Puebla de Lillo volverá a reivindicar este domingo 13 de septiembre su tradición ganadera con la celebración del XLVI Concurso-Exposición de Ganado de Montaña. El recinto ferial de la localidad reunirá durante toda la mañana ejemplares de vacuno, equino y mastines, además de acoger actividades gastronómicas y un espectáculo dedicado al mundo del caballo.

El certamen, consolidado como una de las principales citas del calendario ganadero de la Montaña Leonesa, pretende reconocer el trabajo de las explotaciones de la zona y mostrar la calidad de sus animales. El concurso estará dividido en cinco secciones de ganado vacuno, ocho de ganado equino y tres reservadas a mastines, cuyos ejemplares serán examinados y puntuados por el jurado.

La jornada comenzará a las 8.00 horas con la apertura del recinto ferial. Los ganaderos podrán introducir los animales hasta las 10.30 horas, momento a partir del cual comenzarán las tareas de valoración correspondientes a las distintas categorías.

Uno de los principales atractivos llegará a las 12.00 horas con ‘La Magia del Caballo’, un espectáculo ecuestre que se desarrollará en la finca situada junto al recinto ferial. La propuesta se suma a la presencia de los propios ejemplares participantes para acercar al público la belleza, las habilidades y el vínculo del caballo con la actividad tradicional de la montaña.

La feria incluirá también un mercadillo de productos gastronómicos y artículos relacionados con el medio rural. Los visitantes podrán encontrar miel, quesos, embutidos, empanadas, pasteles y utensilios ganaderos, entre otros productos. Durante la celebración habrá igualmente servicio de pulpeiro y bar.

La entrega de premios comenzará a las 14.00 horas y reconocerá a las ganaderías propietarias de los mejores ejemplares de las diferentes secciones. Una vez finalizado el concurso, la organización ofrecerá churrasco procedente de ganaderías de la Montaña Leonesa a todas las personas asistentes.

El XLVI Concurso-Exposición de Ganado de Montaña está organizado por el Ayuntamiento de Puebla de Lillo y cuenta con la colaboración de la Diputación de León y la Junta de Castilla y León. Ganadería, gastronomía y tradición rural volverán así a protagonizar una jornada pensada tanto para los profesionales del sector como para vecinos y visitantes.

Programa

Domingo 13 de septiembre

Todo comenzó un 27 de agosto de 1926. En esa fecha, el alcalde del concejo asturiano de Mieres, José Sela y Sela, y Luis de Azcárate, por la Fundación Sierra Pambley, firmaron un acuerdo ante notario. El segundo se desprendía de golpe de 900 hectáreas de su propiedad, varios parajes situados en la comarca leonesa de Babia, los cuales acaba de heredar la Fundación de manos del filántropo Francisco Fernández Blanco Sierra Pambley, alma de la Institución Libre de Enseñanza. Y el primero sacrificaba con una auténtica millonada de la época, 415.600 pesetas, el presupuesto municipal.

Pero la inversión era a cambio de algo muy grande: el concejo asturiano estaba comprando un buen 'cacho' de León, de su montaña. Literalmente. Aquel regidor es considerado todavía hoy un 'héroe' local porque entonces, exactamente igual que ahora, Mieres, a pesar del verde aspecto de sus prados infinitos, carecía de pastos de verano para su ganado. Las vacas no tenían qué llevarse a la boca y rumiar. Y es que sus terrenos los dedicó en exclusiva a derechos mineros: el carbón, motor de su mayor riqueza histórica, prevalecía sobre todo lo demás. La subasta convocada para adquirir lo que se conoció desde entonces como puerto de Pinos resultó providencial.

Fue esta la escena y este el motivo por el que hace un siglo exacto Mieres adquirió aquella gran propiedad, nacida de la unión de parajes como Río Tuerto, La Cantarilla, Cueva de los Puercos, La Cubilla, Los Navares y Vega de Gorgaveros. 900 hectáreas, casi 13 kilómetros cuadrados y unos de los mejores pastos de montaña de España, extraordinariamente nutritivos. Ya entonces el contrato ponía límites a su consumo y explotación: daba para unas 630 vacadas o 5.050 ovejas.

La letra pequeña que lo cambió todo

La carísima operación económica -la subasta había arrancado en 315.625 pesetas- resolvía sobre el papel para siempre un eterno problema de los ganaderos de la cuenca asturiana del Caudal. Pero ese papel, y el acuerdo firmado, contenía una letra pequeña que lo complicaría todo y convertiría la aparente solución definitiva en un conflicto que ha cumplido este verano todo un siglo de tensión. Una 'guerra' ganadera y también territorial que se ha enquistado y aventura una complejísima solución.

Esa letra pequeña provenía del benefactor, que al morir impulso en su herencia que si alguna vez Pinos se vendía no le causara perjuicios a los pequeños pueblos leoneses, babianos, del municipio de San Emiliano. Se trata de las localidades de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán. Se trataba de proteger unos derechos que provenían de siglos atrás, quizá de la Edad Media, de cuando la poderosa Colegiata de San Isidoro en León capital era dueña y señora de esa parte de la montaña, antes de que la expropiara la desamortización de Mendizábal.

Así que, respetando sus deseos, esos derechos permanecieron intactos en la compra-venta. El contrato de 1926 lo recogió de manera pormenorizada: los ganaderos de Candemuela y Villargursán pueden llevar ganado vacuno y caballar al Puerto o Vega de Río Tuerto, con una excepción para Villargursán, cuyos vecinos también pueden introducir ganado cabrío. Pinos tiene derecho a pastar con sus vacas y caballos en La Cantarilla, Cueva de los Puercos, La Cubilla y los Navares, mientras que Pinos y San Emiliano comparten el aprovechamiento de la Vega de Gorgaveros.

Pero ante tanto detalle, una falta de él causa el siguiente problema: la escritura de compraventa de 1926 no fija un número máximo concreto de cabezas de ganado para estos pueblos. Sólo establece una condición fundamental: los vecinos únicamente pueden llevar su “ganado propio”. Es decir, no se fija un cupo numérico pero impide la trampa de que los ganaderos leoneses introduzcan ganado ajeno, o incluso hagan negocio con ello. Y todo eso, ojo, en una propiedad que no es suya, un terreno que nadie duda de que es de Mieres.

Si todo está tan claro, incluso por contrato; si está perfectamente acotado quién y cuándo puede llevar su ganado a los pastos frescos; si la propiedad no admite duda, entonces ¿por qué el conflicto, por qué un siglo de tensión? Pues se trata de una acusación mutua que cruza la Cordillera que separa León de Asturias.

El primero que llegue

Mieres tiene acotado en el tiempo el período en que sus ganaderos pueden subir las cabezas a los pastos, cada primero de junio. Y acusan a sus colegas babianos, los de los pueblos con derechos históricos, de que ellos lo hacen mucho antes y literalmente se comen lo mejor de los verdes prados. Estos aducen que no les afecta restricción temporal alguna. Y claro, al final más de un año y de dos saltan las chispas.

A esto se ha sumado el uso, disfrute y, según las pedanías leonesas, “abuso” del concejo mierense en su propia casa. El Concejo o sus profesionales del campo ha usado el puerto de Pinos, en algunos casos, como si se tratara de una calle la localidad. Incluso con menos legalidad. Porque en la zona abundan diferentes construcciones de piedra, hay caminos acotados, un pequeño embalse, muros y vallados, un edificio recreativo y común llamado -para remarcar quién es el dueño- Casa Mieres y hasta una pequeña ermita en honor a la Virgen de las Nieves, donde cada año los asturianos se reúnen en torno a una fiesta tradicional.

El problema es que el Ayuntamiento de San Emiliano no ha otorgado, que se sepa, jamás la más mínima licencia para nada de lo que allí hay construido. Lo ha levantado la impunidad, la costumbre, el tiempo y la dejadez.

Durante el franquismo, bastante tenía la zona para reponerse de haber sido arrasada por ser primera línea de Guerra Civil en el llamado Frente Norte. Con la dictadura casi nadie levantaba la voz. Si hubo encontronazos, nunca trascendieron, se dirimieron con total discreción pública. Pero ya en Democracia todo comenzó a cambiar. Lo primero tiene un efecto psicológico y práctico directo: Mieres tiene acceso de tráfico cómodo por carretera asfaltada. Sin embargo, los pueblos leoneses disponen de un auténtico camino de cabras que se lleva más de 40 años exigiendo convertir en carretera a la Junta de Castilla y León, y sólo ahora parece haber voluntad y compromiso de presupuesto.

Un reglamento municipal... fuera del municipio

Además, el Ayuntamiento de Mieres, siendo alcalde el socialista Vital Álvarez-Buylla, aprobó en mayo de 1980 un Reglamento para el Gobierno, Uso y Disfrute del Puerto de Pinos “que el Iltmo, Ayuntamiento de San Emiliano posee en término de San Emiliano, provincia de León”, remarca textualmente. Es este:

El documento ordenaba decisiones muy precisas, como poner un guarda con sueldo, organizar el uso ganadero, pero también de montañeros y turistas, sacar a concurso el bar-cantina “y otros negocios”, incluso con literas para uso hostelero, censar, marcar y organizar el pasto de todo el ganado mierense e incluso la actitud de los vaqueros, fijar la gestión de emergencias e incluso de la fiesta anual.

Gran parte de estas competencias, aducen ahora las pedanías leonesas -organizadas por primera vez judicialmente y con un apoyo del Ayuntamiento de San Emiliano que jamás tuvieron- son totalmente irregulares e invaden competencias que no corresponden a un municipio no sólo de otra provincia sino de otra comunidad autónoma.

El año en que (casi) todo cambió

Y con los nuevos argumentos, esas tensiones, como era de esperar, se dispararon. Un hito fue el año 2006, cuando Mieres envió incluso a agentes de su Policía Local a regular el tráfico y garantizar la seguridad el día de la fiesta. Y saltaron las alarmas porque excedían su jurisdicción. A partir de ahí los pueblos babianos fueron tomando mayor conciencia de que en tantas cosas el concejo asturiano carecía de competencias básicas, por más que fueran los propietarios.

Y la 'guerra' se convirtió en una batalla judicial nunca vivida, denuncia tras denuncia. Ante los tribunales, casi siempre ha ganado la vertiente leonesa, tras muchos años de sentencias y recursos. Sería imposible resumirlas todas y de todas Mieres siempre se defiende, alguna vez con éxito solo puntual. Al final, los más altos tribunales, tanto de Castilla y León como de Asturias, han decantado mayoritariamente la balanza hacia San Emiliano.

Por el lado exclusivamente ganadero, también han cambiado mucho las cosas. Primero porque el número de cabezas que de un lado y de otro ansían el pasto de Pinos es casi insostenible. La ganadería extensiva se ha multiplicado en los pueblos de Babia, se ha convertido en un gran negocio, y ellos saben que tienen derecho de pasto sin restricciones de tiempo. A pesar de que el contrato de compra-venta hablaba hace un siglo de una capacidad para 630 vacadas en la zona.

Las cabezas de Mieres suman en torno a 1.500 también. El encontronazo cuando cada 1 de junio suben las reses asturianas es de órdago. La Guardia Civil siempre tiene que hacer acto de presencia para que la sangre no llegue al río.

Además, el pasado 2025, 99 años después de que Pinos fuera propiedad de Mieres, fue el primero que el Gobierno de Castilla y León hizo valer su autoridad de sanidad animal y decidió no entregar las guías sanitarias a las reses mierenses. Como resultado, sobre el papel ninguna podía pacer allí. El año pasado la restricción ya estuvo en vigor. Aún así aparecieron numerosas vacas y algunos dueños, identificados por los agentes, resultaron multados por la Junta de Castilla y León, aunque tras los consiguientes recursos no consta aún una sola sanción por ello.

Dos alcaldes para un “problema sobrevenido”

Así las cosas, cualquier posible solución a un problema que es a la vez territorial, patrimonial, ganadero y por supuesto social no parece muy factible dentro de este segundo siglo de conflicto. No lo ve muy claro el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (Izquierda Unida), que sin embargo ha prefierido no hacer declaraciones a ILEON. Tampoco el de San Emiliano, David Marcello (PSOE), que sólo concede que les une una cosa: que ambos han de gestionar un “problema sobrevenido” y enquistado, con muchísimas aristas, y en el que cada cual, como gestores, “haríamos lo mismo que el otro si estuviéramos en su situación, creo que nos entendemos”. Al menos en eso.

Sobre el papel parece haber dos caminos. El primero es que todo siga igual, marcándose y sobre todo cumpliéndose una serie de pactos. Es decir, Mieres dueña de Pinos en un territorio ajeno pero dejando pastar a su antojo a los pueblos babianos como el contrato marca. El problema es que lo último no lo admitirían los ganaderos de Mieres, sería una propiedad sobre la que no tendrían prioridad alguna. Y San Emiliano tampoco está satisfecha con que un pedazo de su municipio sea de otro ayuntamiento, donde, recuerda el regidor, “todo lo que se ha hecho es ilegal, pasos, asfaltados, edificios... todo”.

La otra opción se resume con una palabra muy gruesa: expropiación. El concejo asturiano no la admite: las 900 hectáreas son suyas de pleno derecho, defienden. En cambio, el lado leonés apuesta claramente por ello. Pero no ve intención alguna del único que puede hacer algo: “Sin la Junta de Castilla y León aquí no se resuelve nada”, zanja Marcello. Y pese a constantes buenas palabras, van décadas una práctica inacción. El alcalde leonés cree que se podría hablar de fijar un justiprecio, “incluso por encima si es necesario”, porque no ve otro posible escenario que ponga fin a una anomalía de un siglo.

Hace más de un año que los vecinos de ocho pueblos de León no tienen agua de riego para sus huertos. La comarca leonesa del Órbigo, tradicionalmente unida a su cultura hídrica, cuenta con un entramado de presas tradicionales de las que hacen uso desde hace siglos. La centenaria estructura excavada en el suelo y que recorre las calles de las localidades del Órbigo se encuentra a finales de agosto seca, rebosante de hojas marrones y de maleza. Hace unos años el agua corría por estos tradicionales canales, pero desde la modernización del regadío se cortó el grifo, con todas las consecuencias que esto tiene a nivel social y patrimonial.

Todo comenzó en 2021, cuando la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) anunció la modernización del regadío de esta comarca leonesa por una inversión de 10.404.834 euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Después de una votación aquel mismo año en una reunión de la Comunidad de Regantes de Presa de la Tierra, se aprobó el inicio de un proceso que dejaba al margen de la posibilidad de riego a las presas centenarias, el único método por el que llega el agua a los huertos de suelo urbano.

En aquella reunión, que finalizó con una votación, los pequeños agricultores se opusieron. Sin embargo, el peso de su voto depende de la cantidad de hectáreas que posean y, frente a agricultores que cuentan con unas tierras más amplias, la opinión de los dueños de los huertos ubicados en los pueblos, no sirvió para cambiar el curso de los eventos. Así ha ocurrido en las siguientes votaciones. La modernización se llevó a cabo y el agua dejó de llegar a partir de mayo de 2025 a los huertos.

Cabe destacar que, a la vez que CHD, dependiente del Gobierno, toma este tipo de decisiones, el Consejo de Ministros ha aprobado el reconocimiento de los sistemas históricos y tradicionales de regadío (SHTR) como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. CHD no ha respondido a ILEÓN a las preguntas sobre su posición respecto a esta situación.

A pesar de la adversidad, más de 400 vecinos (en su mayoría de edades ya avanzadas) se han agrupado en la Asociación para la Defensa y Conservación de Riegos de Huerto y Patrimonio Hídrico. Desde el primer momento comenzaron a reunirse con CHD y su Comunidad de Regantes, sin lograr una solución por parte de unos y otros. Han presentado cientos de recursos contra las nuevas ordenanzas aprobadas en la Comunidad de Regantes y han llevado a cabo varias movilizaciones a lo largo de la provincia de León, muy respaldadas.

Uno de los vecinos de los pueblos afectados, Fernando Quintanilla, tiene que rellenar, garrafa a garrafa, un tanque que le sirve de almacenamiento de agua para poder cultivar su huerto: “He dejado de cultivar toda la huerta, porque no tengo agua. Tengo muy pocas plantas y los frutales que tenía se están secando. Cojo garrafas y voy en coche hasta donde hay agua, las meto en el coche y las vacío en el depósito y así voy haciéndolo”.

No es el único que tiene que recurrir a este sistema. Un paseo por Hospital de Órbigo ya da muestra de que casi todos los vecinos han tenido que reducir la superficie de sus huertos, ya que necesitan mucho trabajo para mantenerlos como antes. Los más ‘afortunados’ son los que disponen de un terreno pegado a sus casas, ya que entonces pueden usar el agua del grifo sin tener que cargar con ella.

Aquilino es otro de los vecinos afectados. En su caso, cuenta con unos pozos artesianos para regar sus árboles como su huerto. Sin embargo, este año se han enfrentado a una bajada del nivel freático, por lo que el agua disponible en este sistema también escasea: “No puedo poner la manguera y regar la huerta, tengo que ir dosificando y regar 5 minutos de reloj y al cabo de un par de horas vuelvo y continúo”, explica. “Es un sacrificio hacerlo de esta manera y la situación es dramática”.

El paisaje de los pueblos del Órbigo ya ha cambiado. Los huertos son más pequeños, los árboles están más secos, las presas que hacían de río para el pueblo son una calle más, en el caso de las más amplias, y apenas perceptibles, cubiertas por la maleza, en el caso de los canales excavados en la tierra. El entorno de las presas, que allí llaman ‘reboño’, es ahora un ecosistema en peligro de extinción.

La situación afecta también al ánimo de los vecinos: “Yo he visto a personas que se dedicaban solo al huerto cuando teníamos agua y cuando ha dejado de haber les veo y se nota que están desmotivados, que llevan una vida más sedentaria”, observa Fernando.

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los miembros de la Asociación están ya en edad de jubilación, su actividad es incansable: “La gente más mayor tiene menos energía, se sienten vencidos, pero nosotros queremos demostrar que se puede seguir luchando”, afirma Francisco Catalán, el presidente de la Asociación. “Lo bueno que tiene el pueblo es poder cultivar tu huerto. Ahora tendremos que comprar un piso en León para poder tenerlo”, comenta, satíricamente, Catalán.

Catalán y demás miembros de la Asociación han propuesto soluciones a CHD y la Comunidad de Regantes. A través de un informe técnico que ya han entregado a la administración dependiente del Gobierno han solicitado instalar tomas de agua (hidrantes) que alimenten los regueros urbanos por gravedad de forma medida y controlada, demostrando que es perfectamente compatible con la modernización. También solicitan un caudal de socorro para que una mínima cantidad de agua recorra las presas y, así, poder mantener su entorno.

Sin embargo, por ahora no han recibido contestación oficial ni de la Comunidad de Regantes ni de CHD: “Todo el mundo mira para otro lado, te dicen que no es su competencia. Pero cuando hablas con ellos personalmente, nadie lo entiende”, lamenta Fernando. Los siguientes pasos de la Asociación serán acudir a la vía judicial. Mientras tanto, los vecinos se resisten a normalizar una vida sin agua para sus pueblos, con la esperanza de que todo esto haya sido un mal sueño que haya durado dos años.

Naturgeis ya ha abierto las inscripciones para su nueva programación formativa de otoño. La propuesta incluye cursos y programas gratuitos y presenciales que se celebrarán entre octubre y diciembre en distintos municipios de la provincia de León.

Con más de diez años de experiencia, Naturgeis sigue apostando por la economía social y el desarrollo del medio rural, acercando una formación práctica y especializada a los pueblos de la provincia. Así, los interesados podrán aprender sobre actividades agrarias, agroalimentarias y ambientales sin tener que desplazarse hasta León.

La programación combina cursos independientes de 30 horas con programas formativos más completos, pensados para profundizar paso a paso en distintas especialidades.

Entre los programas previstos está el Programa Formativo de Horticultura Ecológica de Riego de la Vega, que repasará desde los primeros pasos en la horticultura profesional hasta la fertilización, el uso eficiente del agua y el control ecológico de plagas y enfermedades.

En Páramo del Sil se impartirá el Programa Integral de Agricultura Regenerativa: Agroecología y Horticultura Ecológica, una formación de 60 horas para conocer alternativas sostenibles de producción y nuevas formas de comercialización.

La micología también tendrá un papel destacado. San Justo de la Vega acogerá el Programa Integral de Identificación, Selección y Cultivo de Setas Comestibles y Medicinales, mientras que en San Martín del Agostedo se desarrollará un programa centrado en la producción, transformación y comercialización de setas ecológicas.

Por su parte, Vegas del Condado acogerá el Programa Formativo de Manejo Integral de Frutales, dedicado a temas como la plantación, el manejo ecológico, la fertilización, el riego y el cuidado del suelo.

Además de estos programas, Naturgeis organizará varios cursos independientes para ampliar la oferta y llegar a más municipios.

En Barrientos se celebrará un curso de Apicultura Ecológica, en el que los participantes aprenderán a manejar las colmenas de forma sostenible, conocerán mejor la producción apícola y descubrirán la importancia de las abejas y otros polinizadores para la biodiversidad y la agricultura.

La transformación agroalimentaria estará presente con los cursos de Elaboración de Quesos Tradicionales y Ecológicos, que tendrán ediciones en Vegas del Condado y Veguellina de Órbigo.

La programación también incluye cursos prácticos de poda, desbroce y cuidados de frutales para la prevención de incendios y el desarrollo rural, que se impartirán en Fontanos del Torío y Carrizo de la Ribera. La idea es aprender técnicas para cuidar árboles y fincas, gestionar mejor la vegetación y contribuir al cuidado del territorio rural.

Cientos de personas se han sumado a la segunda protesta para reclamar que el agua regrese a los huertos urbanos de la comarca leonesa del Órbigo. La protesta, convocada por la Asociación para la Conservación del Riego de Huertos y Patrimonio Hídrico, ha tenido lugar este viernes 21 de agosto a las 11 horas, frente a la sede del Sindicato Central de Barrios de Luna.

La movilización da continuidad a la celebrada el pasado viernes 14 de agosto ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en León, donde más de un centenar de personas exigieron una solución y entregaron firmas en apoyo de sus reivindicaciones. Bajo el lema ‘En defensa de nuestra agua’, la asociación vuelve ahora a llamar a participar a los vecinos afectados.

Esta situación es el resultado de la modernización del regadío de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el agua ya no puede llegar a los huertos mediante los antiguos sistemas de riego, basados en centenarias presas y acequias descubiertas, sino que tiene que hacerlo mediante grandes tuberías bajo tierra de agua presurizada. Esto incluye a la centenaria Presa de la Tierra, cuyas tradicionales infraestructuras quedarían abandonada.

Desde el mes de mayo de 2025, el agua dejó de circular por las acequias que transcurren por el suelo urbano de las localidades de Benavides de Orbigo, Gualtares, Villares de Orbigo, San Feliz de Orbigo, Hospital de Orbigo, Villarejo de Orbigo y Veguellina de Orbigo. Todo ello a pesar de los cientos de recursos que la Asociación ha presentado a CHD, sin respuesta, desde el año 2022.

La Asociación para la Conservación del Riego de Huertos y Patrimonio Hídrico ha convocado este viernes 21 de agosto una nueva concentración para reclamar una solución que permita recuperar el suministro de agua a los huertos urbanos de los pueblos de la comarca leonesa del Órbigo. La protesta comenzará a las 11.00 horas ante el Sindicato Central de Barrios de Luna, situado provisionalmente en la sede de la Comunidad de Regantes de la Presa de la Tierra (en la carretera N-120, número 31), de Hospital de Órbigo.

La movilización da continuidad a la celebrada el pasado viernes 14 de agosto ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en León, donde más de un centenar de personas exigieron una solución y entregaron firmas en apoyo de sus reivindicaciones. Bajo el lema ‘En defensa de nuestra agua’, la asociación vuelve ahora a llamar a participar a los vecinos afectados.

La situación vivió un antes y un después el mes de mayor del año pasado, cuando los pequeños agricultores dejaron de poder regar los huertos situados en suelo urbano. La asociación, respaldada por centenares de vecinos, defiende que estas parcelas han sido cultivadas durante generaciones y constituyen una parte esencial de la vida social, agrícola y patrimonial de una comarca históricamente vinculada al agua.

La falta de suministro está relacionada con la modernización del regadío promovida por la CHD, que sustituyó los antiguos sistemas de presas y acequias abiertas por grandes tuberías subterráneas de agua presurizada. Los afectados reclaman una alternativa que garantice el riego de los huertos y evite el abandono de infraestructuras tradicionales como la centenaria Presa de la Tierra.

Una partida de uva de la variedad blanca Albarín ha marcado este miércoles el inicio de la vendimia 2026 para el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) León. Supone un adelanto insólito de casi tres semanas sobre las ya precipitadas fechas de las dos últimas campañas y que prevé una producción en torno a los tres millones de kilos. Un adelante provocado entre otras cosas y sobre todo por el calor, como ya ocurriera también de manera histórica en la vecina DO Bierzo, que jamás había cosechado en el mes de agosto.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del sur de la provincia leonesa ha informado, a través de una nota de prensa, que la vendimia no se generalizará probablemente hasta los primeros días de la próxima semana en toda la zona de producción vitivinícola del sur-sureste de la provincia de León y norte de Valladolid.

Tanto viticultores independientes como las propias bodegas con mayores extensiones de viñedo se mantienen a la expectativa del anunciado descenso de las temperaturas y, sobre todo, de la previsión de lluvias que contendrían la deshidratación de la uva y la merma de su tamaño, y le aportarían equilibrio, ha apuntado la DO.

No obstante, deberán estar vigilantes ante la generación de unas condiciones que podrían derivar en la posible aparición de plagas fúngicas, como las temidas de oídio y mildiu.

En cualquier caso, la DO León ha explicado que el adelanto temporal tan extraordinario es la consecuencia de las condiciones meteorológicas, con elevadísimas temperaturas en los meses de julio y lo que va de agosto, y la merma evidente del contraste térmico entre los días y unas noches excesivamente tropicales, “algo inusual en este territorio”. En esa situación, la previsión es que la vendimia pueda cerrarse, siempre dependiendo de los condicionantes meteorológicos, a finales del mes de septiembre.

El sindicato Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de León resalta la gran oportunidad que puede suponer para los campesinos leoneses que hayan optado por el cultivo del maíz en esta temporada, teniendo en cuenta los estragos de forraje que comienza a causar la sequía en todo el norte de España en la ganadería extensiva.

En una nota de prensa emitida hoy por Asaja en la provincia leonesa se recuerda que la sequía histórica está asolando comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco, una situación que deteriora todos los pastos “y sobre todo la producción de maíz para ensilado”. Y resalta esto como “una oportunidad para la provincia de León, la gran productora de maíz de España”.

Las cifras que maneja la organización profesional agraria hablan de que el cultivo del maíz en León ocupa este año 75.000 hectáreas, de las cuales inicialmente se destinan a maíz forraje unas 3.800, frente a 71.200 de maíz grano. Sin embargo, pero debido a estas circunstancias de sequía generalizada en el norte y noroeste peninsular la superficie destinada a forraje podría aumentar de manera significativa.

“La campaña de maíz en la provincia de León evoluciona favorablemente -salvo el que no se haya podido regar convenientemente-, con un adelanto agronómico de unas dos semanas, por lo que ya hay muchas fincas que están en condiciones óptimas para poderse recolectar con destino a ensilado, y esta oferta se puede mantener al menos hasta principios del mes de octubre”, remarcan en el comunicado. Y observan que “dado que el coste del transporte es un factor limitante a la hora de aprovisionarse de este producto destinado a la alimentación animal, debido a su volumen, la provincia de León es la mejor posicionada para destinos en Galicia y Asturias, y puede competir con otras limítrofes para destinos en Cantabria”.

El sindicato Coag ha alertado también de la grave situación de que en pleno agosto que deja la “feroz sequía”, incluyendo otras provincias como Navarra. Y por eso, desde ya reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas afectadas en toda la cornisa cantábrica la aprobación “urgente de medidas de apoyo ante la grave crisis forrajera que atraviesan las explotaciones de vacuno de carne y leche”. Y es que ya hay ganaderos que han adelantado la venta de reses ante la imposibilidad de asumir el aumento de costes de la suplementación alimentaria, que sitúan por encima del 30% en apenas dos meses.

Ante esta situación, Asaja de León observa que la venta de maíz para forraje, “es decir, para ensilados que suelen tener como destino las ganaderías de leche”, es “una buena opción para los agricultores leoneses”. Y es que abre un nuevo mercado saturando menos la oferta de grano, “y agronómicamente tiene la ventaja de que quedan antes las fincas libres de cosecha y se pueden preparar para la siguiente”, concluyen. El ensilado se puede hacer en destino, que es lo habitual, o en origen bajo el formato de bolas de microsilos.

La Policía Municipal de Ponferrada ha activado este viernes la Campaña Especial de Vigilancia de Frutales 2026, un dispositivo que este año se anticipa a petición de agricultores y cooperativas debido al adelanto de la maduración de la fruta provocado por las condiciones meteorológicas.

La vigilancia se mantendrá durante aproximadamente mes y medio y se extenderá por las 120 hectáreas de plantaciones situadas principalmente en La Martina, Dehesas y Fuentesnuevas.

Los agentes realizarán varias rondas diarias, con especial atención al mediodía, cuando la fruta permanece recogida en las fincas, y durante distintas franjas de la noche.

Los controles se adaptarán además a la evolución de la campaña y a las incidencias detectadas en cada zona.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Cortina, explicó que la Policía estará en contacto permanente con las cooperativas para intercambiar información y poder centrar los efectivos en aquellos puntos donde sea necesario. También se prestará atención a la presencia de personas o vehículos sospechosos.

El Ayuntamiento de Cistierna plantea endurecer las condiciones para la implantación de plantas de biogás y biometano en este municipio de la Montaña Oriental leonesa, después de conocerse un primer proyecto diseñado para el polígono de Vidanes, avanzada por ILEÓN a finales del año pasado, y la inmediata reacción en contra que ha provocado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) daba hoy a conocer el borrador del avance de la modificación n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Cistierna. Un proceso que comienza ahora y de momento se abre a participación pública antes de su aprobación definitiva. La propuesta es poner al día un planeamiento que originalmente data de hace más de 30 años, concretamente de 1993, y que no contemplaba ningún tipo de instalaciones de energías renovables de estas u otras características.

El texto propuesto por el Consistorio, y disponible ya en la Sede Electrónica de Cistierna, pinchando aquí, impone unas condiciones muy restrictivas. Pero hay que tener en cuenta que lo hace a futuro, es decir, que con la legislación española no cabría impedir el impulso de aquellos proyectos que, como el de la empresa Apaycachana-6 SL en el polígono de Vidanes, ya están muy avanzados e incluso con la evaluación de impacto ambiental de la Junta favorable. Otra cosa sería en aquellas alternativas que se planteen tras aprobarse de manera definitiva esta nueva normativa.

Entre las futuras restricciones que Cistierna pretende, destaba el veto completo a la ubicación de estas plantas en suelo urbano y también urbanizable. De este modo, su posible implantación quedaría limitada a las categorías de suelo rústico que lo permitan de manera expresa. Ya para complicarlo aún más, exige que se proyecte en parcelas únicas y de, al menos, diez hectáreas de tamaño. Por otro lado, los proyectos también deberán respetar un retranqueo mínimo de 30 metros respecto a los linderos, acompañado de una pantalla vegetal espesa en su entorno formada por especies autóctonas, para mitigar incluso el impacto visual.

La normativa diferencia entre instalaciones de pequeña capacidad -de hasta 30.000 toneladas anuales de residuos orgánicos-, y plantas de gran capacidad. Las primeras deberán situarse a un mínimo de un kilómetro de cualquier pueblo o núcleo de población o de viviendas residenciales legalmente construidas o con más de 20 años. Para las de mayor tamaño, la distancia exigida aumentaría hasta como mínimo los dos kilómetros.

También se limita la concentración de infraestructuras: no podrán instalarse nuevas plantas a menos de diez kilómetros de otra ya previamente existente, tan sólo con la excepción de que tenga una autorización ambiental expresa, la cual permitiría reducir esa distancia hasta cinco kilómetros de manera excepcional.

Por otro lado, para poder seguir adelante y ser autorizados, las empresas deberán garantizar que al menos el 70% de los residuos que se emplean como materia prima de este tipo de instalaciones, especialmente estiércol animal, procedan de un radio máximo de 15 kilómetros a la redonda. Se trata, explica la normativa, de primar un abastecimiento local y reducir los desplazamientos, y por lo tanto la contaminación.

Los promotores también deberán acreditar obligatoriamente que cuentan con accesos y vías interiores capaces de soportar el tránsito de vehículos pesados sin deteriorar los caminos rurales ni agravar el tráfico local. Y finalmente, la nueva propuesta urbanística obliga a estudiar los impactos acumulativos de estas actividades en el entorno y a cumplir la normativa sectorial en materia de residuos, sanidad, olores, emisiones y protección del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, como por otra parte evalúan las declaraciones de impacto ambiental.

Una nueva macroplanta solar cobra forma y avanza ya de modo imparable en la Montaña Central de la provincia de León. Ese impulso definitivo llega de la mano de la Junta de Castilla y León, que en apenas medio año ha declarado de utilidad pública el proyecto fotovoltaico Roblasun 2, promovido por la sociedad Roblasun 2, perteneciente a la compañía Ignis Group, un productor independiente de energía español, en el municipio de Rioseco de Tapia.

La decisión blinda el proyecto definitivamente y permite activar los trámites de expropiación forzosa y la imposición de servidumbres sobre todos los terrenos necesarios para ejecutar la instalación. La resolución llega después de que el proyecto superara los trámites de autorización administrativa y construcción y de que la promotora acreditara acuerdos con más de la mitad de los propietarios afectados, tras iniciarse el proceso en enero de este mismo año.

El expediente contempla una superficie total afectada de 1.591.117 metros cuadrados de extensión, lo que es lo mismo, 159,1 hectáreas, correspondiente a la suma de 427 parcelas particulares incluidas en el ámbito del proyecto. De ellas, 238 parcelas, el 55,74% del total, ya cuentan con acuerdos previos entre la empresa y sus propietarios, mientras que quedan 189 parcelas sin acuerdo. Es sobre estas sobre las que la declaración de utilidad pública permite establecer la necesidad 'a la fuerza' de ocupación o el paso de servicios e instalaciones.

La declaración de utilidad pública supone, por tanto, un nuevo paso administrativo para un proyecto que ya obtuvo la autorización administrativa previa en abril de 2023 y de construcción en 2024. La resolución establece la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y permite continuar con el procedimiento expropiatorio de las fincas que todavía no han sido objeto de acuerdo.

El expediente ha estado sometido a información pública, periodo durante el cual los titulares de los terrenos afectados formularon alegaciones y objeciones a la ocupación de sus propiedades. La documentación recoge la contestación técnica de la empresa promotora a estas alegaciones y el resultado de las gestiones realizadas para alcanzar acuerdos con los propietarios.

El listado de bienes y derechos afectados muestra, además, que el procedimiento no se limita a terrenos de carácter particular. Entre las parcelas incluidas figuran seis propiedades del propio Ayuntamiento de Rioseco de Tapia, otras cuatro pertenecientes a la Junta Vecinal del pueblo de Espinosa de la Ribera y tres de la Junta Vecinal de Rioseco de Tapia. También aparece una parcela vinculada incluso a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista León-Asturias AP-66, que transcurre cerca de donde se desarrollará la macroplanta.

Una planta con más de 110.000 paneles solares

Roblasun 2 es uno de los grandes proyectos solares previstos en Rioseco de Tapia. La instalación contará con 110.970 módulos fotovoltaicos de 450 Wp, con una potencia pico total de 49,93 MWp y una potencia nominal de 41,66 MVA.

La infraestructura dispondrá además de 11 centros de transformación y 19 inversores de 2.500 kVA. La electricidad generada será evacuada mediante tres líneas subterráneas, con una longitud conjunta superior a los 20 kilómetros, hasta la subestación SET Rioseco 132/30 kV, recoge la documentación.

Roblasun 2 forma parte, además, de un conjunto de tres proyectos fotovoltaicos promovidos en Rioseco de Tapia por sociedades vinculadas a Enagás, junto a Roblasun 1 y Roblasun 3. En conjunto, las tres iniciativas plantean ocupar más de 500 hectáreas de terreno y representan una inversión estimada superior a los 80 millones de euros, aunque estos dos últimos llevan trámites menos avanzados por el momento.

La tramitación de estos proyectos ya generó en su día oposición entre colectivos agrarios, ecologistas y vecinos de la zona, que han cuestionado en fases anteriores aspectos relacionados con el cambio de uso de terrenos agrícolas, el impacto ambiental y sobre la actividad apícola, la fragmentación de las iniciativas -ya que si superan los 50 megavatios ya no tramita la Junta sino el Ministerio- y la inclusión de parcelas cuyos propietarios no habrían autorizado inicialmente su utilización.

La declaración de utilidad pública de Roblasun 2 supone ahora un avance decisivo en su tramitación, al permitir que las fincas para las que no se ha alcanzado un acuerdo voluntario puedan quedar sometidas al procedimiento de expropiación forzosa o de imposición de servidumbres.

La Junta de Castilla y León ya ha distribuido 1.265 toneladas de alimento, forraje y paja en explotaciones ganaderas de las provincias de León (casi 50 toneladas), Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia, dando respuesta a las necesidades trasladadas en las zonas damnificadas por los incendios.

En este contexto, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha visitado este martes la explotación bovina SAT GARFI, en Santa María del Condado, donde se ha realizado la entrega de un camión con 25 toneladas de pulpa de remolacha destinadas a la alimentación del ganado. Lo hizo acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en León, Fidentino Reyero.

Esta entrega de pulpa se realiza en colaboración con la cooperativa ACOR, que se ha ofrecido a colaborar para facilitar el suministro de este alimento a los ganaderos afectados.

En concreto, este martes han llegado a esta zona dos camiones, cada uno de ellos con 25 microsilos de pulpa de remolacha, con una capacidad de una tonelada por microsilo.

El primero se ha destinado a la explotación SAT GARFI, que cuenta con más de 250 cabezas de ganado bovino, mientras que el segundo, de otras 25 toneladas, se ha entregado en Castro del Condado, a otros dos ganaderos afectados.

Desde el Gobierno de Castilla y León se ha agradecido la colaboración de ACOR, cuya respuesta ha contribuido a reforzar el dispositivo de apoyo activado para atender las necesidades más inmediatas de las explotaciones afectadas.

En el caso de León, un total de 16 explotaciones han solicitado ya este tipo de suministro. De ellas, 12 han sido atendidas hasta el momento, con la distribución de más de 46.380 kilos de forraje destinados a siete explotaciones de ganado bovino y equino; además se han suministrado 508 litros de alimento energético y 76 kilos de alimento proteico a otras cinco explotaciones apícolas.

Ayudas a los damnificados

Asimismo, la Consejería dice trabajar ya en la agilización y simplificación de los trámites para el abono durante este mes de agosto de las ayudas directas por importe de 5.500 euros destinadas a agricultores y ganaderos profesionales que hayan sufrido daños en sus explotaciones como consecuencia de los incendios.

Con el objetivo de que estas ayudas puedan llegar a los afectados de forma inmediata, Pollán ha informado de que se está trabajando en un sistema de tramitación simplificado mediante el cruce de los datos de la Seguridad Social con la información disponible sobre las superficies y explotaciones afectadas.

Según defiende, esta fórmula permitirá reducir las cargas administrativas para los beneficiarios y acelerar al máximo la concesión y el abono de las ayudas.

El objetivo declarado es que los profesionales afectados puedan concentrar sus esfuerzos en la recuperación de sus explotaciones. Para ello, la administración pretende evitar lo que califica como “trámites innecesarios” en un momento de especial dificultad.

La Asociación Berciana de Agricultores (ABA) mantiene abierta la bolsa de empleo para cubrir alrededor de 1.500 puestos de trabajo destinados a la campaña de recogida de fruta y vendimia, una edición marcada por el adelanto de las cosechas y un incremento del interés de trabajadores extranjeros.

El director técnico de la ABA, Pablo Linares, ha explicado que la respuesta está siendo incluso mejor que en campañas anteriores y que una parte importante de la mano de obra necesaria ya se ha inscrito.

Ha incidido en un cambio de tendencia respecto a otros años, ya que están “viendo más personas extranjeras interesadas en trabajar en la campaña que trabajadores nacionales”.

Linares ha recordado que hasta ahora era más habitual contar con un mayor peso de mano de obra española.

La campaña comenzará el próximo 17 de agosto con la recogida de la pera conferencia, aunque la vendimia, muy adelantada este año, ya ha comenzado.

La Denominación de Origen Bierzo vivirá este año una campaña histórica con el inicio más temprano de la vendimia del que se tiene constancia, ya que las primeras uvas comenzarán a recogerse esta misma semana, dos semanas antes de lo habitual.

Comenzarán en estas fechas como consecuencia del adelanto del ciclo de maduración provocado por las altas temperaturas registradas durante el verano, explica el presidente del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Adelino Pérez.

Los primeros trabajos de recolección se concentrarán en los viñedos de Valtuille, donde la uva presenta un estado óptimo de maduración.

A medida que avance la semana, la vendimia se irá extendiendo a otras zonas productoras del Bierzo Bajo, como Toral de los Vados y el entorno de Cacabelos.

Pérez reconoce que nunca antes se había comenzado a vendimiar en unas fechas tan tempranas y apunta que este cambio responde a una tendencia cada vez más evidente derivada de las nuevas condiciones climáticas.

Aunque la campaña llega marcada por la escasez de precipitaciones, el sector afronta la recolección con optimismo.

La ausencia de humedad ha reducido prácticamente al mínimo la incidencia de enfermedades fúngicas en el viñedo y las primeras valoraciones apuntan a una uva de muy buena calidad, si bien la falta de agua ha condicionado el desarrollo de algunas cepas.

El adelanto de la vendimia también ha obligado al Consejo Regulador a anticipar la publicación de las normas que regirán la campaña.

Al igual que en años anteriores, el control de la vendimia se apoyará en el sistema de autocontrol de viticultores y bodegas, supervisado por los servicios técnicos de la denominación para garantizar la trazabilidad y la calidad de la producción.

En 2025 la recogida de la uva comenzó el 14 de agosto y finalizó el 13 de octubre, con una producción cercana a 10,6 millones de kilos. Este año, el calendario se adelanta más de una semana y deja una imagen inédita en los viñedos bercianos, que vuelven a adaptarse a una realidad climática cada vez más cambiante.

El Juzgado número 8 de lo Civil de León, con competencias mercantiles, ha declarado culpable la quiebra económica sufrida por la Cooperativa de Leche Lar y ha señalado como responsable a Luis Carlos Fernández, quien fuera su todopoderoso gerente durante 24 años. La sentencia concluye que ejerció como administrador de hecho de la cooperativa y que las graves irregularidades contables acreditadas contribuyeron a agravar su insolvencia.

El fallo impone a Fernández una inhabilitación de siete años para administrar bienes ajenos o representar a terceros. Y también le condena a devolver un total de 375.624,33 euros, una cifra equivalente a las retribuciones brutas que percibió entre el año 2021 y la fecha de su salida de la cooperativa, en agosto de 2024, poco antes de airearse la grave situación que sufría la entidad. También debe afrontar el pago de las costas procesales, si bien hay que remarcar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de León.

Tal y como publicó Diario de León, la jueza asume en lo sustancial las conclusiones de la administración concursal sobre una contabilidad que no reflejaba la imagen fiel de la situación económica de Lar. El procedimiento sitúa en torno a seis millones de euros el volumen de existencias y derechos de cobro que eran inexistentes o que estaban sobrevalorados, a pesar de lo cual se mantuvieron como activos en las cuentas de la cooperativa durante varios ejercicios presupuestarios. Esas partidas fueron finalmente corregidas antes de la solicitud de concurso, presentada en 2025, después de haber aflorado durante 2024.

La corrección contable dejó en evidencia la profundidad casi insalvable del deterioro patrimonial. Según los datos recogidos en la sentencia judicial, la cooperativa presentaba un déficit superior a 7,6 millones de euros: disponía de activos por unos 3,8 millones frente a una deuda total de 11,4 millones. El informe concursal describe además un aumento sostenido del endeudamiento y una creciente dependencia de financiación a corto plazo, cuyo peso habría pasado del 58% en 2020 al 75% en 2023. La imposibilidad de renovar las líneas de capital circulante terminó precipitando el colapso financiero que acabó con la salida del gerente y la designación de unos nuevos responsables de la entidad para tratar de encontrar desesperada una salida a la crisis.

La sentencia considera probado que Fernández disponía de “total autonomía” y capacidad de decisión “sin ninguna otra dependencia jerárquica”, suficientes para dirigir de hecho la cooperativa, pese a no ostentar formalmente el cargo de administrador. La resolución valora que era él quien negociaba con entidades financieras, mantenía las relaciones con auditores y asesores, representaba a Lar ante terceros y participaba en los órganos de decisión. También subraya que validó la contabilidad que incluía los activos inexistentes y que no trasladó al Consejo Rector la situación real de insolvencia, que el informe concursal sitúa ya desde el año 2021. Este medio no ha conseguido por varias vías contactar con Luis Carlos Fernández para recabar su punto de vista y una posible decisión de recurso frente a la sentencia.

El Consejo Rector sale indemne

Por el contrario, el juzgado rechaza extender la responsabilidad a los miembros del Consejo Rector, tal y como reclamaba el Grupo Leche Río. Y es que la resolución asegura literalmente que que se trataba “de agricultores y ganaderos, sin conocimientos financieros, contables o jurídicos” que en todo momento “delegaban en el gerente, en el que tenían confianza plena”, e incluso “no contaban tampoco con retribución alguna como miembros del Consejo”. Fue por eso que confiaron en la información proporcionada por la dirección ejecutiva y en auditorías que emitieron informes favorables sin detectar las irregularidades que después afloraron.

Además, se recuerda que el actual Consejo Rector accedió al cargo en 2024, cuando una parte sustancial de los hechos ya se había producido, e incluso valora que actuó al conocer la dimensión de los problemas, tal y como declararon entonces a ILEÓN el nuevo gerente, Miguel Fontanilla, y el recién nombrado presidente, José Franco.

Por aquel entonces, cuando Luis Carlos Fernández dejó inesperadamente la gerencia alegando formalmente motivos personales, la nueva dirección insistía en que tratarían de que la cooperativa, con más de medio siglo de vida, podría superar sus dificultades con un nuevo plan, descartando entonces solicitar concurso de acreedores. La empresa mantenía entonces su plantilla de 16 trabajadores, sus líneas de negocio y gran parte la recogida de leche, aunque en algunas zonas de la Montaña leonesa se dejó de recoger y obligó a buscar nuevas fórmulas.

Aquella información vinculaba las tensiones financieras al fracaso de una operación crediticia y al rendimiento por debajo de lo previsto de determinadas inversiones, como el secadero de maíz de Veguellina de Órbigo, localidad en la que Lar mantiene su sede social incluso después de la adquisición final por parte de grupo cántabro Agrocantabria. La sentencia, sin embargo, incorpora un elemento central: la existencia de activos ficticios que durante años habrían ocultado la verdadera dimensión del desequilibrio económico, y un claro responsable de ello.

La crisis fue un histórico varapalo a una de las cooperativas más identificadas con el campo leonés, especialmente en la comarca del Órbigo. Lar llegó a reunir a más de 300 socios y a mover una facturación anual situada, según las últimas cifras entonces conocidas, entre 15 y 20 millones de euros. Su marca de leche, de origen cien por cien leonés y presente en los lineales desde 2010, se convirtió en uno de los emblemas comerciales de la entidad.

La calificación culpable del concurso y la responsabilidad del exgerente no equivalen a una condena penal: se trata de una resolución dictada dentro del procedimiento concursal, lo cual determina las responsabilidades civiles y mercantiles por la agravación de la insolvencia económica. Y todavía la posible vía de la apelación ante la Audiencia mantiene abierto el recorrido judicial de un caso que golpeó a una histórica cooperativa y a buena parte de su entorno rural leonés.

La ciudad de Astorga incorporará este segundo fin de semana de agosto una nueva propuesta a su programación estival con la celebración de la I Feria de la Cerveza Artesana, que tendrá lugar del viernes 7 al domingo 9 de agosto en la Plaza del General Santocildes.

El evento reunirá a cinco pequeños productores de cerveza de las provincias de León, Segovia, Madrid y Lugo, que ofrecerán al público una amplia variedad de elaboraciones artesanales a precios populares, con el objetivo de acercar la cultura cervecera a vecinos y visitantes.

Los asistentes podrán degustar las cervezas de Vamos a Beer (Segovia), Oso (Fuenlabrada, Madrid), Píntega (A Fonsagrada, Lugo), Zerep (Trobajo del Camino, León) y Valles del Lúpulo (Brimeda, León), representantes de proyectos independientes que elaboran sus productos mediante métodos tradicionales. La programación se completará cada tarde con sesiones de DJ para crear un ambiente festivo durante las tres jornadas, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía y el ocio al aire libre.

Como atractivo añadido, la organización pondrá a la venta un vaso conmemorativo de la primera edición inspirado en el Año Gaudí en Astorga. Se trata de una edición exclusiva y de unidades limitadas que solo podrá adquirirse durante la celebración de la feria, hasta agotar existencias. La iniciativa también busca dar visibilidad al trabajo de las pequeñas cerveceras y apoyar al tejido empresarial, con la intención de consolidarse en los próximos años como una de las citas destacadas del verano astorgano.

El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha aprobado definitivamente la figura urbanística, un estudio de detalle, que permitirá la expansión de la empresa Legumbres Penelas en el polígono industrial del municipio leonés. Se trata de una actuación urbanística destinada a reorganizar parcelas y espacios públicos ya existentes, algunos ya propiedad de la compañía y otros del Consistorio, para facilitar el crecimiento de una de las empresas agroalimentarias más consolidadas de la provincia.

La actuación, promovida por la propia mercantil, contempla la agrupación de 36 parcelas y un vial interior para crear una gran parcela industrial de cerca de 27.000 metros cuadrados sobre la que desarrollar nuevas instalaciones vinculadas a su actividad productiva, que no para de crecer, refleja Efe.

El proyecto afecta a terrenos del polígono industrial situados junto a la actual planta de la compañía y obliga a modificar parte de la ordenación interior del sector. Para ello, se reubicarán equipamientos públicos y plazas de aparcamiento, aunque el expediente destaca que no se reducirá la superficie destinada a dotaciones ni se incrementará la edificabilidad total prevista inicialmente para el polígono. Así se publica este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), reflejando el acuerdo del Pleno de Villarejo del pasado 1 de julio, poniendo fin al proceso.

El expediente también argumenta que la ampliación contribuirá a reforzar la competitividad de una firma ya asentada en Villarejo de Órbigo y permitirá aprovechar infraestructuras industriales existentes, evitando el traslado de la actividad a otro emplazamiento. Entre las ventajas citadas figuran el mantenimiento del tejido económico local, la creación de nuevos puestos de trabajo y el apoyo a una actividad estrechamente vinculada al sector agroalimentario de la provincia.

La reordenación urbanística contempla asimismo la supresión de un vial interior y la creación de una nueva zona de aparcamiento público para compensar las cerca de sesenta plazas afectadas por la operación. También prevé la permuta de parcelas destinadas a equipamiento social y comercial para mantener intactos los estándares urbanísticos del sector.

Legumbres Penelas es una de las empresas de referencia en el sector de las legumbres en Castilla y León y mantiene desde hace años su actividad industrial en Villarejo de Órbigo, una localidad con una fuerte vinculación histórica al cultivo y comercialización de estos productos.

La organización agraria Asaja León ha cargado con dureza contra el proyecto de la gran línea eléctrica de alta tensión que pretende transportar hasta la subestación de Luengos, en el municipio leonés de Santas Martas, la energía generada por tres parques eólicos situados en la provincia de Palencia. La organización califica de “aberrante” la infraestructura y anuncia que presentará alegaciones.

La crítica llega apenas una semana después de que se conociera el proyecto, que contempla la construcción de una línea de 61,66 kilómetros entre el centro de seccionamiento de Carrión, en Villaturde (Palencia), y la subestación transformadora de Promotores Luengos, desde donde la electricidad se inyectará en la red de transporte de Red Eléctrica. La actuación, promovida por Comunes Luengos S.L., sociedad vinculada al grupo berciano Erbienergía de los Lamelas Viloria, implica la declaración de utilidad pública de la infraestructura y, con ella, la posibilidad de expropiar terrenos y establecer servidumbres de paso en decenas de fincas de León y Palencia.

Asaja sostiene que “no tiene” ese supuesto interés público. A su juicio, la línea responde exclusivamente “al ánimo lucrativo de sus promotores” y a la búsqueda del punto más barato para evacuar la electricidad generada en Palencia, utilizando para ello la subestación de Luengos. La organización recuerda que León ya produce más energía de la que consume y considera que la provincia asume el impacto de una infraestructura que, asegura, “no genera riqueza ni empleo local”.

“La provincia recibe una infraestructura que no se quiere en otros territorios, que genera una energía que no necesitamos, que perjudica a los propietarios de fincas rústicas y a quienes las cultivan y que, además, tiene un fuerte impacto ambiental”, resume la organización agraria en su comunicado.

El foco, en las tierras de Payuelos

Uno de los principales argumentos de Asaja se centra en la afección sobre la zona regable de Payuelos, por donde discurrirá parte del trazado. La organización recuerda que ya durante la tramitación ambiental presentó alegaciones para evitar que la línea cruzara esta zona y consiguió, como “mal menor”, que el tramo afectado se ejecutara finalmente de forma subterránea.

Según la organización, la documentación sometida a información pública identifica 276 parcelas agrícolas de la provincia de León, la mayoría procedentes de procesos de concentración parcelaria y muchas de ellas de regadío modernizado, sobre las que recaerán servidumbres de paso, apoyos o ocupaciones temporales.

Además, critica que el expediente no concrete cuánto tiempo durarán esas ocupaciones temporales, qué indemnizaciones recibirán los propietarios ni qué compensaciones corresponderán a los agricultores que cultivan esas tierras en régimen de arrendamiento. Por ello, confirma que presentará alegaciones dentro del plazo de treinta días habilitado por la Junta.

Una línea de más de 60 kilómetros con expropiaciones

El proyecto prevé una línea de alta tensión de 132 kilovoltios y 61,66 kilómetros que atravesará seis municipios de la provincia de León: Santas Martas, El Burgo Ranero, Santa María del Monte de Cea, Calzada del Coto, Villamol y Sahagún, además de otros quince términos municipales de Palencia.

La infraestructura permitirá evacuar la producción de tres parques eólicos de 48 megavatios cada uno, con una potencia conjunta de 144 MW, mediante una red que combina tramos aéreos y soterrados antes de conectar con la subestación de Luengos.

Asaja enmarca esta oposición dentro de una reivindicación más amplia para que el nuevo Gobierno autonómico proteja el suelo agrícola más productivo frente a la proliferación de parques renovables y de sus infraestructuras de evacuación. La organización lamenta que, a su juicio, ni la Junta de Castilla y León ni el Estado hayan priorizado hasta ahora los intereses de los agricultores frente a este tipo de proyectos.

A las cinco de la tarde del 31 de julio de 1951 comenzó a correr un agua que llevaba años esperándose. Cuando las compuertas del recién construido embalse de Barrios de Luna se abrieron por primera vez, el caudal descendió por los ríos Luna y Órbigo para alimentar unas tierras que hasta entonces dependían de la incertidumbre de la lluvia y de los estiajes. Aquella imagen marcó un antes y un después para miles de agricultores leoneses y cambió el futuro económico de buena parte de la provincia.

Setenta y cinco años después, el Sindicato Central del Embalse de Los Barrios de Luna quiere recordar aquel momento con una jornada conmemorativa que reunirá a regantes, representantes institucionales y vecinos junto a la presa para rendir homenaje a una infraestructura que ha sostenido la agricultura de regadío durante tres cuartos de siglo. El acto central volverá a celebrarse exactamente a las 17.00 horas del viernes, cuando se abrirán simbólicamente las compuertas para recrear aquel histórico primer desembalse.

La conmemoración comenzará a las 13.30 horas con la recepción de los asistentes. A las 14.00 horas intervendrán las autoridades invitadas y, posteriormente, se celebrará una comida de hermandad al aire libre en la zona del colchón del embalse. Tras la apertura simbólica de las compuertas, la jornada concluirá con la actuación del grupo de música tradicional Plaza Mayor. El Sindicato Central ha confirmado además la asistencia de representantes de administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales, junto a numerosos regantes de toda la zona dependiente del embalse.

Una obra que transformó el campo leonés

La historia del embalse comenzó mucho antes de que el agua llegara a los cultivos. El proyecto fue redactado en 1935 por el ingeniero Luis de Llanos y Silvela, aunque el estallido de la Guerra Civil paralizó completamente la iniciativa. Las obras no arrancarían hasta 1945 y se prolongarían durante más de una década, aunque la presa comenzó a prestar servicio ya en 1951, antes de su finalización oficial en 1956.

Su objetivo era mucho más amplio que almacenar agua. La infraestructura nació para garantizar el abastecimiento de los regadíos tradicionales de las vegas del Luna y del Órbigo, impulsar nuevos cultivos en el Páramo leonés, suministrar agua a poblaciones e industrias, favorecer la producción hidroeléctrica y regular el caudal de los ríos durante todo el año.

Aquella transformación, sin embargo, tuvo un enorme coste humano. Como recuerda el propio Sindicato Central, “el bien de unos causó el sacrificio de otros”. Dieciséis pueblos de la montaña leonesa fueron condenados a desaparecer bajo las aguas del embalse en nombre del progreso de la época. Se estima que alrededor de 1.100 personas tuvieron que abandonar sus hogares en un proceso marcado por el desarraigo y por unas indemnizaciones que muchos consideraron insuficientes. Algunas familias se establecieron en localidades cercanas que lograron salvarse de la inundación, otras se repartieron por distintos puntos de la provincia y no fueron pocas las que emigraron a otras regiones de España o incluso a América.

Los pueblos que quedaron total o parcialmente sumergidos fueron Arévalo, Campo de Luna, La Canela, Casasola, Cosera, Lagüelles, Láncara de Luna, Miñera, Mirantes de Luna, El Molinón, Oblanca, San Pedro de Luna, Santa Eulalia de las Manzanas, Trabanco, Truva y Ventas de Mayo. Aún hoy, cuando las sequías hacen descender de forma extraordinaria el nivel del embalse, vuelven a asomar restos de viviendas, calles y muros, un paisaje que recuerda que bajo el agua hubo durante siglos pueblos llenos de vida, historia y memoria.

La tarde en que llegó el agua

El primer llenado comenzó el 15 de junio de 1951 con el cierre de las compuertas. Apenas un mes y medio después, el 31 de julio, a las cinco de la tarde, llegó el instante más esperado: el agua empezó a descender río abajo hacia las comunidades de regantes. Aquel verano el embalse almacenó cerca de 15 hectómetros cúbicos, a los que se sumó el caudal natural del río, suficiente para abastecer los cultivos tradicionales existentes en aquel momento.

Las crónicas conservadas por el Sindicato describen una escena difícil de olvidar. Vecinos y agricultores se agolpaban en las orillas del Luna y del Órbigo esperando ver llegar el agua a sus tomas de riego. Para muchos era el final de generaciones enteras pendientes del cielo y del esfuerzo físico para sacar agua mediante norias, pozos excavados a mano o sistemas tradicionales de riego.

El entonces presidente del Sindicato Central, Ángel del Riego, recordaría medio siglo después a aquellos hombres y mujeres “hechos de una madera especial”, capaces de abrir pozos a pico y pala, construir regueros por hacendera y organizarse colectivamente para aprovechar cada gota de agua. Su trabajo, afirmó durante el cincuentenario, fue el que hizo posible que aquella jornada de 1951 cambiara definitivamente el campo leonés.

Mucho más que una comunidad de regantes

Paralelamente a la construcción de la presa nació el Sindicato Central, constituido por orden de la Dirección General de Obras Hidráulicas para coordinar el reparto del agua entre todos los usuarios. Hoy agrupa a 52 comunidades de regantes, que suman más de 52.500 hectáreas de cultivo, además de usuarios industriales y los abastecimientos de León, La Bañeza y la Mancomunidad del Órbigo.

Durante estas siete décadas y media, la entidad ha coordinado las campañas de riego junto a la Confederación Hidrográfica del Duero, ha impulsado la modernización de las infraestructuras, ha promovido formación para agricultores y ha defendido los intereses del regadío leonés en un contexto de cambios legislativos, sequías y nuevas exigencias ambientales.

El aniversario de este viernes pretende precisamente recordar ese legado. No solo el de una gran obra hidráulica que permitió el desarrollo del regadío en amplias comarcas leonesas, sino también el sacrificio de las familias que perdieron sus pueblos para hacer posible esa transformación. Setenta y cinco años después, las compuertas volverán a abrirse durante unos minutos, esta vez como homenaje a una historia que sigue fluyendo por los canales del Luna, el Órbigo y el Páramo, sin olvidar que bajo las aguas del embalse permanece también una parte de la memoria de la montaña leonesa.

La XXIV Feria del Vino de la Denominación de Origen (DO) León se celebrará este fin de semana en Valencia de Don Juan con la participación de catorce bodegas adscritas al Consejo Regulador y la presencia de ochenta referencias comerciales de vinos blancos, rosados y tintos, que presentarán al público los caldos de la añada 2025 calificada el pasado mes de mayo como 'excelente'.

El vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, ha presentado junto al presidente de la DO, Rafael Blanco y al alcalde de Valencia, José Jiménez, el programa que la feria vinícola, la más importante de las que se celebran en la época estival, y que contará con un concurso de vinos en el que se han preseleccionado 20 caldos, además de contar con actividades musicales y para los más pequeños, personalización de copas y grafiti en barricas.

Aller ha destacado el trabajo que viene desarrollando el Consejo Regulador durante los últimos años con una “labor que no es fácil” llevando la elaboración de caldos con la variedad autóctona prieto picudo “hasta la primera división”, así como el resto de elaboraciones de blancos y los esenciales rosados que en los últimos meses han recibido más de 60 premios en ferias y concursos vinícolas por su “calidad y audacia”.

El diputado provincial ha recalcado que apoyar a la DO León es “apoyar al mundo rural” y ha pedido al sector hostelero que apueste por los vinos de la tierra y de “nuestros viñedos” que son una “muestra de identidad y de una gastronomía envidiable”, a la vez que ha invitado a todos los leoneses a que visiten la feria para “presumir de lo nuestro”.

Por su parte, el presidente de la DO, Rafa Blanco, ha apuntado que entre las novedades de esta edición se presentará el primer vino elaborado con uva de la variedad negro saurí, una variedad de la zona recuperada, y que se podrán degustar junto a los blancos elaborados de albarín y algunos de la variedad verdejo, junto a caldos rosados y tintos de prieto picudo de la última añada, junto a vinos de crianza y reserva, alguno del año 2009.

Blanco ha destacado el éxito que están cosechando los vinos semidulces de baja graduación alcohólica, que también están certificados por la DO y que cuentan con una fuerte demanda entre el público más joven.

Asimismo, la feria contará con un pregonero de excepción, como es el conocido enólogo Francisco Giganto, que ha desarrollado su labor profesional en bodegas y cooperativas del sur de León, y que estará acompañado en la inauguración por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y por alcaldes de la zona de influencia de la DO León, la más extensa en superficie de toda Castilla y León.

Por su parte, el regidor de Valencia, José Giménez, y el concejal de Ferias y diputado provincial Ángel Pérez, han solicitado a la Diputación que la Feria sea reconocida con la declaración de Interés Turístico Provincial, para lo que han solicitado que a pesar de no cumplir con el requisito de tener 30 años se haga una excepción con la celebración de la 25 edición el año que viene.

Por otra parte, Blanco ha apuntado que la campaña de recolección se adelantará debido a las altas temperaturas a la última semana del mes de agosto, tal y como ha sucedido en los dos últimos años, una situación que no ha considerado perjudicial ya que debido a las temperaturas la situación sanitaria de la uva es “perfecta”.

También ha apuntado que la previsión de cosecha será de unos tres millones de kilos, similar a la de la última campaña, a pesar de que algunas zonas muy localizadas se sufrieron pérdidas por granizo en los últimos meses.