El Comité Provincial del PSOE celebrado en Boñar este miércoles para la aprobación de las listas electorales de la cita de las Generales del 29 de noviembre ha vivido un insólito choque entre el líder provincial Javier Alfonso Cendón y el expresidente de la Diputación de León y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, por su exclusión de las listas.

Según fuentes presentes Morán ha mostrado su desacuerdo con la configuración de las listas tras las asambleas locales celebradas este martes y en las que los nombres de Salvador Vidal y Manuel Alfonso se impusieron al suyo como propuestas favoritas para la Cámara Alta.

Morán reprochó a Cendón que “en el pasado congreso se llegó al acuerdo de mi candidatura al Senado y esto no se ha materializado”, aunque aseguró que “no estoy de acuerdo pero haré campaña como he hecho siempre”. Cendón le reprochó duramente que “el proceso ha sido limpio” y que le ofreció ir de 3 al Senado pero que Morán se negó si no lo encabezaba. El enfrentamiento subió de tono con el reproche final de Cendón que cuando deje la política no hará lo que ha hecho Morán, ya que está agradecido al partido y el alcalde de Camponaraya debería serlo, ya que “ha sido un compañero que ha tenido la suerte de ser lo máximo que se puede ser en la provincia”.

Finalmente las listas propuestas por la Ejecutiva Provincial se votaron a mano alza en el Comité Provincial, que cuenta con 151 miembros a los que asistió el 51% de sus miembros. En la votación se registraron 15 abstenciones, no era posible el voto en contra, y algunas no participciones con el asentir positivo del resto de los asistentes.

“Espero que todo el mundo se ponga las pilas y hagamos a Pedro presidente”, finalizó Cendón dejando en el aire un enfrentamiento interno al que nadie atisba a saber cómo acabará.

Lista PSOE Congreso:

Candidatura PSOE Senado

El Comité Provincial del PSOE de León, convocado este miércoles en Boñar a partir de las 20 horas, tendrá la penúltima palabra en la elaboración de la listas socialistas para las elecciones generales del 29 de noviembre, que se han tensionado tras la candidatura del expresidente de la Diputación de León y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, para el Senado. La penúltima porque la última siempre está en la Comisión Federal de Listas, a quien el Comité Provincial elevará su propuesta y que no suele modificarlas, aunque alguna vez se ha hecho como con alguna de Castilla y León en el 2023.

Las asambleas locales del PSOE dieron el paso de forma generalizada a quienes habían solicitado el apoyo para encabezarlas. En el caso del Congreso los nombres mayoritarios fueron los de el secretario general de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, y de la exconcejala de Ponferrada Lorena Valle, que previsiblemente harán dupla en la lista de candidatos a diputados.

En el caso del Senado la aparición del nombre de Morán ha tensionado el proceso. Según la Ejecutiva Provincial de las asambleas locales los nombres más apoyados han sido los del actual senador (desde hace 8 años), Salvador Vidal, y el del Manuel Alfonso, miembro de las ejecutivas provincial y autonómica del PSOE. A distancia ha quedado en apoyos Eduardo Morán. En términos generales las asambleas dieron el visto bueno a todos los nombres que lo habían solicitado según ha podido conocer ILEÓN.

El Comité Provincial, máximo órgano entre congresos, deberá dar el visto bueno a las dos listas con la propuesta de la Ejecutiva de Cendón, que deben ser necesariamente en cremallera hombre mujer por el cambio legal del 2024. El PSOE aspira a mantener dos diputados por León y disputarle la victoria al PP pese al empuje de Vox, que podría dejar al segundo en las elecciones con solo un diputado. En el 2023 el PP ganó las generales en León con casi 10.000 votos sobre el PSOE aunque en las autonómicas del 2026 fue el PSOE el que logró la victoria frente al PP.

En el Senado también hay que hacer listas cremallera, a expensas de saber si las negociaciones del PSOE con otras fuerzas de izquierda cristalizan en una candidatura unitaria a la Cámara Alta. Normalmente el partido ganador de cada circunscripción se lleva 3 de los 4 senadores, por uno del segundo.

Las listas del Comité Provincial pasarán al plano autonómico, que elevará los nombres a Ferraz para formalizar así los nombres de la plancha electoral.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) no concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, poniendo fin a los días de incertidumbre que siguieron al adelanto electoral. La formación había aplazado la decisión de su Consejo General para analizar la viabilidad económica de participar en los comicios y las distintas fórmulas de una posible coalición leonesista.

La decisión llega después de que varias organizaciones del ámbito leonesista, entre ellas Conceyu País Llionés, Unidad Leonesa y Alantre, reclamaran a UPL que encabezara una candidatura conjunta para concentrar el voto leonesista. El partido había mantenido abiertas las opciones de presentarse con sus propias siglas, alcanzar algún acuerdo electoral o concurrir en coalición.

Desde UPL señalan que “no es la decisión que nos hubiese gustado tomar con el corazón en la mano”, pero apuntan apuntan que es hora de “pensar en frío y priorizar las elecciones municipales”.

Uno de los elementos que UPL puso sobre la mesa fue precisamente el coste económico de afrontar una campaña estatal en una circunscripción como León. La formación recordaba que en las generales de 2023 obtuvo más de 22.000 votos en la provincia, pero no consiguió representación en el Congreso, y que no obtener escaño implica no acceder a financiación electoral. Además, la dirección debía valorar el impacto de dedicar recursos a estas elecciones antes de las municipales de mayo de 2027, una cita especialmente relevante para la implantación municipal de UPL.

En este sentido, Unión del Pueblo Leonés considera que las elecciones municipales son “un campo de batalla en el que UPL y el leonesismo se juegan mucho”, y apuntan a “la necesidad de poder afrontar con fuerza las municipales para seguir asentando el proyecto leonesista en nuestros municipios y juntas vecinales, y de este modo, poder seguir sirviendo y defendiendo los intereses de los vecinos de León, Zamora y Salamanca”.

Los leonesistas explican en un comunicado “lo complejo que resultan estas elecciones generales”, convocadas a mes y medio vista, teniendo por ello unos plazos muy ajustados para los trámites que deben cumplimentar las formaciones, que en el caso de UPL implicaría tener que recoger previamente varios centenares de firmas en cada provincia para poder presentarse.

Desde la formación que lidera Alicia Gallego apuntan que “el contexto de polarización social, ruido y crispación existente en la precampaña de generales impide abrir debates necesarios para nuestra tierra”. En este aspecto, señalan que tanto los grandes partidos como los principales medios de comunicación están enfocando las elecciones generales como una suerte de referéndum sobre la continuidad o no de Pedro Sánchez en la Moncloa, por lo que “esa lucha entre sanchistas y anti-sanchistas está monopolizando en exclusiva el debate, quedándose sin espacio el necesario debate territorial de la Región Leonesa u otros aspectos de notable importancia para León, Zamora y Salamanca”.

La decisión se produce además con un calendario electoral muy ajustado: el plazo para registrar coaliciones finaliza el 16 de octubre, mientras que las candidaturas que concurran en solitario disponen hasta el 26 de octubre. La formación había aprobado también su reglamento de primarias para las candidaturas municipales, aunque su celebración quedaría para después de las generales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la resolución de un concurso público referido a una plaza en el Ayuntamiento de Onzonilla y ordena conceder el puesto a una aspirante a la que la Administración no computó 0,30 puntos por trabajar su marido en el municipio vecino de León.

El tribunal ha reconocido el derecho a la funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional a obtener una plaza de secretaria municipal en el consistorio leonés después de que la Dirección General de la Función Pública no le contabilizara los 0,30 puntos correspondientes a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado su recurso anulado las resoluciones administrativas impugnadas y ordenando adjudicarle directamente el puesto con una nueva valoración de sus méritos.

La sentencia, dictada el pasado mes de septiembre, considera que la Administración no ofreció ninguna explicación que justificara la exclusión de una puntuación que podía resultar decisiva para obtener la plaza en el consistorio leonés. Además, el tribunal descarta que pueda invocarse la discrecionalidad técnica del órgano de valoración cuando se trata de aplicar criterios objetivos y previamente establecidos en las bases de una convocatoria pública.

Una plaza de secretaria municipal disputada por dos funcionarias

El conflicto se originó en un concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocado por la Dirección General de la Función Pública mediante una resolución de 21 de marzo de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado tres días después.

La demandante, que tenía su destino definitivo en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Vegas del Condado, solicitó como única opción la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. Sin embargo, la resolución de 30 de agosto de 2023 adjudicó el puesto a otra funcionaria que también había participado en el procedimiento.

Según las puntuaciones recogidas en la sentencia, la aspirante seleccionada contaba con 20,03 puntos por méritos generales y 1,00 por méritos autonómicos, mientras que la recurrente tenía reconocidos 19,93 puntos por méritos generales y 1,10 por méritos autonómicos. La diferencia entre ambas era por tanto inexistente aunque el tribunal optó por la primera a la hora de adjudicar la plaza. La funcionaria que perdió la plaza adujo varias incidencias en el proceso pero reclamaba, sobre todo, una puntuación adicional que le correspondían por el destino laboral de su marido y que reconoce la Ley.

La funcionaria que acudió a la justica alegó que su cónyuge era empleado público fijo de la Diputación Provincial de León y desempeñaba un puesto de jefe de servicio en el municipio de León, limítrofe con Onzonilla. Esta circunstancia le permitía solicitar la valoración del mérito de conciliación y que la Administración debía haberle reconocido los 0,30 puntos adicionales. Con ellos, su puntuación por méritos generales habría pasado de 19,93 a 20,23 puntos, lo que, argumentaba, habría determinado que la plaza le correspondiera a ella.

Ante la falta de reconocimiento de estos méritos, interpuso un recurso potestativo de reposición el 29 de septiembre de 2023. Inicialmente, la Administración no contestó, lo que dio lugar a su desestimación por silencio administrativo. Posteriormente, mediante resolución expresa de 30 de mayo de 2024, la Dirección General de la Función Pública rechazó su reclamación.

Deficiencias del expediente y falta de respuesta administrativa

Además de denunciar el error en la puntuación, la demandante puso de manifiesto diversas deficiencias en el expediente administrativo como que la documentación remitida carecía de compulsa e incluía documentos sin numerar y no incorporados al índice o que no figuraban las puntuaciones totales ponderadas de las dos aspirantes, las actas del tribunal de valoración ni la propuesta de adjudicación.

La Abogacía del Estado se opuso a la demanda y solicitó la confirmación íntegra de las resoluciones administrativas. Para la Administración la aplicación informática sumaba los méritos generales y los eventuales méritos de conciliación, mientras que los autonómicos se ponderaban de manera separada para respetar los porcentajes establecidos. A su juicio, la recurrente había realizado una suma incorrecta de los méritos al no tener en cuenta dicha ponderación.

La defensa estatal también argumentó que la funcionaria había aceptado las bases de la convocatoria al participar en el concurso y que no podía impugnarlas indirectamente con ocasión de su aplicación. Asimismo, rechazó que existiera una falta de motivación susceptible de invalidar las resoluciones y apeló a la discrecionalidad técnica del tribunal de valoración y a la presunción de legalidad de sus decisiones.

Pero el tribunal ha reprochado en la sentencia a la Administración General del Estado su forma de proceder ya que en sus escritos no se pronunciaban sobre la alegación de la puntuación de conciliación familiar. Los magistrados destacan que en ningún momento se afirmó que los méritos de conciliación hubieran sido correctamente puntuados ni se explicó qué circunstancia impediría reconocerlos. Tampoco apreciaron que la demandante hubiera intentado impugnar las bases del concurso o la normativa reguladora, como sostenía la defensa estatal.

El Tribunal madrileño, que dirime estos asuntos de la Administración General del Estado, valoró como prueba de la ausencia de la puntuación por conciliación capturas de la aplicación informática que mostraban en blanco el apartado correspondiente a los méritos de conciliación de la recurrente. Por ello los magistrados concluyeron que no existía una explicación que justificara la exclusión de los puntos reclamados.

La Sala rechaza además que el órgano encargado de adjudicar la plaza pudiera ampararse en la denominada discrecionalidad técnica, una figura que concede a determinados órganos especializados un margen de apreciación en evaluaciones que requieren conocimientos técnicos. En este caso, los magistrados consideran que no existía tal margen porque la valoración estaba sometida a reglas objetivas, con puntuaciones previamente establecidas y operaciones de ponderación regladas.

La sentencia estima íntegramente el recurso de la funcionaria, anula la resolución de 30 de agosto de 2023 que resolvió el concurso y la posterior resolución de 30 de mayo de 2024 que rechazó la reposición. Condena a la Administración a dictar una nueva resolución del concurso, incorporar los 0,30 puntos omitidos y adjudicar a la demandante la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. La sentencia carga además a la Administración el pago de las costas procesales, con un límite máximo de 800 euros. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha aprovechado este domingo su presencia en León para lanzar un nuevo ataque contra Pedro Sánchez y el PSOE, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Muñoz ha acusado al presidente del Gobierno de incumplir sus compromisos y ha asegurado que “Pedro Sánchez siempre miente”, después de recordar que anunció que las elecciones serían en 2027, que habría Presupuestos Generales del Estado y que contaría con José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña. “Nos dijo que utilizaría a Zapatero en campaña. Estamos comprobando que ha mentido”.

Muñoz se refería así a la presencia este domingo del presidente del Gobierno de mitin en Ponferrada, el segundo de la precampaña socialista, con la ausencia del expresidente leonés del Gobierno, imputado en la Audiencia Nacional en un caso que investiga presunta corrupción en torno al rescate a la aerolínea Plus Ultra. Zapatero es uno de los fetiches del PSOE leonés en sus principales actos, aunque en esta ocasión no acudió al Bierzo.

La portavoz popular ironizó con que “Pedro Sánchez nos dijo a todos los españoles que utilizaría a la joya etrusca en campaña y resulta que Zapatero no ha venido al mitin de León”. Además, Muñoz fue muy dura con la figura del expresidente Zapatero, al que ha acusado de ser “una persona que ha mentido a todos los españoles” y ha cuestionado su papel como referente del PSOE: “Esa es la persona, el faro moral que decía Pedro Sánchez”.

Para la portavoz del Partido Popular la campaña enfrentará a los españoles entre “el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez” y el PP, al que ha presentado como la opción para una “reconstrucción nacional”. Ante los periodistas ha vinculado al Gobierno socialista con los casos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo y ha acusado a la izquierda de vivir del “sacrificio” de los ciudadanos mientras utiliza los recursos públicos en “mordidas de contratos”, en referencia a las investigaciones y condenas a miembros del entorno gubernamental.

Preguntada por la apelación al “sacrificio” realizada por Alberto Núñez Feijóo este sábado en Madrid, Muñoz ha rechazado que implique recortes y ha defendido que el mensaje del líder popular significa que “la gente que se esfuerza y trabaja va a ver recompensado su esfuerzo y su sacrificio”. “La gente está harta de que vivan de su sacrificio” ha incidido.

“No estamos condenados a no llegar a final de mes. No estamos condenados a que la gente no pueda alquilar una casa, no pueda comprar una vivienda, no pueda cambiar de coche”, ha defendido la diputada del PP. Muñoz ha criticado que los españoles estén soportando una mayor presión fiscal sin que, a su juicio, se haya producido una mejora equivalente de los servicios públicos: “Nunca habíamos pagado más impuestos y nunca habíamos tenido peores servicios públicos”.

En cuanto a su futuro electoral, Muñoz no ha confirmado que vaya a repetir como cabeza de lista del PP al Congreso por León aunque ha mostrado su disposición a repetir como ya hizo en el año 2023, “Para mí es un absoluto orgullo representar a la mejor tierra de España y espero poder seguir haciéndolo muchos años”.

El alcalde de Camponaraya y expresidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha oficializado antes las agrupaciones locales del PSOE que aspira a liderar la lista al Senado por la provincia leonesa, según la carta a la que ha accedido este periódico. Morán pone así negro sobre blanco una aspiración que llevaba meses sobrevolando los círculos socialistas.

El político berciano volvería así a uno de los cargos más representativos tras abandonar en el año 2023 la Diputación de León al vetar UPL su nombre para mantener el gobierno del PSOE. Le sucedió en el cargo el actual presidente y concejal en Bembibre, Gerardo Álvarez Courel, segundo berciano tras Morán en presidir la institución provincial que representa a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Desde entonces hasta ahora el nombre de Morán ha sido barajado en diversos cargos y listas como modo de 'compensación' por haberle apartado de la Diputación de León para que el PSOE mantuviera el poder. A nivel orgánico Eduardo Morán es el presidente del PSOE de León que lidera Javier Alfonso Cendón como secretario general, un puesto de carácter honorífico y que ya ejerció en el autonómico con Luis Tudanca.

Su nombre para encabezar la lista al Senado no es el único ya que el actual senador por León, y durante las dos últimas legislaturas, Salvador Vidal, también aspira a repertir en la Cámara Alta. Otro nombre en liza es el del Delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Las asambleas locales del PSOE tienen de plazo para proponer nombres hasta el 13 de octubre ya que el día 14 está convocado un Comité Provincial que elegirá las listas definitvas y las elevará a la Comisión Federal de Listas, que puede ratificarlas o introducir algún cambio. Morán ha pedido el apoyo a toda las asambleas bercianas para encabezar la lista al Senado en detrimento de Vidal, que cuenta con el apoyo de la Ejecutiva Provincial para seguir.

En la lista al Congreso de los Diputados el aspirante principal es el líder socialista leonés, Javier Alfonso Cendón, a la que tendrá que seguir un nombre de mujer, siendo la favorita la exconcejala de Ponferrada y secretaria de Igualdad del PSOE de Castilla y León, Lorena Valle.

La tensión en la elección de las listas del PSOE leonés llega en pleno inicio de la precampaña de los socialistas, con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez teniendo su segundo acto antes de las Generales este domingo en Ponferrada

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha decidido posponer la decisión sobre su participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Consejo General de la formación, reunido este miércoles, no cerró finalmente si concurrirá con candidatura propia, si alcanzará algún acuerdo electoral o si optará por una fórmula de coalición con otras organizaciones leonesistas. La viabilidad económica de acudir a unas elecciones y hacerlo en coalición son las cuestiones encima de la mesa.

Distintas organizaciones y partidos del ámbito leonesista han reclamado en los últimos días la UPL que lidere una coalición para concentrar el voto en una única papeleta. Conceyu País Llionés y Unidad Leonesa ya habían defendido esta fórmula, mientras que Alantre también se sumó al llamamiento a la unidad.

El Consejo General analizará estas alternativas antes de adoptar una posición definitiva, en un calendario especialmente ajustado por la convocatoria electoral. El calendario marca el 16 de octubre como fecha máxima para registrar coaliciones, que se alarga hasta el 26 de octubre si van en solitario. Además si acuden con sus siglas solo hay que presentar el 0,1% de las firmas del censo para acudir, pero en el caso de agrupaciones de electorales habría que recopilar el 10% de las firmas de los electores de la provincia.

Otro de los elementos encima de la mesa de UPL es la viabilidad económica de afrontar una campaña electoral en la que si no consigues representación no obtienes financiación. La formación ya valoraba antes del Consejo General el coste de concurrir a unas generales en una circunscripción como León, donde en 2023 obtuvo 22.851 votos al Congreso pero no consiguió diputado, y el hecho de que los resultados electorales condicionen posteriormente la financiación del partido cuando se vienen las Municipales en mayo del 2027. Y ahí es donde se la juega UPL, en el mantener el importante poder municipal logrado en 2023.

Por otro lado UPL dio el visto bueno final al reglamento de primarias, pero sin fecha para su celebración que serían después de las elecciones generales.

Unión del Pueblo Leonés celebra este martes por la tarde su Consejo General, el principal órgano entre congresos, para decidir si acude a las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre y también aprobar de forma definitiva el reglamento de primarias de elección de candidaturas en los grandes municipios.

Son los dos asuntos relevantes a los que la organización que lidera Alicia Gallego deberá resolver ante la inmediatez de confirmar su participación en las elecciones y también por la necesidad de fijar fechas para elegir candidatura al Ayuntamiento de León, el lugar principal afectado por el proceso de primarias.

La decisión sobre las elecciones generales llega con presión tras el pronunciamiento de grupos influyentes del llamado leonesismo social para que UPL lidere una coalición proautonomía de cara a la cita del 29 de noviembre. Así Conceyu y Unidad Leonesa pidieron agrupar todo el voto leonesista en una papeleta aparcando “protagonismos y egos”. A ellos se unión el partido leonesista de izquierdas Alantre, que solicitó unidad como barrera de contención “de la extrema derecha”.

UPL obtuvo un buen resultado en las elecciones del 2023, mejorando con mucho sus anteriores intentos pero alejado de conseguir representación, con casi 23.000 votos al Congreso y casi 10.000 más en su candidatura al Senado. En la decisión de acudir o no influyen cuestiones como que estas elecciones abren el ciclo de las municipales así como el coste de sostener una campaña electoral en la que está muy complicado obtener representación, y por tanto financiación.

El partido deberá decidir además cuál es el proceso de elección de sus candidatos si finalmente acude a la cita de las generales y si acepta los llamados a una coalición de los otros grupos y partidos leonesistas.

El otro asunto del Consejo General es el visto bueno defintivo al reglamento de primarias para los grandes municipios, aunque se espera que su aplicación práctica solo se de en la candidatura al Ayuntamiento de León. En el anterior Consejo General celebrado hace unas semanas se dio el visto bueno al texto propuesto con algunas modificaciones sobre configuración de censo y otros asuntos, por lo que su aprobación definitiva será este martes. También deberán fijar fechas para las primarias, que la dirección del partido esperaba realizar en noviembre pero que ahora deberá decidir cuándo teniendo en cuenta las elecciones generales. El PSOE sí ha decidido posponer las suyas a después de la cita con las urnas.

En términos generales las primarias de UPL serán a única vuelta con aspirantes con un mínimo de avales del 10% de los militantes de la circunscripción y un máximo del 20%. Cada militante solo podrá avalar a un candidato o candidata y los avales duplicados se anularán. En caso de producirse un empate en votos entre candidaturas, la resolución final corresponde al Consejo General de UPL, que es el órgano encargado de dirimir y decidir el resultado.

El 20 de enero del 2023 la Junta de Castilla y León anunciaba la apertura del nuevo centro de salud de Bembibre tras más de seis años desde que se inició el proyecto de obras del centro médico, que tuvo que ser adjudicado dos veces y sufrió una importante demora en su obra. El coste final fue de 4.563.000 euros. Ahora, tres años y nueve meses después de la inauguración del flamante edificio, la consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 401.387 euros para instalar un nuevo sistema de climatización en el centro de salud de Bembibre porque lo que se puso hace cuatro años no funciona bien.

Y el dinero para arreglar la climatización del nuevo edificio saldrá con cargo a los fondos del Programa de Salud Bucodental 2026-2027, que aprovechará los fondos para adecuar la Unidad de Salud Bucodental y, ya de paso, todo el edificio por los problemas de refrigeración que presenta. Serán cuatro meses de obras desde la adjudicación por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.

La documentación técnica del contrato de Sacyl justifica la actuación porque el centro no dispone de un equipo de refrigeración asociado a las baterías de frío de los climatizadores. Estas baterías están dimensionadas únicamente para hacer frente a las cargas de ventilación y no a la totalidad de las necesidades térmicas durante el verano. Además, la Administración admite que el sistema de difusión mediante rejillas no permite alcanzar un nivel adecuado de confort térmico.

El nuevo contrato tiene un presupuesto máximo de 401.387 euros, IVA incluido, para instalar dos nuevos equipos de aerotermia, que atenderán la demanda de frío y calor de todo el edificio, además de nuevas redes hidráulicas y unidades terminales tipo fancoil en las dos plantas. También se reformará parte de la instalación existente y se mantendrá una bomba de calor ya instalada como respaldo en caso de fallo de los nuevos equipos.

El proyecto de climatización elaborado en septiembre de 2026 toma como antecedente el proyecto de instalación térmica del nuevo centro de salud de Bembibre, visado en 2022. En ella se señala que hay calificaciones energéticas muy diferentes a los distintos servicios del edificio. Mientras que la calefacción obtiene una A, el agua caliente sanitaria se queda en E, la iluminación en D y la refrigeración, objeto del nuevo contrato obtiene una G, la peor calificación posible dentro de la escala energética. En la documentación de la certificación se señala que no habrá medidas adicionales de mejora de la eficiencia energética en el edificio.

El plazo de presentación de ofertas se alarga hasta el 26 de octubre y tras su adjudicación se prevén cuatro meses de obras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones generales para el 29 de noviembre y la maquinaria de los partidos en la provincia de León, que había comenzado a despertar con el horizonte seguro de las elecciones municipales de mayo del año que viene, tiene que dar un arreón porque en poco más de 50 días se vota en una cita electoral decisiva.

Para empezar tanto PP como PSOE lanzan ya mensajes de victoria en unas elecciones que repartirán cuatro diputados y cuatro senadores por la provincia de León. En la última cita electoral, las autonómicas del 2026, el PSOE ganó al PP por menos de 1.000 votos con UPL terceros y Vox cuarta, dentro de los partidos que obtuvieron representación de procuradores. En las generales del 2023 fue el PP el que logró la victoria por casi 10.000 votos de diferencia con el PSOE con Vox terceros y UPL cuartos.

Pero al margen del reparto de escaños el proceso electoral abre varias incógnitas en los partidos que se tendrán que ir resolviendo conforme se acerca la fecha, entre otras las candidaturas. En el PSOE el nombre de Javier Alfonso Cendón seguirá encabezando la papeleta al Congreso con toda probabilidad, al igual que nadie en el partido apuesta porque Andrea Fernández repita como número dos. Las apuestas internas son que nombres bercianos pasen a copar el segundo puesto al Congreso y también al Senado. Se espera que en esta ocasión el proceso se acelere y se conozcan los nombres en menos de dos semanas. El Comité Provincial que propone los nombres de las candidaturas se debe convocar en menos de una semana.

Otra cuestión que se abre es el proceso de primarias internas para elegir las candidaturas de León, San Andrés y Ponferrada, con especial foco en la ciudad leonesa por el enfrentamiento abierto entre el regidor José Antonio Diez y Javier Alfonso Cendón. El PSOE federal ha aplazado las primarias de noviembre menos donde tiene el alcalde, es decir León ciudad. Hasta el 8 de octubre está el plazo interno para que el alcalde confirme que quiere seguir pero luego se abren dos días, lunes 12 y martes 13 para que se puedan solicitar primarias y lograr los votos de la mitad más uno de la militancia local entre el 17 y el 21 de octubre. Si se logran se puede ir a las urnas pero ya sería en noviembre a las puertas de la campaña electoral. Y otra incógnica en el aire, ¿hará campaña el alcalde Diez por el PSOE para las generales o bien pasará como hizo en las autonómicas?

En el PP queda por saber si Ester Muñoz seguirá como candidata por León al Congreso o bien pasa a la lista de Madrid como se ha insinuado en medios conservadores madrileños. Desde luego que la portavoz del PP en el Congreso será una de las voces fundamentales en la campaña electoral, asentada en el entorno del candidato Alberto Núñez Feijóo como uno de sus valores al alza. Lo que sí tendrá que cambiar el PP, si Muñoz sigue encabezando la lista leonesa, es a la actual diputada Silvia Franco, ya que la ley del 2024 ordena que haya listas cremallera por lo debería ser un nombre en su caso. El PP leonés deberá dirimir también si hace algún cambio en los nombres al Senado, renovados en la última cita del 2023 aunque Antonio Silván lleva ya dos legislaturas.

Los leonesistas de Unión del Pueblo Leonés deberán dirimir, por su parte, si se presentan a las elecciones generales, en un contexto de gran polarización de bloques que a priori no les favorece. En la cita del 2023 lograron ser la cuarta fuerza política con más de 22.000 votos pero lejos de conseguir representación. El partido que dirige Alicia Gallego deberá decidir si acudir y luego el nombre de quien encabeza la papeleta al Congreso, y al Senado teniendo en cuenta que obtuvieron bastante mejor resultado en la segunda cámara con hasta 10.000 votos más. En la cita electoral adelantada a UPL se le ha cruzado también las primarias para elegir candidatura al Ayuntamiento de León, cuyas fechas no se conocen pero se deberán ajustar al nuevo calendario electoral.

Por su parte Vox apuesta por volver a tener representación en el Congreso por la provincia de León. En los demás partidos no se descarta en absoluto el reparto 2-1-1, con un escaño para la tercera formación. El crecimiento en intención de voto de la formación se puede ver beneficiado además de que a los leonesistas no les va tan bien en las generales como en las autonómicas y aspiran a sumar diputado nacional. En las últimas dos elecciones generales la lista la ha encabezado Pablo Calvo Liste, que fue diputado entre 2019 y 2023 pero no logró acta en la última convocatoria.

Cuatro escaños de diputado de reparto

La pérdida de un escaño por el descenso de población en la provincia de León que se produjo para las elecciones generales de 2016 provoca una distorsión importante en los resultados electorales, dificultando enormemente el acceso a conseguir un escaño para un tercer partido. De hecho, en las últimas elecciones generales de 2023 se produjo un empate, perdiendo Vox el diputado que había conseguido en las segundas elecciones generales de noviembre de 2019, el mismo que había arrebatado a Ciudadanos que había mantenido en las de abril de aquel año.

La última vez que hubo elecciones generales con cinco diputados, en 2015, fue el mayor reparto en la historia de escaños en número de distintos partidos en la provincia de León, cinco: con dos del PP, y uno para PSOE, Podemos y ciudadanos. En las siguientes de 2016 fueron dos para el PP, uno para PSOE y uno para Podemos, y en las primeras de abril en 2019, dos PSOE, uno PP y uno Ciudadanos, mientras que en las segundas de ese año en noviembre fueron los de Abascal los que lo consiguieron, quedando igual PSOE (2) y PP (1).

Aunque de cuatro elecciones generales con una circunscripción leonesa de cuatro escaños (2016, las dos de 2019, y 2023) en tres de ellas un tercer partido ha conseguido colarse, no es algo que resulte fácil. Para conseguirlo es necesario que consiga tener al menos la mitad de votos mas uno que el que quede segundo. Para tener en cuenta lo que esto significa, Vox, que es el único partido que ha conseguido entrar en el reparto y que a día de hoy podría conseguirlo por su ímpetu nacional, hubiera necesitado en 2023 unos 46.300 votos, pero sacó 35.451. En las anteriores de 2019, cuando consiguió por primera vez representación en el Congreso de los diputados fue en unas elecciones en que el ganador (con 87.896 votos fue el PSOE que obtuvo dos puestos) y el segundo, el PP sacó 74.672 (y un escaño).

Pero la tendencia de votos para el primero subió en 2023, generales que ganó el PP en la provincia de León con 101.605 votos, quedando el PSOE con 92.578 y repartiéndose los dos puestos y 'jubilando' al diputado de los de Abascal, Pablo Linde, del Congreso. De seguir la tendencia más o menos igual, incluso si se diera un pequeño bajón del PSOE Vox necesitaría superar los 45.000 votos para arrebatarle el segundo escaño y, para ver su fuerza electoral, en las autonómicas de febrero de este año consiguió 38.785 papeletas. Con una circunscripción de cinco lo conseguiría seguro con esa cifra, pero con una de cuatro, no: debe superar la regla de 'la mitad mas uno' sobre el segundo.

La otra incógnita es la del eterno candidato a conseguir un escaño en Madrid, la UPL. Nunca lo han conseguido, pese a estar cerca en las del año 2000, y la formación leonesista aún tiene que tiene que confirmar que se va a presentar en estos comicios del 29N. De no hacerlo, sus 22.675 votos se repartirían de forma desigual, pero lo que sí provocarían es que Vox lo tuviera más difícil, porque en una conjetura de que al no presentarse se repartieran la mitad de sus votos por igual entre los partidos mayoritarios, estos todavía cogerían más distancia sobre los de Abascal, que necesitaría subir más en las urnas. Lo que sí parece es que, incluso presentándose los autonomistas leoneses, no sería nada fácil conseguir el escaño.

Lo mismo ocurre con los partidos de izquierda, tanto el nuevo Frente Amplio como Podemos, ya que las dos formaciones juntas sacaron 22.675 en las últimas de 2019 y 18.577 en 2023 en la coalición Sumar. Si ya juntos los apoyos les dejarían muy lejos de la posibilidad de representación en Madrid, si acuden por separado sería del todo imposible.

La fotografía de la renta en los municipios de la provincia de León arroja que la disponibilidad económica de los vecinos y vecinas es casi un 10% menos que la media nacional, además de que apena solo dos municipios superan la renta disponible media del conjunto de España. Son Sariegos y León capital, según la Estadística de los declarantes del IRPF de 2024 de la Agencia Tributaria.

La media nacional se sitúa en 26.616 euros, frente a los 32.056 euros de Sariegos y los 27.038 de León capital. Sariegos se encuentra un 20,4% por encima de la media española, mientras que León capital apenas está un 1,6% por encima. A partir del tercer municipio leonés con mayor renta disponible, Valdefresno, todos quedan ya por debajo del promedio nacional. En concreto, la renta disponible media de este ayuntamiento del alfoz de León es de 25.879 euros, un 2,8% inferior a la española.

La estadística de Hacienda solo recoge desglosada la cifra de los 59 municipios de la provincia de León con más de 1.000 habitantes aunque para calcular la renta media disponible provincial sí se tienen en cuenta los datos de los 211 municipios de la provincia. Los datos de la Agencia Tributaria sitúan además la renta disponible media de toda la provincia de León en 24.214 euros, frente a los 26.616 euros nacionales, un 9% por debajo de España.

Si se baja por la clasificación las diferencias se hacen más evientes. La ciudad de Ponferrada está un 6,7% por debajo de la media nacional, Villaquilambre un 7,1%, Villablino un 9,1%, Garrafe de Torío un 10,5%, La Robla un 11,1%, Cuadros un 11,6% y San Andrés del Rabanedo también un 11,6%. Es decir, incluso entre los diez municipios leoneses con mayor renta disponible media, ocho están por debajo del nivel medio español.

Valderas, casi un 30% por debajo de España

El contraste es aún mayor cuando se observa la parte baja de la clasificación. Valderas registra una renta disponible media de 18.654 euros, lo que significa que se encuentra un 29,9% por debajo del promedio nacional. Dicho de otra manera, la renta disponible media registrada en este municipio es casi tres de cada diez euros inferior a la referencia española.

Le siguen por la cola los municipios de Bustillo del Páramo, con 19.106 euros y un 28,2% menos; Santa Elena de Jamuz, con 19.375 euros (-27,2%); Mansilla de las Mulas, con 19.705 euros (-26%); y Carrizo, con 19.692 euros (-26%). La lista continúa con Santa Marina del Rey (-25,6%), Valdepolo (-25,4%), Toral de los Vados (-24,6%), Puente de Domingo Flórez (-24,2%) y San Justo de la Vega (-23,2%).

La distancia entre los dos extremos de la clasificación resulta especialmente llamativa. Sariegos alcanza los 32.056 euros de renta disponible media y Valderas se queda en 18.654 euros. La diferencia absoluta es de 13.402 euros anuales.

Si se compara la renta de Valderas con la de Sariegos, la primera representa apenas el 58,2% de la segunda. O, visto desde el otro lado, Sariegos presenta una renta disponible media aproximadamente 71,8% superior a la de Valderas.

La estadística de la Agencia Tributaria recoge las rentas declaradas en el IRPF y calcula la renta disponible media, un indicador que resulta de las rentas obtenidas una vez descontados impuestos y cotizaciones. Por tanto, permite aproximarse a la capacidad económica disponible, pero no equivale exactamente ni al sueldo medio ni a la renta media de todos los hogares.

Esto es particularmente relevante en una provincia como León, con un importante peso de población jubilada y municipios muy envejecidos. La estadística del IRPF no incorpora de la misma manera a toda la población, ya que no todas las personas están obligadas a presentar declaración y la composición de los hogares y de los declarantes puede influir en el resultado.

En el año 2024 se presentaron en la provincia de León 256.862 declaraciones correspondientes a 284.318 titulares.

Más de 1.500 personas han desafiado este sábado la lluvia para salir a las calles de León y reclamar medidas que garanticen el acceso a una vivienda. La manifestación, convocada por la Asamblea Vivienda León, ha partido de la plaza de Guzmán y ha recorrido el centro de la ciudad hasta San Marcelo bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio', en una jornada marcada por el rechazo, apenas 24 horas antes, de los dos decretos de vivienda en el Congreso. La lluvia ha comenzado a caer de forma notable justo cuando ha comenzado la protesta.

La movilización ha trasladado a León el clima de protesta que se ha extendido por distintas ciudades españolas en las últimas semanas. El detonante más reciente ha sido la caída en el Congreso de los dos reales decretos-ley que incluían medidas de protección para personas vulnerables ante determinados desahucios, prórrogas de contratos de alquiler y otras medidas relacionadas con el acceso a la vivienda. PP, Vox y Junts votaron en contra de las normas, que finalmente no fueron convalidadas.

Durante el recorrido se han escuchado gritos contra el sector inmobiliario, así como contra el Gobierno y su gestión: “Gobierno responsable, rentistas culpables”, “Contra la especulación, expropiación” o “No toleramos ni un desahucio más”.

“La vivienda no es una mercancía”

Al finalizar el recorrido se ha leído un manifiesto en el que la Asamblea Vivienda León ha puesto el foco en el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en la misma casa y cuyo caso se ha convertido en uno de los símbolos de las recientes movilizaciones por la vivienda. El colectivo considera que su situación, junto con la de otras personas afectadas por desahucios, evidencia la dimensión social del problema.

El texto sostiene que la vivienda funciona actualmente “como una mercancía”: las casas se compran, venden y alquilan con el objetivo de obtener rentabilidad mientras las personas que necesitan una vivienda encuentran cada vez más dificultades para pagarla. Además vincula esta situación con el encarecimiento de los alquileres, los desahucios, el endeudamiento y el retraso en la emancipación de los jóvenes.

La Asamblea ha puesto un ejemplo concreto sobre la situación en León: según sus datos, dos de cada tres jóvenes destinan más de un 40% de su salario al alquiler, una situación que, a su juicio, se produce en un contexto de subida de los precios de la vivienda y de salarios que no han evolucionado al mismo ritmo.

Críticas a las administraciones y llamamiento a organizarse

El manifiesto leído durante la marcha también dirige críticas a la Junta de Castilla y León, a la que acusa de no desarrollar las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda y de no declarar zonas tensionadas, “Queremos denunciar públicamente la inacción, la dejadez y el boicot ideológico de la Junta negándose a declarar zonas tensionadas, a perseguir la especulación y el descontrol de los pisos turísticos y a ampliar el parque público de vivienda social ”.

La organización ha defendido además la necesidad de ampliar el parque público de vivienda social, limitar la especulación y abordar el impacto de los pisos turísticos. Su planteamiento pasa por considerar la vivienda como un derecho fundamental y no como un activo destinado prioritariamente a generar rentabilidad.

“El problema no puede reducirse simplemente a que 'faltan viviendas' ”, señalan en el manifiesto para criticar que la propuesta de “Construir más casas no garantiza el acceso a ellas”. Por ello señalan que “la cuestión es quién tiene la propiedad, quién especula y obtiene ingresos de ella”.

La movilización de este sábado ha cerrado con un llamamiento a mantener la organización y continuar las protestas. En el manifiesto, la Asamblea Vivienda León plantea incluso la necesidad de avanzar hacia una huelga general como una de las herramientas de presión social frente a lo que considera una situación de emergencia habitacional. Los sindicatos CCOO y UGT, presentes en la protesta, han dejado abierta la puerta a la convocatoria, una facultad exclusiva de ellos según la Ley.

Para finalizar han reivindicado que “Urge continuar escalando la lucha hacia la completa y real desmercantilización de la vivienda para su reconocimiento como un derecho fundamental”.

Las protestas por la situación de la vivienda en España han estallado tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid, con el gobierno progresista aprobando medidas de urgencia con la incógnita de si serán convalidadas en el Congreso este viernes. La situación se vuelca en el mercado del alquiler, con medidas con una mayor protección a los inquilinos para evitar situaciones como la que ha provocado protestas por todo el país, incluyendo León, y una acampada permanente en la plaza de Sol de Madrid.

Pero para saber qué pasa con el alquiler está bien echar un ojo a cómo es el mercado provincial de compraventa de vivienda, con sus peculiaridades adaptadas a la economía local. El Portal Estadístico del Notariado recoge datos de lo que se firma más allá de las estadísticas de portales inmobiliarios. Así en el último año, agosto de 2025 y julio de 2026, se formalizaron 6.996 compraventas de vivienda en la provincia de León. Pero con muchas peculiaridades:

El comprador leonés tiene una edad mediana de 49 años

El perfil del comprador de vivienda en la provincia de León está muy lejos de la juventud, en línea con la edad media de la provincia de España, una de las más altas del país. La edad mediana de quien adquiere una vivienda en la provincia leonesa es de 49 años y el grupo más numeroso es el de compradores de entre 41 y 50 años, que representa el 26,45% del total. Le siguen quienes tienen entre 31 y 40 años, con un 21,80%, y los de 51 a 60 años, con un 21,03%. L

Los compradores de 61 a 70 años suponen el 13,98%, mientras que los mayores de 70 años representan el 7,06%. En el extremo contrario, los menores de 30 años apenas suman el 8,47% de las operaciones de compraventa de viviendas en la provincia leonesa.

La inmensa mayoría de quienes compran son particulares

El 93,83% de los compradores de una vivienda en la provincia de León son personas físicas, frente a un 6,17% de personas jurídicas. Es decir, la adquisición de vivienda en León está protagonizada fundamentalmente por particulares y no por sociedades que acumulen viviendas.

También hay presencia de compradores extranjeros, aunque representan una parte muy minoritaria del mercado: apenas suponen el 8,01% de las operaciones. Los países de origen de los migrantes residente en León son los que protagonizan el mayor número de compra de viviendas, entre los que destacan los ciudadanos de Marruecos, que concentran el 18,76% de las compras realizadas por extranjeros, seguidos por Colombia, Rumanía, Portugal y Bulgaria.

La vivienda se escritura a 814 euros por metro cuadrado

El precio medio de las operaciones formalizadas en la provincia de León ante notario en el último año (agosto 2025-julio 2026) se situó en 814 euros por metro cuadrado. El importe medio de cada compraventa fue de 106.420 euros, con una superficie media de 131 metros cuadrados. La mediana del precio se situó en 843 euros por metro cuadrado. Estas cifras son menos de la mitad del precio medio de España, inflado por las grandes capitales y los precios de la costa. De hecho ese precio medio sitúa a León como una de las diez provincias más baratas por metro cuadrado de España.

Pero en León ciudad y Ponferrada las cosas cambian ya que el precio medio de la provincia se ve influido por el amplio mercado del mundo rural. En la ciudad de León el precio medio de las compras ante Notario de vivienda se situó en el último año 1.441 euros el metro cuadrado, y en Ponferrada en los 900 euros el metro cuadrado. Entre ambas ciudades acaparan la mitad del mercado inmobiliario de la provincia.

El dato de precio medio que registran los notarios resulta especialmente interesante al compararlo con la referencia de tasación residencial de Tinsa, hecha pública este miércoles. El valor de tasación de la vivienda en la provincia alcanzó los 1.090 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2026, frente a los 814 euros de precio medio escriturado que recoge el Notariado. Son 276 euros por metro cuadrado de diferencia. Aunque los datos no son directamente equivalentes permiten observar la distancia entre el precio de las operaciones formalizadas ante notario y el valor de tasación residencial, que llega a suponer hasta un 30% del valor final.

Casi toda la vivienda que se compra ya estaba construida

Una de las características más claras del mercado leonés es el escaso peso de la vivienda nueva. El 94,14% de las compraventas corresponden a vivienda usada, mientras que únicamente el 5,86% son operaciones de vivienda nueva según la estadística del Colegio de Notarios.

Por tipología, los pisos representan el 63,42% de las operaciones y las casas y viviendas unifamiliares el 36,58%. El mercado residencial leonés se apoya, por tanto, de manera muy mayoritaria en el parque de viviendas ya existente.

El precio sube un 31,% desde 2017

Echando un vistazo a medio plazo, los datos del Notariado reflejan una subida considerabl del precio de la vivienda en la provincia de León tras la crisis del 2008. El precio mediano pasó de 642 euros por metro cuadrado en 2017 a 843 euros en 2025, un 31,3% más.

El indicador de esfuerzo para comprar una vivienda en la provincia leonesa también ha aumentado ligeramente después de tocar su mínimo en 2023, actualmente se necesitan 2,86 años de renta para afrontar la compra de una vivienda, frente a los 2,80 años de entonces.

Si hay un dato positivo de los últimos es que el precio parece haber tocado techo la pasada primavera. En abril de este año 2026 el precio medio escriturado fue de 936 euros el metro cuadrado, pero desde entonces ha ido bajando hasta los 745 euros por metro cuadrado del mes de julio. ¿Llega el principio del pinchazo del sector? Los datos indican que esta situación es muy probable que este 2026 termine sucediendo en mayor o menor medida, aunque sea limitando el crecimiento disparado de precios y operaciones de los últimos años desde el fin de la pandemia.

La Audiencia Nacional ha desestimado en una sentencia de este mes de septiembre conceder una indemnización de tres millones de euros reclamada por el detective privado leonés implicado en el caso del asesinado del boxeador Roberto Larralde, ocurrido en el año 2014. El detective reclamaba esa cantidad por los 44 días que pasó en prisión preventiva tras ser detenido en el caso. El Ministerio de Justicia fijó en 1.100 euros la indemnización prevista por la prisión preventiva tras su inocencia, que el afectado recurrió a la Audiencia Nacional.

El caso Larralde fue uno de los sucesos más mediáticos de la pasada década en la provincia de León. El boxeador fue asesinado en septiembre de 2014 de un disparo en la cabeza, siendo localizado su cuerpo cinco días después de haberse denunciado su desaparición. A los pocos días se detuvo a cinco implicados, entre ellos la esposa del muerto, el detective y el autor material de la muerte.

El detective ingresó en prisión preventiva el 21 de septiembre de 2014 y permaneció encarcelado hasta el 3 de noviembre. Fue juzgado junto al resto de acusados por un jurado popular en el año 2017 y condenado inicialmente a 15 años de cárcel como colaborador del complot para su asesinato, junto a la mujer, el amante de la esposa, el autor material y dos colaboradores. En el otoño del 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó su absolución en octubre de 2017 junto a la mujer por considerar insuficientes las pruebas para una condena, una decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2018.

El afectado reclamaba tres millones de euros, divididos en un millón por lucro cesante y dos millones por daños morales. Alegaba que su entrada en prisión y la repercusión mediática del procedimiento habían supuesto la pérdida de su actividad profesional como detective, de sus clientes y de su prestigio, además de consecuencias personales y familiares. La sentencia recoge también que aportó un informe psicológico que vinculaba el deterioro sufrido con los cuatro años de procedimiento penal y señalaba, entre otras consecuencias, el deterioro de su relación matrimonial y la pérdida de relaciones sociales y profesionales.

La Sala establece, sin embargo, que la compensación prevista legalmente alcanza los daños causados específicamente por la prisión preventiva, pero no los perjuicios derivados de haber sido investigado y sometido a un proceso penal que terminó en absolución. La Audiencia Nacional considera que esos daños no pueden reclamarse por esta vía salvo que exista, por ejemplo, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o dilaciones indebidas. En este caso tampoco aprecia que la difusión mediática del procedimiento pueda atribuirse a una actuación irregular de la Administración, por lo que rechaza cualquier indemnización.

Sin lucro cesante

El detective privado alegó ante la Audiencia Nacional que como consecuencia de su entrada en prisión no pudo desarrollar su actividad profesional de detective privado. Por ello reclamaba que los ingresos obtenidos por su empresa fueran la base para calcular la indemnización. Pero la Audiencia Nacional reprocha que convirtió los 105.000 euros de negocio de 2013 y los 185.000 de 2014 en la base para reclamar un millón de euros cuando esas cifras en realidad eran facturación empresarial, y no ingresos personales, por lo que el resultado sería inferior y no se acreditó que los 44 días de prisión causaran el perjuicio económico reclamado. Además, recuerda que una eventual pérdida de beneficios de la sociedad correspondería a la propia persona jurídica y no directamente al administrador su reclamación. La sentencia condena en costas al demandante y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

La sentencia del Tribunal Supremo dejó el caso Larralde con tres condenados: el amante de la mujer, con 18 años de prisión por asesinato y dos colaboradores del crimen a un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. El autor material, condenado inicialmente a 21 años de cárcel, falleció un mes después de su condena en la prisión de Mansilla de las Mulas. El detective y la mujer del boxeador asesinado fueron absueltos por falta de pruebas.

Cuando el pasado 10 de septiembre la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de León capital, la más numerosa de la Comunidad, respaldó “por unanimidad” al actual alcalde de León, el díscolo socialista José Antonio Diez, para que repitiera por cuarta vez como candidato en la capital, subyacía detrás una maniobra de simplificación de un proceso que todavía está muy lejos de cerrarse. De hecho, todavía hierve internamente la tensión personal y política sin precedentes con el líder provincial, Javier Alfonso Cendón, quien no oculta desde hace tiempo que es partidario de apartar de manera tajante a Diez, a pesar de haber sido el alcalde de la ciudad durante dos mandatos, e impedir que se vuelva a presentar a la Alcaldía. Cueste lo que al PSOE le cueste.

Lo cierto es que las espadas están todavía en alto y el resultado final de este encontronazo personal y político de Diez y Cendón no alcanza, ni mucho menos, su último capítulo.

El regidor no pierde ocasión para aferrarse públicamente a lo que resumió en una frase en una entrevista este mes en RNE:  “Yo voy a ser candidato a la Alcaldía de León”, aunque entonces añadiendo que sería cabeza de cartel bajo las siglas del Partido Socialista... o con otras. Pero cuando supuestamente le refrendó la propia Ejecutiva municipal que él preside, el 10 de septiembre, cambió su discurso público con una frase no menos categórica: “Mi partido siempre será el PSOE, porque es el espacio político en el que creo y desde el que entiendo que puedo trabajar mejor por León”.

Se aferra Diez a la cláusula del PSOE federal que dicta, con carácter general, que todo alcalde que quiera repetir de cara a los comicios de 2027, seguirá. Él quiere. Lo ha manifestado a los cuatro vientos e infinidad de veces. Pero precisamente insiste porque es conocedor de las maniobras de sus propios mandatarios provinciales para que no lo sea. Sólo en ese contexto se entienden declaraciones como cuando estalló en mayo el escándalo de la investigación judicial al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero. José Antonio Diez llevó a su terreno el análisis del mazazo que eso supuso: “Igual ahora no tienen tanto tiempo para quitarme de candidato”.

No menos veces le ha atacado en público Cendón al principal regidor leonés, llegando incluso a participar en manifestaciones contra proyectos como la Red de Calor de la Junta que el alcalde ha respaldado sin fisuras, o afearle ser una de las voces discordantes al manifestarse contra la crisis migratoria en Ceuta, desoyendo el argumento general socialista de que se trataba de una maniobra de las derechas para socavar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Por teléfono y con nombre propio: Félix Barrio

Pero ahora, cuando se acerca el verdadero calendario para que se decida al candidato o candidata del PSOE en León, es cuando la oposición interna a Diez ha salido a la palestra. Y con poca discreción. Ha sido en forma de una oleada de llamadas telefónicas supuestamente aleatorias a vecinos de León, que forman parte de una encuesta en toda regla.

El cuestionario de este amplio sondeo ha sido muy claro y directo, situando con un paso al frente a un nombre propio en liza: Félix Barrio. Aunque no muy conocido en la esfera pública, este socialista ponferradino que dirige desde hace años en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de León,

ILEÓN ha podido identificar la empresa demoscópica que ha realizado esta encuesta. Se trata de SW Demoscopia, del grupo Global Europa Demoscopia, con domicilio social en Jerez de la Frontera (Cádiz) y que ha participado en los últimos años en abundantes trackings para el Partido Socialista.

El calendario y las posibles vías

Así las cosas, cobra un protagonismo esencial el mencionado calendario, con fechas internas poco conocidas y algunas detalles poco concretos que podrían provocar un infierno de quiebra interna en el PSOE leonés. De momento, hasta el jueves 8 de octubre todos los alcaldes socialistas tienen de plazo para formalizar oficiamente su intención de repetir. Poco después, apenas entre el lunes 12 y el martes 13 de octubre, se puede solicitar la celebración de primarias. Pero ojo, porque no se sabe a ciencia cierta quién lo tendría que formalizar.

Todo eso irá sobre la mesa de una reunión crucial, el 15 de octubre: la del Comité Federal de Listas en Madrid. En los casos en los que se hayan pedido votaciones de los militantes en primarias, entre el 17 y el 21 de octubre los aspirantes tendrían que reunir y presentar la mitad de la firmas de la agrupación más una para que definitivamente se planteen como alternativa al alcalde de turno, en este caso rival de Diez. Y todo lo sancionaría finalmente la Comisión de Ética, de nuevo en Madrid, del 22 de octubre en adelante.

Entonces se activaría el calendario de primarias, para la que los precandidatos podrían apuntarse entre el 23 y el 26 de octubre, con plazo para recoger los avales de entre el 15 y el 20% de los militantes hasta el 4 de noviembre. Si solo hubiera un candidato o candidata sería proclamado de forma automática.

Los abogados Ricardo Alonso Fernández y su socio y familiar Fernando Alonso Fuentes se han convertido en dos de los villanos del año tras conocerse que sus nombres están detrás de la sociedad Urbagestión. Se trata de la empresa que desahució la semana pasada a Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda en la que llevaba residiendo siete décadas en Madrid, aunque la compañía ha reculado y este lunes ha acordado que podrá regresar de alquiler.

El desahucio de Maricarmen ha vuelto a situar la vivienda en el centro del debate político y social, con acampada en la plaza de Sol incluida, y puesto el foco sobre las sociedades de inversión inmobiliaria. 'Fondo buitre' ha sido uno de los apelativos más usados para denominar a Urbagestión, que lo rechaza de forma contundente hasta el punto de advertir a los medios sobre el uso de esa fórmula y pedir 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas en una querella por injurias y calumnias.

Este lunes, Ricardo Alonso ha hablado por primera vez desde que el asunto ha copado la actualidad en sendas entrevistas en El Economista y en Espejo Público de Antena 3. Alonso tiene orígenes leoneses en el municipio de Astorga donde la sorpresa ha sido generalizada por su implicación en el caso de Maricarmen Abascal. “No sabíamos que tenían estos negocios”, señala una persona cercana que le conoce desde hace años y no puede ocultar su sorpresa. Hijo de un cartero, la presencia de Alonso en Astorga es habitual por motivos familiares. Tras pasar por un gran bufete en Madrid se puso por su cuenta, pero ninguno de los consultados conocía en concreto su actividad inmobiliaria más allá de que tenía intereses empresariales variados.

Todas las personas consultadas por este medio de Astorga y comarca que han tratado con alguna frecuencia al abogado hablan de él en términos buenos o muy buenos. También dicen estar en shock por ver vinculado su nombre a un asunto como el desahucio de Maricarmen. “Buena persona” o de un “gran trato” se han repetido en las breves conversaciones, ya que nadie quiere explayarse demasiado en un sitio como Astorga, acostumbrado a los silencios.

La mayoría prefieren no valorar la situación del desahucio y solo una persona concede que: “Desde luego que no son un fondo buitre, pero igual las leyes les han permitido actuar como tal”. Pero, como apunta otro astorgano, “nadie hablaba tampoco mal de Luis Bárcenas” en Astorga, lugar que frecuentaba de forma ocasional por ser la localidad natal de su esposa, Rosalía Iglesias, también condenada junto a él en una de las piezas del caso Gürtel. Varios han relacionado ambas cosas para comentar con disgusto que las apariciones de la ciudad leonesa en medios no se relacionen con noticias positivas.

Una calle en Castrillo, el pueblo del cocido maragato

Sin duda, una de las cosas más llamativas de la figura de Ricardo Alonso es que cuenta en vida con una calle dedicada en la pedanía de Astorga más famosa de todas, Castrillo de los Polvazares, de donde desciende. El icónico y turístico pueblo en el que cocido maragato cogió fama, que se come a la inversa que un cocido tradicional, tiene dedicada una calle al abogado desde hace años, que goza del privilegio de dar en vida nombre a una vía empedrada en uno de los pueblos más bonitos de España.

La travesía está ubicada entre la calle Real y la de El Jardín, siendo esta última la antigua denominación de una calle que se ubica en un lateral del consultorio médico de la localidad. El motivo de haberle dedicado una calle, señalan varias fuentes, es haber dirigido con éxito el pleito de un conflicto de la Junta Vecinal de Castrillo de los Polvazares. En los registros jurídicos figura que, efectivamente, Ricardo Alonso Fernández fue el abogado de un recurso contencioso-administrativo por una concesión de aguas interpuesto por la entidad local contra el Ministerio de Defensa.

La Junta Vecinal de Castrillo de los Polvazares llevó a los tribunales la concesión de agua del río Jerga realizada por la Confederación Hidrográfica del Duero a la Comandancia de Fortificaciones y Obras de la 7ª Región Militar para el abastecimiento del cuartel Santocildes, en Astorga, reclamando su extinción. En un territorio como es la pedregosa comarca de la Maragatería el agua es un recurso escaso y la concesión militar dejaba a la localidad con recursos hídricos escasos en verano, momento en que gana población y es la temporada alta de visitas turísticas. En el año 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó la sentencia final que dio al pueblo la victoria definitiva, aunque no total. Lograron que la concesión fuese revocada pero se inadmitieron las pretensiones sobre la restauración del cauce fluvial y compensaciones económicas que reclamaba Castrillo de los Polvazares, al considerar que excedían el objeto del procedimiento. Luego, señalan fuentes vecinales, vino la calle en agradecimiento.

La placa de calle Ricardo Alonso Fernández figura hoy en las calles de Castrillo de los Polvazares pese a que en ningún acta de los plenos del Ayuntamiento de Astorga entre los años 2009 y 2019 recoja ese cambio de calle. En el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, del año 2018, sí figura la travesía, aunque hoy ni Google Maps ni el Catastro la sepan identificar correctamente. El propio Ricardo Alonso Fernández introdujo alegaciones de algún tipo al plan urbanístico que fueron descartadas en la aprobación final realizada ya en el año 2019.

Este medio ha intentado contactar con el entorno jurídico de Ricardo Alonso y la Junta Vecinal de Castrillo de los Polvazares para aclarar el origen y situación de la calle sin que haya recibido respuesta en el momento de la publicación.

En una de sus entrevistas de este lunes, Ricardo Alonso ha denunciado una campaña de acoso y ser víctima de un ataque informático, criticando a las administraciones públicas y cuestionando sus iniciativas para impedir el desahucio. Aunque Alonso asegura que las propuestas particulares llegaron tarde y que la oferta de compra o alquiler de la sociedad pública 'Casa 47' no fue viable, elDiario.es ha tenido acceso a los mensajes que se intercambiaron 'Casa 47' y la abogada de Urbagestión.

De ellos se desprende que ni la empresa ni su representante legal tuvieron intención de cerrar acuerdo alguno y solo había una voluntad inequívoca: el desahucio. Así lo evidencia el rechazo sistemático a todas las propuestas que tanto la propia Maricarmen como el Gobierno les hicieron llegar en los últimos meses y hasta el último minuto, tratando de evitar que la mujer de 87 años abandonara su casa.

“Nunca formalizaron la propuesta por escrito ni explicaron los mecanismos del contrato, por lo que no se pudo evaluar”, asegura Alonso. El primero de esos ofrecimientos por parte del Gobierno les llegó el 18 de junio. Entonces, 'Casa 47' ofreció a Urbagestión participar en un proceso de mediación, poniendo todas las opciones sobra la mesa. Entre ellas, comprar el inmueble para el parque público de vivienda para que Maricarmen pudiera vivir en ella o una negociación sobre el precio del alquiler. Cuando Ricardo Alonso y Fernando Alonso descartan la venta del piso, 'Casa 47' ofrece nuevas vías que quedan sin respuesta.

Este lunes la sociedad Urbagestión aceptó la vuelta de Maricarmen a su casa tras una reunión con la abogada de la mujer desahuciada, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (como mediadora) y el Sindicato de Inquilinas de Madrid en unas nuevas condiciones y contrato de alquiler a las que falta el visto bueno de la anciana, que permanece todavía hospitalizada.

Trayectoria empresarial

Entre las empresas a las que aparece vinculado Ricardo Alonso Fernández, que en diciembre cumplirá 57 años, figuran Quesería Yebra SL, de la que es administrador único y domiciliada en Galende, un pequeño pueblo de Zamora. También figura en el Registro Mercantil como secretario no consejero de una empresa vitivinícola en la comarca de El Bierzo, Losada Vinos de Finca.

Una portavoz de esta firma subraya al teléfono que el administrador de Urbagestión no tiene ninguna vinculación accionarial y es un mero asesor legal del consejo de administración. Reconoce que el caso Maricarmen les está afectando. “Nos han estado bombardeando en redes sociales, dicen que nos financian fondos buitres”, cuando “lo que intentamos es salir adelante de una situación muy complicada para el sector”, tras un año en el que el calor extremo ha puesto en riesgo la situación de muchas bodegas. “Más en el Bierzo, que somos una Denominación de Origen muy pequeña”, lamenta.

Por su parte, Fernando Alonso Fuentes, el otro administrador de Urbagestión, figuraba en 2017 con un pequeño paquete del 0,5% entre los socios fundadores de la plataforma educativa ThePower Education, creada ese mismo año. Alonso tenía a cierre de ese ejercicio 25 acciones de Powereducation SL, las mismas que entonces tenían otros socios minoritarios de la start up como Juan María Nin Garaizabal, que ha estado vinculado a varias firmas de cazatalentos y es hijo del actual presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin; o la firma Banagement Advisory, cuya administradora única es la conocida empresaria Carla Goyanes, hija del fallecido promotor inmobiliario Carlos Goyanes y de la socialité Cari Lapique. ThePower, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, está considerada una de las edtech (start ups del negocio educativo) con más proyección en España. Sus principales impulsores fueron los empresarios tecnológicos Borja Adanero, Kike Corral, Rafa Gozalo y Hugo Arévalo, este último expresidente de Hawkers, cofundador de Auro e inversor en varias start ups junto al multimillonario venezolano Alejandro Bethancourt, últimamente de actualidad por su acuerdo con Donald Trump para explotar el petróleo de Venezuela.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que absolvió al promotor y organizador de un espectáculo infantil denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín' de los delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores.

La superestrella infantil, 'alter ego' de la artista hispanoargentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, interpuso en el año 2023 una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. La pasada primavera la Audiencia Provincial de León absolvió al promotor del homenaje.

La Sala del TSJ que ha visto el recurso ha señalado que la Audiencia de León realizó una valoración razonada de las pruebas testimoniales y documentales. Además, señalan que la discrepancia de la acusación y del Ministerio Fiscal con sus conclusiones, que también pedía una condena, no permite anular una sentencia absolutoria. La acusación pedía hasta 11 años de prisión y multa por todos los delitos y la Fiscalía dos años de cárcel y multa por dos de ellos.

La Sala de lo Civil y Penal desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial leonesa al considerar que la absolución está suficientemente razonada y que no existen motivos para anularla y repetir el juicio. Los jueces leoneses consideraron probado que no hubo permiso de la artista ni de la sociedad Luli Pampin SL propietaria de los derechos pero al mismo tiempo señalaron que no quedó acreditado que durante la representación se utilizaran obras musicales, personajes, guiones, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos vinculados a Luli Pampín.

La acusación particular de la estrella infantil recurrió la sentencia absolutaria solicitando principalmente la anulación de la misma y la celebración de un nuevo juicio. La Fiscalía se adhirió parcialmente al recurso al entender que se había otorgado un peso excesivo a una grabación policial de los primeros minutos del espectáculo y se habían valorado insuficientemente otros testimonios.

Pero el TSJ considera que en el juicio se examinó de forma adecucuada las declaraciones de la denunciante, los integrantes del espectáculo, los agentes y el acusado, además de la documentación aportada. Los vídeos presentados por la acusación no correspondían a la función celebrada en León y los miembros del elenco ofrecieron versiones contradictorias sobre su contenido. Para la Sala, la absolución no se basó en exigir una grabación íntegra del espectáculo, sino en la insuficiencia del conjunto de las pruebas para acreditar la utilización de creaciones protegidas.

Respecto a la falta de autorizaciones de un personaje registrado la Audiencia de León consideró que no se había demostrado que el promotor conociera el registro de las marcas antes de difundir la publicidad y el TSJ de Castilla y León respalda la racionalidad de esa conclusión y recuerda que no constaba un requerimiento previo, una comunicación acreditada u otro elemento objetivo que permitiera deducir inequívocamente ese conocimiento.

El TSJCyL ha recordado también que el tribunal de apelación no puede sustituir la valoración de la prueba efectuada en primera instancia por otra distinta cuando aquella no es arbitraria, ilógica o manifiestamente insuficiente.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, la Sala ha considerado razonable la conclusión de que no había prueba suficiente de que el acusado conociera el registro de las marcas. Asimismo, en relación con el delito contra el mercado y los consumidores, ha entendido que tampoco quedó acreditado un perjuicio de la gravedad exigida por el Código Penal. La sentencia subraya que una discrepancia sobre la interpretación de las pruebas no basta para anular una absolución.

La sentencia del TSJ, firme, declara de oficio las costas y la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La oposición al proyecto de una planta de biometano en el municipio de Val de San Lorenzo crece al mismo tiempo que salen a la luz los detalles de una instalación de una dimensión considerable: gestionará 233.500 toneladas de residuos y subproductos orgánicos al año de origen agroganadero, circularán casi 80 camiones al día y el suministro de agua que tendrá que realizarse mediante cisternas porque la parcela elegida no dispone de conexión a una red de abastecimiento. Un conjunto de características que alimenta las dudas sobre su encaje en el entorno pese a que el Estudio de Impacto Ambiental sometido a evaluación no identifica efectos severos o críticos.

La planta está proyectada por una empresa filial del grupo ID Energy Group y sus dimensiones han levantado una importante movilización en Astorga y la comarca maragata, que ya acusa la presencia de numerosos proyectos de gestión de residuos de todo tipo, desde el vertedero provincial de San Román de la Vega, el macrovertedero industrial de residuos peligrosos autorizado en San Justo de la Vega a la planta de tratamiento de lodos de despuradora proyectada en la localidad de Piedralba.

El nuevo proyecto contempla una inversión de 9,45 millones de euros con una previsión de empleo permanente de cinco puestos de trabajo directos y una estimación de alrededor de diez empleos indirectos, además del personal temporal durante la construcción de la instalación.

La nueva planta de biometano se suma a la otra decena que se han solicitado en la provincia de León, algunas con notable controversia, mientras que las empresas promotoras las defienden para una adecuada gestión de residuos de la creciente cabaña ganadera de la provincia de León. En las polémicas se han posicionado algunos ayuntamientos como Cistierna, que se ha endurecido sus normas urbanísticas para poner trabas a estos proyectos.

El nuevo proyecto de biometano se ubica a apenas dos kiómetros del casco urbano de Astorga y a 3,5 kilómetros de la cabecera del municipio de Val de San Lorenzo y coincidente al Camino de Santiago en el trazado soterrado de línea eléctrica. El estudio de impacto ambiental señala su cercanía a otros proyectos de gestión de residuos, como la proyectada planta de lodos de Piedralba.

Este periódico se ha puesto en contacto con ID Energy para conocer más datos sobre el proyecto sin que en el momento de publicar esta información se haya recibido respuesta.

Agua en camiones cisterna para una planta sin red

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la falta de instalación de red de agua. La parcela donde pretende construirse la planta carece de red de abastecimiento, por lo que el agua industrial tendrá que llegar en camiones cisterna y almacenarse en un depósito de 50 metros cúbicos. El proyecto calcula para el funcionamiento ordinario un consumo industrial de 982 metros cúbicos al año, con aproximadamente un llenado semanal del depósito.

A ello se suma el agua potable y sanitaria necesaria para trabajadores, vestuarios, aseos, cantina y laboratorio, también transportada desde el exterior mediante cisternas. En este caso se calcula un consumo de 60 metros cúbicos anuales durante la explotación, mientras que durante las obras la previsión alcanza los 100 metros cúbicos al mes. Según el promotor ese agua será llevada por el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo en camiones cistierna. Además, antes de la puesta en marcha será necesaria una aportación extraordinaria de 8.000 metros cúbicos de agua para las pruebas hidrostáticas de las instalaciones.

El promotor sostiene que el proceso de digestión anaerobia no necesita grandes cantidades adicionales de agua porque los purines y demás materias primas que entrarán en los digestores ya presentan un elevado contenido de agua. De ahí que no sea necesaria una conexión a redes de abastecimiento. También plantea un sistema de recirculación que reutilizará aguas de limpieza, condensados del biogás, lixiviados y purgas. La planta se proyecta con el denominado 'vertido cero', sin evacuación de aguas residuales al medio ni al dominio público hidráulico, pero esa solución obliga a mantener depósitos estancos, fosas y un sistema permanente de retirada de determinadas aguas mediante gestores autorizados.

Olores, contaminación y fugas

El informe del proyecto analiza 26 factores ambientales relacionados con la atmósfera, los recursos naturales, los suelos, las aguas, la vegetación, la fauna, el paisaje y las consecuencias socioeconómicas. Entre ellos figuran expresamente la emisión de polvo, ruido, gases y olores; el consumo de recursos; la destrucción, compactación o contaminación del suelo; y los posibles efectos sobre las aguas superficiales y subterráneas. También se estudian las afecciones sobre hábitats, fauna, paisaje, espacios protegidos, vías pecuarias y patrimonio cultural.

La evaluación considera que la construcción será el momento de mayor impacto: un 65,38% de los factores analizados presentan efectos negativos, de los que un 58,82% se califican como moderados. Durante el funcionamiento, el estudio rebaja esa afección y considera compatibles el 76,92% de los impactos negativos y moderados el 23,08%. La conclusión oficial del promotor es, por tanto, que no existen afecciones severas ni críticas, aunque la extensión de medidas preventivas incorporadas al proyecto muestra la variedad de riesgos ambientales que deberán mantenerse bajo vigilancia durante toda su vida útil.

El olor es uno de los elementos que más se analiza en el proyecto. Según el documento en información pública los residuos tendrán que llegar en cubas o cajas estancas, evitando en lo posible atravesar núcleos urbanos, mientras que la recepción y determinadas operaciones deberán realizarse en naves cerradas y en depresión, con cortinas de PVC y un sistema de desodorización mediante biofiltros. También deberá protegerse el suelo frente a posibles fugas de lixiviados, digestato, combustibles u otros líquidos. Todas las zonas de carga, descarga y almacenamiento tendrán que estar pavimentadas e impermeabilizadas y el proyecto establece redes independientes para pluviales, aguas grises y lixiviados.

El biogás incorpora además riesgos propios de una instalación industrial de estas características. Antes de su transformación deberá pasar por filtros de carbón activo para eliminar sulfuro de hidrógeno, mientras que los excedentes podrán quemarse en una antorcha de seguridad a temperaturas de entre 600 y 850 grados. La fábrica tendrá zonas diseñadas para atmósferas potencialmente explosivas, vigilancia mediante un sistema capaz de detectar fugas o anomalías de presión y protocolos de parada de emergencia. Incluso se prevé contratar un plan específico de desratización y desinsectación ante la posible atracción de plagas hacia las zonas donde se almacenarán residuos.

Más de 233.000 toneladas de purines y estiércoles cada año

La dimensión de la planta se aprecia especialmente en la cantidad de materia que deberá alimentar los digestores: 233.500 toneladas cada año, aproximadamente 113.500 toneladas de sustratos sólidos y otras 120.000 toneladas de materiales líquidos, una infraestructura diseñada para recibir de forma continua grandes volúmenes de residuos ganaderos.

Algo más de la mitad de toda esa materia será purín procedente de cerdos de engorde, con 120.000 toneladas anuales, el 51% del total. Le seguirán 41.000 toneladas de estiércol bovino, 33.000 de ovino y caprino, 30.000 de gallinaza y otras 9.500 toneladas de estiércol porcino. La digestión de esta mezcla permitirá obtener biogás, que posteriormente será depurado hasta producir biometano, pero dejará también enormes cantidades de digestato sólido y líquido que tendrán que abandonar nuevamente la planta.

El proyecto contempla captar estas materias fundamentalmente entre las explotaciones ganaderas del entorno y fija como zona preferente un radio aproximado de 30 kilómetros, ampliable hasta un máximo logístico de 50 kilómetros. También abre la puerta a restos agrícolas y materias procedentes de industrias agroalimentarias de la provincia. Esa necesidad de concentrar residuos desde decenas de kilómetros alrededor de Val de San Lorenzo es precisamente la que explica otra de las grandes cuestiones asociadas a la planta: el incremento permanente del transporte pesado.

74 camiones al día

La documentación calcula que será necesario transportar las materias primas y los subproductos durante 260 días al año, de lunes a viernes, utilizando vehículos de entre 20 y 24 toneladas. Para alimentar la planta se prevé la llegada de 38 camiones diarios cargados de residuos orgánicos, una cifra directamente vinculada a las más de 233.000 toneladas que deberán entrar anualmente en las instalaciones.

Pero prácticamente todo lo que entra deberá volver a salir una vez completada la digestión. El proyecto estima otros 36 camiones diarios para evacuar el digestato, 17 de ellos para transportar la fracción sólida y 19 camiones cisterna para la líquida. En total se producirán, según los cálculos de la propia empresa, 74 movimientos diarios de vehículos pesados, sin contar otros desplazamientos ligados a trabajadores, mantenimiento, suministros auxiliares o al propio transporte de agua mediante cisternas.

El biometano será la excepción, porque no necesitará trasladarse por carretera. La instalación pretende conectarse directamente a la red gasista que pasa por una de las dos parcelas donde quiere instalarse la planta y producir alrededor de 5.672 toneladas de biometano al año, equivalentes a 81.736 MWh de energía y entre 7,92 y 8,70 millones de metros cúbicos normales de gas.

Alegaciones en contra

Vecinos de la comarca están recogiendo alegaciones contra el proyecto, que se pueden presentar hasta el 28 de septiembre poniendo el foco en posibles irregularidades urbanísticas y limitaciones legales del suelo. Los escritos sostienen que parte de los terrenos resultaron afectados por un incendio en agosto de 2024 y recuerdan que la legislación forestal restringe durante décadas los cambios de uso en superficies incendiadas, una cuestión que, según los alegantes, no habría sido suficientemente analizada en la documentación ambiental. También cuestionan la validez del informe de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento de Val de San Lorenzo porque se habría emitido inicialmente para otra empresa y sobre un conjunto distinto de parcelas, además de advertir de posibles incumplimientos en alturas, retranqueos y distancias de seguridad vinculadas al almacenamiento de biogás.

Otro de los grandes frentes de oposición es el relacionado con el agua, el tráfico y las infraestructuras necesarias para sostener una instalación de esta dimensión. Las alegaciones señalan contradicciones en los datos de consumo de agua, cuestionan que el abastecimiento mediante cisternas municipales esté formalmente autorizado y apuntan que no queda aclarado de dónde procederán los 8.000 metros cúbicos necesarios para las pruebas iniciales. A ello se suma el movimiento previsto de 74 camiones pesados al día por la LE-6425, para el que, según los escritos presentados, no se habría aportado un estudio suficientemente detallado de intensidad de tráfico ni las autorizaciones correspondientes.

Los opositores denuncian además carencias en el procedimiento de consultas y en la evaluación de impactos acumulativos. Entre sus argumentos figura que no se habría consultado de forma individualizada a municipios próximos como Astorga o Santiago Millas ni a organismos considerados relevantes en materia de aguas, salud pública, patrimonio, protección civil o montes. También reprochan al estudio que no incorpore suficientemente otros proyectos próximos a la hora de valorar los efectos conjuntos sobre el entorno. Finalmente, critican que la información pública se abriera en agosto con más de un millar de páginas de documentación y unos plazos que, a su juicio, dificultaron la participación efectiva de vecinos y administraciones.

El Procurador del Común de Castilla y León pide un vuelco a la política de becas y ayudas educativas de la Junta de Castilla y León. En una resolución considera discriminatorio que determinadas ayudas educativas de la Junta dependan de que los alumnos estudien en un colegio público o en uno privado concertado, y por lo tanto sostenido con dinero público. La institución que dirige Tomás Quintana reclama a la Consejería de Educación que permita también al alumnado de la escuela concertada acceder a ayudas para comedor y transporte escolar, siempre que sus familias se encuentren en situaciones socioeconómicas y familiares equivalentes a las de los beneficiarios de la enseñanza pública.

La resolución procede de una queja presentada ante el Procurador por la exclusión de los estudiantes de centros concertados de determinadas becas, ayudas y subvenciones autonómicas. Tras solicitar información a Educación, la institución ha analizado las diferencias existentes en servicios como el transporte y el comedor y en programas de conciliación como 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole'.

En el caso del transporte, la última convocatoria de ayudas para el curso 2025-2026 establece como regla general que los beneficiarios cursen sus estudios en centros públicos dependientes de Educación. Los estudiantes de centros privados concertados únicamente pueden acceder cuando hayan sido escolarizados en ellos por necesidades determinadas por la Comisión de Escolarización.

Algo similar ocurre con el comedor escolar. Las ayudas reguladas para los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial se circunscriben a centros públicos que dispongan de este servicio. Aunque existe otra línea para el primer ciclo de Infantil que alcanza a determinados centros privados sostenidos con fondos públicos, esta no cubre a los estudiantes de segundo ciclo de Infantil y Primaria de colegios concertados.

'Madrugadores' solo en la pública

Las diferencias se extienden a la conciliación. Los programas 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole' están diseñados para alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria matriculados en centros públicos. Tampoco pueden acceder los estudiantes de la concertada al servicio de atención y cuidado habilitado por Educación después del horario lectivo durante septiembre y junio.

La Junta de Castilla y León ha defendido ante el Procurador que no existe discriminación según la resolución publicada. Educación argumenta que no hay diferencias entre públicos y concertados en lo relativo a la enseñanza propiamente dicha y recuerda que ambos comparten procedimientos de admisión. Sin embargo, sostiene que los servicios complementarios tienen una regulación distinta y que, en el caso de los colegios concertados, no están incluidos en el concierto educativo y los propios centros cuentan con autonomía para establecerlos.

La Consejería también recuerda que existen otras ayudas de las que sí pueden beneficiarse los estudiantes independientemente de la titularidad de su centro. Entre ellas cita las destinadas a Bachillerato, Formación Profesional y determinadas enseñanzas de régimen especial, el programa Releo Plus para libros de texto y las subvenciones para adquirir dispositivos digitales.

Centros concertados, servicio público de educación

Pero el Procurador señala en su resolución que los centros concertados forman parte de la red destinada a prestar el servicio público de educación y sostiene que sus familias pueden encontrarse exactamente en las mismas situaciones de vulnerabilidad que aquellas cuyos hijos estudian en colegios públicos.

Por ello, considera que excluirlas únicamente por la titularidad del centro resulta una diferencia de trato “discriminatoria y carente de justificación razonable”. El Procurador advierte además de que interpretar la elección de la concertada como una renuncia voluntaria a los servicios disponibles en la pública acabaría provocando que la capacidad económica condicionase en la práctica el derecho a elegir centro educativo.

La institución respalda su posición con jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entre otros precedentes, recuerda una sentencia de 2014 que concluyó que, en ausencia de razones específicas, no está justificada la disparidad de trato entre centros públicos y concertados debido a la similitud sustancial de su régimen jurídico. También menciona una sentencia de 2012 que confirmó la anulación de una convocatoria extremeña de inmersión lingüística reservada exclusivamente a alumnos de centros públicos.

El Procurador considera especialmente relevante el posible impacto sobre familias numerosas, monoparentales o económicamente vulnerables. Reconoce que la disponibilidad presupuestaria puede justificar establecer umbrales de renta, priorizar a determinados hogares o introducir progresivamente las ayudas, pero considera mucho más difícil justificar que se excluya por completo a unas familias únicamente porque sus hijos estudien en un colegio concertado.

Por ello la institución que agrupa la defensoría del pueblo en la comunidad reclama a la Junta ayudas para sufragar los gastos de comedor y transporte que incluyan a los alumnos de centros privados concertados, de manera que familias en circunstancias económicas y familiares sustancialmente equivalentes puedan acceder a los mismos recursos públicos con independencia de la titularidad de su colegio.

También insta a la consejería de Educación, por sí misma o conjuntamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a diseñar programas de conciliación abiertos al alumnado de todos los centros financiados con fondos públicos. La institución pone especialmente el foco en las reducciones de jornada escolar y los periodos no lectivos.

La Consejería de Educación dispone hasta octubre para comunicar de forma motivada si acepta o rechaza las recomendaciones del Procurador del Común.

El nuevo curso político comienza en la provincia de León con las elecciones municipales de 2027 cada vez más presentes en la agenda de los principales partidos. Aunque todavía quedan meses para llegar a las urnas los principales partidos de la provincia -PP, PSOE y UPL- se ponen en marcha mediante la elección de candidaturas mientras la actualidad nacional como la crisis de Ceuta condiciona el panorama político local con manifestaciones con miles de personas.

En 2023 el PP logró convertir las elecciones autonómicas y municipales en un primer plebiscito a Pedro Sánchez, logrando un indudadable éxito electoral pero que no pudo ratificar en las posteriores Generales. A cambio logró una cuota de poder municipal y autonómica muy grande. En la provincia la resistencia del alcalde José Antonio Diez, el bastión socialista de El Bierzo y los pactos del PSOE con UPL hicieron que la Diputación de León no se tiñiera de azul, aunque los populares lograron recuperar Ponferrada.

El PP es quien más pronto ha empezado a despejar la incógnita de sus candidaturas. Desde julio está decidido que David Fernández será el candidato a alcalde de León, mientras que el actual regidor de Ponferrada, Marco Morala, optará a la reelección. Fernández, actual portavoz municipal y número dos de Margarita Torres en 2023, tendrá como objetivo recuperar para los populares una Alcaldía que ocupa el socialista José Antonio Diez desde 2019. Morala afrontará una situación diferente: defender el gobierno que consiguió en 2023 aunque no logró ser la fuerza más votada y alcanzara la Alcaldía mediante su acuerdo con Coalición por El Bierzo y el apoyo de Vox en la investidura.

Uno de los objetivos del PP es volver a gobernar la Diputación de León tras ocho años de gobiernos socialistas. Para ello es fundamental volver a recuperar poder municipal mediano. Para ello debe mantener lugares como Astorga, Valencia de Don Juan o La Bañeza y recuperar el poder en sitios como Benavides, donde ya ha lanzado tempranamente a su candidato.

Pero lo más llamativo del Partido Popular es que afronta el curso político y con toda probabilidad el electoral con una dirección interina encabezada por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y el delegado de la Junta Eduardo Diego. Esta dirección llegó en julio del 2025 cuando Ester Muñoz dimitió de presidenta provincial para dedicarse por completo a sus tareas de portavoz en el Congreso de los Diputados y su situación lo más probable es que se alargue hasta después de las elecciones municipales e incluso generales.

Serán ellos, por tanto, los responsables de la elección de candidaturas después de que las del 2023 ya estuvieran elaboradas cuando estalló la crisis por la dimitió Javier Almanza como presidente del PP. Los populares buscarán evitar la crisis que tuvo cuando en la elección de diputados provinciales los afines a Almanza se impusieron de forma notoria a los señalados por la dirección provincial. Algo que puede abrir notables brechas en la elección de las candidaturas.

El PSOE presume de tener más del 70% de las candidaturas

El futuro judicial de Zapatero, con la declaración esta semana de dos exdirectivos de Plus Ultra que le implicaron y la todavía no justificación de las joyas, son un asunto que inquieta al PSOE de su tierra natal, sobre todo por la vinculación directa de su líder provincial, Javier Alfonso Cendón, con el expresidente. El juez José Luis Calama ha rechazado ahora el incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, al considerar, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que no se vulneraron sus derechos durante la investigación, por lo que la causa continúa adelante; el auto no admite recurso.

El PSOE de León ha aprovechado la tradicional Fiesta de la Rosa celebrada este sábado en Boñar para escenificar también el comienzo de su curso electoral. Cendón asegura que el partido tiene ya más del 70% de las candidaturas municipales cerradas y anuncia que volverá a presentar listas en los 211 ayuntamientos de la provincia, además de reforzar su presencia en las juntas vecinales.

El PSOE de León ha optado por noviembre para activar las primarias con las que elegirá sus candidatos en los tres municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia: León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. La dirección provincial escogió así la tercera de las ventanas habilitadas por el Comité Federal, después de julio y septiembre. En Ponferrada se espera que vuelva a presentarse el exalcalde y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, mientras que en San Andrés los socialistas deberán buscar un candidato con el objetivo de recuperar un histórico feudo que actualmente gobierna UPL.

La situación más particular es la de León ciudad donde el actual alcalde, José Antonio Diez, ha manifestado su intención de optar a una cuarta candidatura consecutiva tras las de 2015, 2019 y 2023. Al ser alcalde, Diez sería automáticamente candidato si expresa su voluntad de continuar y únicamente habría primarias si las solicita la mitad más uno de los más de 800 militantes de la agrupación local y, además, el Comité Federal de Listas autoriza el proceso.

Este escenario cobra especial interés por el enfrentamiento político mantenido durante los últimos meses entre Diez y el secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón y que no ha bajado de intensidad con el comienzo de curso. La presencia de José Antonio Diez en la multitudinaria manifestación de apoyo a Ceuta, que el PSOE boicoteó por considerarla partidista, ha vuelto a elevar la tensión interna con un Cendón considerando en un tuit en X que “El verdadero bochorno es que representantes públicos de nuestra ciudad acudan a legitimar el aquelarre con su presencia. Quien asiste a la cacería deja de ser neutral: se convierte en cómplice”, en velada referencia a su compañero de filas.

UPL y las primarias

El calendario es diferente en Unión del Pueblo Leonés, que afronta posiblemente las municipales más importantes de su historia reciente después del salto conseguido en 2023 donde logró el gobierno de algunos de los municipios más importantes de la provincia como San Andrés o Villaquilambre. El partido ha convocado para el 16 de septiembre su Consejo General, máximo órgano entre congresos, con la intención de aprobar el reglamento que regulará sus primarias y poner oficialmente en marcha la selección de candidatos.

La propuesta de la dirección de Alicia Gallego contempla primarias para los municipios de más de 20.000 habitantes a una única vuelta, con votación presencial, personal y secreta. Los aspirantes necesitarían avales de entre el 10% y el 20% de la militancia de cada circunscripción y tanto candidatos como votantes deberían acreditar al menos un año de militancia activa. El procedimiento estaría diseñado para completarse en apenas 21 días desde su apertura hasta la proclamación del ganador.

La principal atención estará puesta en León ciudad, donde UPL debe encontrar sustituto a Eduardo López Sendino después de los cinco concejales obtenidos en 2023. Por ahora aparecen dos nombres entre los posibles aspirantes: el concejal Enrique Valdeón, que ha confirmado su intención de concurrir, y su compañera Sheila Fernández, que ha dejado abierta esa posibilidad, aunque no se descartan que surjan otros nombres del leonesismo que hasta ahora no hayan tenido cargos públicos. Aproximadamente 300 militantes podrían participar en unas primarias en la capital que tendrán una importancia especial para el futuro municipal del partido.

UPL llegará a 2027 con 26 alcaldes en la provincia y después de haber conseguido 207 concejales leoneses en 2023. Gobierna municipios relevantes como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño y conserva bastiones como Santa María del Páramo y Sariegos. Mantener ese poder será fundamental también para conservar su actual peso en la Diputación Provincial y poder influir en quién la gobierna el próximo mandato.

Nuevos partidos

La carrera por el poder municipal también puede estar condicionada por la fecha de las elecciones generales. Pedro Sánchez ha reiterado que no habrá un 'superdomingo electoral' con las municipales dejando abierta la posibilidad de un 'adelanto técnico' antes de mayo. “O no”, matizó crípticamente el presidente del Gobierno y líder socialista.

De momento en el resto de partidos y municipios también empieza a haber movimiento. Falta por conocer las estrategias de clásicos como Coalición por El Bierzo, con Ponferrada como principal bastión, y cuál será la configuración a la izquierda del PSOE con IU en la provincia con dirección renovada y Podemos siempre latente.

Ya conocemos a estas alturas, eso sí, el nacimiento de dos nuevos partidos que han puesto su foco en las elecciones municipales. Sariegos suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Vecinos Independientes por Carbajal Sariegos (Vipcs), un partido independiente y municipalista impulsado por Domingo García García, veterano de la política local que anteriormente pasó por las candidaturas del PSOE, Sariegos Despierta y Ciudadanos. En El Bierzo se suma una nueva formación política de cara a las municipales de 2027 con el nacimiento de Despierta Bierzo Despierta (DBD), un partido berciano y regionalista que aspira a presentar candidaturas en todos los municipios de la comarca y que cuenta con el respaldo de la organización estatal Despierta. Al frente se sitúa José Manuel Barrios, veterano de la política que ha pasado por UPL, Tercera Edad en Acción y Nueve Castilla y León.