El Gobierno central da un nuevo paso de autorizaciones que podría ser el espaldarazo definitivo al desarrollo de la primera macroplanta de biogás, en concreto de biometano, a partir del tratamiento de residuos agroganaderos, de los muchos que hay diseñados en el sur de la provincia de León, en concreto en San Millán de los Caballeros.

En concreto, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el visto bueno que blinda la conexión al gran gasoducto que va desde Burgos a Asturias para facilitar así la futura macroplanta de biogás de San Millán de los Caballeros. El enganche, valorado en un presupuesto de 717.698,76 euros, correrá a cargo de Enagás SA y la macroplanta diseñada de la mano de la empresa  Biorig Energy San Millán-León SL, en virtud de un acuerdo entre ambas partes.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos previstos en el sur de León y que ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León desde 2025, una vez que fueron rechazadas todas las alegaciones en contra de colectivos ecologistas. La futura planta de Biorig, según publica la propia compañía, costaría unos 35 millones de euros, generaría según sus cálculos unos 100 empleos durante la fase de construcción y 35 puestos entre directos e indirectos cuando ya funcione.

Se prevé allí el tratamiento inicial de 163.500 toneladas al año de residuos, principalmente purín de porcino -75.000 toneladas-, estiércol vacuno -45.000- y paja de maíz -29.500-. La empresa, sin embargo, eleva posteriormente la capacidad máxima prevista hasta las 198.000 toneladas anuales de residuos agroganaderos. Se han diseñado en San Millán nueve digestores de 35 metros de diámetro y ocho de altura, con un volumen unitario de 6.400 metros cúbicos. La producción prevista asciende a 119 GWh anuales de biometano, equivalente al consumo de casi 21.000 hogares, estiman ellos mismos.

El definitivo paso adelante publicado consiste en la información favorable a la petición de Enagás de construir de un nuevo punto de conexión para inyección de biometano en el gasoducto Zamora-Benavente-León, integrado en la gran infraestructura gasista que enlaza Castilla y León con Asturias, una auténtica autopista’ de gas que lleva hasta Oviedo.

El terreno allanado

El informe de la CNMC, fechado el 22 de enero de 2026, y ahora el Ministerio, respalda la autorización administrativa, supone la aprobación del proyecto de ejecución de este enganche y la declaración de utilidad pública de las instalaciones proyectadas por Enagás en el término municipal de San Millán de los Caballeros, permitiendo así las expropiaciones necesarias, entre otras ventajas. En este caso, tan sólo afectaría a una pequeña finca de 625 metros cuadrados, actualmente de uso agrícola y de regadío.

La aprobación bendice así que la futura planta pueda inyectarse directamente en la red troncal de transporte de gas natural, en virtud del contrato firmado entre Biorig Energy San Millán-León y Enagás el 3 de diciembre de 2024. El organismo regulador considera que este tipo de conexiones permiten “descarbonizar el suministro de gas natural mediante su sustitución por gases renovables o hipocarbónicos”.

La nueva infraestructura proyectada incluye una nueva posición de conexión en la parcela 98 del polígono 619 de San Millán de los Caballeros, una estación de medida G-65 y distintos sistemas de control, odorización y análisis de calidad del gas. Y la planta a la que suministraría se ubicaría a entre cuatro y cinco kilómetros de localidades como el propio San Millán, Pobladura de Pelayo García, Laguna de Negrillos, Villamañán o Villademor de la Vega.

Una de las mayores plantas previstas en León

La conexión avalada ahora por el Gobierno está directamente vinculada a la macroplanta promovida por Biorig Energy San Millán, una instalación que prevé convertir residuos agroganaderos en biometano y que por las dimensiones dadas a conocer no sólo podría ser la primera de muchas en funcionar en la provincia leonesa sino también de las que más capacidad tendría para transformar residuos sobre todo ganaderos en biogás.

Biorig defiende que la instalación devolverá a la actividad agrícola de la comarca unas 211.000 toneladas anuales de fertilizante orgánico homologado por la normativa europea y asegura que contará con sistemas de impermeabilización, reutilización de agua y control de olores. Con tales cifras, hoy mismo el sindicato Asaja de León ha aplaudido públicamente no solo este proyecto concreto sino todas las plantas del mismo tipo que se prevén en la provincia.

La Plaza Mayor de Cacabelos acogerá la XXIX Feria del Vino de la Denominación de Origen Bierzo, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo, consolidada ya como una de las grandes citas agroalimentarias y festivas de la provincia de León y que en esta edición combinará promoción, gastronomía, música y actividades profesionales en torno al sector vitivinícola.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado que la Feria del Vino “se ha afianzado como una de las citas agroalimentarias y festivas más relevantes no solo del calendario de la comarca de El Bierzo, sino también de toda la provincia”. También ha subrayado el papel estratégico de la viticultura en el medio rural al asegurar que “es uno de los pilares de nuestra economía” y “una herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación”, además de generar sinergias con sectores como la gastronomía y el turismo.

Asimismo, Courel ha realzado el prestigio alcanzado por los vinos bercianos gracias a “la calidad de sus añadas y los numerosos reconocimientos nacionales e internacionales que reciben cada año”. En este sentido, ha recordado el respaldo de la Diputación de León a través de la marca Productos de León y de la línea de ayudas a ferias agroalimentarias, cuya dotación económica seguirá incrementándose.

“La Feria del Vino no es solo un evento festivo, sino una apuesta decidida por impulsar una de las mayores joyas agroalimentarias de nuestro municipio, de nuestra comarca y de nuestra provincia”, dijo la alcaldesa de Cacabelos y diputada provincial de Desarrollo Rural, Irene González, que ha defendido el compromiso institucional con “los agricultores, viticultores y bodegueros que sostienen buena parte de la economía local”.

González ha recordado además que Cacabelos “está situado en pleno corazón del Bierzo” y que el municipio es sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, “lo que lo convierte en un escenario natural y administrativo para celebrar esta feria”. Asimismo, ha destacado que “el vínculo de Cacabelos con el cultivo de la vid es milenario y se remonta a la época romana”.

La Feria del Vino contará este año con la participación de 27 bodegas, la cifra más alta registrada hasta el momento, lo que refleja, según la organización, “el fuerte compromiso del sector con la marca DO Bierzo y con este escaparate de promoción”.

El programa, presentado este martes en la Diputación de León también con la presencia del presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez, y la concejala de Ferias y Fiestas de Cacabelos, Tania Martínez, incluirá actividades profesionales, catas, concursos, actuaciones musicales y propuestas gastronómicas. Entre ellas destaca la celebración de un “speedtasting” profesional dirigido al sector hostelero y distribuidores, catas especializadas, la entrega de los premios El Maestro y actuaciones de grupos finalistas vinculados al festival Planeta Sound.

Como novedad, la jornada del domingo se desarrollará de manera continua desde las 12.30 hasta las 18.00 horas, con actividades gastronómicas, showcooking, degustaciones y música en directo.

Los ganaderos del concejo asturiano de Mieres se conjuraron en una reciente manifestación en tierras leonesas: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”. Se referían al aprovechamiento de los riquísimos del puerto de Pinos, que desde hace un siglo es propiedad del Ayuntamiento astur, pero en el que mantienen derechos históricos de uso y aprovechamiento los pueblos del municipio de San Emiliano donde se enmarcan, en plena comarca leonesa de Babia.

Pero de momento aquella conjura no se cumple a fecha de hoy. Ni será fácil que ocurra. Y es que la Junta de Castilla y León insiste en denegar las guías a los profesionales del ganado mierense y sin ellas ningún animal puede pastar allí. Lo hace aduciendo la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) de determinar ya de manera definitiva, sin posibilidad de recurso, que cualquier actividad de Mieres en suelo leonés es irregular, por ser otra autonomía sobre la que no tiene competencias.

Sin embargo, ILEÓN ha podido confirmar que las vacas de Babia sí están aprovechando ya a día de hoy aquellos valorados pastos. Y lo hacen porque tienen todos los parabienes ganaderos. El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León ha confirmado a este medio que hasta la fecha han sido dos las explotaciones de pueblos de San Emiliano las que han solicitado, tramitado y finalmente obtenido las guías para aprovechamiento legal de las praderas de Pinos. Aquellas reses, pues, disponen hoy en exclusiva de todo el pasto de la zona.

La fecha de subida tradicional del ganado de los profesionales de Mieres a Pinos ha sido siempre primeros de junio. Y aunque queda poco menos de un mes, si alguna cabeza hace acto de presencia, la Junta considera que será de manera irregular.

Ya pasó lo mismo el año pasado, y eso sin que el más alto tribunal, el TS, se hubiera pronunciado: bastó con solo una dura sentencia previa del TSJ de Asturias que ya iba contra los intereses mierenses, que sigue aduciendo que las 900 hectáreas de Pinos son de su propiedad, adquiridas en 1926, lo cual es cierto.

Las mismas fuentes autonómicas recuerdan que cuando el pasado año aparecieron decenas, puede que cientos, de cabezas de ganado asturiano en Pinos -cuando en realidad habían alquilado el cercano puerto de Los Hidalgos-, se pusieron en marcha algunas sanciones por aquellos hechos. Y aseguran que volverá a ocurrir si este año se repite la escena. Todo ello ante la desesperación e indignación creciente de los profesionales del campo del otro lado de Peña Ubiña. Un episodio más en la tensión que genera lo que a todas luces es el conflicto territorial más potente y dilatado en el tiempo entre Asturias y León.

21 multas con sanción económica... que podrían agravarse

En la leonesa Delegación de la Junta, se tramitaron en el verano de 2025 un total de 21 expedientes sancionadores, que fue el número de crotales que la Guardia Civil llegó a identificar de reses de Mieres en el puerto de Pinos, donde no podían administrativamente estar. Algunas de las sanciones económicas propuestas ya por la Junta de Castilla y León han sido recurridas pero siguen su curso hasta culminar, casi con seguridad, en una multa. Y los propios profesionales asturianos son conscientes de que si este año se repite algún caso con reincidencia, los pocos miles de euros se pueden multiplicar exponencialmente.

Así lo lamentaban hace dos semanas un grupo de ganaderos mierenses en Villablino (León), donde acudieron a ejercer presión y pedir explicaciones a la sede de la Unidad Veterinaria de la comarca de Laciana. Y no sirvió de mucho: la Junta insistió en el 'no' rotundo a autorizarles las guías oficiales que son obligatorias.

La situación tiene desolados a los ganaderos, los cerca de 110 afectados, con en torno a 1.500 cabezas en total, según cifró recientemente su portavoz, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representante sindical agrario en el Principado, David Pérez, quien lamentaba que la situación puede abocar al cierre de explotaciones y el sustento de numerosas familias.

Por eso, además de en Villablino, hace escasos días también protestaron ante la propia sede del Ayuntamiento de Mieres para exigir que acelere una solución que les permita aprovechar los pastos de terrenos que, aunque leoneses, son propiedad del concejo. La salida aireada públicamente buscaría bordear la prohibitiva sentencia del Supremo, cambiándole el uso al terreno de Pinos, pasándolo a otra naturaleza jurídica como bien patrimonial, y después adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos.

La “treta” ya tiene dos bloqueos anunciados: el de San Emiliano y la Federación de Entidades Locales Menores de León, que llevan años litigando y denunciando “excesos” de Mieres en suelo leonés. Porque lo consideran abiertamente  “una prevaricación pura y dura”. Ya han llevado esta intención ante el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que aseguran que les ha dado la razón y parado los pies a Mieres. El segundo bloqueo es institucional y oficial, ya que la Junta repite argumento, se aferra a la sentencia y dice que vigilará la situación de cerca.

Está por ver si este desigual bloqueo y la actual contundencia institucional del Gobierno autonómico, hoy del Partido Popular (PP) y pronto nuevamente en pacto con Vox, volverán a generar escenas de tensión en Pinos en el tramo final de la primavera, como ya se han vivido en muchos años posteriores.

El crecimiento industrial no solo se mide en toneladas o en cientos de miles de euros, también se mide en litros. En concreto, 666.000 litros de agua cada día. Ese es el volumen que una conocida industria agroalimentaria ubicada en la localidad leonesa de Riego de la Vega quiere garantizar para poder acometer el aumento de su producción de legumbre cocida. Una cifra que resume por sí sola la dimensión del proyecto y que ahora está pendiente del visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno central.

El procedimiento impulsado por la marca Legumbres Luengo ha entrado ya en fase pública tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 5 de mayo, con un plazo de un mes para revisar los detalles del proyecto y valorar si presentar o no alegaciones al mismo. Un mes en el que administraciones, colectivos y particulares podrán pronunciarse sobre una solicitud que eleva el consumo anual hasta los 200 millones de litros, cuando hasta ahora tienen una concesión en marcha de 150.000 millones por ejercicio, por lo que solicitan aumentar un 33% más.

El salto productivo pasa por intensificar el ritmo de producción: la empresa se plantea tener a pleno rendimiento sus instalaciones durante seis días a la semana y también quiere prepararse para aumentar más horas de actividad cada jornada. Y para ello solicita mucha más agua pero sin nuevas captaciones, manteniendo las cuatro que están operativas actualmente, según los documentos disponibles en el portal de CHD. Eso sí, de las mismas captaciones confía en poder contar, si la autorización sale adelante, con un caudal de hasta 20,8 litros por cada segundo.

En paralelo a este expediente, la misma compañía, Legumbres Luengo, mantiene en tramitación otra solicitud de gran calado hídrico para su planta del polígono industrial de Onzonilla, junto a León capital. Según publicó el BOE, la firma pide a la Confederación Hidrográfica del Duero triplicar prácticamente su capacidad de consumo, elevando el caudal máximo de 5,625 a 17,36 litros por segundo y el volumen anual desde cerca de 100.000 hasta 250.000 metros cúbicos (un 150% más) respecto a la concesión vigente desde 2010. Una ampliación que refuerza el mismo patrón: más producción y más demanda de agua en distintas instalaciones de la provincia, en este caso incluso con el llamativo detalle de que la autorización actual ya contemplaba un “uso recreativo” limitado al riego de una docena de árboles.

Dos acuíferos de Órbigo y Maragatería

Volviendo a Riego de la Vega, ahí se sitúa uno de los puntos clave del nuevo trámite. El agua que solicitan aprovechar procede de dos masas subterráneas importantes en el centro geográfico de la provincia de León: el acuífero Aluvial del Órbigo y el de La Maragatería, donde algunos sondeos alcanzan profundidades de hasta 225 metros. Reservas de acuíferos bajo presión en un contexto de creciente demanda y episodios de sequía que podrían ser cada vez más frecuentes, como la propia CHD remarca en cada renovación del Plan Hidrológico de la cuenca.

En la documentación técnica, la empresa sostiene que no existe una “afección destacable” sobre el entorno ni sobre el estado de los acuíferos. Subraya además que no se realizarán nuevas captaciones ni modificaciones estructurales en las actuales, que seguirán operando bajo las mismas condiciones. Una de ellas, de hecho, la número 3, permanecería catalogada como captación de emergencia, destinada a utilizarse solo cuando las otras tres no puedan suministrar todo el caudal necesario.

Un grupo en crecimiento

Pero el foco no está solo en cómo se extrae el agua, sino en cuánto. El incremento de 50 millones de litros anuales llega en un momento en el que la gestión hídrica en la cuenca del Duero se mueve en un equilibrio cada vez más ajustado entre usos agrícolas, industriales y disponibilidad real del recurso. Una decisión que queda en manos de la Confederación y que habrá de adoptarse, o rechazarse, exclusivamente por criterios técnicos y medioambientales, dejando en un segundo plano que ampliación de Legumbres Luengo permitiría a la factoría consolidar su posición en el mercado nacional e internacional de legumbres, uno de los sectores más dinámicos del campo leonés.

Esa pujanza hizo que Luengo adquiriera en el año 2017 la compañía Alimentos Naturales SA, ubicada en Onzonilla y centrada en la actividad de procesado y envasado de legumbres. La empresa provenía de los resquicios del antiguo y poderoso grupo leonés Elosúa pero entró en concurso de acreedores desde 2015. La operación, valorada entonces en 7,5 millones de euros, permitió a Luengo mantener la producción, preservar los empleos y reforzar su implantación en la provincia de León, con el puntal de la sede central de Riego de la Vega, situada entre La Bañeza y Astorga, que ahora también busca recrecer. Si finalmente consigue la ingente cantidad de agua que necesita.

El paro bajó en abril en la provincia de León en 643 personas con respecto al mes de marzo, un descenso del 3,09%, superior al 2,59% del total de España, que sobrepasa por primera vez la barrera de los 22 millones de trabajadores. La caída en la provincia, que se queda en 20.199 demandantes, fue incluso mayor en términos interanuales: 1.284 inscritos menos que a la misma altura de 2025, un 5,98% menos, según datos publicados este martes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). El mes, que comenzó todavía en plena Semana Santa, deja descensos del desempleo en todos los sectores económicos. El mayor tirón corresponde al sector servicios.

Por sectores, el desempleo bajó en todos, especialmente en los servicios (-506, de 15.003 a 14.497) y, de forma más moderada, en la construcción (-48, de 1.289 a 1.241), la industria (-20, de 1.721 a 1.701) y la agricultura (-14, de 686 a 672). También cayó en la estadística del colectivo sin empleo anterior (-55, de 2.143 a 2.088).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 11.951 mujeres desempleadas frente a 8.248 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (741 hombres frente a 648 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (652 hombres por 799 mujeres), de entre 30 y 44 años (1.970 por 3.103) y a partir de los 45 años (4.885 por 7.401).

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha destacado que “los datos reflejan una evolución positiva y constante del empleo en la provincia, con una reducción del paro que no es puntual, sino fruto de una tendencia consolidada”. “Sabemos”, añade el representante del Ejecutivo en la provincia, “que todavía queda trabajo por hacer. Por eso, estos datos nos permiten ser moderadamente optimista y seguir trabajando con determinación para que nadie se quede atrás”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en abril 3.281 parados menos que en marzo, con un 3,18% de recorte que dejó en 99.764 los desempleados en esa comunidad, que ese mes sumó 5.583 cotizantes más a la Seguridad Social, hasta los 996.554.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de abril en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.227 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,98%.

En comparativa anual, Castilla y León cerró abril con 15.558 cotizantes más que hace un año, con un repunte del 1,59%; y con 5.227 parados menos, el -4,98% de bajada en doce meses.

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que anotó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril en España hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

El paro registrado en abril de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior, con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza, y Castilla y León con el quinto mayor recorte en dato absoluto.

Provincias

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad, sobre todo en Palencia (-5,38%). En Ávila el desempleo bajó un 2,19% respecto a marzo, en Burgos el 3,84%, en León el 3,09%, en Salamanca un 4,37%, en Segovia el 3,53%, en Soria un 0,83%, con un 2,71% en Valladolid y el 1,20% de recorte en Zamora.

En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, subieron en todas las provincias, entre el 0,89% de Ávila y 0,16% de Valladolid, con un 0,80% en León, 0,69% en Palencia, 0,66% en Salamanca, 0,65% en Burgos, 0,60% en Zamora, 0,58% en Segovia y el 0,52% en Soria.

El paro bajó en abril en todos los sectores de la comunidad, especialmente en el de servicios (-2.507). En agricultura, Castilla y León anotó 114 parados menos que en marzo, con 211 menos en la industria, 183 en la construcción y 266 menos en el colectivo de sin empleo anterior.

El paro bajó también tanto en los menores de 25 años, con 974 desempleados menos que en marzo, como en las mujeres, con 1.471 inscritas menos en las listas de la comunidad.

En abril se formalizaron 50.170 contratos en la comunidad, que suponen 3.412 menos que en marzo, con un recorte del 6,37%, frente al -4,03 nacional; con 815 contratos más que hace un año, el 1,65%, también por debajo del 10,31% de aumento del conjunto autonómico. De esos contratos, 17.522 fueron indefinidos, 2.708 menos que en marzo y 566 más que hace doce meses.

De los más de 99.000 parados que tiene la comunidad a final de abril recibieron alguna prestación, en este caso con datos de marzo, un total de 56.294, de ellas 38.906 prestaciones contributivas, 17.351 subsidios y 37 rentas activas de inserción.

Las solicitudes para acogerse a la vendimia en verde en la comarca de El Bierzo han tenido un seguimiento muy limitado en la campaña de 2026, según las estimaciones de Asaja, que calcula que apenas alrededor del 1 % de las 2.300 hectáreas inscritas en la Denominación de Origen Bierzo han optado por esta medida.

La organización agraria ha gestionado estas ayudas desde su oficina en Ponferrada, una vez cerrado el plazo de solicitudes el pasado 29 de abril.

La vendimia en verde consiste en eliminar los racimos antes de que maduren, con el objetivo de reducir la producción en un contexto marcado por el exceso de vino en el mercado y las dificultades para vender la uva a precios rentables.

Según los datos manejados por Asaja, las explotaciones que han recurrido a esta herramienta comparten características similares: viñedos antiguos, con elevados costes de cultivo y difícil mecanización, en muchos casos centrados en variedades tintas como la Mencía, una de las más afectadas por la caída de la demanda en la zona.

En cuanto a las ayudas, los viticultores que obtengan la aprobación recibirán 500 euros por hectárea para compensar la eliminación de la producción, además de 0,55 euros por kilo, calculados sobre la media de las tres últimas campañas.

Esta línea de apoyo se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC y busca contribuir a equilibrar el mercado vitivinícola.

Desde Asaja insisten en que se trata de una medida “excepcional y extrema”, y subrayan que la prioridad debería ser lograr precios justos para la uva mediante la negociación con bodegas y cooperativas.

En este sentido, defienden que la sostenibilidad del sector pasa por garantizar la rentabilidad de todos sus eslabones, especialmente del viticultor, al que consideran el más vulnerable.

La organización recuerda además que el viñedo berciano soporta costes de producción elevados, derivados del peso del viñedo viejo, las condiciones agronómicas y el minifundismo característico de la comarca, factores que, a su juicio, deberían reflejarse en el precio final de la uva.

Aunque no hay cifras definitivas, Asaja estima que menos de veinte productores han solicitado estas ayudas, lo que evidencia el escaso impacto de una herramienta concebida como puntual dentro de la regulación del mercado del vino.

El Consejo Comarcal de El Bierzo ha relanzado, a través del Banco de Tierras, una de sus iniciativas más tradicionales para impulsar la actividad agraria: el reparto de plantas para huertos, acompañado en esta ocasión de un programa formativo para mejorar su aprovechamiento.

La iniciativa, que se había interrumpido en 2020 con la pandemia, regresa con fuerza y con el objetivo de fomentar el cultivo en pequeñas parcelas, reactivar terrenos en desuso y promover el consumo de proximidad.

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, puso en valor el alcance del Banco de Tierras, que gestiona en la actualidad 5.500 parcelas, de las cuales 489 permanecen disponibles. La mayor parte se destinan al viñedo y se concentran en el Bierzo Central, donde también se registra una mayor demanda.

En cuanto al reparto, la gerente del Banco de Tierras, Beatriz Anievas, explicó que se entregarán 26.880 plantas entre los inscritos. El lote incluye 9.000 pimientos, 880 tomates, 9.000 cebollas de dos variedades, 5.000 puerros y 3.000 lechugas, también de dos tipos.

Cada participante podrá recibir hasta 300 plantas en los cultivos principales y un máximo de 100 lechugas. El plazo de solicitud se abrirá del 30 de abril al 15 de mayo, mientras que la recogida del plantón tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo en Carracedelo.

Como novedad, el programa incorpora una vertiente formativa con un curso que se desarrollará entre el 2 de mayo y el 14 de agosto en una finca de Villadepalos. Las sesiones, de carácter práctico, se impartirán los viernes cada quince días hasta completar 20 horas.

El objetivo es que los participantes no solo planten, sino que puedan mantener y sacar rendimiento a sus huertos con garantías.

Desde el Banco de Tierras destacan que esta acción pretende generar pequeños ingresos complementarios en el ámbito rural y favorecer el aprovechamiento de fincas abandonadas.

“Se trata de generar actividad económica, aumentar las fincas dedicadas a huerta y preservar las tradiciones agrícolas de siempre, además de avanzar en soberanía alimentaria”, señaló Anievas.

Pese a los avances, desde la entidad reconocen que el abandono de tierras sigue siendo un problema en la comarca, aunque en sectores como el de los frutales ya se percibe un relevo más profesionalizado. “Las fincas que se abandonan en seguida se cubren”, apuntan.

El Banco de Tierras continúa sumando parcelas y consolidándose como un modelo de referencia, aunque el reto sigue siendo movilizar el suelo agrario disponible y convertirlo en una oportunidad real de desarrollo para el Bierzo. 

Las lluvias de los últimos días le están viniendo bien al campo leonés. El agua caída ha mejorado el desarrollo del cereal de invierno y ha permitido activar la siembra del girasol de secano, que llevaba semanas paralizada por la falta de humedad, según la Lonja de León en una información recogida por la Agencia EFE.

Este cambio de escenario no solo garantiza un buen arranque de ambos cultivos, sino que además apunta a un incremento significativo de la superficie dedicada al girasol en la provincia. La previsión es que se superen con holgura las 7.907 hectáreas sembradas en la campaña anterior.

Detrás de este aumento hay varios factores. Por un lado, el invierno especialmente lluvioso impidió completar toda la siembra de cereal prevista, lo que ha dejado terreno disponible. Por otro, el elevado precio de los fertilizantes está llevando a muchos agricultores a optar por el girasol, un cultivo que requiere menor inversión.

En cuanto a los precios, la Lonja ha constatado esta semana una estabilidad en los cereales, aunque advierte de que el mercado podría estar acercándose a un cambio de ciclo. La evolución dependerá en gran medida de la situación de los cultivos en los principales países productores, que en estos momentos no presentan condiciones óptimas.

También influye la incertidumbre sobre el maíz, ya que las previsiones apuntan a una posible reducción de superficie en los países exportadores, lo que podría alterar el comportamiento del mercado en los próximos meses.

En el sector ganadero, la tendencia es distinta. El precio de la carne de vacuno ha vuelto a bajar, siguiendo la línea descendente de las últimas semanas. La Lonja lo atribuye a un consumo más débil, especialmente tras el final de periodos de mayor demanda como la Semana Santa o el Ramadán, en los que no se cumplieron las expectativas de ventas.

El resto de producciones agrícolas y cárnicas han mantenido esta semana los mismos precios, sin variaciones respecto a la anterior.

El ganadero leonés Javier Pellón es el tercer afectado por positivos por tuberculosis que se han registrado en la Montaña Oriental Leonesa en los últimos meses y que obligan a sacrificar a todas las reses de la explotación afectada. Fueron en última instancia los tribunales los que paralizaron en junio de 2023 el intento de la Junta de Castilla y León (por entonces gobernada en coalición por PP y Vox) de relajar estos controles sanitarios para evitar medidas de este tipo.

El primer positivo de los últimos meses se registró en una explotación de Barniedo de la Reina con 175 vacas sacrificadas. El segundo, en Espejos de la Reina, obligó a enviar al matadero otros treinta animales, “el 95% de ellos, sanos”, lamenta.

Se da la circunstancia de que los titulares de ambas ganaderías son familiares de Javier, el tercer afectado, cuyas vacas elevan a más de trescientos los sacrificios en esas tres localidades, todas pertenecientes al municipio de Boca de Huérgano.

A punto de cumplir sesenta años, Pellón debe ahora replantearse su futuro después de que un único positivo por tuberculosis en su ganadería le haya obligado a sacrificar la totalidad de sus vacas en base a una normativa que, además, no permite comprar más animales en los próximos cuatro meses.

Para cumplir con el protocolo sanitario establecido por la Junta de Castilla y León ante este tipo de contagios, Javier ha enviado al matadero un total de 102 vacas, todas sanas menos una, que dio positivo en la enfermedad en un control de saneamiento anual.

“Lo que no puede ser es que por un positivo te maten todas las vacas”, ha denunciado en una entrevista con la Agencia EFE este ganadero, que ha lamentado que hasta después del verano no podrá adquirir más animales.

Hace años, ha comparado, hacían análisis a todos los animales y sólo se sacrificaba el que estuviese enfermo, pero ahora la normativa con el ganado no estabulado es más estricta.

Consecuencia de los incendios

La medida busca evitar contagios por una enfermedad que este año está castigando especialmente a esta zona a consecuencia de los incendios del verano.

Según denuncia Javier, el contagio de su animal se ha debido a la proximidad de la fauna salvaje con su explotación, puesto que estos animales bajan en busca de alimento debido a que los montes en los que viven jabalíes, venados o tejones han quedado arrasados por los incendios del pasado agosto.

Aunque finalmente decida volver a comprar vacas para continuar con su ganadería extensiva, ya no serán animales “de confianza”, nacidos en su propia explotación como los que tenía hasta ahora, ha lamentado.

“Y si compro en septiembre o en octubre compraré menos, porque ya tengo casi sesenta años y los hijos no quieren ganadería”, ha lamentado.

El sacrificio obligatorio de animales en el marco de los programas de control o erradicación de la tuberculosis está compensado con una indemnización, pero Javier desconoce por el momento cuál es su cuantía.

Como dice el dicho sobre “el perro del hortelano, ni come ni deja comer”. Una vez confirmado que los ganaderos de Mieres no podrán utilizar este año los ricos pastos del puerto de Pinos, propiedad del concejo asturiano pero situado en suelo leonés de la comarca de Babia, el colectivo lo tiene claro: “Vamos a pelear, si no lo usamos nosotros, que no lo use nadie”.

Esta fue la categórica postura de una delegación de los ganaderos mierenses que se concentraron hoy en la Unidad Veterinaria comarcal de la Junta en Villablino. Allí les esperaba el jefe del servicio territorial de Agricultura y Ganadería, el veterano Fidentino Reyero, para certificarles que como ya ocurrió el año pasado no dispondrán de las guías oficiales obligatorias para poder utilizar los pastos babianos.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres y representantes sindical agrario en el Principado, David Pérez, advirtió que si los ganaderos de los cuatro pueblos del ayuntamiento leonés de San Emiliano que conservan derechos históricos de pasto siguen dejando campar allí sus reses, igualmente sin autorización, actuarán con contundencia. Porque aseguran que “Pinos está lleno de ganado”.

“Hay que ejecutar la sentencia”

Fuentes oficiales de la Delegación han corroborado que un ejercicio más “no se les va a autorizar” sencillamente porque ahora “hay que ejecutar una sentencia”, en referencia a la categórica postura reciente del Tribunal Supremo que, al inadmitir el último recurso del Concejo de Mieres, dueño de las cerca de 900 hectáreas compradas hace un siglo en suelo leonés, zanja que el ayuntamiento del Principado no tiene competencia alguna en otra Comunidad autónoma.

Es más, cuando el año pasado la Guardia Civil localizó a multitud de reses pastando en Pinos sin las guías y el visto bueno de Castilla y León, la Junta abrió “una veintena” de sanciones económicas que han sido recurridas y están “próximas” a resolverse con multas económicas, las cuales podrían repetirse y agravarse nuevamente este verano si la situación se repite.

Los ganaderos de Mieres, unos 110 con cerca de 1.500 cabezas, según Pérez, irán a la ruina ante este bloqueo, afectando a “muchas familias”. Y sólo ven en esta actual situación un “conflicto político” con “intereses” de algunos alcaldes pedáneos e incluso del abogado babiano Carlos González-Antón, que a su juicio ponen fin a “la convivencia” de todo un siglo. Aunque en realidad han sido muchos los años en los que la tensión en el puerto de Pinos ha estallado, obligando incluso a presencia policial.

El Gobierno autonómico se congratula... y tiene un plan

Por boca oficial de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, la Junta de Castilla y León (PP) ha celebrado el fallo final del Tribunal Supremo declarando ilegal toda la actividad mierense en el Puerto de Pinos. Pero lejos de hablar de una posible expropiación de los terrenos, como reclaman los pueblos leoneses y el municipio de San Emiliano, prefirió deslizar que trabajará en un plan de gestión del espacio natural de Babia y Luna en el que Pinos se enmarca, desde el que se aprobarán restricciones y usos de esta zona.

El conflicto en el Puerto de Pinos enfrenta desde 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres y a las entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) por la titularidad y el aprovechamiento de los pastos situados en territorio leonés. Se remonta a hace justo un siglo, cuando Mieres adquirió en subasta cerca de 900 hectáreas que pertenecían a la Fundación Sierra Pambley. Las pedanías leonesas sostienen que esa compra no tuvo en cuenta sus derechos históricos de aprovechamiento de pastos, mientras los ganaderos de Mieres insistían hoy en que “en Mieres no tenemos pastos” para sus reses, por lo que dependen casi totalmente de Pinos, del que Mieres es dueño legítimo. El pasado año se alquiló suelo en otra zona leonesa, Los Hidalgos, “pero sólo caben unos 300 animales” y muchos acabaron nuevamente en Pinos, lo que motivó las sanciones.

El siguiente paso de los profesionales mierenses serán reunirse con el concejo y “no ocultamos” que buscarán cualquier situación para “que Mieres pueda actuar en su finca”. La idea es cambiarle el uso, admite Pérez, y que se firme una cesión de uso municipal a ellos para que lo puedan explotar. Una alternativa que la Junta en León ya advierte que es un “subterfucio” que no permitirán, porque ven como “una prevaricación pura y dura” que se intente sortear toda una sentencia del Supremo.

Por último, los ganaderos atacan a su propio Gobierno autonómico (PSOE e IU), por considerar que el consejero de Agricultura asturiano no les está defendiendo frente a sus homólogos de la Comunidad vecina.

El Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales de este municipio de la comarca leonesa de Babia y la Federación de Entidades Locales Menores de León han anunciado este martes que exigirán el cumplimiento de las sentencias por vía judicial para que el Ayuntamiento asturiano de Mieres cumpla legalidad sobre el aprovechamiento ganadero del Puerto de Pinos, ya que consideran que su actividad es tan ilegal “como plantar cocaína”.

Así lo ha sostenido el representante legal de las pedanías, Carlos González-Antón, tras inadmitir el Tribunal Supremo (TS) el recurso de casación de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias que declaró ilegal toda la actividad de Mieres en el Puerto de Pinos. Una postura que ya no admite más recursos y es firme.

Con ello, defienden que el recorrido judicial ha llegado a su fin y cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres “a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación”, ha advertido el letrado y representante de la Federación.

En rueda de prensa, Antón, acompañado por el alcalde de San Emiliano, David Marcello (PSOE) y los pedáneos de dos de los cuatro pueblos (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) ha recalcado que la última sentencia es un “punto de inflexión” que supone el fin a un largo camino judicial. Y que zanja que toda la actividad que desarrolla Mieres en territorio leonés “es ilegal porque carece de competencias” fuera de su territorio, incluso aunque sea como es la propietaria de los terrenos desde hace un siglo.

El también es presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna ha valorado que la sentencia es un “triunfo” y rechazó, como el alcalde, las continuas críticas recibidas desde Asturias sobre que “rompemos la armonía y convivencia, cuando son ellos los que incumplen la legalidad y actúan de forma absolutamente tramposa”. Advierte que Mieres va a seguir utilizando “todas las estratagemas para seguir aprovechando los pastos” y volver a subir este año 1.500 cabezas de ganado hasta el puerto, lo que desde la vertiente leonesa no van a consentir.

A este respecto, ha advertido que tras el revés judicial el Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que va a cambiar la naturaleza jurídica de estos terrenos a bien patrimonial, con la intención de adjudicar directamente los pastos a una asociación de ganaderos. Un proceso, dijo, que ha sido paralizado por el Consejo Consultivo de Asturias y que “lo único que busca es evitar el cumplimiento de las sentencias” y por lo tanto “supone otra ilegalidad más” que no van a permitir.

Una “artimaña” que vigilarán

Por eso, de producirse esta “artimaña”, acudirá a un proceso contencioso-administrativo para paralizarla: “Un bien patrimonial no se puede emplear como si fuese un dominio público adjudicándola el Ayuntamiento a quien le dé la gana”, explica.

Consideran todas las organizaciones que la pelota está ahora en manos de las administraciones públicas, la Diputación y sobre todo la Junta de Castilla y León y su Consejería de Presidencia, que es la que tiene las competencias en esta materia, porque ahora es un tema “claramente político y ya no tienen ninguna excusa para intervenir legalmente y confiamos en que lo hagan”, en referencia a una posible expropiación de los terrenos para acabar con la 'anomalía'.

Y es que creen que mientras Mieres tenga la propiedad de los pastos en la provincia de León va a “querer usarla para favorecer a sus ganaderos”, por lo que ha animado a continuar con el proceso de expropiación de estos pastos para evitar que un ayuntamiento aplique competencias en materia de régimen local en territorios de otra Comunidad autónoma, “algo que es ilegal”.

La historia

El conflicto en el Puerto de Pinos se fraguó hace un siglo, cuando en 1926 al Ayuntamiento asturiano de Mieres adquirió a la Fundación Sierra Pambley esos terrenos en suelo leonés. Hace una veintena de años que las entidades locales de San Emiliano y sus cuatro pueblos, que conservaron derechos históricos de pasto a pesar de todo, litigan por esos derechos en el aprovechamiento de 900 hectáreas de muy ricos pastos.

Durante décadas el uso fue compartido, pero posteriormente Mieres comenzó a aplicar su reglamento municipal en el Puerto de Pinos, restringiendo el uso a ganaderos leoneses, lo que derivó en un conflicto competencial y judicial que se intensificó a partir de 2006, cuando las juntas vecinales iniciaron acciones legales, que en lo esencial siempre han favorecido a las pedanías leonesas. Unas sentencias que ahora quedan fijadas con última decisión del Supremo.

El alcalde Marcello ha afirmado que tras la última sentencia “tenemos que dar carpetazo” a un asunto que “llevamos sufriendo 100 años”, recalcando que ahora es el momento de que la Administración autonómica actúe, para lo que mantendrán una reunión con responsables de la Junta la semana que viene. Eso después de que hace un año por primera vez el presidente de la Junta y su consejero de Medio Ambiente, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, mostraran su apoyo directo y hablaran de una hoja de ruta para la solución del conflicto que todavía no se han materializado.

Un total de 14 ayuntamientos de la provincia de León han perdido la suma total de 13.155,07 euros en subvenciones concedidas para la organización de ferias agropecuarias al no cumplir con la obligación de dar visibilidad a la financiación proveniente de la Diputación de León. Así se recoge en el acta de la Junta de Gobierno del pasado 20 de marzo de 2026, que detalla un goteo de expedientes con pérdidas parciales del derecho al cobro.

El motivo común en la mayoría de los casos es el literalmente “incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de difusión”. Se trata de un requisito incluido en las bases de la convocatoria que obliga a los beneficiarios a hacer constar públicamente la colaboración institucional, básicamente en los carteles y algunas otras vías de visibilidad pública.

Según los expedientes que sucesivamente, por el mismo motivo, ha ido abriendo la institución provincial, la consecuencia económica de todos los casos ha sido la pérdida del 8% de la total ayuda concedida. Al tratarse de ferias ya celebradas, la propia resolución recoge en todos los casos que “no resulta posible la adopción de medidas alternativas”, una situación que activa de manera automática la el tijeretazo económico.

Entre los casos con mayor cuantía figura el Ayuntamiento de Igüeña y su Feria de la Calabaza, con una pérdida de 4.503,07 euros, aunque en este caso por darse dos situaciones de incumplimientos: tanto de difusión como de justificación. Se da la circunstancia de que el alcalde de este municipio berciano, Alider Presa, fue diputado provincial del PSOE y vicepresidente de la institución en el pasado mandato.

El listado, caso por caso

También destaca los casos de importables poblaciones y muy relevantes citas feriales. Así Santa María del Páramo ha perdido 991,90 euros para su histórica Feria Multisectorial y Agropecuaria; Valencia de Don Juan 931,05 euros por la Feria del Vino; Sahagún otros 803,96 euros para la Feria de San Simón en la que se celebraba sus 50 años.

También aparecen municipios como La Bañeza (786,68 euros perdidos) para su Feria Agropecuaria y su tradicional Alubiada pública; Mansilla de las Mulas (718,27 euros) por la Feria del Tomate; Gradefes y Valdelugueros (649,86 euros en ambos casos), el primero para la feria más tempranera del año, la de San Blas, y el segundo para la Feria Ganadera de Vacuno/Equino/Lanar. El alcalde de este último, Emilio Orejas, también es diputado por el PP y fue presidente de la institución.

La lista de dinero perdido se cierra con Fresno de la Vega y su Feria del Pimiento y Pajares de los Oteros y la Feria del Vino Prieto Picudo, ambas con la misma cuantía perdida, 615,66 euros; el Ayuntamiento de Los Barrios de Luna (- 513,05 euros) para la Feria del Pastor; La Vecilla (- 513,05 euros) para la de la Muestra del Gallo de Pluma; Congosto (- 576,72 euros) para la Feria del Ajo; y Valderrueda para la joven Feria Multisectorial (-286,28 euros). En algunos casos se producen penalizaciones acumuladas por otras incidencias como la presentación fuera de plazo o una justificación insuficiente de la documentación exigida.

Las sanciones se apoyan en las bases quinta y decimotercera de la convocatoria de 2023, que regulan tanto la obligación de difundir la financiación pública como las consecuencias de su incumplimiento. Se trata de expedientes que resaltan el control estricto por parte de la institución provincial sobre la visibilidad de su aportación económica, incluyendo no solo la presencia de su imagen, sino también el tiempo y los soportes en los que debe mostrarse.

El problema añadido es el mucho tiempo transcurrido, de modo que los 14 municipios afectados tendrán que desembolsar ahora dinero por ferias e incumplimientos de hace más de hasta años. Está por ver si han aprendido la lección.

El sector del lúpulo, el llamado ‘oro verde’, de la provincia de León ha entrado, oficialmente, en una nueva era que aboca al fin el cultivo como se conocía hasta hace unos años. Todo ello, tras las imposiciones de una multinacional que ha puesto fin a la histórica agrupación de agricultores, a cambio de una negociación individual con los lupuleros, quienes han tenido que adaptarse a las condiciones de este gigante empresarial o abandonar el cultivo. Hay que resaltar que León (y, concretamente la comarca del Órbigo) es líder en la producción de lúpulo de España, un sector que el año pasado aportó 4,2 millones de euros anuales a la provincia.

Las nuevas condiciones de Hopsteiner (la multinacional que compra casi todo el lúpulo en la provincia de León) se hicieron públicas a lo largo del 2024, año en el que vencía el contrato que habían firmado de forma agrupada los lupuleros de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) en el año 2017. Una vez vencido ese contrato, la gran empresa (la única que comercializa con las grandes marcas cerveceras de España) puso sobre la mesa dos nuevos y grandes cambios: a partir de ahora no había lugar para una negociación colectiva (que amparaba a los mayores y más pequeños productores del ‘oro verde’ en la provincia y evitaba que tuviesen que hacer frente a una multinacional en solitario) y que se comenzaría a plantar una nueva variedad, Helios, propiedad exclusiva de Hopsteiner. 

En esta suerte de ‘lo tomas o lo dejas’ muchos agricultores dieron la voz de alarma a través de la SAT. La alternativa que les queda si no firman el contrato es negociar por su cuenta con las marcas cerveceras, en una posición claramente de desventaja contra la capacidad comercializadora de Hopsteiner. Además, hay que tener en cuenta que plantar una nueva variedad de lúpulo, implica esperar años hasta que las plantas puedan producir unas cantidades rentables de lúpulo. 

Hopsteiner nunca ha querido aclarar qué porcentaje de la nueva variedad se iba a implementar. Este periódico se ha vuelto a poner en contacto con la multinacional para obtener información al respecto, sin tener una respuesta en el momento de la publicación de este reportaje. Por ello, no es posible conocer qué porcentaje de hectáreas totales de lúpulo en la provincia de León se han visto obligadas a empezar de cero con la variedad de la multinacional en detrimento del H3 que era el mayoritario leonés hasta ahora.

Durante el año 2025, la SAT no descartaba denunciar a la empresa Hopsteiner por incumplir la Ley de Competencia. Sin embargo, este año esta posibilidad se ha descartado. Ante esta situación, la SAT ha acabado por perder el más importante sentido de su existencia, que era servir de unión y asesoramiento para los lupuleros. 

Hace diez años Hopsteiner compró la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo (SAEFL), nacida en 1945 y hasta entonces en manos de las principales cerveceras, que ejercía el mismo papel que ahora cumple la multinacional con la diferencia de que un 20% del capital social pertenecía directamente a los agricultores de lúpulo de León. Hopsteiner compró el 80% restante del capital de SAEFL que correspondía a las cerveceras nacionales y así se convirtió en el único comprador de lúpulo, ya que mantiene contratos 'de exclusividad' con las cerveceras españolas. 

Ahora, la SAT ha decidido vender sus participaciones por lo que (aunque no se ha disuelto formalmente), ya no encuentra un espacio en esta nueva era del cultivo. Al menos cuarenta socios se mantienen bajo estas siglas, lo que implica una reducción de más de la mitad de agricultores activos hasta ahora y una importante pérdida de ingresos, que les ha empujado a prescindir de los trabajadores con los que contaban para llevar a cabo tareas administrativas y de asesoramiento agrícola. 

Mientras que en el año 2020 los agricultores dedicados al lúpulo en la provincia de León eran más de un centenar (la mayoría de ellos socios de la SAT), una fuente vinculada al sector, informa a ILEÓN que cerca de 70 acabaron por firmar un nuevo contrato con Hopsteiner. Los demás han abandonado el cultivo o tratan de sobrevivir por su cuenta. 

Así, la situación empuja a este sector agrícola a una nueva crisis que ya se anunciaba desde hace dos años y que se ha reflejado en las cifras de producción del año 2025, según informaba Asaja en su balance anual. En concreto, en el año 2025 la superficie cultivada de lúpulo en la provincia de León era de 516 hectáreas (la mayoría de ellas ubicadas en la comarca del Órbigo, que hizo del ‘oro verde’ su bandera); un 4,9% menos que en el año 2024. Esto implica que se ha producido una reducción de 8,8% de la producción en un año (de 934 toneladas en 2024 a 851 toneladas en 2025). 

Está por ver cómo evoluciona el sector con la nueva variedad y si la agrupación de agricultores de lúpulo consigue sobrevivir a esta incertidumbre.

La Estación de Avisos de Plagas de Carracedelo (León), junto a los servicios técnicos de viticultura, ha emitido un aviso fitosanitario ante el riesgo de aparición de mildiu en la vid debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días en la comarca de El Bierzo.

El mildiu, causado por el hongo Plasmopara viticola, afecta principalmente a las hojas, donde provoca manchas, aunque también puede infectar los racimos en formación y llegar a destruirlos, generando pérdidas importantes en la producción, según ha explicado la estación en un comunicado.

La combinación de humedad en hoja, temperaturas en torno a los 10 ºC y brotes de unos 10 centímetros favorece el desarrollo de la enfermedad, según recoge el aviso técnico, que advierte de la posible aparición de infecciones primarias.

En la actualidad, los viñedos se encuentran mayoritariamente en estado fenológico de “racimos visibles y separados” (F y G), y en algunos casos más avanzados, con los botones florales ya separados (estado H), lo que incrementa la sensibilidad de la planta frente a la infección.

Tanto hojas como racimos presentan ahora una especial vulnerabilidad, pudiendo producirse el marchitamiento de los tejidos afectados y, en consecuencia, la pérdida directa de parte de la cosecha.

El aviso incorpora también la advertencia sobre la posible aparición de Black Rot (Guignardia bidwellii), otro hongo que puede afectar a las partes verdes de la vid y necrosar por completo los racimos si la infección se produce en este momento del ciclo.

Ante este escenario, los técnicos recomiendan la aplicación de tratamientos preventivos con fungicidas sistémicos o de contacto, con el objetivo de evitar la entrada de los hongos en la planta antes de que se produzca la infección.

La Junta de Castilla y León ha convocado para el 21 de abril el levantamiento de las actas de ocupación definitivas de los bienes y derechos afectados por el proyecto de transformación en regadío del sector XII, subsector del municipio de Valderas, del proyecto de la zona regable del Canal Margen Izquierda del Porma, una actuación estratégica para modernizar la agricultura de esta comarca del sur de la provincia de León.

La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), se enmarca en el procedimiento de expropiación forzosa necesario para la ejecución de las obras y afecta a numerosas fincas rústicas del término municipal de Valderas, tanto de titularidad privada como pública, y afecta en conjunto a un total de 80 fincas diferentes.

Los propietarios están citados en el Ayuntamiento de Valderas, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.00 horas, para formalizar el trámite y permitir la toma de posesión de los terrenos.

Según recoge el anuncio oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural, previamente ya se habían levantado las actas previas a la ocupación, paso anterior exigido por la legislación vigente. Con este nuevo procedimiento se da cumplimiento al artículo 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa, que regula los procesos de ocupación urgente cuando las obras han sido declaradas de utilidad pública.

La Junta ha consignado con fecha 3 de marzo de 2026 los importes correspondientes a los depósitos previos y, en su caso, a las indemnizaciones por rápida ocupación, una compensación económica que los titulares afectados pueden percibir solicitándolo por escrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Para ello deberán presentar una instancia acompañada de la fotocopia del DNI de todos los titulares y un certificado bancario de la cuenta en la que deseen recibir el pago. El procedimiento se gestiona desde la sede de la Dirección General de Desarrollo Rural en Valladolid, aunque la Junta ha habilitado también teléfonos de información para resolver dudas sobre el expediente.

Una actuación clave para el campo leonés

El proyecto de transformación en regadío del Canal Margen Izquierda del Porma, con prácticamente 40 millones de euros de inversión y que el Gobierno encomendó a la Junta de Castilla y León ya en el año 2021, es una de las actuaciones históricas de modernización agrícola en la provincia de León. Su objetivo es sustituir explotaciones de secano o regadíos obsoletos por sistemas más eficientes, con impacto directo en la productividad agraria, la fijación de población en el medio rural y la sostenibilidad del uso del agua.

En el caso concreto del subsector Valderas, las obras permitirán mejorar la red de riego mediante nuevas infraestructuras hidráulicas, como conducciones y servidumbres de acueducto, que requieren ocupaciones temporales o permanentes de terrenos agrícolas. La mayoría de las afecciones se corresponden con ocupaciones temporales y servidumbres, sin expropiaciones de dominio pleno, según refleja la relación oficial de fincas.

El listado incluye decenas de parcelas pertenecientes a agricultores, herederos y también a organismos públicos como la Dirección General del Patrimonio del Estado, lo que evidencia la magnitud territorial del proyecto y la diversidad de titulares implicados.

León vivió la posguerra marcada por el hambre, la escasez y el mercado negro a pesar de ser una de las provincias españolas que más alimentos y materias primas aportó al conjunto del país, una paradoja explicada por la política autárquica del franquismo y el férreo control ejercido por la Comisaría de Abastecimientos y Transportes.

Esta es una de las conclusiones principales del artículo 'Economía y sociedad en el León de posguerra (1939-1949). El papel de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes', firmado por el historiador y colaborador de ILEÓN Pedro Víctor Fernández y recientemente publicado en la revista Añada: revista d’estudios llioneses.

El trabajo consultado por la Agencia EFE analiza, a partir de documentación inédita del Archivo Histórico Provincial, cómo funcionó el racionamiento y cómo se repartió —o se negó— la comida en la provincia durante la primera década del franquismo.

El estudio describe una provincia eminentemente rural, agrícola y ganadera, que produjo cereales, patatas, carne, carbón o electricidad en cantidades suficientes para abastecer a otras regiones, pero cuyos propios habitantes apenas accedían a esos productos. El control estatal de precios, los cupos obligatorios y la exportación de alimentos a zonas deficitarias dejaron a la población leonesa con dietas pobres, repetitivas y claramente insuficientes.

Desde 1939 se implantaron las cartillas de racionamiento, que establecían cantidades teóricas de alimentos básicos como pan, aceite, azúcar o legumbres, aunque en la práctica esos cupos raramente se cumplían. El pan blanco se convirtió en un artículo de lujo y la mayoría de los leoneses se alimentaba de pan de centeno, patatas y legumbres, con un consumo muy limitado de carne, pescado o grasas.

En ese contexto prosperó el estraperlo, un mercado negro que se convirtió en una vía de supervivencia para la mayoría de la población y en una fuente de enriquecimiento para una minoría vinculada al poder. El artículo señala que en León el mercado ilegal fue estructural durante los años cuarenta, con precios que multiplicaban varias veces los oficiales y una persecución desigual, más dura con los pequeños estraperlistas que con quienes manejaban grandes volúmenes de producto.

El papel central en toda esta etapa lo desempeñó la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT), un organismo creado en 1939 con amplísimos poderes para controlar la producción, el transporte, los precios y el reparto de alimentos. Según el estudio, la CAT fue la oficina del Estado con mayor información económica y social de la provincia, pero también una herramienta clave del control político y social del franquismo.

A través de alcaldes y jefes locales del régimen, la comisaría elaboró censos, mapas y estadísticas muy detalladas, aunque el trabajo subraya que esos informes tendían a ocultar el descontento social, minimizar el hambre y presentar una imagen de eficacia que no se correspondía con la realidad cotidiana de la población.

El artículo sitúa 1946 como el “año del hambre” en León, agravado por la sequía y el aislamiento internacional de España tras la Segunda Guerra Mundial. Ese año aumentó el éxodo rural hacia las ciudades y las cuencas mineras, mientras se intensificaba la emigración a otras provincias como Asturias, Madrid o Valladolid.

A finales de la década de los cuarenta comenzaron a aparecer algunos indicadores de mejora, pero el balance global de la posguerra fue, según el autor, devastador: salarios de miseria, precios en alza, desnutrición, enfermedades vinculadas al hambre y una modernización económica bloqueada durante años.

El estudio concluye que la política autárquica no solo no resolvió el desabastecimiento, sino que generó una economía intervenida ineficaz, incapaz de aprovechar el potencial productivo de la provincia ni de garantizar condiciones de vida dignas a su población, sentando las bases de un prolongado atraso económico y social.

Diecisiete medallas, que se suman a las veinte conseguidas anteriormente, constituyen el excelente bagaje de la representación de los vinos de las bodegas adscritas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen León que compitieron en la segunda tanda de grandes concursos vinícolas nacionales y, sobre todo, internacionales. Un gran oro, seis medallas de oro y cinco de plata, además de tres menciones de mérito, pusieron sobre la mesa de esos certámenes vinícolas las excelentes cualidades enológicas de las vinificaciones a partir de uvas de las variedades albarín y prieto picudo, así como la calidad de elaboración de los equipos técnicos de las bodegas Meóriga (Mayorga de Campos-Valladolid), Pincerna (Grajal de Campos), Vinícola Valmadrigal (Castrotierra de Valmadrigal), Gordonzello (Gordoncillo), Vitalis (Villamañán), Vinos de León-Vile, Pardevalles, Melwa y El Sueño de las Alforjas, estas cuatro de Valdevimbre, y de la sociedad de viticultores Melgarajo (Melgar de Abajo-Valladolid).

El botín más valioso lo conquistaron los vinos leoneses en los Premios Cinve 2026 Awards, con un gran oro para el Peregrino Albarín (Gordonzello) y cuatro medallas de oro para el también blanco Esencia 33 (Meóriga) y los rosados Gurdos (Gordonzello), Tiramulos (Meóriga), los dos de prieto picudo, y Savaliebre (Melgarajo), todos de la añada 2025, con la salvedad de que el último es elaborado a partir de la variedad autóctona negro saurí, casi desaparecida y todavía en proceso de recuperación.

El Concours International de Lyon, fetiche para la bodega de Mayorga de Campos, sumó dos oros al extenso palmarés de Meóriga con los Tiramulos Albarín y Esencia 33, de la misma variedad y ambos de la cosecha 2025. La tercera fue para el tinto Don Suero Reserva 2018, de Vinos de León-Vile.

El exigente Mundus Vini reconoció con una plata el criterio enológico de Pincerna en su Fáfila Petriz, un albarín de 2024 y de muy compleja elaboración que explora las cualidades de la singular y exclusiva variedad que está prestigiando enormemente los blancos de la DO León. Vinespaña, el concurso organizado por los enólogos nacionales, premió doblemente a Melwa, con el gran oro del Valle Gudín Rosado 2025 y plata para el tinto Valle Gudín Crianza 2022, ambos de prieto picudo.

Atlantic, el certamen reservado para los vinos con ese carácter y procedentes de los territorios vitivinícolas del noroeste peninsular, eligió a su mejor rosado y premió con una medalla de oro al Pincerna 2025, de nuevo de la ya muy laureada bodega ubicada en Grajal de Campos.

Los prestigiosos Premios Bacchus elevaron a la excelencia al debutante Vinea Noctis 2025, un rosado premium que, posicionado ya en lo más alto del podio, viene a reconocer la ilusión, tenacidad y destreza técnica del equipo de Vinícola Valmadrigal. Lo mismo ocurrió en el caso de El Sueño de las Alforjas, que enriquece su envidiable palmarés, en este caso con un oro para el tinto El Sueño de las Alforjas, un larga crianza ecológico, como todas las elaboraciones de la bodega, de la añada 2022. La medalla de plata en esta ocasión fue para un blanco, el Peregrino Albarín 2025, de la bodega Gordonzello.

Finalmente, el Concours Mondial de Bruxelles, el certamen itinerante considerado uno de los más influyentes a escala internacional, resolvió su sesión dedicada exclusivamente a rosados con medallas de plata para los Gurdos y Peregrino, ambos de 2025 y de la bodega Gordonzello, además de otorgar menciones de mérito a los Pardevalles (Pardevalles), Tiramulos (Meóriga) y Vitalis (Vitalis). En esta cita, 57 catadores internacionales evaluaron a ciegas durante tres días 1.100 vinos de 33 países.

El Gobierno de España ejecuta ya por valor de casi 10 millones de euros su prometido plan de restauración hidrológico-forestal tras los incendios registrados en 2025 en la provincia de León, en concreto con una inversión global de 9.763.943,16 euros. Estas actuaciones, distribuidas en 14 intervenciones sobre ocho grandes incendios y que afectan a 24 localidades, buscan estabilizar el terreno, recuperar la cubierta vegetal y reforzar la resiliencia del medio natural frente a futuros episodios.

Los trabajos, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021–2027, se desarrollan en colaboración con la Junta de Castilla y León al intervenir sobre montes comunales que son de titularidad autonómica. Las medidas incluyen el control de la erosión, la restauración de cauces y riberas, la retirada y tratamiento de biomasa quemada, la prevención de plagas forestales y la reparación de infraestructuras forestales y rurales.

Estas intervenciones resultan especialmente relevantes en zonas de pendiente, donde el riesgo de pérdida de suelo es mayor tras los incendios. Con ellas se pretende no solo reparar los daños ocasionados, sino también evitar consecuencias posteriores como inundaciones o la pérdida de fertilidad del suelo, favoreciendo así la regeneración natural de los ecosistemas afectados.

El plan se despliega en distintos puntos de la provincia, entre ellos las áreas dañadas por los incendios de Fasgar-Igüeña, La Uña, Porto-La Baña, Anllares y Gestoso, Barniedo, Canalejas, Molezuelas-Castrocalbón y Yeres-Llamas de Cabrera, muchas de ellas enclavadas en espacios de alto valor ecológico.

Dentro de este conjunto de actuaciones, la restauración en la zona de Fasgar-Igüeña cuenta con una inversión específica de 500.073,37 euros. Los trabajos, que se desarrollan en los términos municipales de Murias de Paredes e Igüeña, se centran en el control de la erosión, la recuperación de la cubierta vegetal y la mejora del drenaje y de las infraestructuras forestales.

Como curiosidad, según la cifra oficial del Ministerio este incendio afectó a 6.973 hectáreas, incluidas áreas de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, así como hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, criticada por la gestión de los medios aquel verano, así como después por ocultar o minimizar los datos, cuantificó sólo 5.014 hectáreas.

En el marco de estas actuaciones, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, visitó este miércoles la zona junto a técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y representantes municipales, en una jornada de seguimiento de los trabajos en marcha, y donde hizo el recuento de las investiones acumuladas hasta ahora.

León cerró marzo con una notable caída del paro, que bajó en 363 personas hasta situar la estadística en 20.842 desempleados, un -1,71% con respecto a febrero. El descenso es incluso mayor en términos interanuales: 1.162 demandantes de un puesto de trabajo menos, un 5,28% menos, según datos publicados este lunes por el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal). La provincia registró un buen comportamientos en todos los sectores, especialmente en los servicios en un mes marcado por las contrataciones derivadas de la Semana Santa, algo que también se notó en el conjunto España, que anotó 22.934 inscritos menos (un -0,94% en la comparativa intermensual).

Por sectores, el desempleo bajó en los principales, especialmente en los servicios (-305, de 15.308 a 15.003) y, de forma más moderada, en la industria (-42, de 1.763 a 1.721), la construcción (-27, de 1.316 a 1.289) y la agricultura (-10, de 696 a 686). La estadística sólo subió en la estadística del colectivo sin empleo anterior (+21, de 2.122 a 2.143).

Desde el punto de vista de la división por sexos, hay 12.231 mujeres desempleadas frente a 8.611 hombres, que sólo son mayoría entre los menores de 25 años de edad (831 hombres frente a 720 mujeres). La diferencia, en perjuicio de las féminas, es palpable en el resto de tramos: de 25 a 29 años (684 hombres por 793 mujeres), de entre 30 y 44 años (2.060 por 3.152) y a partir de los 45 años (5.036 por 7.566).

A juicio del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, los datos de marzo reflejan una “evolución positiva y sostenida” de la estadística en la provincia, de la que destaca que haya bajado de la barrera de los 21.000 desempleados. Alaiz subraya que en el último mes se suscribieran 8.038 contratos, de los que 3.373 fueron indefinidos. En el conjunto del año, se han registrado 21.342 contratos, de los que 9.013 son indefinidos, lo que representa el 42,23% del total, lo que para el subdelegado redunda en un “empleo cada más estable y de más calidad”.

Castilla y León

Castilla y León anotó en marzo 1.673 parados menos que en febrero, el 1,60% de recorte, que dejó en 103.045 los desempleados en la comunidad, que ese mes sumó 6.321 afiliados más a la Seguridad Social, lo que deja en 990.981 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este lunes los datos de paro y afiliación de marzo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.624 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -5,18%.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

El paro registrado en marzo de 2026 bajó en catorce comunidades autónomas respecto al mes anterior, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

Castilla y León anotó la cuarta mayor bajada del paro del conjunto autonómico tanto en dato absoluto, con esos 1.673 parados menos, con en absoluta, con ese -1,60%.

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad salvo en Soria (0,51%) y en Ávila (0.47%). Y bajó en el resto de las provincias: en Burgos (-2,62%), León (-1,71%), Palencia (-2,51%), Salamanca (-1,62%), Segovia (-0,87%), Valladolid (-1,74%) y Zamora (-1,69%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyó en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-6,02%), Burgos (-5,90%), León (-5,28%), Palencia (-1,55%), Salamanca (-6,35%), Segovia (-6,45%), Soria (-0,29%), Valladolid (-4,70%) y Zamora (-5,24%).

El desempleo bajó además en todos los sectores, sobre todo en el de servicios, que anotó 1.205 parados menos que en febrero, con 47 menos en Agricultura, 136 en Industria, 268 en la Construcción y 17 en el colectivo de sin empleo anterior.

En menores de 25 años, la comunidad cerró marzo con 248 parados menos que el mes anterior, y con 1.027 mujeres menos desempleadas y 646 hombres.

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en marzo respecto al mes anterior, con incrementos del 1,18% en Segovia, el 1,05 en Burgos, y el 0,87% en Palencia. En Ávila los afiliados subieron un 0,22%, el 0,60 en León, el 0,26 en Salamanca, con un 0,42 en Soria, el 0,52 en Valladolid y el 0,70 en Zamora. En comparativa anual, todas las provincias tienen más afiliados que hace un año, con repuntes entre el 3% de Segovia y el 0,35% de Soria.

En cuanto a la contratación, en marzo se cerraron 53.582 contratos en Castilla y León, 9.415 más que en febrero, con un repunte del 21,32% (17,16 nacional) y 4.570 más que en el mismo mes del 2025, el 9,32% de incremento (12,38). En marzo se formalizaron 20.230 contratos indefinidos en la comunidad, 3.055 más que en febrero, y 2.392 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de febrero, la comunidad sumó 58.200 beneficiarios, 40.405 pensiones contributivas; con 17.748 subsidios y 47 rentas activas de inserción.

La campaña de la alubia en la provincia de León ha cerrado con una producción cercana a los 16,5 millones de kilos, lo que representa un aumento respecto de la pasada campaña de más del 50%, ha informado la Lonja de León en un comunicado.

Estos datos posicionan León, según el mercado agropecuario leonés, como principal provincia productora de España con cerca del 60% de la superficie y el 80% de la producción, aun así España sigue siendo muy deficitaria en alubias teniendo que importar alrededor del 60% de los 44 millones de kilos que se consumen.

La calidad es excepcional en un año marcado por la ausencia de lluvias durante la recolección, lo que ha ahondado aún más a la hora de diferenciar el producto nacional del importado.

Las perspectivas para la inminente nueva siembra en el mes de mayo es que se mantenga la superficie o haya un ligero incremento, y en cuanto a los precios todo hace indicar que salvo movimientos excepcionales haya estabilidad.

Incertidumbre con la leche

En la sesión de la Lonja celebrada este miércoles no ha cotizado la leche de vaca para el mes de abril “puesto que no hay una certeza en estos momentos de los precios firmados entre los ganaderos y la industria”.

Repetición en el precio de los cereales a excepción de una leve bajada de un euro tonelada en trigo, “debido al cansancio generalizado de noticias geopolíticas que han influido mucho en las materias primas que el agricultor compra, pero que prácticamente no han tenido repercusión en los precios.

Asimismo, durante la sesión se han repetición las cotizaciones del resto de productos y en todas sus categorías.