La asociación EslaVida ha convocado para este sábado 4 de abril una asamblea general extraordinaria en Vidanes, en el municipio de Cistierna, en la que se analizarán los próximos pasos en su oposición al proyecto de planta de biogás previsto en el polígono industrial de la localidad.

La cita tendrá lugar a las 12.00 horas en el local de las antiguas escuelas de Vidanes y se presenta como un encuentro clave para el colectivo vecinal, que desde su creación a comienzos de este año se ha consolidado como el principal frente social contra esta iniciativa industrial. Entre los puntos destacados del orden del día figura la definición de la estrategia legal, incluida la posible contratación de asesoría jurídica y el inicio de acciones contenciosas.

Además, la asamblea abordará la ratificación de su adhesión a la asociación STOP Biogás Castilla y León y la posible participación en una querella colectiva, así como cuestiones organizativas internas como la renovación de la presidencia y el seguimiento de las acciones emprendidas hasta ahora.

Este encuentro llega tras varias semanas de movilización y actividad informativa impulsadas por el colectivo. La asociación ha organizado recientemente actos de concienciación como la proyección del documental ‘Vidas irrenovables’, centrado en el impacto de los macroproyectos energéticos en el medio rural, con el objetivo de alertar sobre las posibles consecuencias ambientales, sociales y económicas de este tipo de instalaciones.

EslaVida nació en enero como una plataforma vecinal que reclama mayor transparencia y participación en torno al proyecto promovido por la empresa Apaycachana-6. Desde entonces, ha denunciado la falta de información clara y ha advertido de los posibles efectos sobre la salud, el entorno y el modelo de desarrollo de la Montaña Oriental Leonesa.

La convocatoria de este sábado supone un nuevo paso en la organización de la respuesta vecinal frente a una iniciativa que ha generado un amplio debate en la comarca y que ya ha sido rechazada por unanimidad por los grupos políticos del Ayuntamiento de Cistierna.

Los grandes incendios forestales del pasado verano, con especial incidencia en territorios del noroeste como la provincia de León, donde se batieron récords históricos, se han convertido en un factor clave que está condicionando la política estatal sobre la conservación y la posibilidad de cazar al lobo ibérico. Así lo reflejan tanto la demora del Gobierno en actualizar el estado de la especie como las advertencias de la Comisión Europea sobre su gestión.

En paralelo, el lobo (Canis lupus) ha sido incluido en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría de “vulnerable”, debido a que su población no garantiza su viabilidad a largo plazo. La evaluación, coordinada por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem), estima que en España hay menos de 1.000 individuos maduros, e incluso por debajo de 700 si se atiende a la estructura reproductiva de la especie.

El núcleo principal de la población se concentra en el tercio noroccidental de la península, con la autononía de Castilla y León como uno de sus principales bastiones, precisamente las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Este impacto ha llevado al Gobierno a aplazar la publicación del informe oficial sobre el estado de conservación del periodo 2019-2024, al considerar necesario actualizar los datos aportados por las comunidades autónomas teniendo en cuenta los efectos del fuego sobre el hábitat y las poblaciones de lobo. En concreto, Castilla y León identiticó un censo actualizado con mayor número de ejemplares en su última actualización, aunque con muchos matices. Mientras por otro lado, ha permitido la caza de numerosas especies cinegéticas en apenas siete meses cuando su propia Ley concedía una moratoria obligatoria de cinco años, y eso sin dar a conocer ningún tipo de informe oficial respecto.

A esta presión ambiental se suma la derivada de la gestión cinegética. En el último año, varias comunidades como Asturias o Cantabria han autorizado controles letales para reducir daños al ganado, lo que también influye en el cómputo global de la especie, una decisión que los Tribunales estatales han acabado tumbando.

En este contexto, la Comisión Europea ha recordado a España que cualquier medida de caza debe ser compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable. En una respuesta remitida a Podemos y Alianza Verde y recogida por Efe, la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, subraya que los Estados miembros están obligados a garantizar que la explotación de especies como el lobo, incluida en el anexo V de la Directiva Hábitats al norte del Duero- no comprometa su supervivencia.

Bruselas va más allá y advierte, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, de que en situaciones de incertidumbre sobre el impacto de estas prácticas, los países deben abstenerse de autorizarlas. Además, recuerda que el lobo presentaba ya un estado de conservación “desfavorable” en el último informe remitido por España (2013-2018), a la espera de la actualización actualmente en revisión, la cual va a tener en cuenta la variable de la no documentada afección de los incendios en la población lobera.

Los expertos inciden en que la situación no ha mejorado en las últimas décadas. El número de manadas se ha mantenido estable, en torno a los 300 grupos familiares, y la distribución de la especie sigue limitada a una fracción de su área histórica, apenas un 30% de la existente en 1850. A ello se suma una gestión desigual entre comunidades autónomas y la reciente retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2025, una decisión que, según denuncian desde Secem, no tuvo en cuenta criterios científicos.

El escenario ibérico tampoco es más favorable. En Portugal, el lobo está catalogado “en peligro” y su población ha sufrido una contracción del 20% en las últimas décadas. Por ello, los especialistas reclaman una gestión coordinada entre ambos países, al tratarse de una única metapoblación compartida.

Ante este panorama, los científicos insisten en la necesidad de reforzar la protección legal del lobo, mejorar los sistemas de seguimiento y prevención de daños al ganado y avanzar hacia una estrategia común a escala peninsular. Todo ello en un momento en el que factores como los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, están reconfigurando no solo los ecosistemas, sino también las decisiones políticas sobre una de las especies más emblemáticas y controvertidas de la fauna ibérica.

Una coalición con más de 40 organizaciones ecologistas denunció este jueves una maniobra “anticientífica” en la rebaja de la protección al lobo en la Unión Europea y exigió a los Estados miembros que apliquen una “cuota cero” de matanzas.

“La persecución humana ya es la principal causa de muerte de miles de lobos cada año en Europa, pero se desconoce la verdadera magnitud del problema debido a la falta de un seguimiento y una notificación sistemáticos”, denunciaron en un comunicado difundido por Green Impact plataformas como One Voice, NABU, Pro Natura o Wildtierschutz Deutschland.

La coalición de oenegés sostiene que “no existe base científica ni jurídica para matar lobos en la Unión Europea” y acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de promover una “decisión política” que abre la puerta a más matanzas de lobos que “probablemente sirva a los 'lobbies' de la caza agrícola”.

Las organizaciones ecologistas sostienen que el Ejecutivo comunitario basó su razonamiento medioambiental en un informe que encargó en 2023 a una consultora con sede en Bruselas, con el que propuso a los Estados miembros rebajar el nivel de protección del lobo, un contexto que “abre un capítulo profundamente preocupante en la configuración de la gobernanza medioambiental de la Unión Europea”, dicen.

“Las ONG reclaman total transparencia sobre la influencia de intereses privados no revelados en la toma de decisiones de la UE”, indica el comunicado en el que señalan que el Canis lupus “no ha alcanzado un estado de conservación favorable” en Europa.

Los firmantes -entre los que también se cuentan Animal Aid, FERUS, Wolven in Utrecht o ASPAS- inciden en la falta de datos fiables sobre la mortalidad de la especie en Europa y denuncian que “ni la Comisión ni los Estados miembros han recopilado jamás los datos más básicos” sobre cuántos lobos mueren cada año.

Rebaja de la protección al lobo

El pasado junio, la Unión Europea hizo oficial la rebaja de la protección al lobo, pasando de “estrictamente protegido” a sólo “protegido”, tras haber recibido el visto bueno del Consejo de la UE, con las abstenciones de España y Bélgica, y del Parlamento Europeo, con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.

Los Estados miembros conservaron la facultad de mantener el estatus de mayor protección en su territorio, si así lo creían conveniente.

Pese a mostrarse partidaria de mantener la protección reforzada, España también acabó rebajando el estatus de protección de lobo en su legislación interna.

El PP permitió cazar lobos al norte del Duero

El Congreso aprobó en marzo de 2025 rebajar la protección del Canis lupus al norte del Duero mediante una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que salió adelante con el apoyo de Vox, Junts y PNV.

La revisión de la normativa simboliza en parte el cambio de rumbo de la Comisión Europea en materia medioambiental, y en particular el acercamiento de su presidenta a los agricultores tras las protestas del sector agrario en los últimos años contra el Ejecutivo comunitario.

El cambio de categoría del lobo ha sido aplaudido por la plataforma que defiende a las grandes explotaciones agrarias europeas, Copa-Cogeca, por la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y la Organización Europea de Propietarios de Tierras (ELO).

En cambio, lo han criticado organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF o ClientEarth, mientras que las plataformas Green Impact, Earth ODV, Nagy Tavak és Vizes Élohelyek Szövetsége, LNDC Animal Protection APS y One Voice presentaron un recurso ante los tribunales comunitarios de justicia en febrero de 2025. 

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno definitivo a Pascual para explotar agua mineral natural del sondeo ‘Jamuz’, en Quintana y Congosto, y embotellarla bajo la marca ‘Bezoya Jamuz’. La resolución, publicada este jueves en el Bocyl, culmina un proceso iniciado en 2021 y autoriza la primera fase de la planta impulsada por la sociedad Sierra de Lobos S.L.

El proyecto permite extraer hasta 500.000 metros cúbicos al año, es decir, 500 millones de litros, con un caudal de hasta 40 litros por segundo. En la práctica, supone un consumo diario de unos 1,37 millones de litros, equivalente al gasto doméstico anual de más de 10.000 personas.

La inversión inicial supera los 21,5 millones de euros y se basa en un sondeo de más de 60 metros de profundidad con varias líneas de embotellado. El plan completo prevé hasta tres fases y podría duplicar la extracción de agua en el futuro, aunque cualquier ampliación queda condicionada a que no haya afecciones sobre el acuífero.

Durante la tramitación, y a preguntas de ILEÓN cuando el proyecto aún estaba en fase administrativa, desde el grupo empresarial responsable de marcas como Leche Pascual señalaban que “hemos iniciado un proyecto de prospección de un manantial en la provincia de León”, subrayando que se trataba de un proceso “sujeto al habitual proceso de la autorización administrativa”. Entonces, la compañía lo definía como “una posibilidad de futuro, de medio o largo plazo”, y aseguraba que “aún no tenemos una posición definitiva tomada”, al encontrarse en fase de estudio.

Fuerte oposición social

La autorización llega tras una tramitación marcada por la contestación social. Se registraron más de 700 alegaciones formales, por parte de asociaciones ecologistas y plataformas vecinales.

Organizaciones como Ecologistas en Acción y Amigos del Valle del Jamuz han alertado del riesgo de “reducción considerable de los recursos hídricos” y de su impacto en el abastecimiento, la agricultura y la ganadería.

También cuestionan el perímetro de protección del acuífero, que afecta a miles de hectáreas y permitiría limitar usos en fincas privadas, lo que consideran una “hipoteca” sobre el territorio.

Más incertidumbre tras los incendios

El expediente incorpora además un elemento añadido de preocupación: el impacto de los incendios forestales de 2025 sobre el acuífero. La Confederación Hidrográfica del Duero emitió un informe específico en octubre de este pasado año, en plena tramitación, sobre posibles afecciones en la provincia.

Desde el punto de vista técnico, la Junta respalda el proyecto con informes de la propia Confederación y del Instituto Geológico y Minero de España, que avalan la compatibilidad de esta primera fase con el Plan Hidrológico, aunque con condiciones.

Entre ellas, un seguimiento del acuífero durante al menos un año, controles periódicos de caudal y presión y la obligación de no afectar a abastecimientos ni a zonas sensibles.

Sin evaluación ambiental

El expediente descartó la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, aunque impone medidas de control y obliga a realizar un nuevo estudio hidrogeológico tras el primer año para evaluar la evolución del acuífero.

Las críticas, sin embargo, también alcanzan al modelo de negocio. Colectivos opositores advierten de la huella hídrica añadida del agua embotellada, especialmente por la fabricación de envases de plástico.

Pese a todo, la Junta ha dado luz verde al proyecto al considerar acreditada su viabilidad técnica y legal. La planta arranca ahora con límites y vigilancia, pero en un contexto de fuerte controversia social y debate sobre el uso intensivo del agua en el medio rural leonés.

La organización SEO/BirdLife ha presentado un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir de nuevo la caza y la entrada de ganado en montes afectados por los grandes incendios forestales del verano de 2025 en la provincia de León, una medida que considera contraria a la legislación vigente y perjudicial para la recuperación ambiental.

El recurso, registrado el pasado 12 de marzo, se dirige contra la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León que levanta la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos apenas siete meses después de los incendios, pese a que la Ley de Montes autonómica establece con carácter general una moratoria de cinco años.

Según la organización ecologista, la Administración no ha acreditado mediante informes técnicos que la reanudación de la caza sea compatible con la regeneración de los montes, requisito imprescindible para poder levantar esa prohibición. Además, advierte de que la resolución carece de la preceptiva evaluación ambiental.

Impacto en espacios protegidos

SEO/BirdLife alerta de que los incendios afectaron gravemente a espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Castilla y León, con daños directos en 36 enclaves, algunos de ellos en la provincia de León con entre un 15% y un 79% de su superficie arrasada.

Entre las zonas afectadas se encuentran áreas de alto valor ecológico como la Sierra de La Cabrera, los Montes Aquilanos o el entorno de Riaño, donde se han perdido hábitats esenciales para especies protegidas.

La organización subraya que permitir la caza en estos territorios supone añadir presión sobre una fauna que ya se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad tras los incendios, con pérdida de refugio y alimento y un aumento de los procesos erosivos.

Especies en riesgo

El recurso pone el foco en especies como el urogallo cantábrico, catalogado en peligro de extinción, que depende de bosques maduros con sotobosque, o la perdiz pardilla, considerada vulnerable y cuya área reproductora se ha visto gravemente afectada.

También menciona al ruiseñor pechiazul, ligado a matorrales de alta montaña como los piornales, hábitats que, según advierten, no recuperarán su estructura funcional hasta dentro de al menos nueve años.

Críticas por la contradicción con el pastoreo

SEO/BirdLife señala además una “contradicción administrativa” en la decisión de la Junta, al permitir simultáneamente la caza para reducir la presión de la fauna silvestre sobre la regeneración vegetal y autorizar al mismo tiempo la entrada de ganado en esos mismos terrenos, pese a reconocer riesgos de pisoteo y erosión.

La organización considera que los primeros años tras un incendio son clave para la recuperación de los ecosistemas y reclama suspender cautelarmente la resolución para minimizar las perturbaciones.

Asimismo, advierte de que permitir la caza en estas condiciones podría encajar en lo que la normativa cinegética denomina “días de fortuna”, es decir, situaciones en las que los animales no pueden huir ni esconderse, lo que está prohibido.

Nuevo frente en la polémica

Este recurso se suma a los ya presentados por otras organizaciones ecologistas y colectivos de la provincia contra una medida que ha generado una amplia controversia desde que la Junta decidiera levantar las restricciones a la caza y la ganadería en zonas arrasadas por los incendios del pasado verano.

La Administración autonómica ha defendido la legalidad de su decisión y su compatibilidad con la recuperación del medio natural, basándose en informes técnicos que, sin embargo, no han sido hechos públicos hasta la fecha.

Caso cerrado. La Fiscalía de Castilla y León ha archivado dos denuncias presentadas contra el presidente de la Junta de Castilla y León actualmente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios del pasado verano en León. El Ministerio Fiscal argumenta para adoptar esta decisión que no hay indicios suficientes de delito. La decisión se adopta pocos días después de las elecciones autonómicas, en las que llamó la atención que el Partido Popular (PP) fuera la fuerza más votada en la mayoría de los municipios plenamente afectados por aquellos siniestros de agosto de 2025.

La primera de las denuncias archivada corresponde a la presentada por un particular ante el incendio que afectó al paraje natural protegido de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y la otra es la presentada por el colectivo Bierzo Aire Limpio, que se refería a los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas leonesas de El Bierzo, Laciana, la Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna. Hay que recordar que el único cómputo oficial admitido por la Junta hasta ahora, publicada en boletín oficial en la polémica medida de volver a permitir la caza deportiva en terrenos quemados, cifró la suma afectada en 135.400 hectáreas sólo en la provincia, una cifra jamás conocida hasta ahora. También produjeron cuatro fallecidos.

La asociación conservacionista berciana apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica y las cabezas visibles de su Gobierno, del Partido Popular (PP).

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha explicado a la agencia Efe que el archivo de las dos denuncias se ha sustentado en que no se aprecia responsabilidad penal. Y aunque pudiera haber responsabilidad civil, sería muy difícil de precisar porque habría que evaluar el daño económico provocado, en qué medida podría haberse reducido y quién o quiénes podrían ser los responsables.

Tras una investigación compleja en la que se ha contado, entre otras pruebas, con informes del Seprona de la Guardia Civil, la propia Junta de Castilla y León y alcaldes de las zonas afectada, la Fiscalía ha concluido que el presidente en funciones de la Junta y su consejero no tienen ninguna responsabilidad en el origen de los incendios y no se puede determinar cuántos medios hubieran sido necesarios para reducir el daño y en qué medida se hubiera reducido. Tampoco se ha apreciado responsabilidad penal en la falta de medios, la valoración de los incendios o los posibles retrasos que se hubieran producido en su extinción.

Una tercera denuncia presentada por Podemos

Por otra parte, la Fiscalía también archivó otra denuncia, presentada por el partido político Podemos, en la que se denunciaba también la extensión del daño provocado por los incendios del pasado verano por la falta de medios. En este caso era una denuncia más amplia, de unos cuarenta folios, en la que se señalaban también las posibles responsabilidades por la falta de dotación de personal y algunas otras cuestiones relacionadas con esa falta de medios.

Sin embargo, Podemos ha decidido presentar la misma denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que a su vez ha solicitado el preceptivo informe de la Fiscalía antes de decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias o no la admite.

Tras conocerse el archivo de las denuncias, el consejero de Medio Ambiente, el exjuez Suárez-Quiñones, ha subrayado en declaraciones a los periodistas la total confianza en los órganos jurisdiccionales y ha indicado que la oleada de incendios fue “un suceso absolutamente imprevisible, extraordinario como nunca se había visto”. Un argumento en el que ha insistido desde los terribles sucesos de agosto del pasado año 2025.

También ha añadido que lo que hace falta es trabajar todas las administraciones para tener la mayor preparación posible si vuelve a suceder una situación catastrófica de esa naturaleza.

Las principales asociaciones ecologistas de la provincia de León, en concreto Bierzo Aire Limpio, Ecologistas en Acción León y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, han presentado recursos contra las resoluciones de la Junta de Castilla y León que levantan las restricciones a los aprovechamientos de caza y ganaderos en los montes afectados por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.

Las organizaciones denuncian que esta decisión se adopta apenas medio año después de los fuegos que, según recuerdan, provocaron la mayor catástrofe ambiental registrada en la provincia, con cerca del 10% de la superficie forestal leonesa calcinada y daños en espacios protegidos de alto valor ecológico.

Tal y como desveló en primicia ILEÓN, el pasado 12 de febrero, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León publicó sendas resoluciones firmadas por su jefe, Jesús Méndez Fernández, por las que se dejaba sin efecto la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en todos los terrenos afectados por los incendios del último verano. La medida fue adoptada a instancias del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Ángel Arranz, mano derecha del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Multitud de voces habían reclamado la dimisión de ambos tras el dramático resultado final de los incendios de agosto de 2025.

Tal y como destacaba ILEÓN y argumentan ahora los ecologistas, la Ley de Montes de Castilla y León de la propia Junta establece en su artículo 92 que, tras un incendio forestal, queda automáticamente suspendido durante cinco años cualquier aprovechamiento incompatible con la recuperación del monte, con el objetivo de facilitar la regeneración de la cubierta vegetal. La misma norma contempla, no obstante, la posibilidad de levantar estas prohibiciones si se acredita que dichas actividades son compatibles con la restauración del hábitat y la supervivencia de la flora y fauna silvestres.

Las organizaciones ecologistas sostienen que, en este caso, la Junta no ha realizado evaluaciones ambientales sobre el impacto de los incendios ni estudios sobre su repercusión en las especies afectadas. Tampoco se habrían elaborado planes de restauración ni convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para analizar la situación.

Según critican en sus recursos, las resoluciones levantan las prohibiciones de forma generalizada en todo el territorio afectado, para todas las especies cinegéticas -incluidas las de caza menor, además de especies como ciervo, corzo, rebeco, gamo, jabalí, muflón y cabra montés- y para todas las explotaciones ganaderas, durante todo el periodo de cinco años que establece la Ley.

La regeneración sirve para una cosa... y la contraria

Los colectivos también advierten del riesgo de erosión en los terrenos quemados, especialmente tras las intensas lluvias registradas durante el invierno. A su juicio, la pérdida de estabilidad del suelo y la reducción de la capacidad de regeneración natural del monte aconsejarían mantener las restricciones previstas en la normativa. Es justo el argumento contrario esgrimido por la Junta para defender su polémica medida, ya que el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró a preguntas de este medio que las especies salvajes, que no las domésticas, podrían dañar la regeneración en las zonas arrasadas. También se le ha reclamado varias veces los informes técnicos que aseguran que justifican estas medidas, pero jamás se han facilitado.

Por esto, las organizaciones conservacionistas consideran que la decisión no tiene en cuenta el régimen de protección de algunos de los espacios afectados, incluidos territorios integrados en la Red Natura 2000, parques regionales o reservas de la biosfera. De hecho, incluso en el Parque Regional de Caza de Riaño, afectado directamente por uno de los siniestros forestales más dañinos para el medio ambiente, la propia Consejería de la Junta ha subastado ya los permisos de caza de esta temporada, y hasta los aumenta en un 13% respecto al tranquilo año anterior.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas señalan que estudian continuar la vía judicial si sus recursos administrativos son desestimados. Entre las opciones que barajan se encuentra acudir a la vía contencioso-administrativa e incluso a la vía penal por un posible delito de prevaricación ambiental contra los responsables políticos y técnicos de las resoluciones, señalando sin mencionar a Arranz y Suárez-Quiñones.

La Bibloteca Municipal de Astorga acogió este sábado 28 de febrero una Mesa redonda que agrupó a representantes de hasta nueve plataformas y asociaciones en defensa del territorio ante la amenaza de proyectos de distinta índole. Durante las charlas y presentaciones compartidas entre todas estas organizaciones han aparecido conflictos relacionados con los macroparques de fotovoltaicas y eólicas, así como la defensa de acuíferos, tratamientos de lodos y residuos o la defensa del Teleno frente al campo de tiro que llena de residuos peligrosos y explosivos dicha montaña.

El evento fue moderado por Ana Álvarez de la Asociación Corredor Ecológico Noroeste Ibérico. Las asociaicones y grupos medioambientales contaron porqué surgieron, qué han conseguido hasta la fecha, cuáles son sus principales luchas y acciones en la actualidad, así como bulos y mentiras a las que se enfrentan cada día.

Las plataformas participantes propusieron lo siguiente: Gestión Transparente y Eficaz de Residuos y Lodos No, se centró en la necesidad de ser una herramienta de denuncia contra los vertidos de residuos sin depurar al medio ambiente, posicionándose a favor de un servicio de recogida, reciclaje y tratamiento de residuos responsable y sostenible para las comarcas de Astorga. El Cervigal que nace en 2024 para unir a la sociedad civil (personas y asociaciones) en la defensa del patrimonio material e inmaterial de la Comarca del Órbigo. Alta Valduerna y Cepeda Viva, pusieron sobre la mesa, la problemática de los macroparques eólicos y de fotovoltaicas, y recordaron los distintos procesos judiciales y contenciosos que han tenido que llevar a cabo. 

Por su parte, la Portavoz de Alta Valduerna, comentó que a pesar de conseguir detener algunos macropoyectos, en la actualidad tienen abierto contenciosos para evitar otros con los que están amenazados sus pueblos. Amigos del valle del Eria y Protección del Valle del Jamuz fueron las encargadas de poner sobre la mesa la problemática del agua. La intervención de Teleno libre, se centró en presentar que su lucha viene desde los movimientos surgidos en 1981 contra el campo de tiro y que en la actualidad, basan su lucha en solicitar al Ministerio de Defensa que gestione medioambientalmente el vertedero de munición que generan las maniobras militares. No hay que olvidar que es el único campo de tiro discontinuo y es altamente peligroso para todos los pueblos que viven a los pies de esta montaña.

Por último, se llevó a cabo un coloquio abierto de más de una hora, donde se presentaron personas de otras plataformas, como la surgida en Vidanes contra una planta de Biogás o ARBAS, contra los planes de quemar nuestros bosques autóctonos para alimentar los diferentes proyectos de plantas de Biomasa que se ciernen sobre todo León.