Liquidan la funeraria Serfunle tras la condena del Supremo en espera de decidir si 'resucitará' siendo pública o no
La funeraria Serfunle, sociedad mixta entre los ayuntamientos de León y su alfoz y la empresa Mémora, ya ha pasado a mejor vida tras la dura sentencia condenatoria ratificada ya por el tribunal Supremo que dictaminó como de “grosera ilegalidad” los acuerdos y pagos realizados desde el año 2003 para la privatización del servicio funerario público leonés.
El equipo de Gobierno del Consistorio leonés ha certificado, por boca del teniente de alcalde, Vicente Canuria, que esta misma semana se ha aprobado técnicamente el mandato de liquidación de la sociedad, aprobada en la Mancomunidad por unanimidad de todos sus representantes, lo que abre una nueva época que está aún por definir pero que pasa por poner en marcha un nuevo sistema de gestión.
Respecto a esa fórmula futura, Canuria aseguró que aún no está decidido si al 'resucitar' el servicio se mantendrá la actual fórmula público-privada o se aprovecharía a municipalizar el servicio funerario de León y su entorno, dependiente todo ello de informes técnicos y de la decisión que adopten los diferentes ayuntamientos implicados en la Mancomunidad, que es la que “mandata”, recordó. “No se descarta ninguna opción”, fue lo único que avanzó.
Tampoco hay noticias respecto a la situación económica que deja la durísima sentencia, a pesar de que algunas estimaciones hablaban de que lo que demás habrían pagado de más las arcas municipales podría rondar los 14 millones de euros, a razón de unos 600.000 euros por año. Se limitó Canuria a asegurar que la cifra final se mantendrá “bajo las normas que especifica la misma liquidación”, insistiendo en que aún no se ha establecido dinero concreto alguno, teniendo en cuenta que la parte empresarial privada también aduce haber hecho aportaciones, por ejemplo, vía patrimonial, como por ejemplo la construcción del tanatorio municipal, entre otras.
Todas estas deciciones, añadió, quedarían pendientes y comprometidas a su juicio si todavía se presenta dentro de plazo el último recurso judicial disponible, que se elevaría ya al Supremo, y aunque no evitaría ejecución de la sentencia teme que pudiera causar un perjuicio económico futuro si al final la empresa estima ese recurso.
