El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de hasta ocho años y medio de inhabilitación a Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León por el PP, por su papel en una de las ramificaciones de la trama Púnica de corrupción relativa a la publicidad institucional. La sentencia también declara firmes las condenas de entre cuatro y ocho años de inhabilitación impuestas por la Audiencia Nacional al empresario Alejandro de Pedro, al exdiputado provincial del PP Pedro Vicente Sánchez y al interventor Manuel Jesús López. La Fiscalía había recurrido reclamando un nuevo juicio después de fracasar en su intento de que fueran castigados con penas de cárcel y por más delitos.

La trama Púnica estalló hace más de una década en la Audiencia Nacional con el arresto de decenas de personas, sobre todo cargos públicos vinculados a la política regional y municipal madrileña, acusados de participar en distintas vertientes de la corrupción. Francisco Granados, entonces hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ha sido condenado por el amaño de la organización de festejos. Pero otras ramificaciones del caso investigaron si distintas administraciones públicas contrataron irregularmente al empresario Alejandro de Pedro para potenciar la imagen de políticos en internet con dinero público.

En este caso el Supremo declara probado en firme que De Pedro contactó primero con Isabel Carrasco y después con su sucesor al frente de la Diputación, Marcos Martínez, para ofrecer estos servicios. El empresario estuvo mandando informes de reputación digital entre 2012 y 2014 para ambos mandatarios y a cambio facturó más de 108.000 euros a la Diputación, la mayor parte durante el mandato de Carrasco.

Los jueces no han encontrado delito en esa vertiente reputacional de la trama tal y como pedía la Fiscalía pero sí en que otro procedimiento, el de pago de publicidad institucional a la empresa de De Pedro, era “totalmente incorrecto y no ajustado a la normativa”. Usaron un sistema para pagar estas facturas inmediatamente sin tener que abrir un proceso de contratación abierto, “evitando así también que otros medios de comunicación pudieran optar y acceder a la publicidad institucional de la Diputación de León, y eludiendo igualmente un control más riguroso y exhaustivo”.

El expresidente Marcos Martínez Barazón, Pedro Vicente Sánchez y el interventor Manuel Jesús López son condenados a ocho años de inhabilitación por prevaricación. La sanción de Alejandro de Pedro se queda en cuatro años y tres meses de inhabilitación. Martínez Barazón llegó a ser senador durante unos meses entre 2007 y 2008.

Terremoto político en León

La condena, tan tardía como categórica, todavía tuvo un impacto local que tardó meses e incluso años en materializarse. Y es que aunque estaban condenados a inhabilitación, permanecieron todavía en sus respectivos cargos públicos los dos históricos alcaldes del PP implicados: Marcos Martínez Barazón, en Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, en Puebla de Lillo. Ambos, por cierto, laboralmente son funcionarios públicos.

Martínez Barazón, alcalde de Cuadros desde 1991, tuvo que dejar el acta de concejal pese a que la sentencia no era firme y estaba recurrida, después de que la Junta Electoral de Zona de León determinara que la condena le hacía inelegible. Su salida sin embargo tampoco puso fin a una larga trayectoria política, dado que tras saltar el escándalo en 2014 con su fulminante detención y encarcelamiento, sí fue expulsado del PP pero todavía logró revalidar la Alcaldía como independiente y con absumadora mayoría absoluta en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. El 23 de diciembre de ese año se dio por vencido y dejó de aferrarse al bastón de mando y el Pleno le dio por amortizado. Su formación y su influencia personal, sin embargo, siguen gobernando este municipio del alfoz de la capital leonesa.

Parecida y dilatada presión tuvo que recibir también Sánchez para finalmente despedirse forzadamente de la Alcaldía de Puebla de Lillo, en la Montaña Central leonesa y muy conocida por la estación de esquí de San Isidro. Con presión de algunos vecinos y exconcejales, la Junta Electoral Central tuvo que dictarle un ultimátum, dirigido también al secretario municipal, para hacer efectiva la pérdida de su condición de alcalde y concejal: habían transcurrido casi once meses desde la condena de la Audiencia Nacional y casi tres desde que la propia autoridad electoral había determinado que debía abandonar el cargo. Dijo adiós en abril de 2024.

Los resultados del último Informe PISA acerca de la calidad educativa de los países resultan demoledores, no solo en la interpretación nacional, también en la mundial. El reciente pronunciamiento de la OCDE, promotora del estudio, es un diagnóstico más allá de la penuria formativa en todo el mundo y, por ende, en esta sociedad. Es toda una declaración de crisis de valores, de una civilización en la uvi, de ese Occidente sofrito en sus mantras analógicos y digitales.

El desglose por naciones vuelve a dejar a España en el furgón de cola. Como casi siempre, por debajo de la media. Algo esperado cuando la educación, formación y preparación de nuestras canteras humanas es materia arrojadiza o garrote goyesco entre los partidos llamados a sucederse en las alternancias de gobierno y oposición. Según ocupen uno u otra, cambio legislativo al canto. Queda diáfano, sin obstáculos para la duda, que, en sus estrechas mentes, la educación es herramienta acre de partido y no instrumento obligado de estímulo nacional sujeto a un gran pacto de Estado. Solo les concierne conservar o asaltar el poder.

Pero no, que los árboles dejen ver el bosque. El revolcón de PISA no es de exclusiva actuación y responsabilidad política. Los políticos deben ser enseñantes de un comportamiento cívico circunscrito a la tolerancia, sin renuncia del rigor y la coherencia ideológica de sus programas ¿Se percibe algo de eso? La obviedad ejerce de mordaza. En el cóctel de causalidades hay un innegable protagonismo de aulas, hogares y calles. 

La escuela es metáfora de las incubadoras del futuro. En la cotidianidad socio-política actual ya se empiezan a concretar las alarmas de la OCDE en sus resoluciones de hace décadas. Las carencias de cada generación se contagian a las siguientes con efectos progresivos aritméticos o geométricos. La corriente de estos tiempos es el fruto de aquellos anticipos.

Así ha ocurrido con un profesorado maniatado por estulticias pedagógicas y por formaciones deficientes que se extienden como las reproducciones de las amebas. Los niveles de exigencia en el progreso de los cursos se han reducido de forma constante con la consiguiente devaluación de profesorado y alumnado. Si da lo mismo ocho que ochenta, la tendencia natural apunta a la ley del mínimo esfuerzo. 

Un vértice insalvable es la familia. Hoy un chaval de quince años, el muestreo básico del informe PISA, es rehén del uso y abuso de las nuevas tecnologías, propiciados por los padres, como recurso de entretenimiento y tener silenciado al niño cargante desde la primera infancia. Han creado, a lo mejor sin pretenderlo, un esclavo de dispositivos que amputan su capacidad de pensar, discernir y, sobre todo, dialogar cara a cara. El niño de hoy no aprende a leer ni a razonar recitando con voz de trapo los rótulos callejeros, con el orgullo visible de sus progenitores. Lo hace con una memorización artificial de signos asentados en una memoria fotográfica que, como todo aprendizaje memorístico, desaparecerá pasados pocos años.

El drama de la lectura

Leer, la materia que peor parada sale en los resultados del informe. La lectura, el elemento motriz de la cultura, neutralizada por los nuevos poderes, ya no fácticos, sino reales, de una economía caníbal, de un sistema que no se sonroja al proclamar proyectos de ocio turístico sobre los escombros que han tapado miles de cadáveres, de un mercado que sube las gráficas de actividad lesionando la casa común. La palabra asumida y entendida es el encendido de la crítica y la mecha de la rebelión. No es gratuito que el orgasmo de las tiranías sea la quema masiva de libros. Qué lección de perspicacia y sabiduría es el Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. 

Hay que leer porque los nuevos dictadores también necesitan hacerse entender. El lenguaje proclamado es escueto, de telegrama, frío como ese hielo tenazmente aplicado sobre la piel, que sugiere quemadura. No más de 148 caracteres: la maldad es parca. Estremece que otro de los grandes bofetones de las conclusiones de PISA sea la incapacidad manifiesta de buen número de chicos y chicas de quince años, para asimilar un texto de cuatrocientas palabras. Apoyemos el número en un grafismo: esas cuatro centenas equivalen a un folio por una sola cara a tipo de letra idéntico al que ilustra este artículo.

Anular la lectura es reclutar los sicarios de los totalitarismos. Esta ha sido una constante de la historia, o sea, el lavado de cerebro. Lo aterrador es que el mundo dispone hoy de sofisticados medios de lobotomía colectiva como no se han conocido. Se ha empezado por la información aderezada en el espectáculo de las mentiras y exageraciones. De eso sabe mucho la televisión que penetra en la intimidad del hogar. Y ya calienta la inteligencia artificial, que se presenta como la participación que dará la puntilla definitiva al funesto acto de pensar. Hasta los apóstoles más conspicuos de esta nueva divinidad avisan de que el asunto empieza a irse de las manos.

El último informe PISA es un soberano bofetón, quizás el último aviso, a una modorra universal que lleva el certificado de defunción, a no muy largo plazo, de nuestro estilo de vida, una civilización. Sin el cuidado y mimo de la cantera, no hay equipo campeón.

El papel jugado por la Junta de Castilla y León en la disputa por dónde se sitúa el límite autonómico con Asturias, entre los municipios de Cabrillanes en León y Somiedo en Asturias, ha enfrentado este martes al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y al procurador de la UPL, Luis Mariano Santos.

El leonesista ha formulado una pregunta ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para demandar al Gobierno autonómico que no actúe como una “madrastra” que mira mal a la provincia de León y no interviene para ayudar a la localidad leonesa de Cabrillanes en un contencioso judicial con Somiedo, municipio al que sí ve respaldado por el Principado de Asturias.

En su primera respuesta, el consejero ha afirmado que la Junta “ha defendido, defiende y seguirá defendiendo a su territorio y a los municipios de Castilla y León”.

Ante esta contestación, Luis Mariano Santos ha alertado de que este contencioso que dura ya 26 años afecta a los límites autonómicos de Castilla y León y Asturias: “¿Dónde están los patriotas que hablan de límites territoriales?”, se ha preguntado el procurador de la UPL, quien ha pedido aclarar qué ha hecho la Junta en este litigio para recuperar un monte público desde 1992.

En su dúplica, González Gago ha afirmado que el Gobierno autonómico ha apoyado “intensamente a Cabrillanes”, ya que existe un “interés conjunto en defender” ese límite autonómico, municipal y provincial.

En este sentido, el consejero ha recordado que los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en el contencioso planteado por Asturias y Somiedo ante la Audiencia Nacional, que dictó una sentencia favorable a los intereses de Castilla y León y que implican que más de 600 hectáreas han pasado a pertenecer al Ayuntamiento de Cabrillanes. González Gago ha añadido que “lógicamente” la otra parte interesada ha recurrido y será el Tribunal Supremo el que resuelva esta cuestión.

El consejero ha criticado que UPL pida la ayuda de la Junta pero no se refiera al papel jugado por la Diputación de León, al considerar que del mismo modo que está en juego el límite municipal de Cabrillanes y el autonómico de Castilla y León, también lo está el de la provincial de León. “Se ha equivocado de destinatario, los únicos que no han ayudado es la Diputación de León”, ha zanjado González Gago, quien ha incidido en que el alcalde de Cabrillanes además es diputado provincial y “no se le ha visto el pelo”.

Quien quiera que haya planeado lo de Ceuta ha sabido manejar perfectamente las palancas de la ingeniería social. No se trata ya de si invaden o no un trozo de España y de mostrar nuestra absoluta debilidad ante una contingencia de este tipo, sino de cambiar la mentalidad y la percepción de un país entero sobre un tema tan sensible como la inmigración y la solidaridad con el inmigrante.

Porque eso es lo que ha sucedido: en los foros de derechas están más crecidos que nunca y en los de izquierdas se ha roto la antigua unanimidad al respecto. Ahora, a la mayor parte de la masa social le da igual ya que le llamen racista, facha o lo que sea: quiere que echen a esa gente, que la echen cuanto antes, y si pudiese ser a palos, mejor. Ese es el pulso que he tomado en muchos lugares y que me parece difícil de negar.

La mayoría social está ahora contra las fronteras abiertas. La mayoría social está en contra de contemporizar, preguntarles a los inmigrantes lo que quieren y atender a sus deseos. De esto a volverse favorables a abrir fuego contra el que viole la frontera sólo hay un par de pasos y un par de invasiones más. Un accidente. Un par de pirados. Poca cosa.

Los que nos querían arrastrar a un conflicto, pueden estar de enhorabuena, porque el conflicto ya está aquí. Los que defendían la ingenua postura de que la inmigración es riqueza están en plena retirada a la vista de cómo nuestros vecinos nos lanzan esa riqueza en riadas, a sabiendas de que son nuestras leyes las que nos mantienen indefensos.

Algo ha cambiado con lo de Ceuta, y posiblemente sea para una larga temporada. Y se trata además de algo visceral, reptiliano, que no atiende a razones, y que se llevará por delante otros muchos logros si la España progresista vuelve a dar la espalda a la gente de la calle o se limita a insultar a los que están enfadados.

Lo realmente cabal y prudente sería cruzar a toda esa gente a la península y dejarlos que se disgreguen por Europa, generando un efecto llamada de libro, para hacer lo mismo una y otra vez hasta que Europa se involucre en el problema. El problema, una vez más, es que en todo el continente ha sonado la misma alarma y no tardarían en hacernos cargar a nosotros con ese mochuelo. Porque ahora ya la mayoría social considera a toda esa gente un mochuelo, una carga, una lacra y un enemigo.

Esa es la puerta que se ha abierto. Y es jodida de cerrar.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de León Margarita Torres, quien fuera la candidata a la Alcaldía en los pasados comicios municipales, ha llamado “acomplejado” al rey Felipe VI a raíz de su papel en la crisis migratoria de Ceuta.

En un mensaje en la red social X en respuesta a un post de un periodista en el que se aludía al papel del Jefe del Estado en esta crisis, la concejala ha escrito: “Es que es un rey acomplejado. De complejidad entiende un rato...”.

La polémica se produce después de que Felipe VI se refiriera este martes por primera vez en público a la crisis y reconociera la labor de los servidores públicos y voluntarios ante una situación que calificó de “extraordinaria complejidad”.

El monarca había mostrado previamente su preocupación y se había reunido con mandos militares y con la ministra de Defensa para conocer el dispositivo desplegado.

Torres, que no repetirá como cabeza de lista en los próximos comicios municipales, encabezó la candidatura del PP al Ayuntamiento de León en las elecciones de 2023, aunque ya antes de las elecciones protagonizó un enfrentamiento con la dirección provincial del partido a cuenta de la confección de las listas electorales.

Tras aquellos comicios no asumió la portavocía del grupo municipal popular y actualmente continúa como concejala en el Ayuntamiento leonés.

Te subes a un columpio gigante y ves cómo el reflejo del cielo se expande sobre una masa de agua que contienen unas montañas imponentes. Y debajo, lo sabes, una de las últimas luchas por la vida al filo de la democracia: Riaño como símbolo de una duda, de una sospecha, de una masacre que sin embargo expone por encima de todo su belleza de fiordo. Un poco más al centro recorres una carretera que te quita el aliento. La piedra caliza se erige como guardiana de un río que genera su propio cauce entre sus piernas. Las hoces de Vegacervera te dejan muda y paras, te detienes para reconocer ese espacio que podría ser Nueva York entre edificios descomunales y, sin embargo, es una arquitectura natural que te parte el corazón porque no puedes entender cómo no habías visto esto antes teniéndolo a menos de dos horas de tu casa. Y luego, también, recuerdas esa canción de Rodrigo Cuevas y dices que por qué no pasar por Casares de las alturas y en ese recorrido descubres el Valle de Arbas y miras con un catalejo cómo hay ovejas negras y vacas enormes que pastan por la montaña como si no hubiese nada que temer, aunque lo haya. Te tomas un café cargadísimo en un pueblo en el que parece que no ocurre nada pero hay un bar precioso donde la escultura de una bruja cuelga del techo de la entrada y en el baño hay un conjuro para que el vigor de los hombres no decaiga. Sin embargo en esa zona parece que la vida se ha detenido o tal vez sea porque el agua de lluvia ha llegado en la previa de que agosto termine y entonces parece que la estampida se produce antes de lo que estábamos acostumbrados en esta tierra en la que el verano es patria del huido y el otoño nostalgia del que resiste al abandono. Llegas así a Babia y Luna y resulta que allí pusieron el ojo los reyes y no es de extrañar porque te sientes como un Dios en la tierra cuando la naturaleza te abraza y te dejas morir en sus manos solo para renacer. Recuerdas, entonces, que en Villamanín hay un lugar en el que te echan de comer como si no engordase y puede ser que no suceda porque lo que se come con tanto placer solo puede generar alegría en el cuerpo y en el alma.

Poco a poco te introduces en el camino de regreso a casa y te preguntas por qué hay lugares que se despliegan como paraísos en la tierra y otros que sencillamente están ocultos a las masas. Y justo cuando estás recorriendo esa ruta de vuelta te llega un mensaje al móvil en el que dicen que en tu pueblo, apenas al lado, en el término del Val de San Lorenzo, en Maragatería, planean ubicar una planta de Biogás, y miras por la ventanilla del coche y ves que ahí, en la montaña de León, también hay carteles por todas partes en los que la gente dice que no al mismo sacrificio.

Firma, puedes firmar en contra aquí, porque podemos contra el olvido y el abandono, pero ser pasto del residuo ajeno y el olor a putrefacto es demasiado: una frontera contra la que levantarse, una forma de agruparse, otra vez, y decir no a una nueva forma de sacrificarnos.

La Audiencia Provincial de León acogerá el próximo 9 de diciembre el juicio repetido por la agresión sufrida por el exalcalde de Ponferrada y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Olegario Ramón, a las puertas de la sede del PSOE en Ponferrada el 11 de abril de 2024 durante una protesta de la extrema derecha.

La repetición fue ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) el pasado mes de julio tras anular parcialmente la resolución dictada en primera instancia, que no consideró acreditado el delito de atentado a la autoridad y limitó los hechos a un delito de lesiones. Esa primera condena, por tales motivos, a solo ocho meses de multa para uno de los acusados y la absolución de otro.

La nueva vista tendrá que celebrarse ante una composición distinta del tribunal y deberá pronunciarse nuevamente sobre los delitos atribuidos al principal acusado. Ramón ya ha manifestado su confianza de que, ahora sí, se aprecie atentado a la autoridad, como pedía su acusación desde el primer momento.

La primera sentencia de la Audiencia Provincial condenó al acusado únicamente por un delito de lesiones, con una pena de ocho meses de multa a razón de siete euros diarios, además del pago de 1.504 euros de indemnización a Olegario Ramón. El TSJCyL acordó posteriormente la nulidad parcial de esa sentencia, tanto en lo relativo al atentado como al delito de lesiones.

La resolución del tribunal superior cuestionó, entre otros aspectos, la forma en la que se habían descartado determinadas pruebas que podían resultar relevantes para determinar si el acusado conocía o podía conocer razonablemente que Ramón tenía la condición de autoridad. El tribunal también consideró necesario revisar la valoración realizada sobre el contexto en el que tuvo lugar la agresión, después de que durante un periodo prolongado se hubieran producido protestas ante la sede del PSOE.

En este sentido, el TSJCyL señaló la relevancia de circunstancias como el carácter de cargo público de Olegario Ramón y las referencias que se habían producido durante los incidentes y que podían identificarle con el PSOE, lo que deberá volver a ser examinado en el nuevo juicio. La celebración de la nueva vista responde así a la decisión del tribunal superior de retrotraer parcialmente el procedimiento y permitir una nueva valoración de los hechos y de las pruebas, esta vez ante un órgano de enjuiciamiento diferente.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha cargado duramente contra el alcalde de la capital leonesa después de que la Ejecutiva Municipal socialista respaldase por unanimidad su candidatura para las elecciones municipales del año 2027 sin necesidad de pasar por un proceso de primarias. Sin embargo, Cendón no ha descartado la posibilidad de que se presente otra lista a la vez que considera a Diez fuera del partido: “El alcalde de León abandonó el PSOE hace mucho tiempo”.

La Ejecutiva Municipal del PSOE de León respaldó por unanimidad la candidatura del actual alcalde para volver a encabezar la lista del partido en los próximos comicios durante el pasado viernes 11 de septiembre. El órgano afirmaba que, según los Estatutos Federales del partido, los alcaldes en ejercicio tienen derecho a concurrir como candidatos en las siguientes elecciones municipales sin necesidad de someterse a un proceso de primarias.

Con todo ello, el secretario general del PSOE de León ha rechazado este lunes esta afirmación de la Ejecutiva Municipal, dando por hecho que habrá un proceso de primarias en el partido: “Lo que le diría es que respete un poco al PSOE, cuando alguien quiere presentarse a un determinado partido no puede venir con amenazas. Se pueden hacer primarias y así lo marcan los Estatutos”.

La candidatura de León solo iría a primarias si la mitad más uno de los militantes de la agrupación municipal, la mayor de toda la comunidad con más de 800 militantes, piden esas primarias. Un proceso complejo pero que se ha realizado en otras ciudades como Gijón, aunque el resultado electoral final fue la pérdida de la ciudad asturiana para los socialistas. Pero el Comité Federal ha introducido una nueva cláusula, que es que aunque la mitad más uno de la militancia lo pida las primarias deben ser aprobadas por el Comité Federal de Listas, que tendrá la última palabra.

Además, Cendón ha afirmado que en la última reunión de la Ejecutiva Municipal “no se celebró ningún tipo de acuerdo como el que se señala, que además no tiene nada que ver con el procedimiento que hay establecido”.

Sobre una posible lista alternativa a la de José Antonio Diez, Cendón no ha querido concretar si habrá una: “En esta ciudad hay gente que puede tener la iniciativa de presentarse, y en su derecho está”, ha deslizado el secretario general socialista.

Viene esto a cuento de que José Antonio Diez, alcalde, decidió ir a la concentración en defensa de Ceuta, de los ceutíes, de la ley y de la integridad territorial de España. Parece poca cosa, tan solo un gesto, pero, en estos tiempos de obediencia con auricular, argumentario fotocopiado y disciplina de hormiguero, empieza a parecer una hazaña.

Qué palabra tan antigua, el verbo ir, la va a pronunciar y poner en práctica porque lo suyo no es un socialismo de joyero sino uno de periferia y pueblo llano, digno y legal. Ir donde uno cree que debe estar. Sin consultar el mapa de la cartografía de intereses y sofismas de Ferraz. Sin esperar el permiso de Moncloa. Ir porque Ceuta es España y porque hay asuntos que no deberían caber en la pequeña mercería de las siglas. Olé tus huevos.

Mientras tanto, El Pendón de San Isidoro de Moncloa, ése al que venir a León Ábalos y Koldo no le increpaban ni amenazaban, difunde doctrina. En efecto el Pendón de San Isidoro de Moncloa es un hombre aplicado. Recibe el argumentario, lo lee, lo subraya y lo entrega. Ahora toca hablar de serenidad, cooperación, responsabilidad. La política ha perfeccionado el eufemismo: ya no se dice obedecer, sino coordinarse; ya no se dice callar, sino ser prudente; ya no se dice mentir sino cambiar de opinión; ya no se dice invasión sino percance migratorio...

Baltasar Gracián habría disfrutado de estos tiempos.

Diez, en cambio, ha hecho algo mucho más antiguo: ejercer de verdad de alcalde. Y un alcalde no es un delegado provincial de Madrid ni de Valladolid. Es el hombre que representa a su ciudad. A León. Una ciudad que, por cierto, tiene la vieja costumbre de preferir que sus políticos sean antes leales a su palabra que cualquier otra cosa.

Los partidos pasan. Los secretarios provinciales pasan. Los ministros pasan. Hasta los presidentes pasan, aunque alguno haya desarrollado una cierta vocación de eternidad…. Pero Ceuta queda. Y León queda. España queda, coño… Ahí está la diferencia entre la política y el poder: la primera debería servir a lo que permanece; el segundo suele servir a quien manda.

Por eso cuánto tiene que aprender El Pendón de San Isidoro de Moncloa de José Antonio Diez. No de socialismo. Ni siquiera de patriotismo. Más bien de esa rara dignidad que consiste en tener un cargo y no convertirse en propiedad de quien puede renovarte el cargo. En recordar que el partido tiene sus jefes, pero la representación tiene otro: el ciudadano.

Los lacayos, en cambio, nunca están solos. Tienen grupo de WhatsApp, eso sí. Tienen argumentario. Tienen llamada. Y tienen siempre a alguien que les indica dónde ponerse para la fotografía de prensa.

Diez, esta vez, ha elegido otra cosa. Ha elegido estar donde hay que estar: con la mejor España que, para los socialistas de verdad, es la de abajo, llana, trabajadora, legal, digna y en pie.

Son dos palabras que deberían ser triviales y que hoy suenan casi revolucionarias: yo voy. Esas palabras recuerdan muy mucho lo que escribió la mejor pensadora que ha tenido España, Maríz Zambrano, en Hacia un saber sobre el alma: la fundación del Partido Socialista Obrero Español por Pablo Iglesias supuso dotar de dignidad y disciplina a la ideología…

En efecto primero está la dignidad, y luego la disciplina… José Antonio Diez demuestra que lo sabe…

El Pendón de San Isidoro lo ignora.

UPL ha conseguido este viernes el apoyo del PSOE para que las Cortes de Castilla y León impulsen la búsqueda de una fórmula que permita a los trenes de Feve llegar de nuevo a la estación de Matallana de León, después de quince años sin servicio ferroviario en el centro de la ciudad. La proposición no de ley (PNL) presentada por el partido leonesista ha salido adelante con los votos favorables de UPL y PSOE y la abstención de PP y Vox, por lo que continuará su tramitación.

La iniciativa plantea la creación de un consorcio en el que participe la Junta de Castilla y León para asumir la gestión de la infraestructura de Adif correspondiente al tramo urbano de la antigua Feve y recuperar la llegada del tren hasta Matallana. También propone incorporar el tramo entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León.

El texto finalmente aprobado incorpora además una modificación planteada por el PP para que previamente se constituya una mesa técnica que estudie cuál es la fórmula técnica y jurídica más adecuada. UPL rechazó sustituir su propuesta por la enmienda 'popular', pero aceptó incorporar este punto a la iniciativa, lo que permitió que PP y Vox optaran finalmente por la abstención en lugar de votar en contra.

El debate volvió a poner sobre la mesa los quince años de interrupción del servicio ferroviario. El procurador de UPL Luis Mariano Santos habló de un periodo de “frustración y desesperanza” y repartió responsabilidades entre los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE por una conexión que sigue sin llegar al centro de León desde 2011.

“Pueden echarse la culpa unos a otros. La culpa es repartida”, señaló Santos, que defendió que la propuesta del consorcio no nace únicamente de UPL, sino de la Plataforma en Defensa de Feve y de la sociedad civil leonesa. “Yo vengo a hablar de una posible solución”, sostuvo, reclamando a las administraciones que se sienten juntas y busquen una salida.

PP y Vox rechazan que la Junta asuma la infraestructura

El PP compartió con UPL el objetivo de recuperar el tren hasta Matallana, pero rechazó la fórmula planteada por los leonesistas. La procuradora popular María José Álvarez defendió que “el tren tiene que volver al centro” y que debe hacerlo “sin trasbordos innecesarios y sin parches de sustituir vías por autobuses” como plantea el Ministerio de Transportes, pero consideró que trasladar a la Junta la infraestructura de Adif sería “jurídicamente inviable” y un “error político”.

Los 'populares' sostuvieron que la responsabilidad corresponde al Gobierno central y plantearon en su lugar reclamar la creación de una mesa técnica con Adif y Renfe, con participación activa de la Junta, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial, para estudiar las alternativas que permitan recuperar la conexión.

La posición de Vox fue similar. Su procuradora Laura Dorreis afirmó que Feve “tiene que volver a llegar a la estación de Matallana” y reconoció su importancia para la vertebración territorial y para los habitantes de los pueblos de la línea, pero rechazó que la Junta asuma una competencia estatal. “Compartir el objetivo no significa compartir la fórmula”, resumió.

El PSOE respalda el consorcio como una “oportunidad”

El PSOE votó a favor de la propuesta. Su procurador Benjamín Fernández consideró que la creación de un consorcio puede representar “una oportunidad” para desbloquear la situación y reprochó al PP que plantee soluciones cuando no tiene las competencias y, al mismo tiempo, rechace fórmulas que requieren la participación de la Junta.

Los socialistas defendieron la importancia de la vía estrecha para la movilidad de los habitantes del norte de la provincia y destacaron su utilidad para acceder a servicios como la sanidad, la Universidad y otras gestiones cotidianas. Fernández sostuvo que la recuperación de la conexión ferroviaria “mejoraría la vida de las personas”.

Santos aprovechó su última intervención para volver a reclamar a los grupos que dejen de utilizar Feve como un enfrentamiento entre administraciones. Al PSOE le reprochó que apoye la iniciativa mientras gobierna en España y le pidió que traslade la reivindicación al ministro de Transportes, Óscar Puente. Al PP le reclamó que tenga “voz propia” más allá de los titulares y a Vox le acusó de hacer “un flaco favor al bipartidismo”.

La Plataforma de Feve lleva la reivindicación a los tribunales

La votación en las Cortes se produce, además, el mismo día en que la Plataforma en Defensa de Feve ha anunciado tres acciones judiciales para reclamar la recuperación de la conexión ferroviaria hasta el centro de León.

El colectivo sostiene que el Convenio Marco firmado en 2010, que debía culminar con la integración de Feve en la ciudad, sigue pendiente de cumplimiento y ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su supuesta inactividad. También ha presentado una querella contra un cargo de la Administración estatal y otro recurso contra el Ayuntamiento de León por su falta de colaboración en el procedimiento.

La plataforma considera que la integración ferroviaria no es un proyecto pendiente de una nueva decisión política, sino un compromiso adquirido hace 16 años que debe ejecutarse. Su portavoz, César Prieto, ha defendido que el proyecto acumula ya más de 40 millones de euros de inversión y ha recordado que han pasado quince años desde que los trenes dejaron de llegar al centro de León.

La iniciativa aprobada ahora por las Cortes no supone todavía que la Junta vaya a asumir la infraestructura, pero sí abre la puerta a estudiar esa posibilidad dentro de una fórmula de colaboración entre administraciones. La cuestión queda así de nuevo sobre la mesa política y judicial mientras la antigua Feve continúa sin recuperar su llegada a Matallana.

Tan solo cuatro días después de que José Antonio Diez asegurase que sería candidato a la Alcaldía de León en las próximas elecciones municipales de 2027 con el PSOE o no, la agrupación socialista de la ciudad confirma que lo hará bajo sus siglas. La Ejecutiva Municipal del PSOE ha respaldado por unanimidad la candidatura del actual alcalde para volver a encabezar la lista del partido en los próximos comicios.

La decisión llega después de que Diez afirmase el pasado lunes en una entrevista en RNE que su intención era repetir como candidato socialista, pero advirtiera de que, si el PSOE no le permitía hacerlo, seguiría adelante igualmente con su objetivo de disputar la Alcaldía. “Yo voy a ser candidato a la Alcaldía de León”, aseguró entonces, sin cerrar la puerta a una alternativa fuera de las siglas socialistas.

Ahora, la dirección local del PSOE, que preside, despeja esa incógnita y refrenda la continuidad del alcalde como cabeza de cartel para las municipales de 2027. La agrupación municipal recuerda que, según los Estatutos Federales del partido, los alcaldes en ejercicio tienen derecho a concurrir como candidatos en las siguientes elecciones municipales sin necesidad de someterse a un proceso de primarias.

El respaldo de la Ejecutiva Municipal supone un movimiento relevante dentro del PSOE leonés después de meses de tensiones internas entre Diez y la dirección provincial encabezada por Javier Alfonso Cendón. El alcalde había señalado precisamente sus diferencias con la cúpula socialista leonesa como uno de los motivos que podían poner en cuestión su candidatura y había reivindicado su forma de ejercer la Alcaldía, incluso cuando sus posiciones chocaban con las del partido.

“Mi partido siempre será el PSOE”

Tras la decisión del órgano municipal, Diez ha reivindicado su continuidad dentro del PSOE y ha asegurado que “mi partido siempre será el PSOE, porque es el espacio político en el que creo y desde el que entiendo que puedo trabajar mejor por León”.

El alcalde ha defendido que quiere seguir al frente del Ayuntamiento porque mantiene “la misma ilusión, convicción y las mismas ganas de trabajar por la ciudad que el primer día” y ha señalado que pretende dar continuidad al proyecto socialista desarrollado durante sus más de siete años en la Alcaldía.

El respaldo de la Ejecutiva Municipal llega además en la víspera de la Fiesta de la Rosa del PSOE de León, que se celebrará este sábado y que reunirá a la militancia socialista en el inicio del nuevo curso político, a partir de la una de la tarde en el parque de La Candamia.

La Junta de Castilla y León abre la puerta a ampliar “progresivamente” las ayudas públicas para el alumnado de centros de educación concertada tras la recomendación del Procurador del Común, que pidió eliminar las diferencias existentes en servicios como comedor, transporte escolar o programas de conciliación cuando las familias tengan circunstancias económicas y sociales equivalentes.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que la intención de la Junta es avanzar hacia una mayor equiparación entre los beneficios que reciben los estudiantes de centros públicos y concertados, aunque remarcó que la principal responsabilidad de la Administración autonómica sigue siendo garantizar la calidad de la red pública.

“Nuestra idea es poder ir equiparando progresivamente los beneficios de los centros públicos y de los centros concertados”, afirmó Carriedo al ser preguntado por este medio por la resolución del Procurador del Común. El portavoz autonómico no concretó qué medidas podrían adoptarse ni si la Consejería de Educación aceptará formalmente todas las recomendaciones planteadas por la institución, pero defendió como algo positivo que Castilla y León es una de las Comunidades “con más igualdad” entre ambas redes educativas.

“Es verdad que nuestra principal responsabilidad es la gestión de los centros públicos, es donde nos tenemos que centrar, garantizar la calidad de los centros públicos, pero también es verdad que Castilla y León es de las Comunidades Autónomas de más igualdad entre los centros públicos y los centros concertados”, señaló.

La resolución del Procurador del Común cuestiona que determinadas ayudas financiadas con fondos públicos estén condicionadas por la titularidad del centro educativo. La institución considera que no debe existir una diferencia de trato entre familias con una situación económica o social similar únicamente porque sus hijos estén matriculados en un colegio público o en un centro privado concertado sostenido con fondos públicos.

Entre los servicios analizados figuran las ayudas de comedor y transporte escolar, así como los programas de conciliación ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’, actualmente vinculados principalmente al alumnado de centros públicos. El Procurador del Común sostiene que la capacidad económica de las familias y sus circunstancias personales deben ser los criterios determinantes para acceder a estos recursos.

Hasta ahora, la Junta ha defendido que estos servicios complementarios tienen una regulación diferenciada y que los conciertos educativos no incluyen necesariamente estas prestaciones. No obstante, la respuesta de Carriedo abre ahora la puerta a una modificación progresiva de estas ayudas, si bien deja pendiente qué alcance concreto podría tener esa equiparación y cuándo se aplicaría. La Consejería de Educación tiene de plazo hasta octubre para comunicar si acepta o rechaza las recomendaciones del Procurador del Común.

La Junta de Castilla y León ha negado este jueves que exista una infrafinanciación de la Universidad de León y ha defendido que las aportaciones económicas a la ULE han aumentado en los últimos años, en pleno conflicto por el 'Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030' aprobado por el Rectorado y que ha provocado el rechazo de los sindicatos por las medidas de ajuste que suponen.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido a las preguntas de ILEÓN durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre la situación económica que atraviesa la institución leonesa y las protestas anunciadas por UGT, CCOO y CSIF contra algunas de las medidas incluidas en el plan. Carriedo ha defendido que “de ningún modo ha habido reducción” de la financiación autonómica a la ULE y ha asegurado que los fondos destinados a la universidad han aumentado un 28,6% desde 2019, año de llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta.

La respuesta llega después de que la Universidad de León haya situado precisamente la reclamación de una mayor financiación autonómica como “eje central” de su plan de ajuste. La institución académica aprobó en julio una hoja de ruta hasta 2030 para corregir su desequilibrio económico, después de cerrar 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y advertir de que sus gastos ordinarios superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos.

El Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional contempla medidas de contención del gasto, especialmente en personal, además de la revisión de la oferta académica para estudiar la viabilidad de titulaciones con baja demanda. El documento abrió un conflicto con los sindicatos, que han anunciado movilizaciones desde el inicio del curso al considerar que el ajuste descarga sobre la plantilla parte del problema económico de la Universidad.

Ante esa situación, Carriedo ha insistido en que la Junta respeta “la negociación colectiva y la autonomía universitaria” y ha señalado que corresponde a la propia Universidad gestionar las relaciones laborales con sus trabajadores. “Nosotros nos encargamos de la financiación”, ha resumido el portavoz autonómico, que ha defendido que el Ejecutivo autonómico trabaja para “incrementar los fondos disponibles” para las universidades.

El conflicto se produce además en un contexto marcado por la ausencia de presupuestos autonómicos para este ejercicio. Castilla y León funciona este 2026 con las cuentas prorrogadas, una circunstancia que condiciona la planificación de nuevas partidas y que coincide con la petición de la ULE de disponer de mayores recursos para garantizar su equilibrio financiero.

Carriedo ha asegurado que el Ejecutivo autonómico es consciente de “las necesidades” del sistema universitario y ha apuntado que la Comunidad afronta un escenario de crecimiento de alumnado, con una mayor capacidad de atracción de estudiantes procedentes de fuera de Castilla y León y con medidas como la gratuidad de las tasas universitarias para los alumnos de primer curso.

En ese sentido, la “idea” de la Junta es continuar incrementando los fondos para el sistema público universitario. “Vamos en la dirección de más recursos y más fondos”, pero, añadió, “no siempre se puede disponer de los fondos que a cada Consejería le gustaría porque hay que distribuir recursos escasos entre necesidades que siempre son mucho mayores”.

El Partido Popular de León ha criticado que la Diputación convoque a las más de 1.200 juntas vecinales de la provincia para la celebración del Gran Concejo, previsto este sábado 12 de septiembre en Mansilla de las Mulas, sin que todavía se haya puesto en marcha la tramitación del plan de juntas vecinales 2026-2027, que debería tener una inversión superior a los 10 millones de euros si repite el presupuesto del último plan.

El portavoz del PP en la institución provincial y alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, ha acusado al equipo de Gobierno formado por PSOE y UPL de organizar “un acto propagandístico” y ha asegurado que este tipo de iniciativas “se les dan bien” mientras que, según sostiene, existen retrasos en la gestión de las ayudas destinadas a las entidades locales menores.

Fernández ha señalado que, a su juicio, el plan bienal de juntas vecinales “ya debería estar operativo” y ha advertido de que el retraso puede provocar dificultades para que las pedanías cumplan posteriormente los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones financiadas.

El dirigente popular ha recordado además que la inversión prevista supera los 10 millones de euros, aunque no incluye las juntas vecinales del Bierzo cuya gestión está delegada en el Consejo Comarcal. A su juicio, la demora supone “perder el primer año” de una convocatoria que debería estar ya en funcionamiento.

El PP también ha trasladado sus críticas a las dificultades que afrontan las pedanías para ejecutar las obras, tanto por las restricciones que, según Fernández, establece la Diputación a la hora de plantear proyectos como por la falta de empresas disponibles para acometer pequeñas actuaciones, lo que ralentiza su desarrollo.

Fernández ha enmarcado la convocatoria del Gran Concejo en un contexto preelectoral y ha acusado al equipo de Gobierno de buscar “mostrar cercanía con las juntas vecinales con boato” pese a que, en su opinión, durante los últimos tres años “los problemas han sido más que las soluciones”.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) quiere despejar antes de que termine el año una de las principales incógnitas de las elecciones municipales de 2027 en la capital: quién sustituirá a Eduardo López Sendino como candidato a la Alcaldía de León. La secretaria general del partido, Alicia Gallego, ha situado este miércoles “en noviembre o diciembre” el horizonte para que el nuevo cabeza de lista esté elegido y pueda comenzar a presentar públicamente su proyecto.

“El candidato a León va a ser nuevo porque Eduardo al final ha dado el paso de no seguir”, ha empezado diciendo Gallego, que ha agradecido el trabajo realizado por el actual portavoz municipal y su papel para dar visibilidad al partido durante estos años. “Va a dejar paso a un nuevo equipo”, ha añadido antes de señalar que el proceso se ajustará a los plazos que establezca el nuevo reglamento de primarias.

La dirección leonesista llevará precisamente ese reglamento al Consejo General convocado para el próximo 16 de septiembre, como adelantó ILEÓN la pasada semana. La propuesta diseñada por la dirección establece un proceso de primarias a una única vuelta, con una duración aproximada de 21 días y la obligación de que los aspirantes consigan avales de entre el 10% y el 20% de los militantes de su circunscripción.

Gallego ha despejado además cualquier duda sobre qué ocurrirá si existen varios aspirantes: “Donde haya distintos candidatos, indudablemente habrá primarias”. La dirigente leonesista sostiene que la competencia interna supone una muestra de fortaleza y no un problema para el partido, frente a los “pisotones, codazos y malas formas” que asegura observar en otras formaciones a la hora de confeccionar sus candidaturas.

La carrera por suceder a Sendino ya cuenta al menos con movimientos públicos. El concejal Enrique Valdeón ha confirmado su intención de presentarse, mientras su compañera en el grupo municipal Sheila Fernández mantiene abierta la posibilidad de concurrir cuando se convoque formalmente el proceso. El resultado determinará quién encabezará en 2027 la candidatura en el municipio que constituye la principal fuente de votos para UPL y donde el partido dispone actualmente de tres concejales.

La previsión de la dirección es que el proceso permita conocer al candidato antes de final de año, con tiempo suficiente para que gane visibilidad y comience a trasladar su proyecto a los leoneses. Antes deberá aprobarse el reglamento en el Consejo General y posteriormente la Ejecutiva tendrá que establecer las fechas concretas de las primarias.

Crecer donde todavía no hay candidaturas

El Consejo General servirá también para poner en marcha una segunda parte de la estrategia electoral de UPL, presentar candidaturas en municipios en los que actualmente no tiene representación. Gallego asegura que durante los últimos meses los comités comarcales han trabajado tanto para reforzar las listas existentes como para buscar nuevos candidatos.

La secretaria general afirma que se han producido “movimientos muy interesantes” de personas que se han acercado al partido en municipios donde UPL no tiene representantes públicos. Tras el verano, la formación quiere comenzar a formalizar esos contactos, presentar candidatos y configurar equipos con suficiente antelación a las municipales.

“No es solo llevar una marca”, ha defendido Gallego, que considera necesario que los candidatos tengan un proyecto municipal propio y puedan empezar a darlo a conocer a la sociedad. La intención es empezar ya a presentarse públicamente donde el partido quiere conseguir poder.

UPL afronta este proceso después del salto municipal conseguido en 2023, cuando obtuvo 207 concejales en la provincia de León y llegó a las alcaldías de municipios como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño, además de mantener otros bastiones tradicionales. Un total de 26 municipios llegarán a las próximas elecciones gobernados por un alcalde leonesista.

El partido cuenta actualmente con unos 700 militantes, de los que alrededor de 300 podrían participar en unas eventuales primarias en León capital. El reglamento que debatirá el Consejo General contempla también la posibilidad de celebrar procesos internos en otros municipios, aunque la atención se concentra especialmente en la capital por el relevo de Sendino y la existencia de más de un posible aspirante.

Fue un fulgurante juez antes de centrarse en una no menos meteórica carrera política. Pero el actual, y reciente, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene una posición laboral 'en excedencia' que sigue creciendo. Y aunque hace muchos años que no ejerce con la toga sino que ocupa altos cargos en el Partido Popular (PP), el leonés acaba de consolidar un nuevo puesto nada menos que en la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones ha obtenido formalmente una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un destino que se convertirá en su plaza de referencia dentro de la Carrera Judicial si en el futuro decide poner fin a su actividad política y regresar al ejercicio de la judicatura. Este nuevo puesto figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 8 de septiembre. Se publica el resultado del último concurso de destinos de la Carrera Judicial, resuelto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 21 de julio y formalizado posteriormente mediante un Real Decreto fechado el 29 de julio.

La resolución establece expresamente que Suárez-Quiñones, actualmente en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial por el desempeño de su cargo político, pasa a tener destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque “continuando en la misma situación administrativa”. Es decir, que su plaza se mantiene latente, en espera, mientras sigue con su alta actividad política.

La obtención de la plaza no supone, por tanto, su salida inmediata del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco ni tampoco su incorporación efectiva a la Audiencia Nacional. Mientras continúe desempeñando responsabilidades políticas y permanezca en servicios especiales, algo que ocurre desde 2012, seguirá sin ejercer funciones judiciales.

Nacido en León en 1961, Suárez-Quiñones pertenece a la Carrera Judicial desde 1987 y alcanzó la categoría de magistrado en 1990. Su vinculación profesional con León se consolidó en 1991, cuando llegó a la capital para hacerse cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Muy rápido, en 2002, fue elegido juez decano, reelegido nuevamente en 2007. Entre 2004 y 2009 también formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El salto al PP que arrancó en 2012

Fue precisamente durante su etapa como juez decano cuando comenzó a adquirir una notable presencia pública y mediática, una exposición que anticipaba para muchos su posterior salto a la política. Este se produjo en enero de 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando fue nombrado subdelegado del Gobierno en León, en un momento especialmente conflictivo por las movilizaciones y protestas vinculadas a la crisis de la minería.

Su ascenso político fue rápido. Tras apenas unos años como subdelegado, fue ascendido a delegado del Gobierno en Castilla y León. Y finalmente en 2015 se incorporó al Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido entonces por Juan Vicente Herrera, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredando las dos grandes áreas que hasta entonces había dirigido el también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición, incluso en el núcleo duro' del Gobierno autonómico, de modo que sigue siendo una de las figuras de mayor continuidad institucional del Ejecutivo del PP, junto al veteranísimo consejero palentino Carlos Fernández Carriedo. Por entonces, y sólo por entonces, se había afiliado al PP.

A lo largo de más de una década en el Ejecutivo ha acumulado competencias de enorme peso, extensión y presupuesto, relacionadas con el medio ambiente, el mundo rural, las carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, la vivienda o la Protección Civil.

También ganó peso orgánico dentro del PP, hasta el punto de ser designado presidente provincial 'interino' en julio de 2015 cuando su antecesora, Ester Muñoz, fue 'fichada por Alberto Núñez Feijóo como su portavoz en el Congreso en julio de 2015. Quiñones sigue todavía en l cúspide provincial popular ya que no se ha producido Congreso alguno.

Los incendios y el cuestionamiento de la política forestal

Buena parte de estas materias le han situado recurrentemente en el centro del debate político y de numerosas controversias. Uno de los principales focos de crítica fue la gestión forestal y de los incendios. La crisis provocada por los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, en 2022, en los que fallecieron cuatro personas, volvió a repetirse tres años después, durante el verano de 2025, el peor de la historia reciente de Castilla y León en materia de incendios. En esos incendios también fallecieron otras cuatro personas y sólo en la provincia de León ardieron 135.400 hectáreas, una superficie próxima al 10% de toda la extensión forestal provincial.

Durante aquella crisis de 2025, algunas de sus declaraciones públicas contribuyeron también a aumentar la polémica. Entre ellas, la frase “tenemos la mala costumbre de comer”, con la que respondió a las críticas por encontrarse en un evento en Gijón mientras se declaraban algunos de los peores incendios de aquel mes de agosto. Su aparente desgaste político, tras no comparecer durante meses, no se tradujo en cambio alguno: Mañueco le mantuvo hasta el final del mandato y después le ha incorporado de nuevo a su Gobierno, aunque ya con otra cartera.

El lobo, la caza y los reveses en los tribunales

La política cinegética y la gestión del lobo ibérico fueron también uno de los principales focos de confrontación durante su etapa al frente de Medio Ambiente. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza del lobo incumplía la legislación comunitaria. Su defensa de la actividad cinegética y de una menor protección para la especie le enfrentó en numerosas ocasiones con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Su departamento sufrió además otros reveses judiciales, como la anulación definitiva por el Tribunal Supremo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por vulnerar los procedimientos de participación pública.

“Yo soy la Administración” y el caso Enredadera

Su nombre apareció también vinculado políticamente a la denominada trama Enredadera. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, en un caso que murió de inanición judicial, la difusión de conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación generó una importante polémica política y peticiones de dimisión desde la oposición. Especial repercusión tuvo una conversación intervenida por la UDEF en la que pronunció la frase “yo soy la Administración” mientras hablaba con un conocido empresario leonés sobre una obra. El empresario fue posteriormente condenado por corrupción.

Tampoco otras situaciones como el hecho de que siendo consejero autorizara un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo era directivo, y que al mismo empresario de ese grupo le legalizara en el parque natural de Babia-Luna una vivienda, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra. Todo fue archivado por la Fiscalía y finalmente zanjado por la Comisión de Ética de Castilla y León que estudió los casos y archivó la queja abierta.

Suárez-Quiñones afronta ahora su responsabilidad política, en principio hasta el mandato que concluiría en el año 2030, al frente de la múltiple cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León. Lo hace con la seguridad y tranquilidad de que si algún día abandona su carrera política, la judicial permanece disponible, ahora con su nuevo ascenso hacia la Audiencia Nacional.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) aprovechará el regreso esta semana de la actividad parlamentaria a las Cortes de Castilla y León tras el parón veraniego para poner sobre la mesa varios de los asuntos pendientes de la Junta con la provincia. Los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71, los retrasos en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León y la situación de la sanidad en la Región leonesa protagonizarán las tres preguntas orales que la formación dirigirá al Gobierno autonómico en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, se dirigirá directamente al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para preguntarle si considera que su Gobierno ha sido “suficientemente proactivo” para conseguir la eliminación de los peajes de la AP-66 y la AP-71, dos de las principales conexiones por carretera de la provincia de León.

Los leonesistas vuelven así a llevar al Parlamento autonómico una reivindicación histórica de la formación. En su iniciativa, UPL pone especialmente el foco en la autopista con Asturias y recuerda la posición de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión del peaje para cuestionar las actuaciones realizadas hasta ahora por el Ejecutivo autonómico.

Otro de los asuntos será el nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. El procurador Luis Mariano Santos preguntará a la nueva consejera de Educación, María Pardo, si considera que la Junta ha actuado “con la diligencia exigible” para sacar adelante una infraestructura que acumula numerosos retrasos.

Según recuerda UPL, las actuales previsiones sitúan su puesta en funcionamiento, como pronto, en el curso 2027/2028, lo que para la formación supondría que el nuevo edificio llegaría con “casi dos décadas de retraso” respecto a los compromisos adquiridos para sustituir las actuales instalaciones.

La tercera pregunta tendrá como protagonista a la sanidad pública en la Región Leonesa. Rosa Quintanilla, nueva procuradora de UPL en las Cortes, interpelará al consejero de Sanidad para conocer la valoración que hace el Gobierno autonómico de su gestión sanitaria durante los últimos meses en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Los leonesistas consideran que los problemas sanitarios en estos territorios persisten pese a haber sido planteados reiteradamente ante la Junta.

Feve vuelve también a las Cortes

El regreso parlamentario tendrá además Feve como otro de los asuntos leoneses destacados. UPL utilizará la única Proposición No de Ley (PNL) de la que dispondrá el Grupo Mixto en este periodo de sesiones para plantear una solución que permita recuperar la integración ferroviaria en la capital leonesa.

La propuesta pide a la Junta que impulse la creación de un consorcio que permita a la Administración autonómica asumir la infraestructura de Adif correspondiente al tramo tranviario de la antigua Feve y posibilitar así la integración de la línea ferroviaria-tranviaria dentro de León hasta la estación de Matallana.

La iniciativa plantea además incorporar el recorrido entre León y Pedrún de Torío al Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León. UPL tiene previsto explicar este miércoles con mayor detalle su propuesta antes de defenderla el viernes en las Cortes.

La reciente incorporación de los monumentos a los Caídos de Prioro y Castrocontrigo al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática ha reabierto el debate sobre la presencia de vestigios franquistas en la provincia de León. Izquierda Unida (IU) ha valorado positivamente la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pero reclama que la catalogación vaya acompañada ahora de “actuaciones concretas” para cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación vigente.

El Ministerio acordó la pasada semana la retirada de siete nuevos vestigios franquistas en España, dos de ellos situados en los municipios leoneses de Prioro, en la Montaña Oriental, y Castrocontrigo, en el suroeste de la provincia. Los dos monumentos forman parte de una nueva relación de elementos que el Gobierno considera expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre los otros casos incluidos figuran elementos situados en Labajos, en Segovia, así como en Murcia, Gijón y Santoña, en Cantabria.

La inclusión del monumento de Castrocontrigo en este catálogo se produce además después de que Vox intentara proteger este tipo de símbolos mediante su declaración como Bien de Interés Cultural. La iniciativa se planteó cuando el partido formaba parte del Gobierno autonómico junto al PP y dirigía la Consejería de Cultura, defendiendo la posibilidad de catalogar determinados monumentos vinculados al franquismo como patrimonio de interés cultural.

Ante esta situación, Izquierda Unida de León considera que la incorporación de los monumentos de Prioro y Castrocontrigo al catálogo supone “un avance” para identificar los elementos que mantienen una vinculación con la exaltación de la dictadura, aunque advierte de que este paso no puede quedarse únicamente en la elaboración de registros.

“Catalogar estos monumentos es importante, pero ahora hay que actuar. No se trata de borrar la historia, sino de evitar que el espacio público siga funcionando como lugar de homenaje a una dictadura y garantizar el reconocimiento de sus víctimas”, ha señalado Sergio Carro, coordinador provincial de Izquierda Unida de León.

La formación recuerda que hace diez meses presentó una batería de preguntas para conocer el grado de cumplimiento de la normativa de Memoria Democrática en la provincia de León y las actuaciones previstas sobre distintos elementos vinculados al franquismo. Sin embargo, asegura que todavía no ha recibido respuesta por parte de las instituciones competentes.

“Diez meses después seguimos sin recibir respuesta. Estamos hablando de información que las instituciones deben facilitar y de una cuestión que afecta directamente al cumplimiento de la legislación vigente”, ha denunciado Carro.

IU León reclama así que la incorporación de los dos monumentos al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática sea el inicio de actuaciones efectivas y no el final del proceso. La organización defiende una política de memoria democrática que vaya más allá de la retirada de simbología y permita también identificar y divulgar los lugares relacionados con la represión franquista, reconocer a las víctimas y contextualizar aquellos elementos que puedan tener un valor histórico.

“Esperamos que la inclusión de estos dos monumentos en el catálogo sirva para pasar de la identificación a los hechos. La Memoria Democrática no puede depender de la voluntad de cada administración ni quedarse en los papeles”, concluye el coordinador provincial de Izquierda Unida de León.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha garantizado este lunes que volverá a ser candidato a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2027, incluso en el supuesto de que finalmente no pueda hacerlo bajo las siglas del PSOE. El regidor ha sido tajante durante una entrevista concedida al informativo matinal de Radio Nacional de España (RNE) en León: “Yo voy a ser candidato a la Alcaldía de León”.

Diez mantiene como primera opción encabezar nuevamente la lista socialista, algo que considera además “la lógica” por su condición de actual alcalde. Sin embargo, preguntado expresamente por si tiene un plan alternativo en caso de que el PSOE no le permita concurrir, ha dejado abierta una puerta a hacerlo igualmente de otra manera. “Me gustaría serlo por el partido al que represento, por el que tengo mis ideales y mis valores”, ha señalado, antes de añadir que esos valores no tienen por qué coincidir con los de “quienes dirigen” actualmente el partido. “En cualquier caso, voy a ser candidato a la Alcaldía de la ciudad de León”, ha remachado, sin aclarar con qué siglas o fórmula política lo haría fuera del PSOE.

Las declaraciones llegan precisamente cuando los partidos leoneses comienzan a mover sus piezas para las municipales de 2027. El PSOE provincial ha elegido noviembre para activar los procesos de elección de candidatos en León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. En el caso de la capital, Diez partiría inicialmente con ventaja por ser el alcalde: según las reglas internas recogidas por el propio partido, únicamente se abrirían primarias si las reclama la mitad más uno de los más de 800 militantes de la Agrupación Local y el Comité Federal de Listas autoriza el proceso.

Precisamente sobre una eventual operación interna para disputarle la candidatura, Diez ha vuelto este lunes a señalar directamente al secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón. El alcalde considera que resulta “extraño” que el dirigente provincial no quiera que repita y atribuye sus diferencias a la posición que él asegura haber mantenido desde la Alcaldía en defensa de León, incluso cuando eso le ha supuesto enfrentarse con su propio partido. “Uno se debe a los ciudadanos, no solo al partido”, ha defendido en RNE.

El regidor también ha recuperado uno de los episodios más duros de la guerra interna socialista de hace cuatro años. Diez denunció entonces un aumento “sospechoso” del censo de la Agrupación Local antes de la asamblea de mayo de 2022 en la que consiguió conservar la Secretaría General frente a Pilar Carnero, candidata respaldada por el sector de la dirección provincial. Este lunes ha asegurado que en aquella ocasión existía “un censo muy inflado” y ha acusado de nuevo de haberse producido “traslados de fichas del Bierzo a León” para intentar apartarlo.

Diez ha ido incluso más lejos al vincular aquella operación con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Sin embargo, considera difícil que una maniobra similar pueda repetirse ahora porque, según ha explicado, el control sobre el censo socialista es actualmente “muchísimo mayor”. “No hemos detectado ningún movimiento especial”, ha afirmado, antes de recordar que hace cuatro años quienes trataron de desplazarlo tampoco consiguieron su objetivo.

La batalla de 2022 terminó con la victoria de Diez sobre Carnero por una diferencia de 46 votos. Tras aquel proceso, Cendón negó que el alcalde hubiera estado cuestionado como futuro candidato municipal y llegó a trasladarle públicamente su “apoyo” para ir “a por todas” en las elecciones de 2023. Diez acabó encabezando la candidatura socialista, ganó los comicios en la capital y conservó la Alcaldía que ocupa desde 2019.

La relación entre los dos principales referentes del PSOE en la capital y la provincia, sin embargo, ha vuelto a deteriorarse durante este mandato. Diez dio un paso especialmente significativo en febrero de 2025 al respaldar públicamente a Diego Moreno, que disputó a Cendón la Secretaría General provincial. El alcalde reclamó entonces un PSOE “mucho más leonesista” y valoró positivamente que hubiera surgido una alternativa a la dirección de Cendón.

El último choque se produjo apenas la pasada semana a cuenta de la manifestación celebrada en León en apoyo a Ceuta. Pese a que el PSOE decidió no secundarla al considerar que la convocatoria había adquirido un carácter partidista, Diez acudió a la movilización. Cendón reaccionó después en redes sociales asegurando que “quien asiste a la cacería deja de ser neutral: se convierte en cómplice”, en una referencia sin citar expresamente al alcalde que volvió a evidenciar la fractura entre ambos.

Con las municipales todavía a meses de distancia, el alcalde despeja así una de las incógnitas del nuevo curso político en León, pero abre otra de mayor calado. Diez quiere ser candidato del PSOE en 2027, pero avisa de que, si el partido le cierra esa puerta, su intención de volver a disputar la Alcaldía no cambia. Queda por saber bajo qué siglas estaría dispuesto a hacerlo.

El nuevo curso político comienza en la provincia de León con las elecciones municipales de 2027 cada vez más presentes en la agenda de los principales partidos. Aunque todavía quedan meses para llegar a las urnas los principales partidos de la provincia -PP, PSOE y UPL- se ponen en marcha mediante la elección de candidaturas mientras la actualidad nacional como la crisis de Ceuta condiciona el panorama político local con manifestaciones con miles de personas.

En 2023 el PP logró convertir las elecciones autonómicas y municipales en un primer plebiscito a Pedro Sánchez, logrando un indudadable éxito electoral pero que no pudo ratificar en las posteriores Generales. A cambio logró una cuota de poder municipal y autonómica muy grande. En la provincia la resistencia del alcalde José Antonio Diez, el bastión socialista de El Bierzo y los pactos del PSOE con UPL hicieron que la Diputación de León no se tiñiera de azul, aunque los populares lograron recuperar Ponferrada.

El PP es quien más pronto ha empezado a despejar la incógnita de sus candidaturas. Desde julio está decidido que David Fernández será el candidato a alcalde de León, mientras que el actual regidor de Ponferrada, Marco Morala, optará a la reelección. Fernández, actual portavoz municipal y número dos de Margarita Torres en 2023, tendrá como objetivo recuperar para los populares una Alcaldía que ocupa el socialista José Antonio Diez desde 2019. Morala afrontará una situación diferente: defender el gobierno que consiguió en 2023 aunque no logró ser la fuerza más votada y alcanzara la Alcaldía mediante su acuerdo con Coalición por El Bierzo y el apoyo de Vox en la investidura.

Uno de los objetivos del PP es volver a gobernar la Diputación de León tras ocho años de gobiernos socialistas. Para ello es fundamental volver a recuperar poder municipal mediano. Para ello debe mantener lugares como Astorga, Valencia de Don Juan o La Bañeza y recuperar el poder en sitios como Benavides, donde ya ha lanzado tempranamente a su candidato.

Pero lo más llamativo del Partido Popular es que afronta el curso político y con toda probabilidad el electoral con una dirección interina encabezada por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y el delegado de la Junta Eduardo Diego. Esta dirección llegó en julio del 2025 cuando Ester Muñoz dimitió de presidenta provincial para dedicarse por completo a sus tareas de portavoz en el Congreso de los Diputados y su situación lo más probable es que se alargue hasta después de las elecciones municipales e incluso generales.

Serán ellos, por tanto, los responsables de la elección de candidaturas después de que las del 2023 ya estuvieran elaboradas cuando estalló la crisis por la dimitió Javier Almanza como presidente del PP. Los populares buscarán evitar la crisis que tuvo cuando en la elección de diputados provinciales los afines a Almanza se impusieron de forma notoria a los señalados por la dirección provincial. Algo que puede abrir notables brechas en la elección de las candidaturas.

El PSOE presume de tener más del 70% de las candidaturas

El futuro judicial de Zapatero, con la declaración esta semana de dos exdirectivos de Plus Ultra que le implicaron y la todavía no justificación de las joyas, son un asunto que inquieta al PSOE de su tierra natal, sobre todo por la vinculación directa de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, con el expresidente. El juez José Luis Calama ha rechazado ahora el incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, al considerar, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que no se vulneraron sus derechos durante la investigación, por lo que la causa continúa adelante; el auto no admite recurso.

El PSOE de León ha aprovechado la tradicional Fiesta de la Rosa celebrada este sábado en Boñar para escenificar también el comienzo de su curso electoral. Cendón asegura que el partido tiene ya más del 70% de las candidaturas municipales cerradas y anuncia que volverá a presentar listas en los 211 ayuntamientos de la provincia, además de reforzar su presencia en las juntas vecinales.

El PSOE de León ha optado por noviembre para activar las primarias con las que elegirá sus candidatos en los tres municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia: León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. La dirección provincial escogió así la tercera de las ventanas habilitadas por el Comité Federal, después de julio y septiembre. En Ponferrada se espera que vuelva a presentarse el exalcalde y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, mientras que en San Andrés los socialistas deberán buscar un candidato con el objetivo de recuperar un histórico feudo que actualmente gobierna UPL.

La situación más particular es la de León ciudad donde el actual alcalde, José Antonio Diez, ha manifestado su intención de optar a una cuarta candidatura consecutiva tras las de 2015, 2019 y 2023. Al ser alcalde, Diez sería automáticamente candidato si expresa su voluntad de continuar y únicamente habría primarias si las solicita la mitad más uno de los más de 800 militantes de la agrupación local y, además, el Comité Federal de Listas autoriza el proceso.

Este escenario cobra especial interés por el enfrentamiento político mantenido durante los últimos meses entre Diez y el secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón y que no ha bajado de intensidad con el comienzo de curso. La presencia de José Antonio Diez en la multitudinaria manifestación de apoyo a Ceuta, que el PSOE boicoteó por considerarla partidista, ha vuelto a elevar la tensión interna con un Cendón considerando en un tuit en X que “El verdadero bochorno es que representantes públicos de nuestra ciudad acudan a legitimar el aquelarre con su presencia. Quien asiste a la cacería deja de ser neutral: se convierte en cómplice”, en velada referencia a su compañero de filas.

UPL y las primarias

El calendario es diferente en Unión del Pueblo Leonés, que afronta posiblemente las municipales más importantes de su historia reciente después del salto conseguido en 2023 donde logró el gobierno de algunos de los municipios más importantes de la provincia como San Andrés o Villaquilambre. El partido ha convocado para el 16 de septiembre su Consejo General, máximo órgano entre congresos, con la intención de aprobar el reglamento que regulará sus primarias y poner oficialmente en marcha la selección de candidatos.

La propuesta de la dirección de Alicia Gallego contempla primarias para los municipios de más de 20.000 habitantes a una única vuelta, con votación presencial, personal y secreta. Los aspirantes necesitarían avales de entre el 10% y el 20% de la militancia de cada circunscripción y tanto candidatos como votantes deberían acreditar al menos un año de militancia activa. El procedimiento estaría diseñado para completarse en apenas 21 días desde su apertura hasta la proclamación del ganador.

La principal atención estará puesta en León ciudad, donde UPL debe encontrar sustituto a Eduardo López Sendino después de los cinco concejales obtenidos en 2023. Por ahora aparecen dos nombres entre los posibles aspirantes: el concejal Enrique Valdeón, que ha confirmado su intención de concurrir, y su compañera Sheila Fernández, que ha dejado abierta esa posibilidad, aunque no se descartan que surjan otros nombres del leonesismo que hasta ahora no hayan tenido cargos públicos. Aproximadamente 300 militantes podrían participar en unas primarias en la capital que tendrán una importancia especial para el futuro municipal del partido.

UPL llegará a 2027 con 26 alcaldes en la provincia y después de haber conseguido 207 concejales leoneses en 2023. Gobierna municipios relevantes como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño y conserva bastiones como Santa María del Páramo y Sariegos. Mantener ese poder será fundamental también para conservar su actual peso en la Diputación Provincial y poder influir en quién la gobierna el próximo mandato.

Nuevos partidos

La carrera por el poder municipal también puede estar condicionada por la fecha de las elecciones generales. Pedro Sánchez ha reiterado que no habrá un 'superdomingo electoral' con las municipales dejando abierta la posibilidad de un 'adelanto técnico' antes de mayo. “O no”, matizó crípticamente el presidente del Gobierno y líder socialista.

De momento en el resto de partidos y municipios también empieza a haber movimiento. Falta por conocer las estrategias de clásicos como Coalición por El Bierzo, con Ponferrada como principal bastión, y cuál será la configuración a la izquierda del PSOE con IU en la provincia con dirección renovada y Podemos siempre latente.

Ya conocemos a estas alturas, eso sí, el nacimiento de dos nuevos partidos que han puesto su foco en las elecciones municipales. Sariegos suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos (Vipcs), un partido independiente y municipalista impulsado por Domingo García García, veterano de la política local que anteriormente pasó por las candidaturas del PSOE, Sariegos Despierta y Ciudadanos. En El Bierzo se suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Despierta Bierzo Despierta (DBD), un partido berciano y regionalista que aspira a presentar candidaturas en todos los municipios de la comarca y que cuenta con el respaldo de la organización estatal Despierta. Al frente se sitúa José Manuel Barrios, veterano de la política que ha pasado por UPL, Tercera Edad en Acción y Nueve Castilla y León.