Los trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios forestales están llamados a concentrarse el próximo miércoles, 10 de junio, ante las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León para denunciar la situación que, según CCOO, atraviesa el dispositivo autonómico a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

Las protestas se celebrarán en todas las provincias de la Comunidad excepto Valladolid, donde la movilización tendrá lugar el día 11, víspera del comienzo oficial de la campaña estival.

El sindicato sostiene que el operativo llega al verano con graves problemas de organización, falta de personal y recursos insuficientes para afrontar una temporada que se prevé complicada por la acumulación de vegetación en los montes y las elevadas temperaturas registradas ya en las últimas semanas.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en Valladolid, el coordinador del sector autonómico de CCOO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, aseguró que existe un “malestar general” entre los distintos colectivos que integran el operativo y denunció que numerosos trabajadores todavía desconocen sus calendarios de guardias pese a que estos deberían haberse aprobado el pasado 15 de mayo.

Según el sindicato, la situación afecta a agentes medioambientales, celadores, conductores, peones, vigilantes, ingenieros forestales y personal de los centros de mando.

CCOO considera que el dispositivo se encuentra sostenido sobre “pies de barro” por problemas estructurales que arrastra desde hace años y por la falta de desarrollo de aspectos normativos fundamentales para su funcionamiento.

Especialmente crítico se mostró el responsable de Medio Ambiente de FSC-CCOO Castilla y León, José Ramón González, quien calificó la situación de “caos absoluto” y aseguró que la organización actual de los recursos es incluso peor que la existente durante la pasada campaña.

El sindicato sostiene que en algunas provincias la disponibilidad de medios ronda actualmente el 30% y acusa a la Consejería de Medio Ambiente de no haber adaptado adecuadamente el operativo a un escenario que ya apuntaba a un elevado riesgo de incendios.

Las críticas llegan además en un contexto especialmente sensible para Castilla y León tras los grandes incendios sufridos en los últimos años. González llegó a advertir de que la situación actual guarda similitudes con la existente en Zamora durante 2022, cuando se produjeron algunos de los peores incendios de la historia reciente de la Comunidad.

Entre las denuncias planteadas por CCOO figuran también la falta de adaptación a la Ley de Bomberos Forestales, la escasez de efectivos, diferencias laborales entre trabajadores públicos y personal de empresas contratadas por la Administración, jornadas que pueden prolongarse durante más de veinte horas y la incorporación de personal que, según el sindicato, no dispone de formación suficiente para tareas de extinción.

La organización sindical mantiene además una demanda judicial por presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y no descarta nuevas movilizaciones durante las próximas semanas.

A juicio de CCOO, el futuro responsable autonómico de Medio Ambiente heredará un operativo que requiere cambios urgentes, entre ellos la aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales, el refuerzo de las plantillas y una reorganización profunda de un sistema que considera obsoleto.

UGT ha denunciado este viernes 29 de mayo la situación actual del operativo de incendios de Castilla y León y, concretamente, de la provincia leonesa. A las puertas del verano, los representantes sindicales alertan de que, no solo la situación meteorológica es peligrosamente similar a la del año 2025 (cuando ardieron en León 135.000 hectáreas tras una letal oleada de incendios forestales), sino que además, las condiciones del personal del operativo son mucho peores.

El vicesecretario de la sección autonómica de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, ha alertado de que con una primavera tan lluviosa como la que ha pasado la provincia de León, seguida del calor de los últimos días, todo apunta a que la dramática situación medioambiental del año pasado se podrá repetir. Si el año pasado se hablaba de incendios de sexta generación, el sindicato alerta de que este verano pueden llegar a ser de séptima. A todo ello se suma el hecho de que los agentes forestales no han sido formados todavía, por lo que ni siquiera se han podido llevar a cabo las limpiezas de los montes.

La situación, ya de por sí preocupante, empeora mucho más después del órdago conocido los últimos días por parte de las empresas privadas que integran el operativo de la Junta de Castilla y León, que anunciaron que no participarían en esta campaña. En concreto, para la provincia de León supone que la mitad de las 22 brigadas de tierra no estarán operativas, en caso de ser necesarias: “Las empresas dedicadas a esto han advertido que no se cumplía con la prevención de riesgos laborales y que no pueden asumir esos costes”, ha explicado Arenas, quien lamenta: “Si fueran empresas públicas el sistema estaría mucho mejor servido”.

A esta situación se suma la carencia de agentes medioambientales de la provincia de León, donde apenas hay movilizados 160 para 15.600 kilómetros cuadrados, según ha informado el agente forestal Alfonso Vallecillo. Además, esta temporada coincide con numerosas bajas del personal, lo que va a provocar que los que queden asuman una sobrecarga de guardias.

Tal y como sucedió la temporada pasada, varias torres de vigilancia se encuentran fuera de servicio. En concreto, Vallecillo ha informado de que son dos las que están cerradas por deficiencias estructurales (una es “inaccesible” y en otra se ha caído el tejado) y ya no hay tiempo para rehabilitarlos y que estén en funcionamiento durante el verano. También se mantienen los problemas de comunicación que lastraron gravemente el trabajo del operativo la temporada pasada: “Hemos tenido problemas de comunicación en el mismo incendio de un sector con otro, no podíamos hablar. ¿Por qué? Porque utilizamos tecnología del siglo XX”, denuncia Vallecillo.

Tomás Pérez Urueña, secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, ha recordado que los dos helicópteros de refuerzo anunciados por la Junta para la provincia de León tampoco estarán disponibles este verano, ya que los contratos han quedado desiertos.

“Denunciamos la apatía y el desinterés de un Gobierno autonómico que ni siquiera tenemos”, critica Pérez Urueña, en alusión al Gobierno autonómico que aún se encuentra en funciones. “Tendríamos que tener un interlocutor, pero para eso tendríamos que saber quién será el consejero de Medio Ambiente. Estamos a merced de un milagro. Seguimos esperando una respuesta”, alerta Pérez Urueña.

La localidad leonesa de Otero de las Dueñas, en el municipio de Carrocera, acogerá durante el mes de junio un curso práctico sobre poda, desbroce y prevención de incendios forestales, una formación orientada tanto a personas del medio rural como a cualquier interesado en mejorar el mantenimiento de fincas, huertos y parcelas.

La iniciativa, que mantiene abierto el plazo de inscripción, combinará formación técnica y práctica sobre limpieza de terrenos, manejo seguro de maquinaria forestal y técnicas básicas de poda y conservación del paisaje rural. El curso se desarrollará entre el 8 y el 17 de junio, durante las tardes de lunes, martes y miércoles, en horario de 16.00 a 21.00 horas.

Entre los contenidos previstos se impartirán técnicas de limpieza y eliminación de vegetación, planificación de trabajos en parcelas, comportamiento del fuego en zonas urbano-forestales y medidas para reducir el riesgo de incendios. Además, el alumnado aprenderá el uso y mantenimiento de herramientas manuales y maquinaria forestal como desbrozadoras y motosierras, junto con medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

La formación también incluirá conocimientos relacionados con los cuidados básicos de árboles frutales y la conservación de la biodiversidad y del paisaje tradicional. El curso está abierto a cualquier persona interesada y se celebrará siempre que se alcance un mínimo de veinte participantes inscritos.

Lugar: Otero de las Dueñas

Fechas: del 8 al 17 de junio

Horario: lunes, martes y miércoles, de 16.00 a 21.00 horas

Las personas interesadas pueden ampliar información e inscribirse a través de la página web de Naturgeis.

La Diputación de León acaba de resolver, con una celeridad poco habitual, de menos de dos meses, la convocatoria de subvenciones destinada a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia para ayudarles económicamente en la redacción de planes de actuación por incendios forestales. Unos planes de autoprotección que eran obligatorios desde el año 2013 pero que la Junta, competente en la materia, y las diputaciones se dieron cuenta de que casi nadie ejecutaba a raíz de los brutales incendios de agosto del año pasado, sin precedente histórico alguno, que llegaron a sumar 135.500 hectáreas, pueblos arrasados y cuatro muertos.

La convocatoria se resuelve ocho meses después de los siniestros que arrasaron además cerca de un 10% del total de la superficie forestal de la provincia leonesa. Partía de una partida económica de 400.000 euros públicos reflejados en el presupuesto de la Diputación leones apara este año, como partida estelar, y de ella han conseguido repartir finalmente un total de 278.497 euros. Es decir, poco más de 30% se quedará sin ejecutar.

Tal y como ha informado la Diputación a través de un comunicado, que concederá ayudas finalmente a 104 municipios cumplidores de la provincia, de los 116 obligados a contar con los planes Infocal de protección, con el objetivo de colaborar en la elaboración de estos documentos, que permitirán “mejorar la planificación y la capacidad de respuesta ante posibles incendios forestales”.

La institución explica que no haber conseguido llegar a ayudar a todos los municipios no es un problema suyo, sino que de los 12 ayuntamientos que se han quedado fuera de la convocatoria impulsada en marzo, “once no presentaron la solicitud y uno de ellos lo hizo fuera de plazo”, sin especificar en ningún momento los que no han cumplido.

Criterio por número de pueblos y la lista de los que más

Las ayudas cubren, por razones de interés público, el 100% del presupuesto presentado por los ayuntamientos solicitantes, con un máximo de 1.800 euros por plan y cien euros más por cada uno de los pueblos que tenga el municipio beneficiario.

Por ese motivo, de entre los municipios que más reciben destaca Riello, que percibirá 5.690 euros para la elaboración de planes en sus 39 localidades, Vega de Valcarce, con 4.000 euros para 22 localidades, Valderrueda, con 3.899 euros para 21 localidades, así como Boñar, Gradefes, Santa Colomba de Somoza y Villamanín, que obtendrán 3.700 euros cada uno.

Ahora, los planes deberán elaborarse en formato digital utilizando la aplicación específica para la digitalización de guías de respuesta y planes de actuación de ámbito local por incendios forestales para garantizar que la información contenida en ellos pueda ser interoperable y consultable por las distintas administraciones competentes. Se trata de esta web, un recurso que no tiene uso público ni tampoco acceso detallado para particulares y que está en manos de la Fundación Cesefor, fruto de ayudas europeas y su alianza estratégica con la Junta de Castilla y León.

Otro detalle llamativo es que los municipios beneficiarios están ahora obligados a realizar medidas de difusión relativas a la colaboración de la Diputación de León durante un periodo mínimo de 30 días naturales, así como a justificar la ayuda económica, fijada en una fecha que concluye el próximo 31 de octubre de 2026.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el “mayor despliegue del Estado” para combatir los incendios forestales en una campaña marcada por el recuerdo de la devastadora temporada de 2025, que golpeó con especial dureza la provincia de León, además de las de Ourense y Zamora.

Durante la presentación de la campaña de medios estatales, realizada en la sede de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Sánchez aseguró que el Ejecutivo reforzará los recursos materiales y humanos para “que no vuelva a suceder esta situación de emergencia en cuanto a su dimensión”.

El plan incluye más aeronaves, drones y vehículos antiincendios, además de mejoras en la coordinación entre administraciones y nuevas medidas de prevención y concienciación ciudadana. Este año se contará con una flota de 10 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar, que se suman a los medios ya operativos del Batallón de Helicópteros de Emergencias. Los equipos también dispondrán de nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento. Un esfuerzo que tendrá continuidad en un futuro inmediato, con la incorporación ya prevista de 7 nuevas aeronaves DHC-515 dentro del Plan Industrial y Tecnológico de la Defensa.

“El fuego no pide permiso”, señaló Sánchez, quien advirtió de que los incendios “llegan antes, son más agresivos y más difíciles de combatir”. Sánchez defendió además la necesidad de un “gran pacto nacional frente a la emergencia climática” y anunció un nuevo convenio para mejorar las condiciones laborales de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).  

La campaña llega después de que España viviera en 2025 la peor temporada de incendios desde que existen registros satelitales europeos. Según el sistema Copernicus, el fuego arrasó 380.877 hectáreas en todo el país, cuadruplicando la media de los últimos quince años.

El Gobierno insistió en que la prevención será una de las claves de este verano. Entre las medidas anunciadas figura la formación en cultura preventiva para millones de estudiantes y el análisis de los grandes incendios del pasado año para mejorar la respuesta ante futuras emergencias.  

Campaña desde el 1 de junio

Además, el Ministerio del Interior presentó este jueves por su parte la campaña estatal contra incendios forestales para el verano de 2026, una temporada que el Gobierno afronta con preocupación tras el impacto de los fuegos registrados el año pasado. El dispositivo contará con la participación de miles de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Policía Nacional y personal de Protección Civil, además de medios aéreos y tecnológicos reforzados para la vigilancia y extinción de incendios.

El Ejecutivo destacó que el objetivo principal será mejorar la coordinación entre administraciones y reducir los tiempos de respuesta ante los grandes incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos por las altas temperaturas y los episodios extremos vinculados al cambio climático. La campaña también pondrá el foco en la prevención y en la concienciación ciudadana para evitar negligencias, origen de buena parte de los fuegos registrados en España.

Durante la presentación, el Gobierno recordó que 2025 fue uno de los peores años de incendios forestales de las últimas décadas, con cientos de miles de hectáreas arrasadas en todo el país y especial incidencia en territorios como Castilla y León. Interior defendió que el nuevo operativo supone uno de los mayores despliegues estatales realizados hasta ahora para afrontar una campaña de alto riesgo durante el verano de 2026.

Castilla y León afronta el inicio del verano con un operativo de incendios forestales “sin refuerzos ni mejoras” y con importantes carencias de personal y medios, según ha denunciado este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta además de la falta de trabajos preventivos en los montes tras un año especialmente grave para los incendios en España.

El sindicato sostiene que la Comunidad llega a la campaña de alto riesgo prácticamente “en el mismo punto que el pasado verano”, sin actuaciones suficientes de prevención y con un “déficit de personal crónico” que afecta tanto a las brigadas forestales como a otros servicios vinculados a la vigilancia y extinción.

CSIF advierte además de que no se han realizado durante el invierno trabajos básicos como limpieza de montes, apertura de cortafuegos o acondicionamiento de caminos y puntos de agua, lo que, a su juicio, deja al territorio “completamente expuesto” ante posibles grandes incendios.

Entre los principales problemas detectados en Castilla y León, el sindicato señala que la parte pública del operativo no se ha reforzado y que las bolsas de empleo están caducadas, una situación que obligará a cubrir vacantes con demandantes de empleo sin experiencia específica ni formación suficiente.

A eso suma la situación de la parte privada del dispositivo, donde CSIF denuncia que sigue sin reconocerse la categoría profesional de bombero forestal y que muchos procesos de selección se están desarrollando apenas dos semanas antes del inicio del periodo de máximo riesgo.

Según el sindicato, esto dificulta que los nuevos trabajadores conozcan adecuadamente el territorio y el funcionamiento de los operativos de extinción.

La organización también alerta del envejecimiento de las plantillas, de la falta de cobertura de jubilaciones y de la escasez de equipos de protección individual y de personal destinado a tareas preventivas.

Más de 16.000 hectáreas quemadas antes del verano en todo el país

CSIF considera especialmente preocupante la situación teniendo en cuenta que, según los datos que maneja el sindicato, en los cuatro primeros meses de 2026 ya se han registrado más de 2.600 incendios forestales en España que han arrasado más de 16.300 hectáreas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

La organización teme que pueda repetirse un escenario similar al del pasado año, el peor de la última década en superficie quemada, con casi 8.200 incendios forestales y más de 354.000 hectáreas arrasadas en todo el país.

Por ello, reclama a las comunidades autónomas que refuercen de manera inmediata sus dispositivos de prevención y extinción para evitar “otro verano desastroso” marcado por los grandes incendios forestales.

El pasado verano sufrimos en el Bierzo una catástrofe medioambiental, humana y económica. Los terribles incendios que asolaron nuestra comarca durante cinco semanas nos hicieron vivir momentos de angustia extrema, de peligro real para personas y bienes que en varios casos acabó en tragedia: pérdida de vidas humanas, viviendas quemadas y nuestros montes calcinados. Los incendios de cuarta generación (generados por condiciones de sequía de larga duración, altísimas temperaturas y combustible continuo en los bosques) son una realidad ya en El Bierzo, como se venía avisando por especialistas desde hace varios años. 

Hay algunas dudas pero también hay muchas certezas, quizás la más importante es que se ha de gestionar el paisaje, creando una especie de mosaico que genere espacios de control para esos fuegos. Y eso exige una ingente labor de prevención en nuestros bosques y de cambios en nuestros hábitos de vida. Hace un año se comprometieron todos los esfuerzos personales y económicos para hacer frente a esta lacra. Casi un año más tarde no estamos mucho mejor.

Hoy, 18 de mayo de 2026, no están trabajando las cinco brigadas forestales que en el Bierzo han de realizar tratamientos selvícolas de prevención además de hacer frente a los incendios cuando se producen. Este dato, que es absolutamente cierto, es la prueba irrefutable de que no hemos estado a la altura. Las brigadas deberían llevar ya varios meses en nuestros bosques centradas en tratamientos de prevención. Para que eso ocurra, se debería haber avanzado en la previa redacción de los proyectos de esos trabajos y en la contratación de las brigadas.

La apuesta por la condición pública del operativo, que es la idónea, aplicada en una sola temporada está generando problemas evidentes, principalmente en la contratación del personal necesario por parte de TRAGSA. A ello se suma que no hay un relevo generacional en puestos claves del operativo de prevención y extinción como los conductores-operadores que manejan los bulldozer. ¿Quién va a manejar la maquinaria que adquiera la Diputación si no hay especialistas disponibles para ello?. En ese sentido, me ha llamado la atención el convenio firmado por la Diputación Provincial de Zamora con Somacyl, que podría hacerse también con TRAGSA, para el desbroce de la interfaz urbano-forestal.

Las brigadas Montel hacen un trabajo muy bueno pero debería duplicarse su presupuesto para poder realizar las franjas perimetrales que se necesitan y no una pequeña parte. En el Bierzo, hay 286 pedanías. ¿De verdad creen que con 16 operarios y operarias trabajando ocho meses se va a poder hacer una franja de protección en la interfaz urbano-forestal de todos nuestro pueblos?

La adquisición de nuevos medios aéreos que se incorporen al operativo significan una mejora en el operativo de extinción y se ha de agradecer, pero llegamos tarde al operativo de prevención. Invertir en prevención siempre es un ahorro si se tienen en cuenta los costes que generan los megaincendios. Y no es cuestión de hacer de ésto un enfrentamiento entre administraciones. Siempre podemos hacer más de lo que hacemos. Quienes menos recursos tienen, que son la inmensa mayoría de nuestros ayuntamientos, han de sentir el apoyo decidido de las administraciones superiores. El mecanismo de las BRIF se debería replicar en todas las comunidades autónomas. Llevará unos años estar a la altura de la profesionalidad de esas brigadas estatales pero si no empezamos ese trabajo, no llegaremos nunca.

Llegamos tarde a la prevención; pero que no nos pase que lleguemos tarde también a la extinción. Según el INFOCAL, la fecha de inicio de la época de peligro alto de incendios es el 12 de junio. Sería completamente imperdonable que ese día no tuviéramos el operativo activo.

Pongámonos todos a trabajar, a trabajar más. ¡¡¡Vamos muy tarde!!!

Vecinos de Las Médulas y de otros pueblos del entorno se concentraron este domingo en el paraje Patrimonio de la Humanidad bajo el lema ‘Ruina Montium Resiste’ para reclamar más atención de las administraciones y denunciar las carencias que arrastra la zona desde hace años. La movilización puso el foco en la falta de servicios básicos, las deficiencias ambientales y la necesidad de reforzar la prevención de incendios forestales, tras el brutal fuego del pasado verano y los graves daños que causó.

La jornada arrancó a las 11.30 horas con una concentración en el aparcamiento de entrada al paraje y continuó con un recorrido narrado por Fabularia Teatro y amenizado por la Asociación Cultural Abelladeira. También hubo un toque simbólico de campanas ‘a fuego’ en la iglesia de Las Médulas y una recreación astur-romana en el castañar calcinado a cargo de 'Ludus Bergidum Flavium'.

Desde la Asociación de Vecinos de Las Médulas denunciaron problemas como la recogida irregular de basura, la ausencia de depuración de aguas residuales, la escasa cobertura móvil, la falta de fibra óptica y la carencia de infraestructuras adecuadas para evitar nuevos incendios forestales. Además, reclamaron un mayor control de visitantes y un plan de gestión específico para el espacio protegido.

La protesta concluyó con la lectura de un manifiesto y una comida popular para unas 300 personas. En el acto participaron también trabajadores forestales de la Junta de Castilla y León y distintos colectivos sociales y culturales de El Bierzo.

Ha subido muchos enteros hoy la temperatura política a costa de quién tiene la culpa del hecho de que se aproxime otro verano y los pueblos de la provincia de León aún estén desprotegidos frente a la amenaza de incendios como los que hicieron historia el año pasado, con cuatro muertos, pueblos quemados y el 10% de la superficie forestal de la provincia arrasada. Y han sido mandatarios del Partido Popular (PP) y del PSOE los que han echado la leña al fuego del enfrentamiento mutuo ante los medios de comunicación.

La chispa se prendió con la visita esta mañana a Ponferrada, por segunda vez esta semana, del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. A preguntas de los periodistas sobre las críticas del presidente socialista Consejo Comarcal porque no se hayan realizado las labores de desbroce y los prometidos 'anillos de seguridad' perimetrales en las localidades con más peligro, el consejero desvió la responsabilidad a la Diputación de León, a su vez gobernada por un pacto de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

“Si (Olegario Ramón) tiene esa preocupación, que hable con su compañero de la Diputación de León (Gerardo Álvarez Courel), que son los que tienen esa obligación”, espetó. El máximo responsable político del operativo de incendios del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco abundó en el detalle de que “les hemos dado 200.000 euros para la compra de maquinaria y ponerla a disposición de los ayuntamientos”, y atribuyó por tanto los posibles retrasos a la propia institución provincial. Y es que “la Junta tiene la gestión de los montes, no de la limpieza de los pueblos, las zonas perimetrales y agrícolas”. Aún así, añadió que “nosotros estamos haciendo nuestra parte, tenemos bulldozer contratados y vamos a apoyar a los pueblos, dado que no ha venido esa ayuda de la Diputación”, para después garantizar que las brigadas de la empresa pública estatal Tragsa “estarán en funcionamiento en la época de riesgo alto de incendio”.

No pasó mucho tiempo cuando la chispa de esas culpas estalló con fuerza. Y la respuesta, muy airada, llegó en sendas notas de prensa de la Diputación leonesa y del PSOE provincial, exigiendo este último la dimisión fulminante de Suárez-Quiñones por “desviar responsabilidades” y calificando sus declaraciones de “indecentes, cobardes y políticamente repugnantes”, entre otras gruesas palabras y acusaciones.

La Diputación, más comedida, lanzó algunas “aclaraciones” afeando que el consejero y la Junta “intenten siempre desviar las culpas hacia otras administraciones (y más si no las gobiernan)”. Y le acusó de “derivar a las diputaciones y a los ayuntamientos esta labor de prevención en lugar de organizar, liderar y ejecutar esta actividad necesaria para evitar incendios forestales y proteger los núcleos urbanos y a las personas y sus propiedades”.

Y es que ciertamente la Junta endosó desde el primer momento a las diputaciones, con la anuencia pública de éstas -la de León es la única que gobierna el PSOE-, la gestión de fondos autonómicos, la responsabilidad de los 'anillos' de protección, la gestión de maquinaria como bulldozers y a los ayuntamientos las ordenanzas para prepararse contra los que ahora denominan “días rojos”. Es decir, técnicamente, Quiñones tenía razón en su señalamiento. De hecho, la Diputación acumula un considerable retraso en la ejecución de los planes., así como en la maquinaria. Pero el equipo de Gobierno socialista y leonesista le reclama que “deje el sectarismo político para cuando actúe como presidente de la gestora del PP de León”.

Por boca de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, fue mucho más allá en sus ataques a Quiñones, tildándole de “machaca de Mañueco, el encargado de venir a León a hacer el trabajo sucio, a mentir, a embarrar y a intentar que la responsabilidad de la Junta desaparezca entre ataques a otras instituciones”. “Pero León sabe perfectamente quién tenía la competencia, quién tenía la obligación y quién falló” en el desastre del pasado verano, dijo.

Sin mencionar que en la preparación de los pueblos contra las llamas de cara a este verano la competencia realmente es provincial y municipal, Cendón insistió en que “hay que tener muy poca vergüenza política para venir a Ponferrada a repartir culpas después de lo que ha pasado”, cuando lo que defiende que tendría que hacer Quiñones es “bajar la cabeza, pedir perdón y marcharse: Todo lo demás es una ofensa a León”.

El sindicato UGT alerta de que las provincias de Castilla y León no están, como la Junta prometió, mejor preparadas de cara al verano, en el que podrían reproducirse condiciones trágicas como las sufridas el pasado año en provincias como León.

Este miércoles, el secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Ureña, ha augurado un verano “catastrófico” en materia de incendios, ante una Junta de Castilla y León que, tras la situación vivida el año pasado en materia forestal, “no hace nada”. En rueda de prensa, ha explicado la situación actual del dispositivo autonómico de extinción de incendios forestales, junto a Enrique Sánchez, bombero, delegado de UGT SP Ávila; Francisco Javier García, responsable Federal de los Bomberos Forestales UGT SP Castilla y León; y Beatriz Llorente, secretaria general UGT SP Ávila.

Todos ellos han coincidido en señalar que el dispositivo actual se mantiene en los mismos parámetros del verano pasado, al tiempo que han denunciado el hecho de que el Gobierno autonómico sea el único que está incumpliendo la normativa estatal para reconocer la categoría profesional de los bomberos forestales, a pesar de sus reiteradas promesas cuando aún ardían los peores siniestros.

“Todas las comunidades están haciendo los deberes, de mejor o peor manera”, ha señalado García, antes de lamentar que Castilla y León sea, en este sentido, “el paradigma del no cumplimiento” de la Ley Básica de Bomberos Forestales.

En este contexto, ha pedido que el nuevo Gobierno autonómico “se ponga las pilas”, teniendo en cuenta que este verano puede ser “terrible” en materia de incendios forestales, ya que a su juicio, la comunidad está “igual o peor que en 2025”.

Ayer mismo, en Zamora, el propio Arenas denunciaba que el 30% de los puestos de trabajo del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León está sin cubrir a día de hoy y hay menos personal que hace un año, el peor de la historia de todas las provincias de la Comunidad. Por no haber, denuncian que ni siquiera se han ampliado las plantillas en virtud del acuerdo alcanzado en 2022 a través de la Mesa del Diálogo Social para apostar por un operativo público.

“Estamos dependiendo de que la naturaleza no provoque un incendio, porque irán -a sofocarlo- los mismos -medios- que hace cuatro años”, ha sostenido Tomás Pérez, después de recordar que durante el pasado invierno se han contabilizado en el conjunto de la Comunidad medio millar de incendios.

“Días rojos”. No hace falta pensar mucho para saber a lo que la Junta de Castilla y León se refiere con este nuevo y llamativo término acuñado tras el desastre de los incendios forestales el pasado año 2025. Un auténtico infierno que en la provincia de León arrasó 135.500 hectáreas -según un dato ocultado oficialmente de la propia Junta-, casi un 10% de toda la superficie forestal de la provincia, y que destruyó barrios enteros de numerosos pueblos de comarcas como Valdería, Jamuz o El Bierzo, entre otros. “Días rojos” es como se han pasado ahora a denominar de manera formal pero muy gráfica las jornadas que serán declaradas por la autoridad autonómica como de “riesgo extremo” de incendio a partir de ahora.

Es así como se puede apreciar en los boletines oficiales que se nombran ahora esos días en los que queda prohibido casi todo, ante el peligro inminente de nuevos 'días negros' de llamas incontroladas, como las que se vivieron desde el pasado 8 de agosto. Es una expresión que aparece en un lento goteo con el que se están aprobado en un listado de municipios en riesgo real desde hace meses las nuevas y obligatorias “ordenanzas reguladoras de limpieza de parcelas y vallados de solares para la prevención de incendios” en lo que se denomina administrativamente “la interfaz urbano-forestal” de los pueblos más expuestos al desastre del fuego.

Tras la nefasta experiencia del pasado año, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las nueve diputaciones provinciales, se apresuraron en septiembre a prometer que se impulsarían en los pueblos en riesgo esos necesarios “anillos de seguridad”. Obviaron recordar que se trataba en realidad de una necesidad que había sido considerada urgente doce años atrás a nivel estatal, pero que prácticamente nadie cumplía. Porque fue en 2013 cuando un Real Decreto aprobó una 'Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales' que contemplaba la necesidad de tener adecentadas estas zonas externas de protección de los pueblos rodeados de vegetación combustible.

Trabajar en la “zona defendible”

A partir de ese momento, la Junta dejó la patata caliente en manos de las diputaciones y a continuación de los propios ayuntamientos, los que todavía ahora aprueban la necesaria ordenanza. Un texto destinado a prevenir incendios en los aledaños de las localidades rurales, que obliga a propietarios y usuarios de parcelas urbanas y rústicas próximas a núcleos habitados a mantenerlas limpias y desbrozadas antes del 1 de junio de cada año.

En esa ordenanza llama la atención la literatura de la Junta para seguir ocultando la dimensión numérica real de las oleadas de incendios de 2025, cuando se limitan sólo a decir que fue “excepcional en número e intensidad de incendios forestales, con afectación directa a varios núcleos urbanos en el entorno de la provincia de León”. Sin un ápice de autocrítica respecto a la lenta reacción autonómica, a las muertes humanas o la falta de medios y descoordinación inicial, el boletín oficial atribuye esta situación sólo a “unas condiciones climatológicas un tanto inusuales, con muchas precipitaciones en primavera y un calor excesivo en verano”. “Unido al despoblamiento rural y cambio de necesidades en los aprovechamientos forestales por parte de los habitantes de los pueblos, han favorecido la proliferación de incendios más voraces e incontrolables”, concluye.

La norma fija franjas de seguridad alrededor de viviendas -en lo que en un lenguaje casi bélico se denomina “zona defendible-, prohíbe hogueras y quemas ordinarias de restos vegetales, limita el uso de maquinaria que pueda provocar chispas en días de riesgo extremo y contempla inspecciones municipales, ejecución subsidiaria de los trabajos y multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan de manera grave.

Lenta Diputación

Sin embargo, a muy diferente ritmo han ido avanzando en mejoras concretas. En el caso de León, la Diputación acumuló medio año de retraso para cuando puso en marcha su compromiso estrella: un total de 400.000 euros, que eran la novedad del presupuesto de este año. Un dinero a repartir entre 114 municipios obligados a afrontar el riesgo máximo lo mejor preparados posibles, teniendo en cuenta el Plan Infocal de la Junta. El impulso inicial a ese reparto tuvo que esperar hasta marzo de este año.

Igualmente, no fue hasta mediados de abril cuando la institución provincial activó por fin el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin sólo en León, y así en el resto de provincias en peligro. Con estos plazos, habrá numerosos casos en los que llegará este próximo el verano sin que todo esté preparado para la defensa efectiva de los pueblos, si nuevamente fuera necesario.

Del hecho de que la ordenanza para que no haya combustible forestal peligroso a las puertas de los pueblos era necesaria da buena cuenta que sólo en el pasado verano el Procurador del Común -defensor del pueblo autonómico- tuvo que emitir una veintena de resoluciones, casi todas desde la oleada de incendios sin precedentes en los registros oficiales leoneses, para señalar las obligaciones en la prevención de incendios forestales, primero en mano del dueño de los terrenos y, si este no actúa, subsidiariamente de los municipios.

Al considerar que existe un “alto riesgo derivado de la notable acumulación de biomasa en los montes”, la representación parlamentaria de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta en las Cortes mediante una batería de preguntas “que no se duerman en los laureles” ante la parálisis en que se encuentra sumida la gobernabilidad de la comunidad autónoma, exigiéndole una mayor implicación en las labores de prevención y extinción de incendios forestales. Más después del peor año histórico del año pasado en las provincias de la Región Leonesa.

UPL advierte a la Junta que no debe dejar de lado sus competencias en materia forestal, aunque el gobierno autonómico esté en funciones. Y es que, un mes después de celebradas las elecciones, PP y VOX siguen sin firmar un acuerdo de gobernabilidad que, aunque se da por hecho, ha sido pospuesto por ambas formaciones a la espera de lo que acontezca en las elecciones andaluzas, por lo que sigue sin haberse formado el nuevo gobierno autonómico y la Junta sigue en funciones.

No obstante, desde UPL consideran que la falta de un Gobierno ordinario no exime a la Junta de cumplir con sus obligaciones y ejercer sus competencias en materia de política forestal, y alertan de que el invierno y la primavera de 2026 han estado “marcados por un importante nivel de precipitaciones en las regiones de León y Castilla, que han provocado que haya una notable acumulación de biomasa en los montes, lo que implicaría que haya un aumento exponencial del riesgo de incendios forestales en verano”.

Por ello, desde UPL reclaman a la Junta una mayor implicación en la prevención, ya que dicho incremento de carga vegetal, unido a las previsibles altas temperaturas estivales, aumentaría significativamente la superficie potencialmente incendiable y la velocidad de propagación del fuego, dificultando las labores de control y extinción una vez iniciado un incendio, especialmente si se registran episodios de olas de calor, cuando esa vegetación se convierte en combustible seco de rápida combustión.

Los precedentes, las medidas

En este sentido, los leonesistas recuerdan en su iniciativa parlamentaria los trágicos precedentes de incendios como los de la Sierra de la Culebra y Monsagro en 2022, o la grave oleada de incendios del verano de 2025 con especial incidencia en León, Zamora y Salamanca, que evidenciaron “las consecuencias devastadoras que pueden derivarse de una insuficiente planificación y prevención ante situaciones de alto riesgo, con enormes daños materiales y medioambientales, y teniendo que lamentarse también pérdidas humanas”, siendo responsabilidad de las instituciones anticiparse a estos escenarios y actuar con previsión, y en este sentido, especialmente por parte de la Junta como administración con competencias en materia de gestión forestal.

Por ello, desde UPL han reclamado en las Cortes mayor implicación en las labores de prevención y extinción de incendios forestales ante el alto riesgo derivado de la notable acumulación de biomasa en los montes, el mantenimiento urgente de cortafuegos, accesos y zonas de especial riesgo de incendio forestal, el refuerzo de las brigadas forestales y el aumento de personal en el operativo contra incendios, o la posible previsión de adelantar el calendario de activación de medios materiales y humanos para la lucha contra los incendios forestales.

Por último, Unión del Pueblo Leonés ha reclamado a la Junta también que auxilie a los municipios, y especialmente a los de menor tamaño poblacional, dadas sus mayores limitaciones de medios personales y materiales, implicándose la administración autonómica de forma más activa y directa en las labores de desbroce de los montes y caminos.

Y es que para UPL “no se está actuando de forma suficiente para reducir al mínimo la potencial gravedad de incendios forestales”, por lo que piden a la Junta ser más proactiva en las labores de prevención de cara a “evitar tener que llevarnos las manos a la cabeza dentro de unos meses”, y recuerdan que cuando llegue el verano y las altas temperaturas “el alto riesgo va a estar ahí, y se debe actuar de forma más rotunda para minimizar las consecuencias todo lo posible y evitar tragedias como las de 2022 o 2025 en la Región Leonesa”.

Una antigua carbonera tradicional de castaño se ha convertido estos días en una auténtica aula al aire libre para los estudiantes de Ingeniería Forestal del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE).

El alumnado de la asignatura de Ordenación de Montes visitó el entorno del Soto de Villar de los Barrios para conocer sobre el terreno distintas experiencias de gestión forestal sostenible y prevención de incendios, coincidiendo además con el encendido y la quema controlada de una carbonera tradicional.

La estructura permanecerá activa durante aproximadamente diez días y permite transformar lentamente la madera en carbón vegetal mediante una combustión controlada, una práctica ancestral ligada históricamente al aprovechamiento sostenible del monte.

La experiencia permitió a los estudiantes comprobar cómo técnicas tradicionales como las carboneras pueden contribuir también a la gestión moderna del territorio. Además de su valor etnográfico, este tipo de aprovechamientos ayudan a reducir biomasa forestal y disminuir la carga combustible del monte, uno de los factores clave en la propagación de grandes incendios forestales.

La actividad forma parte del proyecto ‘¿Puede el fuego ser nuestro mejor aliado para proteger el bosque y generar riqueza en el territorio?’, impulsado por Souto Vivo y ADR Bierzo-Cabrera con financiación de la Dirección General de Agenda 2030 y colaboración de la Asociación Bierzo Vivo.

Durante la jornada, los estudiantes también conocieron distintas actuaciones selvícolas orientadas a reducir la vulnerabilidad del territorio frente al fuego y analizaron el Plan Dasocrático del Grupo de Montes de Ponferrada, que coordina la gestión de más de 6.000 hectáreas forestales.

El investigador y docente Alfonso Fernández Manso destacó que la actividad permitió comprobar “cómo el manejo activo del territorio puede contribuir a proteger el bosque, reducir el riesgo de incendios forestales y, al mismo tiempo, generar recursos y oportunidades para el medio rural”.

La jornada se desarrolló en el entorno de Villar de los Barrios, distinguido como Bosque del Año 2022, uno de los espacios forestales más reconocidos del Bierzo.

El consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este miércoles que la Junta de Castilla y León ha hecho “todas las actuaciones que le correspondían”, tanto en la prevención como en la respuesta al incendio que afectó al entorno de Las Médulas (León), declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la entrega de llaves de las viviendas protegidas en Carracedo, en la comarca de El Bierzo, el consejero ha reconocido que las administraciones públicas aún están “aprendiendo” en materia de prevención de incendios. También ha destacado el refuerzo de medios materiales, como la incorporación de 40 'bulldocers' y maquinaria cedida a la Diputación de León para la creación de anillos de seguridad en el territorio.

Hay que recordar que, a pesar de negativas oficiales del propio Quiñones tras la primera noche del grave incendio en Las Médulas, el siniestro no sólo causó daños materiales muy cuantiosos a vecinos a infraestructuras turísticas de la zona sino que el espacio natural quedó afectado en un 70% del total de su superficie del Patrimonio de la Humanidad, según cifró oficialmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cerca de 20.000 hectáreas que se suponían con la máxima figura de protección. Una figura que no sirvió tampoco para acelerar su prevención y defensa, ya que el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, reconocido por la Unesco en 1997 como Patrimonio de la Humanidad, carecía de un plan de prevención de incendios forestales en vigor cuando fue arrasado por el fuego.

Ajeno a esto, Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, apeló hoy a la responsabilidad ciudadana y ha advertido de que aún existen conductas que contribuyen a la propagación del fuego. El origen del siniestro de Las Médulas fue natural.

El consejero también ha mostrado su respeto a la movilización del próximo domingo, 17 de mayo, convocada por asociaciones de vecinos para protestar por la “inacción” que achacan al Ejecutivo autonómico en la gestión de estos fuegos, de la que Quiñones era el máximo responsable político al frente de la Consejería.

Por otra parte, ha defendido la ampliación de la red de calor de Ponferrada, tumbada por los Tribunales, porque, no sólo mejora la eficiencia energética, sino que contribuye a la reducción del riesgo de incendios, y ha criticado la actuación de algunos colectivos ecologistas y vecinales a los que ha acusado de poner “palos en las ruedas”.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

El pasado 18 de abril reuní, al fin, el ánimo necesario para regresar a las cumbres de los Aquilianos. No había vuelto desde el pavoroso incendio del último verano e intuía, con pesadumbre, lo que iba a encontrar. Inicié el ascenso en los Portillinos con el objetivo de alcanzar el Pico Tuerto, siguiendo el cordal que enlaza las cimas de Cabeza de la Yegua y el Alto de las Berdaínas.

Una pista cortafuegos de dieciséis metros de ancho recorre, de forma agresiva, toda la cresta de la alineación montañosa. Desde esa cicatriz, la vista es desoladora: las laderas que caen hacia la Cabrera están totalmente calcinadas. La superficie quemada se extiende también por las vertientes que descienden hacia la hoya berciana, en los valles del Aro y del Silencio, cerca de Peñalba de Santiago.

A ambos lados del cortafuegos se ven piornos serranos y brezos reducidos al arranque de sus ramas, cepas con las puntas ennegrecidas que parecen dramáticos muñones. Si se destruyen las yemas, el piorno no puede rebrotar al año siguiente: la recuperación dependerá de las semillas, un proceso mucho más lento. En los Aquilianos, las gruesas raíces de esta vegetación cumplen una función vital: son el entramado que cohesiona el suelo y sujeta la montaña.

Caminar por esta descarnada autopista de cumbre, entre restos mutilados y nieve manchada de hollín, convierte el senderismo en una actividad casi fúnebre.

Cerca de la antigua estación de esquí del Morredero, la pista atraviesa una pequeña población de narcisos trompeta o campanones, una nota amable en la severidad del paisaje. En un flagrante desafío a la legislación de montes, tres motocicletas todoterreno descienden desde el Pico Tuerto por el cortafuegos e irrumpen con estruendo en el paraje, atropellando este frágil testimonio de la vida que aún queda. Vienen de La Aquiana, un punto negro para la conservación debido a la falta de control en el acceso desde el Campo de las Danzas. No es un hecho aislado: es la evidencia palpable del abandono institucional y de la alarmante falta de vigilancia en una zona que forma parte de la Red Natura 2000.

En medio de este silencio mineral, donde la fauna parece haber claudicado, observo, conmovido, entre los piornos ennegrecidos, un ruiseñor pechiazul. Esta especie es fuertemente filopátrica: obedece al mandato genético de regresar con precisión al lugar donde nació o donde crió con éxito el año anterior. En los Montes de León y el Bierzo habita en el límite del bosque, justo donde empiezan los piornales. Que sigan allí, aferrados a las ramas calcinadas, revela una lealtad sobrecogedora. Han vuelto, tras cruzar media África, al hogar de cada primavera, aunque su casa sea hoy solo un esqueleto de carbón. Aún así, se niegan a abandonarla, obstinados en habitar su propia pérdida.

Negro rotundo de lo carbonizado y, de repente, un destello azul y rojizo

Ha de imaginarse la escena: el negro rotundo del piorno carbonizado y, de pronto, el destello azul eléctrico del pecho y esa mancha rojiza en la cola. Es como si la montaña intentara decirte que, a pesar de todo, la vida se resiste a ser borrada.

El pechiazul anida en el suelo, oculto en la base de los piornos o entre el brezo espeso. Con el matorral quemado y el terreno expuesto, el ave queda sin ninguna protección frente a los depredadores. Además, para alimentar a sus crías necesita una cantidad ingente de orugas y pequeños invertebrados que viven en las hojas del piorno. En un piornal calcinado, la biomasa de insectos cae drásticamente. Por otro lado, bastaría con que las motos pasaran cerca de donde estos pechiazules intentan anidar –porque lo hacen a ras de suelo, protegidos por lo que queda del matorral– para destruir los nidos sin siquiera darse cuenta.

Para una especie migradora, el territorio de cría no es un simple destino: es un mapa minucioso de supervivencia. En biología de la conservación, este fenómeno se denomina trampa ecológica: el ave regresa fielmente sin saber que el hábitat ha dejado de ser el refugio esperado. Si en alguna vaguada cercana han quedado pequeñas islas de vegetación o zonas de matorral que el fuego saltó, intentarán criar allí. Es esta una historia de resiliencia heroica y, al mismo tiempo, de tragedia biológica.

Caminar por la naturaleza en estas condiciones resulta muy duro: uno no solo transita, sino que levanta acta. Vas siendo consciente, a cada paso, de todo lo que se ha perdido. No dar la espalda a esta realidad, sacar a los pechiazules del anonimato contando su historia, es una forma de honrar lo que aún resiste en la montaña.

Pronto, si no mediamos para evitarlo, algunos de los espacios naturales más valiosos de León resultarán irreconocibles. Será el epílogo de una política de progresivo desmantelamiento de la tutela pública en materia ambiental. Será también el precio pagado por esa servidumbre voluntaria de la que hablaba La Boétie: porque quienes ostentan la responsabilidad de gestionar este patrimonio natural tienen el poder que nosotros les concedemos.

El regreso al hogar solo es posible si el hogar todavía existe tal y como lo guardamos en la memoria. Si, por deterioro o destrucción, el territorio deja de reconocerse, pierde su carácter de refugio. Sencillamente, ya no podemos leernos en él. En esa pérdida, la tragedia es nuestra.

José Andrés Martínez García es un biólogo leonés y escribe de Historia Natural en el blog Entre Enabios y otro tipo de reflexiones en Ejercicio del criterio

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

La Junta de Castilla y León ha aprobado por fin de forma definitiva el proyecto para la construcción del prometido helipuerto destinado principalmente a la lucha contra los incendios forestales, aunque también para dar servicio de urgencia sanitaria, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de una infraestructura que la Consejería de Medio Ambiente, a través de la empresa pública Somacyl, ha diseñado tras muchísimos años de incumplimiento de los mínimos requisitos de seguridad legalmente establecidos en una de las zonas más protegidas ambientalmente de España, como es el primer Parque Nacional del país. Y aunque hoy se ha dado un importante paso adelante, con la aprobación del proyecto y el listado de la expropiación de los terrenos necesario en la localidad de Posada, en realidad se ha acumulado un nuevo retraso.

La aprobación de hoy figura en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada bajo la firma del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Incluye un listado de siete fincas, una de ellas del propio Consistorio y el resto de particulares.

Pero fue precisamente este proceso de expropiaciones el que alargará los plazos inicialmente previstos, hasta el punto de que este nuevo verano de 2026 persistirá la imposibilidad de operar con medios aéreos en pleno Parque Nacional, ya que no da tiempo a que se disponga de los terrenos y se acometan a tiempo las obras y demás permisos para que las aeronaves puedan aterrizar o despegar en Posada.

El boletín explica, sin detallarlo mucho, uno de los problemas para ese retraso: que cuando este trámite expropiatorio se puso en marcha en febrero de este mismo año se presentaron dos alegaciones de disconformidad. A estas alegaciones se le dio respuesta y se ha “modificando el proyecto en las apreciaciones que se han considerado estimadas”, cita literalmente la orden de hoy.

En la publicación oficial se insiste en que la necesidad de este helipuerto en el pueblo de Posada de Valdeón es porque presenta “una orografía que dificulta la movilidad de los medios terrestres” en situaciones de emergencia, a lo que se suma su lejanía respecto a las bases de helicópteros contra incendios (ELIF) de la Junta ubicadas en Camposagrado y Sahechores, en León, y en Villaeles, en Palencia, todas ellas a más de 50 kilómetros de distancia, lo que supone tiempos de vuelo superiores a los 30 minutos. Y estos tiempos hace tiempo que son irregulares en aplicación de las propias normativas autonómicas.

A esta situación se añade un índice alto de riesgo de incendios forestales en la zona, lo que ha llevado a la Administración autonómica a considerar, sólo ahora, “necesario reforzar las infraestructuras” mediante la instalación de una base auxiliar aérea que permita mejorar la rapidez y eficacia de la intervención en caso de fuego.

El helipuerto tendrá carácter de uso restringido y estará dedicado prioritariamente a labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios, aunque también podrá utilizarse para otros servicios públicos, como el transporte sanitario de emergencias, durante todo el año, remarca el proyecto. El Gobierno autonómico explica que su presencia busca reforzar la respuesta aérea en una de las zonas con mayor riesgo y más complicada orografía del noreste de la provincia. Y de hecho recuerda que Picos de Europa fue escenario el verano pasado de un fuego que obligó a desplegar numerosos medios de extinción, causo daños que la propia Junta no ha cuantificado por vía oficial todavía, y puso de relieve las dificultades de acceso terrestre y la necesidad de reducir los tiempos de intervención en un entorno de alto valor ambiental.

Los incendios del pasado verano de 2025 arrasaron 130.000 hectáreas de monte, hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico, pueblos, explotaciones agrícolas y ganaderas, un Patrimonio de la Humanidad como Las Médulas, y se cobraron cuatro vidas en la provincia de León, pero también afectaron de manera notable al norte de Zamora. Su impacto ambiental y económico fue visible desde el primer momento. La parte menos evidente, la que no se ve en las imágenes aéreas ni en las hectáreas arrasadas, es la que ahora quiere estudiar un equipo de investigadores de la Universidad de León y del Hospital El Bierzo de Ponferrada: la huella que el fuego dejó en la salud mental de la población.

Ese es el objetivo de un proyecto de investigación que surgió de un especialista en Psiquiatría del hospital berciano y profesor asociado de la ULE, José María Pelayo, y ya está en marcha para analizar si los grandes incendios del pasado verano han derivado en síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño o estrés postraumático entre vecinos y profesionales que los vivieron de cerca. El estudio está impulsado por el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Bierzo y el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León, y cuenta además con la colaboración de dos grupos CIBER del Instituto de Salud Carlos III, uno de Salud Mental y otro de Epidemiología y Salud Pública.

La investigación no se limita a quienes perdieron su casa o tuvieron que evacuar a prisa su pueblo. Quiere medir en qué grado afectó aquella experiencia a toda la población expuesta, de forma directa o indirecta, y también a quienes participaron en la extinción. El estudio plantea comparar síntomas según el grado de exposición a los incendios y tratar de identificar qué factores hacen a unas personas más vulnerables y a otras más resistentes, con la vista puesta en futuras estrategias de prevención y atención.

Vicente Martín Sánchez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULE, explica que la idea nace de una evidencia cada vez más clara en la literatura científica internacional: grandes catástrofes como los incendios forestales pueden dejar secuelas psicológicas duraderas. Ya se ha estudiado en países como Canadá, Estados Unidos, Australia o Sudáfrica. Ahora quieren saber qué ha ocurrido aquí, tras unos fuegos “de nueva generación” que en León llegaron a entrar en pueblos, arrasar viviendas y obligar a evacuar a miles de personas.

Los investigadores quieren medir algo muy concreto, la posible incidencia de estrés postraumático crónico, uno de los trastornos más asociados a situaciones extremas como las vividas en los meses de agosto y septiembre a consecuencia de los incendios forestales. También buscan saber si han aumentado otros problemas de salud mental y cómo influyen factores como la cercanía al fuego, las pérdidas sufridas, la situación social o el sentimiento de abandono que, según relatan los médicos de familia que trabajan sobre el terreno, aparece con frecuencia entre quienes vivieron aquellos días en primera persona.

Ese es uno de los puntos más delicados de la investigación. Porque el incendio no termina cuando se apagan las llamas. Quedan el miedo, la sensación de vulnerabilidad, la alerta constante ante una tormenta, un rayo o un nuevo verano seco después de un invierno lluvioso. Queda también la impresión de que algo cambió para siempre. Y eso, subraya Martín Sánchez, no afecta igual a todo el mundo: “Golpea con más fuerza a las personas más vulnerables, a quienes ya partían de una situación más precaria o a quienes tenían menos recursos para recomponerse”.

El estudio quiere precisamente medir esa parte invisible del desastre. Según la documentación que se entrega a quienes aceptan participar en la encuesta, los incendios de 2025 no solo supusieron un riesgo inmediato para la vida, el patrimonio o los medios de subsistencia, sino que pudieron desencadenar síntomas persistentes de miedo, inseguridad, ansiedad, depresión, insomnio o trastorno de estrés postraumático, con un impacto directo en la calidad de vida.

La investigación se llevará a cabo durante un año. Incluye una primera evaluación amplia y otras dos posteriores, más breves, para observar la evolución de los síntomas a medio plazo. Los cuestionarios que se utilizan no diagnostican por sí solos, pero permiten hacer un cribado para detectar personas con mayor riesgo y conocer la incidencia real de estos problemas en la población.

Los formularios recogen información sociodemográfica, nivel de exposición a los incendios y cuestionarios estandarizados sobre estrés postraumático, ansiedad, depresión, calidad del sueño, discapacidad o autoeficacia. El objetivo es obtener una fotografía lo más completa posible de lo ocurrido y de sus efectos meses después.

A diferencia de otros estudios cerrados a un perfil muy concreto, aquí la puerta está abierta a un abanico amplio de personas. Pueden participar residentes de la provincia de León y del norte de Zamora que se vieron afectados directa o indirectamente, así como profesionales implicados en la extinción, como bomberos forestales o efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En la hoja informativa del estudio se deja claro además que también es relevante participar aunque no se resida en uno de los municipios más golpeados por el fuego, precisamente para poder comparar niveles distintos de exposición.

Ese punto es importante para entender el alcance del proyecto. En un primer momento se planteó que la investigación se centrase en El Bierzo, Laciana y Cabrera, las comarcas más afectadas por las llamas en la provinciade León, pero el equipo decidió ampliarla a toda la provincia y al norte zamorano con la idea de no dejar fuera otras zonas que también sufrieron de forma muy directa los incendios forestales este pasado verano, y poder construir una imagen más fiel del impacto global.

El propio equipo reconoce que no es fácil medir el impacto. Por un lado, porque la salud mental sigue siendo un tema rodeado de silencios, estigmas y muchas zonas grises. Por otro, porque existe el riesgo de confundir reacciones humanas normales tras una catástrofe con cuadros que requieren atención específica. De ahí la importancia de estudiar con método, con cuestionarios validados y con seguimiento en el tiempo.

Martín Sánchez insiste en que no se busca “medicalizar” cualquier tristeza o cualquier miedo. Lo que se quiere saber es cuándo una vivencia traumática deja de ser una reacción comprensible y pasa a convertirse en un problema que necesita atención. Y, sobre todo, cuántas personas están en esa situación y qué recursos harían falta para atenderlas. En términos de salud pública, resume, “ahora solo se ve la punta del iceberg”.

La investigación tiene además una clara vocación práctica. No persigue solo publicar resultados científicos, sino ayudar a comprender qué necesidades existen ya en las comarcas afectadas y qué medidas deberían activarse en futuras emergencias. La hoja informativa que se facilita a los participantes subraya que conocer qué factores aumentan o reducen el riesgo puede servir para diseñar mejores estrategias de abordaje y prevención.

También busca dar una respuesta desde la universidad a un problema real del territorio. En eso insiste el catedrático leonés: “La Universidad de León tiene un compromiso con la sociedad a la que pertenece y no puede mirar hacia otro lado cuando lo ocurrido afecta de forma tan intensa a la población de la provincia y del entorno”.

Para que el estudio tenga solidez, los investigadores esperan reunir al menos varios cientos de cuestionarios. La cifra orientativa que manejan ronda las 500 o 600 encuestas. Cuanta más gente participe, más completa será la imagen de lo ocurrido y más útiles podrán ser las conclusiones, previstas para final de año.

La participación es voluntaria, la encuesta es anónima y los datos serán tratados con absoluta confidencialidad, con anonimización de la información personal y sin difusión de datos identificativos en posibles publicaciones científicas.

El cuestionario puede completarse online y también existe la posibilidad de hacerlo en papel, solicitándolo en los centros de Atención Primaria a los médicos de familia. Según explican los responsables del estudio, responder lleva alrededor de media hora, porque incluye una recogida amplia de información.

En la práctica, el mensaje del equipo investigador es sencillo: no hace falta sentirse mal para participar. De hecho, interesa tanto la respuesta de quienes creen haber quedado marcados por aquellos incendios como la de quienes piensan que no. Solo así podrán compararse situaciones y entender mejor qué huella dejó el fuego y en quién la dejó con más intensidad.

Porque eso es precisamente lo que está en juego en esta investigación: poner cifras, contexto y conocimiento a una herida que muchas veces no se ve, pero sigue ahí. La de un verano en el que el fuego llegó demasiado lejos y cuyo impacto, meses después, puede seguir vivo en la cabeza de mucha gente.

Cómo participar en el estudio

Pueden participar personas residentes en la provincia de León o en el norte de Zamora que se vieran afectadas directa o indirectamente por el fuego, así como profesionales implicados en las labores de extinción. La encuesta puede completarse online en el formulario habilitado por el equipo investigador y también existe la opción de solicitarla en papel a través de los profesionales médicos de los centros de salud. Se puede contactar a través del correo bierzoonfire@saludcastillayleon.onmicrosoft.com o en los teléfonos 987 44 20 56 y 987 44 15 11, marcando la extensión 44111.

Este medio solicitó información sobre el proyecto al servicio de Comunicación del Hospital El Bierzo, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que declinó ofrecer detalles antes de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. Más de un mes después de los comicios, no ha facilitado tampoco información sobre una investigación llamada a medir una de las huellas más invisibles, y menos atendidas, de los incendios de 2025.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha diseñado su hoja de ruta frente a los incendios forestales para adelantarse al fuego tras la experiencia de los graves episodios del pasado verano. El nuevo Plan municipal de Prevención y Extinción apuesta por reforzar la prevención, aumentar los controles sobre fincas privadas y mejorar tanto los medios materiales como la coordinación de servicios.

El documento, que se debatirá y votará en el pleno como Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencia, recoge un conjunto de medidas que afectan a distintas áreas municipales y que buscan reducir el riesgo en los meses más críticos del año, especialmente durante el verano.

Uno de los ejes principales será la puesta en marcha de una nueva ordenanza municipal que obligará a mantener limpias parcelas y solares en todo el término municipal. El borrador se redactará entre abril y mayo, mientras que el Ayuntamiento ya ha emitido un bando recordando esta obligación legal a los propietarios. Además, la Policía Municipal realizará inspecciones específicas para detectar posibles focos de riesgo.

En paralelo, el plan incluye un calendario de actuaciones directas sobre el terreno. Entre junio y octubre se ejecutarán desbroces de caminos en localidades como San Cristóbal de Valdueza, Valdefrancos, Bouzas o San Lorenzo, con maquinaria especializada del Servicio de Ingeniería y Medio Rural. A estas tareas se sumará el Plan Montel, centrado en la limpieza de la interfaz urbano-forestal y el mantenimiento de pistas forestales hasta comienzos de 2027.

También intervendrá el Servicio de Parques y Jardines, que actuará de forma progresiva en barrios y pedanías, desde Santo Tomás de las Ollas hasta Villar de los Barrios, con trabajos de limpieza y acondicionamiento de zonas verdes.

El refuerzo de medios es otro de los pilares del plan. El Ayuntamiento destinará inversión a la compra de material de protección contra incendios, como mangueras, lanzas, mochilas extintoras o batefuegos, que serán distribuidos entre las entidades locales menores. Esta dotación se completará con charlas formativas y acciones de sensibilización dirigidas a la población los meses previos al verano.

En el ámbito de las infraestructuras, el plan contempla mejoras en puntos clave como las estaciones de tratamiento de agua potable de San Clemente y Santa Lucía, así como la elaboración de un inventario actualizado de bocas de riego para facilitar la intervención de los bomberos en caso de emergencia.

La vigilancia se intensificará en zonas especialmente sensibles, como los montes de El Pajariel y Castro o el entorno del Camino de Santiago, con el objetivo de proteger de forma continua los espacios naturales más emblemáticos del municipio.

Desde el Ayuntamiento insisten en que la experiencia de los incendios de sexta generación del pasado verano ha marcado el diseño de este plan, para actuar antes de que se produzcan los fuegos y no solo cuando ya están ardiendo.