Al considerar que existe un “alto riesgo derivado de la notable acumulación de biomasa en los montes”, la representación parlamentaria de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta en las Cortes mediante una batería de preguntas “que no se duerman en los laureles” ante la parálisis en que se encuentra sumida la gobernabilidad de la comunidad autónoma, exigiéndole una mayor implicación en las labores de prevención y extinción de incendios forestales. Más después del peor año histórico del año pasado en las provincias de la Región Leonesa.

UPL advierte a la Junta que no debe dejar de lado sus competencias en materia forestal, aunque el gobierno autonómico esté en funciones. Y es que, un mes después de celebradas las elecciones, PP y VOX siguen sin firmar un acuerdo de gobernabilidad que, aunque se da por hecho, ha sido pospuesto por ambas formaciones a la espera de lo que acontezca en las elecciones andaluzas, por lo que sigue sin haberse formado el nuevo gobierno autonómico y la Junta sigue en funciones.

No obstante, desde UPL consideran que la falta de un Gobierno ordinario no exime a la Junta de cumplir con sus obligaciones y ejercer sus competencias en materia de política forestal, y alertan de que el invierno y la primavera de 2026 han estado “marcados por un importante nivel de precipitaciones en las regiones de León y Castilla, que han provocado que haya una notable acumulación de biomasa en los montes, lo que implicaría que haya un aumento exponencial del riesgo de incendios forestales en verano”.

Por ello, desde UPL reclaman a la Junta una mayor implicación en la prevención, ya que dicho incremento de carga vegetal, unido a las previsibles altas temperaturas estivales, aumentaría significativamente la superficie potencialmente incendiable y la velocidad de propagación del fuego, dificultando las labores de control y extinción una vez iniciado un incendio, especialmente si se registran episodios de olas de calor, cuando esa vegetación se convierte en combustible seco de rápida combustión.

Los precedentes, las medidas

En este sentido, los leonesistas recuerdan en su iniciativa parlamentaria los trágicos precedentes de incendios como los de la Sierra de la Culebra y Monsagro en 2022, o la grave oleada de incendios del verano de 2025 con especial incidencia en León, Zamora y Salamanca, que evidenciaron “las consecuencias devastadoras que pueden derivarse de una insuficiente planificación y prevención ante situaciones de alto riesgo, con enormes daños materiales y medioambientales, y teniendo que lamentarse también pérdidas humanas”, siendo responsabilidad de las instituciones anticiparse a estos escenarios y actuar con previsión, y en este sentido, especialmente por parte de la Junta como administración con competencias en materia de gestión forestal.

Por ello, desde UPL han reclamado en las Cortes mayor implicación en las labores de prevención y extinción de incendios forestales ante el alto riesgo derivado de la notable acumulación de biomasa en los montes, el mantenimiento urgente de cortafuegos, accesos y zonas de especial riesgo de incendio forestal, el refuerzo de las brigadas forestales y el aumento de personal en el operativo contra incendios, o la posible previsión de adelantar el calendario de activación de medios materiales y humanos para la lucha contra los incendios forestales.

Por último, Unión del Pueblo Leonés ha reclamado a la Junta también que auxilie a los municipios, y especialmente a los de menor tamaño poblacional, dadas sus mayores limitaciones de medios personales y materiales, implicándose la administración autonómica de forma más activa y directa en las labores de desbroce de los montes y caminos.

Y es que para UPL “no se está actuando de forma suficiente para reducir al mínimo la potencial gravedad de incendios forestales”, por lo que piden a la Junta ser más proactiva en las labores de prevención de cara a “evitar tener que llevarnos las manos a la cabeza dentro de unos meses”, y recuerdan que cuando llegue el verano y las altas temperaturas “el alto riesgo va a estar ahí, y se debe actuar de forma más rotunda para minimizar las consecuencias todo lo posible y evitar tragedias como las de 2022 o 2025 en la Región Leonesa”.

Una antigua carbonera tradicional de castaño se ha convertido estos días en una auténtica aula al aire libre para los estudiantes de Ingeniería Forestal del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE).

El alumnado de la asignatura de Ordenación de Montes visitó el entorno del Soto de Villar de los Barrios para conocer sobre el terreno distintas experiencias de gestión forestal sostenible y prevención de incendios, coincidiendo además con el encendido y la quema controlada de una carbonera tradicional.

La estructura permanecerá activa durante aproximadamente diez días y permite transformar lentamente la madera en carbón vegetal mediante una combustión controlada, una práctica ancestral ligada históricamente al aprovechamiento sostenible del monte.

La experiencia permitió a los estudiantes comprobar cómo técnicas tradicionales como las carboneras pueden contribuir también a la gestión moderna del territorio. Además de su valor etnográfico, este tipo de aprovechamientos ayudan a reducir biomasa forestal y disminuir la carga combustible del monte, uno de los factores clave en la propagación de grandes incendios forestales.

La actividad forma parte del proyecto ‘¿Puede el fuego ser nuestro mejor aliado para proteger el bosque y generar riqueza en el territorio?’, impulsado por Souto Vivo y ADR Bierzo-Cabrera con financiación de la Dirección General de Agenda 2030 y colaboración de la Asociación Bierzo Vivo.

Durante la jornada, los estudiantes también conocieron distintas actuaciones selvícolas orientadas a reducir la vulnerabilidad del territorio frente al fuego y analizaron el Plan Dasocrático del Grupo de Montes de Ponferrada, que coordina la gestión de más de 6.000 hectáreas forestales.

El investigador y docente Alfonso Fernández Manso destacó que la actividad permitió comprobar “cómo el manejo activo del territorio puede contribuir a proteger el bosque, reducir el riesgo de incendios forestales y, al mismo tiempo, generar recursos y oportunidades para el medio rural”.

La jornada se desarrolló en el entorno de Villar de los Barrios, distinguido como Bosque del Año 2022, uno de los espacios forestales más reconocidos del Bierzo.

El consejero de Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este miércoles que la Junta de Castilla y León ha hecho “todas las actuaciones que le correspondían”, tanto en la prevención como en la respuesta al incendio que afectó al entorno de Las Médulas (León), declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la entrega de llaves de las viviendas protegidas en Carracedo, en la comarca de El Bierzo, el consejero ha reconocido que las administraciones públicas aún están “aprendiendo” en materia de prevención de incendios. También ha destacado el refuerzo de medios materiales, como la incorporación de 40 'bulldocers' y maquinaria cedida a la Diputación de León para la creación de anillos de seguridad en el territorio.

Hay que recordar que, a pesar de negativas oficiales del propio Quiñones tras la primera noche del grave incendio en Las Médulas, el siniestro no sólo causó daños materiales muy cuantiosos a vecinos a infraestructuras turísticas de la zona sino que el espacio natural quedó afectado en un 70% del total de su superficie del Patrimonio de la Humanidad, según cifró oficialmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cerca de 20.000 hectáreas que se suponían con la máxima figura de protección. Una figura que no sirvió tampoco para acelerar su prevención y defensa, ya que el Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, reconocido por la Unesco en 1997 como Patrimonio de la Humanidad, carecía de un plan de prevención de incendios forestales en vigor cuando fue arrasado por el fuego.

Ajeno a esto, Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, apeló hoy a la responsabilidad ciudadana y ha advertido de que aún existen conductas que contribuyen a la propagación del fuego. El origen del siniestro de Las Médulas fue natural.

El consejero también ha mostrado su respeto a la movilización del próximo domingo, 17 de mayo, convocada por asociaciones de vecinos para protestar por la “inacción” que achacan al Ejecutivo autonómico en la gestión de estos fuegos, de la que Quiñones era el máximo responsable político al frente de la Consejería.

Por otra parte, ha defendido la ampliación de la red de calor de Ponferrada, tumbada por los Tribunales, porque, no sólo mejora la eficiencia energética, sino que contribuye a la reducción del riesgo de incendios, y ha criticado la actuación de algunos colectivos ecologistas y vecinales a los que ha acusado de poner “palos en las ruedas”.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

El pasado 18 de abril reuní, al fin, el ánimo necesario para regresar a las cumbres de los Aquilianos. No había vuelto desde el pavoroso incendio del último verano e intuía, con pesadumbre, lo que iba a encontrar. Inicié el ascenso en los Portillinos con el objetivo de alcanzar el Pico Tuerto, siguiendo el cordal que enlaza las cimas de Cabeza de la Yegua y el Alto de las Berdaínas.

Una pista cortafuegos de dieciséis metros de ancho recorre, de forma agresiva, toda la cresta de la alineación montañosa. Desde esa cicatriz, la vista es desoladora: las laderas que caen hacia la Cabrera están totalmente calcinadas. La superficie quemada se extiende también por las vertientes que descienden hacia la hoya berciana, en los valles del Aro y del Silencio, cerca de Peñalba de Santiago.

A ambos lados del cortafuegos se ven piornos serranos y brezos reducidos al arranque de sus ramas, cepas con las puntas ennegrecidas que parecen dramáticos muñones. Si se destruyen las yemas, el piorno no puede rebrotar al año siguiente: la recuperación dependerá de las semillas, un proceso mucho más lento. En los Aquilianos, las gruesas raíces de esta vegetación cumplen una función vital: son el entramado que cohesiona el suelo y sujeta la montaña.

Caminar por esta descarnada autopista de cumbre, entre restos mutilados y nieve manchada de hollín, convierte el senderismo en una actividad casi fúnebre.

Cerca de la antigua estación de esquí del Morredero, la pista atraviesa una pequeña población de narcisos trompeta o campanones, una nota amable en la severidad del paisaje. En un flagrante desafío a la legislación de montes, tres motocicletas todoterreno descienden desde el Pico Tuerto por el cortafuegos e irrumpen con estruendo en el paraje, atropellando este frágil testimonio de la vida que aún queda. Vienen de La Aquiana, un punto negro para la conservación debido a la falta de control en el acceso desde el Campo de las Danzas. No es un hecho aislado: es la evidencia palpable del abandono institucional y de la alarmante falta de vigilancia en una zona que forma parte de la Red Natura 2000.

En medio de este silencio mineral, donde la fauna parece haber claudicado, observo, conmovido, entre los piornos ennegrecidos, un ruiseñor pechiazul. Esta especie es fuertemente filopátrica: obedece al mandato genético de regresar con precisión al lugar donde nació o donde crió con éxito el año anterior. En los Montes de León y el Bierzo habita en el límite del bosque, justo donde empiezan los piornales. Que sigan allí, aferrados a las ramas calcinadas, revela una lealtad sobrecogedora. Han vuelto, tras cruzar media África, al hogar de cada primavera, aunque su casa sea hoy solo un esqueleto de carbón. Aún así, se niegan a abandonarla, obstinados en habitar su propia pérdida.

Negro rotundo de lo carbonizado y, de repente, un destello azul y rojizo

Ha de imaginarse la escena: el negro rotundo del piorno carbonizado y, de pronto, el destello azul eléctrico del pecho y esa mancha rojiza en la cola. Es como si la montaña intentara decirte que, a pesar de todo, la vida se resiste a ser borrada.

El pechiazul anida en el suelo, oculto en la base de los piornos o entre el brezo espeso. Con el matorral quemado y el terreno expuesto, el ave queda sin ninguna protección frente a los depredadores. Además, para alimentar a sus crías necesita una cantidad ingente de orugas y pequeños invertebrados que viven en las hojas del piorno. En un piornal calcinado, la biomasa de insectos cae drásticamente. Por otro lado, bastaría con que las motos pasaran cerca de donde estos pechiazules intentan anidar –porque lo hacen a ras de suelo, protegidos por lo que queda del matorral– para destruir los nidos sin siquiera darse cuenta.

Para una especie migradora, el territorio de cría no es un simple destino: es un mapa minucioso de supervivencia. En biología de la conservación, este fenómeno se denomina trampa ecológica: el ave regresa fielmente sin saber que el hábitat ha dejado de ser el refugio esperado. Si en alguna vaguada cercana han quedado pequeñas islas de vegetación o zonas de matorral que el fuego saltó, intentarán criar allí. Es esta una historia de resiliencia heroica y, al mismo tiempo, de tragedia biológica.

Caminar por la naturaleza en estas condiciones resulta muy duro: uno no solo transita, sino que levanta acta. Vas siendo consciente, a cada paso, de todo lo que se ha perdido. No dar la espalda a esta realidad, sacar a los pechiazules del anonimato contando su historia, es una forma de honrar lo que aún resiste en la montaña.

Pronto, si no mediamos para evitarlo, algunos de los espacios naturales más valiosos de León resultarán irreconocibles. Será el epílogo de una política de progresivo desmantelamiento de la tutela pública en materia ambiental. Será también el precio pagado por esa servidumbre voluntaria de la que hablaba La Boétie: porque quienes ostentan la responsabilidad de gestionar este patrimonio natural tienen el poder que nosotros les concedemos.

El regreso al hogar solo es posible si el hogar todavía existe tal y como lo guardamos en la memoria. Si, por deterioro o destrucción, el territorio deja de reconocerse, pierde su carácter de refugio. Sencillamente, ya no podemos leernos en él. En esa pérdida, la tragedia es nuestra.

José Andrés Martínez García es un biólogo leonés y escribe de Historia Natural en el blog Entre Enabios y otro tipo de reflexiones en Ejercicio del criterio

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

La Junta de Castilla y León ha aprobado por fin de forma definitiva el proyecto para la construcción del prometido helipuerto destinado principalmente a la lucha contra los incendios forestales, aunque también para dar servicio de urgencia sanitaria, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de una infraestructura que la Consejería de Medio Ambiente, a través de la empresa pública Somacyl, ha diseñado tras muchísimos años de incumplimiento de los mínimos requisitos de seguridad legalmente establecidos en una de las zonas más protegidas ambientalmente de España, como es el primer Parque Nacional del país. Y aunque hoy se ha dado un importante paso adelante, con la aprobación del proyecto y el listado de la expropiación de los terrenos necesario en la localidad de Posada, en realidad se ha acumulado un nuevo retraso.

La aprobación de hoy figura en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada bajo la firma del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Incluye un listado de siete fincas, una de ellas del propio Consistorio y el resto de particulares.

Pero fue precisamente este proceso de expropiaciones el que alargará los plazos inicialmente previstos, hasta el punto de que este nuevo verano de 2026 persistirá la imposibilidad de operar con medios aéreos en pleno Parque Nacional, ya que no da tiempo a que se disponga de los terrenos y se acometan a tiempo las obras y demás permisos para que las aeronaves puedan aterrizar o despegar en Posada.

El boletín explica, sin detallarlo mucho, uno de los problemas para ese retraso: que cuando este trámite expropiatorio se puso en marcha en febrero de este mismo año se presentaron dos alegaciones de disconformidad. A estas alegaciones se le dio respuesta y se ha “modificando el proyecto en las apreciaciones que se han considerado estimadas”, cita literalmente la orden de hoy.

En la publicación oficial se insiste en que la necesidad de este helipuerto en el pueblo de Posada de Valdeón es porque presenta “una orografía que dificulta la movilidad de los medios terrestres” en situaciones de emergencia, a lo que se suma su lejanía respecto a las bases de helicópteros contra incendios (ELIF) de la Junta ubicadas en Camposagrado y Sahechores, en León, y en Villaeles, en Palencia, todas ellas a más de 50 kilómetros de distancia, lo que supone tiempos de vuelo superiores a los 30 minutos. Y estos tiempos hace tiempo que son irregulares en aplicación de las propias normativas autonómicas.

A esta situación se añade un índice alto de riesgo de incendios forestales en la zona, lo que ha llevado a la Administración autonómica a considerar, sólo ahora, “necesario reforzar las infraestructuras” mediante la instalación de una base auxiliar aérea que permita mejorar la rapidez y eficacia de la intervención en caso de fuego.

El helipuerto tendrá carácter de uso restringido y estará dedicado prioritariamente a labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios, aunque también podrá utilizarse para otros servicios públicos, como el transporte sanitario de emergencias, durante todo el año, remarca el proyecto. El Gobierno autonómico explica que su presencia busca reforzar la respuesta aérea en una de las zonas con mayor riesgo y más complicada orografía del noreste de la provincia. Y de hecho recuerda que Picos de Europa fue escenario el verano pasado de un fuego que obligó a desplegar numerosos medios de extinción, causo daños que la propia Junta no ha cuantificado por vía oficial todavía, y puso de relieve las dificultades de acceso terrestre y la necesidad de reducir los tiempos de intervención en un entorno de alto valor ambiental.

Los incendios del pasado verano de 2025 arrasaron 130.000 hectáreas de monte, hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico, pueblos, explotaciones agrícolas y ganaderas, un Patrimonio de la Humanidad como Las Médulas, y se cobraron cuatro vidas en la provincia de León, pero también afectaron de manera notable al norte de Zamora. Su impacto ambiental y económico fue visible desde el primer momento. La parte menos evidente, la que no se ve en las imágenes aéreas ni en las hectáreas arrasadas, es la que ahora quiere estudiar un equipo de investigadores de la Universidad de León y del Hospital El Bierzo de Ponferrada: la huella que el fuego dejó en la salud mental de la población.

Ese es el objetivo de un proyecto de investigación que surgió de un especialista en Psiquiatría del hospital berciano y profesor asociado de la ULE, José María Pelayo, y ya está en marcha para analizar si los grandes incendios del pasado verano han derivado en síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño o estrés postraumático entre vecinos y profesionales que los vivieron de cerca. El estudio está impulsado por el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Bierzo y el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León, y cuenta además con la colaboración de dos grupos CIBER del Instituto de Salud Carlos III, uno de Salud Mental y otro de Epidemiología y Salud Pública.

La investigación no se limita a quienes perdieron su casa o tuvieron que evacuar a prisa su pueblo. Quiere medir en qué grado afectó aquella experiencia a toda la población expuesta, de forma directa o indirecta, y también a quienes participaron en la extinción. El estudio plantea comparar síntomas según el grado de exposición a los incendios y tratar de identificar qué factores hacen a unas personas más vulnerables y a otras más resistentes, con la vista puesta en futuras estrategias de prevención y atención.

Vicente Martín Sánchez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULE, explica que la idea nace de una evidencia cada vez más clara en la literatura científica internacional: grandes catástrofes como los incendios forestales pueden dejar secuelas psicológicas duraderas. Ya se ha estudiado en países como Canadá, Estados Unidos, Australia o Sudáfrica. Ahora quieren saber qué ha ocurrido aquí, tras unos fuegos “de nueva generación” que en León llegaron a entrar en pueblos, arrasar viviendas y obligar a evacuar a miles de personas.

Los investigadores quieren medir algo muy concreto, la posible incidencia de estrés postraumático crónico, uno de los trastornos más asociados a situaciones extremas como las vividas en los meses de agosto y septiembre a consecuencia de los incendios forestales. También buscan saber si han aumentado otros problemas de salud mental y cómo influyen factores como la cercanía al fuego, las pérdidas sufridas, la situación social o el sentimiento de abandono que, según relatan los médicos de familia que trabajan sobre el terreno, aparece con frecuencia entre quienes vivieron aquellos días en primera persona.

Ese es uno de los puntos más delicados de la investigación. Porque el incendio no termina cuando se apagan las llamas. Quedan el miedo, la sensación de vulnerabilidad, la alerta constante ante una tormenta, un rayo o un nuevo verano seco después de un invierno lluvioso. Queda también la impresión de que algo cambió para siempre. Y eso, subraya Martín Sánchez, no afecta igual a todo el mundo: “Golpea con más fuerza a las personas más vulnerables, a quienes ya partían de una situación más precaria o a quienes tenían menos recursos para recomponerse”.

El estudio quiere precisamente medir esa parte invisible del desastre. Según la documentación que se entrega a quienes aceptan participar en la encuesta, los incendios de 2025 no solo supusieron un riesgo inmediato para la vida, el patrimonio o los medios de subsistencia, sino que pudieron desencadenar síntomas persistentes de miedo, inseguridad, ansiedad, depresión, insomnio o trastorno de estrés postraumático, con un impacto directo en la calidad de vida.

La investigación se llevará a cabo durante un año. Incluye una primera evaluación amplia y otras dos posteriores, más breves, para observar la evolución de los síntomas a medio plazo. Los cuestionarios que se utilizan no diagnostican por sí solos, pero permiten hacer un cribado para detectar personas con mayor riesgo y conocer la incidencia real de estos problemas en la población.

Los formularios recogen información sociodemográfica, nivel de exposición a los incendios y cuestionarios estandarizados sobre estrés postraumático, ansiedad, depresión, calidad del sueño, discapacidad o autoeficacia. El objetivo es obtener una fotografía lo más completa posible de lo ocurrido y de sus efectos meses después.

A diferencia de otros estudios cerrados a un perfil muy concreto, aquí la puerta está abierta a un abanico amplio de personas. Pueden participar residentes de la provincia de León y del norte de Zamora que se vieron afectados directa o indirectamente, así como profesionales implicados en la extinción, como bomberos forestales o efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En la hoja informativa del estudio se deja claro además que también es relevante participar aunque no se resida en uno de los municipios más golpeados por el fuego, precisamente para poder comparar niveles distintos de exposición.

Ese punto es importante para entender el alcance del proyecto. En un primer momento se planteó que la investigación se centrase en El Bierzo, Laciana y Cabrera, las comarcas más afectadas por las llamas en la provinciade León, pero el equipo decidió ampliarla a toda la provincia y al norte zamorano con la idea de no dejar fuera otras zonas que también sufrieron de forma muy directa los incendios forestales este pasado verano, y poder construir una imagen más fiel del impacto global.

El propio equipo reconoce que no es fácil medir el impacto. Por un lado, porque la salud mental sigue siendo un tema rodeado de silencios, estigmas y muchas zonas grises. Por otro, porque existe el riesgo de confundir reacciones humanas normales tras una catástrofe con cuadros que requieren atención específica. De ahí la importancia de estudiar con método, con cuestionarios validados y con seguimiento en el tiempo.

Martín Sánchez insiste en que no se busca “medicalizar” cualquier tristeza o cualquier miedo. Lo que se quiere saber es cuándo una vivencia traumática deja de ser una reacción comprensible y pasa a convertirse en un problema que necesita atención. Y, sobre todo, cuántas personas están en esa situación y qué recursos harían falta para atenderlas. En términos de salud pública, resume, “ahora solo se ve la punta del iceberg”.

La investigación tiene además una clara vocación práctica. No persigue solo publicar resultados científicos, sino ayudar a comprender qué necesidades existen ya en las comarcas afectadas y qué medidas deberían activarse en futuras emergencias. La hoja informativa que se facilita a los participantes subraya que conocer qué factores aumentan o reducen el riesgo puede servir para diseñar mejores estrategias de abordaje y prevención.

También busca dar una respuesta desde la universidad a un problema real del territorio. En eso insiste el catedrático leonés: “La Universidad de León tiene un compromiso con la sociedad a la que pertenece y no puede mirar hacia otro lado cuando lo ocurrido afecta de forma tan intensa a la población de la provincia y del entorno”.

Para que el estudio tenga solidez, los investigadores esperan reunir al menos varios cientos de cuestionarios. La cifra orientativa que manejan ronda las 500 o 600 encuestas. Cuanta más gente participe, más completa será la imagen de lo ocurrido y más útiles podrán ser las conclusiones, previstas para final de año.

La participación es voluntaria, la encuesta es anónima y los datos serán tratados con absoluta confidencialidad, con anonimización de la información personal y sin difusión de datos identificativos en posibles publicaciones científicas.

El cuestionario puede completarse online y también existe la posibilidad de hacerlo en papel, solicitándolo en los centros de Atención Primaria a los médicos de familia. Según explican los responsables del estudio, responder lleva alrededor de media hora, porque incluye una recogida amplia de información.

En la práctica, el mensaje del equipo investigador es sencillo: no hace falta sentirse mal para participar. De hecho, interesa tanto la respuesta de quienes creen haber quedado marcados por aquellos incendios como la de quienes piensan que no. Solo así podrán compararse situaciones y entender mejor qué huella dejó el fuego y en quién la dejó con más intensidad.

Porque eso es precisamente lo que está en juego en esta investigación: poner cifras, contexto y conocimiento a una herida que muchas veces no se ve, pero sigue ahí. La de un verano en el que el fuego llegó demasiado lejos y cuyo impacto, meses después, puede seguir vivo en la cabeza de mucha gente.

Cómo participar en el estudio

Pueden participar personas residentes en la provincia de León o en el norte de Zamora que se vieran afectadas directa o indirectamente por el fuego, así como profesionales implicados en las labores de extinción. La encuesta puede completarse online en el formulario habilitado por el equipo investigador y también existe la opción de solicitarla en papel a través de los profesionales médicos de los centros de salud. Se puede contactar a través del correo bierzoonfire@saludcastillayleon.onmicrosoft.com o en los teléfonos 987 44 20 56 y 987 44 15 11, marcando la extensión 44111.

Este medio solicitó información sobre el proyecto al servicio de Comunicación del Hospital El Bierzo, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que declinó ofrecer detalles antes de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. Más de un mes después de los comicios, no ha facilitado tampoco información sobre una investigación llamada a medir una de las huellas más invisibles, y menos atendidas, de los incendios de 2025.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha diseñado su hoja de ruta frente a los incendios forestales para adelantarse al fuego tras la experiencia de los graves episodios del pasado verano. El nuevo Plan municipal de Prevención y Extinción apuesta por reforzar la prevención, aumentar los controles sobre fincas privadas y mejorar tanto los medios materiales como la coordinación de servicios.

El documento, que se debatirá y votará en el pleno como Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencia, recoge un conjunto de medidas que afectan a distintas áreas municipales y que buscan reducir el riesgo en los meses más críticos del año, especialmente durante el verano.

Uno de los ejes principales será la puesta en marcha de una nueva ordenanza municipal que obligará a mantener limpias parcelas y solares en todo el término municipal. El borrador se redactará entre abril y mayo, mientras que el Ayuntamiento ya ha emitido un bando recordando esta obligación legal a los propietarios. Además, la Policía Municipal realizará inspecciones específicas para detectar posibles focos de riesgo.

En paralelo, el plan incluye un calendario de actuaciones directas sobre el terreno. Entre junio y octubre se ejecutarán desbroces de caminos en localidades como San Cristóbal de Valdueza, Valdefrancos, Bouzas o San Lorenzo, con maquinaria especializada del Servicio de Ingeniería y Medio Rural. A estas tareas se sumará el Plan Montel, centrado en la limpieza de la interfaz urbano-forestal y el mantenimiento de pistas forestales hasta comienzos de 2027.

También intervendrá el Servicio de Parques y Jardines, que actuará de forma progresiva en barrios y pedanías, desde Santo Tomás de las Ollas hasta Villar de los Barrios, con trabajos de limpieza y acondicionamiento de zonas verdes.

El refuerzo de medios es otro de los pilares del plan. El Ayuntamiento destinará inversión a la compra de material de protección contra incendios, como mangueras, lanzas, mochilas extintoras o batefuegos, que serán distribuidos entre las entidades locales menores. Esta dotación se completará con charlas formativas y acciones de sensibilización dirigidas a la población los meses previos al verano.

En el ámbito de las infraestructuras, el plan contempla mejoras en puntos clave como las estaciones de tratamiento de agua potable de San Clemente y Santa Lucía, así como la elaboración de un inventario actualizado de bocas de riego para facilitar la intervención de los bomberos en caso de emergencia.

La vigilancia se intensificará en zonas especialmente sensibles, como los montes de El Pajariel y Castro o el entorno del Camino de Santiago, con el objetivo de proteger de forma continua los espacios naturales más emblemáticos del municipio.

Desde el Ayuntamiento insisten en que la experiencia de los incendios de sexta generación del pasado verano ha marcado el diseño de este plan, para actuar antes de que se produzcan los fuegos y no solo cuando ya están ardiendo.

Tres especies únicas de lagartijas en Castilla y León están al borde de desaparecer como consecuencia de los “megaincendios” que han arrasado sus hábitats en los últimos años. Un estudio de investigadores de las universidades de Salamanca y A Coruña advierte de que los grandes fuegos registrados entre 2021 y 2025 han destruido o dañado gravemente los espacios en los que viven, poniendo en riesgo su supervivencia.

Las especies afectadas son la lagartija leonesa (Iberolacerta galani), la lagartija batueca (Iberolacerta martinezricai) y la lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni), tres reptiles con una distribución muy limitada y adaptados a ecosistemas de alta montaña especialmente frágiles. Su hábitat se localiza en zonas como la Sierra de Francia, Gredos, la Sierra de Béjar o los Montes Galaico-Leoneses.

El impacto de los incendios ha sido especialmente intenso en los últimos años. Solo en el verano de 2025, los denominados megaincendios, de más de 1.000 hectáreas, arrasaron más de 55.000 hectáreas en áreas clave para la lagartija leonesa, afectando de forma simultánea a buena parte de sus poblaciones, como ya apuntamos en ILEÓN en un artículo publicado el pasado mes de febrero.

Pero más allá de la magnitud, el problema es la repetición. En algunos territorios se han registrado hasta diez incendios en poco más de dos décadas, una frecuencia que impide la recuperación natural de la vegetación y del suelo. Estas lagartijas dependen de microhábitats muy concretos, con roquedos, matorral y refugios que desaparecen tras el fuego y tardan años en regenerarse.

La situación es especialmente crítica para la lagartija batueca, que solo vive en la Sierra de Francia, donde un incendio en 2022 arrasó cerca de una cuarta parte de su hábitat óptimo. También para una población aislada de lagartija carpetana en Ávila, que perdió el 100% de su territorio en un único incendio en 2021.

El estudio subraya que la alta montaña mediterránea se recupera mucho más lentamente que otros ecosistemas, por lo que la repetición de incendios en periodos cortos hace prácticamente inviable la recuperación. Además, el fuego no solo provoca mortalidad directa, sino que transforma el paisaje, reduce la disponibilidad de alimento y favorece la expansión de especies más generalistas.

Paradójicamente, todas las zonas afectadas forman parte de la red Natura 2000 y están catalogadas como hábitats de interés comunitario. Por ello, el informe reclama una respuesta urgente de las administraciones, con planes de conservación específicos, una mejora de la prevención en alta montaña y la protección de las áreas no quemadas que puedan servir de base para la recuperación.

Los autores advierten de que, si no se cambia el modelo de gestión del fuego y no se refuerza la protección de estos ecosistemas, estas tres especies, y con ellas una parte única de la biodiversidad de Castilla y León, podrían desaparecer en pocas décadas.

El último incendio forestal declarado en la comarca de El Bierzo, entre Berlanga y Vega de Espinareda, ha reavivado las críticas sobre la gestión de los fuegos en Castilla y León. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la “incapacidad” de la Consejería de Medio Ambiente y del operativo de Medio Natural para hacer frente a los primeros incendios del año, señalando directamente la falta de previsión, coordinación y medios en el dispositivo.

El sindicato ha señalado que en un incendio de 80 hectáreas para el que solo estaba disponible una motobomba de las 8 que existen en las zonas cercanas, sin técnico en el incendio en el momento que se originó. En las actuaciones de este viernes los efectivos del Estado superan a los del operativo autonómico.

Según el sindicato, lo ocurrido no es un episodio aislado, sino el reflejo de un problema estructural que se repite cada temporada. En este sentido, advierten de que el operativo contra incendios sigue sin estar plenamente desplegado en una época en la que las condiciones meteorológicas ya son propicias para la propagación del fuego.

Con situaciones parecidas se dan en otras provincias, como la de Zamora, que también está sufriendo un incendio importante estos días de 130 hectáreas, y sigue sin activarse todo el operativo. Y, en algunas comarcas de máximo riesgo tienen operativa una motobomba de las cuatro existentes, solo tres agentes de guardia en la provincia y un solo técnico diario, ha denunciado.

CCOO critica especialmente que, pese a los antecedentes de años anteriores, la Junta no haya reforzado los recursos humanos y materiales con antelación suficiente. A su juicio, el incendio evidencia que la campaña de alto riesgo llega “tarde” y con un dispositivo que califican de “claramente insuficiente”.

El sindicato también pone el foco en la situación de las brigadas forestales, denunciando precariedad laboral y falta de estabilidad en las contrataciones, lo que, aseguran, repercute directamente en la eficacia de la respuesta ante emergencias como la registrada en El Bierzo.

Además, subrayan que la gestión de los incendios no puede limitarse a la extinción, sino que debe centrarse en la prevención durante todo el año, con políticas activas en el medio rural que reduzcan la carga combustible y mantengan el territorio en condiciones adecuadas.

Por ello insisten en volver a poner sobre la mesa la necesidad de un cambio de modelo en la gestión forestal en Castilla y León, con más inversión, planificación continua y un enfoque integral que combine prevención, vigilancia y respuesta rápida. Denuncia “La incapacidad del Consejero y del Director General de Medio Natural, ya que son el principal peligro para nuestros montes”, y también para la salud e incluso la vida de los compañeros y compañeras que “se deben enfrentar a las consecuencias de la incapacidad de estos irresponsables”.

El peor incendio activo de esta semana en Castilla y León, que llegó a preocupar al operativo que dirige la Junta de Castilla y León, se ha dado este sábado por finalmente extinguido tras tres dos días ardiendo. Se trataba del siniestro forestal en las proximidades de la localidad de Berlanga del Bierzo, en el municipio de Vega de Espinareda.

En la información actualizada ofrecida por la Consejería de Medio Ambiente se cifra por primera vez la superficie que ha resultado calcinada, un total de 35 hectáreas, la totalidad de ellas de superficie forestal, ya que el incendio tuvo lugar en un bosque situado a medio camino entre Berlanga y la cabecera del municipio, Vega de Espinareda.

Durante los dos primeros días, y hasta el control de las llamas en la tarde del viernes, fue grande la preocupación vivida, que se cuantificó en la incorporación de hasta seis medios aéreos diferentes, y de cada vez mayor capacidad, una mayoría de ellos del Gobierno. La Junta incorporó el llamado 'Hotel' de coordinación autonómico y otro helicóptero bombardero.

El resto de los medios correspondieron a diferentes áreas del Gobierno de España: hidroaviones anfibios de gran capacidad, con depósitos de hasta 5.500 litros, así como aviones anfibios medios de 3.100 litros dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). A estos se suman aviones de carga en tierra con capacidad de 3.100 litros y un avión de coordinación del propio ministerio. También el Ministerio de Defensa anuncia la incorporación de la aeronave del Grupo 43 del Ejército del Aire en las labores de extinción del incendio forestal de Berlanga.

En total llegaron a intervenir sobre las llamas de Berlanga hasta 27 medios, según la cifra de fuentes oficiales, las cuales sin embargo todavía no han conseguido determinar cuál puso ser el origen probable de las llamas.

Un nuevo incendio forestal declarado en el municipio berciano de Vega de Espinareda, en la provincia de León, mantiene en alerta a los servicios de extinción tras iniciarse a las 14.25 horas de este jueves, con una virulencia y evolución que preocupa a los responsables del amplio operativo desplegado.

El fuego se encuentra actualmente activo y en fase de investigación en cuanto a sus causas, mientras un amplio despliegue trabaja sobre el terreno con un total de 19 medios, entre ellos seis medios aéreos. En concreto, participan helicópteros bombarderos Mike tipo 2, con capacidad de entre 1.000 y 3.000 litros, y aviones anfibios tipo 2, con capacidad de hasta 3.500 litros, enviados como apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) junto a otros dependientes de la Consejería de Medio Ambiente.

Los primeros han dado a conocer su participación detalladamente en redes sociales, al contrario que la Junta. Sin embargo, el perfil de ATBrif en la red social X aclara un detalle relevante: que sus helicópteros sí están trabajando para tratar de sofocar las llamas pero sin el acompañamiento de sus correspondientes brigadas helitransportadas (Brif).

Según los datos de la Consejería, sobre el terreno trabajan cinco brigadas terrestres con apoyo de dos motobombas y un bulldozer, así como tres agentes medioambientales o celadores.

Las labores se centran en la perimetración del incendio, sin que todavía se haya podido cuantificar el número total de hectáreas dañadas. La evolución del fuego genera preocupación debido a su localización, en una zona de monte situada casi a medio camino entre Berlanga del Bierzo y Vega de Espinareda.

En el resto de la Región Leonesa, preocupa también otro incendio activos en Zamora, igualmente con amplio apoyo aéreo en la zona de Lubián, con la presencia de helicópteros bombarderos tipo 2 y aviones anfibios tipo 2. Este siniestro ha sido elevado por la Junta de Castilla y León nivel 1 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

Este martes 14 de abril la Diputación de León ha activado el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin.

La institución provincial, gobernada en coalición por PSOE y UPL, ha publicado en el portal de Contratación la licitación por 1.983.600 euros de un procedimiento con plazos reducidos, por lo que ha convocado el anuncio previo del contrato, dividido en cinco lotes. El contrato no supone ni un solo euro de aumento de la ayuda que pone la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa fue una de las 'soluciones' ideadas por el Gobierno autonómico del PP tras la grave oleada de incendios forestales que asolaron la provincia de León y otras zonas de la comunidad el verano pasado que arrasó más de 140.000 hectáreas solo en los grandes incendios. A mediados de septiembre las Diputaciones provinciales y el Gobierno autonómico pactaron priorizar “anillos de seguridad” alrededor de los pueblos tras verse obligados a desalojos de decenas de poblaciones y más de 10.000 personas por el fuego.

La Junta comprometió financiar al 50% el diseño de 'anillos de seguridad' en 114 municipios de la provincia de León alrededor de sus poblaciones por estar en zonas con alto riesgo de incendios, prometiendo además fondos para comprar maquinaria para su creación y mantenimiento. El pasado mes de marzo se aprobaron las ayudas a los municipios para elaborar los planes de emergencia que recojan esos anillos, obligatorios desde 2013 aunque casi nadie tenía uno particular y tiraban de normas generales.

El siguiente paso era tener maquinaria adecuada para ejecutar el desbroce de los anillos. El 13 de noviembre del año pasado el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó la dotación monetaria para las provincias, siendo León la más beneficiada con casi 2 millones de euros, que se gestionarán a través de la Diputación de León.

El contrato que ha publicado la Diputación leonesa se divide en cinco lotes de maquinaria para comprar 3 bulldozer, una excavadora de rueda, una motoniveladora, una pala de cadenas y un tractor con desbrozadora.

La entrega de la maquinaria se deberá realizar, en el parque móvil de la Diputación, entre “el día siguiente a la formalización del contrato hasta el día 30 de noviembre de 2026”. En caso de que los plazos se apuren la maquinaría no llegaría a tiempo para su uso en la temporada alta de incendios de este próximo verano.

En otras provincias como Zamora la creación de los anillos de seguridad ha recaído en la empresa pública de la Junta de Castilla y León Somacyl, que ha dotado un plan con 3 millones de euros junto a la Diputación zamorana para diseñar y ejecutar los anillos de seguridad en 181 municipios y medio centenar de pedanías de la provincia vecina.

Prevenir los incendios identificando sus causas, conocer los medios que utilizan los profesionales de la extinción para combatirlos y saber reconocer los efectos que, una vez apagados, son visibles en suelos y ecosistemas. Estos son los ejes de los tres talleres de la campaña #plantémonos que, desde este lunes y hasta mañana martes, se desarrollan en el Campus de Ponferrada con la asistencia de más de 130 escolares de la comarca de El Bierzo.

La iniciativa de sensibilización educativa puesta en marcha en 2017 y coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos celebra su novena edición con el logro de haber llegado ya a más de 1.500 escolares de primaria, 5.000 en total si se suma a los de secundaria. Y en esta ocasión, tras los virulentos incendios del pasado verano, el interés de los centros educativos y de los propios estudiantes se ha incrementado. “Hemos tenido más demanda que nunca”, ha señalado Taboada.

El objetivo, no obstante, no varía: concienciar sobre una problemática local a través del conocimiento. “La idea es que los estudiantes conozcan por qué es importante prevenir los incendios, cómo la gestión forestal nos puede ayudar y que vean también de primera mano cuáles son los efectos de los incendios y el efecto que causan sobre el suelo”, ha explicado la investigadora.

Durante dos jornadas, estudiantes de primaria de los colegios Espíritu Santo, CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) Valentín García Yebra, CEIP Campo de los Judíos y CEIP Santa Bárbara participan en actividades prácticas impartidas por la EPRIF (Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales) y el Aula del Fuego, la UME (Unidad Militar de Emergencias) y docentes e investigadores de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del Campus de Ponferrada.

“A los niños les sorprende que no sean los pirómanos los que causan los incendios”, ha señalado el coordinador de la Brigada de Tabuyo del Monte, Roberto López, quien añadió: “Los incendios son provocados por accidentes o de forma intencionada por la gente que vive en esos entornos”.

De manera lúdica y mediante juegos, los alumnos han aprendido las diferencias entre un monte con una gestión sostenible y un monte sin gestionar, han identificado los diferentes tipos de trabajos forestales y han descubierto cómo se extingue un incendio y qué efectos deja a su paso.

El mensaje que deben trasladar los talleres, según explica Álvarez Taboada, está claro: “No todos los incendios son evitables, pero debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlos”.

La Junta de Castilla y León mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos, pese a la promesa del Ejecutivo de ir incorporando al sector público, mediante empresas públicas como Tragsa o Somacyl, a todo el operativo según vencieran los contratos. Tres días antes de las elecciones adjudicó un contrato para cinco brigadas por 4,4 millones de euros y ha licitado otro por 2,5 millones para trabajados en este 2026 y el próximo 2027.

La promesa del presidente en funciones del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, fue que el operativo sería 'público', entendido como que dependería de empresas controladas por el estado como Tragsa, que es como lo gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. Es una vieja demanda de los sindicatos y asociaciones de trabajadores del operativo, que llevan años reivindicando una mejora de sus condiciones laborales, y en particular, dejar de depender de las empresas privadas.

En la presentación del proyecto de prespupuestos 2026, que finalmente no se aprobaron, Mañueco desgranó un aumento del 30% del presupuesto antiincendios después del peor verano de la historia en Castilla y León, recalcando y prometiendo cuestiones como el reconocimiento de la categoría de bombero forestales, un operativo todo el año, “mejores condiciones retributivas y laborales” y “y pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, que cifró ya en un 33% del operativo en este 2026.

A preguntas de la prensa el consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, matizó esto último señalando ue el pase al sector público sería a medida “que vayan venciendo sus contratos se incorporarían con este modelo que ha descrito el Presidente, (...) a medida que acabe su vencimiento los nuevos contratos ya serán dentro del sector público”. Pero la consejería de Medio Ambiente, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lanzado contratos con el sector privado el pasado otoño y otro en pleno proceso electoral autonómico, contradiciendo las palabras del Presidente de la Junta.

El primer nuevo contrato fue licitado en noviembre, consistente en cinco unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, con un presupuesto base de más de 4,4 millones de euros. El proyecto, financiado parcialmente por fondos FEDER, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y prioriza tanto la adecuación del entorno natural para evitar fuegos como la intervención inmediata en emergencias. La adjudicación del contrato tuvo lugar tres días antes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo a una UTE de cuatro empresas: Matinsa, Foresa, Demontes e Infosa, todas al 25%. El importe de adjucación solo es 1,1 euros más bajo que el de licitación, impuestos incluídos.

El segundo contrato nuevo a empresas privadas lo ha licitado Somacyl, la sociedad pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y que no suele hacer este tipo de contratos y solo los de maquinaria pesasa. El 18 de marzo, tres días después de las elecciones, lanzó una licitación, todavía abierta, por un máximo de 2.525.310,27 euros (con impuestos) para contratar “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por 4 Unidades de Brigadas y Autobombas de lucha contra incendios forestales (UBA) integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”. Se destinarán a las provincias de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. La licitación está abierta hasta el 17 de abril.

Base de Ávila, sí a Tragsa

El caso más llamativo de los nuevos contratos del Gobierno de Castilla y León ha ocurrido en la provincia de Ávila. Inicialmente sacaron a licitación en pleno verano pasado, 14 de julio, un contrato de “Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de Las Casillas (Segovia)” con un presupuesto base de 1.932.423,7 euros (más impuestos). Despues del terrible verano, también en Ávila con grandes incendios en el valle del Tiétar, en noviembre se abren las ofertas pero en un informe del 17 de diciembre de 2025, el Jefe del Servicio de Incendios Forestales emite pide el desistimiento del contrato. Alega que el contrato no contempla la categoría de bombero forestal que obliga la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Y como no hay dotación económica para esa categoría pues pide que se anule, tal y como se hizo.

Y entonces la consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha formalizado el pasado 25 de marzo un nuevo contrato para la base de Casillas, pero mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, por importe de 2.288.363,83 euros. Es decir, pasa al sector público a quienes hasta entonces prestaban los servicios de la base segoviana, cumpliendo así la promera electoral de Mañueco.

Los pliegos de los dos contratos a empresas privadas que la Junta de Castilla y León ha licitado, uno de ellos ya adjudicado, y ya se han explicado en este artículo no contemplan en ningún caso la categoría de 'bombero forestal' a la que obliga la Ley y les deja como meroes 'peones'. La consejería de Medio Ambiente ha sido cuestionada sobre si estos contratos contravienen el compromiso de operativo público sin recibir respuesta en el momento de publicación de esta información.

El PSOE anunció que su primera iniciativa de la nueva legislatura, este mismo mes de abril, será presentar una ley de incendios ante la “inacción” de la Junta de Castilla y León. El Gobierno del PP aprobó el pasado otoño dos decretos para mejorar el operativo y la prevención pero decayeron ante la falta de apoyo de la oposición. Pese a eso los contratos relativos a incendios han aumentado de forma considerable, financiando nuevos elementos como más helicópteros o bulldozers para la protección de los municipios. A finales del año pasado la Junta pasó a todo el año a más de 800 personas del operativo que hasta ahora eran fijos-discontinuos. La última acción ha sido presentar 12 nuevos camiones autobombas de 4.000 litros que se incorporan al operativo tras una inversión de 7,23 millones de euros, financiada con Fondos FEDER.

Cinco años de retraso y mientras, los incendios vuelven a copar la actualidad de la masa forestal de la provincia de León en cuanto ha llegado el calor. Esto es lo que denuncia la formación política de Izquierda Unida respecto a la prometida base de helicópteros de Oterico, en Riello, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022 sin que todavía hayan llegado a su fin, estando más o menos como el año pasado los trabajos.

Una paralización en una infraestructura que ya comenzó con retraso manifiesto, y que la Consejería de Medio Ambiente prometió que estaría lista en 2022 como una de las más necesarias para luchar contra el fuego; pero que al estar a medio terminar y fuera de plazo no sirvió ni para luchar contra los incendios del verano de 2025 ni para los que se han producido en la entrada de esta primavera de 2026.

Por todo ello Izquierda Unida ha denunciado este jueves que, más de cinco años después de los primeros anuncios de la Junta de Castilla y León, la Base de Helicópteros de lucha contra incendios forestales de Oterico continúa sin estar operativa y sin una fecha clara de entrada en funcionamiento.

La formación considera que se trata de una infraestructura clave que, sobre el papel, debía reforzar de forma decisiva la capacidad de respuesta ante incendios en la provincia, pero que sigue sin materializarse tras acumular retrasos, modificaciones y ampliaciones de plazo.

IU enmarca esta situación en un contexto “especialmente grave”, ya que León ha registrado más de 80 incendios en lo que va de año sin haber comenzado aún la campaña de alto riesgo de verano.

La provincia cuenta, además, con uno de los patrimonios naturales más destacados del país, al albergar siete Reservas de la Biosfera: Valles de Omaña y Luna, Babia, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Ancares Leoneses y Picos de Europa. Según la formación, esta concentración refuerza la necesidad de contar con medios eficaces para la prevención y extinción de incendios en un territorio que ya ha sufrido diversos episodios en los últimos años. El más reciente, extinguido hace pocas horas, ha afectado a la Reserva de Alto Bernesga en el que se quemaron más de 151 hectáreas, siendo el más grande de este año 2026.

En este sentido, IU subraya que la ubicación de la base de Oterico permitiría reducir de forma significativa los tiempos de intervención aérea, con vuelos de apenas minutos hasta zonas críticas, lo que resulta determinante para evitar la propagación del fuego en sus fases iniciales y su posible afección a núcleos de población.

El coordinador comarcal de IU León, Rubén Estévez, ha defendido que la lucha contra incendios “exige un operativo plenamente público, con medios materiales adecuados, formación suficiente y una coordinación eficaz entre recursos terrestres y aéreos”. A su juicio, la externalización y la precarización de los servicios “debilitan la capacidad de respuesta y ponen en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de las personas”.

Desde la formación critican que la gestión de la Junta refleja una “falta de planificación y de compromiso real” con el medio rural leonés. “Cada retraso en la puesta en marcha de esta base no es solo un incumplimiento administrativo, sino un riesgo añadido en un contexto en el que los incendios son cada vez más frecuentes”, advierten.

Izquierda Unida concluye que León “no puede permitirse seguir esperando” la entrada en funcionamiento de una infraestructura que consideran esencial mientras el riesgo de incendios continúa en aumento.

No ha habido juicio en su contra pero sí sufrirá prisión. El autor confeso de un incendio forestal en montes del municipio de Borrenes, en la comarca de El Bierzo, en plena oleada de incendios a finales del pasado verano de 2025 ha reconocido hoy los hechos justo antes de la vista que estaba convocada en la Audiencia de modo que la misma no se ha celebrado tras alcanzarse un acuerdo previo in extremis.

Con esta decisión, el detenido entonces y acusado acepta una pena de prisión de tres años, algo menos que los cuatro años y cinco meses que le solicitaba el Ministerio Fiscal por su responsabilidad en el origen de un siniestro que se produjo en torno a las 17.56 horas del 13 de septiembre de 2025 y que , según los atestados, puso en peligro incluso zonas habitadas próximas al foco del fuego. Por eso, el Fiscal de partida solicitaba para él una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel por un delito de incendio forestal.

El pirómano, un hombre de nacionalidad española y de 47 años, con antecedentes penales ya cancelados, prendió hasta cuatro focos distintos con un mechero en las proximidades de la localidad de San Juan de Paluezas, en un día de alto riesgo de incendios forestales. Finalmente resultaron calcinadas casi tres hectáreas, en su mayoría de montes.

El condenado permanece en prisión desde el momento de su detención, según ha publicado hoy Radio León. En la negociación previa, el Fiscal ha tenido en cuenta como atenuante que había consumido drogas. Además de los tres años de cárcel, algunos de los cuales ya se dan por cumplidos en este tiempo, el hombre tendrá que pagar a la Junta de Castilla y León los casi 8.800 euros en los que se estimaron oficialmente los gastos de extinción, así como 805 euros a los propietarios de los montes por los daños causados.

El alcalde del Ayuntamiento de Villablino, Mario Rivas, ha emitido un bando en el que recuerda a los propietarios de fincas, solares y parcelas del municipio su obligación de mantener estos espacios en condiciones adecuadas de limpieza y salubridad ante la llegada del verano y el aumento del riesgo de incendios.

Un anuncio que se repite cada primavera como recordatorio a los propietarios de fincas y parcelas en los cascos urbanos de todas las localidades del municipio, de sus obligaciones de adecentamiento de sus propiedades.

Rivas incide en la necesidad de extremar las precauciones tras los incendios registrados el año anterior y apela a la responsabilidad ciudadana para proteger el entorno natural del valle.

El Ayuntamiento pide la retirada de maleza, pastos secos, residuos y materiales inflamables, así como el desbroce de vegetación y la eliminación de vertidos no autorizados. Estas tareas deberán completarse antes del 8 de junio, conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su reglamento.

En la parte final, el bando advierte de que el incumplimiento podrá derivar en sanciones y en la ejecución subsidiaria de los trabajos por parte del Ayuntamiento, con cargo al propietario.