La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un conductor que sacó su coche del depósito municipal de la capital leonesa sin autorización y sin abonar la tasa correspondiente, aprovechando que la barrera de acceso estaba abierta tras la salida de otro vehículo.  

La sentencia, dictada el pasado mes de marzo por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, desestima el recurso presentado por el conductor contra la resolución previa del Juzgado de lo Penal número 2 de León, que le había condenado por un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad.  

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2023. Según recoge la resolución judicial, el hombre dio positivo en un control de alcoholemia y agentes de la Policía Local ordenaron la inmovilización del vehículo y su traslado al depósito municipal. Los policías le informaron de que podría recuperar el coche posteriormente, tras una nueva prueba negativa y previo pago de la correspondiente tasa.  

Sin embargo, apenas unas horas después, sobre las 09.40 horas, el conductor accedió al depósito aprovechando la apertura de la barrera y retiró el vehículo sin autorización. Después estacionó el coche en la calle Diego Yuste, en Puente Castro.  

El condenado recurrió alegando que no había recibido una orden “clara y terminante” y que desconocía que estuviera incumpliendo instrucciones policiales. No obstante, la Audiencia considera acreditado que los agentes le explicaron de forma expresa el procedimiento para recuperar el automóvil y las consecuencias de no respetarlo.  

La Sala sostiene además que el acusado actuó “de forma oculta y subrepticia”, lo que evidencia que era consciente de que incumplía las órdenes recibidas. Por ello, confirma íntegramente la condena: seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros.  

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha resuelto que la muerte por suicidio de un trabajador del Ayuntamiento de Onzonilla debe considerarse como contigencia profesional (accidente de trabajo), al entender que existió una relación directa entre el grave deterioro de su salud mental y la situación laboral y judicial que atravesaba en sus últimos meses de vida. Así, ordena a la Seguridad Social que rectifique el cálculo de la pensión de viudedad reconocida a su esposa, aumentando la base de cotización en 400 euros mensuales, que conlleva elevar la pensión.

El tribunal ratifica un fallo previo del Juzgado de lo Social 3 de León, que ya había dado la razón a la viuda del trabajador y rechaza los recursos interpuestos por la mutua Fremap y el Ayuntamiento de Onzonilla, que consideraban que se debía mantener la calificación de contingencia común para el cálculo de la pensión. El TSJ considera acreditado que la situación vivida por el empleado municipal a partir de mayo de 2022, cuando fue suspendido cautelarmente de empleo y sueldo y se le abrió una investigación judicial relacionada con documentos municipales, provocó un agravamiento severo de su estado psicológico, que finalmente le llevó a quitarse la vida unos meses después.

En la sentencia se recoge un minucioso relato de la actividad profesional del trabajador vinculada al ayuntamiento ubicado en el Alfoz de León, así como su situación mental, que le llevaron a tratamientos y bajas por cuadros de depresión con ansiedad, aunque había desarrollado con normalidad su actividad laboral durante décadas. Pero en el año 2022 el trabajador fue denunciado, siendo detenido incluso en su puesto de trabajo, lo que llevó a la apertura de un expediente disciplinario y su suspensión cautelar, luego levantada por la justicia. Estos hechos llevaron a un deterioro directo, señalan las dos sentencias, de su salud mental.

El trabajador había sido detenido el 11 de mayo del 2022 acusado de haber firmado tres documentos que no debía, entre ellos un certificado de empadronamiento que suele firmar el alcalde, siendo imputado en una investigación judicial por un presunto delito de falsificación de documento público. El 18 de mayo de 2022 el Pleno del Ayuntamiento de Onzonilla aprobó incoar al trabajador un expediente disciplinario y suspenderlo cautelarmente de sus funciones. Al día siguiente el trabajador cogió la baja por un cuadro de depresión con ansiedad. El hombre falleció el día 21 de marzo de 2023 por una lesión autoinfligida. La suspensión de funciones que el impuso el Ayuntamiento de Onzonilla había sido declarada nula pocos días antes por un juzgado de lo social.

El TSJ sostiene que todos los hechos recabados en la causa indican que su situación laboral no se trata de una “ocasionalidad pura”, sino de una “ocasionalidad relevante”, figura jurídica utilizada cuando el trabajo o las circunstancias derivadas de él son condición determinante para que se produzca el daño. El tribunal subraya, además, que aunque el fallecimiento no ocurrió en el lugar de trabajo, sí estuvo vinculado al impacto emocional y psicológico derivado de los hechos sucedidos en el ámbito laboral. El trabajador había señalado sus problemas laborales como la causa de su situación mental, incluso mencionando la posibilidad de suicidio como salida a la situación.

Tanto Fremap como el Ayuntamiento de Onzonilla plantearon en sus recursos que la situación de deterioro psicológico del trabajador no se derivaba del trabajo sino de la investigación abierta en su contra. Pero el tribunal considera que no se han probado que otros factores pudieran explicar el suicidio y sí se señala el agravamiento de su salud desde mayo del 2022.

El tribunal explica que el trabajador tenía antecedentes por depresión desde hacía dos décadas pero que desde los hechos del mayo del 2022 se produce un drástico cambio en su estado clínico por lo que concluye que el trabajo está en la base de la decisión de quitarse la vida. Rechaza el argumento de la mutua de que el suicidio es un acto voluntario al que no se debe aplicar el concepto de accidente de trabajo pero el TSJ señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el suicidio puede ser accidente de trabajo si se produce por una situación de estrés o trastorno mental derivado de factores laborales. En este caso el “grave trastorno y grado de angustia” provocado por el conflicto laboral anuló esa supuesta voluntariedad libre

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y se condena al Ayuntamiento de Onzonilla y a la mutua a pagar las costas por valor de 600 euros.

La Audiencia Provincial de León acoge esta y la próxima semana un juicio contra varias empresas del sector minero y sus responsables, entre ellos miembros de la familia Del Valle, por los presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad de documento mercantil en una trama para cobrar las ayudas al carbón de interior vendiendo falsamente como tal carbón de cielo abierto.

Las empresas acusadas son la histórica y quebrada sociedad minera Hullera Vasco-Leonesa y las de servicios auxiliares Transportes Peal SA y su filial Restauraciones Mineras SA, así como varios de sus directivos como Antonio y Arturo del Valle Alonso, Mario Calvo Herce, Emilio Amor, Juan Manuel Alonso y Francisco Luengo. El juicio se desarrolla en siete sesiones y los acusados han pedido declarar al final del proceso.

La Fiscalía de León se ha negado a desvelar su petición de penas de cárcel y económicas a los acusados pero el periódico El País ha desvelado que el origen de la causa radica en una denuncia anónima que alertó a la Agencia Tributaria de la existencia de una trama para cobrar las subvenciones al carbón de interior. Según el denunciante, el fraude podría ascender hasta los 14 millones de euros y se desarrolló en varios años en los que ya se veía el final de la minería en España, entre el 2011 y 2015.

La causa, detalla El País, se originó tras la denuncia anónima de una persona vinculada al entorno empresarial, que entregó a la Agencia Tributaria miles de archivos, fotografías y hojas de cálculo que supuestamente demostraban cómo se alteraban los volúmenes reales de carbón extraído en connivencia entre las tres empresas. A raíz de esa documentación intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigó un sistema diseñado para inflar la producción subvencionada.  

Los investigadores sostienen que las empresas elaboraban informes falsos para incrementar artificialmente hasta un 20% o un 25% la producción declarada y así aumentar la facturación y las ayudas estatales. La documentación aportada incluye tablas internas con apartados diferenciados entre “producción real” y “producción incrementada”, además de fotografías de camiones trasladando material de explotaciones exteriores a minas de interior.  

Este medio ha asistido a la sesión de este miércoles en la que han declarado varios testigo y peritos de las defensas para intentar justificar ese desfase económico, negando las cifras de la Agencia Tributaria. Las pruebas testificales continuarán este jueves, día en el que está previsto que empiecen a declarar los acusados.

La Fiscalía oculta las penas

La acusación pública en el juicio la ejerce la Fiscal Jefe Provincial, Isabel Morán González, que ha ocultado su escrito de acusación en este caso, ante reiteradas peticiones de este y otros medios de comunicación, y cuya divulgación es habitual, pero desde hace un tiempo esta Fiscalía en particular ignora el derecho a la información y el propio estatuto del Ministerio Fiscal y se niega a facilitarlos.

En este caso que afecta a históricos empresarios leoneses la ocultación del escrito de la Fiscalía es tal que incluso se ha advertido a los abogados y procuradores de las partes que no se puede facilitar a los medios de comunicación, según ha confirmado este periódico. La Fiscalía no quiere que se sepa lo que pide de penas a los empresarios, que en todo caso deberá ratificar o modificar en la vista pública antes del fin del juicio que se celebra hasta el miércoles 20 de mayo.

La actitud obstrucionista de la Fiscalía de León con los medios de comunicación es una tónica habitual en todos los procedimientos, llegando incluso al borrado de los nombres de las empresas afectadas en procedimientos bajo la pretendida ley de protección de datos personales, que no afecta a los nombres de las entidades jurídicas. Isabel Morán ocupa el puesto de jefa de la Fiscalía de León desde el año 2017.

El delito contra la Hacienda Pública está tipificado con penas de prisión de dos a seis años y el de falsedad de documento mercantil con penas de prisión de 6 meses a 3 años.

Los Del Valle, absueltos por la muerte de mineros en el Pozo Emilio del Valle

Los Del Valle, una histórica familia empresarial leonesa con vínculos con el franquismo, se vuelven a sentar en el banquillo después de que hace apenas medio año el Juzgado de lo Penal número 2 de León los haya absuelto por la muerte de seis mineros en en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en 2013. La sentencia, que tardó en llegar más de dos años y medio desde que el juicio quedase visto para sentencia, eximió también de responsabilidad civil a la compañía minera, al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuir a los procesados delitos de homicidio imprudente, lesiones o vulneración de la seguridad laboral que se les imputaban.

La jueza concluyó que la causa más probable de la explosión fue un desprendimiento instantáneo e imprevisible de grisú y dio mayor validez a los informes técnicos presentados por las defensas frente a las tesis de las acusaciones, que sostenían que existieron fallos de seguridad y deficiencias estructurales en la explotación minera.

La demora provocó protestas y movilizaciones de familiares y compañeros de las víctimas reclamando una resolución judicial que, cuando llegó, dejó incomprensión y desolación. En marzo de 2026, la Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial de León la sentencia absolutoria para los Del Valle y los otros 12 acusados por el accidente del pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el que murieron seis y resultaron heridos de distinta consideración otros ocho el 28 de octubre de 2013. El ministerio público solicitó la anulación tanto del fallo como del propio juicio y pidió que el caso volviera a celebrarse al considerar que la jueza realizó una valoración “irracional” e incorrecta de las pruebas técnicas y testimonios practicados durante la vista oral.

En su recurso, Fiscalía defendía que el debate no debía centrarse únicamente en la causa inmediata del escape de grisú, sino en si la tragedia podría haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas. Por ello, cuestionaba aspectos como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa, además de reprochar que la sentencia otorgara mayor credibilidad a los informes aportados por las defensas frente a los elaborados por técnicos de la autoridad minera y por el perito judicial.

El Colegio de Registradores de España señala a la provincia de León como una de las ocho en España donde el primer trimestre del 2026 no ha comenzado con subidas de precios y ventas, sino todo lo contrario, según la estadística hecha pública en su último informe que recoge los datos del registro de compraventa de viviendas en España.

En todo el país la cosa sigue disparada, con un máximo histórico en los precios de la vivienda en España hasta los 2.429 euros/m², con una subida interanual del 17,6% (primer trimestre del 2025 al primero del 2026) y del 3,2% en los tres primeros meses del año. En cambio en la provincia de León se registró una caída de los precios registrados, del 4,0% hacia abajo, el tercer mayor descenso del país solo por detrás de Álava (-8.8%) y Soria (-8,5%). El precio medio por metro cuadrado de toda la provincia es de 1.038 euros/m², en la parte baja de la tabla provincial.

Entonces, ¿Ha llegado a su techo el mercado de la vivivienda en la provincia de León? ¿O hay un bache coyuntural? En este primer trimestre los datos del Colegio de Registradores señalan que hasta ocho provincias han bajado precios y a la vez ventas. Los precios se han reducido en catorce pero han seguido subiendo las ventas en seis de ellas. La caída de precio y ventas a la vez suele responder a una moderación de la demanda, que no es capaz de absorber los niveles de precios, provocando ajustes tanto en el número de operaciones como en el valor de las mismas.

En el caso leonés la caída de precios del comienzo del 2026 fue impulsada especialmente por la vivienda nueva, cuyo precio bajó un -18,7% (1.157 euros/m²), mientras que la vivienda usada se mantuvo más estable con un leve ajuste del -0,6% (1.017 euros/m²).

Este desajuste de precios coincide con lo que señalan otros informes de lo que está ocurriendo en León, con los precios de venta inflados respecto a lo que finalmente se firma o se tasa, con diferencias de hasta 500 euros por metro cuadrado que equivalen hasta una cuarta parte del precio final.

Pero a pesar de las cifras trimestrales a nivel interanual el precio medio de la vivienda es un 13,8% superior al del mismo periodo del año anterior, con la vivienda usada subiendo un 17,3% interanual.

Ventas a la baja

En total en los tres primeros meses del año se registraron 1.610 compraventas de viviendas en la provincia de León, con un descenso del -5,2% trimestral. tanto la vivienda nueva (-8,1%) como la usada (-4,7%). Si se abre el foco en los últimos doce meses, la provincia acumula 6.688 compraventas, lo que representa un incremento del 17,9% interanual.

La ciudad de León concentró el 29,50% de las compraventas de la provincia en el primer trimestre, perdiendo algo de peso relativo respecto al trimestre anterior (-2,06 puntos porcentuales). Por su parte las compras realizadas por extranjeros representaron el 4,97% del total provincial en el trimestre, lo que supone un incremento de 1,41 puntos porcentuales frente al trimestre previo, aunque las cifras son muy modestas comparando con provincias del eje mediterráneo.

León ciudad

Aunque pierde peso en el conjunto del mercado provincial la situación de la ciudad de León sigue siendo singular. Es la ciudad de Castilla y León donde más ha subido el precio de la vivienda en el último año (+19,5), seguida muy de cerca por Ávila (+19,3%) y Salamanca (+18,3%). El precio medio por metro cuadradro se situó en los 1.603 euros, casi un 40% más alto que el medio de la provincia. Cabe recordar que León ciudad tiene un mercado inmobiliario desbocado, encabezando las subidas de precios a nivel nacional.

Aunque el informe del Colegio de Registradores no desvela datos de la evolución de los precios en León ciudad en el primer trimestre del 2026, el elevado peso del mercado inmobiliario en el total provincial hace inferir que los precios de compraventa también se han reducido en el mercado local. El ritmo de crecimiento del precio de la vivienda en León ciudad en un año es más del doble que la media nacional (8,9%) y supera ampliamente a otras capitales de la autonomía con mercados inmobiliario intensos como Valladolid (10,0%) o Burgos (14,9%).

El Colegio de Registradores señala ante esto que “La demanda no es insensible al comportamiento de los precios, y en un escenario de altos crecimientos, la demanda se mueve buscando vivienda adquirible, favoreciendo el crecimiento de la actividad en municipios menos poblados, con menor precio de la vivienda”.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha restringido el derecho de sus concejales de la oposición a ejercer el control efectivo del gobierno municipal al no responder en pleno los ruegos y preguntas. Es la conclusión a la que llega el Procurador del Común tras una denuncia presentada por el PSOE de Ponferrada en el año 2024 y que se ha resuelto casi dos años después.

La institución que dirige Tomás Quintana López, que lleva con su mandato caducado desde el 2022, ha emitido una resolución en la que cuestiona el tratamiento dado por el Ayuntamiento de Ponferrada a los ruegos y preguntas formulados por la oposición en sesión plenaria, al haberse contestado únicamente por escrito y fuera del pleno.

En el mandato actual con Marco Morala (PP) en la Alcaldía se decidió que en la organización municipal las respuestas a los ruegos y preguntas se darían en la Junta de Portavoces, una reunión no pública y de carácter consultivo, mediante respuestas por escrito y con su posterior publicación en la web municipal. El PSOE denunció la práctica por considerar que se vulneraba el derecho a saber lo que pasa en el ayuntamiento berciano.

Según el Procurador lo realizado por Ponferrada “altera una de las competencias indelegables del Pleno”, como es la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, recogida en la Ley de Bases del Régimen Local. En concreto, recuerda que el artículo 22.2 atribuye al pleno esa función, mientras que el artículo 46.2 exige que exista una parte diferenciada en las sesiones ordinarias destinada a garantizar ese control político. “La Junta de Portavoces no es, ni puede ser, un órgano de fiscalización de la acción del gobierno, función que corresponde exclusivamente al Pleno del que forman parte todos los concejales, no solo los portavoces de los grupos”, incide.

Además, el dictamen de la defensoría del pueblo autonómica va más allá del plano organizativo y entra en el terreno constitucional. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, recuerda que el derecho de los concejales a formular preguntas y obtener respuesta forma parte del derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. Este derecho incluye no solo intervenir en los plenos, sino hacerlo en condiciones que permitan ejercer de forma efectiva su función de control.

“Hemos de insistir en que no puede quedar a voluntad del órgano sobre el que se ejerce el control, el Alcalde o Concejal delegado, la posibilidad de elegir si el Pleno conoce el ruego o no, precisamente puede ser útil al concejal que lo ha formulado que el Pleno conozca que esa aceptación se ha producido a iniciativa suya”, especifica.

En este sentido, advierte también de que el Reglamento Orgánico Municipal de Ponferrada aprobado en 2025 podría incurrir en ilegalidad si permite que los ruegos no se debatan o que las preguntas no se respondan en sesión plenaria. De hecho, señala que condicionar ese debate a la voluntad del equipo de gobierno o a la solicitud expresa del concejal supone una restricción indebida de derechos. Por ello recomienda al Pleno de Ponferrada “que valore la procedencia de iniciar el procedimiento para declarar la nulidad de la regulación introducida en el artículo 68 del Reglamento Orgánico Municipal, al suponer una infracción de los derechos de los concejales a la participación política”.

El PSOE cree que lo sucedido va contra la transparencia

Para los socialistas de Ponferrada “esta resolución del Procurador del Común deja en evidencia una forma de actuar del equipo de gobierno que va en contra de algo básico: la transparencia y el derecho de los vecinos y vecinas a saber qué está pasando en su Ayuntamiento”.

“Cuando se evita que los ruegos y preguntas se debatan en el Pleno, no solo se limita a la oposición, se está limitando también a la ciudadanía, que pierde la oportunidad de escuchar explicaciones públicas, de conocer las respuestas y de ver cómo se fiscaliza la acción del gobierno”, incide el grupo que lidera Olegario Ramón, que explica que a veces sus preguntas son asuntos que les plantean ciudadanos y colectivos “que tienen derecho a conocer de manera pública las respuestas que están esperando del equipo de gobierno”

“El Pleno no es un trámite ni un espacio para tratar asuntos sin debate, es donde se da la cara ante la gente. Y lo que no se explica ahí, simplemente deja de ser transparente”, consideran. Por ello piden al Ayuntamiento de Ponferrada que rectifique y aplique la resolución del Procurador del Común, “y que se vuelva a un funcionamiento normal, donde haya debate, donde haya respuestas y donde los vecinos y vecinas puedan confiar en que su Ayuntamiento actúa con claridad y de cara a la ciudadanía.

León ciudad, tampoco se responde

Un caso similar al de Ponferrada es el que se vive cada mes en el Ayuntamiento de León ciudad. Ahí la tradición, que ningún alcalde ha revertido en décadas, dicta que la oposición pregunta en cada pleno y espera un mes para recibir la respuesta: normalmente vía informe, con el más alto nivel de enrevesamiento técnico posible, leída de corrido y, para dificultar al máximo su comprensión, sin ni siquiera recordar a los asistentes sobre qué asunto se había preguntado en la sesión anterior, un mes antes.

Pero últimamente sucede que cada vez son menos los ruegos y preguntas in voce que los grupos manifiestan en el pleno de León ciudad. Y para no dilatar tanto la espera, o acercar más la pregunta a algún asunto de candente actualidad, emplean otra técnica: plantear las preguntas vía registro municipal. Si se hace con la suficiente antelación marcada, cuando se celebra el pleno el equipo de Gobierno de ese mismo mes ya sí está obligado a responder, sin poder ocultar el asunto solicitado y sin dilaciones ni excusas. La nueva resolución del Procurador del Común, que resalta la necesidad de debatir y responder en el mismo momento del pleno, puede llevar a un cambio de décadas en el consistorio de la ciudad leonesa.

Otros ejemplos de respuestas 'vivo y en directo'

La Diputación de León, durante décadas desde que se retomara la normalidad democrática, afronta el habitual momento plenario de los ‘ruegos y preguntas’ asumiendo las respuestas en vivo y en directo. Prácticamente nunca el equipo de Gobierno de turno se ha escudado en la necesidad de consultar datos, realizar informes u otras tretas habituales, bien haya gobernado el PP o el PSOE, con o sin alianzas como la actual entre socialistas y leonesistas.

Así, cuando en la parte final de cada plenario la oposición lanza sus preguntas y sus quejas -que suelen superar con creces la decena- el presidente, actualmente el socialista Gerardo Álvarez Courel, pasa a contestarlo todo a pecho descubierto. Esa es la tradición. Como mucho, si se requiere alguna aclaración muy precisa, otorga el turno de palabra al diputado provincial del área del asunto cuestionado. Sólo en casos muy excepcionales remite al mes siguiente para satisfacer las peticiones, como ocurrió por ejemplo en el pleno de abril al reclamar el Grupo Popular con todo detalle las subvenciones atraídas desde el Palacio de los Guzmanes con la Oficina Provincial de Fondos Europeos que se creó precisamente a instancias populares.

Otro lugar donde se contesta habitualmente de forma directa a las preguntas de la oposición es el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, bajo gobierno de UPL. Los larguísimos plenos municipales, muchas veces con más de siete horas, no son óbice para que el equipo de gobierno que dirige Ana María Fernández Caurel no responda a las varias preguntas de la oposición, salvo alguna cuestión técnica que hace que se lleve a otra sesión. De hecho el frecuente debate y las preguntas y repreguntas convierten a los plenos de San Andrés en largos, pero a la vez fiel reflejo de lo que se espera del máximo órgano de un municipio, control político y debate público.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Sanidad autonómica (Sacyl) a pagar a unos padres 11.205,50 euros que reclamaban por los gastos de tratamiento logopédico privado de su hijo menor. La sentencia desestima el recurso de la Gerencia Territorial de Salud de León y ratifica íntegramente el fallo previo del Juzgado de lo Social nº 4 de la capital leonesa que ya les había dado la razón.  

El tribunal concluye que concurren que la situación reúne los requisitos exigidos para el reintegro de gastos sanitarios fijados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo: urgencia inmediata, carácter vital del tratamiento, imposibilidad de acceso efectivo al sistema público y ausencia de uso abusivo de la sanidad privada.

El litigio se origina en el año 2023 cuando los padres reclaman el abono de los gastos médicos a Sacyl, derivado de la atención médica del menor a la que tuvieron que recurrir entre 2018 y 2023. El hijo de los demandantes padece desde su nacimiento diversas patologías que afectan gravemente a su capacidad comunicativa y desarrollo integral. Según los hechos probados, el niño requería atención logopédica intensiva desde edades tempranas, habiendo sido diagnosticado y tratado inicialmente en el sistema público hasta los tres años. Desde entonces no constan más apoyo logopédico, refleja la sentencia, ya que el Hospital de León no prestaba ese tratamiento a menores, recurriendo los progenitores a la sanidad privada para garantizar la continuidad terapéutica del menor. 

En la primera sentencia primera sentencia ahora ratificada la jueza señala que “no consta que los servicios públicos le dispensaran el tratamiento, por eso considera que no se trata de un supuesto de marginación voluntaria de la sanidad pública en beneficio de la privada”. Los padres realizaron la reclamación del dinero alegado que la asistencia privada era imprescindible para evitar un deterioro irreversible en el desarrollo del menor y que el sistema público no ofrecía una alternativa adecuada. Como Sacyl denegó el abono del dinero el caso acabó judicializado en 2024.

“Ausencia de uso abusivo de la excepción”

La Gerencia de Salud de León defendió que el menor sí había recibido atención en el sistema público y que el tratamiento privado respondía a una mejora voluntaria, no a una necesidad urgente. Además, sostuvo que no se había acreditado la imposibilidad de utilizar los servicios públicos ni la existencia de una situación de urgencia vital, “”Aunque la intervención logopédica especializada al menor fuese útil y eficaz para la solución de esta patología, el reintegro de los gastos que se reclaman requieren otro requisito, como es que el beneficiario haya intentado su dispensación por el Sistema Nacional de Salud y no haya podido utilizar los servicio del sistema público, y esta exigencia no concurre, pues el paciente ha estado recibiendo y recibe atención médica especializada“.

Los padres defendieron que el menor no recibió tratamiento logopédico adecuado en el sistema público tras una determinada edad, y que la continuidad del tratamiento era esencial para evitar graves secuelas en su desarrollo personal, social y académico. Un informe del 2024 señalaba que “Se recomienda encarecidamente que se tomen las medidas necesarias para proporcionar el apoyo adecuado a todas las personas que, como (el menor) necesiten acceder a tratamientos específicos para su desarrollo e integración social”.

En la sentencia que ratifica la primera resolución el TSJ recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre el reintegro de gastos médicos en la sanidad privada, recordando que el concepto de “urgencia vital” no se limita al riesgo de fallecimiento, sino que incluye la posibilidad de daños irreparables en la integridad física o funcional del paciente, especialmente relevante en menores en fase de desarrollo. Reprocha incluso a Sacyl que haya realizado “una serie de manifestaciones de supuestos tratamientos que no constan en los hechos probados y que tampoco se han intentado introducir por vía de revisión de los hechos probados”.

Por todo ello se ratifica la sentencia inicial, en la que se recogía que “No cabe considerar por tanto que se haya utilizado de forma abusiva por los padres del menor la medicina privada, puesto que la sanidad pública no le dispensa la atención solicitada en su ámbito asistencial y la falta del tratamiento seguido hubiera aumentado las secuelas incapacitantes en un niño de corta edad con las graves consecuencias que ello acarrea”. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.  

Los restos del famoso guerrillero antifranquista Manuel Girón ya se encuentran inhumados en el cementerio de Ponferrada, donde han sido depositados este sábado 2 de mayo, justo el día que se cumplen 75 años de su asesinato en 1951 por un infiltrado de la Guardia Civil en las Puentes de Malpaso, en Molinaseca. Girón nació un 16 de febrero de 1910 en una humilde familia de jornaleros de Salas de los Barrios, una pedanía de Ponferrada, y se convirtió en un icono de la lucha antifranquista muchos años más allá de su muerte.

La asociación Sputnik Labrego, que llevan años desarrollando una labor de memoria en la comarca berciana, anunció el pasado mes de enero que había identificado mediante pruebas de ADN los restos de Girón, el más famoso de los guerrilleros bercianos que se echó al monte tras la Guerra Civil. Su figura fue una obsesión para el régimen franquista, que lo persiguió y se dio por muerto en varias ocasiones antes de su asesinato. Además, es la segunda ocasión en que se da sepultura a los restos de Girón, ya que una exhumación en 1979 dio por bueno que unos restos localizados eran los suyos, finalmente enterrados en 1997, aunque ahora conocemos que no se le correspondían.

El mito comenzó a forjarse muy pronto forzado por la represión franquista. Tras el golpe de Estado y estallido de la Guerra Civil en 1936, Girón tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Junto a su hermano José se echó al monte para huir de las represalias que temían sufrir por su afiliación a la UGT, después de comprobar que otros vecinos denunciados por un delator local bajo acusaciones de amenazas y tenencia ilícita de armas habían sido directamente eliminados. Buen conocedor del monte y con experiencia como cazador, tras caer el Frente Norte de Asturias y León, Girón regresó a las comarcas de la Cabrera y El Bierzo.

El Museo del Bierzo y el cementerio de Montearenas de Ponferrada han sido los escenarios este sábado de homenaje y reinhumación de los restos del guerrillero, que ha contado con la participación de familiares, el alcalde de Ponferrada Marco Morala, los escritores Abel Aparicio y Óliver Álvarez y las periodistas María Carro y Nuria Rodríguez, así como la actuación musical de José Manuel Sabugo 'Sabu' y Abelladeira. El único superviviente del grupo de Girón, Francisco Martínez-López 'Quico' ha participado mediante una videollamada.

En un abarrotado Museo del Bierzo se ha celebrado un emotivo y solemne acto de memoria a quién luchó contra la dictadura franquista y por la libertad. La famosa proclama 'Girón Vive', pintada mil veces en El Bierzo, se hizo realidad en Ponferrada este sábado. Un sobrino de Girón ha sido el encargado de firmar el acta de entrega de los restos del guerrillero, que ha sido también ratificada por el alcalde ponferradino y la secretaria municipal en un momento cargado de emoción al son de las gaitas. El alcalde ha resaltado la importancia del acto “Porque una democracia madura, no teme a su pasado, sino que lo reconoce, lo esclarece, lo evalúa críticamente y lo juzga para construir un futuro más sólido y justo”.

“Girón estuvo en todos los bailes y firmó en todas las mesas. El mito y la leyenda, la omisión y su condena. Y ante esto, una balacera de más preguntas sin respuesta”, rezaban algunos de los versos leídos en el homenaje. La periodista María Carro sentenció “Ahora que el fascismo ha vuelto a sacar pecho, nos hace falta recordar lo que es la democracia”.

Tras el acto del Museo del Bierzo se realizó el camino hacia el cementerio de la ciudad, acompañado de una buena tromba de agua. Allí se han depositado los restos del guerrillero en un panteón donde ya reposan los restos de una hermana de Girón, adornada con una bandera republicana. El homenaje final se ha producido al cantar un himno guerrillero localizado en una causa judicial por el historiador Alejandro Rodríguez Gutiérrez, uno de cuyos versos rezaba: “Ante Franco morir o matar”.

Las 'muertes' de Girón

Al finalizar la Guerra Civil Manuel Girón, junto a otros supervivientes, decidieron continuar la resistencia armada contra la recién estrenada dictadura desde los montes, sentando las bases de lo que acabaría siendo la Federación de Guerrillas de León-Galicia, que nació oficialmente el 24 de abril de 1942, tras una reunión celebrada en Ferradillo que congregó a 24 combatientes procedentes de El Bierzo, Lugo y Orense, la primera agrupación guerrillera antifranquista de todo el país. De los diferentes grupos que la conformaron, Girón siempre fue el líder de uno de ellos, junto a figuras como Marcelino de la Parra, Marcelino Fernández Villanueva 'El gafas', César Ríos o Abel Ares, entre otros.

La obsesión de dar caza a Girón ha llevado a situar su muerte en al menos en tres ocasiones, aunque algunas fuentes cuestionan si tras estas atribuciones hay más leyenda y mito que realidad. La primera 'muerte' tuvo lugar en noviembre de 1940, tras un 'golpe' económico de la guerrilla en Castropodame. Murieron dos vecinos y uno de los asaltantes, al que se identificó como el guerrillero de forma errónea.

En julio de 1945, Girón fue dado por muerto por segunda vez. Un enfrentamiento en el paraje de Peñas Blancas, cerca de la localidad zamorana de Porto, provocó la muerte de cuatro guardias civiles, de un pastor alcanzado por error y de un guerrillero que falleció al manipular una bomba de mano, cuerpo que se atribuyó a Girón. En febrero de 1949, un nuevo chivatazo permitió cercar a un grupo de guerrilleros en las inmediaciones de Ocero. El enfrentamiento causó dos bajas entre los resistentes, otra de ellas atribuida otra vez a Girón.

En mayo de 1951 Girón fue asesinado de un disparo por José Rodríguez Cañueto, un infiltrado de la Guardia Civil en su grupo guerrillero en las Puentes de Malpaso, en Molinaseca. También se detuvo a su compañera sentimental de los últimos años, Alida González. Los cuatro guerrilleros que aún le acompañaban en su grupo no se encontraban junto a la pareja posteriormente abandonaron el país rumbo al exilio.

El cuerpo de Girón permaneció abandonado en el mismo lugar durante 18 días y posteriormente fue trasladado al depósito del antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada, donde fue expuesto durante varios días como un trofeo, cuentan las crónicas. Para cerrar el caso, el comandante de la Guardia Civil Miguel Arricivita Vidondo, obsesionado con Girón, urdió una compleja maniobra: hizo trasladar al lugar el crimen a Elías Álvarez, trabajador de las minas de wólfram de Casaio, que fue asesinado y desfigurado para hacerle pasar por el verdadero ejecutor del guerrillero, Cañueto, permitiendo así que este quedara en libertad. González se vio obligada a avalar aquella versión oficial a cambio de salvar la vida y aceptar una condena de un año de prisión.

En 1979, caídos Franco y su represión, el vecino de Ponferrada Alfonso Yáñez obtuvo permiso para exhumar los restos del maquis para trasladarlos al cementerio del Montearenas. Ante la imposibilidad de localizar a la familia, en su mayoría emigrada, custodió los restos durante 18 años en la bodega de su vivienda, en la carretera de Molinaseca. Finalmente, en febrero de 1997, Manuel Girón recibió sepultura definitiva, acompañado por los restos de su hermana Emilia, donde todavía una lápida le honraba. Pero la ciencia ha ratificado el trabajo de Sputnik Labrego y los auténticos restos de Girón son los que se han depositado este sábado en el cementerio, con la incógnita de saber a qué represaliado pertenecen los enterrados en los 90.

Este domingo 3 de mayo se realizará, además, una ruta guiada por las Puentes de Malpaso, donde fue asesinado Manuel Girón en 1951 donde se recreará las circunstancias de su asesinato.

Cientos de personas han salido este jueves a las calles de León con motivo del Primero de Mayo en una manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que ha recorrido el centro de la ciudad en defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos bajo el eslogan “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

La movilización, encabezada por los líderes sindicales provinciales Enrique Reguero (UGT) y Elena Blasco (CCOO), ha reunido a trabajadores, colectivos sociales, políticos y ciudadanos en una jornada marcada por el tono reivindicativo. Bajo el lema centrado en la defensa de la democracia y los derechos sociales, los participantes han coreado consignas en favor de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos. También han realizado una defensa del proceso de regularización de inmigrantes establecido por el Gobierno y han recordado el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas por realizar una acción sindical en Asturias.

Blasco ha lamentado “el rearme de la extrema derecha que se está dando en el ámbito europeo, en el ámbito nacional, en el ámbito de esta comunidad autónoma, y por consiguiente, también en esta provincia, en el que es un gobierno de retrocesos, de abandono de todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora y que limitan y mucho de una manera catastrófica el poder desarrollar políticas sociales y políticas públicas”.

Reguero ha recordado que “estamos viendo que estamos siendo como León seguimos siendo de las peores provincias de España en casi todos los indicadores socioeconómicos”. Por ello ha exigido a la Junta de Castilla y León que convoque la reuniónd de un mesa para León prometida hace un año “para empezar a desbloquear un convenio de inversiones y de futuro para nuestra tierra”. “Están más pendientes de quién van a ocupar los sillones en ahora mismo en las Cortes de Castilla y León”, reprochó para “animar a la ciudadanía leonesa a luchar a salir a las calles y a reivindicar un futuro para nuestra tierra que yo creo que tiene que tiene que ir en esa línea”.

La celebración del Día del Trabajo en la capital leonesa ha congregado a un buen número de políticos como el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; la número 2 del PSOE autonómico, Nuria Rubio; el alcalde de León, José Antonio Diez o la lideresa de UPL, Alicia Gallego, entre otros.

El contexto económico y político ha centrado buena parte de los discursos de la jornada, en los que se ha apelado a la movilización social como vía para frenar desigualdades y consolidar avances, más ante el previsible pacto de gobierno de Castilla y León entre PP y Vox que se espera para después de las elecciones andaluzar. CCOO y UGT han reivindicado, una vez más, el papel del movimiento sindical en la defensa del Estado del bienestar y han llamado a mantener la presión social.

Dos conocidos 'buleros' de la esfera de la ultraderecha, Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, han sido condenados a seis meses de prisión por un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias cometidos contra el secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, además de al pago de una indemnización de 2.000 euros.

Los dos conocidos youtubers, difusores habituales de todo tipo de teorías conspiranoicas, tendrán además que publicar en su canal de Youtube 'Expediente Rayuela' la sentencia. En ese canal precisamente fue donde se originó la campaña de vinculación de Cendón con el llamado caso 'Tito Berni'. Este procedimiento saltó a la luz pública como caso Mediador en el año 2023 investigando una supuesta organización criminal de la que formaba parte el exdiputado socialista de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni), que cobraba comisiones a empresarios por favores políticos. Ambos señalaron, junto al hoy eurodiputado Luis Pérez 'Alvise', denunciado en otro procedimiento, a Cendón y a la también diputada del PSOE por León Andrea Fernández como dos supuestos miembros e investigados en la operativa de la trama, hechos que no se ha producido.

Cendón formuló entonces denuncia contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa, acusándolos de difundir “bulos y falsedades” dentro de una “despiadada campaña de desprestigio contra varios políticos socialistas con objeto de influir en los resultados electorales”. Les imputaba un presunto delito de calumnias y otro de injurias por difundir a través de canales bajo su gestión de la supuesta vinculación del diputado con la trama del 'Tito Berni', que devino luego en una campaña de acoso e insultos en redes sociales motivada por esa desinformación. La Fiscalía apoyó condenar a ambos con sanciones económicas.

Royuela y Grasa son dos viejos conocidos del ecosistema mediático de la ultraderecha y fueron los primeros en ingresar en prisión en el verano del 2023, junto al exjuez Fernando Presencia, imputados por verter bulos y denuncias falsas contra jueces, fiscales y políticos para hacer negocio escudados en una supuesta lucha contra la corrupción. Alberto Royuela fue un importante subastero de Barcelona y un líder ultraderechista que llegó a formar parte de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y lleva más de dos décadas difundiendo desinformación de todo tipo, como acusar a un fiscal de liderar una organización criminal que asesina gente impunemente o supuestos millones de euros en el extranjero de importantes políticos como José Luis Rodríguez Zapatero.

El diputado leonés ha dado a conocer la sentencia en sus redes sociales señalando que el juicio tuvo lugar esta semana y que ambos acusados aceptaron la condena reconociendo “sin ambages, que se lo habían inventado todo”.

La sentencia fija una indemnización conjunta y solidaria de 2.000 euros a favor de Alfonso Cendón por los daños morales ocasionados, cantidad a la que se sumarán los intereses legales correspondientes. Además, el fallo obliga a los condenados a publicar íntegramente la sentencia, a su costa, en el plazo de un mes desde su notificación en el canal público de YouTube denominado ‘Expediente Royuela’. La resolución establece también el abono de las costas procesales.

Cendón señala en la red social X que ·Durante este tiempo he tenido que convivir con la infamia. Con una acusación fabricada. Con el daño injusto de quienes intentaron demoler mi nombre, mi trayectoria y mi honor·.

“Por eso conviene decirlo alto y claro: no todo vale en política. No vale el acoso sistemático, ni el intento de quebrar nuestra voluntad atacando a nuestros familiares y a nuestro entorno más íntimo. Intentar destruir la vida personal para obtener rédito político es la forma más baja de hacer oposición”, finaliza el líder del PSOE leonés.

El pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo no sale de sus temas estrella del actual mandato: su grave situación financiera y de funcionamiento interno y dar un uso al edificio Araú. El de este mes de abril, celebrado durante más de siete horas, ha abordado ambos asuntos con la habitual total.

El primer punto caliente del pleno era el dinero, como es habitual, mezclado con el funcionamiento del tercer ayuntamiento de la provincia por población. El consistorio contará con un nuevo interventor o interventora tras el cese decretado del accidental, que ocupaba el arquitecto municipal, y expolítico, Francisco Gutiérrez. La Junta de Castilla y León ha designado una nueva persona, para el que la alcaldesa del municipio pidió a todos “la máxima colaboración”.

El punto abordaba la no disponibilidad de dos millones de euros del Ayuntamiento de San Andrés, que se quedan bloqueados sin poder gastar, tras la liquidación del presupuesto del 2024 por incumplir la regla de gasto. El debate se tensó como es habitual con la advertencia de la regidora Ana Fernández Caurel (UPL) de que “Nos obliga la ley”. El interventor accidental y el secretario municipal tuvieron una trifulca en el mismo pleno al sugerir este último una modificación del texto propuesto y salido de la comisión municipal porque, a su juicio, la propuesta del interventor “dejaría paralizado el ayuntamiento”, algo que este negó señalando que “se ha procurado hacer lo menos gravoso”.

“Hemos hecho el ridículo más absoluto del Ayuntamiento de San Andrés”, reprochó la portavoz del PSOE ante el debate y votación. “Hemos dado una imagen lamentable”, incidó la del PP. Todos los partidos, pese a los reproches, acabaron apoyando finalmente el punto, excepto el concejal de Ciudadanos que se abstuvo.

Araú sigue igual

El otro punto controvertido se originó en una moción de Ciudadanos sobre el Edificio Araú, , que en la original solo tenía como objetivo la puesta en marcha de medidas de mantenimiento. Pero UPL sugirió, aceptando el concejal de Ciudadanos, que se añadiera la ampliación de usos del edificio ya que según ellos eso “facilitaría su licitación y por tanto no solo su mantenimiento si no su apertura”.

La oposición reprochó a UPL intentar aprobar un cambio de uso mediante una moción, un cambio de uso que ya se rechazó en un pleno municipal del 2025, con la advertencia del Gobierno central de que se deberá mantener el “uso público”. UPL ha lamentado el veto que han impuesto a la moción PP, PSOE, IU, Vox y la concejal no adscrita al considerarla un intento fraudulento de sacar adelante lo que el pleno ya rechazó por falta de informes viables, “una vez más la mayoría de la oposición se ha opuesto a cualquier avance en el edificio”.

Además el pleno de San Andrés ha contado hoy como nuevo concejal con el socialista Manuel Ángel García Aller, que sustituye a Benjamín Fernández, que renunció al acta al incorporarse como procurador del PSOE en las Cortes autonómicas.

La compra de la cadena de gimnasios 'low cost' Synergym por parte de la también cadena Vivagym convertirá al nuevo grupo empresarial en el líder absoluto del negocio en la ciudad de León, con cinco locales en conjunto, y en la provincia, con nueve centros abiertos, del total de 450 que sumarán en España de forma conjunta.

En los últimos años el negocio fitness se ha volcado al modelo 'low cost', con una fuerte competencia. De hecho en León ciudad Vivagym llegó en el 2025 para ponerse a liderar en número de centros abiertos, tres, gracias a compras como el histórico Bodyfactory o haberse quedado el local de un supermercado que cerró la cadena Masymas para reconvertirlo en uno de sus gimnasios. Con la compra de Synergym, que cuenta con otros dos locales abiertos en la capital leonesa, pasará a tener un liderazgo absoluto del negocio en la ciudad.

Synergym es una cadena fundada en Málaga en 2013 que también aterrizó en León hace un par de años. Ahora pasará a manos de Vivagym, también fundada en Málaga y controlada por el fondo de capital riesgo Providence Equity Partners, cuyo crecimiento se ha basado en compra de otras cadenas y gimnasios como la cadena Altafit, con la que entró en el mercado leonés al tener ya uno en el centro comercial León Plaza.

En León ciudad hay una más de una veintena de negocios fitness repartidos entre los gimnasios clásicos, bien independientes o de cadenas 'low cost', y centros de entrenamiento personal, también de gran crecimiento en la ciudad en los últimos años, o especializados. Ahora uno de cada cinco locales estará controlado por el nuevo grupo Vivagym-Synergym, pendiente de autorización por las autoridades de competencia.

El otro gran operador 'low cost' de León es la cadena Basic-Fit, de origen holandés, que cuenta con tres centros en la ciudad de León, que ahora se verá superado por el nuevo grupo. Su último centro abierto fue a lo grande, ocupando el icónico Teatro Trianón de la capital leonesa que llevaba cerrado casi 20 años tras varios intentos infructuosos de usar un edificio que cuenta con un importante grado de protección.

El aluvión de ofertas de cadenas 'low cost' ha transformado por completo el negocio fitness en España en los últimos años, de los que León no ha escapado. Los gimnasios independientes han tenido que cerrar, se han visto comprados o se han tenido que especializar para sobrevivir. A la vez que crecía la oferta de bajo coste lo han hecho también los centros de entrenamiento personal, que ofrecen opciones individuales o de grupos pequeños frente a la más despersonalizada de las grandes cadenas. Opciones para todos con un único fin, estar mejor a través del deporte.

El sector del fitness facturó en España más de 3.200 millones de euros, con ocho millones de usuarios activos y alrededor de 5.800 locales en todo el país, según la Fundación España Activa. En la provincia existen alrededor de 40 centros fitness, sin tener en cuenta modalidades específicas como yoga o similares, con una alta concentración en León ciudad y Ponferrada.

En tres resoluciones recientes el Procurador del Común de Castilla y León ha recordado a las instituciones, un ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León, su obligación de poner todo de su parte para garantizar la cobertura móvil, y de paso el acceso a internet, en un pueblo de la provincia leonesa (que no detalla) tras la denuncia reiterada de un ciudadano de problemas de conectividad.

Las resoluciones son una continuación de una denuncia ya puesta en el año 2021 que se reiteró en el 2025 ante la falta de avances. La historia viene precedida de una situación un tanto anómala según el denunciante, que fue que “en el momento de colocación de las antenas de telefonía móvil en las localidades del municipio, los representantes de la entidad local menor (no se desvela) se negaron a la colocación de la misma” y que el alcalde pedáneo en aquel momento tomó la decisión “sin consultar al pueblo, porque estaba convencido de que la instalación de la misma era peligrosa para la salud de los vecinos (peligro de contraer cáncer)”.

Según el denunciante esto “al recordarle y reprocharle su actuación en el caso, me respondió que, de repetirse hoy la situación, haría lo mismo”, considerando inadmisible que se condene la cobertura de un pueblo por una decisión personal, “la incorrecta actuación de un representante político el pueblo no puede estar condenado a perpetuidad a no tener cobertura”.

Según el Procurador “resulta indispensable destacar que los servicios de telefonía e internet, en la línea de lo puesto de manifiesto en la queja, son servicios imprescindibles en nuestra sociedad actual para el desarrollo de las relaciones personales, así como de cualquier actividad económica o comercial, y su carencia dificulta también las relaciones entre la Administración pública y los particulares, e incluso la recepción de algunos servicios públicos”.

Por ello cree que existe “un agravio comparativo vulnerador de un derecho al acceso a las infraestructuras de comunicaciones, que son una base importante para el desarrollo de las áreas rurales”, recordando los objetivos de la Agenda España Digital 2026 de que el 100% de la población tenga cobertura 100Mbps en 2025, que aquí no se cumple.

En las resoluciones insta a las instituciones a poner todo de su parte en conseguir garantizar la cobertura móvil y acceso a internet, como acelerando licencias oportunas o sumándose a programas de extensión de banda ancha ya que “los servicios de telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia por los operadores privados; y, por tanto, su actuación viene determinada por sus propios intereses de negocio y por la rentabilidad de las inversiones que llevan a cabo”. No obstante recuerda que las instituciones, cada una en su marco competencial, tienen el deber de poner todo de su parte para garantizar este derecho de acceso a internet y comunicaciones, recogido de form expresa en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En el caso denunciado el Ayuntamiento señaló en su respuesta que se había solicitado la inclusión en el plan UNICO del Ministerio de Transformación Digital pero que se estaba produciendo un retraso en la instalación efectiva de las antenas, no obstante el Procurador del Común le recomienda acelerar los trámites administrativos en su mano ya que se tiene que tener “presente que no solo es necesario garantizar el acceso cotidiano a servicios digitales, sino que en situaciones de emergencia la conectividad constituye un recurso de vital importancia”.

En concreto el Procurador del Común alude a los incendios de agosto del 2025 como una situación que requiere garantizar comunicaciones móviles y de internet. “No podemos dejar de traer a colación la crucial trascendencia de contar con una adecuada cobertura de telefonía móvil e internet ante determinadas circunstancias especiales, incluso catástrofes, como la acaecida el pasado mes de agosto a causa de los incendios forestales que afectaron a numerosos términos municipales de nuestra Comunidad, donde las telecomunicaciones más que nunca se revelaron como una necesidad estratégica para fortalecer la capacidad de reacción y protección frente a emergencias de gran magnitud”.

A la Diputació de León le pide que “promuevan las actuaciones necesarias con el fin de contribuir a solucionar los problemas de cobertura de telefonía móvil e internet que pudieran plantearse en la localidad, así como en el resto de aquellas zonas de la provincia de que lo requieran”. La Diputación leonesa está en estos momentos mapeando los problemas de acceso móvil e internet en los pueblos de León para hacer un plan propio que los palíe, tras un conflicto con el Gobierno autonómico.

Finalmente el Procurador del Común solicita a la Junta lo mismo y en particular “se adopten medidas encaminadas a facilitar la concesión de las autorizaciones y permisos que sea necesario obtener de la Administración autonómica la extensión de la fibra óptica en los municipios rurales de la Comunidad y de forma particular, si fuera necesario, por lo que a la queja planteada se refiere, a la citada localidad en la provincia de León, con el fin de acelerar su instalación”. Además le recuerda su labor de “seguimiento de los planes de extensión de banda ancha fija y móvil en la Comunidad, reivindicando de la mejor manera posible el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos por la Administración del Estado”.

Hace un año, el 28 de abril, la provincia de León y toda la península ibérica se pararon por unas cuantas horas. Las que duró el gran apagón que sufrió el sistema eléctrico de España y Portugal, un asunto que sigue pendiente de dilucidar culpas mientras el operador del sistema Red Eléctrica y las principales eléctricas se echan culpas mutuas.

El 'cero absoluto', como se denomina en el argot energético, ocurrió a partir de las 12:32 horas cuando se fue el sistema eléctrico. Las comunicaciones aguantaron a duras penas un poco más pero acabaron cayendo y generando uno de los principales problemas de la jornada, que en términos generales se saldó sin incidentes graves en España y en la provincia leonesa. Solo en el Valle de Sajambre y alguna otra pequeña localidad autosuficiente ni se enteraron de la movida.

Ese 28 de abril se conocieron los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año, no especialmente buenos con un repunte, y la Universidad de León celebraba con un par de días de retraso el Día de San Isidoro, su patrón, un acto que pese a la ausencia de electricidad no se vio especialmente afectado.

Tras el apagón absoluto las instituciones se organizaron para verificar los posibles sucesos, como ciudadanos atrapados en ascensores entre otros, mientras los ciudadanos paseaban, los comercios esperaban un poco por si volvía pronto la luz y se intentaba obtener información por alguno de los canales a los que se podía acceder. Las redes móviles aguantaron un poco al principio pero en términos generales se acabaron cayendo por lo prolongado del corte.

Desde primera hora del apagón un 'gabinete de crisis' funcionó en la Subdelegación del Gobierno para coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, iniciando un proceso de verificar que no había problemas en puntos clave como los hospitales o residencias de mayores, que deben tener generadores de emergencia. Allí se coordinaron la Diputación, los ayuntamientos de la provincia con que se iba contactando o hasta la Junta de Castilla y León. Pese a tener las competencias en materia de emergencias y protección civil el Gobierno autonómico no activo un Cecopi provincial aunque sí había activado el nivel 2 autonómico, que es donde se coordinan los efectivos como sí hizo en verano con los graves incendios forestales. En el caso de León dejó funcionar al 'gabinete de crisis' y la coordinación en manos del Ejecutivo central, que no activó el nivel 3 de emergencias que les hubiera puesto al frente.

El mayor problema de la jornada fueron las comunicaciones, con la red móvil muy inestable porque con el transcurrir de las horas se apagaban estaciones bases móviles y las comunicaciones se hacían imposibles. Una de las anécdotas de la jornada fue que para poder mantener la conexión con El Bierzo se tuvo que movilizar vehículos de la Policía Nacional entre Astorga y el Manzanal ante el fallo de un repetidor en la zona y para mantener las comunicaciones.

También hubo que tirar del sitema REMER, una red de radioficionados voluntarios que colaboran con el Sistema Nacional de Protección Civil, que prestaron una ayuda fundamental para por ejemplo conocer cómo estaba la situación en el Hospital de El Bierzo, sin ningún incidente destacable. Ese fallo en las comunicaciones ha sido la principal incidencia encontrada en León, con algún incumplimiento de las obligaciones de tener sistemas energéticos alternativos en lugares sensibles.

A primera hora de la tarde empezó a volver el suministro a varias zonas de la provincia, reactivando la red eléctrica en zonas de El Bierzo, incluyendo parte de Ponferrada, y en torno a las siete y media de la tarde comenzó a recuperarse en la capital leonesa, y así paulatinamente a otras localidades. En Laciana no se pudo recuperar el suministro hasta prácticamente un día después del apagón.

De los aprendizajes destaca el concepto de 'isla energética', que derivado de los apagones por la nieve, hizo que el municipio de Oseja de Sajambre no se viera afectado, ya que su sistema puede ser autónomo. Y cómo el sistema de emergencia funciona al haber dejado un tren enuno de los túneles de la variante de Pajares, activando un operativo que rescató a las decenas de pasajeros afectados.

A pie de calle el apagón dejó inactividad, interrumpiendo la vida diaria y afectando en particular a la actividad económica. Una jornada atípica que estuvo acompañada de un buen tiempo que los leoneses disfrutaron en la calle. “Nos hemos acostumbrado tanto a estas nuevas tecnologías que si nos falla alguna pues estamos fatal”, reflexionaba una mujer entrevista por ILEÓN en esa jornada. Un año después la vida sigue, pese a Donald Trump, más o menos igual.

Un fondo de inversión británico, InfraRed Capital Partners, está sondeando a los ayuntamientos de Igüeña, Páramo del Sil y Noceda del Bierzo para proyectar otro parque eólico en la sierra de Gistredo y el Alto Sil, donde ya se han anulado hasta seis proyectos similares en los últimos 15 años. Según ha podido conocer este periódico, representantes de la filial energética española del fondo británica están manteniendo reuniones para explicar sus planes, pese a que hace apenas un año y tres meses el Gobierno denegó el último proyecto de Repsol en la zona por su alto impacto ambiental en el hogar del urogallo y el oso pardo, especies en peligro de extinción.

Las filiales de este tipo de fondos de inversión están sustiyendo a las energéticas tradicionales como impulsores de grandes parques renovables, como ha sucedido recientemente en el municipio de Berlanga, donde un fondo neozelandés intentó obtener permisos para primero medir y luego instalar un parque eólico, con la negativa rotunda de la localidad de Langre.

Los proyectos eólicos en la sierra de Gistredo y Alto Sil se remontan a principios del siglo XXI. En el año 2014 la Justicia tumbó por graves irregularidades el permiso concedido por la Junta de Castilla y León al parque eólico Quintana tras una batalla legal presentada por entidades ecologistas que duró 12 años. La sentencia fue tan demoledora que ni la promotora, ni la Junta de Castilla y León o los ayuntamientos afectados la recurrieron.

Entonces llegó el actual 'boom' de las energías renovables, que ha provocado que se hayan presentado hasta cinco macroproyectos eólicos en los últimos años. Todos han sido desestimados en su tramitación administrativa por afectar a una zona de un alto impacto ambiental. Además, se han producido una gran movilización social en contra de los parques, recibiendo alguno más de 1.000 alegaciones en contra de colectivos, vecinos e instituciones.

Así, el Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado las autorizaciones presentadas por los parques eólicos Acario y Tureno, de Capital Energy, y las de 'Alto Bierzo-Sil', 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', presentados por el grupo Repsol. En estos últimos la negativa argumento que ambos parques eólicos tendrían un impacto ambiental “severo e incompatible” con la conservación del oso pardo y el urogallo cantábrico, ambas especies catalogadas como en peligro de extinción, el urogallo en fase crítica.

Los nuevos parques eólicos proyectados han generado un amplio movimiento social de rechazo, diviendo también a las instituciones. El Ayuntamiento de Páramol del Sil los rechazó pero los de Noceda del Bierzo e Igüeña los apoyaron, incluso Bembibre aunque luego reculó, defendiendo sacrificar el valor ambiental del territorio por el dinero de las energéticas. Las asociaciones ecologistas que han planteado la negativa a estos proyectos por el alto valor ambiental de la zona han pedido que se proteja con alguna fórmula legal un territorio del que destacan su valor casi tres centenares de científicos internacionales.

InfraRed Capital Partners es un fondo de inversión internacional con sede en Londres especializado en infraestructuras que ha generado en España una filial para inversiones energética. Está controlado a su vez por la asegurdadora canadiense Sun Life a través de su fondo de inversión SLC Management. Su última gran inversión en España ha sido en el sector de los data centers al comprar una participación mayoritaria en NxN Data Centers, que desarrolla un gran proyecto en Valencia.

La Junta no responde sobre proteger la zona

Al hilo de este nuevo intento, en este caso británico, el Gobierno autonómico en funciones del Partido Popular (PP) no ha querido responder hoy si, tras tantos rechazos previos de proyectos eólicos bajo criterios del alto valor ambiental de Alto Sil y la Sierra de Gistredo, no sería el momento de que la Junta de Castilla y León iniciase los trámites para habilitar alguna elevada figura de protección ambiental en este territorio. Una figura que, a la postre, sería la que por sí misma impediría nuevas aspiraciones para macroparques en la zona.

El portavoz consejero de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se limitó a sugerir que son las empresas promotoras las que deberían repensarse si les merece o no la pena seguir proponiendo estas infraestructuras allí, dados tantos rechazos previos, porque eso “da una idea de lo que puede pasar en el futuro”.

“Sin que nosotros podamos impedir legalmente la presentación de una iniciativa, sí que (el hecho de) ver la experiencia de cómo han evolucionado el resto en función a los informes da una idea de qué se puede hacer en el futuro. Por lo tanto lo recomendable es que los promotores seleccionen aquellas áreas que tengan mayor garantía. Pero les corresponde a ellos”, quiso zanjar, eludiendo la pregunta de si son partidarios de impulsar alguna figura de protección al nivel de otros territorios muy cercanos para brindar Alto Sil y Gistredo de una vez por todas.

El alcalde de León, José Antonio Diez, repetía este martes que su voluntad de ser de nuevo el candidato del PSOE a la Alcaldía de la ciudad estaba encima de la mesa y que quien quisiera que no fuera el candidato debería tirar de lo previsto en la normativa interna del partido para hacerle caer. Todo a cuenta de la posibilidad de que el secretario provincial del partido, Javier Alfonso Cendón, con quien el enfrentamiento interno no ha parado de crecer, intente descabalgarle de la canditura.

Diez explicaba que “En este caso está reglamentado y me ciño a los Estatutos Federales del partido y a sus reglamentos. Especifican claramente cómo se eligen los candidatos en los grandes municipios y cuáles son las excepcionalidades que marcan. Por lo tanto, está muy claro: si se recogen la mitad más uno de la Agrupación Socialista de León que solicitan Primarias, pues ahí están. Y si no el derecho a repetir como alcalde ahí está también. Y mi voluntad (de presentarme) ya lo he dicho públicamente más de una vez también.”

Efectivamente el reglamento de interpretación de los Estatutos del PSOE salidos del último congreso federal contiene que los alcaldes en ejercicio que manifiesten querer volver a serlo lo serán y “solo se procederá a la celebración de elecciones primarias” si lo solicita “más del 50% de la militancia del ámbito municipal correspondiente”. Algo que no es fácil pero en el que el PSOE tiene un precedente cercano, Gijón. En la mayor ciudad asturiana el PSOE forzó primarias en el 2022 que provocaron que la entonces alcaldesa Ana González no repitiera como candidata, ni intentó ir a las primarias, y que a la postre los socialistas perdieran la alcaldía en las elecciones del 2023.

A esta tensa historia interna asturiana miran de reojo muchos cargos del partido leonés cuando valoran el enfrentamiento de Cendón y Diez, ese que el líder autonómico Carlos Martínez achacó a los medios de comunicación. “No es muy factible, pero yo no daría la espalda a la cuestión alegremente”, señalan cargos del partido afines a Cendón que muestran su preocupación por si esto tuviera efecto en las elecciones locales y la representatividad en la Diputación. “No es viable”, explican afines a Diez que señalan que “pese a quien pese es el mejor activo electoral del partido”.

Cómo apartar a una alcaldesa: primarias en Gijón

El caso de Gijón surgió en un contexto singular que no se repite exactamente en León ahora. La que fue alcaldesa entre el 2019 y 2023, Ana González, atravesaba ya en el 2022 una fuerte crisis de imagen por su gestión de la ciudad, en particular por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la peatonalización de El Muro, el paseo de la playa de San Lorenzo que la zona 'pija' de Somió acabó anulando en los tribunales. Además, González no controlaba la agrupación local del PSOE de Gijón, todo lo contrario ya que su secretario general, Monchu García, se había impuesto en las elecciones internas a su candidato por apenas 27 votos pero pertenecía a otra familia política.

En el verano del 2022 varios militantes del PSOE gijonés comenzaron a recoger firmas para pedir unas primarias en el partido pese que Ana González había reiterado su intención de volver a presentarse. González, que no era nacida en Gijón pero sí vinculada durante años de forma laboral, fue la candidata en 2019 tras ganar las primarias al 'asturleonés' José Ramón Tuero, 421 frente a 402 votos, que integró luego en su candidatura. Tuero fue alcalde de Mansilla de las Mulas entre 1999 y 2003, intentando luego suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE de León pero no logró los apoyos y volvió a su Asturias natal donde siguió una carrera político con diversos cargos en el gobierno asturiano.

En Gijón los promotores de las primarias necesitaban lograr 592 firmas y consiguieron 662, que fueron validadas por el PSOE federal. La entonces alcaldesa, Ana González, anunció que renunciaba a ser candidata aunque sí hubo finalmente primarias ya que se presentaron Luis Manuel Flórez 'Floro', exdirector de Proyecto Hombre, y la excargo socialista Ana Puerto, con el apoyo de la alcaldesa. Floro se impuso con el apoyo de 504 militantes frente a los 382 votos de Ana Puerto, volviendo a poner en evidencia la división interna. En las elecciones municipales Floro logró ser el partido más votado pero la suma de las derechas -PP, Foro y Vox- les dejó sin la histórica alcaldía, que volvió a manos de la exalcaldesa (2011-2019) Carmen Moriyón.

El voto en la mayor agrupación socialista de la Comunidad

Este es el mayor precedente reciente del PSOE de apartar a un alcalde de una gran ciudad para poner otro candidato y la vía más democrática para hacerlo. Las principales diferencias son que pese a críticas por su gestión tras casi ocho años de gobierno, Diez no tiene una situación comparable en mala imagen a la entonces regidora de Gijón y que además él es el secretario general del PSOE en la ciudad, es decir quien controla en teoría los resortes internos del partido.

Desde el sector oficialista creen, no obstante, que el supuesto control de Diez de la agrupación local quizás no lo es tanto explicando que en los últimos procesos internos, las primarias entre Cendón y Diego Moreno, el líder provincial se impuso en votos en León ciudad pese a que José Antonio Diez apoyaba a Moreno. Desde el otro lado replican que el alcalde no era el candidato y eso puede influir en la movilización.

En el año 2022 Cendón impulsó una candidatura alternativa a José Antonio Diez con la sindicalista Pilar Carnero a la secretaria general del partido local, con denuncias cruzadas de haber inflado el censo con militantes de otros lugares. Diez logró 345 votos por 299 para su rival, en una movilización sin precedentes de la militancia socialista, evidenciando la fractura que existe en la agrupación local, que cuenta con alrededor de 820 militantes y es la más grande del partido autonómico.

Desde entonces a hoy han pasado las últimas elecciones autonómicas, donde el alcalde de León no participó en ni un solo acto del partido y el PSOE acabó como tercera fuerza política en la ciudad, lo que ha motivado nuevas críticas de Cendón. Diez no ha acudido tampoco a ninguna de las visitas que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha realizado a León desde el pasado mes de octubre y se le achaca su gestión próxima al consejero y líder interino del PP leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el apoyo a la red de calor de Puente Castro contra la que se ha manifestado Nuria Rubio, número dos del PSOE autonómico.

Desde las elecciones autonómicas del 15 de marzo las declaraciones cruzadas han sido una constante sin rebajar la tensión que nadie oculta. Con los números de militancia de antes de las autonómicas, en León ciudad se necesitarían 411 firmas para forzar unas primarias. Y luego ya la votación. Desde el sector de Diez no creen que Cendón tenga un candidato o candidata viable en este momento para enfrentarse al alcalde pero ellos contraponen el desgaste ante la militancia del regidor por sus críticas e inacciones ante el partido. Pero todos miran a Gijón de reojo.

Condenada a 15 años de cárcel por haberse beneficiado de los delitos cometidos por su marido, Rosalía Iglesias, la astorgana esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha comparecido este lunes en la Audiencia Nacional como testigo en el caso que juzga a la antigua cúpula del Ministerio del Interior por montar un operativo para robar documentación sensible al político. Es la conocida como operación 'Kitchen', en la que están siendo juzgados el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez, así como diversos cargos policiales como el excomisario José Manuel Villarejo.

Iglesias ha relatado cómo vivió los peores momentos del desarrollo de la trama Gürtel, y su derivada 'Los papeles de Bárcenas', la documentación que acreditaba, según ha dictado la Justicia, la existencia de una caja B de dinero en el Partido Popular. En aquellos años el Ministerio del Interior montó, presuntamente, un operativo policial para obtener cualquier prueba en manos del extesorero de la formación conservadora. “Vivía aterrorizada”, ha explicado sobre todo en su relación con la prensa que perseguía a su marido o a ella misma, o la esperaba cuando acudía los viernes a visitarle mientras estaba en prisión preventiva entre mediados del año 2013 a mediados del 2015.

Luis Bárcenas ha confirmado este lunes una de las incógnitas que sobrevolaban sobre el caso. Ha confirmado a preguntas de la fiscal que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. Bárcenas ha señalado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario. Rosalía Iglesias ha contestado que conocía la existencia de los audios pero que nunca las oyó, “en su afán de protegerme”.

“Lo que vivimos en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno y mi marido no es una persona que se suela quejar”, explicó revelando que llegó a tener incidentes como visitante con algún funcionario, “tuve un problema muy importante” después de un vis-a-vis familiar y que uno de los funcionarios se le acercó y le dijo “Rosalía, estoy deseando verte aquí dentro”. Asegura que lo denunció y que la cárcel lo filtró a la prensa asegurando que dijo que “quería ver a todos los funcionarios colgados”, que ha negado. Finalmente el Ministerio acabó disculpándose alegando que la persona que lo hizo “estaba enfermo”.

La mayoría de las preguntas recibidas por Rosalía versaron sobre la figura de Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia que fue captado como informante por el Ministerio del Interior y al que prometieron ser policía nacional, como es hoy, además de recibir dinero de los fondos reservados mensualmente. Según Iglesias, el chófer tenía acceso a la documentación familiar dentro de la confianza que se tenía en su persona, sobre todo al inicio del tiempo en que empezó a trabajar, cuando Bárcenas se quedó sin personal por decisión de la sede nacional del PP con el avance de las investigaciones.

La astorgana ha relatado que tras la entrada en prisión de su marido vivió una situación “tremenda, estaba desorientada”, con situaciones como amenazas de cortes de luz por impagos, ya que todas las cuentas del extesorero estaban bloqueadas, y no conocía el funcionamiento de algunas cuestiones. “Yo me apoyaba al 100% en mi marido, llevamos 38 años casados y siempre hemos funcionado de una manera muy buena apoyándonos el uno al otro”, relató medio disculpándose incluso. En algunas de esas situaciones recibía ayuda de Sergio Ríos, del que al principio percibió una actitud de “protección” aunque luego cambió en un momento dado, “hay un comportamiento distinto, muy nervioso, conduce de una manera más brusca”.

Esa actitud diferente llevó a Iglesias a pedir su despido a su marido, lo que se acabó finalmente produciendo. Iglesias ha señalado que se sentía “incomodísima”, aunque sin violencia ni discusión, pero sí percibía “una actitud desafiante” y así se lo manifestó a Luis Bárcenas, “no quería continuar, pero prefería estar sola, pero mi marido continuó hasta que dije bueno, ya”.

Iglesias ha señalado que en aquellas fechas cuando su marido entró en prisión, julio del 2013, “vivía aterrorizada”, aunque lo achacaba entonces a la presión de los medios de comunicación, pero contestó que sí tenía la sensación de que la seguían a preguntas de las acusaciones, especialmente en sus visitas al despacho de su abogado Javier Gómez de Liaño.

Según Iglesias Sergio Ríos le pidió una pistola y un sistema de videovigilancia tras el secuestro a la familia que realizó un 'falso cura' en octubre del año 2013, condenado a 22 años de cárcel y que ya falleció. Sobre este asunto, que sobrevuela toda la causa pero del que no se puede hablar al ser cosa ya juzgada, la astorgana ha explicado que“ Cuando entra el mercenario en mi casa mi primera pregunta es decirle: ¿Quién le ha mandado?”, ratificando así sus sospechas de algún tipo de seguimiento.

En un audio desvelado este lunes por elDiario.es el excomisario José Manuel Villarejo se burlaba de una posibilidad de fuga de Luis Bárcenas tras su salida de prisión provisional señalando que si el extesorero intentaba escapar su chófer Sergio Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se vanagloriaba Villarejo.

La testigo ha relatado también ante el tribunal de la Audiencia Naciional el momento en el que nota que falta parte de las cajas de documentación que su marido había depositado en un local en el que ella tenía un negocio tras su salida de la sede nacional de Génova, negando que conociera su contenido. Cuando se traslada a un estudio más pequeño advierte que faltan cajas, hecho que trasladó a su marido. Según su relato cuando recoge todo para llevárselo fue advertida por una persona que en una zona no había nada, “Rosalía ahí no tienes nada”, descubriendo que faltaban cajas que había llevado su marido para su depósito allí, “también se llevaron cosas mías”. A preguntas de las defensas, que fueron cuestionadas por la presidenta del tribunal, negó haber tenido cuentas en Suiza.

“Para mí ha sido tan devastador, terrible”, ha resumido Rosalía Iglesias el periplo judicial y mediático que ha vivido del caso Gürtel al caso Kitchen, donde quedará para siempre en el aire si el suceso del secuestro por el falso cura estuvo también relacionado con las 'cloacas' del Estado. “Ha sido el periodo de tiempo más dramático para mi”, ha incidido ante el tribunal de la Audiencia Nacional.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha emitido un nuevo comunicado oficial informando que el pago de las participaciones del premio Gordo de la Lotería de Navidad está prácticamente concluido, pese a revelar que hay una denuncia penal por lo ocurrido y que se han producido dos intentos de estafa.

Los agraciados señalan como un “gran éxito y sin incidentes” la operativa general del proceso de quitas y pagos, que comenzó a finales de marzo tras aceptar 441 papeletas el acuerdo de la quita, quedando tres fuera del reparto anunciado y seis votando en contra del acuerdo. De las aceptadas se han gestionado y abonado 440 papeletas, quedando únicamente una pendiente de cobro por motivos operativos del agraciado, cuya resolución se espera para finales de este mes.

A las seis papeletas que no aceptaron la quita de casi el 10% del premio les han asignado la cantidad repartida con los demás, quedando a su voluntad reclamar el resto del dinero mediante acciones legales.

Pero en su último comunicado los responsables del proceso revelan dos cuestiones que enturbian el reparto. Existe una denuncia penal por las tres papeletas excluídas del proceso, que señalan seguirá su curso en manos de sus asesores legales, el despacho Gómez Gallardo. El pago final por papeleta del Gordo ha sido de 59.396 euros, con una quita de algo menos del 10%, ya que se sumaron al total los premios correspondientes a las tres papeletas de las que no se había reclamado el cobro. Ahora en el proceso penal se reclaman esas cantidades ya repartidas entre todos los ganadores.

Además, la comisión de fiestas informa que se han producido dos intentos de estafa con papeletas, “cuya autenticidad no ha podido ser verificada” y que nuevamente han dejado la cuestión en manos de sus asesores legales. Aseguran que para garantizar la transparencia del proceso todos los pagos han sido validados ante notario y contrastados con un registro oficial de beneficiarios.

Los miembros de la comisión de fiestas han anunciado también que asumirán ellos de forma personal los conflictos judiciales abiertos. En la oferta de quita habían ofrecido sumar los premios de hasta nueve papeletas al global, pero como seis papeletas rechazaron el acuerdo esa cuestión decayó y cobraron sus premios como todos los demás ganadores. Ahora asumirán ellos “todas las consecuencias derivadas de las reclamaciones” para evitar perjuicios al resto de ganadores.

La comisión había informado en su momento que se produciría un segundo pago con el reparto final que quede tras restar los gastos del proceso y teniendo en cuenta los intereses generados desde que se cobraron los 26,5 millones de euros a repartir. Señalan que están en ello y que remitirán las cuentas en cuando se finalicen a todos los que han participado en el reparto.

Cuatro meses después que la comisión de fiestas de Villamanín vendiese más participaciones de las respaldadas por décimos del número 79.432, el caso sigue dando titulares.

Este martes 14 de abril la Diputación de León ha activado el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin.

La institución provincial, gobernada en coalición por PSOE y UPL, ha publicado en el portal de Contratación la licitación por 1.983.600 euros de un procedimiento con plazos reducidos, por lo que ha convocado el anuncio previo del contrato, dividido en cinco lotes. El contrato no supone ni un solo euro de aumento de la ayuda que pone la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa fue una de las 'soluciones' ideadas por el Gobierno autonómico del PP tras la grave oleada de incendios forestales que asolaron la provincia de León y otras zonas de la comunidad el verano pasado que arrasó más de 140.000 hectáreas solo en los grandes incendios. A mediados de septiembre las Diputaciones provinciales y el Gobierno autonómico pactaron priorizar “anillos de seguridad” alrededor de los pueblos tras verse obligados a desalojos de decenas de poblaciones y más de 10.000 personas por el fuego.

La Junta comprometió financiar al 50% el diseño de 'anillos de seguridad' en 114 municipios de la provincia de León alrededor de sus poblaciones por estar en zonas con alto riesgo de incendios, prometiendo además fondos para comprar maquinaria para su creación y mantenimiento. El pasado mes de marzo se aprobaron las ayudas a los municipios para elaborar los planes de emergencia que recojan esos anillos, obligatorios desde 2013 aunque casi nadie tenía uno particular y tiraban de normas generales.

El siguiente paso era tener maquinaria adecuada para ejecutar el desbroce de los anillos. El 13 de noviembre del año pasado el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó la dotación monetaria para las provincias, siendo León la más beneficiada con casi 2 millones de euros, que se gestionarán a través de la Diputación de León.

El contrato que ha publicado la Diputación leonesa se divide en cinco lotes de maquinaria para comprar 3 bulldozer, una excavadora de rueda, una motoniveladora, una pala de cadenas y un tractor con desbrozadora.

La entrega de la maquinaria se deberá realizar, en el parque móvil de la Diputación, entre “el día siguiente a la formalización del contrato hasta el día 30 de noviembre de 2026”. En caso de que los plazos se apuren la maquinaría no llegaría a tiempo para su uso en la temporada alta de incendios de este próximo verano.

En otras provincias como Zamora la creación de los anillos de seguridad ha recaído en la empresa pública de la Junta de Castilla y León Somacyl, que ha dotado un plan con 3 millones de euros junto a la Diputación zamorana para diseñar y ejecutar los anillos de seguridad en 181 municipios y medio centenar de pedanías de la provincia vecina.

Las Cortes de Castilla y León han conformado este martes 14 de abril su nueva composición dando inicio a la XII Legislatura, en la que la provincia de León pierde peso político con menos nombres en la primera línea y la pérdida de un grupo político que representaba a leonesistas y sorianistas.

Los nuevos procuradores leonesistas de UPL, Alicia Gallego y Luis Mariano Santos que repiten y Rosa Quintanilla que se estrena, han jurado o prometido sus cargos al igual que los otros 10 representantes por la provincia de León (4 del PSOE, 4 del PP y 2 de Vox), pero rechazando la medalla conmemorativa que se entrega, como es habitual en la formación desde que tiene presencia en las Cortes desde los años 90 del siglo pasado.

Gallego, la lideresa de UPL, aportó la coletilla “Por la autonomía de la Región Leonesa” en su juramento del cargo, que en otros tiempos tenía polémica pero ahora no pasa de anécdota. Quintanilla, segunda en prometer el cargo, reiteró la frase, al igual que hizo Luis Mariano Santos en su turno, que también prometió.

En el año 1995 el entonces presidente de las Cortes, el fallecido Manuel Estella, expulsó a los dos procuradores de UPL de entonces, Concepción Farto y Joaquín Otero, por añadir la coletilla de “Por la autonomía de León” al tomar posesión del acta, llegando a amenazar con acciones legales si no se reestablecía la situación.

UPL será el segundo partido de la oposición en la nueva Legislatura tras el PSOE, aunque en esta ocasión liderando el Grupo Mixto ya que la caída de Soria Ya impide la configuración de un grupo político propio al no tener los cinco procuradores necesarios. Esto supondrá una limitación de tiempos ya que tendrá que repartirlos con los sorianistas y Por Ávila, aunque su peso será el determinante al contar con mayoría de votos en el nuevo grupo.

Tras la constitución de las nuevas Cortes se abre ahora un espacio de tiempo para la conformación del nuevo Gobierno. El nuevo presidente del Legislativo, Paco Vázquez, comenzará la tradicional ronda con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, con un plazo establecido de 15 días hábiles: es decir, deberá terminar como muy tarde el 7 de mayo. Si en dos meses no se produce una elección de nuevo presidente o presidenta, que debe ser un procurador, se disolverá la cámara y habrá nuevas elecciones.

La provincia de León pierde peso político en la nueva configuración de las Cortes de Castilla y León salidas de las elecciones del pasado 15 de marzo. De dos miembros leoneses en la Mesa de las Cortes y dos portavocías de grupos (una rotativa) se pasa a solo una vicepresidencia, que recae en la socialista y vicesecretaria general del PSOE autonómico Nuria Rubio, y una portavocía.

Este martes 14 la sede de las Cortes en Valladolid ha acogido el pleno de constitución del parlamento autonómico para una nueva legislatura, en el que se constituye la Mesa que dirige el poder legislativo y para la que el PP y Vox ya anunciaron este lunes un acuerdo de reparto que devuelve a los populares a la Presidencia tras siete años fuera.

El número dos del PP de Castilla y León como secretario general, el segoviano Francisco Vázquez, ha logrado la presidencia de la institución gracias a los votos del PP (33) y de Vox (14). Nuria Rubio, candidata de los socialistas al puesto, obtuvo el apoyo de los 30 votos del PSOE. Vázquez sustituye así al leonés Carlos Pollán (Vox) que ha ocupado el cargo entre el 2022 y el 2026 y que se queda de portavoz parlamentario del grupo de la extrema derecha, pero en unas circunstancias de temporalidad ya que cuando haya un acuerdo de Gobierno entre PP y Vox se espera que pase entonces al Ejecutivo, tal y como ocurrió con Juan García-Gallardo en 2022.

En el resto de puestos de la Mesa se han repartido con dos vicepresidencias para PP y PSOE. Nuria Rubio ha sido elegida vicepresidenta segunda, sustituyendo a la socialista Ana Sánchez. Las secretarías se han repartido entre PP, Vox y PSOE con la exconsejera Rocío Lucas, Daniel de la Rosa y Susana Suárez y sin ningún nombre leonés, cuando en la anterior legislatura figuraba el socialista Diego Moreno como secretario primero.

La nueva legislatura además contará con un grupo parlamentario menos, al desaparecer el leonesista-sorianista que constituyeron UPL y Soria Ya. Los leonesistas de UPL mantuvieron sus tres procuradores pero la caída de Soria Ya de tres a uno les dejan sin opciones de constituir grupo propio ya que requiere un mínimo de 5 escaños. El nuevo grupo Mixto se constituirá entonces con los tres de UPL, uno de Soria Ya y uno de Por Ávila.

La portavocía principal del Grupo Mixto deberá recaer por lógica en la líder leonesista Alicia Gallego, aunque siempre se ceden espacios de tiempo a los demás partidos de forma habitual, en una negociación que se dará a posteriori pero con UPL como dominador claro del nuevo grupo mixto.

El PP ha anunciado que su portavoz de grupo pasará a ser la exconsejera zamorana Leticia García, que sustituye al leonés Ricardo Gavilanes, que de momento ha abandonado la primera línea de la política tras cesar como procurador autonómico por la provincia leonesa. El PSOE no ha anunciado su portavocía de grupo, aunque la candidata principal es la vallisoletana Patricia Gómez.