada, en la construcción (-48, de 1.289 a 1.241), la industria (-20, de 1.721 a 1.701) y la agricultura (-14, de 686 a 672). También cayó en la estadística del colectivo sin empleo anterior (-55, de 2.143 a 2.088).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.951 mujeres desempleadas frente a 8.248 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (741 hombres frente a 648 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (652 hombres por 799 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.970 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.885 por 7.401).

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha destacado que “los datos reflejan una evolución positiva y constante del empleo en la provincia, con una reducción del paro que no es puntual, sino fruto de una tendencia consolidada”. “Sabemos”, añade el representante del Ejecutivo en la provincia, “que todavía queda trabajo por hacer. Por eso, estos datos nos permiten ser moderadamente optimista y seguir trabajando con determinación para que nadie se quede atrás”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en abril 3.281 parados menos que en marzo, con un 3,18% de recorte que dejó en 99.764 los desempleados en esa comunidad, que ese mes sumó 5.583 cotizantes más a la Seguridad Social, hasta los 996.554.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de abril en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.227 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,98%.

En comparativa anual, Castilla y León cerró abril con 15.558 cotizantes más que hace un año, con un repunte del 1,59%; y con 5.227 parados menos, el -4,98% de bajada en doce meses.

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que anotó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril en España hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

El paro registrado en abril de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior, con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza, y Castilla y León con el quinto mayor recorte en dato absoluto.

Provincias

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad, sobre todo en Palencia (-5,38%). En Ávila el desempleo bajó un 2,19% respecto a marzo, en Burgos el 3,84%, en León el 3,09%, en Salamanca un 4,37%, en Segovia el 3,53%, en Soria un 0,83%, con un 2,71% en Valladolid y el 1,20% de recorte en Zamora.

En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, subieron en todas las provincias, entre el 0,89% de Ávila y 0,16% de Valladolid, con un 0,80% en León, 0,69% en Palencia, 0,66% en Salamanca, 0,65% en Burgos, 0,60% en Zamora, 0,58% en Segovia y el 0,52% en Soria.

El paro bajó en abril en todos los sectores de la comunidad, especialmente en el de servicios (-2.507). En agricultura, Castilla y León anotó 114 parados menos que en marzo, con 211 menos en la industria, 183 en la construcción y 266 menos en el colectivo de sin empleo anterior.

El paro bajó también tanto en los menores de 25 años, con 974 desempleados menos que en marzo, como en las mujeres, con 1.471 inscritas menos en las listas de la comunidad.

En abril se formalizaron 50.170 contratos en la comunidad, que suponen 3.412 menos que en marzo, con un recorte del 6,37%, frente al -4,03 nacional; con 815 contratos más que hace un año, el 1,65%, también por debajo del 10,31% de aumento del conjunto autonómico. De esos contratos, 17.522 fueron indefinidos, 2.708 menos que en marzo y 566 más que hace doce meses.

De los más de 99.000 parados que tiene la comunidad a final de abril recibieron alguna prestación, en este caso con datos de marzo, un total de 56.294, de ellas 38.906 prestaciones contributivas, 17.351 subsidios y 37 rentas activas de inserción.

Las solicitudes para acogerse a la vendimia en verde en la comarca de El Bierzo han tenido un seguimiento muy limitado en la campaña de 2026, según las estimaciones de Asaja, que calcula que apenas alrededor del 1 % de las 2.300 hectáreas inscritas en la Denominación de Origen Bierzo han optado por esta medida.

La organización agraria ha gestionado estas ayudas desde su oficina en Ponferrada, una vez cerrado el plazo de solicitudes el pasado 29 de abril.

La vendimia en verde consiste en eliminar los racimos antes de que maduren, con el objetivo de reducir la producción en un contexto marcado por el exceso de vino en el mercado y las dificultades para vender la uva a precios rentables.

Según los datos manejados por Asaja, las explotaciones que han recurrido a esta herramienta comparten características similares: viñedos antiguos, con elevados costes de cultivo y difícil mecanización, en muchos casos centrados en variedades tintas como la Mencía, una de las más afectadas por la caída de la demanda en la zona.

En cuanto a las ayudas, los viticultores que obtengan la aprobación recibirán 500 euros por hectárea para compensar la eliminación de la producción, además de 0,55 euros por kilo, calculados sobre la media de las tres últimas campañas.

Esta línea de apoyo se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC y busca contribuir a equilibrar el mercado vitivinícola.

Desde Asaja insisten en que se trata de una medida “excepcional y extrema”, y subrayan que la prioridad debería ser lograr precios justos para la uva mediante la negociación con bodegas y cooperativas.

En este sentido, defienden que la sostenibilidad del sector pasa por garantizar la rentabilidad de todos sus eslabones, especialmente del viticultor, al que consideran el más vulnerable.

La organización recuerda además que el viñedo berciano soporta costes de producción elevados, derivados del peso del viñedo viejo, las condiciones agronómicas y el minifundismo característico de la comarca, factores que, a su juicio, deberían reflejarse en el precio final de la uva.

Aunque no hay cifras definitivas, Asaja estima que menos de veinte productores han solicitado estas ayudas, lo que evidencia el escaso impacto de una herramienta concebida como puntual dentro de la regulación del mercado del vino.

El Consejo Comarcal de El Bierzo ha relanzado, a través del Banco de Tierras, una de sus iniciativas más tradicionales para impulsar la actividad agraria: el reparto de plantas para huertos, acompañado en esta ocasión de un programa formativo para mejorar su aprovechamiento.

La iniciativa, que se había interrumpido en 2020 con la pandemia, regresa con fuerza y con el objetivo de fomentar el cultivo en pequeñas parcelas, reactivar terrenos en desuso y promover el consumo de proximidad.

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, puso en valor el alcance del Banco de Tierras, que gestiona en la actualidad 5.500 parcelas, de las cuales 489 permanecen disponibles. La mayor parte se destinan al viñedo y se concentran en el Bierzo Central, donde también se registra una mayor demanda.

En cuanto al reparto, la gerente del Banco de Tierras, Beatriz Anievas, explicó que se entregarán 26.880 plantas entre los inscritos. El lote incluye 9.000 pimientos, 880 tomates, 9.000 cebollas de dos variedades, 5.000 puerros y 3.000 lechugas, también de dos tipos.

Cada participante podrá recibir hasta 300 plantas en los cultivos principales y un máximo de 100 lechugas. El plazo de solicitud se abrirá del 30 de abril al 15 de mayo, mientras que la recogida del plantón tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo en Carracedelo.

Como novedad, el programa incorpora una vertiente formativa con un curso que se desarrollará entre el 2 de mayo y el 14 de agosto en una finca de Villadepalos. Las sesiones, de carácter práctico, se impartirán los viernes cada quince días hasta completar 20 horas.

El objetivo es que los participantes no solo planten, sino que puedan mantener y sacar rendimiento a sus huertos con garantías.

Desde el Banco de Tierras destacan que esta acción pretende generar pequeños ingresos complementarios en el ámbito rural y favorecer el aprovechamiento de fincas abandonadas.

“Se trata de generar actividad económica, aumentar las fincas dedicadas a huerta y preservar las tradiciones agrícolas de siempre, además de avanzar en soberanía alimentaria”, señaló Anievas.

Pese a los avances, desde la entidad reconocen que el abandono de tierras sigue siendo un problema en la comarca, aunque en sectores como el de los frutales ya se percibe un relevo más profesionalizado. “Las fincas que se abandonan en seguida se cubren”, apuntan.

El Banco de Tierras continúa sumando parcelas y consolidándose como un modelo de referencia, aunque el reto sigue siendo movilizar el suelo agrario disponible y convertirlo en una oportunidad real de desarrollo para el Bierzo. 

Las lluvias de los últimos días le están viniendo bien al campo leonés. El agua caída ha mejorado el desarrollo del cereal de invierno y ha permitido activar la siembra del girasol de secano, que llevaba semanas paralizada por la falta de humedad, según la Lonja de León en una información recogida por la Agencia EFE.

Este cambio de escenario no solo garantiza un buen arranque de ambos cultivos, sino que además apunta a un incremento significativo de la superficie dedicada al girasol en la provincia. La previsión es que se superen con holgura las 7.907 hectáreas sembradas en la campaña anterior.

Detrás de este aumento hay varios factores. Por un lado, el invierno especialmente lluvioso impidió completar toda la siembra de cereal prevista, lo que ha dejado terreno disponible. Por otro, el elevado precio de los fertilizantes está llevando a muchos agricultores a optar por el girasol, un cultivo que requiere menor inversión.

En cuanto a los precios, la Lonja ha constatado esta semana una estabilidad en los cereales, aunque advierte de que el mercado podría estar acercándose a un cambio de ciclo. La evolución dependerá en gran medida de la situación de los cultivos en los principales países productores, que en estos momentos no presentan condiciones óptimas.

También influye la incertidumbre sobre el maíz, ya que las previsiones apuntan a una posible reducción de superficie en los países exportadores, lo que podría alterar el comportamiento del mercado en los próximos meses.

En el sector ganadero, la tendencia es distinta. El precio de la carne de vacuno ha vuelto a bajar, siguiendo la línea descendente de las últimas semanas. La Lonja lo atribuye a un consumo más débil, especialmente tras el final de periodos de mayor demanda como la Semana Santa o el Ramadán, en los que no se cumplieron las expectativas de ventas.

El resto de producciones agrícolas y cárnicas han mantenido esta semana los mismos precios, sin variaciones respecto a la anterior.

El ganadero leonés Javier Pellón es el tercer afectado por positivos por tuberculosis que se han registrado en la Montaña Oriental Leonesa en los últimos meses y que obligan a sacrificar a todas las reses de la explotación afectada. Fueron en última instancia los tribunales los que paralizaron en junio de 2023 el intento de la Junta de Castilla y León (por entonces gobernada en coalición por PP y Vox) de relajar estos controles sanitarios para evitar medidas de este tipo.

El primer positivo de los últimos meses se registró en una explotación de Barniedo de la Reina con 175 vacas sacrificadas. El segundo, en Espejos de la Reina, obligó a enviar al matadero otros treinta animales, “el 95% de ellos, sanos”, lamenta.

Se da la circunstancia de que los titulares de ambas ganaderías son familiares de Javier, el tercer afectado, cuyas vacas elevan a más de trescientos los sacrificios en esas tres localidades, todas pertenecientes al municipio de Boca de Huérgano.

A punto de cumplir sesenta años, Pellón debe ahora replantearse su futuro después de que un único positivo por tuberculosis en su ganadería le haya obligado a sacrificar la totalidad de sus vacas en base a una normativa que, además, no permite comprar más animales en los próximos cuatro meses.

Para cumplir con el protocolo sanitario establecido por la Junta de Castilla y León ante este tipo de contagios, Javier ha enviado al matadero un total de 102 vacas, todas sanas menos una, que dio positivo en la enfermedad en un control de saneamiento anual.

“Lo que no puede ser es que por un positivo te maten todas las vacas”, ha denunciado en una entrevista con la Agencia EFE este ganadero, que ha lamentado que hasta después del verano no podrá adquirir más animales.

Hace años, ha comparado, hacían análisis a todos los animales y sólo se sacrificaba el que estuviese enfermo, pero ahora la normativa con el ganado no estabulado es más estricta.

Consecuencia de los incendios

La medida busca evitar contagios por una enfermedad que este año está castigando especialmente a esta zona a consecuencia de los incendios del verano.

Según denuncia Javier, el contagio de su animal se ha debido a la proximidad de la fauna salvaje con su explotación, puesto que estos animales bajan en busca de alimento debido a que los montes en los que viven jabalíes, venados o tejones han quedado arrasados por los incendios del pasado agosto.

Aunque finalmente decida volver a comprar vacas para continuar con su ganadería extensiva, ya no serán animales “de confianza”, nacidos en su propia explotación como los que tenía hasta ahora, ha lamentado.

“Y si compro en septiembre o en octubre compraré menos, porque ya tengo casi sesenta años y los hijos no quieren ganadería”, ha lamentado.

El sacrificio obligatorio de animales en el marco de los programas de control o erradicación de la tuberculosis está compensado con una indemnización, pero Javier desconoce por el momento cuál es su cuantía.

Como dice el dicho sobre “el perro del hortelano, ni come ni deja comer”. Una vez confirmado que los ganaderos de Mieres no podrán utilizar este año los ricos pastos del puerto de Pinos, propiedad del concejo asturiano pero situado en suelo leonés de la comarca de Babia, el colectivo lo tiene claro: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”.

Esta fue la categórica postura de una delegación de los ganaderos mierenses que se concentraron hoy en la Unidad Veterinaria comarcal de la Junta en Villablino. Allí les esperaba el jefe del servicio territorial de Agricultura y Ganadería, el veterano Fidentino Reyero, para certificarles que como ya ocurrió el año pasado no dispondrán de las guías oficiales obligatorias para poder utilizar los pastos babianos.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representantes sindical agrario en el Principado, David Pérez, advirtió que si los ganaderos de los cuatro pueblos del ayuntamiento leonés de San Emiliano que conservan derechos históricos de pasto siguen dejando campar allí sus reses, igualmente sin autorización, actuarán con contundencia. Porque aseguran que “Pinos está lleno de ganado”.

“Hay que ejecutar la sentencia”

Fuentes oficiales de la Delegación han corroborado que un ejercicio más “no se les va a autorizar” sencillamente porque ahora “hay que ejecutar una sentencia”, en referencia a la categórica postura reciente del Tribunal Supremo que, al inadmitir el último recurso del Concejo de Mieres, dueño de las cerca de 900 hectáreas compradas hace un siglo en suelo leonés, zanja que el ayuntamiento del Principado no tiene competencia alguna en otra Comunidad autónoma.

Es más, cuando el año pasado la Guardia Civil localizó a multitud de reses pastando en Pinos sin las guías y el visto bueno de Castilla y León, la Junta abrió “una veintena” de sanciones económicas que han sido recurridas y están “próximas” a resolverse con multas económicas, las cuales podrían repetirse y agravarse nuevamente este verano si la situación se repite.

Los ganaderos de Mieres, unos 110 con cerca de 1.500 cabezas, según Pérez, irán a la ruina ante este bloqueo, afectando a “muchas familias”. Y sólo ven en esta actual situación un “conflicto político” con “intereses” de algunos alcaldes pedáneos e incluso del abogado babiano Carlos González-Antón, que a su juicio ponen fin a “la convivencia” de todo un siglo. Aunque en realidad han sido muchos los años en los que la tensión en el puerto de Pinos ha estallado, obligando incluso a presencia policial.

El Gobierno autonómico se congratula... y tiene un plan

Por boca oficial de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, la Junta de Castilla y León (PP) ha celebrado el fallo final del Tribunal Supremo declarando ilegal toda la actividad mierense en el Puerto de Pinos. Pero lejos de hablar de una posible expropiación de los terrenos, como reclaman los pueblos leoneses y el municipio de San Emiliano, prefirió deslizar que trabajará en un plan de gestión del espacio natural de Babia y Luna en el que Pinos se enmarca, desde el que se aprobarán restricciones y usos de esta zona.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Se remonta a hace justo un siglo, cuando Mieres adquirió en subasta cerca de 900 hectáreas que pertenecían a la Fundación Sierra Pambley. Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos, mientras los ganaderos de Mieres insistían hoy en que “en Mieres no tenemos pastos” para sus reses, por lo que dependen casi totalmente de Pinos, del que Mieres es dueño legítimo. El pasado año se alquiló suelo en otra zona leonesa, Los Hidalgos, “pero sólo caben unos 300 animales” y muchos acabaron nuevamente en Pinos, lo que motivó las sanciones.

El siguiente paso de los profesionales mierenses serán reunirse con el concejo y “no ocultamos” que buscarán cualquier situación para “que Mieres pueda actuar en su finca”. La idea es cambiarle el uso, admite Pérez, y que se firme una cesión de uso municipal a ellos para que lo puedan explotar. Una alternativa que la Junta en León ya advierte que es un “subterfucio” que no permitirán, porque ven como “una prevaricación pura y dura” que se intente sortear toda una sentencia del Supremo.

Por último, los ganaderos atacan a su propio Gobierno autonómico (PSOE e IU), por considerar que el consejero de Agricultura asturiano no les está defendiendo frente a sus homólogos de la Comunidad vecina.