La dirección de la mayor factoría industrial del polígono de Villadangos del Páramo, León Coated Solutions, y la representación de los trabajadores negocian los términos de un ERTE, regulación temporal de empleo, dentro del proceso de reestructuración del grupo acerero Network Steel Resources, que atraviesa dificultades financieras derivadas de la desestabilización de los mercados mundiales del acero.

Según ha podido conocer este periódico, Network Steel Resources ha planteado regulaciones temporales en las tres factorías de España de su división, tanto en la provincia de León como en Aranda de Duero en Burgos y en Santander. Se hace ante una negativa evolución de sus finanzas, al tiempo que renegocia parte de su deuda para dar continuidad a sus operaciones en un contexto complejo.

León Coated Solutions es la filial leonesa, dentro de su división Coated Solutions, que cuenta con más de 200 empleados en el polígono estrella de la Junta de Castilla y León, el de Villadangos del Páramo, donde fue la empresa elegida para reemplazar el cierre de Vestas, ocurrido en el año 2018. León Coated sustituyó a la empresa eólica danesa con un proyecto acerero y una previsión de empleo directo de hasta 350 puestos de trabajo, contando con un fuerte apoyo de dinero público, como la construcción de un ramal ferroviario exclusivo para la empresa que ha costado más de 20 millones de euros.

Network Steel Resources está actualmente en una fase preconcursal por su elevada deuda de cerca de 500 millones y en una delicada situación financiera, renegociando hasta 140 millones de euros para poder mantener la viabilidad del grupo. Las medidas de ERTE se encuadrarían dentro de un complejo programa financiero para mantener el grupo acerero en pleno funcionamiento. La compañía espera poder cerrar ambas medidas de forma temprana para poder recuperar una sólida posición económica.

El ERTE planteado en Villadangos, todavía en negociaciones, afectaría a todos los trabajadores entre el 12 de noviembre y el 7 de enero. Ya en el 2024, León Coated aplicó un ERTE a su plantilla por la situación de los mercados internacionales, aunque la compañía logró salir del bache de forma rápida a principios del 2025 y mantener sus trabajadores y funcionamiento de sus fábricas.

Para su instalación en Villadangos del Páramo, el grupo fue beneficiario del Plan Industrial del Grupo Network Steel 2019-2023, que allanó su asentamiento en el polígono industrial y le hizo beneficiario de ayudas de más de 25 millones de euros de la Junta de Castilla y León. La empresa asegura haber invertido en su factoría leonesa unos 165 millones de euros, con tres líneas de tratamiento de acero (decapado, laminación en frío y galvanizado) para poder generar hasta 1.350 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

El negocio de Network Steel Resources consiste en la compra de acero en mercados internacionales para luego tratarlo en sus factorías de España con decapado, laminación en frío, galvanizado o prepintado y revenderlo. El sector del acero lleva en vaivenes constantes desde la crisis de la pandemia mundial del 2020, agravada en los dos últimos años por dos circunstancias: una débil demanda y la sobreproducción de acero en Asia, sobre todo en China, además de la guerras aranceralias y de Irán desatadas por Estados Unidos que han elevado los costes.

Desde la irrupción del segundo gobierno de Donald Trump en el 2024, los mercados del acero han empeorado más su situación por los aranceles de quita y pon de Estados Unidos, uno de los mercados más relevantes del mundo, y desde el inicio de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz en febrero de este 2026 los costes energéticos se han disparado. Además, Europa ha adoptado medidas de control del origen del acero para evitar competencia desleal mediante la aplicación de tasas y proteger la industria europea, que ha llevado a nuevos vaivenes en los mercados. La sobreproducción mundial, provocada parcialmente por una débil demanda interna china ha provocado más oferta en los mercados internacionales, aunque ahora parcialmente bloqueada por la crisis de Medio Oriente.

El grupo Network Steel Resources está controlada de forma mayoritaria por su presidente, Oscar Heck, con el consorcio japonés Marubeni-Itochu Steel como socio minoritario. Desde la compañía se señala que confían en que las medidas adoptadas, y cierto optimismo sobre recuperación de precios en el sector, vuelvan a estabilizar el grupo y mantener plenamemente su actividad y empleo en el corto y medio plazo.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un hombre por estafar 120 euros a un aficionado que intentó comprar cuatro entradas para un partido de fútbol entre el Oviedo y el Eibar a través de la plataforma Milanuncios para el final de la temporada 2023/2024. El condenado deberá pagar una multa de 600 euros y devolver los 120 euros que recibió de la víctima, además de los intereses y las costas procesales correspondientes a la primera instancia.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, mediante una resolución del pasado mes de octubre, ha ratificado íntegramente la sentencia de primera instancia que condenaba por un delito leve de estafa a una multa. La sentencia, dictada el pasado 1 de octubre, es firme y no admite recurso.

Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de junio de 2024, cuando la víctima buscaba entradas para asistir al encuentro de fútbol entre el Real Oviedo y la Sociedad Deportiva Eibar que se disputaba el día 12. Ambos equipos se jugaban llegar a la fase final del playoff de ascenso a Primera División. La víctima encontró una oferta en Milanuncios y contactó con el supuesto vendedor, con quien posteriormente continuó las conversaciones a través de WhatsApp.

El interlocutor utilizaba un seudónimo y, después de los primeros mensajes, facilitó al comprador un segundo número de teléfono, asegurándole que pertenecía a su hermano y que sería la persona encargada de concretar la operación. El afectado llegó a mantener una conversación telefónica con ese segundo contacto, con quien acordó finalmente la adquisición de cuatro entradas por un importe total de 120 euros.

Confiando en la autenticidad de la oferta, el comprador realizó el pago mediante el sistema de efectivo móvil del BBVA. Poco después recibió una notificación de que el dinero había sido retirado en un cajero automático de Madrid. El supuesto vendedor llegó a solicitarle una dirección de correo electrónico para enviarle las localidades, pero estas nunca llegaron.

En lugar de recibir las entradas, el afectado descubrió que había sido bloqueado en WhatsApp, lo que le impidió volver a contactar con quienes habían gestionado la venta. Tampoco consiguió recuperar los 120 euros abonados, por lo que decidió denunciar los hechos.

Multa de 600 euros y la devolución del dinero

El afectado denunció la estafa y el Tribunal de Instancia de León 4 condenó al acusado al considerar acreditado que había actuado desde el principio con intención de obtener un beneficio económico ilícito, simulando una operación de compraventa que nunca pretendió cumplir. El condenado no se personó en el juicio para ofrecer su versión de los hechos.

Por ello se le impuso una pena de dos meses de multa con una cuota diaria de diez euros, equivalente a 600 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. También estableció la obligación de indemnizar al perjudicado con 120 euros, cantidad que devenga el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta su completo pago, además de las costas procesales.

La Audiencia Provincial ha considerado especialmente significativo que se acreditara que uno de los números de teléfono utilizados para gestionar la supuesta venta pertenecía al condenado.

La sentencia aborda el valor probatorio de las conversaciones mantenidas mediante aplicaciones de mensajería, una cuestión frecuente en los procedimientos judiciales relacionados con fraudes cometidos a través de internet. El tribunal rechaza la impugnación de los mensajes realizada durante el recurso porque la defensa no los cuestionó en el juicio ni aportó un informe pericial contradictorio capaz de desacreditar su autenticidad.

La Audiencia recuerda, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2021, que las conversaciones de WhatsApp no constituyen por sí solas documentos con fuerza suficiente para demostrar necesariamente todos los hechos discutidos, pero pueden ser valoradas conjuntamente con otras pruebas. En este procedimiento la jueza examinó los mensajes junto con la declaración del comprador, la documentación aportada y las diligencias policiales, llegando a la conclusión de que el acusado había participado activamente en la operación fraudulenta.

La Audiencia Provincial considerad probado que el acusado aparentó una voluntad real de vender las entradas cuando su propósito era obtener el dinero sin cumplir con la entrega. La operación no fue, por tanto, una compraventa frustrada por circunstancias posteriores, sino un engaño concebido desde el principio para conseguir un beneficio económico.

Los jueces han desestimado el recurso de la defensa al entender que no existió error alguno en la valoración de la prueba ni vulneración del derecho a la presunción de inocencia. De ahí la confirmación de la multa de 600 euros y la obligación de devolver los 120 euros al perjudicado, con los intereses establecidos.

El último partido entre el equipo asturiano y vasco se ha disputado a mediados del pasado mes de octubre en Segunda División, con victoria para el Real Oviedo, que ganó por tres goles a uno frente a la SD Eibar. En aquella temporada 2023/2024 ninguno de los dos logró ascender a Primera.

El Gobierno de España sigue sacando contratos para conocer la afección real de las obras de la Variante de Pajares, la mayor obra de ingeniería ferroviaria del país con 4.000 millones de coste, a la comarca del Alto Bernesga de León, que ha sufrido el mayor 'robo' de agua de Europa según han denunciado los vecinos de la vertiente leonesa

En el año 2023, poco antes de la entrada en funcionamiento del trazado ferroviario, el Gobierno de España aceptaba corregir y compensar los graves desperfectos causados por la obra, que desviaron prácticamente un 'río' interno que regaba de agua los valles leoneses hacia Asturias. Lo hacía tras años de lucha de la Asociación Lacerta y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que lograron que el Ministerio para la Transición Ecológica aceptara en 2017 modificar la Declaración de Impacto Ambiental de las obras de la variante ferroviaria y estudiara los efectos de la misma.

Este 2026, 22 años después de colocarse la primera piedra de las obras bajo el Gobierno de José María Aznar, aunque como tal empezaron en condiciones en el 2005, ya con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo central sigue buscando saber qué salió mal ambientalmente. Económicamente ya se sabe que aquellas obras se presupuestaron en 1.085 millones de euros y con plazo de ejecución de 5 años, siendo finalmente de 4.000 millones el coste y casi 20 años de obras.

La sociedad semipública Tragsa es en quien ha recaído la elaboración de los informes del estado ambiental de la vertiente leonesa, reconocida como Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. En total se han convocado cuatro contratos, con varios lotes, el último hace apenas unas semanas y tras el fracaso de una convocatoria anterior.

El último versa sobre el estado de los prados de los valles afectados. Tragsa sacó una licitación en julio por importe de 25.000 euros que quedó desierta y ha vuelto a licitarlo, con plazo hasta el 11 de noviembre. Y este proviene a su vez del primer gran contrato adjudicado por Tragsa donde nadie quiso analizar el estado de los pastos.

A la tercera, el contrato busca determinar, en primer lugar, qué Hábitats de Interés Comunitario (HIC) de prados dependen de acuíferos, manantiales o aguas superficiales conectadas, y comprobar si pueden utilizarse como bioindicadores de una posible afección hídrica de la Variante de Pajares. El estudio se desarrollará en una zona de 16.194 hectáreas en los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón además de un pequeño enclave de Sena de Luna, y dentro de espacios protegidos como la ZEC Montaña Central de León y la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga.

El trabajo busca comparar la situación actual de los prados con su evolución desde el año 2000, analizando su estado cuantitativo y cualitativo, las amenazas que sufren y su estado de conservación. El pliego contempla además trabajos sobre biomasa, estado y productividad en distintos momentos temporales, junto con análisis bibliográficos y mediante imágenes de satélite.

Otro contrato de la pasada primavera, también de Tragsa, ya buscaba analizar otras variables ambientales del estado de la zona tras las obras ferroviarias y la pérdida de agua. Por 92.000 euros encargó la realización de un inventario de fauna ‘in situ’. El lote 1, adjudicado a IMATEC Innovación por 22.324,50 euros, estudiará los mamíferos terrestres; el lote 2, para Biosfera Consultoría Medioambiental por 18.537,20 euros, analizará los mamíferos semiacuáticos; el lote 3, adjudicado a la Asociación Herpetología Española por 22.738,32 euros, se centrará en la herpetofauna —anfibios y reptiles—; y el lote 4, nuevamente para Biosfera por 29.003,70 euros, realizará el inventario de ictiofauna, es decir, de las especies de peces.

Todos los lotes buscan identificar especies que puedan actuar como bioindicadoras de una posible afección de acuíferos, manantiales y aguas superficiales. Entre los mamíferos terrestres figuran lobo, gato montés, gineta, marta, turón, rebeco y oso pardo; entre los semiacuáticos, desmán ibérico y nutria; y entre anfibios y reptiles destacan la salamandra rabilarga, sapillo pintojo ibérico, rana patilarga, rana bermeja, lagartija serrana y lagarto verdinegro, además de otras especies. El inventario de peces incluye barbo común, bermejuela y boga del Duero. El contrato exige estudiar su distribución, abundancia, amenazas y estado de conservación y, sobre todo, determinar cuáles dependen de los recursos hídricos que se pretenden analizar.

Y el primer contrato puesto en marcha este año se dividió en tres lotes, destinados a estudiar otros indicadores ambientales. El que analizaba los pastos y prados de interés comunitario, incluida su biomasa, productividad y estado de conservación desde el año 2000, quedó desierto. Los otros dos lotes sí fueron adjudicados a Biosfera Consultoría Medioambiental SL: uno estudiará las turberas, mediante análisis de su vegetación, turba y agua, y el otro los hábitats de ribera, evaluando su conectividad, regeneración y estado ecológico. Los contratos tenían un plazo de ejecución de diez meses desde su formalización, el 18 de junio de 2026.

Los pueblos de la montaña de León buscan saber, dos décadas después, que ha pasado con su agua y cómo ha afectado a su patrimonio natural. En alrededor de un año, si se cumplen las fechas previstas, se deberían tener los datos del estado para luego, tal y como se indica, “definir medidas correctoras, compensatorias y mitigadoras” que compensen los graves daños de la Variante de Pajares.

La presa de Barrios de Luna se prepara para una de las principales actuaciones de renovación de sus sistemas de seguridad en las últimas décadas. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha sacado a licitación dos contratos, el principal por un máximo de 8.288.313,32 euros, IVA incluido, para realizar las obras para sustituir las dos grandes compuertas del aliviadero y renovar los sistemas de válvulas de los desagües de fondo e intermedio, además de ejecutar distintas actuaciones en la infraestructura del pantano.

El plazo previsto para ejecutar las obras es de 24 meses y el proyecto justifica la intervención porque buena parte de estos elementos ha superado e incluso “más que doblado, su vida útil y deben ser sustituidos para garantizar la seguridad de la infraestructura”, señala el pliego.

El proyecto de obras contempla la sustitución completa de las dos compuertas Taintor del aliviadero de la presa de Barrios de Luna, de 15 metros de anchura y 6,70 metros de altura, incluyendo sus sistemas de accionamiento, alimentación eléctrica, mando y control. Según el documento de contratación las actuales compuertas presentan problemas de rigidez frente a determinados esfuerzos y los estudios técnicos concluyen que no cumplen la normativa, por lo que serán sustituidas por otras de mayor rigidez y con un nuevo sistema de accionamiento hidráulico. También se instalarán ataguías, que permitirán aislar los vanos del aliviadero durante los trabajos y facilitarán futuras operaciones de mantenimiento.

Otro de los aspectos de la obra es la renovación de los dos desagües de fondo, que actualmente disponen de compuertas tipo Bureau de seguridad y regulación. La intervención comenzará con una inspección subacuática y continuará con el desmontaje de las válvulas existentes, trabajos bajo el agua, instalación de escudos para aislar los conductos, colocación de las nuevas válvulas, trabajos de hormigonado y rehabilitación de la cámara de maniobra. También se renovarán los sistemas auxiliares, de accionamiento y control y se realizarán las correspondientes pruebas antes de su puesta en servicio.

El tercer elemento dee las obras son arreglos en el llamado desagüe intermedio, sustituyendo las válvulas de seguridad y se rehabilitarán las válvulas de regulación existentes. Estas últimas serán trasladadas a un taller para su revisión y reparación, incorporando además un sistema para concentrar el chorro y reducir su dispersión. La actuación incluye igualmente trabajos subacuáticos, desmontajes, hormigonado, rehabilitación de la cámara de maniobra, nuevos sistemas de mando y control y pruebas de funcionamiento.

El proyecto también incluye la rehabilitación de las casetas de mando de la presa c, donde se instalarán los nuevos equipos de control y grupos oleohidráulicos, así como actuaciones de acondicionamiento, sustitución de elementos eléctricos y renovación de barandillas.

El embalse de Barrios de Luna fue puesto en servicio en el año 1956 y regula las aguas del río Luna, que a partir de su confluencia con el río Omaña pasa a denominarse Órbigo. La presa cuenta con una altura máxima de 96,05 metros sobre sus cimientos, mientras que el embalse alcanza los 310,5 hectómetros cúbicos a su nivel máximo normal, con los que se riegan alrededor de 50.000 hectáreas de cultivos en la provincia leonesa.

Segundo contrato

La intervención en Barrios de Luna cuenta además con un segundo contrato específico para vigilar y controlar la ejecución de las obras, con un presupuesto base de licitación de 557.454,36 euros, IVA incluido y un plazo de 26 meses, dos más que el contrato principal. Este servicio se encargará de proporcionar el apoyo técnico y administrativo necesario para garantizar que la obra se ejecuta conforme al proyecto y a la normativa, incluyendo la supervisión de los trabajos, el seguimiento ambiental, el control de la prevención de riesgos y la asistencia a la dirección facultativa.

El proceso de mejoras de seguridad en la presa de Barrios de Luna comenzó en el 2021 cuando se licitó la redacción del proyecto de reforma. En enero del 2025 se actualizó con precios ajustados a los costes actuales y cuenta con financiación de fondos FEDER europeos.

El Partido Popular de León ha presentado este lunes sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con Ester Muñoz de nuevo como cabeza de lista al Congreso seguida de Ricardo Gavilanes y Lidia Coca, y con Silvia Franco, Antonio Silván y Asunción Mayo al frente de la candidatura al Senado. La formación ha registrado esta mañana las listas ante la Junta Electoral y ha aprovechado el acto para situar el arranque de la campaña en un enfrentamiento directo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la gestora provincial del PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido que León presenta una candidatura formada por “los mejores”, con nueve mujeres y ocho hombres, y ha destacado que sus integrantes cuentan con experiencia y conocimiento de León. Su objetivo será defender los intereses de la provincia “frente a cualquier otro interés, incluso el del propio partido al que pertenecen”, aseguró.

La cabeza de lista al Senado, al que salta desde el Congreso, Silvia Franco, ha presentado la candidatura como un equipo con “experiencia” y “compromiso” con León y ha señalado como principales preocupaciones del PP la falta de potencia eléctrica en polígonos industriales como Villadangos, las comunicaciones ferroviarias, el desarrollo del Corredor Atlántico, el puerto del Manzanal, el estado de las autovías, las necesidades del campo y los problemas de vivienda. Problemas que cree que se han agravado ante la falta de gestión del gobierno de Pedro Sánchez.

“Los españoles, después de ocho años de Sánchez, viven peor, y los leoneses también”

La candidata al Congreso y portavoz nacional de la campaña del PP, Ester Muñoz, ha asegurado que su partido sale a las elecciones para “revalidar” la victoria obtenida en León en los anteriores comicios generales del 2023 y ha planteado la cita electoral como una elección entre dos modelos. Para Muñoz, los leoneses tendrán que decidir entre “un proyecto reformista encaminado a resolver sus problemas” y “el proyecto individual de una única persona que quiere resolver sus problemas judiciales”, en referencia a Pedro Sánchez.

Ester Muñoz ha reivindicado el proyecto de Alberto Núñez Feijóo con duras críticas a Sánchez, censurando que el PP lleva tres años presentando propuestas que el Gobierno no ha querido debatir en las Cortes. Ha citado medidas sobre impuestos, autónomos, agricultura, ganadería, industria, cultura, empresa, seguridad, inmigración y vivienda, y ha destacado especialmente el compromiso de Feijóo de construir más de un millón de viviendas.

“Hoy los españoles, después de ocho años de Pedro Sánchez, viven peor y los leoneses también”, ha afirmado, ya que ahora resulta “mucho más difícil poder comprarse una casa”, alquilar una vivienda, llegar a final de mes, llenar el depósito o encontrar un empleo que permita construir un proyecto familiar.

En clave estrictamente leonesa, Muñoz ha cuestionado las inversiones comprometidas por los gobiernos socialistas y ha enumerado algunos de los proyectos pendientes que, a su juicio, volverán a aparecer en la campaña electoral: la segunda fase del Parador de San Marcos, el polígono logístico Torneros, la reforma del Teatro Emperador o la autovía León-Valladolid. “Nos lo van a volver a prometer”, ha planteado, antes de asegurar que los leoneses “nunca jamás hemos pagado más impuestos que ahora” y, al mismo tiempo, “nunca habíamos recibido menos”.

La candidata también ha cargado contra una eventual continuidad del Gobierno de Sánchez y ha preguntado qué supondrían otros cuatro años del Ejecutivo socialista. “¿Cuatro años más de qué?”, enumerando como respuesta una nueva legislatura sin Presupuestos Generales, más impuestos, dificultades para acceder a una vivienda y pérdida de poder adquisitivo.

“Estoy convencida de que los leoneses, que somos gente trabajadora, honrada, seria, que somos gente de palabra, vamos a decidir un gobierno reformista y no una persona que lleva mintiendo unos 8 años porque el Partido Socialista a esta provincia no solo la ha abandonado, le ha mentido ocho años”, verbalizó.

Muñoz también ha aprovechado para criticar el hecho de que PSOE no concurra al Senado con sus propias siglas para atacar a los partidos de la izquierda y justificar al acuerdo alcanzado por el PP con Vox para las candidaturas a la Cámara Alta. La 'popular' ha destacado además que el PP será el único partido de la provincia que presenta a dos mujeres encabezando las listas al Congreso y al Senado y ha reivindicado que la formación cuenta con más mujeres que hombres en sus candidaturas.

El acto ha servido para dar el pistoletazo de salida a una precampaña en la que la siguiente parada de la candidatura será este jueves en El Bierzo para su presentación.

El Ayuntamiento de León ha convocado un concurso específico de méritos para cubrir el puesto de letrado asesor de la Secretaría General, abogado municipal. Lo hace mediante un procedimiento reservado solo a funcionarios de nivel A1 y abierto tanto a empleados del consistorio leonés como a empleados públicos de otras administraciones. La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León y además de ser alto funcionarios se debe tener la titulación de Derecho, como es lógico.

La contratación de este puesto de abogado mediante un concurso restringido se produce cuando la asesoría jurídica del Ayuntamiento de León están inmersa, precisamente, en varios conflictos en los tribunales: uno por haber dejado vacía una oposición a esos puestos y otro por la elevada indemnización que ha ganado un funcionario por desempeñar el trabajo de tres puestos de abogado durante varios años.

En 2022 el Ayuntamiento de León inició el proceso para cubrir mediante oposición libre dos plazas de abogado municipal. El primer ejercicio se celebró en noviembre de 2024 pero de los 31 aspirantes admitidos solo 11 se presentaron al examen tipo test y apenas seis lograron superarlo.

El segundo ejercicio tuvo lugar a principios de abril de 2025 y solo acudió uno de los seis candidatos que habían pasado la primera prueba. La persona aspirante fue declarada no apta al no alcanzar los cinco minutos de exposición exigidos sobre uno de los temas. El tribunal acordó el 21 de mayo de 2025 declarar desierto el proceso por lo que la tercera prueba, un supuesto práctico de hasta cinco horas, ni siquiera llegó a celebrarse. El consistorio leonés aprobó después una bolsa de empleo ante la urgencia de ocupar las plazas pero el resultado de esta oposición ha acabado siendo recurrido por uno de los aspirantes, mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Tras el fiasco de esa oposición, el Ayuntamiento leonés ya busco un abogado de forma urgente mediante un concurso específico para ya funcionarios, que ocupa actualmente un letrado que desempeñaba esas funciones anteriormente en la Junta de Castilla y León.

Condena por sobrecarga de trabajo al anterior abogado

El Ayuntamiento de León arrastra polémica con sus abogados ya que en 2024 fue condenado a pagar 149.858 euros a uno de los funcionarios de su Asesoría Jurídica por la sobrecarga de trabajo que soportó durante años, al asumir tareas correspondientes a tres puestos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León consideró probado que la situación se prolongó desde 2014, tras las bajas y vacantes de otros letrados, sin que el Consistorio adoptara medidas suficientes para resolverla.

La sentencia señalaba que el Ayuntamiento conocía la situación y actuó con “pasividad” al no cubrir las plazas, calificando la sobrecarga como previsible y evitable. El juez consideró que la Administración incumplió sus obligaciones de prevención de riesgos laborales y que la exposición prolongada a una carga de trabajo excesiva y al estrés asociado constituye por sí misma un daño indemnizable. El funcionario había reclamado inicialmente 491.446 euros, además de daños morales.

El Consistorio alegó durante el procedimiento que el empleado había asumido las tareas de sus compañeros de manera “voluntaria”, pero el juez rechazó ese argumento al considerar que, por las obligaciones y plazos de la Asesoría Jurídica, realmente no tenía una alternativa efectiva. La sentencia fue confirmada por el TSJ este año y el consistorio leonés elevó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Abogado entre funcionarios

La nueva plaza que saca el Ayuntaminto de León será con un proceso de concurso específico con méritos generales y una segunda centrada en la experiencia y conocimientos directamente relacionados con las funciones del puesto, entre cuyas funciones está la planificación y ejercicio de la defensa jurídica del Ayuntamiento ante juzgados y tribunales, la representación municipal cuando el Consistorio actúe como parte en procedimientos judiciales y la elaboración de informes jurídicos para la Alcaldía, la Secretaría General y las distintas áreas municipales.

Entre los méritos específicos a tener en cuenta figuran la experiencia en asesoramiento jurídico, representación y defensa de entidades locales en procedimientos contencioso-administrativos y sociales, así como en la defensa de otras administraciones públicas. En el caso de la experiencia con entidades locales, las bases precisan que se valorará la desarrollada en municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas, sedes de instituciones autonómicas o que tengan una población igual o superior a 75.000 habitantes.

La segunda fase tiene una valoración máxima de 9 puntos, de los que hasta 1,5 corresponden a cada uno de los cuatro primeros apartados de experiencia y 0,5 a un quinto mérito relacionado con procedimientos penales, civiles y mercantiles y otro 0,5 a la elaboración de informes técnico-jurídicos sobre competencias de las entidades locales. Los aspirantes tendrán además que presentar una memoria, valorada con hasta 2 puntos, sobre el contenido funcional del puesto o sobre una propuesta de mejora organizativa o funcional.

Para acceder a esta segunda fase será necesario obtener al menos 5,40 puntos de los 13,50 posibles en la valoración de méritos generales. La memoria podrá tener un máximo de 30 páginas y, una vez estudiada la documentación, los candidatos serán convocados a una entrevista destinada a comprobar y aclarar sus méritos y el contenido de la memoria, aunque la entrevista no tendrá una puntuación independiente.

Vox ha protagonizado este martes en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada el segundo de los mitines preelectorales de la cita del 29 de noviembre en la comarca berciana con la presencia de su líder, Santiago Abascal, y tras la visita de Pedro Sánchez hace una semana. Y en él ha confirmado que su candidato de las últimas citas electorales en la provincia, desde el 2019, será el exdiputado Pablo Calvo Liste.

Además, la número dos erá la actual única concejala de la formación en el Ayuntamiento de León, tras la escisión del grupo municipal, la abogada Blanca Herreros, y el número tres será para Santos Martínez. Es además muy curioso que la lista por la provincia de Zamora la vaya a encabezar el leonés, de la comarca de El Bierzo, Miguel Suárez Arca, que se quedó sin acta de procurador autonómico en las últimas elecciones.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha sido el encargado de dar paso al candidato, que lo será por tercera vez tras haber sido elegido diputado por el partido de extrema derecha en la legislatura 2019-2023, cuando perdieron la representación parlamentaria por León. El partido apuesta por recuperar un diputado nacional por la provincia en las urnas de finales de noviembre.

Tanto Pollán como Liste han tirado de los mantras habituales del partido con los conceptos de prioridad nacional, desregulación y remigración. Para Liste “nos está gobernando el enemigo”, asegurando que Sánchez es el candidato de Marruecos, “y al enemigo se le planta cara, se le combate y se le vence”.

Pollán, por su parte y como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha defendido el gobierno autonómico asegurando que han elaborado “los presupuestos más sociales y con menos impuestos de la historia”, sacando pecho de las medidas que arracadoando al Partido Popular como la rebaja de fondos a sindicatos y asociaciones empresariales.

Santiago Abascal, interrumpido con gritos de 'Presidente', ha asegurado que “el 29 de noviembre se puede cambiar el rumbo de nuestra patria”, celebrando su presencia en la capital berciana como uno de sus primeros actos y agradeciendo la presencia de banderas de Ceuta, “gracias por venir con esa bandera donde hoy está nuestra dignidad y nuestros desvelos”.

El líder de la extrema derecha ha criticado a Pedro Sánchez por la 'ley de nietos' dando pábulo a la supuesta hinchazón del censo, “les hemos pillado con la trampa y les hemos parado ante el Tribunal Supremo”. Según su visión Pedro Sánchez, “ha pactado con todos los enemigos de España” y por eso ha impulsado la ley para “sustituir a todos los españoles”, argumentando en ello el proceso de regularización “para que los españoles sigan estando en el último lugar”.

“El día 29 todos los españoles votarán, los que tienen derecho y algunos que no deberían tenerlo y creo que ese día nos lo jugamos todo”, ha incidido para pedir que nadie se quede en casa y se acuda a votar. “Hay encuestas que dicen que todo está hecho y yo quiero invitaros a la desconfianza. Quiero pediros que no confiéis en ninguna encuesta, que nos os creáis ningún titular y que el 29 de noviembre no haya nadie que se quede en su casa y que acudan a los colegios electorales a llenar las urnas por el cambio en España”,

“Hace 4 años las encuestas decían lo mismo y pasó otra cosa”, ha pedido para acusar a Pedro Sánchez de ser capaz “de robarnos las elecciones” por sus palabras de que volverá a haber un gobierno progresista, “¿por qué ha dicho que nos va a gobernar de una manera o de otra? A un tipo así no se le puede votar. Animo a todos los españoles a que desconfíen de un tipo así”.

Abascal ha entrado en la polémica de las pensiones asegurando que es un bulo que Vox ponga en riesgo las pensiones, “el peligro para las pensiones tiene nombre y apellidos, se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el peligro para las pensiones es el gasto abusivo, el impuesto desmesurado, el dispendio, el déficit, la deuda pública”. “Nosotros lo hemos dicho claramente, las pensiones se van a pagar como sea”, afirmó Abascal “porque los pensionistas tienen derecho a recibir por lo que han cotizado durante tantos años, nos os creáis las mentiras de Pedro Sánchez y los medios de comunicación sobre la privatización de las pensiones”.

“Aquí, durante estos ocho años ha mandado Esquerra Republicana, Bildu y Mohamed VI, pero no el conjunto de la nación”, ha incidido el candidato de la extrema derecha con altas expectativas de llegar con el PP al gobierno del país después de la cita electoral.

El Atlas de Distribucion de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizado al 2024 deja un mapa provincial de los ingresos (sin impuestos) disponibles por familia en provincias y barrios gracias al detalle de la distribución censal. Con datos de las declaraciones del IRPF las estadísticas permiten localizar las zonas más ricas y las más pobres o donde hay islas o fronteras de ingresos llamativas. Siempre tomando como referencia los ingresos reales declarados al fisco.

En el caso de León ciudad la zona más rica de la ciudad se ubica en el barrio de La Chantría, en los edificios aledaños a El Corte Inglés, con una renta bruta por hogar de 86.341 euros, con una subida de ingresos del 15,5% entre el 2019 y el 2024. La segunda zona más rica de la ciudad es un triángulo entre la avenida Ordoño II y la plaza de la Inmaculada con 84.129 euros de renta media bruta por familia.

Pero el contraste de la zona más rica de la ciudad es llamativo porque apenas una calle más allá se localiza una zona censal con una renta bruta de 44.409 euros, es decir casi 40.000 euros menos que la zona más rica y a apenas unos metros. Esta se corresponde con la zona histórica del barrio de La Chantría, edificios construídos desde finales de los 60 y 70 antes de la construcción de la zona del barrio aledaña al centro comercial ya en la década de los años 90. Es lo que se llama una frontera desigual. La zona con menos renta de León se corresponde con Armunia, con 27.416 euros de renta por familia.

En el caso de la ciudad de Ponferrada la zona más rica corresponde al cuadrado entre la calle Camino de Santiago y el trazado ferroviario, un conjunto de chalets construidos desde finales de los 90, con una renta bruta por hogar de 64.169 euros, seguido de una amplia zona del barrio de La Rosaleda con 59.327 euros por familia. Aquí la frontera la marca el trazado ferroviario ya que en La Martina hay una zona censa con una renta bruta por familia de apenas 26.248 euros, unos 38.000 euros menos que sus vecinos del otro lado de las vías de la zona más rica.

Como ejemplos de islas de renta se encuentran municipios como Valdefuentes del Páramo, San Millán de los Caballeros o Matadeón de los Oteros, que presentan una renta bruta media por familia alrededor de los 50.000 euros y todos los que les rodean no superan los 40.000 euros. En municipios muy pequeños una persona o una familia con ingresos millonarios puedeb modificar de forma notable los ingresos brutos medios por hogar del municipio, elevándolos muy por encima de la renta media real.

Donde más sube la renta bruta y donde más baja

En los datos del INE hay dos municipios de la provincia de León que llaman la atención, uno por la notable subida de la renta bruta media disponible entre 2019 y 2024 y el otro por ser el único donde baja en esos mismos años. El que más sube es Matadeón de los Oteros, cuyos ingresos brutos por hogar alcanzaron en el 2024 los 52.717 euros, casi duplicándose desde los 29.749 euros del 2019, un 77% más.

El municipio donde más han caído los ingresos brutos por hogar es Vegaquemada, en la Montaña Central. En 2024 sus 418 habitantes censados disponían de 36.847 euros brutos por hogar, es decir, una caída del −11,2% desde 2019. Es el único municipio de la provincia donde caen los ingresos en esos cinco años, que incluyen la crisis de la pandemia, y el segundo peor de los seis únicos ayuntamientos de toda la comunidad donde ocurre.

Otra cosa distintas es la clasificación del municipio más rico y del más pobre. Como es norma en los últimos años es el de Sariegos el municipio con una renta por hogar más alta, con 65.952 euros brutos por familia. Entre el 2019 y el 2024 la renta ha subido en el municipio del Alfoz de León un 24,4% y es uno de los diez más ricos de Castilla y León. En renta bruta le siguen Matadeón de los Oteros, pero con 52.717 euros, Vegacervera, San Millán de los Caballeros, Valdefresno, Valdefuentes del Páramo, Los Barrios de Luna y Villadangos (48.766 euros brutos por hogar)

En la cola está el munipcio de Gordaliza del Pino, con menos de la mitad de los ingresos brutos por hogar que Sariegos, 27.851 euros. Y todo con una subida del 18,2% en los cinco años referenciados. Santa Colomba de Somoza, Borrenes, Barjas, Lucillo. y Gordoncillo están todos por debajo de 30.000 euros de renta bruta por hogar.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado las condenas a siete meses de prisión por un delito de atentado en concurso leve de lesiones para una pareja que se enfrentó a varios agentes de la Policía Nacional en la plaza de Regla de León, después de reclamarles que retiraran un vehículo policial que, según los acusados, les molestaba para hacer una fotografía de la Catedral. La sentencia de este pasado mes de septiembre desestima el recurso presentado por la pareja y mantiene la condena, que además y mantiene íntegramente el fallo dictado en primera instancia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de octubre de 2023. Según lo recogido en la sentencia, un hombre se dirigió inicialmente a los agentes para pedirles que retirasen el vehículo policial porque les molestaba para realizar una fotografía de la catedral leonesa. Poco después, su pareja se aproximó a los policías y les increpó con expresiones como “trabajáis para mí, quitar el coche ya, que quiero hacer la puta foto, poneros en otro lugar”. Los agentes les requirieron entonces la documentación para identificarlos y proponerles una sanción al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') a lo que se negaron reiteradamente.

La situación terminó en un enfrentamiento cuando acudió una segunda patrulla en apoyo, señalan los hechos probados. La sentencia considera acreditado que la mujer se abalanzó hacia una de las agentes y continuó insultando y amenazando a los policías. En el transcurso de la intervención la mujer propinó un golpe en el pecho a uno de ellos y un puñetazo en el brazo a otro, mientras que el hombre se abalanzó posteriormente sobre uno de los agentes y le golpeó por la espalda. Finalmente, los policías tuvieron que emplear la fuerza indispensable para reducir y detener a ambos.

La sentencia recoge que la mujer profirió expresiones como “perros de mierda, sois unos auxiliares míos como los putos jueces, os voy a dar una hostia”.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos agentes sufrieron lesiones que precisaron asistencia médica y tardaron diez días en curar. La primera sentencia condenó a cada uno de los acusados a siete meses de prisión, además de multas y al pago de indemnizaciones a los agentes lesionados. La mujer recibió además una condena adicional por un segundo delito leve de leesiones, por que tiene que pagar una multa de 360 euros frente a una de 180 del hombre. Ambos deben afrontar además el pago de una indemnización conjunta de 350 euros a uno de los agentes. Y la mujer otra multa de otros 350 euros al segundo agente.

La pareja recurrió alegando, entre otras cuestiones, que no existía prueba suficiente para sustentar la condena, que eran personas sin antecedentes y que había contradicciones entre las declaraciones de los agentes y que la actuación policial había sido desproporcionada. También sostuvo que en León se desarrollaba en aquellas fechas un importante dispositivo de seguridad con motivo de la cumbre de ministros de la Unión Europea y que los policías podían haber actuado bajo presión.

La Audiencia Provincial ha rechazado sus argumentos de defensa y considera que las declaraciones de los policías constituyen prueba de cargo suficiente. Los magistrados señalan que los agentes declararon en el juicio sobre hechos que conocieron directamente y que no existe ningún elemento que permita poner en duda su credibilidad. La Sala también destaca que los testimonios quedaron respaldados por los partes de lesiones y los informes médico-forenses.

La sentencia recuerda además que el delito de atentado no exige necesariamente que llegue a consumarse una agresión: incluye el acometimiento, el empleo de fuerza, la intimidación grave o una resistencia activa y grave contra agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones. En este caso, la Audiencia de León considera que los insultos, amenazas, golpes y empujones acreditados encajan en ese delito.

La sentencia inicial imponía el pago a la pareja de dos quintas partes de las costas procesales, sin imposición expresa en el recurso ante la Audiencia Provincial. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un empresario de excavaciones por utilizar una finca particular de Toralino de la Vega, en el municipio leonés de Riego de la Vega, para depositar escombros procedentes de derribos y obras sin autorización de su propietario. La sentencia considera probado que realizó al menos cuatro vertidos en la parcela entre principios de 2022 y principios de 2023, utilizando un camión de su propiedad, y que la cantidad que se le atribuye asciende a 52 toneladas, equivalentes a 52 metros cúbicos.

La resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 22 de septiembre, confirma así la sentencia del Juzgado de La Bañeza, que condenó al acusado como autor de un delito leve de usurpación de inmueble a tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, además de la retirada de los depositado asumiendo los costes. La sanción económica asciden a apenas 720 euros, y a mayores deberá indemnizar al propietario de la finca con el importe que se determine durante la ejecución de la sentencia por los gastos necesarios para retirar los escombros que se le atribuyen.

La finca afectada, de 700 metros cuadrados y la mitad vallada, había sido previamente vaciada tras la extracción de zahorra. Según los hechos probados de la sentencia, el empresario trasladó hasta allí residuos de derribo con el camión que utilizaba para su actividad profesional de excavación y retirada de escombros. El vehículo tenía una capacidad aproximada de 13 toneladas.

El condenado recurrió la primera sentencia alegando, entre otros motivos, que no existían pruebas suficientes para demostrar que él hubiera realizado los vertidos y cuestionando la valoración de los testimonios. También sostuvo que en la parcela habían depositado escombros otras personas y que la cantidad que se le atribuía no estaba suficientemente acreditada.

Los magistrados consideran que la sentencia de primera instancia contó con pruebas suficientes y corroboradas externamente: la declaración del propietario, las actuaciones de la Guardia Civil y los informes elaborados por un agente medioambiental acreditaron la existencia de los vertidos y la alteración de la finca. A ello se sumaron los testimonios de dos testigos, que aseguraron haber visto al acusado descargando escombros en la parcela. Uno de ellos identificó tanto al vehículo, que llevaba rotulado el nombre del empresario, como a su conductor, mientras que el segundo afirmó haber observado varios vertidos realizados con el mismo camión. La Audiencia considera que las pequeñas diferencias existentes en sus relatos se referían a detalles secundarios y no afectan al núcleo de sus declaraciones.

El tribunal también descarta que la presencia de otros vertidos realizados por personas no identificadas permita exonerar al condenado. La sentencia reconoce que en la finca había más residuos, hasta alcanzar los 900 metros cúbicos medidos por un agente medioambiental, pero subraya que la condena se limita exclusivamente a la parte que pudo ser atribuida al acusado mediante las pruebas practicadas.

En cuanto a la cantidad de residuos, la Audiencia considera razonable la estimación de 52 toneladas ya que el acusado fue visto realizando varios viajes y que él mismo reconoció dedicarse a la excavación y retirada de escombros y utilizar un camión con capacidad aproximada de 13 toneladas. La sentencia de primera instancia calculó como límite máximo cuatro cargas, una estimación que la Audiencia considera razonada y favorable al condenado.

La Justicia considera además que el hecho de que no pueda determinarse con exactitud matemática cuánto descargó en cada viaje no impide establecer su responsabilidad civil. La sentencia señala que, dadas las características de los hechos, es admisible realizar una estimación razonable a partir de los datos disponibles y limitar la responsabilidad a la cantidad de residuos que ha quedado acreditada. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado este mes de septiembre la absolución de un conductor acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave tras atropellar a un ciclista en la carretera N-625, en el término municipal de Cistierna. La Sección Tercera ha desestimado el recurso presentado por los familiares del ciclista fallecido y mantiene íntegramente la sentencia dictada en abril por el Juzgado de lo Penal número 2 de León, que no consideró suficientemente acreditada una conducta de imprudencia grave pese a que sí se reconoce el atropello.

Los hechos ocurrieron en abril del 2023, cuando el conductor circulaba por la N-625 a la altura del punto kilométrico 58,570. Según la sentencia el acusado perdió el control del vehículo por un motivo que no ha podido determinarse, invadió el carril contrario y atropelló al ciclista, que circulaba correctamente por su carril. La sentencia también recoge expresamente que el conductor no había consumido alcohol ni drogas, no circulaba a velocidad excesiva y no había cometido una infracción grave del Reglamento de Circulación.

El Juzgado de lo Penal número 2 de León dictó en abril de este año una sentencia absolutoria al considerar que no existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y que no se había acreditado que su comportamiento reuniera los requisitos necesarios para ser considerado un delito de imprudencia grave al volante. La familia del ciclista recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia de León recuerda que cuando un recurso pretende modificar una sentencia absolutoria basándose en una nueva valoración de las pruebas, especialmente de las pruebas personales, el tribunal de apelación no puede sustituir sin más la valoración realizada por el juez que presenció directamente el juicio.

No se puede condenar al acusado directamente en segunda instancia

La Sala considera que la absolución se apoyó prácticamente por completo en la valoración de pruebas personales y que, por ello, no puede revisarlas de la misma manera que el juez que celebró el juicio. “No es posible, sin haber escuchado forma directa e inmediata a los hoy apelados, revocar un pronunciamiento absolutorio y proceder a su condena”, señala.

Los magistrados consideran que la sentencia de primera instancia aplicó correctamente el principio 'in dubio pro reo', que obliga a absolver cuando existen indicios sobre la posible comisión de un delito pero no son suficientes para destruir la presunción de inocencia. La Audiencia no aprecia que el juez de lo Penal hubiera incurrido en una falta de racionalidad en su valoración de las pruebas ni que hubiera omitido elementos relevantes.

La resolución recuerda además que, para pedir la anulación de una sentencia absolutoria por un supuesto error en la valoración de la prueba, la acusación debe demostrar una insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación, un apartamiento manifiesto de las reglas de experiencia o la omisión de pruebas relevantes. La Sala considera que los recurrentes no acreditaron ninguno de estos extremos.

Además, la Audiencia explica que la legislación procesal penal impide que un tribunal de apelación condene directamente a una persona que fue absuelta en primera instancia por un error en la valoración de pruebas. En estos casos, si concurren los requisitos legales, puede acordarse la nulidad y devolver las actuaciones al órgano de primera instancia para un nuevo juicio, algo que los recurrentes no solicitaron. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.

El Comité Provincial del PSOE celebrado en Boñar este miércoles para la aprobación de las listas electorales de la cita de las Generales del 29 de noviembre ha vivido un insólito choque entre el líder provincial Javier Alfonso Cendón y el expresidente de la Diputación de León y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, por su exclusión de las listas.

Según fuentes presentes Morán ha mostrado su desacuerdo con la configuración de las listas tras las asambleas locales celebradas este martes y en las que los nombres de Salvador Vidal y Manuel Alfonso se impusieron al suyo como propuestas favoritas para la Cámara Alta.

Morán reprochó a Cendón que “en el pasado congreso se llegó al acuerdo de mi candidatura al Senado y esto no se ha materializado”, aunque aseguró que “no estoy de acuerdo pero haré campaña como he hecho siempre”. Cendón le reprochó duramente que “el proceso ha sido limpio” y que le ofreció ir de 3 al Senado pero que Morán se negó si no lo encabezaba. El enfrentamiento subió de tono con el reproche final de Cendón que cuando deje la política no hará lo que ha hecho Morán, ya que está agradecido al partido y el alcalde de Camponaraya debería serlo, ya que “ha sido un compañero que ha tenido la suerte de ser lo máximo que se puede ser en la provincia”.

Finalmente las listas propuestas por la Ejecutiva Provincial se votaron a mano alza en el Comité Provincial, que cuenta con 151 miembros a los que asistió el 51% de sus miembros. En la votación se registraron 15 abstenciones, no era posible el voto en contra, y algunas no participciones con el asentir positivo del resto de los asistentes.

“Espero que todo el mundo se ponga las pilas y hagamos a Pedro presidente”, finalizó Cendón dejando en el aire un enfrentamiento interno al que nadie atisba a saber cómo acabará.

Lista PSOE Congreso:

Candidatura PSOE Senado

El Comité Provincial del PSOE de León, convocado este miércoles en Boñar a partir de las 20 horas, tendrá la penúltima palabra en la elaboración de la listas socialistas para las elecciones generales del 29 de noviembre, que se han tensionado tras la candidatura del expresidente de la Diputación de León y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, para el Senado. La penúltima porque la última siempre está en la Comisión Federal de Listas, a quien el Comité Provincial elevará su propuesta y que no suele modificarlas, aunque alguna vez se ha hecho como con alguna de Castilla y León en el 2023.

Las asambleas locales del PSOE dieron el paso de forma generalizada a quienes habían solicitado el apoyo para encabezarlas. En el caso del Congreso los nombres mayoritarios fueron los de el secretario general de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, y de la exconcejala de Ponferrada Lorena Valle, que previsiblemente harán dupla en la lista de candidatos a diputados.

En el caso del Senado la aparición del nombre de Morán ha tensionado el proceso. Según la Ejecutiva Provincial de las asambleas locales los nombres más apoyados han sido los del actual senador (desde hace 8 años), Salvador Vidal, y el del Manuel Alfonso, miembro de las ejecutivas provincial y autonómica del PSOE. A distancia ha quedado en apoyos Eduardo Morán. En términos generales las asambleas dieron el visto bueno a todos los nombres que lo habían solicitado según ha podido conocer ILEÓN.

El Comité Provincial, máximo órgano entre congresos, deberá dar el visto bueno a las dos listas con la propuesta de la Ejecutiva de Cendón, que deben ser necesariamente en cremallera hombre mujer por el cambio legal del 2024. El PSOE aspira a mantener dos diputados por León y disputarle la victoria al PP pese al empuje de Vox, que podría dejar al segundo en las elecciones con solo un diputado. En el 2023 el PP ganó las generales en León con casi 10.000 votos sobre el PSOE aunque en las autonómicas del 2026 fue el PSOE el que logró la victoria frente al PP.

En el Senado también hay que hacer listas cremallera, a expensas de saber si las negociaciones del PSOE con otras fuerzas de izquierda cristalizan en una candidatura unitaria a la Cámara Alta. Normalmente el partido ganador de cada circunscripción se lleva 3 de los 4 senadores, por uno del segundo.

Las listas del Comité Provincial pasarán al plano autonómico, que elevará los nombres a Ferraz para formalizar así los nombres de la plancha electoral.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) no concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, poniendo fin a los días de incertidumbre que siguieron al adelanto electoral. La formación había aplazado la decisión de su Consejo General para analizar la viabilidad económica de participar en los comicios y las distintas fórmulas de una posible coalición leonesista.

La decisión llega después de que varias organizaciones del ámbito leonesista, entre ellas Conceyu País Llionés, Unidad Leonesa y Alantre, reclamaran a UPL que encabezara una candidatura conjunta para concentrar el voto leonesista. El partido había mantenido abiertas las opciones de presentarse con sus propias siglas, alcanzar algún acuerdo electoral o concurrir en coalición.

Desde UPL señalan que “no es la decisión que nos hubiese gustado tomar con el corazón en la mano”, pero apuntan apuntan que es hora de “pensar en frío y priorizar las elecciones municipales”.

Uno de los elementos que UPL puso sobre la mesa fue precisamente el coste económico de afrontar una campaña estatal en una circunscripción como León. La formación recordaba que en las generales de 2023 obtuvo más de 22.000 votos en la provincia, pero no consiguió representación en el Congreso, y que no obtener escaño implica no acceder a financiación electoral. Además, la dirección debía valorar el impacto de dedicar recursos a estas elecciones antes de las municipales de mayo de 2027, una cita especialmente relevante para la implantación municipal de UPL.

En este sentido, Unión del Pueblo Leonés considera que las elecciones municipales son “un campo de batalla en el que UPL y el leonesismo se juegan mucho”, y apuntan a “la necesidad de poder afrontar con fuerza las municipales para seguir asentando el proyecto leonesista en nuestros municipios y juntas vecinales, y de este modo, poder seguir sirviendo y defendiendo los intereses de los vecinos de León, Zamora y Salamanca”.

Los leonesistas explican en un comunicado “lo complejo que resultan estas elecciones generales”, convocadas a mes y medio vista, teniendo por ello unos plazos muy ajustados para los trámites que deben cumplimentar las formaciones, que en el caso de UPL implicaría tener que recoger previamente varios centenares de firmas en cada provincia para poder presentarse.

Desde la formación que lidera Alicia Gallego apuntan que “el contexto de polarización social, ruido y crispación existente en la precampaña de generales impide abrir debates necesarios para nuestra tierra”. En este aspecto, señalan que tanto los grandes partidos como los principales medios de comunicación están enfocando las elecciones generales como una suerte de referéndum sobre la continuidad o no de Pedro Sánchez en la Moncloa, por lo que “esa lucha entre sanchistas y anti-sanchistas está monopolizando en exclusiva el debate, quedándose sin espacio el necesario debate territorial de la Región Leonesa u otros aspectos de notable importancia para León, Zamora y Salamanca”.

La decisión se produce además con un calendario electoral muy ajustado: el plazo para registrar coaliciones finaliza el 16 de octubre, mientras que las candidaturas que concurran en solitario disponen hasta el 26 de octubre. La formación había aprobado también su reglamento de primarias para las candidaturas municipales, aunque su celebración quedaría para después de las generales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la resolución de un concurso público referido a una plaza en el Ayuntamiento de Onzonilla y ordena conceder el puesto a una aspirante a la que la Administración no computó 0,30 puntos por trabajar su marido en el municipio vecino de León.

El tribunal ha reconocido el derecho a la funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional a obtener una plaza de secretaria municipal en el consistorio leonés después de que la Dirección General de la Función Pública no le contabilizara los 0,30 puntos correspondientes a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado su recurso anulado las resoluciones administrativas impugnadas y ordenando adjudicarle directamente el puesto con una nueva valoración de sus méritos.

La sentencia, dictada el pasado mes de septiembre, considera que la Administración no ofreció ninguna explicación que justificara la exclusión de una puntuación que podía resultar decisiva para obtener la plaza en el consistorio leonés. Además, el tribunal descarta que pueda invocarse la discrecionalidad técnica del órgano de valoración cuando se trata de aplicar criterios objetivos y previamente establecidos en las bases de una convocatoria pública.

Una plaza de secretaria municipal disputada por dos funcionarias

El conflicto se originó en un concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocado por la Dirección General de la Función Pública mediante una resolución de 21 de marzo de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado tres días después.

La demandante, que tenía su destino definitivo en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Vegas del Condado, solicitó como única opción la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. Sin embargo, la resolución de 30 de agosto de 2023 adjudicó el puesto a otra funcionaria que también había participado en el procedimiento.

Según las puntuaciones recogidas en la sentencia, la aspirante seleccionada contaba con 20,03 puntos por méritos generales y 1,00 por méritos autonómicos, mientras que la recurrente tenía reconocidos 19,93 puntos por méritos generales y 1,10 por méritos autonómicos. La diferencia entre ambas era por tanto inexistente aunque el tribunal optó por la primera a la hora de adjudicar la plaza. La funcionaria que perdió la plaza adujo varias incidencias en el proceso pero reclamaba, sobre todo, una puntuación adicional que le correspondían por el destino laboral de su marido y que reconoce la Ley.

La funcionaria que acudió a la justica alegó que su cónyuge era empleado público fijo de la Diputación Provincial de León y desempeñaba un puesto de jefe de servicio en el municipio de León, limítrofe con Onzonilla. Esta circunstancia le permitía solicitar la valoración del mérito de conciliación y que la Administración debía haberle reconocido los 0,30 puntos adicionales. Con ellos, su puntuación por méritos generales habría pasado de 19,93 a 20,23 puntos, lo que, argumentaba, habría determinado que la plaza le correspondiera a ella.

Ante la falta de reconocimiento de estos méritos, interpuso un recurso potestativo de reposición el 29 de septiembre de 2023. Inicialmente, la Administración no contestó, lo que dio lugar a su desestimación por silencio administrativo. Posteriormente, mediante resolución expresa de 30 de mayo de 2024, la Dirección General de la Función Pública rechazó su reclamación.

Deficiencias del expediente y falta de respuesta administrativa

Además de denunciar el error en la puntuación, la demandante puso de manifiesto diversas deficiencias en el expediente administrativo como que la documentación remitida carecía de compulsa e incluía documentos sin numerar y no incorporados al índice o que no figuraban las puntuaciones totales ponderadas de las dos aspirantes, las actas del tribunal de valoración ni la propuesta de adjudicación.

La Abogacía del Estado se opuso a la demanda y solicitó la confirmación íntegra de las resoluciones administrativas. Para la Administración la aplicación informática sumaba los méritos generales y los eventuales méritos de conciliación, mientras que los autonómicos se ponderaban de manera separada para respetar los porcentajes establecidos. A su juicio, la recurrente había realizado una suma incorrecta de los méritos al no tener en cuenta dicha ponderación.

La defensa estatal también argumentó que la funcionaria había aceptado las bases de la convocatoria al participar en el concurso y que no podía impugnarlas indirectamente con ocasión de su aplicación. Asimismo, rechazó que existiera una falta de motivación susceptible de invalidar las resoluciones y apeló a la discrecionalidad técnica del tribunal de valoración y a la presunción de legalidad de sus decisiones.

Pero el tribunal ha reprochado en la sentencia a la Administración General del Estado su forma de proceder ya que en sus escritos no se pronunciaban sobre la alegación de la puntuación de conciliación familiar. Los magistrados destacan que en ningún momento se afirmó que los méritos de conciliación hubieran sido correctamente puntuados ni se explicó qué circunstancia impediría reconocerlos. Tampoco apreciaron que la demandante hubiera intentado impugnar las bases del concurso o la normativa reguladora, como sostenía la defensa estatal.

El Tribunal madrileño, que dirime estos asuntos de la Administración General del Estado, valoró como prueba de la ausencia de la puntuación por conciliación capturas de la aplicación informática que mostraban en blanco el apartado correspondiente a los méritos de conciliación de la recurrente. Por ello los magistrados concluyeron que no existía una explicación que justificara la exclusión de los puntos reclamados.

La Sala rechaza además que el órgano encargado de adjudicar la plaza pudiera ampararse en la denominada discrecionalidad técnica, una figura que concede a determinados órganos especializados un margen de apreciación en evaluaciones que requieren conocimientos técnicos. En este caso, los magistrados consideran que no existía tal margen porque la valoración estaba sometida a reglas objetivas, con puntuaciones previamente establecidas y operaciones de ponderación regladas.

La sentencia estima íntegramente el recurso de la funcionaria, anula la resolución de 30 de agosto de 2023 que resolvió el concurso y la posterior resolución de 30 de mayo de 2024 que rechazó la reposición. Condena a la Administración a dictar una nueva resolución del concurso, incorporar los 0,30 puntos omitidos y adjudicar a la demandante la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. La sentencia carga además a la Administración el pago de las costas procesales, con un límite máximo de 800 euros. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha aprovechado este domingo su presencia en León para lanzar un nuevo ataque contra Pedro Sánchez y el PSOE, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Muñoz ha acusado al presidente del Gobierno de incumplir sus compromisos y ha asegurado que “Pedro Sánchez siempre miente”, después de recordar que anunció que las elecciones serían en 2027, que habría Presupuestos Generales del Estado y que contaría con José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña. “Nos dijo que utilizaría a Zapatero en campaña. Estamos comprobando que ha mentido”.

Muñoz se refería así a la presencia este domingo del presidente del Gobierno de mitin en Ponferrada, el segundo de la precampaña socialista, con la ausencia del expresidente leonés del Gobierno, imputado en la Audiencia Nacional en un caso que investiga presunta corrupción en torno al rescate a la aerolínea Plus Ultra. Zapatero es uno de los fetiches del PSOE leonés en sus principales actos, aunque en esta ocasión no acudió al Bierzo.

La portavoz popular ironizó con que “Pedro Sánchez nos dijo a todos los españoles que utilizaría a la joya etrusca en campaña y resulta que Zapatero no ha venido al mitin de León”. Además, Muñoz fue muy dura con la figura del expresidente Zapatero, al que ha acusado de ser “una persona que ha mentido a todos los españoles” y ha cuestionado su papel como referente del PSOE: “Esa es la persona, el faro moral que decía Pedro Sánchez”.

Para la portavoz del Partido Popular la campaña enfrentará a los españoles entre “el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez” y el PP, al que ha presentado como la opción para una “reconstrucción nacional”. Ante los periodistas ha vinculado al Gobierno socialista con los casos de corrupción que han salpicado al Ejecutivo y ha acusado a la izquierda de vivir del “sacrificio” de los ciudadanos mientras utiliza los recursos públicos en “mordidas de contratos”, en referencia a las investigaciones y condenas a miembros del entorno gubernamental.

Preguntada por la apelación al “sacrificio” realizada por Alberto Núñez Feijóo este sábado en Madrid, Muñoz ha rechazado que implique recortes y ha defendido que el mensaje del líder popular significa que “la gente que se esfuerza y trabaja va a ver recompensado su esfuerzo y su sacrificio”. “La gente está harta de que vivan de su sacrificio” ha incidido.

“No estamos condenados a no llegar a final de mes. No estamos condenados a que la gente no pueda alquilar una casa, no pueda comprar una vivienda, no pueda cambiar de coche”, ha defendido la diputada del PP. Muñoz ha criticado que los españoles estén soportando una mayor presión fiscal sin que, a su juicio, se haya producido una mejora equivalente de los servicios públicos: “Nunca habíamos pagado más impuestos y nunca habíamos tenido peores servicios públicos”.

En cuanto a su futuro electoral, Muñoz no ha confirmado que vaya a repetir como cabeza de lista del PP al Congreso por León aunque ha mostrado su disposición a repetir como ya hizo en el año 2023, “Para mí es un absoluto orgullo representar a la mejor tierra de España y espero poder seguir haciéndolo muchos años”.

El alcalde de Camponaraya y expresidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha oficializado antes las agrupaciones locales del PSOE que aspira a liderar la lista al Senado por la provincia leonesa, según la carta a la que ha accedido este periódico. Morán pone así negro sobre blanco una aspiración que llevaba meses sobrevolando los círculos socialistas.

El político berciano volvería así a uno de los cargos más representativos tras abandonar en el año 2023 la Diputación de León al vetar UPL su nombre para mantener el gobierno del PSOE. Le sucedió en el cargo el actual presidente y concejal en Bembibre, Gerardo Álvarez Courel, segundo berciano tras Morán en presidir la institución provincial que representa a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Desde entonces hasta ahora el nombre de Morán ha sido barajado en diversos cargos y listas como modo de 'compensación' por haberle apartado de la Diputación de León para que el PSOE mantuviera el poder. A nivel orgánico Eduardo Morán es el presidente del PSOE de León que lidera Javier Alfonso Cendón como secretario general, un puesto de carácter honorífico y que ya ejerció en el autonómico con Luis Tudanca.

Su nombre para encabezar la lista al Senado no es el único ya que el actual senador por León, y durante las dos últimas legislaturas, Salvador Vidal, también aspira a repertir en la Cámara Alta. Otro nombre en liza es el del Delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Las asambleas locales del PSOE tienen de plazo para proponer nombres hasta el 13 de octubre ya que el día 14 está convocado un Comité Provincial que elegirá las listas definitvas y las elevará a la Comisión Federal de Listas, que puede ratificarlas o introducir algún cambio. Morán ha pedido el apoyo a toda las asambleas bercianas para encabezar la lista al Senado en detrimento de Vidal, que cuenta con el apoyo de la Ejecutiva Provincial para seguir.

En la lista al Congreso de los Diputados el aspirante principal es el líder socialista leonés, Javier Alfonso Cendón, a la que tendrá que seguir un nombre de mujer, siendo la favorita la exconcejala de Ponferrada y secretaria de Igualdad del PSOE de Castilla y León, Lorena Valle.

La tensión en la elección de las listas del PSOE leonés llega en pleno inicio de la precampaña de los socialistas, con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez teniendo su segundo acto antes de las Generales este domingo en Ponferrada

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha decidido posponer la decisión sobre su participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Consejo General de la formación, reunido este miércoles, no cerró finalmente si concurrirá con candidatura propia, si alcanzará algún acuerdo electoral o si optará por una fórmula de coalición con otras organizaciones leonesistas. La viabilidad económica de acudir a unas elecciones y hacerlo en coalición son las cuestiones encima de la mesa.

Distintas organizaciones y partidos del ámbito leonesista han reclamado en los últimos días la UPL que lidere una coalición para concentrar el voto en una única papeleta. Conceyu País Llionés y Unidad Leonesa ya habían defendido esta fórmula, mientras que Alantre también se sumó al llamamiento a la unidad.

El Consejo General analizará estas alternativas antes de adoptar una posición definitiva, en un calendario especialmente ajustado por la convocatoria electoral. El calendario marca el 16 de octubre como fecha máxima para registrar coaliciones, que se alarga hasta el 26 de octubre si van en solitario. Además si acuden con sus siglas solo hay que presentar el 0,1% de las firmas del censo para acudir, pero en el caso de agrupaciones de electorales habría que recopilar el 10% de las firmas de los electores de la provincia.

Otro de los elementos encima de la mesa de UPL es la viabilidad económica de afrontar una campaña electoral en la que si no consigues representación no obtienes financiación. La formación ya valoraba antes del Consejo General el coste de concurrir a unas generales en una circunscripción como León, donde en 2023 obtuvo 22.851 votos al Congreso pero no consiguió diputado, y el hecho de que los resultados electorales condicionen posteriormente la financiación del partido cuando se vienen las Municipales en mayo del 2027. Y ahí es donde se la juega UPL, en el mantener el importante poder municipal logrado en 2023.

Por otro lado UPL dio el visto bueno final al reglamento de primarias, pero sin fecha para su celebración que serían después de las elecciones generales.

Unión del Pueblo Leonés celebra este martes por la tarde su Consejo General, el principal órgano entre congresos, para decidir si acude a las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre y también aprobar de forma definitiva el reglamento de primarias de elección de candidaturas en los grandes municipios.

Son los dos asuntos relevantes a los que la organización que lidera Alicia Gallego deberá resolver ante la inmediatez de confirmar su participación en las elecciones y también por la necesidad de fijar fechas para elegir candidatura al Ayuntamiento de León, el lugar principal afectado por el proceso de primarias.

La decisión sobre las elecciones generales llega con presión tras el pronunciamiento de grupos influyentes del llamado leonesismo social para que UPL lidere una coalición proautonomía de cara a la cita del 29 de noviembre. Así Conceyu y Unidad Leonesa pidieron agrupar todo el voto leonesista en una papeleta aparcando “protagonismos y egos”. A ellos se unión el partido leonesista de izquierdas Alantre, que solicitó unidad como barrera de contención “de la extrema derecha”.

UPL obtuvo un buen resultado en las elecciones del 2023, mejorando con mucho sus anteriores intentos pero alejado de conseguir representación, con casi 23.000 votos al Congreso y casi 10.000 más en su candidatura al Senado. En la decisión de acudir o no influyen cuestiones como que estas elecciones abren el ciclo de las municipales así como el coste de sostener una campaña electoral en la que está muy complicado obtener representación, y por tanto financiación.

El partido deberá decidir además cuál es el proceso de elección de sus candidatos si finalmente acude a la cita de las generales y si acepta los llamados a una coalición de los otros grupos y partidos leonesistas.

El otro asunto del Consejo General es el visto bueno defintivo al reglamento de primarias para los grandes municipios, aunque se espera que su aplicación práctica solo se de en la candidatura al Ayuntamiento de León. En el anterior Consejo General celebrado hace unas semanas se dio el visto bueno al texto propuesto con algunas modificaciones sobre configuración de censo y otros asuntos, por lo que su aprobación definitiva será este martes. También deberán fijar fechas para las primarias, que la dirección del partido esperaba realizar en noviembre pero que ahora deberá decidir cuándo teniendo en cuenta las elecciones generales. El PSOE sí ha decidido posponer las suyas a después de la cita con las urnas.

En términos generales las primarias de UPL serán a única vuelta con aspirantes con un mínimo de avales del 10% de los militantes de la circunscripción y un máximo del 20%. Cada militante solo podrá avalar a un candidato o candidata y los avales duplicados se anularán. En caso de producirse un empate en votos entre candidaturas, la resolución final corresponde al Consejo General de UPL, que es el órgano encargado de dirimir y decidir el resultado.

El 20 de enero del 2023 la Junta de Castilla y León anunciaba la apertura del nuevo centro de salud de Bembibre tras más de seis años desde que se inició el proyecto de obras del centro médico, que tuvo que ser adjudicado dos veces y sufrió una importante demora en su obra. El coste final fue de 4.563.000 euros. Ahora, tres años y nueve meses después de la inauguración del flamante edificio, la consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 401.387 euros para instalar un nuevo sistema de climatización en el centro de salud de Bembibre porque lo que se puso hace cuatro años no funciona bien.

Y el dinero para arreglar la climatización del nuevo edificio saldrá con cargo a los fondos del Programa de Salud Bucodental 2026-2027, que aprovechará los fondos para adecuar la Unidad de Salud Bucodental y, ya de paso, todo el edificio por los problemas de refrigeración que presenta. Serán cuatro meses de obras desde la adjudicación por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.

La documentación técnica del contrato de Sacyl justifica la actuación porque el centro no dispone de un equipo de refrigeración asociado a las baterías de frío de los climatizadores. Estas baterías están dimensionadas únicamente para hacer frente a las cargas de ventilación y no a la totalidad de las necesidades térmicas durante el verano. Además, la Administración admite que el sistema de difusión mediante rejillas no permite alcanzar un nivel adecuado de confort térmico.

El nuevo contrato tiene un presupuesto máximo de 401.387 euros, IVA incluido, para instalar dos nuevos equipos de aerotermia, que atenderán la demanda de frío y calor de todo el edificio, además de nuevas redes hidráulicas y unidades terminales tipo fancoil en las dos plantas. También se reformará parte de la instalación existente y se mantendrá una bomba de calor ya instalada como respaldo en caso de fallo de los nuevos equipos.

El proyecto de climatización elaborado en septiembre de 2026 toma como antecedente el proyecto de instalación térmica del nuevo centro de salud de Bembibre, visado en 2022. En ella se señala que hay calificaciones energéticas muy diferentes a los distintos servicios del edificio. Mientras que la calefacción obtiene una A, el agua caliente sanitaria se queda en E, la iluminación en D y la refrigeración, objeto del nuevo contrato obtiene una G, la peor calificación posible dentro de la escala energética. En la documentación de la certificación se señala que no habrá medidas adicionales de mejora de la eficiencia energética en el edificio.

El plazo de presentación de ofertas se alarga hasta el 26 de octubre y tras su adjudicación se prevén cuatro meses de obras.