La Comisión de Transparencia de Castilla y León ha vuelto a reiterar que los vecinos de una junta vecinal tienen derecho a consultar y revisar la documentación económica y de contratación, y que los presidentes de las mismas no pueden negar el acceso a éstas por ser un derecho constitucional el poder revisar la actuación económica de las administraciones públicas, algo que son las Entidades Locales Menores.

El árbitro de la Transparencia en la autonomía emitió una resolución en respuesta a una reclamación de una ciudadana contra la Junta Vecinal de La Vid de Gordón, en el municipio de la Pola de Gordón. La resolución estima la reclamación y obliga a la Junta Vecinal a facilitar los extractos bancarios, detalles de bienes inmuebles, procedimientos de pastos, justificaciones de subvenciones, apuntes contables, y el número de firmas para los reintegros.

La reclamante, que siguió con total éxito a rajatabla el manual de ILEÓN para pedir los gastos de las fiestas del pueblo por Transparencia (o cualquier otro gasto), solicitó información pública sobre el uso de fondos públicos, subvenciones, bienes inmuebles y gestión financiera de la Junta Vecinal, petición que no fue respondida inicialmente. La Comisión de Transparencia determina que la información reclamada es pública y debe ser proporcionada a la solicitante. Esta vecina apunta que quiere comprobar “que todos los gastos de los últimos años se han hecho de acorde a lo que es correcto, porque hay cosas que no tienen justificación”.

Pone como ejemplo el único punto en el que el Comisionado de Transparencia no le da la razón (por cuestiones de política, (al no referirse a un documento concreto) la falta de un desfribilador expuesto al público pese a que se anuncia su existencia en un cartel tras recibir la Junta Vecinal una subvención de 1.500 euros de la Diputación Provincial. “Sólo está el cartel que lo anuncia y debería estar expuesto al público las 24 horas del día, en realidad no tenemos pruebas de que se haya comprado realmente”, indica la denunciante. Por ese motivo reclama acceder a los apuntes de la contabilidad de gastos y servicios y los movimientos de las cuentas corrientes, para vigilar dónde se ha movido ese dinero.

Corrección a la negativa de la Junta Vecinal

Es casi generalizado que las administraciones públicas pongan toda clase de trabas a enseñar las cuentas y los pagos, pero al final tienen que hacerlo, porque si no se juegan una prevaricción.. En este caso el pedáneo de La Vid contestó al Comisionado de Transparencia (al que acudió la vecina al comprobar que no le respondía con lo solicitado) con varias razones para negar el derecho fundamental al acceso a la documentación pública que todos los ciudadanos tienen protegido por el artículo 105.b de la Constitución.

La primera, que desconocía la petición. La Junta Vecinal afirmó que la solicitud de información pública no fue presentada directamente ante ellos, sino ante el Ayuntamiento de La Pola de Gordón y éste no se la había remitido.

Luego, la Junta Vecinal argumentó que los presupuestos son aprobados anualmente y la Cuenta General se expone públicamente, siendo también aprobada junto con la liquidación del Presupuesto y enviada al Tribunal de Cuentas para su publicación. Indicaron que los presupuestos desde 2021, así como información sobre los contratos de la entidad, están accesibles en el portal web de rendiciondecuentas.es, dependiente del Tribunal de Cuentas. También arguyó el manido truco de que por protección de datos no podía ser objeto de información (cuando las empresas, y los arriendos de pastos son en esencia un acto empresarial, no están protegidas por esta ley).

La contundente resolución del Comisionado

Salvo la crítica del fibrilador, la decisión del Comisionado ha sido realmente contundente. La vecina tiene toda la razón y tiene total derecho a consultar esos documentos. “No ofrece dudas que todos los contenidos informativos indicados pueden ser calificados como de información pública”, afirma la resolución, que desmonta los argumentos de la Junta Vecinal porque pese a que se hayan publicado las cuentas “esto no exime de la obligación de resolver expresamente la solicitud de la ciudadana”.

De esta manera, ha de facilitar concretamente “los extractos de los movimientos de la cuenta o cuentas que la Entidad Local Menor tuviera abiertas en entidades financieras, el listado de ”bienes inmuebles cuya titularidad corresponda a la Entidad Local Menor y uso de ellos, señalando, en su caso, los contratos de arrendamiento que se hayan celebrado y la renta percibida de los arrendatarios en el período de tiempo indicado“. El ”procedimiento de adjudicación del aprovechamiento de pastos, número de solicitantes y adjudicatarios y precio de la adjudicación“. Además de la ”justificación de las subvenciones recibidas de las que hubiera sido beneficiaria“ y los ”apuntes contables contenidos en el Libro Mayor de Cuentas del Capítulo 62 de Gastos y Servicios“, añadiendo finalmente el ”número de firmas exigido para realizar reintegros en la cuenta o cuentas abiertas en entidades financieras por la Entidad Local Menor“.

Mientras la vecina exponía sus dudas de que se le fuera a entregar lo que quería, ya que inició la petición en septiembre del año pasado “y casi ha pasado otro”, consultado por ILEÓN el pedáneo de La Vid, Alfonso González García, aseguró que sí los ofrecerá. “La asesoría de la Junta Vecinal está recopilando la información solicitada y en cuanto esté lista, esperando que sea justo cuando acabe el plazo, convocaré a la solicitante para que venga a recoger la documentación”, aseguró en conversación telefónica. Y se quejaba de que “si no se le ha dado antes es porque presentó la petición en el Ayuntamiento de La Pola y no en la Junta Vecinal, y hasta que el Comisionado de Transparencia no pidió información, desconocíamos que existiera”.

De esta manera el Procurador del Común, en su labor de árbitro de Transparencia en la comunidad autónoma de Castilla y León, certifica una vez más que todo ciudadano (incluso los que no son vecinos del pueblo) tiene derecho a conocer las cuentas de las administraciones públicas para poder ejercer las labores de vigilancia a las que les da derecho el artículo 105.b de la Constitución Española. Y que no contestar o hurtarles esa información puede ser constitutiva del delito de prevaricación, con el que pueden perder el puesto (y no poder presentarse a las elecciones) por inhabilitación de cargo público los presidentes de juntas vecinales e incluso alcaldes.

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Dos ayuntamientos de la provincia de León han recibido en los últimos dos meses varias resoluciones del Comisionado de Transparencia que les obliga a entregar información no ya a ciudadanos cualquiera que la soliciten, sino a un concejal de la corporación y a otra junta vecinal, ante el silencio de ambas instituciones a las peticiones realizadas.

Son el caso del Ayuntamiento de Rioseco de Tapia, con tres resoluciones en dos meses, y el de Cármenes, con dos resoluciones. El caso más sangrante es el ayuntamiento riosequino, gobernado por una histórica alcaldesa del PP y exdiputada nacional, Trinidad García, que ha hurtado información a uno de los concejales de la corporación, cuyo derecho a recibir información está reforzado por su condición de cargo público

Además, Rioseco de Tapia ha pasado siquiera de contestar al Comisionado de Transparencia en el proceso que se abre cuando la persona que solicita la información pide amparo para que se la entreguen. Una obligación legal pero que últimamente varias entidades pasan de realizar si se repasan las resoluciones del Comisionado, que recae en la figura del Procurador del Común. Por ello el Comisionado reprocha que se ve “obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Rioseco de Tapia, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado”.

Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. Pero la falta de colaboración no conlleva sanciones puesto que no se contemplan en la normativa, más allá del 'tirón de orejas' de salir como entidad incumplidora en el informe anual de transparencia de Castilla y León.

Las resoluciones del Comisionado de Transparencia de Castilla y León abordan reclamaciones de los concejales que buscan detalles sobre la contratación de peones de mantenimiento y extractos bancarios del ayuntamiento, entre otras cuestiones.. La Resolución 124/2025 se centra en la solicitud de información sobre contratos bancarios, de telefonía y seguros.

La Comisión de Transparencia estima las reclamaciones, reconociendo el derecho de los concejales a acceder a esta información, a menudo por silencio administrativo positivo, y enfatiza la importancia de la transparencia y el control político en la gestión municipal. Se subraya que, aunque existe normativa local específica, la Ley de Transparencia es aplicable de forma supletoria y que el derecho a la información de los cargos electos no debe ser más restrictivo que el de un ciudadano.

Las peticiones de Rioseco de Tapia, realizadas entre 2023 y 2024, versaban sobre diversos asuntos. Una de ellas era expediente municipal completo sobre la contratación de peones de mantenimiento dentro del Plan de Empleo de la Diputación Provincial de León, incluyendo el decreto de aprobación de bases, la relación de aspirantes, la aplicación del baremo y la resolución de las plazas. En otra se solicitó el extracto de las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Rioseco de Tapia de los ejercicios 2019 a 2023 para su examen en las dependencias municipales. Y la tercera se solicitó una relación de contratos de seguros a nombre del Ayuntamiento y las primas pagadas en los últimos cuatro años. También se pidieron otros datos como contratos bancarios, de telefonía o de tarjetas, pero el enfoque de la resolución se centró en los seguros, ya que el resto de la información fue parcialmente contestada en un Pleno municipal.

El Comisionado de Transparencia consideró conformes a derecho todas las peticiones solicitadas, reforzadas por ser un concejal quién lo hacía. Las resoluciones destacan además la reiterada falta de respuesta del Ayuntamiento de Rioseco de Tapia a las solicitudes iniciales de información y su incumplimiento del deber de colaboración con la propia Comisión de Transparencia.

El caso de Cármenes

Otro ayuntamiento que ha recibido dictámenes del Comisionado de Transparencia obligándole a proporcionar la información solicitada, ante su 'pasotismo' en contestar al ente que vigila su cumplimiento, es el Ayuntamiento de Cármenes, gobernado por el popular Dionisio García, alcalde de Cármenes desde las elecciones de mayo del 23, y había sido el último alcalde del PP tras 20 años de gobiernos del PSOE.

La Comisión de Transparencia de Castilla y León ha ordenado al Ayuntamiento de Cármenes entregar información solicitada sobre la gestión y el aprovechamiento económico de un coto privado de caza. Ambas resoluciones, de marzo y mayo, destacan la falta de respuesta del Ayuntamiento y la obligación de transparencia de las administraciones públicas.

En una la Junta Vecinal de Piornedo pedía la copia íntegra del expediente administrativo de contratación y adjudicación del coto privado de caza. En la otra solicitaba información económica detallada sobre el aprovechamiento cinegético del coto de caza desde el 22 de mayo de 2015 hasta el año 2024, incluyendo ingresos brutos anuales correspondientes al coto de caza, deducción de los gastos (detallando concepto, fecha e importe), ingresos realizados por el Ayuntamiento en la cuenta corriente de la Junta Vecinal de Piornedo y el saldo acreedor del Ayuntamiento con la Junta Vecinal de Piornedo.

La Comisión de Transparencia confirma que una entidad local menor, como la Junta Vecinal de Piornedo, puede ejercer el derecho de acceso a la información pública al amparo de la LTAIBG, ya que esta ley reconoce el derecho a “todas las personas”, avalado por jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

La resolución señala que la solicitud del expediente de contratación del coto se considera información pública por obrar en poder del Ayuntamiento y ser elaborada en el ejercicio de sus funciones y que la información económica solicitada es igualmente información pública al ser relevante para la gestión municipal y por los derechos económicos de la Junta Vecinal sobre el coto.

En ambos casos, el Ayuntamiento de Cármenes no envió el informe solicitado por la Comisión de Transparencia, lo que se considera un incumplimiento del deber de colaboración debido al Comisionado de Transparencia. Por lo tanto la información debe ser entregada.

Todas las resoluciones son ejecutivas y ponen fin a la vía administrativa, aunque los Ayuntamientos pueden interponer un recurso contencioso-administrativo.

No nos comamos la cabeza: la protección de datos, en España, y en la mayor parte de los países de nuestro entorno, no pretende defender la privacidad de los ciudadanos frente a los abusos del poder, ya sea económico o político, sino la privacidad de las capas altas de la sociedad, precisamente frente a los ciudadanos.

El Gobierno y las grandes empresas disponen siempre de tus datos, de todos los que quieran, y hacen con ellos lo que les parece. Lo que realmente les preocupa es que tú puedas saber cosas sobre ellos, identificarlos, y reaccionar contra sus abusos.

Ellos saben dónde vives y qué coche tienes, pero no quieren que sepas dónde viven ellos ni qué coche conducen. Tienen pleno acceso a tu historial médico, pero pueden meterte diez años de prisión por acceder al suyo. Y si en una oposición, por ejemplo, se publican las notas, pero se ocultan los nombres, no es para que la privacidad de los examinandos quede protegida, sino para que no puedas saber qué hijo, querida o cónyuge de un político o un gran empresario han amanecido milagrosamente por delante de ti.

La protección de datos no nos defiende de nada. Nos siguen llamando a todas horas, nos clasifican y nos archivan más que nunca, crean perfiles sanitarios, políticos y sociales que las empresas manejan con total impunidad, pero añade una capa de opacidad a todo lo que se cuece por encima de un determinado nivel, justo ese nivel que determina quién manda y quién obedece, quies es un ciudadano y quién un vasallo.

La transparencia, ese bien tan alabado, se produce en un sólo sentido, como en esos espejos de las salas de interrogatorios, detrás del cual se emboscan los que tienen la llave del cuarto y las llaves de las esposas, mientras el otro, el desgraciado que está sentado en la silla, se tiene que conformar con ver en el espejo su propia cara de gilipollas pastoreado hacia su propia ruina. No se trata de añadir una capa de protección, sino una capa de impunidad.

Por eso te meten un paquete del copón si se te ha caído la matrícula del coche en un camino forestal pero no pasa nada si un antidisturbios ha olvidado colocarse su identificación. Por eso te crujen con una multa si mandaste por error en un email las direcciones de los demás destinatarios pero no pasa nada si la DGT pierde los datos completos de decenas de miles de conductores.

La protección de datos no es para ti. La mayor parte de las veces es sólo y sobre todo contra ti. De ahí las omnipresentes cláusulas empresariales que permiten tratar, ceder a terceros o guisar al ajillo, si les apetece, cualquier dato que les des para usar un producto. Todo tan legítimo como si Correos te exigiera poder abrir y leer tus cartas para poder usar su servicio.

No defienden tus datos, sólo los estabulan. Ya es hora de hacerse idea.

Javier Pérez Fernández ha publicado 17 libros: los dos últimos en 2021, Catálogo informal de todos los Papas, y en 2023 La libertad huyendo del pueblo. Su larga y premiada carrera literaria se puede consultar, junto a toda su obra, en su página web personal: javier-perez.es.

El Grupo Municipal del Partido Popular denuncia que el equipo de Gobierno municipal oculta la política de arbolado de la capital leonesa, el mismo día en que se ha conocido que comienzan las obras de repavimentación del Musac en las que se van cortar una treintena de árboles. Según el PP, los socialistas de José Antonio Diez no facilitan las conclusiones del contrato externalizado del arbolado de la ciudad de León, por el que los leoneses pagaron 58.382 euros.

En una nota de prensa el PP indica que “ya denunció que el equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez duplicaba el gasto al adjudicar el servicio de ‘Evaluación del riesgo del arbolado urbano en el municipio de León’ en mayo por un importe de 58.382 euros y con un periodo de seis meses, que finalizó hace más de un mes”.

Los populares solicitaron el 19 de diciembre este informe por escrito, al que el equipo de gobierno debería haber contestado en un periodo no superior a cinco días, que cumplió el 27 de diciembre. Ante esta situación, el PP municipal insiste en pedir estas conclusiones. “En junio de 2023 el PSOE formalizaba la externalización del ‘Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura verde urbana en el municipio de León’ por un importe superior a los 30 millones de euros. La proposición técnica para participar en esta licitación incluía el estado actual del arbolado, lo que supone una preocupante falta de control en los contratos y el gasto por parte del Ayuntamiento”.

Falta de Transparencia

El equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez no acostumbra a cumplir con la obligación de contestar en cinco días –como está obligado- a las preguntas registradas por otros miembros de la Corporación. Y lo ha vuelto a hacer. En este caso, con las conclusiones del contrato de ‘Evaluación del riesgo del arbolado urbano en el municipio de León’; han pasado 13 días desde que los populares solicitaron dicho informe.

Los populares han denunciado en varias ocasiones que Diez iba a malgastar cerca de 58.500 euros para que una empresa evaluase el estado de los árboles de la ciudad. Una ocurrencia del equipo de gobierno, después de que en 2023 se registraran varias caídas de ejemplares en diferentes puntos de la ciudad. Una situación que llama la atención ya que el contrato que externalizaba el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, con una factura superior a los 30 millones de euros, ya incluía ese estudio, por lo que se duplicaba tanto la labor como el gasto.

El contrato fue adjudicado el 10 de mayo y formalizado el 17 de mayo, con un periodo de seis meses, así que finalizó el pasado 17 de noviembre. De ahí que el Grupo Municipal del Partido Popular registrase una serie de preguntas al equipo de gobierno el 19 de diciembre para conocer cuáles son las conclusiones de este estudio.

“Los leoneses no necesitaban gastar 58.500 euros para que una empresa haga un diagnóstico de los árboles de la ciudad porque ese estudio ya está hecho y muy bien pagado, por cierto”. Con estas palabras resume otra vez el Grupo Municipal del Partido Popular el sinsentido cometido por el equipo de gobierno municipal con el estudio del arbolado.

Si gastar esa cantidad de dinero de los leoneses para realizar un estudio durante seis meses ya resultaba un grave error, conocer que ese estudio ya está hecho como indican las proposiciones técnicas del contrato de las zonas verdes de la ciudad (con un importe superior a los 30 millones de euros) “resulta una irregularidad y una grave irresponsabilidad”.

Como el equipo de gobierno no ha contestado, incumpliendo sus responsabilidades, el Grupo Municipal del Partido Popular insiste en conocer el contenido de ese informe que tanto ha costado a los leoneses.

Un total de diecisiete ayuntamientos y una junta vecinal de la provincia leonesa se incorporaron durante el segundo semestre de este año a la lista de entidades no colaboradoras con el Procurador del Común. Ocho de ellos lo hicieron por incumplir la obligación de informar a la institución autonómica que preside Tomás Quintana y los nueve restantes por no contestar a las resoluciones y recomendaciones emitidas por la misma.

En el primer caso se encuentran el Ayuntamiento de Valdefresno, por una cuestión referida al incumplimiento de una resolución aceptada sobre el acondicionamiento de un camino público, el de Santovenia de la Valdoncina, por deficiencias en la limpieza viaria y el de Valdepiélago, que también incumplió la resolución aceptada sobre la clasificación de una parcela como suelo rústico.

También engrosó el listado, por partida doble, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, por quejas relacionadas con el estado de abandono del aparato elevador de acceso a la pasarela peatonal de la calle Limonar de Trobajo del Camino como por la solicitud de reposición de un espejo convexo-parabólico en un cambio de rasante.

Por su parte, el Ayuntamiento de Matallana de Torío se sumó al listado por dos asuntos, el deficiente estado de conservación de una finca particular y la inactividad por la ocupación de un dominio público con cerramiento. En el caso de Vegas del Condado, fue la inexistencia de fibra para telecomunicaciones en Villamayor del Condado lo que llevó a intervenir al Procurador del Común, informa Ical.

El estacionamiento en la vía pública por tiempo superior al permitido en la ordenanza municipal correspondiente fue la materia que llevó al Ayuntamiento de León a sumarse a la relación de municipios no colaboradores por incumplir la obligación de informar.

Por otro lado, después de desatender las solicitudes de respuesta y los apercibimientos remitidos, pasaron a formar parte de listado de entidades no colaboradoras, por no contestar a las resoluciones y recomendaciones emitidas por el Procurador del Común, Murias de Paredes, por un tema referente a la instalación de un pivote en vía pública, Santa Marina del Rey, por ignorar una solicitud relacionada con el empleo público, Valdepiélago a causa de las competencias sobre el alumbrado público y Sahagún, a causa de un conflicto sobre el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y otro vinculado a las tasas por el agua.

El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas pasó a formar parte del listado por un asunto de responsabilidad patrimonial sobre los daños de un animal de compañía, el de La Antigua por una queja sobre vertidos al colector municipal de una actividad industrial y el de San Andrián del Valle, por una solicitud de acondicionamiento y limpieza de solar urbano.

Bierzo

El Ayuntamiento de Borrenes pasó a formar parte del listado de entidades no colaboradoras con el Procurador del Común por incumplir la obligación de informar a la institución por un caso relacionado con la pavimentación y alumbrado en el acondicionamiento de un vial.

La comarca berciana sumó más casos al listado de entidades no colaboradoras, por no contestar a las resoluciones y recomendaciones emitidas por el Procurador del Común, desde el pasado mes de junio. Así ocurrió con la Junta Vecinal de Paradela del Río respecto a la inclusión de un sendero en el inventario local, y el Ayuntamiento de Vega de Valcarce entró por partida triple, por sendas cuestiones sobre desbroces, limpieza viaria y recogida de aguas pluviales.

Ponferrada, por su parte, se incorporó a ese registro por dos temas, el acuerdo del pleno de 28 de octubre de 2022, por el que se aprobó la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ponferrada y condiciones para su aplicación, y por el manual de uso del símbolo de identidad visual corporativa.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado en el pleno del 26 de diciembre su Plan Antifraude; una medida que la Unión Europea obliga a crear como condición para el acceso a las subvenciones europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este 'Plan de medidas antifraude' tiene como objetivo permitir que las administraciones públicas hagan uso de los fondos sin incumplir las normativas, concretamente aquellas que tienen relación con “el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por UPL, ha conseguido la aprobación unánime de este plan, que debería haberse aprobado hace años (tras la publicación el 29 de septiembre de 2021 de la Orden HFP/1030/2021). El plazo teórico era de 90 días desde esta fecha, que cumplieron el 10 de febrero de 2022, o desde que el Ayuntamiento supiese de su participación en el PRTR.

De esta forma, San Andrés se suma a la lista de principales municipios de la provincia de León que han aprobado una normativa de este tipo, a la que por plazos solo llegó a tiempo el Ayuntamiento de León.

La alcaldesa del municipio, Ana Caurel, ha reconocido que la falta de este documento ha impedido al municipio acceder a estos fondos europeos y que ahora llega con retraso, algo por lo que Caurel culpa al anterior equipo de Gobierno del PSOE. La alcaldesa ha querido incidir en que la elaboración de este plan no se ha externalizado, sino que se ha elaborado “con recursos propios”.

Para su puesta en marcha, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo constituirá un Comité de Seguimiento que asumirá, entre sus funciones, el control, seguimiento y supervisión del cumplimiento de las medidas antifraude de manera proporcionada y adecuada para la gestión de los fondos. Una figura obligatoria en la orden que regula la aplicación de los planes antifraude.

El Ayuntamiento informa de que el Comité se seguimiento estará constituido por un equipo multidisciplinar formado por el secretario general o un técnico de su departamento, personal de Intervención, de Contratación, de Tesorería y personal técnico y administrativo. Del mismo modo, informan de que pueden participar, “en calidad de invitados a representantes de los órganos gestores del proyecto o a cualquier otra persona que se considere oportuno”.

Otra de las medidas obligatorias de la Unión Europea respecto a este plan es que cuente con un canal de denuncias. El Ayuntamiento de San Andrés ya ha anunciado que habilitará en su página web “accesos directos al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude”.

Por ahora el documento del plan no se ha publicado en la página web de Transparencia del Ayuntamiento; un requisito de la normativa europea.

La Universidad de León estrena su nuevo Portal de Transparencia con el objetivo “de mejorar la accesibilidad a la comunidad universitaria y al público general toda aquella información relevante sobre la gestión universitaria”. La web incluye información jurídica, planificación estratégica de la institución académica, informancion de personal y para estudiantes, órganos de gobierno, información patrimonial y económica, convenios y otra información que ahora se hace pública desde la misma página web.

La institución académica leonesa, además presume de haber obtenido el sello de transparencia que otorga la Fundación Haz a las organizaciones que demuestran más de un 90% de cumplimiento de sus indicadores de transparencia de la información.

Según informan desde la institución, en esta ocasión, la Universidad de León “cumple con 29 de los 31 indicadores, lo que equivale a un 95% de cumplimiento y reafirma la línea ascendente de los últimos años”. Dicha puntuación es superior a la media de las universidades públicas, que se sitúa en un 88% de cumplimiento.

En este sentido, el informe de evaluación realizado por la Fundación Haz, destaca que La Universidad de León ha “ido mejorando en los indicadores relativos al Consejo Social, la oferta y demanda académica, la auditoría económica y los resultados de investigación y alumnos fuera de la comunidad”.

En esta edición, se han valorado por primera vez tres nuevos indicadores relativos al área de Ética y Compliance. La Universidad de León cumple plenamente los relativos a Código y Canal ético y se une al reto que deberán afrontar todas las universidades públicas de establecer los cauces adecuados para impulsar el papel fundamental que la LOSU otorga a los Consejos Sociales a la hora de velar por los principios éticos y la integridad de la universidad.

De acuerdo con el examen de la Fundación Haz, actualmente el 80% de universidades públicas, entre las que se encuentra la Universidad de León, presenta un cumplimiento parcial del indicador, mientras que el 20% no lo cumple. Unido a ello, la Universidad de León reconoce que “debe continuar avanzando hacia la elaboración de un informe de responsabilidad social, que continúa siendo uno de los indicadores en los que globalmente las universidades tienen un cumplimiento más bajo”, de acuerdo a la evaluación remitida por la Fundación Haz.

El Análisis Zoom es un informe elaborado a petición de aquellas universidades que deseen conocer cuál es su grado de cumplimiento en relación con los indicadores de transparencia sobre universidades publicados por la Fundación Haz en su informe Examen de transparencia, informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas correspondiente al año 2024.

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha valorado este miércoles que Castilla y León “va ganando en transparencia” en el momento en el que las administraciones y entidades públicas “van asumiendo el papel que tienen que desarrollar”, y ha explicado que la evolución en cuanto al ofrecimiento de datos es positiva.

Así lo ha explicado el Procurador del Común en declaraciones a los periodistas durante su intervención minutos antes de participar en la inauguración del IX Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto que se celebra hasta el viernes en la Universidad de León y que reúne a unos 400 expertos de una veintena de países.

Quintana ha avanzado que el próximo 30 de septiembre presentará el informe anual correspondiente a 2023 en el que se refleja “cómo se ha desarrollado la publicidad activa por parte de todas las administraciones públicas y entidades que están obligadas a realizarla”, que en la Comunidad son más de 5.000.

También dará cuenta de la información que han trasladado las entidades públicas a los ciudadanos ante sus solicitudes de información.

“Como culminación de esa fiscalización están las cerca de quinientas resoluciones que hemos dictado a lo largo de 2023 fruto de las reclamaciones previas presentadas por los ciudadanos”, ha añadido.

Por su parte, el director del Congreso, Manuel Sánchez, ha valorado que España “va a mejor” pero ha puntualizado que “todavía queda mucho para que la transparencia se implante efectivamente en el país, sobre todo si se compara con estados del norte de Europa como Suecia”.

En este sentido, ha confiado en que la sencillez se imponga “para que la transparencia no sea un proceso sometido a la burocracia, tan habitual en España”.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha rendido cuentas sobre la información pública ofrecida por parte de la administración autonómica, así como sobre las solicitudes de información adicional que realizan los ciudadanos a la Junta de Castilla y León.

Así, González Gago ha señalado su satisfacción por que este Congreso tenga lugar precisamente en la ciudad leonesa, “pionera en el reconocimiento de derechos a los ciudadanos, al estar declarada Cuna del Parlamentarismo”.

Ha recordado que la transparencia en la actuación de los poderes públicos es un derecho de los ciudadanos que emana de la Constitución, y que se asemeja a los principios de legalidad, eficacia y objetividad, “que deben impregnar absolutamente todo lo público, de manera transversal”.

Castilla y León, ha recordado, cuenta con su propia Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, aprobada en 2015 como desarrollo de la ley estatal de 2013.

“Esta ley autonómica tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública, el derecho a la información pública y a su reutilización, y la participación en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León”, ha dicho.

Con este objetivo se creó el Portal de Gobierno Abierto, un espacio de la web corporativa a través del que se canaliza la información por la cual la Junta de Castilla y León rinde cuentas a los ciudadanos a través de tres espacios: el Portal de Transparencia, el Portal de Datos Abiertos, y el canal de participación y comunicación, ha recordado.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León, presidido por el leonés Antonio Amilivia, ha echado números y ha publicado su informa anual de rendición de cuentas de los ayuntamientos y entidades locales de la provincia de León y de la autonomía. En un informe publicado este martes señalaba que el 89% de los 211 ayuntamientos de la provincia de León cumplen con la obligación de rendir sus cuentas, situándose por encima de la media provincial en Castilla y León.

Las cuentas municipales de cada año deben presentarse antes del 31 de octubre del ejercicio siguiente. Así, aunque hasta el 31 de octubre de 2024 no hay obligación de presentar la contabilidad del 2023 un total de 120 entidades públicas de León ya han hecho su trabajo y presentado sus cuentas correspondientes al ejercicio pasado, de las que hay 15 municipios, una mancomunidad y 104 juntas vecinales.

Respecto a las cuentas de 2022, cuya obligación de presentación caducó hace nueve meses, las cuentas del último ejercicio fiscalizado han sido presentadas por 187 de los 211 ayuntamientos, la Diputación de León y 915 de sus 1.226 pedanías. Los ayuntamientos que no han presentado todavía sus cuentas son Boñar, Brazuelo, Cimanes de la Vega, Corullón, La Ercina, Escobar de Campos, Grajal de Campos, Luyego, Santa Colomba de Somoza, Villagatón, Villaobispo de Otero, Cabañas Raras, Campazas, Villornate y Castro, Cacabelos, Peranzanes, Carrocera, Igüeña, Magaz de Cepeda, Mansilla de las Mulas, Noceda del Bierzo y Villamartín de Don Sancho.

Los ayuntamientos de la provincia leonesa que menos cuentas han rendido en los últimos trece ejercicios fiscalizados. Campazas y Villaornate y Castro no han rendido cuentas en 11 de los últimos 13 años, siendo los ayuntamientos que menos cumplen con esta obligación legal. Cacabelos y Crémenes no lo han hecho 8 de los últimos 13 años. Crémenes si se puso las pilas con las cuentas de 2022 y sí las presentó. Matallana de Torío no ha presentado cuentas 7 de los 13 años, aunque sí lo hizo con las del 2022, después de no haberlo hecho desde el 2015 al 2021.

Caso aparte merece el Consejo Comarcal de El Bierzo que no entrega sus cuentas al Consejo de Cuentas desde el año 2016, que suponen siete años sin rendir ante los ciudadanos sus obligaciones legales. “Rindió hasta 2016, dio cuenta del ejercicio de 2017 fuera de plazo y desde entonces no ha vuelto a informar sobre su gestión económico-financiera”, señala de forma muy crítica el Consejo de Cuentas.

La falta de rendición de cuentas se suele deber a varios factores, en varios casos a la falta de personal cualificado para la presentación de las mismas debido a circunstancias laborales o de tamaño de los municipios que tienen escasez de personal para cubrir sus obligaciones.

La rendición de cuentas es obligatoria desde una de las leyes impulsadas por el ministro Cristóbal Montoro, cuando el Gobierno del PP intentó eliminar las juntas vecinales alegando, entre otras cuestiones, la falta de cumplimiento de la presentación de cuentas. En el año 2013 casi todas las entidades públicas de la provincia de León presentaron sus cuentas, llegando al 97,8% de cumplimiento. Desde entonces la cifra ha ido cayendo hasta el 76,6% de las cuentas del 2022, último ejercicio a fiscalizar cerrado.

En el caso de los municipios si no presentan sus cuentas pueden llegar a ver retenidos los tributos y aportaciones del Estado hasta que lo hagan y en el caso de las juntas vecinales pueden dejar de existir si no rinden cuentas de lo que hacen con su dinero, ya que una disposición transitoria de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local señala que “La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución”. De las 1.288 juntas vecinales reconocidas en la provincia solo han presentado las cuentas de 2022 un total de 915, y 975 las correspondientes a 2021.

En una reciente sentencia el Tribunal Supremo restringe el acceso a la información económica y financiera de las empresas público-privadas a raíz de un caso de petición de transparencia realizado desde ILEÓN a la empresa mixta Servicios Funerarios de León, S.A. (Serfunle), empresa actualmente en liquidación al haberse anulado el contrato por el que Mémora se hizo con su gestión en 2003 por irregularidades. 

La sentencia revoca las decisiones sobre el derecho de acceso concedidas inicialmente por el Comisionado de Transparencia de Castilla y León y ratificadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo de León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que habían dado la razón al demandante de información ante la negativa empresarial.

El asunto comenzó con una solicitud de copia de algunos capítulos de gastos de los libros mayores de las cuentas de Serfunle correspondientes a los años 2015 a 2017. Esta solicitud, presentada en diciembre de 2018, fue rechazada por la empresa, lo que llevó al solicitante a recurrir al Comisionado de Transparencia de Castilla y León. El Comisionado estimó la reclamación y ordenó a Serfunle proporcionar la información, decisión que fue posteriormente ratificada por dos tribunales en sentencias de 2020 y 2021. Serfunle recurrió entonces en casación al Tribunal Supremo.

La empresa mixta está controlada por la mancomunidad de servicios funerarios de los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre de forma mayoritaria, 51%, frente al 49% del Grupo Mémora. La sociedad está actualmente en liquidación debido a que el Supremo rechazó revisar una sentencia del TSJ de Castilla y León que ratificaba que hubo irregularidades en el proceso que adjudicó a Mémora la gestión en el año 2003, por incluir en el contrato un canon de gestión ilegal que cobraba Mémora y que no figuraba en los pliegos de la licitación. Mémora ha recurrido al Tribunal Constitucional el asunto, que deberá conllevar una liquidación millonaria.

En la sentencia que cambia el criterio de transparencia, el Supremo cree que el derecho de el derecho de acceso a la información debe equilibrarse con la protección de intereses empresariales. Y pone un límite en que la información solicitada podría considerarse protegida desde el punto de vista comercial. El Comisionado y los dos tribunales inferiores consideraban que el secreto comercial debía justificarse por la empresa y que no se había producido en la negativa inicial, pero el Supremo impone ahora el criterio de que esto es así con carácter general y en particular en la petición realizada, pero que en casos concretos de gastos sí se puede acceder a la información bajo determinadas condiciones.

Según el Tribunal Supremo, la transparencia no debe comprometer la competitividad de las empresas en el mercado, pese a que estas tengan un capital mayoritariamente controlado de forma pública.

La Unión Europea obliga a todas las administraciones públicas que participan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), obteniendo acceso a subvenciones económicas del programa europeo Next Generation, a diseñar, aprobar y tener en vigor un Plan Antifraude.

Este 'Plan de medidas antifraude' tiene como objetivo permitir que las administraciones públicas hagan uso de los fondos sin incumplir las normativas, concretamente aquellas que tienen relación con “el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”. Los planes se estructuran en torno a cuatro elementos clave: la prevención, detección, corrección y persecución del fraude.

El plazo de elaboración y aprobación era inferior a los 90 días desde la publicación de la Orden HFP/1030/2021, que se realizó el 29 de septiembre de 2021. Contabilizando este plazo como días hábiles, el fin de plazo teórico tuvo lugar en torno al 10 de febrero de 2022. Un plazo que solo el Ayuntamiento de León cumplió entre los principales ayuntamientos de la provincia, ya que aprobó su Plan Antifraude el 4 de febrero de aquel año.

Este periódico ha rastreado las webs de transparencia de 23 ayuntamientos de la provincia de León, incluyendo la Diputación provincial, y solo ha podido localizar que 16 de ellos tengan público su plan antifraude. Sin embargo, de cinco municipios no lo han hecho, cuatro de ellos entre los 15 más habitados de la provincia.

Transparencia

La Unión Europea obliga a las entidades a publicar en sede electrónica todo lo relativo al plan. A pesar de que en la mayoría de los casos los planes se encuentran publicados en el apartado de transparencia de cada entidad pública. En el momento de publicación de este artículo, los ayuntamientos tampoco han facilitado a ILEÓN el documento del Plan Antifraude, ni han aclarado si se encuentra en fase de tramitación, o ya está aprobado pero no lo hacen público.

El Ayuntamiento de San Andrés, uno de los que no lo tiene público, sí ha respondido a ILEÓN, justificando que tras la llegada en junio del actual equipo de Gobierno (UPL) en junio del 2023, y tras constatar que no existía Plan Antifraude, la nueva corporación asegura estar redactando el plan y que: “La intención es la de que esté listo para continuar con los siguientes trámites en cuestión de unos días”.

Cabe destacar que de entre los 16 municipios que sí lo han publicado, Astorga lo hizo el mismo día que este periódico se puso en contacto con el Consistorio para aclarar por qué no era público el documento.

En el caso de la ciudad León se puede encontrar en la web del Ayuntamiento, ya que su página de Transparencia se encuentra “en mantenimiento” desde hace un tiempo indefinido. El resto de ayuntamientos que no han hecho público el Plan Antifraude son: La Bañeza, Bembibre, Valverde de la Virgen, Sariegos y Sahagún.

Este último caso es especialmente llamativo debido a un informe publicado en 2023 por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en el que se analizaba precisamente la creación y el funcionamiento de los Planes Antifraude en la Comunidad. Dentro de los municipios analizados en este informe, el Consejo de Cuentas llamaba la atención sobre el caso de Sahagún, a quien reclamaba por entonces la creación de un plan preventivo de lucha contra el fraude y que tampoco “creó órganos ni adoptó declaraciones, políticas, procedimientos o medidas de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses”.

El Ayuntamiento de Sahagún señala que sí ha sido aprobado, aunque el desarrollo del mismo no se encuentra en su página web de transparencia. Sí que se localiza en su portal de transparencia un acta en el que se aprueba el obligado plan antifraude.

Comité antifraude político en Carracedelo

La Unión Europea también establece que se debe de crear un órgano para diseñar la estrategia del Plan Antifraude, así como el seguimiento de dicho plan. Los Ayuntamientos que han elaborado el documento han establecido la creación de comisiones o comités antifraudes que velen por el cumplimiento del plan. Algunas de sus funciones son abrir expedientes informativos ante sospechas de fraude y la resolución de los mismos. Una de las obligaciones de los Ayuntamientos es que además deben tener un buzón de denuncia de posibles fraudes, cuya investigación recae sobre el citado comité.

Para garantizar que no haya un conflicto de intereses, la práctica totalidad parte de comités antifraude que ha rastreado ILEÓN están formados por funcionarios de forma mayoritaria. Sin embargo, destaca el caso del municipio de Carracedelo en el que la mayoría de los integrantes del Comité son políticos; en concreto cuatro de los siete participantes forman parte del equipo de gobierno del PP que dirige el histórico alcalde Raúl Valcarce, también diputado provincial.

En el caso del Ayuntamiento de Corullón de los cuatro integrantes de la Comisión Antifraude la mitad son políticos y la otra mitad funcionarios. Este Ayuntamiento está gobernado con mayoría absoluta por el PSOE con Luis Alberto Arias González a la cabeza, también diputado provincial. En los demás casos de comités rastreados entre los principales municipios hay ninguno o un solo político presente en dicho órgano de vigilancia.

Por su parte, la Diputación de León también ha aprobado su Plan Antifraude y ha establecido nada más y nada menos que 10 integrantes en su comisión, de los que solo uno será un representante político, el propio presidente de la institución o persona en quien delegue.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) denuncia “el mal funcionamiento de las dos instituciones creadas para proteger los derechos de los ciudadanos de Castilla y León”. “Demandamos una reforma legal que haga vinculantes las Resoluciones del Procurador del Común y que sancione a las Administraciones y Entidades no colaboradoras con el propio organismo. Exigimos un régimen sancionador para los que incumplan las Resoluciones del Comisionado de la Transparencia. Y solicitamos más medios humanos para que desde el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia puedan realizar su trabajo con dignidad y eficacia”, asegura en un comunicado.

Esta plataforma explica que “las resoluciones del Procurador del Común no son vinculantes para la Administración. Es decir, el Procurador del Común puede decir que incumplo la Ley. Y yo puedo seguir incumpliendo la Ley porque no tengo obligación de hacer caso al Procurador del Común. Hecha la Ley, hecha la trampa”.

Por ello, explican que de las quejas formuladas por los ciudadanos admitidas a trámite y de las quejas iniciadas de oficio, el Procurador del Común investiga y resuelve sendos expedientes. “Pero los expedientes publicados en la institución no muestran el plazo desde que una queja es admitida hasta que finalmente es resuelta”. Por eso en PLADEPU han analizado los informes estadísticos anuales más recientes para obtener una aproximación de este plazo: las resoluciones dictadas en el año 2020 son 350 quejas iniciadas en 2019 (48%) y 372 quejas iniciadas en 2020 (52%); en 2021, 69 quejas de 2019 (9%), 319 de 2020 (41%) y 384 de 2021 (50%), de las dictadas en 2022 encuentran 3 quejas iniciadas en 2019 (menos del 1%), 55 quejas de 2020 (7%), 411 quejas de 2021 (53%) y 307 quejas iniciadas en 2022 (40%). Todas ellas referentes a las publicadas a texto completo en la página web de la Institución del Procurador del Común.

“De estos datos podemos intuir que, de media, las quejas tardan más de medio año en resolverse, y lo que es peor, las cifras de los últimos años nos dice que la tendencia es que estos plazos están en aumento”, apuntan. “Con el ánimo de agilizar las comunicaciones el Procurador del Común y las distintas administraciones, la institución creó un Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras, bien por no remitir a tiempo a cuestiones planteadas por el Procurador del Común durante la investigación de un caso, o bien por no dar contestación a las advertencias, recomendaciones y sugerencias formuladas por el Procurador del Común en sus resoluciones”, manifiestan para concluir que “esta 'lista negra', cuyos integrantes son en su mayoría Ayuntamientos, no parece ser una medida suficiente”.

Problemas con el Comisionado de Transparencia

Por otra parte, pese a que las resoluciones del Comisionado de la Transparencia sí son vinculantes para la Administración. PLADEPU destaca que “no hay un régimen sancionador para el que lo incumpla”. “Es decir, el Comisionado de la Transparencia puede decir que debo facilitar un documento. No lo hago. Y como no hay un régimen sancionador, no me pasa nada. Hecha la Ley, hecha la trampa”, reiteran.

El grado de cumplimiento de las resoluciones estimadas y vinculantes de esta institución se recoge en la memoria de 2022, con una tendencia no favorable como se puede ver en el gráfico inferior.

“En consecuencia, los ciudadanos tenemos algo pero con frecuencia nos vemos obligados a buscar justicia o transparencia debemos en los juzgados, porque la labor del Procurador del Común y del Comisionado de la Transparencia se queda en papel mojado”, critican.

“Pero todavía hay más. El ciudadano de a pie puede pensar que en el año 2016 cuando se creó el Comisionado de la Transparencia, se dotaba a esta institución de nuevos medios personales. Pues no fue así. Lo que se hizo fue detraer los medios personales del Procurador del Común. Es decir, parte de los funcionarios que trabajaban en el Procurador del Común pasaron a trabajar en el Comisionado de la Transparencia. Doble trabajo con la misma gente. Resultado. Que el Procurador del Común y el Comisionado de la Transparencia incumplen los plazos legales establecidos para resolver sus expedientes”, relatan para terminar desde la Plataforma en Defensa de lo Público con la nota de prensa que denuncia el maltrato institucional que sufren estos defensores de los ciudadanos.

León volvió a liderar en 2023 la estadística del Procurador del Común, que tramitó el pasado año un total de 2.784 expedientes, correspondientes a 1.774 quejas promovidas a instancia de parte, cada una de ellas sobre un asunto diferente, y a 97 actuaciones de oficio promovidas por la entidad que preside Tomás Quintana.

La institución recuerda que, con el fin de ofrecer una información lo más completa y transparente posible acerca de su actividad, en 2021 modificó la metodología a la hora de plasmar los datos relativos a su balance anual, por lo que las quejas denominadas ‘múltiples’, es decir, aquellas que se presentan por diferentes personas sobre un mismo asunto, ya sea porque tienen un contenido sustancialmente idéntico o porque responden a un formulario en el que refleja la queja y al que se adhieren varios ciudadanos, se consideran como una sola queja a efectos estadísticos. Por esta razón, el conjunto de las quejas computadas a efectos estadísticos han dado lugar a un número de expedientes superior al de las quejas contabilizadas.

Por provincias, León vuelve a liderar el número de quejas con 402, seguida de Valladolid con 298, Burgos con 183, Salamanca con 153, Palencia 132, Segovia con 95, Ávila y Zamora con 88 cada una de ellas, y Soria con 65. Completan los datos relativos a su procedencia, 121 quejas de personas de otras provincias de fuera de la Comunidad, diez presentadas por personas de varias provincias, alguna de ellas de Castilla y León, una del extranjero y otras 138 que no reflejan el domicilio ni la provincia de procedencia; quejas que mayoritariamente se tramitan electrónicamente y de cuyo autor se desconoce la procedencia, aunque, como es exigible, está plenamente identificado.

En cuanto a las áreas temáticas sobre las que versan las 1.774 quejas, destacan un año más las referidas a la Administración Local, que acaparan el 20,24% de las reclamaciones, seguido del área de Empleo Público 14,04%; Sanidad y Consumo con un 10,20%, Medio Ambiente alcanza el 9,70% seguido de Familia e Igualdad de Oportunidades, con un 9,13%. Fomento reúne el 8,91% del total, Industria, Comercio, Empleo y Seguridad Social el 5,92%; Hacienda y Educación el 5,58% cada una de ellas, Interior y Movimientos Migratorios el 5,47%, Justicia un 2,03%; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el 1,75% y Cultura, Turismo y Deportes el 1,47% restante.

Quejas múltiples

Como consecuencia de la presentación de diez quejas múltiples, es decir, sobre diez asuntos diferentes pero presentadas por una pluralidad de personas, durante 2023 se abrieron 923 expedientes. Concretamente, en materia de Empleo Público se presentaron 190 referidas a la dotación de vestuario y EPI (Equipos de Protección Individual) al personal subalterno de la Dirección Provincial de Educación de León, y 173 sobre la gestión de las bolsas de empleo de personal laboral de la misma Dirección General.

En la misma materia se recibieron 22 quejas sobre la bolsa de empleo de Técnicos de Documentación y Administración Sanitaria y 13 reclamaciones sobre el borrador del nuevo convenio colectivo de Cuidadores Técnicos de Servicios Asistenciales. Además, se tramitó un expediente relacionado con la queja múltiple presentada sobre el complemento retributivo por docencia en Centros Rurales Agrupados recibida en 2022.

En materia de Educación, se tramitaron 127 reclamaciones sobre las obras de ampliación del CRA (Centro Rural Agrupado) Maestro Emilio Alonso de Carbajal de la Legua (León), 62 sobre la disconformidad mostrada con los horarios de las rutas 328 y 331 de transporte escolar de León, 35 sobre el nuevo proceso de admisión para cambio de ciclo en el mismo centro educativo y 12 sobre el horario de realización de prácticas externas en el Grado de Enfermería de la Universidad de Burgos. A ellos hay que sumar 166 en relación con el sistema de adjudicación del servicio de comedor escolar, sobre una queja que se planteó el pasado 2022.

En Medio Ambiente, se tramitaron 87 expedientes derivados de una queja múltiple presentada sobre las molestias y ruidos provocados por el campo de tiro de Candeleda (Ávila). En el área de Cultura, Turismo y Deporte, se registró una queja múltiple que ha dado lugar a la tramitación de 12 expedientes sobre las obras en el entorno de la Cruz de Ferro en Santa Colomba de Somoza (León).

Además, se tramitaron otros 23 expedientes relacionados con quejas presentadas en 2022: 16 en materia de Sanidad, sobre las deficiencias en la asistencia sanitaria de la Zona Básica de Salud de Tábara (Zamora); seis de Fomento, sobre la solución provisional para el tráfico en el puente sobre el embalse del Ebro en Arija (Burgos); y, finalmente, una en el área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, sobre la presencia de perros potencialmente peligrosos en Santiuste de Pedraza (Segovia).

Actuaciones de oficio

Completa la estadística correspondiente al año 2023 la tramitación de 97 actuaciones de oficio, 34 más que el pasado año, promovidas por el Procurador del Común y dirigidas, según los casos, a la Administración autonómica, a las diputaciones provinciales y a diferentes municipios, generalmente los de mayor población; siempre sobre temas considerados de interés para el ejercicio de derechos por la ciudadanía.

Entre ellas, aparecen las que abordan la necesidad de implantar un servicio que permita la atención administrativa personalizada y preferente a las personas mayores, la regulación del tráfico de vehículos de reparto de mercancías en zonas peatonales, la situación del comercio rural en Castilla y León y las medidas de apoyo que precisa, sobre todo por su carácter social, la pervivencia de las farmacias en el medio rural, la prevención de conductas suicidas en la Comunidad y en particular en menores y jóvenes, el fomento de la rehabilitación y puesta en uso de viviendas de titularidad municipal en el medio rural. la promoción de campamentos de verano inclusivos para personas con necesidades especiales, a adopción de medidas de apoyo a la natalidad, el control del ruido producido por los lugares de ocio nocturno o la ampliación de las franjas de edad de los cribados de cáncer de mama.

La institución, que consolida la sede electrónica como medio principal de presentación de quejas, con 745 reclamaciones durante el pasado año, también protagonizó actuaciones de oficio en cuestiones como la conservación de diferentes carreteras provinciales, la prestación del servicio de abastecimiento de agua en diferentes localidades, la adquisición de productos alimenticios de cercanía para consumo en los comedores escolares, la protección de diferentes bienes de interés cultural en peligro, la adopción de medidas de seguridad para quienes transiten por la Ruta del Cares, la accesibilidad y espacios para sillas de ruedas en vehículos de transporte público, la preservación del entorno del Canal de Castilla o la ordenación del desarrollo de las energías renovables en el medio rural.

El Procurador del Común y comisionado de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, pidió hoy a la Junta “mejorar la localización y el acceso a la información relacionada con los altos cargos” de la Administración autonómica, tras reconocer, no obstante, el “ alto grado de cumplimiento” de información y transparencia del Gobierno autonómico a través del Portal de Gobierno Abierto.

Así lo apuntó durante la presentación de la Memoria correspondiente a 2022 de la Comisión de Transparencia, cuya labor está encargada al Procurador del Común, y donde también exigió al Gobierno autonómico “la utilización de un lenguaje menos técnico y más sencillo” en sus publicaciones para cumplir con la legislación en transparencia, así como la incorporación de nuevos gráficos y cuadros que faciliten visualmente la comprensión de la información para cualquier ciudadano.

Tras recordar la década de vigencia que está a punto de cumplir la Ley General de Transparencia en España y la aprobación de su transposición autonómica un año y tres meses después, y cómo estas normativas están contribuyendo “positivamente” al funcionamiento de las organizaciones públicas en el contexto de “democracia avanzada” en que se sitúa el país, Quintana apuntó, ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común durante la sesión de hoy en Cortes, que su misión como comisionado de Transparencia no solo se circunscribe a “garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública”, sino a que, con ello, se pueda “mejorar la prestación de los servicios públicos” en la Comunidad.

En ese cometido se enmarca la Memoria del comisionado de Transparencia presentada hoy, la séptima en Castilla y León, que Quintana aprovechó para realizar “un análisis comparativo” de la evolución de la transparencia en los últimos siete años con el fin de “obtener una visión” de su estado, reconocer de dónde venimos e, incluso, vislumbrar el futuro en lo que se refiere al derecho de los ciudadanos a conocer cómo ejercen sus competencias las administraciones y resto de entidades públicas“.

Para ello, eso sí, comenzó presentando el contenido de la Memoria de 2022, “fuertemente condicionada” por el “elevado número de sujetos obligados en esta Comunidad por la normativa de transparencia”, que afecta a más de 5.000 entes contando solo a las administraciones públicas, y por la “ausencia de mecanismos formales y medios materiales y personales para desempeñar esta función”, lo que obliga a realizar la evaluación mediante cuestionarios de autoevaluación realizados por las administraciones y entidades afectadas.

En 2022, y en función de las respuestas a los 111 cuestionarios enviados, Quintana concluyó que “se ha incrementado la colaboración” al aumentar en diez puntos la remisión del cuestionario cumplimentado, llegando al 67 %, manteniéndose “la colaboración de la gran mayoría de entidades que conforman el sector público autonómico”, así como de las diputaciones provinciales, reduciéndose en el caso de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes puesto que, de los 60 a los que se dirigió el comisionado de Transparencia, solo cumplieron con su obligación la mitad.

Portal de Gobierno Abierto

Tras destacar que “el Portal de Gobierno Abierto de la Junta mantiene un alto grado de cumplimiento de las exigencias impuestas por la legislación de transparencia”, Quintana se refirió a a las entidades integrantes del sector público autonómico, donde destacó “un año más” el grado de cumplimiento de las fundaciones Siglo, Hemoterapia y Hemodonación y las universidades públicas, así como, por primera vez, la Fundación Santa Bárbara gracias a las mejoras introducidas en 2022. Los consorcios presentan, por su parte, “un grado de cumplimiento notable”.

También destaca el cumplimiento de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de mayor tamaño “aun cuando en algunos casos es parcial y con limitaciones”, pese a lo que se ha observado en 2022 “una progresiva mejora en la publicación de la información tanto en términos cuantitativos como cualitativos”. Sin embargo, Quintana reconoció el “deseo de hacerlo, pero la imposibilidad real de llevar a cabo” el cumplimiento de la legislación por las entidades locales de menor tamaño, debido a “las limitaciones de medios materiales y personales”. Por ello, insistió el comisionado en el “papel de apoyo y orientación que deben jugar las administraciones de mayor tamaño, especialmente las diputaciones y la Administración autonómica”.

Por último, y tras reconocer la “especial implicación” en materia de transparencia de las Cámaras de Comercio, Quintana informó sobre la “evolución hacia un número cada vez mayor de solicitudes de información pública” presentadas por los ciudadanos, destacando el “notable crecimiento” de las dirigidas a las consejerías de la Junta, con una estimación del 76 %, superior en cinco puntos al constatado en la Memoria anterior.

Menos reclamaciones ante la Junta

A continuación, explicó Quintana la actividad de la Comisión de Transparencia en 2022, ante el que se presentaron 794 reclamaciones, “el mayor número” desde su creación con un incremento “notable” con respecto a las del año anterior y, principalmente, con respecto a 2016, cuando se presentaron 102, lo que supone que “se han multiplicado casi por ocho las reclamaciones formuladas” debido a la “voluntad de los ciudadanos de hacer valer su derecho a la información”.

Una octava parte de las reclamaciones, 93, fueron presentadas por concejales y el 70 % del total llegaron por sede electrónica, lo que denota una “creciente utilización de las nuevas tecnologías” por los ciudadanos.

En cuanto al tenor de las reclamaciones, más del 80 % se presentaron frente a la “ausencia de respuesta expresa” por parte de la administración reclamada a la petición de información realizada, ante lo que Quintana expresó su preocupación por el “silencio administrativo” que muchas veces existe ante las peticiones de información ciudadanas. Por materias, las más demandadas fueron sobre medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación, urbanismo y vivienda.

Además, el 73 % de las reclamaciones fueron presentadas ante alguna entidad local, especialmente ante los ayuntamientos, que con 515 encabezan la clasificación. Muy por debajo se encuentran las 42 reclamaciones ante entidades locales menores, las 22 de las diputaciones o las 137, el 17 % del total, que se interpusieron ante la Junta, porcentaje inferior en cuatro puntos al año anterior.

Las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia fueron 262, “el mayor número desde su creación” y, de ellas, 154 fueron estimatorias y 67 sirvieron para declarar la desaparición del objeto de la reclamación. En todos los casos, recordó no obstante Quintana, “el resultado final es, o debería ser, que el ciudadano obtenga la información pública que ha solicitado”. Para hacer honor a la transparencia, el comisionado tiene todas las resoluciones publicadas en su página web.

Por último, en relación al cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Transparencia, 47 de las 262 emitidas “no han sido aún objeto de cumplimiento” a 15 de julio de 2023, por lo que, pese al incumplimiento de casi una quinta parte, este “ha descendido ligeramente respecto a 2021”.

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León obliga en una resolución a dar traslado a una enfermera de los escritos de dos denuncias contra ellas presentadas ante la Dirección de Enfermería de uno de los hospitales públicos de Castilla y León en julio del 2021, “los cuales se me acusan (sic) de hechos muy graves, y no se me ha dejado defenderme ante tales acusaciones”. Es decir, que la Gerencia del centro hospitalario, que no respondió por escrito a la petición de acceso a los documentos, debe entregarlos sin dilación tras la resolución, de obligado cumplimiento salvo recurso judicial.

Los escritos contra la enfermera podrán además estar o no anonimizados, es decir, que se oculten los nombres de quienes los entregaron a la Dirección de Enfermería, pero esto debe dilucidarse y justificarse antes, si los nombres pueden ser conocidos por la afectada o no. Los denunciantes son 53 personas ya que uno de los escritos estaba firmado por seis personas y otro por cuarenta y siete.

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha ocultado de forma insólita en este caso el nombre del hospital público de la Comunidad donde tuvieron lugar los hechos y quitando un dato en su resolución que no está protegido por ninguna normativa.

La resolución de Transparencia no entra a cuestionar el fondo del asunto de la denuncia sino el mero acceso a la documentación en poder de la Gerencia del hospital, que contestó al Comisionado su negativa a facilitarlos ya que “esta Dirección no se ha considerado obligada a ello, pues se trata de documentos que han quedado en custodia de la Gerencia”. Según el centro médico, “ante la gravedad del contenido de los mismos, el pasado 8 de julio se remitió desde la Gerencia de este Hospital a la Gerencia de Salud de las Áreas un dossier con la información completa sobre este asunto, para su estudio y a los efectos oportunos”.

Pero estas circunstancias, entiende el Comisionado de Transparencia, no afectan al derecho de la denunciante a acceder a los documentos que la denuncian. Primero porque la Gerencia del hospital afectado no ha resuelto la petición de conformidad con lo dispuesto en la propia ley de Transparencia. Y segundo, que los documentos solicitados “pueden ser calificados como información pública, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la LTAIBG, y que, en principio, nada impide que la solicitante tenga acceso a aquellos previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se evite la identificación de sus firmantes”.

El Comisionado reprocha también al centro sanitario que alegue necesidad de custodia sin justificar para nada esa necesidad, tal y como los precedentes jurídicos exigen, pese a alegar que pueda servir para iniciar un procedimiento de expediente. “Incluso en el supuesto de que los dos documentos en cuestión hubieran dado lugar al incoación de un procedimiento disciplinario frente a la solicitante de la información -extremo este que también desconoce esta Comisión de Transparencia-, esta circunstancia no daría lugar a la aplicación automática al acceso a aquellos del límite previsto en el artículo 14.1 e) de la Ley de Transparencia”, resume.

Una resolución del Procurador del Común reclama al Ayuntamiento de Ponferrada que ordene a sus servicios técnicos una inspección del estado de la red de alcantarillado para detectar “posibles problemas de salubridad”, después de que un ciudadano presentara una queja en el registro municipal denunciando deficiencias en la infraestructura y advirtiendo de la presencia de roedores en la misma. La institución que dirige Tomás Quintana insta al Consistorio de la capital berciana a “valorar si se precisa alguna intervención municipal de mantenimiento de la infraestructura y de control de plagas”.

En ese sentido, el Procurador recuerda que la competencia de los municipios para la limpieza viaria, alcantarillado y pavimentación de vías públicas “incluye necesariamente su mantenimiento y conservación”. “La presencia de roedores en la vía pública, en su subsuelo o incluso en alguna finca o edificación, puede constituir un problema de salud pública”, subraya la resolución, que recuerda que el municipio también es competente en materia de salubridad pública.

Al respecto, el defensor del pueblo autonómico recalca que la Ley General de Sanidad establece que los ayuntamientos han de efectuar un control de plagas en los núcleos urbanos y lamenta no tener constancia de que el Consistorio ponferradino haya comprobado el estado de conservación de la red de alcantarillado ni la realidad de la proliferación de roedores. Al respecto, insiste en que “a juicio de esta institución, debería ordenar una inspección por los servicios técnicos municipales”.

“Respuesta expresa y por escrito”

En esa línea, el Procurador recuerda a los responsables municipales que deben facilitar una respuesta “expresa y por escrito” a las solicitudes presentadas en el registro municipal, en cumplimiento del deber general impuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y cuestiona las razones por las que el Consistorio no dio respuesta a esta queja.

Según destaca la resolución, “la garantía de la existencia de una respuesta efectiva al ciudadano deriva de la propia Constitución Española y forma parte del derecho de la ciudadanía a una buena administración”, recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), introducida por el Tratado de Lisboa. “Es de sobra conocido que la Administración debe dar contestación formal a las pretensiones que los administrados formulen y, en este caso, no ha acreditado que haya cumplido esa obligación”, reprocha la institución con sede en la ciudad de León.

Deficiencias en el firme

Por otro lado, el Procurador también insta al Ayuntamiento de la capital del Bierzo a que disponga las medidas oportunas para la reparación de los desperfectos existentes en varias aceras y calzadas del municipio, a raíz de otra queja presentada por el mismo ciudadano, que advertía del abombamiento del suelo y del deterioro de las baldosas en una vía pública a consecuencia de las raíces de los árboles y del hundimiento del firme de la calzada en otras calles.

En este caso, el Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento sí redactó un informe de respuesta en el que reconoce la existencia de aceras “rotas y deformadas” por la acción de los árboles y deriva la cuestión a la decisión que el Servicio de Medio Ambiente tome sobre la actuación a llevar a cabo. En el mismo informe, los ingenieros municipales defienden que en el resto de calles mencionadas en la queja, las aceras se encuentran en un estado “correcto”, aunque admiten que “existe en la calzada algún socavón” y adelantan que “se procederá a su tapado de bacheo”.

Tras analizar la información proporcionada por el Consistorio, el Procurador señaló que “el Ayuntamiento debe proceder a la mayor brevedad a reparar los desperfectos si hasta el momento no lo hubiera hecho”. Los responsables municipales disponen ahora de un plazo de dos meses para comunicar de forma motivada la aceptación de la resolución.

Las comisiones provinciales de comedores escolares se han reunido 88 veces en los últimos cinco años en las nueve provincias de Castilla y León. Pero sólo tres veces en la provincia leonesa, donde más problemas y protestas se han producido por el servicio de línea fría de Serunión.

Esto se desprende de los datos facilitados por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León tras una petición de Transparencia realizada por ILEÓN, en la que se solicitaban las actas de todas las comisiones provinciales de comedor escolar desde el año 2018 hasta 2022.

Resuelta la petición con inaudita rapidez –poco más de veinte días cuando lo normal es que suelan esperar cuando contestan a que pase justo el límite de entrega de un mes–, los datos dejan en bastante mal lugar a la Dirección Provincial de Educación de León: de las 88 actas firmadas en las nueve provincias sólo tres serían de la provincia de León.

La provincia que más se preocupa por la calidad alimentaria de los comedores escolares es, de lejos, Burgos, con 21 reuniones (5 en 2018, 6 en 2019, 2 en el año de la pandemia 2020, 6 en 2021 y 2 actas aprobadas en 2022). Seguida de Zamora con 13, Ávila y Valladolid con 11 y Soria con 10. Por la cola Palencia con 5 y León con 3. Tampoco sale bien parada Salamanca, con las mismas tres actas aprobadas que en la provincia de León.

Reuniones en León sólo en pandemia

En la provincia de León se han reunido sólo dos veces en 2020 y otra en 2021. La Junta no ha facilitado actas de que hubiera ninguna comisión provincial de los comedores escolares en los años 2018 y 2019. Cosa que contrasta con las noticias que señalaban la mala calidad de la línea fría de Serunión, empresa a la que se le encontraron gusanos en los menús escolares en años precedentes, incluso con expedientes abiertos por purés en mal estado y tuercas en los platos.

De hecho, tampoco hay actas de una sola reunión entre los padres, la Dirección Provincial de Educación y representantes de Serunión, el año pasado 2022, pese a que los vecinos de La Palomera recogieron 1.600 firmas en noviembre para que no se renovara el contrato de esta empresa en el colegio del barrio. Sin embargo, esto se puede deber a que no esté aprobada el acta de la última reunión al reunirse tan pocas veces este comité; pero en las demás provincias, salvo en Salamanca, la Junta sí ha enviado actas de esos últimos 12 meses.

Actas muy cortas y parcas

De las tres actas leonesas, destaca además su extrema parquedad. Mientras en otras provincias se ofrecen durante páginas y páginas datos de cuántos niños utilizan los comedores escolares, cuántos tienen becas y de qué tipo, y múltiples listados de centros escolares con problemáticas diversas, las de león se despachan en menos de dos folios.

En los documentos de la comisión de comedores escolares de León sólo se refieren a un tema principal: el servicio durante la pandemia y algunos problemas creados en los colegios de San Claudio y Puente Castro (única acta de 2021) y sólo por “problemas en la distancia entre los usuarios del comedor”.

Destaca también que en ninguna de las tres actas facilitadas – todas de una extensión de folio y medio y prácticamente clavadas en las que no hay más problemas que la pandemia, y tampoco muchos–, haya habido ni un sólo ruego o pregunta. La Comisión Provincial de Comedor Escolar de la Provincia de León está presidida por el Director Provincial de Educación, un presidente suplente de la misma institución, representantes de las dos empresas concesionarias en la provincia y dos representantes de las federaciones de asociaciones de madres y padres de centros docentes públicos no universitarios. 

En los tres resúmenes de las dos reuniones de 2020 y la última de 2021, sólo se menciona la participación del representante de la Felampa en todas ellas para indicar que prácticamente está de acuerdo con las apreciaciones del Director Provincial de Educación en las de 2020 “sobre lo bien que se está haciendo con los comedores en pandemia” y destacar los problemas dados en San Claudio y Puente Castro en 2021. No hay mención a la otra vocalía que representa a los padres.

El Ayuntamiento de Zamora cuenta, a 31 de diciembre de 2021, con bienes valorados en 257.625.222 euros, según la última actualización, es decir, 1,3 millones más que en la realizada en 2020.

Un anuncio este del Equipo de Gobierno de IU, encabezado por Francisco Guarido, que contrasta con la opacidad manifiesta del Ayuntamiento de León, que precisamente a Izquierda Unida le ha negado el acceso al inventario de bienes inmuebles municipales.

El aumento de propiedades públicas pertenecientes a la institución regidora del municipio capitalino de la provncia zamorana responde, fundamentalmente, a las siete altas registradas el pasado ejercicio en el apartado de inmuebles urbanos, entre las que destacan un solar en la calle Bajada de San Martín, adquirido para su derribo dentro del proceso de liberación de la Muralla; la aceptación de adquisición gratuita de una parcela cedida por la Junta de Castilla y León en la avenida de Requejo, destinada a viales y espacios libres públicos, y cuatro fincas que se corresponden con las cesiones obligatorias de suelo para el desarrollo urbanístico de la ciudad, según informaron fuentes municipales.

La valoración de los bienes urbanos propios del Ayuntamiento asciende a 177 millones de euros y engloba todos los edificios y solares que son propiedad municipal, mientras que más de 11,8 millones de euros conciernen a muebles histórico-artísticos, apartado en el que se suman tres nuevas entradas, concretamente, el retablo de la capilla del cementerio de San Atilano, que no estaba registrado en el inventario municipal, y las adquisiciones de la escultura ‘Homenaje de los Poetas’ y de una cruz para el camposanto, ambas obras del escultor benaventano José Luis Alonso Coomonte.

El inventario agrupa también el conjunto de caminos rurales y vías urbanas que, aunque son espacios de uso público que no se pueden enajenar ni modificar, están tasados, en este caso, por más de 58,1 millones de euros, con una variación respecto a 2020 de cuatro altas de viales.

Los inmuebles rústicos están valorados en 6.248.345 euros, sin que haya habido un cambio sustancial, aunque sí incluye modificaciones en el apartado de derechos reales, con dos altas.

La primera de ellas, tras un acuerdo de constitución de servidumbre de paso a favor del Ayuntamiento, sobre la finca propiedad de la Asociación de Desarrollo Comunitario San José Obrero, y la segunda, por la cesión de uso de instalaciones de esa agrupación. Completan el inventario la valoración de los enseres y equipamiento de todas las instalaciones municipales (2.177.408 euros); los vehículos (1.351.618), cantidad que incorpora este año la compra de un Dumper para el cementerio; y otros conceptos menores como valores mobiliarios y créditos y derechos personales, según las mismas fuentes. 

La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, registró durante el pasado año, 2022, un total de 794 reclamaciones, lo que supuso un incremento de 298 quejas respecto a 2021 por la falta de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público.

Del total de reclamaciones recibidas, 585, casi tres de cada cuatro, tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales y, de ellas, 518 se presentaron frente a ayuntamientos, 39 frente a entidades locales menores, 22 frente a diputaciones provinciales y tres frente a mancomunidades, mientras que 137 reclamaciones fueron presentadas frente alguna de las consejerías de la Administración autonómica.

Un total de 681 reclamaciones se fundamentaban en la ausencia de respuesta a la petición de información, lo que representa más del 85 por ciento de las presentadas y 113 reclamaciones lo fueron frente a denegaciones expresas de información que se basaban principalmente en la protección de datos personales; que la información se encontraba en curso de elaboración o había sido objeto de publicación; la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada; y que la entidad a la que se dirigía la petición no disponía de la información pedida.

En cuanto al tipo de información solicitada por los ciudadanos cuya denegación ha motivado las reclamaciones, este es muy diverso, pero las las cinco materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones fueron las relativas a protección del medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación y actuaciones de carácter urbanístico.

Durante el pasado año la Comisión de Transparencia adoptó 262 resoluciones, dos más de las emitidas en 2021. En 154 de ellas se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada, de las cuales 138 resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la administración local o de su sector público, 15 se formularon a la Administración autonómica y una a un Colegio Profesional.

Tres sentencias que dan la razón a Transparencia

Las resoluciones de la Comisión de Transparencia deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales, Así, las tres sentencias judiciales adoptadas en 2022 en recursos interpuestos frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia ratificaron la postura adoptada por esta. Por otra parte, en 67 ocasiones, una vez que intervino la Comisión, aun sin haber llegado a dictar resolución, ante la presentación de reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, la administración o entidad pública correspondiente reconoció el derecho del ciudadano a acceder a esta.

De igualmente, se incrementó un año más el número de ocasiones en las que se utilizó la sede electrónica de la Comisión para presentar estas reclamaciones, con 540 frente a las 240 de 2021. De ellas, 112 fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 93 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, diez por vocales de juntas vecinales y nueve por diputados provinciales. En cuanto a otros colectivos, destaca el número de reclamaciones presentadas por asociaciones ecologistas, por representantes de los trabajadores y por periodistas.

El Ayuntamiento de León no tiene digitalizado, y por tanto no muestra al público ni le deja verlo, el Inventario de Bienes Inmuebles. Esto denuncia la coordinadora local de Izquierda Unida en León, Carmen Franganillo, tras recibir la respuesta de que no le concedían el acceso a esta información crucial para el control de esta institución municipal por esta causa.

“Hemos metido recurso de reposición ante la previsión de irregularidades en la cesión de la biomasa, que las tiene todas y ahora resulta que no hay inventario de bienes”, critica Franganillo.

Una respuesta que sorprende, por dos razones, porque es poco creíble que un Ayuntamiento de capital de provincia no tenga un Inventario de Bienes en formato digital cuando lleva años digitalizado su funcionamiento interno administrativo y, dos, porque aunque fuera así, tiene obligación de entregarlo a cualquier ciudadano que lo pida para cumplir con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno; aunque en casos de no tener un documento antiguo digitalizado le puede imponer un pago por cada copia de papel si existe ordenanza que lo regule.

De hecho el Ayuntamiento de León ya fue condenado por una negativa similar a dar información pública relevante con un periodista de ILEÓN. En aquella sentencia la jueza no creyó que el consistorio hubiera “justificado suficientemente” la imposibilidad de enviar la información de forma electrónica. “No es imposible darle formato electrónico a documentos en papel”, destacaba la resolución judicial.

“Izquierda Unida había registrado, hace un mes, una solicitud de personación en los actos administrativos relativos en relación con la planta de Biomasa y su red de calor; en aplicación del artículo 53.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, solicitando copia digital de todos los convenios firmados con , copia del acuerdo del Pleno del Ayto. de León, de cesión de la parcela 203 del inventario municipal de bienes inmuebles y copia de los documentos técnicos para este proyecto”, explica en una nota de prensa la coalición de partidos políticos.

“A todo ello, el Ayuntamiento no ha respondido. Por lo tanto, IU ha pedido ahora, el inventario de bienes inmuebles y registrado recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de León de 30 de septiembre de 2022 por la que se acordó iniciar los trámites para ceder la parcela 203 del inventario municipal de bienes inmuebles, denominada 'Arrabal de Puente Castro y Soto de Santa Olaja' para la construcción de dicha Central de Biomasa”.

Precisamente hoy ecologistas y vecinos de Puente Castro denunciabann que esta mega planta de calor de León nacía “con oscurantismo”.

Nulidad en la cesión de terrenos de la Planta de Biomasa en Puente Castro

Carmen Franganillo, coordinadora local, explica que “En cualquier caso, denunciamos que concurre un vicio de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015 al haberse dictado una concesión ”prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados“.

“A falta de acceder al expediente, consideramos que no se reúnen los requisitos legales para dar de alta las parcelas en el Inventario de Bienes y para ceder estas parcelas a una empresa como SomacylL que pretende realizar una actividad económica y potencialmente contaminante, como la que se plantea”, asegura.

Además, Víctor Bejega, secretario de organización local de IU, añade que IU ha “presentado una reclamación por incumplimientos en materia de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por parte del Ayuntamiento de León y solicitado el Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de León, ya que no consta puesto a disposición de los interesados en la web municipal ni en el apartado de Transparencia. No es la primera vez que observamos que el Ayuntamiento no cumple la Ley de Transparencia en alguna cuestión, y la información solicitada entra plenamente en el objeto previsto en la Ley de Transparencia y en las ordenanzas municipales”.

Desde izquierda Unida lamentan que el PSOE no cumpla con la ley en una cuestión tan importante como la transparencia y la información a la ciudadanía, y piden que se tramite tanto el recurso como la solicitud del inventario de bienes, puesto que desde la organización seguirán insistiendo en este tema, y lo judicializarán si es necesario.

Además, terminan haciendo hincapié en que “cuando un Ayuntamiento no es transparente sólo levanta sospechas y parece poco fiable, sobre todo cuando hablamos de cesiones de terrenos un tanto oscuras”.