La Junta de Castilla y León ha aprobado por fin de forma definitiva el proyecto para la construcción del prometido helipuerto destinado principalmente a la lucha contra los incendios forestales, aunque también para dar servicio de urgencia sanitaria, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, situado en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se trata de una infraestructura que la Consejería de Medio Ambiente, a través de la empresa pública Somacyl, ha diseñado tras muchísimos años de incumplimiento de los mínimos requisitos de seguridad legalmente establecidos en una de las zonas más protegidas ambientalmente de España, como es el primer Parque Nacional del país. Y aunque hoy se ha dado un importante paso adelante, con la aprobación del proyecto y el listado de la expropiación de los terrenos necesario en la localidad de Posada, en realidad se ha acumulado un nuevo retraso.

La aprobación de hoy figura en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada bajo la firma del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). Incluye un listado de siete fincas, una de ellas del propio Consistorio y el resto de particulares.

Pero fue precisamente este proceso de expropiaciones el que alargará los plazos inicialmente previstos, hasta el punto de que este nuevo verano de 2026 persistirá la imposibilidad de operar con medios aéreos en pleno Parque Nacional, ya que no da tiempo a que se disponga de los terrenos y se acometan a tiempo las obras y demás permisos para que las aeronaves puedan aterrizar o despegar en Posada.

El boletín explica, sin detallarlo mucho, uno de los problemas para ese retraso: que cuando este trámite expropiatorio se puso en marcha en febrero de este mismo año se presentaron dos alegaciones de disconformidad. A estas alegaciones se le dio respuesta y se ha “modificando el proyecto en las apreciaciones que se han considerado estimadas”, cita literalmente la orden de hoy.

En la publicación oficial se insiste en que la necesidad de este helipuerto en el pueblo de Posada de Valdeón es porque presenta “una orografía que dificulta la movilidad de los medios terrestres” en situaciones de emergencia, a lo que se suma su lejanía respecto a las bases de helicópteros contra incendios (ELIF) de la Junta ubicadas en Camposagrado y Sahechores, en León, y en Villaeles, en Palencia, todas ellas a más de 50 kilómetros de distancia, lo que supone tiempos de vuelo superiores a los 30 minutos. Y estos tiempos hace tiempo que son irregulares en aplicación de las propias normativas autonómicas.

A esta situación se añade un índice alto de riesgo de incendios forestales en la zona, lo que ha llevado a la Administración autonómica a considerar, sólo ahora, “necesario reforzar las infraestructuras” mediante la instalación de una base auxiliar aérea que permita mejorar la rapidez y eficacia de la intervención en caso de fuego.

El helipuerto tendrá carácter de uso restringido y estará dedicado prioritariamente a labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios, aunque también podrá utilizarse para otros servicios públicos, como el transporte sanitario de emergencias, durante todo el año, remarca el proyecto. El Gobierno autonómico explica que su presencia busca reforzar la respuesta aérea en una de las zonas con mayor riesgo y más complicada orografía del noreste de la provincia. Y de hecho recuerda que Picos de Europa fue escenario el verano pasado de un fuego que obligó a desplegar numerosos medios de extinción, causo daños que la propia Junta no ha cuantificado por vía oficial todavía, y puso de relieve las dificultades de acceso terrestre y la necesidad de reducir los tiempos de intervención en un entorno de alto valor ambiental.

Los incendios del pasado verano de 2025 arrasaron 130.000 hectáreas de monte, hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico, pueblos, explotaciones agrícolas y ganaderas, un Patrimonio de la Humanidad como Las Médulas, y se cobraron cuatro vidas en la provincia de León, pero también afectaron de manera notable al norte de Zamora. Su impacto ambiental y económico fue visible desde el primer momento. La parte menos evidente, la que no se ve en las imágenes aéreas ni en las hectáreas arrasadas, es la que ahora quiere estudiar un equipo de investigadores de la Universidad de León y del Hospital El Bierzo de Ponferrada: la huella que el fuego dejó en la salud mental de la población.

Ese es el objetivo de un proyecto de investigación que surgió de un especialista en Psiquiatría del hospital berciano y profesor asociado de la ULE, José María Pelayo, y ya está en marcha para analizar si los grandes incendios del pasado verano han derivado en síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño o estrés postraumático entre vecinos y profesionales que los vivieron de cerca. El estudio está impulsado por el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Bierzo y el Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León, y cuenta además con la colaboración de dos grupos CIBER del Instituto de Salud Carlos III, uno de Salud Mental y otro de Epidemiología y Salud Pública.

La investigación no se limita a quienes perdieron su casa o tuvieron que evacuar a prisa su pueblo. Quiere medir en qué grado afectó aquella experiencia a toda la población expuesta, de forma directa o indirecta, y también a quienes participaron en la extinción. El estudio plantea comparar síntomas según el grado de exposición a los incendios y tratar de identificar qué factores hacen a unas personas más vulnerables y a otras más resistentes, con la vista puesta en futuras estrategias de prevención y atención.

Vicente Martín Sánchez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULE, explica que la idea nace de una evidencia cada vez más clara en la literatura científica internacional: grandes catástrofes como los incendios forestales pueden dejar secuelas psicológicas duraderas. Ya se ha estudiado en países como Canadá, Estados Unidos, Australia o Sudáfrica. Ahora quieren saber qué ha ocurrido aquí, tras unos fuegos “de nueva generación” que en León llegaron a entrar en pueblos, arrasar viviendas y obligar a evacuar a miles de personas.

Los investigadores quieren medir algo muy concreto, la posible incidencia de estrés postraumático crónico, uno de los trastornos más asociados a situaciones extremas como las vividas en los meses de agosto y septiembre a consecuencia de los incendios forestales. También buscan saber si han aumentado otros problemas de salud mental y cómo influyen factores como la cercanía al fuego, las pérdidas sufridas, la situación social o el sentimiento de abandono que, según relatan los médicos de familia que trabajan sobre el terreno, aparece con frecuencia entre quienes vivieron aquellos días en primera persona.

Ese es uno de los puntos más delicados de la investigación. Porque el incendio no termina cuando se apagan las llamas. Quedan el miedo, la sensación de vulnerabilidad, la alerta constante ante una tormenta, un rayo o un nuevo verano seco después de un invierno lluvioso. Queda también la impresión de que algo cambió para siempre. Y eso, subraya Martín Sánchez, no afecta igual a todo el mundo: “Golpea con más fuerza a las personas más vulnerables, a quienes ya partían de una situación más precaria o a quienes tenían menos recursos para recomponerse”.

El estudio quiere precisamente medir esa parte invisible del desastre. Según la documentación que se entrega a quienes aceptan participar en la encuesta, los incendios de 2025 no solo supusieron un riesgo inmediato para la vida, el patrimonio o los medios de subsistencia, sino que pudieron desencadenar síntomas persistentes de miedo, inseguridad, ansiedad, depresión, insomnio o trastorno de estrés postraumático, con un impacto directo en la calidad de vida.

La investigación se llevará a cabo durante un año. Incluye una primera evaluación amplia y otras dos posteriores, más breves, para observar la evolución de los síntomas a medio plazo. Los cuestionarios que se utilizan no diagnostican por sí solos, pero permiten hacer un cribado para detectar personas con mayor riesgo y conocer la incidencia real de estos problemas en la población.

Los formularios recogen información sociodemográfica, nivel de exposición a los incendios y cuestionarios estandarizados sobre estrés postraumático, ansiedad, depresión, calidad del sueño, discapacidad o autoeficacia. El objetivo es obtener una fotografía lo más completa posible de lo ocurrido y de sus efectos meses después.

A diferencia de otros estudios cerrados a un perfil muy concreto, aquí la puerta está abierta a un abanico amplio de personas. Pueden participar residentes de la provincia de León y del norte de Zamora que se vieron afectados directa o indirectamente, así como profesionales implicados en la extinción, como bomberos forestales o efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En la hoja informativa del estudio se deja claro además que también es relevante participar aunque no se resida en uno de los municipios más golpeados por el fuego, precisamente para poder comparar niveles distintos de exposición.

Ese punto es importante para entender el alcance del proyecto. En un primer momento se planteó que la investigación se centrase en El Bierzo, Laciana y Cabrera, las comarcas más afectadas por las llamas en la provinciade León, pero el equipo decidió ampliarla a toda la provincia y al norte zamorano con la idea de no dejar fuera otras zonas que también sufrieron de forma muy directa los incendios forestales este pasado verano, y poder construir una imagen más fiel del impacto global.

El propio equipo reconoce que no es fácil medir el impacto. Por un lado, porque la salud mental sigue siendo un tema rodeado de silencios, estigmas y muchas zonas grises. Por otro, porque existe el riesgo de confundir reacciones humanas normales tras una catástrofe con cuadros que requieren atención específica. De ahí la importancia de estudiar con método, con cuestionarios validados y con seguimiento en el tiempo.

Martín Sánchez insiste en que no se busca “medicalizar” cualquier tristeza o cualquier miedo. Lo que se quiere saber es cuándo una vivencia traumática deja de ser una reacción comprensible y pasa a convertirse en un problema que necesita atención. Y, sobre todo, cuántas personas están en esa situación y qué recursos harían falta para atenderlas. En términos de salud pública, resume, “ahora solo se ve la punta del iceberg”.

La investigación tiene además una clara vocación práctica. No persigue solo publicar resultados científicos, sino ayudar a comprender qué necesidades existen ya en las comarcas afectadas y qué medidas deberían activarse en futuras emergencias. La hoja informativa que se facilita a los participantes subraya que conocer qué factores aumentan o reducen el riesgo puede servir para diseñar mejores estrategias de abordaje y prevención.

También busca dar una respuesta desde la universidad a un problema real del territorio. En eso insiste el catedrático leonés: “La Universidad de León tiene un compromiso con la sociedad a la que pertenece y no puede mirar hacia otro lado cuando lo ocurrido afecta de forma tan intensa a la población de la provincia y del entorno”.

Para que el estudio tenga solidez, los investigadores esperan reunir al menos varios cientos de cuestionarios. La cifra orientativa que manejan ronda las 500 o 600 encuestas. Cuanta más gente participe, más completa será la imagen de lo ocurrido y más útiles podrán ser las conclusiones, previstas para final de año.

La participación es voluntaria, la encuesta es anónima y los datos serán tratados con absoluta confidencialidad, con anonimización de la información personal y sin difusión de datos identificativos en posibles publicaciones científicas.

El cuestionario puede completarse online y también existe la posibilidad de hacerlo en papel, solicitándolo en los centros de Atención Primaria a los médicos de familia. Según explican los responsables del estudio, responder lleva alrededor de media hora, porque incluye una recogida amplia de información.

En la práctica, el mensaje del equipo investigador es sencillo: no hace falta sentirse mal para participar. De hecho, interesa tanto la respuesta de quienes creen haber quedado marcados por aquellos incendios como la de quienes piensan que no. Solo así podrán compararse situaciones y entender mejor qué huella dejó el fuego y en quién la dejó con más intensidad.

Porque eso es precisamente lo que está en juego en esta investigación: poner cifras, contexto y conocimiento a una herida que muchas veces no se ve, pero sigue ahí. La de un verano en el que el fuego llegó demasiado lejos y cuyo impacto, meses después, puede seguir vivo en la cabeza de mucha gente.

Cómo participar en el estudio

Pueden participar personas residentes en la provincia de León o en el norte de Zamora que se vieran afectadas directa o indirectamente por el fuego, así como profesionales implicados en las labores de extinción. La encuesta puede completarse online en el formulario habilitado por el equipo investigador y también existe la opción de solicitarla en papel a través de los profesionales médicos de los centros de salud. Se puede contactar a través del correo bierzoonfire@saludcastillayleon.onmicrosoft.com o en los teléfonos 987 44 20 56 y 987 44 15 11, marcando la extensión 44111.

Este medio solicitó información sobre el proyecto al servicio de Comunicación del Hospital El Bierzo, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que declinó ofrecer detalles antes de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. Más de un mes después de los comicios, no ha facilitado tampoco información sobre una investigación llamada a medir una de las huellas más invisibles, y menos atendidas, de los incendios de 2025.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha diseñado su hoja de ruta frente a los incendios forestales para adelantarse al fuego tras la experiencia de los graves episodios del pasado verano. El nuevo Plan municipal de Prevención y Extinción apuesta por reforzar la prevención, aumentar los controles sobre fincas privadas y mejorar tanto los medios materiales como la coordinación de servicios.

El documento, que se debatirá y votará en el pleno como Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencia, recoge un conjunto de medidas que afectan a distintas áreas municipales y que buscan reducir el riesgo en los meses más críticos del año, especialmente durante el verano.

Uno de los ejes principales será la puesta en marcha de una nueva ordenanza municipal que obligará a mantener limpias parcelas y solares en todo el término municipal. El borrador se redactará entre abril y mayo, mientras que el Ayuntamiento ya ha emitido un bando recordando esta obligación legal a los propietarios. Además, la Policía Municipal realizará inspecciones específicas para detectar posibles focos de riesgo.

En paralelo, el plan incluye un calendario de actuaciones directas sobre el terreno. Entre junio y octubre se ejecutarán desbroces de caminos en localidades como San Cristóbal de Valdueza, Valdefrancos, Bouzas o San Lorenzo, con maquinaria especializada del Servicio de Ingeniería y Medio Rural. A estas tareas se sumará el Plan Montel, centrado en la limpieza de la interfaz urbano-forestal y el mantenimiento de pistas forestales hasta comienzos de 2027.

También intervendrá el Servicio de Parques y Jardines, que actuará de forma progresiva en barrios y pedanías, desde Santo Tomás de las Ollas hasta Villar de los Barrios, con trabajos de limpieza y acondicionamiento de zonas verdes.

El refuerzo de medios es otro de los pilares del plan. El Ayuntamiento destinará inversión a la compra de material de protección contra incendios, como mangueras, lanzas, mochilas extintoras o batefuegos, que serán distribuidos entre las entidades locales menores. Esta dotación se completará con charlas formativas y acciones de sensibilización dirigidas a la población los meses previos al verano.

En el ámbito de las infraestructuras, el plan contempla mejoras en puntos clave como las estaciones de tratamiento de agua potable de San Clemente y Santa Lucía, así como la elaboración de un inventario actualizado de bocas de riego para facilitar la intervención de los bomberos en caso de emergencia.

La vigilancia se intensificará en zonas especialmente sensibles, como los montes de El Pajariel y Castro o el entorno del Camino de Santiago, con el objetivo de proteger de forma continua los espacios naturales más emblemáticos del municipio.

Desde el Ayuntamiento insisten en que la experiencia de los incendios de sexta generación del pasado verano ha marcado el diseño de este plan, para actuar antes de que se produzcan los fuegos y no solo cuando ya están ardiendo.

Tres especies únicas de lagartijas en Castilla y León están al borde de desaparecer como consecuencia de los “megaincendios” que han arrasado sus hábitats en los últimos años. Un estudio de investigadores de las universidades de Salamanca y A Coruña advierte de que los grandes fuegos registrados entre 2021 y 2025 han destruido o dañado gravemente los espacios en los que viven, poniendo en riesgo su supervivencia.

Las especies afectadas son la lagartija leonesa (Iberolacerta galani), la lagartija batueca (Iberolacerta martinezricai) y la lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni), tres reptiles con una distribución muy limitada y adaptados a ecosistemas de alta montaña especialmente frágiles. Su hábitat se localiza en zonas como la Sierra de Francia, Gredos, la Sierra de Béjar o los Montes Galaico-Leoneses.

El impacto de los incendios ha sido especialmente intenso en los últimos años. Solo en el verano de 2025, los denominados megaincendios, de más de 1.000 hectáreas, arrasaron más de 55.000 hectáreas en áreas clave para la lagartija leonesa, afectando de forma simultánea a buena parte de sus poblaciones, como ya apuntamos en ILEÓN en un artículo publicado el pasado mes de febrero.

Pero más allá de la magnitud, el problema es la repetición. En algunos territorios se han registrado hasta diez incendios en poco más de dos décadas, una frecuencia que impide la recuperación natural de la vegetación y del suelo. Estas lagartijas dependen de microhábitats muy concretos, con roquedos, matorral y refugios que desaparecen tras el fuego y tardan años en regenerarse.

La situación es especialmente crítica para la lagartija batueca, que solo vive en la Sierra de Francia, donde un incendio en 2022 arrasó cerca de una cuarta parte de su hábitat óptimo. También para una población aislada de lagartija carpetana en Ávila, que perdió el 100% de su territorio en un único incendio en 2021.

El estudio subraya que la alta montaña mediterránea se recupera mucho más lentamente que otros ecosistemas, por lo que la repetición de incendios en periodos cortos hace prácticamente inviable la recuperación. Además, el fuego no solo provoca mortalidad directa, sino que transforma el paisaje, reduce la disponibilidad de alimento y favorece la expansión de especies más generalistas.

Paradójicamente, todas las zonas afectadas forman parte de la red Natura 2000 y están catalogadas como hábitats de interés comunitario. Por ello, el informe reclama una respuesta urgente de las administraciones, con planes de conservación específicos, una mejora de la prevención en alta montaña y la protección de las áreas no quemadas que puedan servir de base para la recuperación.

Los autores advierten de que, si no se cambia el modelo de gestión del fuego y no se refuerza la protección de estos ecosistemas, estas tres especies, y con ellas una parte única de la biodiversidad de Castilla y León, podrían desaparecer en pocas décadas.

El último incendio forestal declarado en la comarca de El Bierzo, entre Berlanga y Vega de Espinareda, ha reavivado las críticas sobre la gestión de los fuegos en Castilla y León. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la “incapacidad” de la Consejería de Medio Ambiente y del operativo de Medio Natural para hacer frente a los primeros incendios del año, señalando directamente la falta de previsión, coordinación y medios en el dispositivo.

El sindicato ha señalado que en un incendio de 80 hectáreas para el que solo estaba disponible una motobomba de las 8 que existen en las zonas cercanas, sin técnico en el incendio en el momento que se originó. En las actuaciones de este viernes los efectivos del Estado superan a los del operativo autonómico.

Según el sindicato, lo ocurrido no es un episodio aislado, sino el reflejo de un problema estructural que se repite cada temporada. En este sentido, advierten de que el operativo contra incendios sigue sin estar plenamente desplegado en una época en la que las condiciones meteorológicas ya son propicias para la propagación del fuego.

Con situaciones parecidas se dan en otras provincias, como la de Zamora, que también está sufriendo un incendio importante estos días de 130 hectáreas, y sigue sin activarse todo el operativo. Y, en algunas comarcas de máximo riesgo tienen operativa una motobomba de las cuatro existentes, solo tres agentes de guardia en la provincia y un solo técnico diario, ha denunciado.

CCOO critica especialmente que, pese a los antecedentes de años anteriores, la Junta no haya reforzado los recursos humanos y materiales con antelación suficiente. A su juicio, el incendio evidencia que la campaña de alto riesgo llega “tarde” y con un dispositivo que califican de “claramente insuficiente”.

El sindicato también pone el foco en la situación de las brigadas forestales, denunciando precariedad laboral y falta de estabilidad en las contrataciones, lo que, aseguran, repercute directamente en la eficacia de la respuesta ante emergencias como la registrada en El Bierzo.

Además, subrayan que la gestión de los incendios no puede limitarse a la extinción, sino que debe centrarse en la prevención durante todo el año, con políticas activas en el medio rural que reduzcan la carga combustible y mantengan el territorio en condiciones adecuadas.

Por ello insisten en volver a poner sobre la mesa la necesidad de un cambio de modelo en la gestión forestal en Castilla y León, con más inversión, planificación continua y un enfoque integral que combine prevención, vigilancia y respuesta rápida. Denuncia “La incapacidad del Consejero y del Director General de Medio Natural, ya que son el principal peligro para nuestros montes”, y también para la salud e incluso la vida de los compañeros y compañeras que “se deben enfrentar a las consecuencias de la incapacidad de estos irresponsables”.

El peor incendio activo de esta semana en Castilla y León, que llegó a preocupar al operativo que dirige la Junta de Castilla y León, se ha dado este sábado por finalmente extinguido tras tres dos días ardiendo. Se trataba del siniestro forestal en las proximidades de la localidad de Berlanga del Bierzo, en el municipio de Vega de Espinareda.

En la información actualizada ofrecida por la Consejería de Medio Ambiente se cifra por primera vez la superficie que ha resultado calcinada, un total de 35 hectáreas, la totalidad de ellas de superficie forestal, ya que el incendio tuvo lugar en un bosque situado a medio camino entre Berlanga y la cabecera del municipio, Vega de Espinareda.

Durante los dos primeros días, y hasta el control de las llamas en la tarde del viernes, fue grande la preocupación vivida, que se cuantificó en la incorporación de hasta seis medios aéreos diferentes, y de cada vez mayor capacidad, una mayoría de ellos del Gobierno. La Junta incorporó el llamado 'Hotel' de coordinación autonómico y otro helicóptero bombardero.

El resto de los medios correspondieron a diferentes áreas del Gobierno de España: hidroaviones anfibios de gran capacidad, con depósitos de hasta 5.500 litros, así como aviones anfibios medios de 3.100 litros dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). A estos se suman aviones de carga en tierra con capacidad de 3.100 litros y un avión de coordinación del propio ministerio. También el Ministerio de Defensa anuncia la incorporación de la aeronave del Grupo 43 del Ejército del Aire en las labores de extinción del incendio forestal de Berlanga.

En total llegaron a intervenir sobre las llamas de Berlanga hasta 27 medios, según la cifra de fuentes oficiales, las cuales sin embargo todavía no han conseguido determinar cuál puso ser el origen probable de las llamas.

Un nuevo incendio forestal declarado en el municipio berciano de Vega de Espinareda, en la provincia de León, mantiene en alerta a los servicios de extinción tras iniciarse a las 14.25 horas de este jueves, con una virulencia y evolución que preocupa a los responsables del amplio operativo desplegado.

El fuego se encuentra actualmente activo y en fase de investigación en cuanto a sus causas, mientras un amplio despliegue trabaja sobre el terreno con un total de 19 medios, entre ellos seis medios aéreos. En concreto, participan helicópteros bombarderos Mike tipo 2, con capacidad de entre 1.000 y 3.000 litros, y aviones anfibios tipo 2, con capacidad de hasta 3.500 litros, enviados como apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) junto a otros dependientes de la Consejería de Medio Ambiente.

Los primeros han dado a conocer su participación detalladamente en redes sociales, al contrario que la Junta. Sin embargo, el perfil de ATBrif en la red social X aclara un detalle relevante: que sus helicópteros sí están trabajando para tratar de sofocar las llamas pero sin el acompañamiento de sus correspondientes brigadas helitransportadas (Brif).

Según los datos de la Consejería, sobre el terreno trabajan cinco brigadas terrestres con apoyo de dos motobombas y un bulldozer, así como tres agentes medioambientales o celadores.

Las labores se centran en la perimetración del incendio, sin que todavía se haya podido cuantificar el número total de hectáreas dañadas. La evolución del fuego genera preocupación debido a su localización, en una zona de monte situada casi a medio camino entre Berlanga del Bierzo y Vega de Espinareda.

En el resto de la Región Leonesa, preocupa también otro incendio activos en Zamora, igualmente con amplio apoyo aéreo en la zona de Lubián, con la presencia de helicópteros bombarderos tipo 2 y aviones anfibios tipo 2. Este siniestro ha sido elevado por la Junta de Castilla y León nivel 1 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. La conocida expresión del refranero que resume un drástico cambio de postura se puede aplicar al Gobierno del Partido Popular (PP) de la Junta de Castilla y León. Y es que ahora justifica con mentiras el incumplimiento flagrante de su propia promesa de reconvertir en “cien por cien público” el operativo antiincendios forestales de la Comunidad tras los históricos incendios del pasado verano.

Carlos Fernández Carriedo, el consejero portavoz del Ejecutivo que preside ahora en funciones Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de justificar hoy el hecho de que, pese al reiterado compromiso público de ir reconvirtiendo en público todo operativo conforme expiren los actuales contratos a empresas privadas, a día de hoy se sigan subcontratando a entidades privadas cuadrillas y su maquinaria básica como autobombas. Así lo ha demostrado en exclusiva ILEÓN en referencia a dos recientes procedimientos de licitación, uno de 4,4 millones y otro de 2,5 millones, adjudicados además a pocos días de las elecciones autonómicas. En tocal, casi 7 millones por preci de licitación.

En ambos casos, el objeto del contrato es para unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, en el primero de los casos, “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por cuatro Unidades de Brigadas y Autobombas (UBA) de lucha contra incendios forestales integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”, en el segundo. No cabe ninguna duda que se trata de personal del operativo.

Preguntado por este aparente incumplimiento, Carriedo en primer término tiró balones fuera refiriéndose no a personal de brigadas sino a “algún medio específico que tiene este carácter no público, como pueda ser especialmente los medios aéreos”. “Los helicópteros o aviones en materia de extinción de incendios y el equipo que los pilota no son medios propiedad de la Junta de Castilla y León”, quiso zanjar.

Sin embargo, repreguntado por los periodistas al término del Consejo de Gobierno, y detallado que ambos contratos incumplen la promesa de pasar al sector público, por ejemplo a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl, el portavoz ya se escudó en que no convenía “entrar al detalle de un contrato específico”. “Lo que tenga que ver con cuadrillas de personal, ese personal tiene que ser de carácter público”, insistió en la promesa del PP en la Junta, pero de nuevo para matizar, sin ser el caso de sendas licitaciones, que “lo que pueda ser algún tipo de maquinaria que se pueda contratar, se pueda alquilar o pueda tener alguna prestación temporal en el tiempo, pues pudiera ser oportuno” que “por razones del funcionamiento, el conductor de esa maquinaria también lo aporte la empresa que ofrece esa maquinaria”.

Palabra de Carriedo

Cabe recordar que en la presentación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, luego fallidos, fue el propio Fernández Carriedo quien insistió en el compromiso del Gobierno autonómico de Mañueco de “pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, e incluso lo cifró ya en un 33% del operativo en este año 2026. Y a pesar de que los nuevos y millonario contratos no cumplen ese criterio, en la rueda de prensa de hoy mismo el consejero seguía remarcando que “nuestro compromiso es que el operativo sea público y especialmente lo que tiene que ver con las cuadrillas, a medida que lógicamente van finalizando los contratos”.

En Castilla y León, parte del operativo es contratado directamente por la propia Junta de Castilla y León, a través sobre todo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Tal es el caso de puestos como mangueristas o personal de torretas de vigilancia. El resto del personal se venía contratando mediante empresas privadas a las que se les subcontrata las cuadrillas de tierra o personal a bordo de helicópteros. Es este amplio listado el que el Gobierno autonómico del PP comprometió reconvertir en “cien por cien público”, lo cual a las primeras de cambio ya se ve que no se está cumpliendo.

Este martes 14 de abril la Diputación de León ha activado el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin.

La institución provincial, gobernada en coalición por PSOE y UPL, ha publicado en el portal de Contratación la licitación por 1.983.600 euros de un procedimiento con plazos reducidos, por lo que ha convocado el anuncio previo del contrato, dividido en cinco lotes. El contrato no supone ni un solo euro de aumento de la ayuda que pone la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa fue una de las 'soluciones' ideadas por el Gobierno autonómico del PP tras la grave oleada de incendios forestales que asolaron la provincia de León y otras zonas de la comunidad el verano pasado que arrasó más de 140.000 hectáreas solo en los grandes incendios. A mediados de septiembre las Diputaciones provinciales y el Gobierno autonómico pactaron priorizar “anillos de seguridad” alrededor de los pueblos tras verse obligados a desalojos de decenas de poblaciones y más de 10.000 personas por el fuego.

La Junta comprometió financiar al 50% el diseño de 'anillos de seguridad' en 114 municipios de la provincia de León alrededor de sus poblaciones por estar en zonas con alto riesgo de incendios, prometiendo además fondos para comprar maquinaria para su creación y mantenimiento. El pasado mes de marzo se aprobaron las ayudas a los municipios para elaborar los planes de emergencia que recojan esos anillos, obligatorios desde 2013 aunque casi nadie tenía uno particular y tiraban de normas generales.

El siguiente paso era tener maquinaria adecuada para ejecutar el desbroce de los anillos. El 13 de noviembre del año pasado el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó la dotación monetaria para las provincias, siendo León la más beneficiada con casi 2 millones de euros, que se gestionarán a través de la Diputación de León.

El contrato que ha publicado la Diputación leonesa se divide en cinco lotes de maquinaria para comprar 3 bulldozer, una excavadora de rueda, una motoniveladora, una pala de cadenas y un tractor con desbrozadora.

La entrega de la maquinaria se deberá realizar, en el parque móvil de la Diputación, entre “el día siguiente a la formalización del contrato hasta el día 30 de noviembre de 2026”. En caso de que los plazos se apuren la maquinaría no llegaría a tiempo para su uso en la temporada alta de incendios de este próximo verano.

En otras provincias como Zamora la creación de los anillos de seguridad ha recaído en la empresa pública de la Junta de Castilla y León Somacyl, que ha dotado un plan con 3 millones de euros junto a la Diputación zamorana para diseñar y ejecutar los anillos de seguridad en 181 municipios y medio centenar de pedanías de la provincia vecina.

Prevenir los incendios identificando sus causas, conocer los medios que utilizan los profesionales de la extinción para combatirlos y saber reconocer los efectos que, una vez apagados, son visibles en suelos y ecosistemas. Estos son los ejes de los tres talleres de la campaña #plantémonos que, desde este lunes y hasta mañana martes, se desarrollan en el Campus de Ponferrada con la asistencia de más de 130 escolares de la comarca de El Bierzo.

La iniciativa de sensibilización educativa puesta en marcha en 2017 y coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos celebra su novena edición con el logro de haber llegado ya a más de 1.500 escolares de primaria, 5.000 en total si se suma a los de secundaria. Y en esta ocasión, tras los virulentos incendios del pasado verano, el interés de los centros educativos y de los propios estudiantes se ha incrementado. “Hemos tenido más demanda que nunca”, ha señalado Taboada.

El objetivo, no obstante, no varía: concienciar sobre una problemática local a través del conocimiento. “La idea es que los estudiantes conozcan por qué es importante prevenir los incendios, cómo la gestión forestal nos puede ayudar y que vean también de primera mano cuáles son los efectos de los incendios y el efecto que causan sobre el suelo”, ha explicado la investigadora.

Durante dos jornadas, estudiantes de primaria de los colegios Espíritu Santo, CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) Valentín García Yebra, CEIP Campo de los Judíos y CEIP Santa Bárbara participan en actividades prácticas impartidas por la EPRIF (Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales) y el Aula del Fuego, la UME (Unidad Militar de Emergencias) y docentes e investigadores de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del Campus de Ponferrada.

“A los niños les sorprende que no sean los pirómanos los que causan los incendios”, ha señalado el coordinador de la Brigada de Tabuyo del Monte, Roberto López, quien añadió: “Los incendios son provocados por accidentes o de forma intencionada por la gente que vive en esos entornos”.

De manera lúdica y mediante juegos, los alumnos han aprendido las diferencias entre un monte con una gestión sostenible y un monte sin gestionar, han identificado los diferentes tipos de trabajos forestales y han descubierto cómo se extingue un incendio y qué efectos deja a su paso.

El mensaje que deben trasladar los talleres, según explica Álvarez Taboada, está claro: “No todos los incendios son evitables, pero debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlos”.

La Junta de Castilla y León mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos, pese a la promesa del Ejecutivo de ir incorporando al sector público, mediante empresas públicas como Tragsa o Somacyl, a todo el operativo según vencieran los contratos. Tres días antes de las elecciones adjudicó un contrato para cinco brigadas por 4,4 millones de euros y ha licitado otro por 2,5 millones para trabajados en este 2026 y el próximo 2027.

La promesa del presidente en funciones del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, fue que el operativo sería 'público', entendido como que dependería de empresas controladas por el estado como Tragsa, que es como lo gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. Es una vieja demanda de los sindicatos y asociaciones de trabajadores del operativo, que llevan años reivindicando una mejora de sus condiciones laborales, y en particular, dejar de depender de las empresas privadas.

En la presentación del proyecto de prespupuestos 2026, que finalmente no se aprobaron, Mañueco desgranó un aumento del 30% del presupuesto antiincendios después del peor verano de la historia en Castilla y León, recalcando y prometiendo cuestiones como el reconocimiento de la categoría de bombero forestales, un operativo todo el año, “mejores condiciones retributivas y laborales” y “y pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, que cifró ya en un 33% del operativo en este 2026.

A preguntas de la prensa el consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, matizó esto último señalando ue el pase al sector público sería a medida “que vayan venciendo sus contratos se incorporarían con este modelo que ha descrito el Presidente, (...) a medida que acabe su vencimiento los nuevos contratos ya serán dentro del sector público”. Pero la consejería de Medio Ambiente, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lanzado contratos con el sector privado el pasado otoño y otro en pleno proceso electoral autonómico, contradiciendo las palabras del Presidente de la Junta.

El primer nuevo contrato fue licitado en noviembre, consistente en cinco unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, con un presupuesto base de más de 4,4 millones de euros. El proyecto, financiado parcialmente por fondos FEDER, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y prioriza tanto la adecuación del entorno natural para evitar fuegos como la intervención inmediata en emergencias. La adjudicación del contrato tuvo lugar tres días antes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo a una UTE de cuatro empresas: Matinsa, Foresa, Demontes e Infosa, todas al 25%. El importe de adjucación solo es 1,1 euros más bajo que el de licitación, impuestos incluídos.

El segundo contrato nuevo a empresas privadas lo ha licitado Somacyl, la sociedad pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y que no suele hacer este tipo de contratos y solo los de maquinaria pesasa. El 18 de marzo, tres días después de las elecciones, lanzó una licitación, todavía abierta, por un máximo de 2.525.310,27 euros (con impuestos) para contratar “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por 4 Unidades de Brigadas y Autobombas de lucha contra incendios forestales (UBA) integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”. Se destinarán a las provincias de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. La licitación está abierta hasta el 17 de abril.

Base de Ávila, sí a Tragsa

El caso más llamativo de los nuevos contratos del Gobierno de Castilla y León ha ocurrido en la provincia de Ávila. Inicialmente sacaron a licitación en pleno verano pasado, 14 de julio, un contrato de “Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de Las Casillas (Segovia)” con un presupuesto base de 1.932.423,7 euros (más impuestos). Despues del terrible verano, también en Ávila con grandes incendios en el valle del Tiétar, en noviembre se abren las ofertas pero en un informe del 17 de diciembre de 2025, el Jefe del Servicio de Incendios Forestales emite pide el desistimiento del contrato. Alega que el contrato no contempla la categoría de bombero forestal que obliga la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Y como no hay dotación económica para esa categoría pues pide que se anule, tal y como se hizo.

Y entonces la consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha formalizado el pasado 25 de marzo un nuevo contrato para la base de Casillas, pero mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, por importe de 2.288.363,83 euros. Es decir, pasa al sector público a quienes hasta entonces prestaban los servicios de la base segoviana, cumpliendo así la promera electoral de Mañueco.

Los pliegos de los dos contratos a empresas privadas que la Junta de Castilla y León ha licitado, uno de ellos ya adjudicado, y ya se han explicado en este artículo no contemplan en ningún caso la categoría de 'bombero forestal' a la que obliga la Ley y les deja como meroes 'peones'. La consejería de Medio Ambiente ha sido cuestionada sobre si estos contratos contravienen el compromiso de operativo público sin recibir respuesta en el momento de publicación de esta información.

El PSOE anunció que su primera iniciativa de la nueva legislatura, este mismo mes de abril, será presentar una ley de incendios ante la “inacción” de la Junta de Castilla y León. El Gobierno del PP aprobó el pasado otoño dos decretos para mejorar el operativo y la prevención pero decayeron ante la falta de apoyo de la oposición. Pese a eso los contratos relativos a incendios han aumentado de forma considerable, financiando nuevos elementos como más helicópteros o bulldozers para la protección de los municipios. A finales del año pasado la Junta pasó a todo el año a más de 800 personas del operativo que hasta ahora eran fijos-discontinuos. La última acción ha sido presentar 12 nuevos camiones autobombas de 4.000 litros que se incorporan al operativo tras una inversión de 7,23 millones de euros, financiada con Fondos FEDER.

Cinco años de retraso y mientras, los incendios vuelven a copar la actualidad de la masa forestal de la provincia de León en cuanto ha llegado el calor. Esto es lo que denuncia la formación política de Izquierda Unida respecto a la prometida base de helicópteros de Oterico, en Riello, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022 sin que todavía hayan llegado a su fin, estando más o menos como el año pasado los trabajos.

Una paralización en una infraestructura que ya comenzó con retraso manifiesto, y que la Consejería de Medio Ambiente prometió que estaría lista en 2022 como una de las más necesarias para luchar contra el fuego; pero que al estar a medio terminar y fuera de plazo no sirvió ni para luchar contra los incendios del verano de 2025 ni para los que se han producido en la entrada de esta primavera de 2026.

Por todo ello Izquierda Unida ha denunciado este jueves que, más de cinco años después de los primeros anuncios de la Junta de Castilla y León, la Base de Helicópteros de lucha contra incendios forestales de Oterico continúa sin estar operativa y sin una fecha clara de entrada en funcionamiento.

La formación considera que se trata de una infraestructura clave que, sobre el papel, debía reforzar de forma decisiva la capacidad de respuesta ante incendios en la provincia, pero que sigue sin materializarse tras acumular retrasos, modificaciones y ampliaciones de plazo.

IU enmarca esta situación en un contexto “especialmente grave”, ya que León ha registrado más de 80 incendios en lo que va de año sin haber comenzado aún la campaña de alto riesgo de verano.

La provincia cuenta, además, con uno de los patrimonios naturales más destacados del país, al albergar siete Reservas de la Biosfera: Valles de Omaña y Luna, Babia, Alto Bernesga, Los Argüellos, Valle de Laciana, Ancares Leoneses y Picos de Europa. Según la formación, esta concentración refuerza la necesidad de contar con medios eficaces para la prevención y extinción de incendios en un territorio que ya ha sufrido diversos episodios en los últimos años. El más reciente, extinguido hace pocas horas, ha afectado a la Reserva de Alto Bernesga en el que se quemaron más de 151 hectáreas, siendo el más grande de este año 2026.

En este sentido, IU subraya que la ubicación de la base de Oterico permitiría reducir de forma significativa los tiempos de intervención aérea, con vuelos de apenas minutos hasta zonas críticas, lo que resulta determinante para evitar la propagación del fuego en sus fases iniciales y su posible afección a núcleos de población.

El coordinador comarcal de IU León, Rubén Estévez, ha defendido que la lucha contra incendios “exige un operativo plenamente público, con medios materiales adecuados, formación suficiente y una coordinación eficaz entre recursos terrestres y aéreos”. A su juicio, la externalización y la precarización de los servicios “debilitan la capacidad de respuesta y ponen en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de las personas”.

Desde la formación critican que la gestión de la Junta refleja una “falta de planificación y de compromiso real” con el medio rural leonés. “Cada retraso en la puesta en marcha de esta base no es solo un incumplimiento administrativo, sino un riesgo añadido en un contexto en el que los incendios son cada vez más frecuentes”, advierten.

Izquierda Unida concluye que León “no puede permitirse seguir esperando” la entrada en funcionamiento de una infraestructura que consideran esencial mientras el riesgo de incendios continúa en aumento.

No ha habido juicio en su contra pero sí sufrirá prisión. El autor confeso de un incendio forestal en montes del municipio de Borrenes, en la comarca de El Bierzo, en plena oleada de incendios a finales del pasado verano de 2025 ha reconocido hoy los hechos justo antes de la vista que estaba convocada en la Audiencia de modo que la misma no se ha celebrado tras alcanzarse un acuerdo previo in extremis.

Con esta decisión, el detenido entonces y acusado acepta una pena de prisión de tres años, algo menos que los cuatro años y cinco meses que le solicitaba el Ministerio Fiscal por su responsabilidad en el origen de un siniestro que se produjo en torno a las 17.56 horas del 13 de septiembre de 2025 y que , según los atestados, puso en peligro incluso zonas habitadas próximas al foco del fuego. Por eso, el Fiscal de partida solicitaba para él una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel por un delito de incendio forestal.

El pirómano, un hombre de nacionalidad española y de 47 años, con antecedentes penales ya cancelados, prendió hasta cuatro focos distintos con un mechero en las proximidades de la localidad de San Juan de Paluezas, en un día de alto riesgo de incendios forestales. Finalmente resultaron calcinadas casi tres hectáreas, en su mayoría de montes.

El condenado permanece en prisión desde el momento de su detención, según ha publicado hoy Radio León. En la negociación previa, el Fiscal ha tenido en cuenta como atenuante que había consumido drogas. Además de los tres años de cárcel, algunos de los cuales ya se dan por cumplidos en este tiempo, el hombre tendrá que pagar a la Junta de Castilla y León los casi 8.800 euros en los que se estimaron oficialmente los gastos de extinción, así como 805 euros a los propietarios de los montes por los daños causados.

El alcalde del Ayuntamiento de Villablino, Mario Rivas, ha emitido un bando en el que recuerda a los propietarios de fincas, solares y parcelas del municipio su obligación de mantener estos espacios en condiciones adecuadas de limpieza y salubridad ante la llegada del verano y el aumento del riesgo de incendios.

Un anuncio que se repite cada primavera como recordatorio a los propietarios de fincas y parcelas en los cascos urbanos de todas las localidades del municipio, de sus obligaciones de adecentamiento de sus propiedades.

Rivas incide en la necesidad de extremar las precauciones tras los incendios registrados el año anterior y apela a la responsabilidad ciudadana para proteger el entorno natural del valle.

El Ayuntamiento pide la retirada de maleza, pastos secos, residuos y materiales inflamables, así como el desbroce de vegetación y la eliminación de vertidos no autorizados. Estas tareas deberán completarse antes del 8 de junio, conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su reglamento.

En la parte final, el bando advierte de que el incumplimiento podrá derivar en sanciones y en la ejecución subsidiaria de los trabajos por parte del Ayuntamiento, con cargo al propietario.

El Gobierno de España ejecuta ya por valor de casi 10 millones de euros su prometido plan de restauración hidrológico-forestal tras los incendios registrados en 2025 en la provincia de León, en concreto con una inversión global de 9.763.943,16 euros. Estas actuaciones, distribuidas en 14 intervenciones sobre ocho grandes incendios y que afectan a 24 localidades, buscan estabilizar el terreno, recuperar la cubierta vegetal y reforzar la resiliencia del medio natural frente a futuros episodios.

Los trabajos, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021–2027, se desarrollan en colaboración con la Junta de Castilla y León al intervenir sobre montes comunales que son de titularidad autonómica. Las medidas incluyen el control de la erosión, la restauración de cauces y riberas, la retirada y tratamiento de biomasa quemada, la prevención de plagas forestales y la reparación de infraestructuras forestales y rurales.

Estas intervenciones resultan especialmente relevantes en zonas de pendiente, donde el riesgo de pérdida de suelo es mayor tras los incendios. Con ellas se pretende no solo reparar los daños ocasionados, sino también evitar consecuencias posteriores como inundaciones o la pérdida de fertilidad del suelo, favoreciendo así la regeneración natural de los ecosistemas afectados.

El plan se despliega en distintos puntos de la provincia, entre ellos las áreas dañadas por los incendios de Fasgar-Igüeña, La Uña, Porto-La Baña, Anllares y Gestoso, Barniedo, Canalejas, Molezuelas-Castrocalbón y Yeres-Llamas de Cabrera, muchas de ellas enclavadas en espacios de alto valor ecológico.

Dentro de este conjunto de actuaciones, la restauración en la zona de Fasgar-Igüeña cuenta con una inversión específica de 500.073,37 euros. Los trabajos, que se desarrollan en los términos municipales de Murias de Paredes e Igüeña, se centran en el control de la erosión, la recuperación de la cubierta vegetal y la mejora del drenaje y de las infraestructuras forestales.

Como curiosidad, según la cifra oficial del Ministerio este incendio afectó a 6.973 hectáreas, incluidas áreas de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, así como hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, criticada por la gestión de los medios aquel verano, así como después por ocultar o minimizar los datos, cuantificó sólo 5.014 hectáreas.

En el marco de estas actuaciones, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, visitó este miércoles la zona junto a técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y representantes municipales, en una jornada de seguimiento de los trabajos en marcha, y donde hizo el recuento de las investiones acumuladas hasta ahora.

La Junta de Castilla y León ha remitido a la Unesco el informe sobre el estado de conservación de Las Médulas tras el incendio del verano de 2025, en el que sostiene que los daños sufridos en este espacio Patrimonio de la Humanidad son “puntuales y reversibles”, pese a la magnitud del fuego que afectó a una gran parte del paraje.

El documento, elaborado por un grupo de expertos y ya trasladado al Ministerio de Cultura para su envío al organismo internacional, concluye que los elementos clave que sustentan el valor universal excepcional del enclave —el paisaje minero romano, sus estructuras arqueológicas y su integridad— se mantienen “en términos generales preservados”. Sin embargo, reconoce también que la pérdida de cobertura vegetal ha dejado expuestos numerosos frentes mineros, canales y restos arqueológicos, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a la erosión y el arrastre de sedimentos.

Estas conclusiones contrastan con los datos conocidos tras el incendio, que llegó a afectar en torno al 70% de la superficie del paraje, con una afección severa en zonas significativas, según los estudios previos del CSIC. Aun así, el nuevo informe insiste en que los daños directos sobre los elementos romanos han sido limitados, aunque advierte de riesgos a medio y largo plazo derivados del deterioro del suelo, la inestabilidad de taludes y posibles alteraciones en el sistema hídrico.

Entre las medidas planteadas, el documento recoge actuaciones urgentes como la estabilización de suelos mediante técnicas como el acolchado, la protección temporal de estructuras arqueológicas o el control de accesos en zonas inestables. A medio plazo, se prevén trabajos de restauración del castañar, rehabilitación de infraestructuras turísticas y refuerzo de la vigilancia ambiental y patrimonial.

A más largo plazo, la Junta plantea integrar estas actuaciones en un nuevo Plan Integral de Gestión del espacio, previsto para finales de 2026, con el objetivo de coordinar la conservación del enclave, prevenir futuros riesgos y compatibilizar la protección del patrimonio con el desarrollo económico de la zona.

El informe será evaluado ahora por la Unesco como parte del seguimiento del estado de conservación del enclave, después de que el incendio pusiera en cuestión la protección de uno de los paisajes culturales más emblemáticos de Castilla y León.

Mientras tanto, el proceso de recuperación continúa en un territorio donde las huellas del fuego siguen siendo visibles meses después y donde persisten dudas sobre la gestión previa del espacio y la capacidad de las administraciones para evitar un desastre de esta magnitud.

El incendio forestal que se originó el pasado domingo en montes de la localidad de Busdongo de Arbas, en la Montaña Central de León, ha sido considerado extinguido este miércoles, cuatro días después, habiendo calcinado finalmente 151 hectáreas de matorral, según las estimaciones oficiales de la Junta de Castilla y León, y tras corregir una cifra publicada oficial de 170 hectáreas.

Con esa dimensión, se trata de un siniestro que por superficie es el peor vivido en lo que va de año en la provincia leonesa y aporta una especial gravedad, dado que afecta de lleno a la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, de alto valor ecológico.

El Gobierno autonómico informó de que el fuego se ha dado por controlado este martes en torno a las cuatro y media de la tarde y que se ha considerado apagado de manera total a las 11.00 horas de hoy miércoles. En diferentes momentos del mismo se han necesitado abudantes medios para su control, con un total de veintidós, tres de ellas aeronaves, han señalado las mismas fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Las llamas del incendio de Busdongo de Arbas, de carácter intencionado, comenzaron pocos minutos antes de las 17.00 horas del domingo 5 de abril. Durante el lunes se dio por controlado, pero durante la noche las llamas se reactivaron en este paraje muy cercano a la localidad de Busdongo, perteneciente al municipio de Villamanín, visible en una larga lengua de fuego desde la proximidad de la antigua vía férrea que conectaba León con Asturias e incluso la carretera nacional N-630 cerca del Puerto de Pajares.

El incendio forestal localizado en las proximidades de la localidad leonesa de Busdongo se ha reactivado este martes después de haberse originado el domingo y darse por controlado el lunes. Las llamas afectan a la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, próximas también a Asturias.

Según han informado la Junta de Castilla y León, el fuego comenzó pocos minutos antes de las 17.00 horas del 5 de abril. Durante el lunes se dio por controlado, pero durante la noche las llamas se reactivaron en este paraje muy cercano a la localidad de Busdongo (perteneciente al municipio de Villamanín) y a la antigua vía férrea que conectaba León con Asturias.

Actualmente, media docena medios de extinción trabajan en el incendio, entre los que destaca una cuadrilla terrestre, una autobomba y un helicóptero. Desde el inicio han sido una veintena los medios movilizados en este fuego, que según las investigaciones ha sido provocado.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado que Castilla y León ha sufrido 80 incendios forestales en lo que va de año, una gran parte de ellos, afirma, han sido provocados.

Según el portal de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, 21 medios, entre ellos tres hidroaviones y tres autobombas, siguen trabajando en la extinción de este fuego en la provincia de León.

El consejero ha aprovechado esta situación para seguir defendiendo su teoría de que la oleada de incendios del verano de 2025 fue provocada por la mano del hombre, “No sé si les pareció poco lo que sufrimos el año 2025 en agosto, para que haya personas que sigan intentando atacar el medio natural y poniendo en riesgo a las personas”, ha afirmado Quiñones. Todo ello a pesar de que, tanto en 2025 como en lo que llevamos de año, el grueso de los siniestros más dañinos apenas tuvo origen intencional. Por ejemplo, este año el mayor incendio (en cuanto a hectáreas afectadas, que fueron 23), desatado en Igüeña, fue causado por una negligencia.

El consejero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la colaboración con las autoridades en la identificación de los autores.

Un incendio forestal declarado en San Martín de Moreda, localidad del municipio de Vega de Espinareda, ha obligado a movilizar este sábado a una docena de medios aéreos y terrestres para sofocar las llamas. El suceso se inició pasadas las tres de la tarde, por motivos que se investigan, y quedó controlado cuatro horas después.

El fuego se declaró a las 15.10 horas, según la web oficial de incendios de la Junta de Castilla y León. En el momento de mayor despliegue de efectivos, trabajaron sobre el terreno dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, dos autobombas, dos helicópteros y dos hidroaviones con sus brigadas helitransportadas.

Las llamas se dieron por controladas, según la Junta, a las 19.15 horas, pero por el momento todavía no se ofrecen datos de extensión afectada ni de tipo de superficie que se estaría quemando.

Pasadas las seis de la tarde, se declaró también un incendio en Castro de Cepeda, en el municipio de Quintana del Castillo, que sigue activo. En el lugar, hay desplegados un agente medioambiental y una autobomba.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declaró peligro medio de incendios forestales en las nueve provincias de Castilla y León del 27 de marzo al 6 de abril .

La previsión meteorológica pronosticaba humedades relativas mínimas por debajo del 30%, vientos por encima de los 30 kilómetros por hora e inestabilidad atmosférica en capas bajas. Estas condiciones conllevan un aumento de la probabilidad de ignición, así como de la propagación, elevando el peligro de incendios forestales por encima de la media esperada.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este miércoles su defensa de la legalidad de permitir cazar y los aprovechamientos ganaderos en zonas arrasadas por los incendios forestales del pasado verano en León, aunque ha evitado mostrar los informes técnicos que avalan esta medida y que son preceptivos para activar la excepción prevista en la Ley de Montes autonómica, la cual con carácter general marca cinco años de plazo en vez de siete meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado de nuevo por esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente que preside en funciones el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que entra en vigor este primer día de abril, Carriedo ha aludido a que es en las propias órdenes de la Consejería donde figuran las explicaciones que justifican esta medida.

En palabras de Carriedo, la orden de la Consejería publicada hace unas semanas “no solamente establece la normativa a aplicar sino las causas por las que se aplican estas normativas”, sin que la Junta haya aportado hasta hora los informes técnicos que permiten eludir la prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, recoge Efe.

Desde hace semanas, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha argumentado que la normativa autonómica, a la vez que establece esa prohibición de cazar en un plazo de cinco años en zonas afectadas por incendios forestales, añade que se podrá exceptuar en aquellos casos en los que sea compatible la caza con la regeneración de la flora de la zona, para lo que precisa la norma que son necesarios informes técnicos que así lo confirmen.

Tras semanas de preguntas y requerimientos de esta documentación, desde el pasado 12 de febrero, lo que ha sido reiterado hoy por los periodistas, el portavoz se ha limitado a decir que esos informes son los que han dado lugar a esta decisión, pero sin entregarlos o referirse expresamente a su contenido.

La orden

Fue aquel 12 de febrero hace unas semanas cuando la Junta de Castilla y León aprobó una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de cinco años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos y también ganaderos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

135.000 hectáreas quemadas

En la resolución publicada por la Junta, esta estableció por primera vez que el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas en la provincia de León, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar “incompatible” con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos en la normativa.

Los ecologistas denuncian electoralismo

Por su parte, las organizaciones ecologistas leonesas Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción de León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica anunciaron recursos judiciales contra la Junta por permitir la caza en montes quemados, lo que calificaron como “electoralista”, entonces en plena precampaña.

En un comunicado, advirtieron al Ejecutivo autonómico de que, si rechazan los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta que autorizan la actividad ganadera y cinegética en estos terrenos, no descartan acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la penal por posible prevaricación ambiental.