Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han solicitado a las industrias lácteas que operan en Castilla y León que prorroguen al menos quince días, hasta mediados de abril, la negociación de los contratos que vencen este martes 31 de marzo, con el fin de garantizar la recogida de leche mientras se alcanza una solución.

Según han denunciado este lunes en un comunicado, la negociación se está desarrollando de forma “muy precipitada”, ya que las empresas han esperado a los últimos días para realizar sus ofertas, en muchos casos de forma verbal y no por escrito, con propuestas que suponen bajadas de precio de en torno al 14% sobre un valor de referencia actual de 52 céntimos por litro.

Las organizaciones agrarias han considerado que, al tratarse de un producto perecedero, las industrias “juegan con ventaja” en la negociación y pueden imponer sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada.

En este sentido, han advertido de que dejar de recoger leche a partir del 1 de abril a quienes no tengan suscritos los contratos se entendería como un “chantaje” y convertiría la ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial.

Por ello, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han reclamado prolongar el periodo de negociación, que las ofertas se realicen por escrito, que se recoja toda la leche mientras se negocia y que el precio acordado tenga carácter retroactivo desde el 1 de abril.

Ante la “magnitud del problema”, con caídas de precios de hasta el 14%, las organizaciones han exigido a las administraciones públicas, Estado y Junta de Castilla y León, que se ofrezcan a mediar entre las partes, vigilen el cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria, y eviten pactos de precios entre los principales operadores.

Por todo ello, han indicado que esperan que las industrias lácteas y la gran distribución actúen con “amplitud de miras” y antepongan la viabilidad del sector a medio y largo plazo frente a medidas “cortoplacistas”, como la bajada de precios en un contexto de excedentes puntuales en varios países productores de la Unión Europea.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de León presentará este mes un recurso contencioso-administrativo colectivo contra la Junta de Castilla y León por la exclusión de varias decenas de agricultores y ganaderos profesionales de las ayudas extraordinarias aprobadas tras los grandes incendios forestales del verano pasado, según ha confirmado este lunes la organización en un comunicado.

Las ayudas fueron reguladas mediante distintas órdenes que articulaban una subvención directa para explotaciones con cultivos herbáceos declarados en la Política Agrícola Común (PAC) y situados en municipios afectados por los incendios, siempre que las parcelas hubieran resultado realmente calcinadas.

Los afectados —todos ellos profesionales agrarios dados de alta en la Seguridad Social— presentaron en su momento recursos de reposición al no aparecer en los listados de beneficiarios publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La Junta disponía de un mes para resolverlos, según su propia información pública, pero cuatro meses después no ha emitido respuesta alguna, lo que ASAJA interpreta como silencio administrativo desestimatorio.

La organización ha denunciado que la Consejería aplicó un criterio restrictivo al considerar que en la segunda y tercera semana de agosto —cuando se produjeron los incendios— “los cereales de secano ya estaban cosechados”, excluyendo así las parcelas que cumplían esa condición.

Asaja sostiene que esta premisa “no es cierta” y la atribuye a “un prejuicio del personal directivo” que, a su juicio, “raya la prevaricación”.

La organización ha subrayado que ni los agricultores ni la propia Asaja —que apoyó estas ayudas en el Consejo Regional Agrario presidido por Alfonso Fernández Mañueco— han recibido información alguna sobre el estado de los recursos, lo que interpreta como “un desprecio”, “falta de sensibilidad” y “nula empatía” hacia los damnificados.

“Los hechos denotan que los políticos se mueven en función de sus intereses del momento y que, cuando desaparece el foco mediático, se olvidan hasta de las catástrofes y de sus víctimas”, ha señalado Asaja en el comunicado.

Asaja ha encargado al despacho Álvarez Higuera Abogados la preparación del recurso contencioso-administrativo, que prevé registrar antes de que finalice febrero, coincidiendo con la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León. La organización agraria convocará en los próximos días a los afectados para informarles y otorgar poderes a abogados y procuradores.

La compensación reclamada asciende a 5.500 euros por explotación afectada. Según Asaja, todos estos agricultores sí recibieron la ayuda equivalente aprobada por el Gobierno de España y canalizada a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo, ha pedido a los partidos políticos “que no utilicen” el campo “para conseguir votos y luego sillones” porque el sector primario “no es de nadie”.

Dujo, en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en León, ha valorado que la asociación ha llevado siempre “la independencia por bandera” y ha insistido en que Asaja “no está en la guerra que tienen algunos partidos con la cuestión agraria”.

Como reivindicaciones, Dujo ha mostrado el “rechazo rotundo” de Asaja a la reducción del 22 por ciento del presupuesto para la nueva PAC así como a los aranceles de Estados Unidos y al acuerdo con Mercosur.

“No estamos en contra de acuerdos comerciales, sino de que no se acuerden las mismas condiciones de producción que se obligan a los agricultores europeos”, ha añadido.

También ha insistido en una acción conjunta del Estado frente a la sanidad de la cabaña ganadera y ha afirmado que uno de los problemas “más importantes” para la propagación de enfermedades es la fauna silvestre.

“Castilla y León no puede soportar la demasía de animales silvestres, como el lobo o el jabalí. Sobran animales silvestres y faltan ciudadanos y ganaderos”, ha aseverado.

Dujo también ha lamentado el tiempo complicado del primer mes del año, especialmente dificultoso para las siembras de cereal que no están recibiendo aportes de fertilizante, lo que perjudicará los posibles rendimientos de cara al verano.

El presidente de Asaja ha denunciado que muchas de la inundaciones se deben a la falta de mantenimiento de las infraestructuras “como ríos, arroyos y regueros”, que ha calificado de “vergüenza” y a la que ha pedido poner solución.

Dujo ha hablado de estos asuntos en una rueda de prensa en la que se ha presentado el libro titulado ‘Reivindicaciones y servicios para un campo moderno y tecnológico’ que ha firmado el secretario general provincial de la organización, José Antonio Turrado.

El libro se ha publicado con motivo del cuarenta aniversario de la asociación y en él se han recogido los principales acontecimientos acaecidos en el sector a lo largo de la historia de Asaja.

La tractorada convocada por las organizaciones agrarias de la provincia de León durante la mañana del jueves 29 de enero ha traído a la capital leonesa a miles de personas y cientos de tractores que quieren mostrar el rechazo del campo leonés al acuerdo de Mercosur.

Desde las 11 horas del jueves, 315 tractores y 2.000 personas (según las cifras de Subdelegación del Gobierno) recorren el centro de la capital de la provincia de León, secundando la convocatoria de Asaja, Ugal-UPA, UCALE-Coag y UCCL. Tanto vehículos como participantes han acudido con banderas de España, de León y de los sindicatos agrarios convocantes, así como pancartas contra el acuerdo de Mercosur.

Se trata de la segunda tractorada en lo que llevamos de año en la provincia de León, ya que la primera tuvo lugar el pasado 21 de enero, convocada por la organización agraria Decaleón, que representa a la parte más radical del campo leonés y que, finalmente, también se ha sumado a esta convocatoria.

Durante su recorrido, la marcha se ha detenido frente a la Subdelegación del Gobierno, donde el subdelegado, Héctor Alaiz Moretón, ha recibido a los portavoces de la manifestación, escuchando sus reclamaciones.

Este acuerdo, firmado por la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay implica la eliminación de más del 90% de aranceles a las exportaciones europeas de coches, maquinaria o productos alimentarios, lo que ahorrará a las empresas del continente más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles. 

Las organizaciones agrarias rechazan este acuerdo comercial, ya que, aseguran, implicará la entrada a España de alimentos producidos con prácticas no permitidas en la Unión Europea, a un precio menor que los productos españoles, por lo que generará una competencia de mercados desigual.

Todo ello con el acuerdo de Mercosur paralizado después de que el Parlamento Europeo decidiera remitir el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE.

Está previsto que la marcha finalice a las 15 horas del jueves y Subdelegación del Gobierno ha informado de que agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional regularán el regreso escalonado de los tractores a sus localidades de origen.

Este jueves 29 de enero está prevista la segunda movilización del campo leonés con una nueva tractorada en la ciudad de León, tras la que protagonizaron un centenar de tractores el pasado 21 de enero convocados por la asociación Decaleón. A la vez las organizaciones agrarias tradicionales -Asaja, Ugal-UPA, Ucale-Coag y UCCL- anunciaban su propia tractorada para este jueves pero se veían superados en el primer impacto organizado por una entidad -Defensa del Campo Leonés (Decaleón)- que nació al calor de las protestas agroganaderas del 2024.

El campo leonés, y el español en general, vive un momento tensión en cuanto a su representación. Las tractoradas del 2024 vieron nacer diversas entidades que fueron más allá que las organizaciones agrarias tradicionales en sus protestas. La asociación Decaleón fue la expresión leonesa de aquello.

Y en este 2026 que las tractoradas han vuelto al territorio español, ahora como rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, vuelven a dejar en evidencia la fractura en la representatividad del campo leonés, entre un sector más 'radical' y las entidades que hasta ahora ostentan la representación. “Respetamos a todos los ciudadanos que se quiera pronunciar contra las administraciones, pero los que estamos aquí son la unidad de acción y yo apoyo lo que está aquí porque somos los que en realidad representamos al campo”, señalaba hace unos días el presidente de Asaja de León, Arsenio García Vidal.

Porque aunque comparten un objetivo común, en este caso el rechazo al acuerdo comercial, la organizacion de las movilizaciones ha sido más activa por las nuevas entidades en todo Castilla y León, que también se han movilizado en defensa de quienes tienen problemas legales pendientes de las tractoradas sin autorización del 2024.

De hecho las tractoradas del 2024 comenzaron de forma, supuestamente, espontánea por el hartazgo del campo de las nuevas normas de la Política Agraria Común (PAC) europea, la que subvenciona al sector a cambio del cumplimiento de ciertas políticas agroambientales. Las organizaciones agrarias de León se vieron arrastradas a la calle, aunque ya bullía en ellas la interposición de un conflicto, e incluso llegaron a 'perder' en la comparativa de afluencia. La Unión Europea acabó rebajando algunos requisitos de la PAC tras las protestas y presiones de algunos partidos y el acuerdo con Mercosur ha vuelto a enervar los ánimos.

En León el sindicato mayoritario es Asaja, que en el año 2023 logró su sexta victoria consecutiva en las elecciones a la Cámara Agraria. En concreto, de los 4.213 votos válidos emitidos, Asaja obtuvo 2.136 (50,70%), la alianza UPA-COAG obtuvo 1.548 (36,74%) y UCCL obtuvo 451 (10,70%). En el año 2027 tendrán que celebrarse nuevas elecciones, el momento en que las nuevas entidades como Decaleón pueden buscar sustituir la representatividad tradicional, tal y como ha ocurrido en Asturias.

El caso asturiano

Una asociación agraria de nuevo cuño, nacida al calor de las protestas del año 2024, fue la gran ganadora de las elecciones agrarias de Asturias celebradas el verano pasado. Logró casi el 50% de los votos (47,61%). Su victoria fue tan arrolladora que la histórica Asaja quedó queda fuera del Consejo Agrario del Principado al no lograr ni el 10% de los apoyos. La segunda organización más votada fue UCA-UPA, con el 16,29 por ciento de los sufragios; seguida de Usaga, con el 15,61 por ciento; Coag, con el 11,55 por ciento; y Asaja, con 8,27 por ciento, 

Unión Rural Asturiana (URA) se impuso con una contundencia total en la convocatoria electoral, aunque es verdad que en Asturias, por diversas causas, no se celebraban elecciones agrarias desde hace una veintena de años. URA cuentan con un secretario general, Borja Fernández, muy activo en redes sociales, y que desde que logró la victoria electoral se ha convertido en la principal voz del campo asturiano, encabezando las protestas como la prevista también para este 29 de enero con cortes en las carreteras por el acuerdo de la UE con Mercosur. Sus críticas al PSOE, en el Gobierno asturiano, y al PP, por sus posturas, son continuas, y ha logrado situar a los otros sindicatos asturianos detrás de sus reivindicaciones.

Y este es uno de los temores de las organizaciones agrarias de la provincia de León, que cuando toquen elecciones del sector, allá por el 2027, la representación agraria cambie de forma radical, con nuevas entidades que logren un una gran representación, que en la provincia de León ha sido dominado por Asaja en los últimos años, y el sector del campo.

Las dudas de Mercosur

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur ha desatado una nueva oleada de protestas del mundo agrario en toda Europa, que denuncian de forma unánime que puede impactar de forma muy negativa en el sector agronadero. La semana pasada el Europarlamento acordó enviar el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, pero queda pendiente de saber si su aplicación efectivs se suspende o no, una decisión en manos de la Comisión Europea.

Las organizaciones agrarias centran sus mensajes en el rechazo frontal al acuerdo con Mercosur alegando que esto permitirá que en España y la UE entren productos agroalimentarios sin cumplir la estricta regulación europea. Lo cierto es que el acuerdo de los dos mercados comerciales incluye un refuerzo de los controles en frontera de frutas, hortalizas y carne para comprobar si se han utilizado fungicidas, insecticidas, antibióticos y hormonas que han sido prohibidos en la UE y salvaguardas comerciales sobre ciertos productos por si afectan a los precios y la producción europeas permitiendo la restricción de su venta. Pero las organizaciones agrarias desconfían,“ Estamos siempre a favor del comercio y la apertura, pero queremos las mismas reglas. No puede ser que aquí entre todo sin mirar y nosotros tengamos cada vez más presión”, criticaban los sindicatos leoneses.

“A la entrada de la UE no existen controles reales ni medioambientales ni agronómicos en su producción. Las pocas explotaciones que tenemos nos van a abocar a no poder competir con ello. Estamos cambiando en la UE maquinaria y automóviles por pueblos”, señalaban las organizaciones leonesas para explicar sus protestas.

Decaleón anunció este martes que se sumaba a la movilización de este jueves 29 ya que “nuestro objetivo es claro: pelear, defender el campo y luchar juntos por un futuro sostenible y justo para el sector agrario”.

El sindicato agrario Asaja ha presentado este martes 20 de enero su habitual balance del año anterior en el sector agrícola de la provincia de León del que destacan que existe un problema de rentabilidad en el sector, a pesar de facturar en el año 2025 un total de 895 millones de euros; una cifra que supera el importe total de las ventas del 2024 (un 7,24% más en 2025 que ese año) y 2023 (con un aumento del 9,81% respecto a ese año).

El presidente de Asaja León, Arsenio García Vidal, y el secretario general, José Antonio Turrado, han señalado que en los sectores agrícolas “competentes en la provincia hemos vendido barato y hemos comprado los medios de producción muy caros”, ha asegurado Turrado, quien añade: “En cereales como el maíz o en la remolacha y la patata no hemos facturado todo lo que debíamos facturar, fundamentalmente vinculados a los abonos” sobre los que señalan que su precio se ha encarecido debido a los aranceles interpuestos a Rusia (uno de los principales países importadores a la Unión Europea) y al nuevo impuesto por emisiones de carbono (CBAM), aunque se aplicaba a partir del 1 de enero de este 2026.

“Seguimos igual o peor que el año pasado. El sector ganadero nos ha dado un poco de alegría, con unos precios aceptables, pero con cabañas ganaderas y ganaderos que se nos caen cada año. En agricultura más de lo mismo, si el año pasado estábamos mal, este año peor. No tenemos ningún sector que nos dé una alegría, está claramente a la baja”, ha resumido García Vidal.

Sin embargo, la renta empresarial agraria en la provincia de León asciende a 198,3 millones de euros; un 6,47% más que en el año 2024. Es decir, que cada ocupado en el sector (que cuenta en la provincia con 5.955 cotizantes, un 2,7% menos que en el año anterior) recibe un total de renta anual media de 27.311 euros. Aunque esta cifra aumenta también respecto al año anterior (un 9% más en 2025 frente al 2024), desde el sindicato agrario indican que se debe a un reparto total entre menos trabajadores del sector, que han disminuido de un año a otro.

A pesar de todo, en el año 2025 el sector agrícola de la provincia de León obtuvo una facturación de 894,99 millones de euros (un 7,24% más que en 2024), de los que la mayoría se corresponden con la venta de maíz (215 millones de euros; es decir, un 23,05% del total). Aunque la producción de maíz de la provincia ha sido un 13,5% mayor a la del año anterior, Asaja critica que los precios de venta han sido muy desfavorables con una caída en la cotización respecto al año 2024 del 6,52%.

Este cultivo cuenta con un total de 72.721 hectáreas (un 6,7% más que las del año 2024), con lo que León se mantiene como principal productora de España.

Por otro lado, hay que destacar que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para el sector agroganadero de León durante el año 2025 subieron hasta los 120 millones; incrementándose casi un 2% más que el ejercicio anterior.

El año del cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza

El pasado mes de mayo, la empresa Azucarera anunció que cerraría la fábrica de molturación en La Bañeza, dejando solo disponible en Castilla y León la de Toro (Zamora). Las cifras del año en el cultivo de remolacha hablan por sí mismas, con una caída de las hectáreas sembradas de remolacha del 40,47% en el año 2025 respecto al año anterior.

A pesar de ello, la provincia se mantiene como la principal productora de España y estima una producción de 508.560 toneladas (aunque se reducen un 35,31% que en el año 2024).

La facturación total de remolacha en la provincia de León es de 19,3 millones de euros (un 2,07% del total de facturación del sector provincial).

En Asaja preocupa el cierre temporal de la fábrica de Toro, la única molturadora que queda para toda la producción de remolacha de Castilla y León. Esto ha provocado que “la remolacha se haya dejado de arrancar y se ha quedado en las fincas hasta que la fábrica la reciba y molture”. Esto, para la organización agraria, implica necesariamente pérdidas, ya que la paralización de la molturación puede alargarse hasta que haya que volver a sembrar un nuevo cultivo.

Crisis en el lúpulo

El año 2025 fue el fin del modelo de comercialización del lúpulo en la provincia de León, líder de este cultivo en España, después de que la multinacional Hopsteiner impusiese a los agricultores leoneses un cambio en la variedad de esta planta.

El año 2025 la superficie cultivada de lúpulo en la provincia de León era de 516 hectáreas; un 4,9% menos que en el año 2024. Asaja señala a que esto se debe a un abandono por parte de los agricultores: “Lejos de crecer, como se prometía, nadie habla del crecimiento en el sector”.

Esto implica que se ha producido una reducción de 8,8% de la producción en un año (de 934 toneladas en 2024 a 851 toneladas en 2025). El valor de la producción de lúpulo en la provincia de León es de 4,2 millones de euros.

Una ganadería sin enfermedades

Después de que la gripe porcina preocupase a ganaderos de toda España, especialmente en Cataluña, donde se sitúa el foco, la ganadería leonesa ha cerrado 2025 libre de enfermedades, no solo de gripe porcina sino también de otras que sí que han afectado otros años, como la gripe aviar (que también ha tenido un repunte en otras explotaciones avícolas de España).

A pesar de ello, el sector pierde explotaciones y ganaderos. Por ejemplo, en el caso de la ganadería porcina el censo total disminuye en un año un 3,67%. Ocurre algo similar en el ganado ovino, que disminuye un 3,5% en número de animales en la provincia de León. En el caso del vacuno, desciende un 0,3% el número de animales en un año. Bajan también el número de colmenas (un 1,8% menos que en 2024).

Aumenta el número de animales de granjas de ganado caprino en la provincia de León, concretamente un 1,95% en 2025. Crece también la avicultura de engorde, con 93 explotaciones en la provincia leonesa con fines comerciales.

Asaja señala al oso y lobo como futuros problemas para el sector

De cara al año 2026, Asaja ha señalado algunas cuestiones que preocupan a la organización agraria.

Una de ellas es que la Junta de Castilla y León lleva a cabo el levantamiento del acotado de pastos de superficies quemadas tras los incendios del verano en la provincia de León que, asegura, es un mero trámite administrativo que puede realizarse con el Gobierno autonómico en funciones.

Por otro lado, Asaja señala como un problema del sector en la provincia la presencia de osos y lobos: “Hoy el Lobo en León es un problema y el oso, que también está en aumento su cabaña, también será un problema a corto plazo”. Respecto a esto, critican la “falta de medidas para minimizar los efectos de la fauna salvaje en cultivos y producciones ganaderas”.

El ejercicio financiero 2025 -16 de octubre de 2024 a 15 de octubre- del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), incluyó pagos de la Política Agraria Común (PAC) con cargo en la provincia de León por importe de 120.203.000 euros en ayudas directas, beneficiando a 6.803 perceptores.

El sindicato agraria Asaja ha explicado, a través de un comunicado, que el importe más importante fue el correspondiente a las “ayudas disociadas”, que alcanzó los 106.619.000 euros, siendo estas ayudas las correspondientes a la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, el pago a los jóvenes agricultores, los eco-regímenes y la ayuda a la renta asociada.

Mientras que al sector del vacuno se transfirieron 8,8 millones, y al de ovino caprino 5,3 millones. Por su parte, las ayudas no directas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), por importe de 1,8 millones de euros, se corresponden sobre todo con los apoyos al sector del vino y al sector de las frutas y hortalizas.

Por otra parte, procedente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se gastaron 62,5 millones de euros, entre fondos europeos y nacionales, de los que casi la mitad se destinaron a infraestructuras rurales ejecutadas por las administraciones públicas.

Otro capítulo importante fue el de la incorporación de jóvenes y planes de mejora de explotaciones, con 10,4 millones de euros y 306 perceptores; la ayuda a zonas desfavorecidas con 6,5 millones de euros y 4.110 perceptores; o las ayudas agroambientales con 6,2 millones de euros y 1.192 perceptores.

Otros capítulos tienen menos interés agrícola, como son el apoyo a la industria agroalimentaria, las ayudas de forestación o las ayudas a los grupos de acción local.

Asaja ha destacado que el mejor ejercicio en fondos del FEGA fue el de 2024, cuando se alcanzaron los 201,07 millones de euros, debido sobre todo al crecimiento de la partida de ayudas a la industria agroalimentaria y a la partida de infraestructuras rurales.

Por el contrario, las ayudas directas del FEAGA ese año fueron de 118,4 millones de euros, frente a los 120,2 de 2025.

Asaja ha recordado que estas ayudas son las que permiten una soberanía alimentaria con productos de calidad compitiendo con las bajas cotizaciones de los mercados internacionales, que sin ellas no se incorporarían jóvenes al sector, que muchas son para compensar exigentes prácticas medioambientales, y que gracias a ellas el sector está en permanente modernización con el objetivo de ser rentable y sostenible. 

La organización agraria Asaja ha compartido su satisfacción con las ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destinadas a agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales ocurridos el pasado verano. En concreto, se muestra satisfecha “tanto por los importes como por el procedimiento empleado” de las subvenciones procedentes del Gobierno de España, a la vez que critican la menor cuantía y los retrasos de la otra línea de ayudas de la Junta de Castilla y León.

La resolución definitiva de la subvención del Gobierno se publicó el pasado jueves 20 de noviembre y el pago está anunciado para la próxima semana. Según informa la organización agraria, los pagos van desde el mínimo de 1.500 euros hasta 16.000 euros, con un mayor apoyo a los afectados que tenían suscrito el seguro agrario o ganadero. Como punto negativo, Asaja reprocha la decisión del Gobierno de no diferenciar al “agricultor y ganadero profesional”.

Asaja valora que la ayuda del Gobierno, canalizada a través del ministerio de Agricultura, “beneficia a más agricultores y ganaderos, y por más importe económico, que la que previamente había convocado -y que con carácter general ya ha resuelto y pagado- la Junta de Castilla y León a través de la consejería de Agricultura y Ganadería”.

La organización agraria recuerda que León fue la provincia más afectada de toda España por los incendios forestales del verano y considera que “los recursos de reposición que se van a presentar a la Resolución publicada ayer por el ministerio de Agricultura, van a ser mínimos”. Sin embargo, Asaja critica que ante las ayudas de la Junta “se han presentado varias decenas de recursos de reposición tan solo en León” y prevé que se sigan presentando y que posiblemente tarden años en resolverse ya que, según critica la organización “parece que no hay voluntad de hacerlo, y por lo tanto en pagarse”.

Ante esta situación, Asaja anuncia que recurrirá ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en defensa de sus asociados, las resoluciones denegatorias del Gobierno autonómico, o en su caso ante el silencio administrativo.

Aasaja ha denunciado este jueves un error que ha impedido a los agricultores del municipio de Llamas de la Ribera solicitar la ayuda para modernización del regadío convocadas para el año 2025 debido a lo que califican de un “despiste” de la Junta de Castilla y León, que olvidó incluir en la Orden que regula el acceso a estas ayudas a los regantes de ese municipio.

En concreto, se debe a la Orden de 30 de junio de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan para el año 2025 las subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Plan Estratégico de la PAC para España 2023-2027.

En el anexo de dicha Orden, que regula las Comunidades de Regantes que pueden acogerse a estas ayudas, no figuran las comunidades de regantes de las que son comuneros los agricultores de este municipio de Llamas de la Ribera.

“Las competencias de ambas actuaciones (modernización de regadíos-concentración parcelaria y modernización de explotaciones) recaen en la misma Dirección General”, señala Asaja en un comunicado.

En este municipio se entregaron en su día las fincas de reemplazo de la concentración parcelaria, regando en precario desde entonces, y en la actualidad se ejecuta una modernización del regadío con fondos públicos de la Junta y de la Unión Europea y con financiación privada de las comunidades de regantes.

Los agricultores solicitan financiación, a través de la Orden antes citada,  para lo que se denomina el “amueblamiento de las parcelas”, que consiste, por lo general, en sistemas de riego a la demanda por aspersión con tubería enterrada o riego por goteo (explotaciones de lúpulo), pudiendo conseguir una ayuda modulada a fondo perdido entre el 45% y 60% según los casos, sobre una inversión por hectárea de entre 6.000 y 8.000 euros.

“Los agricultores de Llamas de la Ribera no pueden acceder a estas ayudas, cuyo plazo de solicitud finaliza el próximo viernes día 31 de octubre, y tendrán que esperar a una nueva convocatoria que, en el mejor de los casos, será dentro de un año, salvo que la Junta enmiende su error en los próximos días”, alerta Asaja.

La Junta de Castilla y León asegura no estar nada satisfecha del panorama que queda en La Bañeza tras el anuncio de cierre definitivo de su fábrica azucarera, con más de un centenar de despidos, respecto a posibles alternativas para las instalaciones, bien de la mano de la compañía Azucarera, bien dando opción a otras actividades o a la venta de las instalaciones en condiciones ventajosas.

Así lo ha transmitido este jueves el portavoz del Gobierno autonómico del PP, Carlos Fernández Carriedo, reiterando hoy el compromiso del Ejecutivo para encontrar una solución industrial al traumático cierre de la factoría, anunciado hace más de cinco meses y después de recientes críticas de algunos sindicatos, como UGT, por la falta de avances.

Carriedo recordó que la autonómica Fundación Anclaje, a petición de las organizaciones sindicales y los trabajadores, ha mantenido diversas reuniones con la empresa y con la Junta, incluso después de que la compañía tomara la decisión de poner fin a su actividad. “Seguimos manteniendo encuentros y ofreciendo apoyo financiero de la Junta para cualquier iniciativa que permita reactivar las instalaciones, ya sea en el ámbito azucarero o en otro sector productivo”, señaló. Hay que recordar que la empresa ha llegado a rechazar hasta dos opciones alternativas diferentes, las cuales no se han dado a conocer públicamente.

En la última reunión, celebrada el pasado mes, la Junta insistió a la empresa en la necesidad de presentar alternativas viables. Sin embargo, “las propuestas trasladadas por Azucarera han sido insatisfactorias, tanto para los trabajadores como para la propia Junta”, explicó el consejero también de Economía.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico asegura haber pedido a la compañía que siga trabajando en nuevas opciones, ya sea mediante inversiones propias o facilitando la venta de los terrenos “en condiciones ventajosas” a otra empresa interesada en desarrollar alguna actividad industrial en la zona. “Nuestro objetivo es que esos terrenos mantengan un uso productivo y generen empleo que podamos apoyar desde la Junta de Castilla y León”, aseguró.

Rescisión de contratos a remolacheros de León

Por otro, el sindicato agrario Asaja de León ha denunciado hoy la rescisión unilateral de contratos por parte de AB Azucarera (British Sugar) con varios cultivadores de remolacha de la provincia, en el marco de la campaña 2025/2026, recoge Efe.

La organización considera que esta decisión es injustificada y perjudica gravemente a los productores, que se ven obligados a aceptar acuerdos desfavorables para evitar largos y costosos procesos judiciales.

Según esta organización agraria, la empresa ha comunicado a los agricultores su intención de cancelar los contratos bajo la modalidad de cultivo compartido, un sistema que garantizaba unos ingresos mínimos a los productores. Justifica que los agricultores han “desatendido el cultivo” y que los rendimientos estimados son inferiores a los deseados.

Sin embargo, Asaja cuestiona esta versión y señala que la menor producción podría deberse a factores ajenos a los agricultores, como el asesoramiento técnico deficiente, decisiones agronómicas tomadas exclusivamente por la empresa, la elección de semillas o las bajas dosis de abonado recomendadas, es decir, más culpa de la compañía que otra cosa. Por eso, entienden que la rescisión de estos contratos no se ajusta a derecho, a pesar de admitir que muchos agricultores están optando por aceptar acuerdos desfavorables ante la falta de alternativas.

AB Azucarera no ha ofrecido otra vía para resolver las discrepancias contractuales que no sea la judicial, concretamente a través de los Juzgados de La Bañeza, lo que supone una “barrera” para los productores que no pueden asumir los costes ni el tiempo que “implicaría un litigio”. Por eso Asaja León ha solicitado la intervención de la Junta de Castilla y León, concretamente de la “Junta de arbitraje y mediación para los contratos agrarios en Castilla y León”, creada mediante el Decreto 47/2018 de 31 de octubre. La organización espera que este organismo pueda mediar en el conflicto y evitar que los agricultores queden desprotegidos frente a decisiones empresariales que comprometen su viabilidad económica.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) lamentó hoy que la mayoría de los viticultores de la comarca del Bierzo no podrán acceder a las ayudas excepcionales a las explotaciones que el Gobierno de España publica hoy en el Boletín Oficial del Estado, BOE, en compensación por la disminución de sus ingresos como consecuencia del incremento de costes y la reducción de las cosechas. 

Aunque Asaja valora positivamente esta medida, que contó con un amplio consenso parlamentario, recuerda que las condiciones para acceder a las mismas dejarán fuera a muchos viticultores bercianos, mientras que los demás apenas recibirán algo más de cien euros, “cifra insuficiente” aunque reconoce que “es un primer paso”.

“La ayuda tendrá como beneficiarios a los viticultores que sean agricultores a título principal, o formen parte de una explotación calificada como prioritaria. Este criterio va en línea con los principios que defiende Asaja”, afirma. 

La dotación presupuestaria es de 85 millones de euros, “y dado que no todos los productores pueden ser beneficiaros de la misma al no cumplir con los requisitos antes citados, la ayuda por hectárea para los que sí los cumplan, podría superar los 100 euros, siendo en todo caso muy insuficiente, representa al menos un gesto y un reconocimiento a los problemas económicos que atraviesa el sector”, añade.

Asaja relata que los mayores problemas del sector están relacionados con los bajos precios que perciben los productores por la uva y la dificultad para comercializar toda la producción debido a la caída del consumo de vino y el retroceso de las exportaciones, lo que se podría ver muy agravado con la política de aranceles de EE.UU. 

En la provincia de León, en la Denominación de Origen Bierzo hay inscritas 2.400 hectáreas de viñedo, y en la de León 1.219 hectáreas. 

El presidente nacional de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha reclamado este miércoles en León más obras hidráulicas en el país, “hacer recipientes, envases, grandes o pequeños” y que no sean “solamente pantanos” porque también “hace falta recargar acuíferos” o “coger el agua que va al mar y darle la vuelta”.

“Si le diéramos la vuelta, no más que al sesenta por ciento, a lo mejor tendríamos 40.000 o 50.000 hectáreas más de cítricos. Si cogemos Málaga y le damos la vuelta para atrás, para Antequera, y podríamos tener otras 40.000 o 50.000 hectáreas de riego de olivares”, ha dicho en declaraciones a los periodistas al finalizar la reunión de la ejecutiva nacional que Asaja ha celebrado en León capital.

“Ojalá”, ha dicho, “tuviéramos más recipientes en España para almacenar más agua. Estamos a niveles ya del noventa por ciento en algunos pantanos, desaguando. La media supera el 74 por ciento. Lo que hace falta es que se den cuenta de que la verdadera vertebración de España vendría por el agua, por las obras hidráulicas”.

Ha agregado que igual que en España en los últimos años se han hecho muchas carreteras “y hay que hacer más”, igual que se han hecho “muchos aeropuertos” o el AVE, hace falta hacer “más envases” para recoger el agua.

Barato también ha criticado que el sector agrario sea siempre “moneda de cambio” y con respecto al contexto actual internacional, ha dicho que se puede producir “una incongruencia muy grande” con la aplicación de aranceles a lo que se produce y a lo que se necesita para producir.

“Me estoy refiriendo al fertilizante ruso y la pregunta es ¿por qué al fertilizante sí y por qué al gas ruso no? Creemos que los eurodiputados españoles y los eurodiputados de Europa tienen que defender al sector agrario de otra forma, no aceptando esta regla del juego”, ha dicho.

A este respecto ha pedido “que dejen en paz al vino y al cerdo” y “si quieren entrar en una guerra que entren, pero con aranceles a Google, a Tesla o a las tecnológicas” y no a los productos del campo.

También ha hablado de la Política Agraria Común y ha reclamado que tenga presupuesto y no enredos, que le quiten “todo lo que estorba”. “Lo que hace falta es producir y crear empleo. Lo que hace falta es lo que sabemos hacer con normalidad”, ha añadido.

Por último ha hablado del lobo después de que se vaya vuelto a aprobar la caza en al norte del Duero, una batalla que, ha dicho, “ha costado mucho conseguir” y ha avanzado que “se seguirá luchando para que la medida se extienda al resto del territorio nacional”. “Estamos a favor de los ganaderos. Convivencia, sí, pero orden también”, ha concluido.

Modernización de regadíos

Barato puso a León como ejemplo de modernización de regadíos. “Sin agua no va a haber futuro en muchas zonas y León lo está haciendo francamente bien. No sé si un poco lento o no, pero desde luego está haciendo bien esa reestructuración de los nuevos regadíos, de modernizar”. El problema, matizó, “es que el futuro se puede ver de otra forma si los costes de producción siguen subiendo de la misma forma que llevamos en estos últimos tiempos”.

Por su parte, Dujo aludió entre otras cuestiones al cereal y a la preocupación específica en Castilla y León, “donde el precio está cada vez más bajo y los costes de producción son cada vez más altos” y donde se ha pasado de sembrar dos millones de hectáreas a menos de millón y medio. “Si no es rentable el sector, los agricultores no podemos sembrar el cereal, es la base de la alimentación de nuestra ganadería y por lo tanto dejaremos de ser el granero de España. Urge que la Unión Europea defienda este sector y para ello urge que el estado español también se ponga las pilas y se ponga de nuestro lado defendiendo esta parte y cambiando los secanos por regadío”, argumentó y también puso a la provincia de León como ejemplo en la materia. “Necesitamos mucho más regadío y necesitamos mucho mejor el que tenemos para asegurar producción, asegurar incorporación de jóvenes y asegurar economía en el medio rural”, añadió.

La Diputación de León confirma que la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) y el resto de organizaciones agrarias de León tendrán que devolver a la institución toda la cuantía de las ayudas recibidas tras anularse las convocatorias comprendidas entre los años 2020, 2021 y 2023, puesto que la sucesión de sentencias a favor de Asaja son firmes y la institución provincial se ve obligada a ejecutarlas. En concreto, la cifra total asciende a 420.000 euros (419.999,92, para ser exactos).

En un comunicado, en respuesta a recientes afirmaciones de “satisfacción” de Asaja por su éxito judicial, la Diputación opina de otro modo, segura de que “las sentencias no dan la razón al sindicato agrario” en su petición de “que reciba más cuantía que el resto de las organizaciones profesionales agrarias” (OPAs), sino que anula las convocatorias de los años 2020, 2021 y 2023.

Y es que el sindicato liderado por José Antonio Turrado comenzó su ofensiva cuando en 2020, con el líder agrario de Ugal-UPA Matías Llorente como vicepresidente entonces de UPL en la Diputación, cambió los criterios del reparto de este dinero, haciendo que Asaja pasara a perdibir menos. Ese enfrentamiento llevó incluso a Asaja a duras acusaciones personales y a presentar denuncias de tipo penal, por prevaricación, las cuales finalmente resultaron archivadas incluso antes de que Matías Llorente falleciera en 2023.

La maquinaria vía judicial administrativa continuó y una tras otra hubo sentencias favorables a Asaja, siempre recurridas por la institución, hasta que finalmente a principios de este año hubo sentencia final del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León desestimando su tercer recurso y desistiendo de alargar más el proceso.

A juicio de Asaja, muy satisfecha con su victoria, “la Diputación se retira así de una estrategia judicial que le ha salido mal, y que lo que pone de manifiesto es que el equipo de Gobierno -el actual y el anterior, que en parte son los mismos-, es un sectario que ha pretendido beneficiar a sus amigos con actuaciones ilegales”.

El equipo de Gobierno de la Diputación, nuevamente con pacto de PSOE y UPL, difiere mucho de esa interpretación y matiza que los fallos no aluden a sectarismos en las decisiones ni mucho menos a “beneficiar a sus amigos con actuaciones ilegales”: “Estas afirmaciones son un claro ejemplo de tergiversación y de manipulación torticera de la realidad”, censuran en una nota de prensa. 

El verdadero efecto real es que todas las organizaciones con representación en el campo leonés tendrán que devolver las cantidades recibidas por parte de la Diputación de León de los ejercicios 2020 y 2023, las que ha reclamado vía judicial, con el consiguiente “perjuicio económico” para ellas por la cuantía total de los 420.000 euros. Entre ellas, la Diputación asegura que Asaja sólo del ejercicio 2020 tendrá que devolver 13.562,86 euros. “La institución provincial se ve obligada a ejecutarlas”, en referencia a las sentencias.

Turrado, sin embargo, niega que tenga que afrontar devolución alguna, ya que en la última nota de prensa aseguró que “desde 2020, Asaja León no tiene en su presupuesto ni un solo euro de ayuda directa de ninguna administración pública”.

¿Y ahora qué?

Sin embargo, el equipo de Gobierno, a preguntas de ILEÓN, no prevé continuar con este duro pulso de años a costa de perjudicar a los sindicatos agrarios porque, dicen, “la Diputación de León no ha dejado de apostar por la agricultura y ganadería de la provincia”. Fuentes oficiales manifiestan que “ya estudiando la fórmula para evitar el perjuicio” y “la intención es compensar estas cantidades que tienen que reintegrar todas las organizaciones afectadas”.

Llevará tiempo, avisan, dado que “acaban de conocerse las sentencias y ni siquiera se han iniciado sus ejecuciones”. Y está por ver si a la convocatoria de este tipo de ayudas que corresponde al año presente 2025, que ya está en el presupuesto aprobado, se pueden acoger todas las entidades asociativas agroalimentarias, “puesto que puede haber duplicidades con las que impulsa la Junta de Castilla y León”.

La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses celebra el 5 de marzo, en las escuelas de Candín-Valle de Ancares, el primero de los seminarios que organiza a lo largo de los próximos meses y que en esta ocasión se dedica a la ganadería extensiva en la zona. 

La jornada versará, concretamente, sobre la enfermedad del mosquito y los cuadernos digitales y comenzará a las 10.30 horas con la participación del profesor de Investigación en Ciencias Agrarias de la Universidad de León, Ángel Ruiz Mantecón. 

El veterinario rural y ganadero, José María Álvarez Durán, será el encargado de hablar sobre la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, EHE o enfermedad del mosquito que está afectando a la ganadería. 

Por su parte la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) ofrecerá detalles sobre el nuevo cuaderno digital que se debe rellenar en las explotaciones. 

La jornada, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Ganadería Extensiva de la Reserva de la Biosfera de Ancares, finalizará con una degustación de carne para los ponentes y los ganaderos inscritos. 

El acuerdo sobre la leche “hace agua por todas partes”. El sindicato agrario Asaja ahondó este martes en sus críticas a la salida adoptada para resolver la crisis generada por la grave situación de la histórica Cooperativa Lar, sustanciada por ahora en la entrada en escena como sustituta de la empresa quesera de Navatajera (Villaquilambre) Lácteas San Vicente sin abordar todavía una solución a la compensación de los costes de la recogida del producto en zonas de montaña de Babia y Omaña.

Como “malo de solemnidad” calificó también el acuerdo el secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado. “Nos quedamos solos en la negociación”, afeó al sostener que habría que haber apurado las conversaciones para alcanzar un pacto que evite a los productores vender la leche por debajo del precio de mercado.

Fue el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego, quien anunció la pasada semana el acuerdo según el cual Lácteas San Vicente se hace cargo de leche en las cinco ganaderías de Babia y Omaña postergando a “medio plazo” la demanda para subvencionar la recogida del producto en estas comarcas de la Montaña Occidental.

Ahora Asaja, que ya salió inmediatamente a denunciar que la Junta “promueve la venta a pérdidas”, teme que los ganaderos afectados “terminen desesperándose” por tener que despachar su producto por debajo del precio de mercado.

Turrado se pronunció en estos términos este martes durante la habitual comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del año anterior, marcado en este caso por episodios como las tractoradas convocadas en algunas ocasiones al margen de las organizaciones agrarias.

Preguntado por si prevé la continuidad de algún episodio similar en 2025, el secretario provincial de Asaja considera que ese movimiento que dio pie a la creación de plataformas reivindicativas alternativas “se ha desinflado”. “Pero se haya desinflado o no, pedimos que vayan por su camino. Es fácil crear desafecto a los agricultores. No vamos a permitir que el agricultor elija a la carta; que esté para arreglar los papeles, pero luego se apunten a otras cosas. Hay otros sitios para hacer exhibición de poderío. Una cosa son las reivindicaciones justas y otra las exhibiciones de poderío”, dijo sobre las tractoradas por el centro de León capital.

“Desacreditar a las organizaciones es tirar piedras contra el tejado del sector. Quizá un día salen todos y te siguen, pero al día siguiente hay que trabajar en un sector que tiene su complejidad”, añadió José Antonio Turrado.

En plena noche y sólo tras darse a conocer la convocatoria este martes de una protesta conjunta de los principales sindicatos agrarios con representación en la provincia de León, la Junta de Castilla y León aireó sin apenas detalles que se pondrá en marcha una inminente solución para retomar la recogida de leche de las últimas explotaciones de la Montaña de León. Se trata de cinco ganaderos de las comarca de Babia y Omaña que estaban teniendo que tirarla tras abandonar la semana pasada la ruta de recogida la Cooperativa de Leche Lar, inmersa en una crisis financiera que intenta capear.

En un comunicado remitido pasadas las nueve y veinte de la noche, la Junta informaba que “una empresa láctea de la provincia de León comenzará a partir de este miércoles a recoger la leche” a los cinco ganaderos afectados en los municipios leoneses de Cabrillanes, Murias de Paredes y San Emiliano que todavía no habían encontrado alternativa para la salida de producto, el cual estaban teniendo que tirar junto al abono de sus animales en medio de una gran desesperación.

Ni la Consejería de Agricultura y Ganadería ni la Delegación Territorial de la Junta en León facilitaban en modo alguno el nombre de la empresa mencionada, pocas horas y días después de que las mismas fuentes hubieran hablado de un acuerdo muy similar cerrado en este caso con otra empresa de Palencia, la cual tampoco se identificaba en ningún momento. Lo único que ahora detalla la administración autonómica, entre fuertes críticas por dejar tirados a los últimos ganaderos de lácteo de la montaña leonesa, es que la recogida se retomará de manera inminente, este miércoles 15 de enero, tras un acuerdo del que tampoco ofrecen detalle alguno.

Además, la Junta asegura en el comunicado que aún “estudia posibles fórmulas de compensación” para paliar en la medida de lo posible las consecuencias derivadas “de la situación excepcional sobrevenida del cese de la actividad de la cooperativa LAR”, con lo que tampoco en esto se detalla ni se ha decidido la puesta en marcha de aportaciones económicas, que reclaman ganaderos y sindicatos del campo. Esa resistencia a poner dinero, como la Junta sí ha puesto en otras ocasiones, en otros territorios y en casi todos los sectores, no sólo ganaderos, ya la dejaba caer el pasado jueves el portavoz del Gobierno autonómico del PP, Carlos Fernández Carriedo.

A pesar de la falta de detalles concretos, la Junta saca pecho en su comunicado con nocturnidad, asegurando que “han estado trabajando en la búsqueda de alternativas” a la crisis de Lar “y los problemas derivados de su gestión”, señalando así a esta cooperativa leonesa. Como ya se sabía desde que hace meses ILEÓN publicó la delicada situación de la firma con sede en Veguellina de Órbigo, el resto de las rutas de recogida por la provincia eran fácilmente solventables por otras firmas. Y así ha ocurrido con la mayoría de las 15 rutas en total afectadas, que pronto tuvieron sustituto y no hubo que tirar la leche, pero abocando a una grave crisis a las más alejadas, las de la montaña.

La maniobra de la Junta ha conseguido, además, romper la delicada unidad de acción de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs), que tenían convocada una protesta conjunta por esta crisis hoy ante la sede autonómica en el barrio de Eras de Renueva en León capital, firmada en principio por Asaja, Ugal-UPA y Ucale Coag.

El tenso escenario sindical

Sin embargo, tal protesta no tendrá lugar, entre críticas cruzadas. Ugal se ha desvinculado tras la vaga información oficial, asegurando que no acudirá a la protesta al estimar como “acuerdo beneficioso” el alcanzando por la Junta para las cinco explotaciones de Cabrillanes, Murias de Paredes y San Emiliano. “Desde Ugal-UPA celebramos esta decisión y nos comprometemos con los ganaderos de la zona a vigilar que se cumplan los términos acordados para que las cinco explotaciones retomen su actividad y continúen desarrollándola con normalidad”, firma Eduardo Padierna, responsable de Ganadería del sindicato.

Por su parte, Asaja afea con dureza esta decisión indicando en otro comunicado que “no comparte la estrategia de desconvocar el acto de protesta por el simple hecho de que la Junta haya convocado una reunión informativa” para una hora más tarde de la fijada por ellos, asegurando que ambos actos “hubieran sido perfectamente compatibles” porque “siempre se debe de mantener la presión en la negociación hasta que haya un acuerdo definitivo y satisfactorio”.

El sindicato que en León dirige José Antonio Turrado, de hecho, recuerda el 'baile' sobre este asunto, ya que “ayer, en el momento de efectuarse la convocatoria del acto de protesta, la Junta ofrecía el servicio de recogida de una cooperativa palentina, y los propios ganaderos tenían que encargarse del transporte hasta un punto próximo a la capital leonesa, sin recibir compensación alguna por ello, algo a todas luces inviable y por lo tanto descartado. Y pocas horas después, al parecer hay otra oferta, en este caso de una empresa leonesa, que asumiría con sus recursos el coste de recogida sin repercutirlo en el precio de compra”. 

También advierte de que “no parece contemplarse la propuesta inicial” de Asaja “de otorgar una ayuda permanente a las empresas que recojan leche en rutas de montaña, para compensar los mayores costes de recogida, como ya existe en otros territorios”, si bien concluye que analizará la letra pequeña y aceptará la solución si la considera seria y viable.

La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) advirtió este miércoles que el 80% de los autónomos que perdió la provincia de León durante el año pasado eran agricultores o ganaderos, al tiempo que constató que el sector agrario leonés pierde cada año explotaciones “a pesar del éxito que está teniendo la incorporación de jóvenes”, que “no son suficientes para cubrir las bajas que se producen mayoritariamente por jubilación”.

De acuerdo con los datos aportados por Asaja, a 30 de diciembre de 2023, el número de cotizantes a la Seguridad Social con epígrafe agrario, ganadero o forestal era de 6.289, que cayeron a 6.102 un año después a 30 de diciembre de 2024, lo que representa un 2,93% menos. En el conjunto de autónomos de la provincia, la reducción fue del 0,66%, al pasar de los 34.911 a finales de diciembre de 2023, a los 34.679 a finales de diciembre de 2024. De esta forma, de los 232 cotizantes menos, el 80% corresponden al sector agropecuario.

Para la organización agraria, la caída en el número de explotaciones agrarias se justifica por la baja rentabilidad del sector, debido a que “un joven no puede incorporarse en una explotación de un jubilado, ya que por la necesidad de redimensionarse necesita dos o más explotaciones para poder incorporarse con éxito”. Por lo tanto, el desequilibrio en el relevo generacional “no se produce por falta de candidatos”, sino por “la dificultad de encontrar tierra de cultivo o pastos suficientes para hacerlo en una explotación económicamente viable”.

Respecto a los asalariados del campo, Asaja señaló que la tendencia es la contraria, de forma que hay un incremento cada año debido a que “al ser explotaciones más grandes, se necesita más mano de obra asalariada para gestionarlas”. Así, a 30 de diciembre de 2023, los asalariados con epígrafe agrícola, ganadero o forestal eran 2.028, mientras que un año después, el 30 de diciembre de 2024, eran 2.162, lo que supuso un incremento del 6,6%.

El sindicato agrario Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) exige a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de León que intervengan de urgente y directa para evitar el cierre de las últimas explotaciones de ganado vacuno de leche de la montaña que sobreviven en León, en concreto en las comarcas de Babia y Omaña.

La situación se ha vuelto crítica, denuncia Asaja, tras el anuncio de la Cooperativa Lechera LAR, que según el sindicato ya se encuentra en situación concursal, que cesar desde este mismo martes 7 de enero su actividad de recogida en estas zonas, dejando así a los ganaderos de ambas comarcas sin alternativa en el servicio de recogida de leche.

La delicada situación financiera de la Cooperativa LAR, histórica entidad fundada hace 58 años y radicada en Veguellina de Órbigo, tal y como contó hace meses ILEÓN, se atribuye a una ambiciosa operación financiera y crediticia que no ha dado los resultados esperados. Según fuentes próximas al sector, LAR enfrenta pagos en plazos más cortos de lo previsto inicialmente, lo que ha tensionado su sostenibilidad. Además, el rendimiento inesperadamente bajo de nuevas infraestructuras, como un secadero de maíz recientemente construido en su localidad sede, ha agravado su situación económica, de la que sus nuevos gestores intentan salir.

Los sindicatos agrarios ya habían alertado en otoño que si bien la recogida de leche en muchas zonas de la provincia que hasta ahora cubría Lar podría, en teoría, ser asumida por otras empresas sin demasiados problemas, otras más alejadas y con poblaciones rurales dispersas en la Montaña Occidental de León, lo tendrían más difícil para encontrar una alternativa a sus entregas de leche, algo que ahora parece confirmarse en la peor de las situaciones.

“Han resistido como campeones”

El problema para encontrar otros compradores radica en que los costes de recogida “son inasumibles, debido a la distancia, a la orografía, y a que el volumen de leche se ha ido reduciendo, y no a que no haya demanda”, advierte el sindicato que dirige en León José Antonio Turrado. “Los ganaderos de estas comarcas de alta montaña han mantenido su actividad con un gran sacrificio personal, por la dureza de la profesión donde es difícil la mecanización, por el minifundismo, por la dificultad para conseguir buenas condiciones de venta, y por los mayores costes en todas las inversiones y los insumos que se emplean en una ganadería. Han resistido como campeones, han tenido mucho mérito”, remarca. Y es que lamenta que “nadie se lo ha agradecido ni nadie le ha pagado el esfuerzo que han hecho, porque para quién trabaja no suele haber ayudas”.

La organización agraria ha advertido que la falta de recogida de leche obligaría a los ganaderos a desechar su producción en fosos de purín, una situación que considera inadmisible y contra la que pide una intervención inmediata de las administraciones.

Para afrontar esta crisis, Asaja en concreto propone una acción conjunta de la Junta y la Diputación de León, valorando varias iniciativas. Así, piden por ejemplo a la Junta la concesión de subvenciones específicas, articulando ayudas dirigidas a la producción lechera en zonas de montaña, complementarias a las establecidas por la Política Agraria Común (PAC). Y de la Diputación reclaman una financiación de la recogida de la leche, es decir, que la institución provincial asuma el 100 % de los costes de recogida, ya sea mediante ayudas directas a los ganaderos o incentivos para las industrias lácteas.

Asaja también solicita la convocatoria urgente de una reunión con representantes de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos implicados, tales como Murias de Paredes, Riello, Cabrillanes o San Emiliano, con el fin de garantizar una respuesta inmediata y evitar el abandono de estas explotaciones.

Ugal también se posiciona... sólo ante la Junta

Por su parte, con un comunicado posterior, el sindicato Ugal-UPA ha reclamado en su caso sólo a la Junta de Castilla y León que, como ha hecho en otros casos en la Comunidad, busque una solución al anuncio de cese de actividad de recogida de leche por parte de la cooperativa LAR. “Estamos hablando de que la leche LAR es de origen cien por cien leonés, y lleva como marca en los lineales de tiendas y supermercados desde el año 2010, por lo que la Junta debe demostrar con hechos que apuesta por defender el producto local, de cercanía y de valor añadido para el territorio rural”, exigen.

 La formación cree que con la no recogida de la leche “se les deja al pie de los caballos, sentenciándolas a muerte”, y entiende que la Junta debe defender el sector lácteo provincial por ser un sector estratégico por causas sociales, económicas, territoriales y medioambientales, entre otras, y “como tal debe ser tratado”. Además, una vez que se cierra una explotación láctea es “imposible que se reinicie la actividad”, con todo lo que ello conlleva para un emblema como es para la provincia leonesa la leche LAR y los ganaderos locales que la producen, ha concluido la organización agraria. 

Un tercio de las explotaciones bovinas de carne y leche de la provincia leonesa han sufrido ya los estragos de la Enfermedad Hemorrágia Epizoótica (EHE), aumentando su incidencia sensiblemente en más de un siete por ciento sólo en la útima semana.

“Con los datos más recientes proporcionados por la Consejería de Agricultura  y Ganadería de la Junta de Castilla y León, en la provincia de León hay 400 explotaciones de vacuno cuyos titulares han declarado la existencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica y se ha comprobado la positividad con análisis de PCR por parte de los veterinarios oficiales. Este número de explotaciones, que ha crecido un 7,3% en la última semana, representa el 33% de un censo aproximado de 1.200 ganaderías de carne y de leche”, afirma el sindicato agrario en una nota de prensa .

“A falta de un dato oficial sobre el número de bajas, que no existe ya que no se determina la causa de la muerte de los animales fallecidos que se dan de baja en los censos, ASAJA estima una media del 3% de los censos de las explotaciones afectadas, lo que supondría unos 1.100 animales. En una de cada cuatro explotaciones diagnosticada no se han producido bajas. No obstante, las mayores pérdidas en las explotaciones pueden llegar por la mala recuperación de los animales enfermos y que no vuelvan a alcanzar su óptima capacidad productiva, por los abortos y retrasos en la nueva gestación, o por problemas de infertilidad tanto en machos como en hembras, así como los costes veterinarios en honorarios y tratamientos sintomáticos”, continúa.

Pese a que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha aprobado recientemente una ayuda a las explotaciones afectadas a lo largo del periodo de 26 de junio a 16 de octubre de 202 –“de la que se han beneficiado 361 explotaciones leonesas, con un importe de 658.000 euros, compensando por 900 animales fallecidos–. Asaja asegura que ha detectado ”errores que han excluido del pago a ganaderos“ y reclama que la Junta los corrija de oficio incluyéndolos en una próxima remesa de pagos. La ayuda ha consistido en una cuantía fija por explotación, de 500  a 1.000 euros, según tamaño de la misma, y una ayuda por animal fallecido de 500 euros.

“El uso de la vacuna, que en principio es una herramienta útil para combatir la enfermedad, y que ASAJA recomienda, no ha llegado a generalizarse, quizás porque se puso en el mercado después de haber comenzado el periodo de infestación del virus transmitido por mosquitos del género Culicoides”.

Según información del Ministerio de Agricultura, “históricamente la EHE ha circulado en América del Norte, Australia, Asia y África, pero nunca había sido detectada en España ni en la UE hasta que, el pasado 10 de noviembre de 2022, las autoridades italianas comunicaron la detección del virus en explotaciones de ganado bovino en la isla de Cerdeña y unos días más tarde en Sicilia. El 18 de noviembre de 2022 se detectaron los primeros casos en España, en el sur de la península”. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta ha dado su visto bueno a la declaración ambiental estratégica del “proyecto regional” de energía verde La Robla Green, un complejo que incluye la construcción de plantas de hidrógeno verde y de metanol de origen renovable, así como una instalación de destinada a la quema de biomasa y otra para la captura de dióxido de carbono. El plácet ha quedado este miércoles formalizado a través de una resolución publicada en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).

El proyecto, que se beneficiará de subvenciones comunitarias al estar seleccionado entre los 85 que se repartirán 4.800 millones de euros de ayudas de la Unión Europea a iniciativas innovadoras en materia de energía limpia, está llamado a servir de alternativa económica al entorno de La Robla, que ha visto cerrar y desmantelar su central térmica tras el final de la minería del carbón. La Robla Green, que se desarrollará en el Polígono El Crispín, tiene prevista la creación de en torno a 450 puestos de trabajo.

Ahora la Junta, que ya el pasado mes de junio había tramitado de urgencia la aprobación de esta iniciativa empresarial como “proyecto regional”, da luz verde a la autorización ambiental estratégica. El visto bueno incluye algunas acotaciones: proponer una nueva red de abastecimiento (una para consumo humano y otra de uso industrial), así como un nuevo sistema de depuración y la distribución y conexión de las redes de infraestructuras y servicios necesarias.

El análisis de las diferentes alternativas considera “suficiente” la única conexión del sector con la red viaria a través de la carretera LE-4514, si bien mantiene la previsión de establecer otra conexión por el noroeste con la carretera CL-626 y con Cascantes. El proyecto ya ha generado oposición como la mostrada por el sindicato agrario Asaja, que ha justificado su rechazo en la medida en que implicará la expropiación forzosa de fincas.

Tras las diferentes consultas a administraciones públicas y entidades, la Junta ha resuelto de forma favorable la evaluación ambiental estratégica, si bien matiza que este trámite “no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se puedan derivar” del proyecto regional. Y el visto bueno general está sometido también al cumplimiento de una serie de condiciones vinculadas a reducir el impacto en la biodiversidad y el riesgo de propagación de incendios forestales, procurar la mejor integración paisajística, realizar un control arqueológico de los movimientos de tierra, entre otras cuestiones.

La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia si, una vez publicada en el Bocyl, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan en el plazo de dos años.