Este próximo sábado 25 de julio el economista jefe del Ayuntamiento de León, Carlos Hurtado, tendrá su último día de trabajo como funcionario del Ayuntamiento de León al llegar la jubilación forzosa por haber cumplido los 70 años y no poder seguir reenganchando actividad en el sector público. Será la jubilación del funcionario más influyente en el Consistorio de las últimas décadas, coinciden en señalar todas las fuentes consultadas por ILEÓN.

“Él seguiría si pudiera, pero todo llega a su fin”, remacha un funcionario también con décadas de trabajo que reconoce su influencia y su gran capacidad de trabajo, pese a estar envuelta en notables polémicas a lo largo de este casi medio siglo vinculado al consistorio leonés. Él ha asegurado en sus despedidas de esta semana que incluso este sábado seguirá trabajando en sus funciones. La luz encendida por las tardes y algún fin de semana en su despacho de la segunda planta del edificio de Ordoño II eran una inequívoca señal que Carlos Hurtado estaba trabajando.

Carlos Florencio Santiago Hurtado Martínez pertenece a una de las sagas familiares burguesas con más solera de León, los Hurtado conocidos por su labor médica y en la antigua Caja León, y ha ejercido distintos puestos económicos en el Ayuntamiento de León, jubilándose como “Jefe del subárea de recursos económicos y coordinador del área de recursos económicos en funciones”. Además desempeña distintos cargos en empresas y consorcios municipales como Serfunle, Ildefe o Mercaleón. “Se va con amigos y enemigos en todos lados, veremos si su influencia sigue luego”, valora un concejal actual que prefiere no ser identificado.

Como alto funcionario Hurtado ha participado en la elaboración de numerosos pliegos económicos, tribunales y comisiones en la que ha dejado su sello, polémico en muchas ocasiones como en el caso de la funeraria pública Serfunle, con un coste de millones de euros para el erario público. Su fama de hacer informes con la creatividad necesaria para defender su legalidad es indudable. Y como muestra reciente fue el informe que firmó, recordemos que como economista jefe, para facilitar que el Ayuntamiento de León otorgara la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen del Mercado con la argucia de dársela a la parroquia del mismo nombre. Como no es posible otorgar la medalla a una figura imaginaria buscó la argucia de dárselo a la figura jurídica de la parroquia. Y todos los partidos del actual consistorio -PSOE, PP, UPL y Vox- dieron su visto bueno como tantas veces a sus controvertidos informes.

Denuncia a cargos del PSOE

Considerado cercano al PP, uno de sus hermanos falleció como procurador leonés por el partido en los años 80, eso no ha sido óbice para que se casara con ninguna ideología. En su momento Hurtado rondó Ciudadanos y en su entorno familiar se registró incluso en plena crisis del bipartidismo un nuevo partido político llamado 'X León', sin actividad real conocida y y disuelto. Con amigos y enemigos en todas partes su mayor enfrentamiento público ha sido bajo el gobierno socialista de la ciudad con el exalcalde Francisco Fernández, al que denunció por presunta discriminación laboral

Hurtado denunció en el juzgado en 2011 a Francisco Fernández y los exconcejales Ibán García del Blanco y Miguel Ángel Fernández Cardo, responsables de Personal y Hacienda por haberle retirado funciones en el año 2007. El asunto estuvo varios años rondando los tribunales hasta ser finalmente desestimado en el año 2016.

En esa época se produjo, además, uno de los eventos sin duda más llamativos en su trayectoria cuando fundó una asociación vecinal llamada 'Asociación de Vecinos y Comerciantes Guzmán El Bueno de León' que recurrió las primeras licencias concedidas al proyecto de tranvía de la ciudad. Lograron su paralización temporal por un recurso judicial, que a la postre supuso el fin del proyecto por las trabas y los recortes posteriores. Todo ese proceso lo hizo estando formalmente de baja como funcionario, recuerdan excargos socialistas, pero ejerciendo sus derechos como ciudadano.

El polémico contrato de Serfunle

El nombre de Carlos Hurtado ha estado singularmente vinculado a la gestión de la mancomunidad de servicios funerarios conformada por los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre llamada Serfunle. Durante su existencia Hurtado ha ejercido de secretario de la opaca entidad pública y de su filial empresarial, lo que le llevó también a ocupar durante varios años cargos en las patronales funerarias públicas y privadas.

Pero la principal polémica es el contrato que privatizó Serfunle en el año 2003. Los ayuntamientos decidieron pasar la gestión a una empresa privada y realizaron un concurso que eligió al Grupo Mémora como socio mayoritario en la empresa Serfunle SA, participada por la mancomunidad pública y el gigante de los tanatorios. En el año 2018 un juzgado declaraba ilegal aquella privatización acusando de “dar apariencia de legalidad a una oferta cuya ilegalidad era grosera”. El caso fue que Mémora ganó el concurso de privatización e incluyó en el contrato un canon de gestión que no figuraba en los pliegos y que le supuso ingresos millonarios durante 13 años de forma ilegal. Solo hasta el 2016 Mémora cobró 8.419.530,11 euros que no debía. La ilegalidad del asunto fue ratificada posteriormente por todos los tribunales hasta el Supremo. El informe técnico que propuso como mejor oferta la de Mémora fue firmado por el gerente de la época y Carlos Hurtado, que también habían elaborado los pliegos. Al final el coste para las arcas públicas de aquel contrato se ha elevado por encima de los 10 millones de euros. IU llegó a llevar a la Fiscalía el asunto pero no vio relevancia penal.

Otra controvertida gestión atribuida a Hurtado fue la polémica por el no cobro del IBI de los colegios concertados que compensa el Estado. Desde 1995 una ley atribuía este gasto al Estado siempre y cuando los ayuntamientos lo reclamaran en tiempo y forma, algo que el consistorio leonés no hizo hasta el 2013. Aquel retraso supuso que se dejaran de ingresar 4,7 millones de euros y los grupos políticos del 2015 solicitaron que se analizara la responsabilidad atribuida al funcionario, sin que se concretara ninguna acción.

La polémica del 10 perfecto en una oposición

Aunque a lo largo de su dilatada trayectoria municipal Hurtado ha sorteado polémicas y denuncias varias, como una sobre un elevado alquiler a su familia de un local por la antigua contrata de limpieza de interiores en el Ayuntamiento de León. Hurtado fue quien realizó el informe técnico de adjudicación en 1998 del contrato de 'Servicio de Limpieza de Edificios Municipales y Centros dependientes del Ayuntamiento de León' a una UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por el entonces grupo Onyx. Al tiempo, según una denuncia presentada en Fiscalía, el padre de Carlos Hurtado firmó un alquiler de un local en la calle Gil y Carrasco con una de las empresas del grupo Onyx, fechado a 1 de enero de 1999 -un mes y medio después del informe de adjudicación de la limpieza de interiores-, elevando el precio del alquiler del mismo. La Fiscalía no vio caso y archivó la denuncia.

En una de las últimas polémicas que le han rodeado, Carlos Hurtado era el presidente del tribunal que anuló las oposiciones para una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de León por haberse producido un 10 perfecto en la prueba de test de 50 preguntas, incluso después de haberse anulado alguna. El propio Hurtado junto al tribunal anuló la prueba ya que “tiene el pleno convencimiento de que se ha podido filtrar el examen a partir de que el mismo fue impreso”, pidiendo incluso que se investigara también si su ordenador o de la secretaria del tribunal, otra funcionaria del ayuntamiento, fueron vulnerados para acceder al examen.

En su larga trayectoria Carlos Hurtado también ejerció influencia a través del singular sindicato Asial -Agrupación Sindical Independiente del Ayuntamiento de León-, un gran elemento de presión dirigido durante años por algunos de los principales altos funcionarios del consistorio leonés, especializados en elevar asuntos a los juzgados en materia de personal y plazas. En su singular trayectoria Hurtado no ha tenido reparos en recurrir decisiones de otros técnicos municipales con los que discrepaba, usando su capacidad de ciudadano de hacerlo y su información relevante como funcionario para ejercerla, como en una modificción de la ordenanza de aguas del 2019.

La última gran medida de Hurtado en el Ayuntamiento de León ha sido plantear esta semana una dotación de plazas, varias de altos funcionarios para puestos relevantes en el organigrama municipal, que de momento se han llevado el rechazo sindical por no estar negociadas. Que salgan adelante o no será parte de su legado. Una huella que nadie duda que ha sido profunda en el funcionamiento durante décadas del Ayuntamiento de León.

La empresa leonesa de telemarketing Plus Contacto, que anunció a finales de junio un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) plantea el despido de 96 trabajadores de su plantilla de 450 personas. Plus Contacto es una de las firmas tradicionales del telemarketing asentadas en León, y con capital leonés, y está especializada en la captación de fondos para entidades del tercer sector como organizaciones sin ánimo de lucro.

Según ha podido conocer ILEÓN tras la configuración de la mesa de negociación del proceso de despidos el pasado 17 de julio la empresa ha puesto sobre la mesa los números de trabajadores afectados. La propuesta inicial contempla la extinción de 96 contratos, repartidos entre 53 trabajadores en León, 33 en Gijón —con el cierre de esa oficina— y 10 en Zamora.

Compañía y sindicatos mantendrán nuevas reuniones en para intentar llegar a un acuerdo sobre la afectación final de ERE. En caso de no llegar a un acuerdo el ERE entraría en vigor a partir del 22 de agosto, según contempla la normativa actual.

Algunos trabajadores de la empresa han denunciado denuncian sentirse “desinformados” y reclaman una mayor transparencia por parte de los representantes sindicales presentes en las negociaciones, a quienes reprochan no haber aclarado aspectos fundamentales del procedimiento tras la primera reunión del periodo de consultas. A su juicio, en el momento actual se mantienen dudas sobre cuestiones como los criterios para seleccionar a las personas afectadas, las causas concretas del ERE o el contenido de la reunión mantenida con la dirección.

Por su parte, en el comunicado remitido a la plantilla tras la reunión del 21 de julio, la dirección de Plus Contacto señaló que afronta el proceso “con voluntad de diálogo y buena fe negociadora” para alcanzar “la mejor solución posible para todas las partes” y garantizar la viabilidad futura de la empresa. También anuncia que seguirá informando de la evolución del procedimiento conforme avancen las negociaciones.

Plus Contacto nació en 2008 y, desde entonces, ha desarrollado buena parte de su actividad para Cruz Roja Española, entidad para la que ha gestionado diferentes servicios de atención telefónica y campañas de captación de socios y fondos.

La empresa opera en un sector, el del contact center o telemarketing, que atraviesa un periodo de importantes cambios debido al endurecimiento de la normativa destinada a proteger a los consumidores frente a las llamadas comerciales no deseadas. Además, está previsto que a partir de octubre entren en vigor nuevas restricciones que volverán a limitar la actividad de este tipo de empresas.

Los vecinos de Librán, en el municipio berciano de Toreno, denuncian que desde hace más de una semana permanece cortado un camino vecinal por un camión que permanece atravesado en la vía e impide completamente el paso. El camión se ubica en el camino que une la localidad berciana con Santa Leocadia.

La principal preocupación de la pedanía es que ese camino constituye la única vía de escape alternativa del pueblo en caso de una emergencia, especialmente ante un posible incendio forestal, una circunstancia que consideran especialmente grave en pleno verano y con elevado riesgo de fuegos en la comarca berciana. Ese camino, perfectamente transitable, es la única alternativa viable a la carreterera que une Librán con la cabecera del municipio.

Vecinos de Librán han comunicado los hechos a la Guardia Civil, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar para comprobar que el camino permanece completamente cortado. Sin embargo, según explican, el problema no puede resolverse de forma inmediata al tratarse de un vehículo cuya retirada depende de la empresa implicada.

El camión está rotulado a nombre de una empresa llamada Transportes Especiales del Bierzo S.A, que se dedica al tranporte de mercancías por carretera, especialmente de carbón desde los puntos de extracción a los lavaderos. Está domiciliada en Madrid en la misma dirección donde figuran varias empresas del magnate minero Victorino Alonso, condenado a varios años de cárcel por sus minas ilegales en Laciana pero que cumple la pena ya en casa.

El transporte, además, ha sido movido en más de una ocasión en el mismo camino, la última para mantener el paso cortado en las inmediaciones de la antigua explotación minera de Alinos de Antracitas de Gaiztarro, una sociedad que compró el grupo de Victorino Alonso en los año 90 y formó parte luego del gigante Unión Minera del Norte (Uminsa).

La explotación de Alinos cerró en el año 2014 pero en su instalaciones albergaba además un lavadero y un almacén de carbón, que fue uno de los activos vendidos en el proceso de quiebra de Uminsa y comprado parcialmente por la empresa Minarsa (Minas y Antracitas del Narcea), denunciada en su momento por el Ayuntamiento de Toreno por llevarse toneladas de carbón sin licencia de funcionamiento del lugar. Minarsa ha vendido posteriormente los edificios y chatarra a otra sociedad, Servicios Globlales y Obras 2000, SL.

En un versión inicial de esta información se vinculaba Minarsa al empresario Jesús Rodríguez Morán ('Chus Mirantes'), responsable de la empresa del accidente mortal minero de Cerredo en Asturias, que costó cinco vidas en el 2025. La compañía ha matizado a este periódico que figuró durante un año como apoderado de la sociedad para una operación puntal de negocio, sin participar en su accionariado.

Victorino Alonso y las empresas que han comprado activos de sus viejas sociedades mineras se han enzarzado en notables polémicas sobre la propiedad de diversos activos, acusándose mutuamente de distintos fraudes. En una comparecencia en Asturias sobre el accidente en Cerredo, Victorino Alonso no se contuvo y calificó a Chus Mirantes de “carbonero” y poco profesional, y le acusó de haberle robado: “Ahora se ha metido a minero, es un chamicero que se llama”, negando cualquier relación empresarial con él.

La explotación y almacén de Alinos es además noticia frecuente por robos en la propiedad, como el ocurrido en el verano pasado cuando tres personas fueron detenidas 'in fraganti' robando diverso material como piezas de gran volumen de maquinaria pesada y un extintor. En la actualidad los activos de Alinos se dividen entre una empresa vinculada la grupo Alonso, Minarsa y la sociedad Servicios Globlales y Obras 2000.

Los vecinos de Librán reclaman una solución urgente a la situación que permita restablecer el acceso y garantizar la seguridad del pueblo, al considerar que mantener bloqueada la única salida alternativa puede comprometer una eventual evacuación si se produjera una emergencia.

La Universidad de León aprobó el pasado viernes en su Consejo de Gobierno -con 21 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones- el llamado Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030, que pretende corregir la complicada situación económica que atraviesa la institución académica leonesa y evitar una dinámica de déficit permanente

El documento, al que ha tenido acceso ILEÓN, plantea un amplio paquete de medidas de ahorro, reorganización e incremento de ingresos con el objetivo de recuperar el equilibrio presupuestario y reconstruir el remanente de tesorería en los próximos años. La necesidad del plan responde al progresivo agotamiento del colchón económico del que disponía la institución. Entre 2015 y 2021 la Universidad llegó a acumular un remanente de tesorería de 58,48 millones de euros, pero entre 2022 y 2025 ese fondo se fue utilizando para financiar el incremento del gasto corriente hasta quedar reducido a 18,77 millones, de los que únicamente quedan 6,67 millones corresponden a remanente genérico. Paralelamente, el gasto corriente supera ya en unos 12 millones de euros anuales a los ingresos ordinarios, lo que hace inviable el ritmo actual de gasto sin adoptar medidas.

El objetivo del plan es alcanzar el equilibrio presupuestario ya este 2026 y regenerar progresivamente el remanente presupuestario para situarlo en torno a los 9 millones de euros en 2030, aspirando a llegar a los 12-15 millones en 2033.

El documento advierte que la Universidad cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y que, sin actuaciones correctoras, en 2026 volvería a registrar un desequilibrio superior a los diez millones. La institución alerta de que continuar por esa senda podría desembocar incluso en un remanente negativo, circunstancia que obligaría legalmente a aprobar recortes adicionales y condicionaría la financiación autonómica futura.

La Universidad de León plantea un plan para incrementar sus ingresos que pasa, en primer lugar, por reclamar a la Junta de Castilla y León un nuevo modelo de financiación plurianual que permita recuperar los niveles previos a la crisis y asumir el coste de nuevas obligaciones, como la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla, el convenio María Goyri o el impacto de recientes sentencias judiciales. Al mismo tiempo, se fija como objetivo aumentar un 10% los ingresos propios antes de 2030.

En el último periodo la Junta de Castilla y León tampoco ha dotado a las universidades públicas de financiación para inversiones, como era habitual, por lo que la institución académica ha tenido que tirar de fondos propios para nuevas obras como la futura Casa del Estudiante que se construye en el campus de Vegazana, con un coste superior a los 16 millones de euros.

Para revertir la complicada situación, el plan fija como prioridad inmediata ajustar el gasto de personal al techo autorizado por la Junta de Castilla y León, contener el resto del gasto corriente y recuperar el equilibrio presupuestario ya en 2026. A ello se sumará un programa de búsqueda de nuevos ingresos mediante el impulso de las microcredenciales, la formación continua, la internacionalización, un plan de mecenazgo y una mejor contabilización de determinados ingresos públicos.

Revisión titulaciones

El Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 de la Universidad de León contempla una reordenación de la oferta de titulaciones oficiales como una de las medidas estructurales para reducir el déficit económico de la institución. El documento plantea revisar la viabilidad de grados y másteres en función de su demanda y sostenibilidad, con el objetivo de optimizar los recursos docentes y adaptar la oferta académica a las necesidades actuales.

Entre las actuaciones previstas figura la posibilidad de agrupar docencia entre titulaciones con contenidos similares, rediseñar planes de estudio para compartir asignaturas básicas y transversales e impulsar dobles grados y títulos conjuntos cuando ello permita mejorar la eficiencia. Asimismo, la Universidad prevé revisar la oferta de másteres oficiales, especialmente aquellos con menor número de estudiantes matriculados.

En concreto se van a revisar, fusionar o eliminar todos aquellos estudios de grado con muy baja demanda (menos de 20 alumnos de nuevo ingreso) o másteres con menos de 5 estudiantes matriculados, intentando reorientarlos hacia títulos propio.

Por otra parte para subir hasta un 10% los ingresos por titulaciones la institución potenciará la formación permanente y los títulos propios, con la previsión de incrementar entre un 30% y un 50% su oferta en los próximos tres años.

El plan aprobado no concreta qué titulaciones podrían verse afectadas ni plantea el cierre de ningún grado o máster en particular, sino que establece un proceso de evaluación general de toda la oferta oficial. Paralelamente, apuesta por potenciar las microcredenciales y la formación permanente como nuevas vías para diversificar la enseñanza y aumentar los ingresos propios de la institución.

Reorganización interna

Según lo aprobado, la Universidad acometerá un importante plan de contención del gasto, con especial incidencia en el capítulo de personal. Entre las medidas figuran el retraso de ofertas de empleo público y nuevas convocatorias —salvo las imprescindibles, como las vinculadas al Grado en Medicina—, la suspensión temporal de determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y la limitación de años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. A ello se sumarán medidas de ahorro energético y de funcionamiento, como el cierre selectivo de instalaciones por las tardes, el cierre de la Universidad durante un mes en verano, la reducción de gastos de impresión, viajes y movilidad del personal.

Otra de las principales medidas es una profunda reorganización de la Fundación General de la Universidad de León (FGULEM). Por ello se anuncia que se revisarán los encargos que presta a la institución para reducir costes, el Hospital Veterinario diferenciará claramente entre su actividad docente y la asistencial para avanzar hacia la autofinanciación de esta última, se disminuirá el gasto en distintos programas y servicios y se reorientarán recursos hacia el futuro plan de mecenazgo. También se impulsarán nuevos convenios, títulos propios y cursos especializados que permitan generar ingresos adicionales aprovechando las instalaciones universitarias.

El plan de ajuste contempla también una transformación de la gestión interna mediante la digitalización y automatización de procesos administrativos, la revisión de la estructura del personal de administración y servicios, la actualización de tarifas de gastos generales en proyectos financiados y la implantación de nuevas herramientas para captar recursos externos. Todo ello se plantea como parte de una reforma estructural que permita reducir costes sin afectar, en la medida de lo posible, a la actividad esencial de docencia e investigación.

La hoja de ruta de la Universidad de León que lidera la rectora Nuria González prevé aplicar durante 2026 las medidas más urgentes, profundizar en los ajustes durante 2027 y comenzar una recuperación gradual del gasto a partir de 2028, siempre vinculada a la obtención de mayores ingresos y a una mejora de la financiación autonómica.

El documento reconoce riesgos como un posible conflicto sindical, que ya se han pronunciado en contra de forma crítica, una posible pérdida de calidad en determinados servicios o la posibilidad de fracaso de las medidas para incrementar ingresos, aunque sostiene que el objetivo final es garantizar la viabilidad económica de la Universidad sin renunciar a su desarrollo futuro.

Los partidos de la provincia de León se van de veraneo activando en algunos casos sus maquinarias electorales, como el PP activando su comité y las candidaturas en León y Ponferrada y otros como el PSOE o UPL posponiendo para el otoño la puesta en marcha del proceso hacia las elecciones municipales del 2027.

En el caso de los leonesistas la batalla de las elecciones del último domingo de mayo se antojan más decisivas que nunca, ya que después de un buen resultado en las autonómicas aunque por debajo de las expectativas, necesitan consolidar el gran poder local logrado en 2023 y, si es posible, expandirlo. En ese año UPL pasó de ser un histórico sostén a los dos grandes partidos a ejercer un notable poder local haciéndose con alcaldías tan potentes como la de San Andrés del Rabanedo, Cistierna, Sabero, Riaño y ,mediante alternancia, la de Villaquilambre. Ese poder municipal le permitió hacerse con tres diputados provinciales, un éxito inédito que le hizo clave en la Diputación, donde pactó un gobierno con el PSOE.

En 2023 coincidieron el desgaste de los grandes partidos, la desaparición práctica de Ciudadanos y un contexto muy favorable para el leonesismo tras sus buenos resultados autonómicos de 2022 y el foco político en las mociones pro autonomía. Cuatro años después, el electorado pedirá algo más que reivindicación ya que UPL tendrá que explicar qué ha conseguido con su gestión e influencia, qué proyectos ha impulsado y en qué han mejorado los servicios públicos, las infraestructuras o las oportunidades económicas gracias a su poder local.

Hasta 26 municipios de la provincia llegarán a la cita electoral con un alcalde leonesista, pero entre ellos el tercer y cuarto más poblados y varias otras cabeceras comarcales. El caso de San Andrés del Rabanedo, con Ana Fernández Caurel como alcaldesa, es el principal dolor de cabeza de los leonesistas, por la convulsa gestión del tercer ayuntamiento en población de la provincia en este mandato, que no ha sido capaz de enderezar sus históricos problemas. En el partido se asume que puede haber un coste electoral, como ya se evidenció en las elecciones autonómicas, en un ayuntamiento que se traga liderazgos políticos a toda velocidad.

En Villaquilambre el alcalde Vicente Álvarez llega en una buena situación, con un gobierno municipal de coalición con PSOE e IU-Podemos que no ha generado polémicas y una situación financiera holgada en el consistorio. Álvarez se repartió con el concejal del PSOE Jorge Pérez la alcaldía por dos años y le toca a él gestionar la oleada inversora del final del mandato que suele premiar a los que ejercen el poder en ese momento. Su aspiración es mejorar notablemente los tres concejales de un municipio que UPL gobernó durante muchos años hasta que una crisis interna les redujo a mínimos.

En uno de sus principales focos de voto, la ciudad de León, UPL necesita renovar el cabeza de cartel tras la retirada de Eduardo López Sendino. De momentos hay dos nombres en la palestra, los actuales concejales y miembros de la dirección del partido Sheila Fernández y Enrique Valdeón. Valdeón es el heredero 'natural' de Sendino y Fernández representa una renovación generacional, aunque si el sistema de es de primarias no se descarta que otros nombres de la órbita leonesista puedan intentar encabezar el cartel de UPL. El reto del partido es enorme, mantener los cinco concejales logrados en 2023. Y en el fondo el debate de qué hacer con ellos si las cuentas vuelven a otorgar capacidad de poder, si mantenerse como apoyo externo como llevan haciendo los últimos ocho años o elevar la apuesta a la Alcaldía como hicieron en otros ayuntamientos como Villaquilambre.

Santa María del Páramo y Cistierna son los municipios que gobierna UPL con mayoría absoluta de la mano de sus dos principales dirigentes, la secretaria general y lideresa Alicia Gallego y el vicesecretario y exlíder Luis Mariano Santos. Gallego ejerce el mando en la capital paramesa y se espera que no tenga problemas en revalidarlo pese a que cualquier gestión con los años pasa alguna factura. En Cistierna habrá que esperar a conocer si Santos repite candidatura tras enderezar el ayuntamiento u opta por ir retirándose de la primera línea política como ha hecho con el liderazgo leonesista.

En el municipio con más renta por habitante de la provincia, Sariegos, UPL domina con una mayoría absoluta en manos de Roberto Aller, que confían en revalidar. Aller es ahora además el número dos de UPL, como secretario general, y en sus manos está la configuración de las listas electorales del partido. Su mayor visibilidad pública como vicepresidente primero de la Diputación le puede ayudar a mantener el poder de este municipio esencial en el alfoz y para el reparto de votos de los diputados provinciales.

En El Bierzo es donde UPL tiene más por hacer, reconocen desde el partido. Si bien en el 2023 estuvo cerca de lograr un concejal en Ponferrada, la comarca se le resiste al partido leonesista en cuanto a poder aunque ha llegado a gobernar lugares como Torre del Bierzo. Tras la crisis de la agrupación berciana antes de las autonómicar el partido confía en reconfigurar candidaturas que le permitan superar a Coalición por el Bierzo como referencia del localismo en la comarca, complicado por el predicamento en la ciudad ponferradina del regionalismo bercianista.

Otros dos agujeros de los leonesistas son Astorga y La Bañeza, donde hubo tiempos mucho mejores para el partido en votos y en representación. El buen resultado de La Bañeza de las autonómicas, donde ganaron, anima al partido a intentar presentar una lista que rompa la mayoría absoluta del PP y en Astorga, donde no se presentó en 2023, también se busca una candidatura que les permita volver a tener representación municipal. Las cabeceras comarcales serán uno de los focos del partido para ampliar su representación.

El resultado de las elecciones autonómicas de marzo de 2026 confirma que UPL tiene margen como partido, ya que obtuvo en la provincia 48.709 votos, el 20,96%, y mantuvo sus tres procuradores. Su desafío para el 2027 puede resumirse en tres verbos: conservar el poder local que tiene, ampliar su representación y gobernar siempre que se pueda, el fin último de cualquier político y partido.

Más de 21 millones de seguidores en Youtube, cerca del millón en Instagram, dos millones en Facebook, doce discos publicados y una gran gira por escenarios de España y Latinoamérica, incluyendo recintos de hasta 15.000 personas. Son las cifras detrás del personaje infantil Luli Pampín, creado hace una década por la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, una de las grandes estrellas para el público más pequeño gracias a sus pegadizas canciones e imagen icónica.

La protección del personaje llevó a su creadora y a la empresa que gestiona sus derechos a interponer una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. Los abogados del personaje solicitaban una pena de prisión de 11 años, inhabilitación de cinco años para actividades similares y el pago de una indemnización de 90.000 euros, además de la multa correspondiente.

Luli Pampín es el personaje que lanzó al éxito a la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, que llegó a España con 12 años, fue militar en el Ejército español una década y tras ser madre creó el universo de Luli Pampín, inspirada como reconoce, en el personaje japonés de 'Sailor Moon'. La artista reside actualmente en Andorra junto a su familia.

La cantante y bailarina señala en su web en su advertencia sobre el registro de su personaje, elementos accesorios y canciones y que “cualquier evento o actuación que pretenda rendir homenaje o utilizar de cualquier manera la obra y los elementos protegidos de Luli Pampín debe obtener una autorización previa y expresa. Esta política asegura la protección y la gestión adecuada de nuestros derechos de propiedad intelectual, manteniendo la integridad y la identidad única de nuestra marca y sus creaciones”. De ahí la denuncia efectuada en León.

Ante la denuncia la Fiscalía consideraba que sí concurrían los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial y solicitaba un año de prisión por cada uno de ellos, además de una multa de 18 meses por la infracción contra la propiedad intelectual y una indemnización de 15.000 euros para la denunciante. La defensa, por su parte, reclamó la libre absolución.

La Audiencia Provincial de León ha terminado dictaminando la absolución al actor y empresario promotor de la obra homenaje tras el juicio celebrado la pasada primavera. El tribunal sí aprecia similitudes en el cartel y confirma que el espectáculo carecía de autorización, pero concluye que no se acreditó la reproducción de las obras originales, el dolo exigido en los delitos de los que se le acusaba ni que se haya causado un perjuicio grave para los consumidores. El equipo de la artista ha confirmado a este medio que la sentencia ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según Luli Pampín, ella se enteró del espectáculo porque sus seguidores la etiquetaban en redes sociales anunciando que acudirían, pese a que avisó que no era ella ni su obra original. El tribunal considera acreditado que el cartel publicitario incluía una actriz con peluca rosa y un vestuario parecido al utilizado por Luli Pampín, así como similitudes entre la marca y signos distintivos registrados por la argentina. Pero no condena porque considera que las pruebas necesarias para una condena por reproducción o plagio de una obra artística no han sido suficientes.

Luli Pampín declaró en el juicio que algunos seguidores le habían remitido imágenes en las que podía comprobarse la reproducción de su espectáculo, pero esas grabaciones no fueron incorporadas a la causa. Según declaró a ella le afectan estas situaciones porque planea milimétricamente su show, y le perjudica porque estos shows son por menos precio y daña la relación de confianza que tiene con sus seguidores al no poderse distinguir del original.

El promotor acusado admitió que el espectáculo se promocionó como un tributo y que el cartel mostraba a una actriz con peluca rosa. También reconoció que, tras la llegada de la Policía, cambió el orden de las canciones y que posteriormente se interpretaron canciones de Luli o similares como 'Paseo por la selva' (un éxito con 1,5 millones de reproducciones en Youtube). No obstante, el acusado sostuvo que sus espectáculos utilizaban básicamente canciones populares, composiciones propias y coreografías preparadas por su equipo, y que la intención era inspirarse en determinados personajes sin plagiar sus obras.

Uno de los actores del 'homenaje' afirmó que el repertorio de la obra se modificó durante la presencia policial, que no habían ensayado antes y que el material relacionado con Luli Pampín se reservó para el final, pero también reconoció que no conocía suficientemente al personaje ni podía identificar sus canciones. Otros intérpretes señalaron que la trama representada trataba sobre los tripulantes de una nave espacial y negaron que los vídeos aportados por la acusación correspondieran a su actuación.

Según otro testimonio había poca gente en el teatro, cuyo precio de las entradas era entre 10 y 13 euros con una recaudación neta de 3.075,96 euros, cantidad de la que el acusado debía pagar 1.100 euros en concepto de alquiler del teatro, el sueldo de los actores y gastos de alojamiento y desplazamiento.

La clave de la absolución por el delito contra la propiedad intelectual estuvo en la insuficiencia de la prueba sobre el contenido real del espectáculo. La Policía Nacional se personó en el espectáculo para verificar el mismo tras una denuncia de Luli Pampín pero el video aportado, de 15 minutos de duración, según la sentencia, no mostraba referencias ni contenidos vinculados a Luli Pampín. El acusado sí reconoció el uso limitado de canciones en los minutos finales del espectáculo.

La Audiencia Provincial de León concluye que no quedó probado, más allá de toda duda razonable, que en la función de León se reprodujeran canciones, guiones, personajes, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos. La semejanza del cartel, por sí sola, no permitía acreditar el plagio del espectáculo.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, el tribunal destaca que la acusación debía probar no solo el uso de signos iguales o confundibles, sino también que el acusado sabía que estaban registrados. La sentencia considera que ese conocimiento no puede presumirse y que no se aportó prueba suficiente para demostrar que, antes de publicar el cartel, el promotor conociera el registro de las marcas y signos distintivos.

La Audiencia también descartó el lucro habida cuenta que las cifras totales del espectáculo suponen que “ni el beneficio obtenido posee especial trascendencia económica ni los hechos revisten especial gravedad”.

En relación con el delito de publicidad engañosa la sentencia recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que las alegaciones falsas o características inciertas sean aptas para ocasionar un perjuicio grave y manifiesto al conjunto de los consumidores. Para valorar esa gravedad deben tenerse en cuenta factores como la clase de servicio, el precio, el número de destinatarios, el medio publicitario y las circunstancias de quienes reciben el mensaje.

Los jueces leoneses entienden que debido a que las entradas costaban entre 10 y 13 euros y no se aportaron datos concretos sobre consumidores engañados, devoluciones, reclamaciones o perjuicios relevantes no existe prueba suficiente para afirmar un daño grave y manifiesto a los consumidores.

Un año después del aquella obra homenaje la Luli Pampín original actuó en León en el Auditorio de la ciudad con su espectáculo 'El libro musical'. Este mes de julio la artista se encuentra de gira por Argentina y Chile con su espectáculo 'Millones de gracias', con el que celebra los 10 años del personaje que nació en agosto de 2016 con un video en Youtube.

Para el equipo de Luli Pampín este revés judicial, no firme, “no altera la protección legal de las figuras, obras y creaciones culturales, cuya defensa seguiremos ejerciendo por las vías legales correspondientes”.

La Diputación de León mantendrá en manos externas su defensa jurídica en los tribunalaes ya que ha sacado a licitación un nuevo contrato para la defensa jurídica y la representación procesal de la institución, el Instituto Leonés de Cultura (ILC), el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de León y el Consorcio Provincial de Turismo. El contrato tiene un valor estimado máximo de 633.600 euros, contempla una duración inicial de un año aunque es prorrogable hasta un máximo de cuatro, y las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 28 de julio.

Ya en el año 2018 la institución provincial, entonces gobernada por el PP de Juan Martínez Majo, formalizó un contrato global de defensa jurídica ya que hasta entonces se contrataba caso a caso y de manera poco transparente los distintos conflictos jurídicos de la institución provincial. Fue la primera vez que se formalizó un contrato global de defensa jurídica durante varios años, que recayó en dos bufetes que no tenían sede en León. En el año 2022 se adjudicó un segundo contrato de este tipo con unos precios ligeramente inferiores a los actuales.

El nuevo contrata se divide en dos lotes de igual cuantía. El primero estará destinado a la defensa jurídica en materia de recursos humanos y empleo público, en los ámbitos contencioso-administrativo y social, mientras que el segundo abarcará el resto de materias jurídicas, incluidas las jurisdicciones civil, mercantil, penal y contencioso-administrativa, además de procedimientos ante el Tribunal de Cuentas o los tribunales económico-administrativos. Cada lote cuenta con un presupuesto anual de 79.860 euros, impuestos incluidos.

Además de asumir la representación en los procedimientos judiciales, el adjudicatario deberá prestar asesoramiento jurídico vinculado a los litigios, elaborar informes cuando lo requiera la Presidencia de la Diputación, asistir a cargos públicos y empleados provinciales en procedimientos penales relacionados con el ejercicio de sus funciones, gestionar el cobro de costas procesales y mantener reuniones periódicas de coordinación con la institución. El contrato también exige disponibilidad presencial cuando sea requerida y prohíbe expresamente asumir asuntos que puedan generar conflictos de intereses con la Diputación.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, valorando tanto la oferta económica como la memoria técnica y otros criterios automáticos. El pliego establece, además, requisitos de solvencia económica y experiencia previa en la defensa de administraciones públicas, así como condiciones relacionadas con la igualdad, el uso de lenguaje inclusivo y la gestión ambiental durante la ejecución del contrato.

El contrato fija un sistema de retribución por actuaciones. Entre otros conceptos, la Diputación abonará 2.200 euros por cada procedimiento judicial en primera o única instancia dentro de Castilla y León, 1.210 euros por los recursos en segunda instancia en la Comunidad y 1.650 euros por los procedimientos tramitados fuera de ella. Además, el adjudicatario recibirá incentivos económicos por las resoluciones favorables a la institución, que oscilarán entre 770 y 1.760 euros, según la instancia judicial, así como 660 euros por cada informe jurídico extraordinario que le sea encomendado fuera del ámbito de un litigio. Si se gana parcialmente solo se cobrará la mitad de lo estipulado.

Los pliegos también establecen el nivel de disponibilidad para el despacho profesional que resulte adjudicatario. Entre otras obligaciones, deberá mantener un teléfono operativo todos los días laborables, celebrar al menos una reunión semanal de coordinación con la Diputación —excepto en agosto—, remitir todas las resoluciones judiciales e informes derivados de los procedimientos y garantizar la continuidad del servicio mediante un letrado sustituto en caso de ausencia.

Asimismo, no podrá asumir durante la vigencia del contrato asuntos particulares que entren en conflicto con los intereses de la institución provincial, una prohibición cuyo incumplimiento podría conllevar una indemnización de 300.000 euros.

Una tormenta seca sembró este martes de incendios el centro de la provincia leonesa, generando una situación simultaneidad que ha llevado a elevar el nivel de gravedad de los incendios de Porqueros y de Espina de Tremor. Y a finales de junio ocurrió en la comarca berciana, donde llegó a haber 18 incendios concentrados en escasas horas y que acabaron arrasando más de 1.600 hectáreas y provocando el primer gran incendio del año en León, el de Congosto con 512 hectáras quemadas. Una concurrencia de incendios que puede llegar a saturar el operativo y provocar que algunos se escapen y afecten a grandes superficies forestales.

Con un operativo que no termina de estar completo, con la Junta de Castilla y León haciendo ofertas de empleo a través del servicio público para torretas y sin todos los medios aéreos prometidos, se vuelve a generar una situación a la que el propio gobierno autonómico achaca buena parte del desastre del año pasado, con 135.000 hectáreas arrasadas solo en la provincia de León. El mayor desastre medioambiental de la historia de León.

Los rayos fueron responsables el agosto pasado de los mayores incendios, sobre todo cuando vienen de tormentas secas acompañados de fuertes vientos, que favorecen su propagación. Si a ello se le une un operativo insuficiente, como vuelven a denunciar este año los sindicatos, se juntan las condiciones para crear una tormenta perfecta de fuego.

La Junta explicó que entre las 11.00 y las 18.00 horas se registraron 979 rayos en Castilla y León, con las tormentas avanzando desde Ávila y Segovia hacia el noroeste hasta alcanzar León. El operativo mantiene la vigilancia ante la posibilidad de que aparezcan nuevos incendios por rayos latentes durante las próximas 48 horas, un escenario que podría volver a provocar múltiples fuegos simultáneos, señala el Ejecutivo autonómico.

Los rayos son responsables también del grave incendio ocurrido en el Parque Nacional de Picos de Europa, en Ribota de Sajambre, y que lleva ardiendo desde el 26 de junio. El incendio se mantiene activo bajo tierra, explica la Junta, y sale a superficie metros más allá del perímetro por lo que sigue sin darse por controlado y en nivel 1 de gravedad tras acercarse un frente a territorio asturiano.

Amenaza a Zacos

La situación más preocupante se ha vivido en Porqueros, donde la Junta declaró el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 al verse amenazada la localidad de Zacos, cuyos cerca de 60 vecinos fueron confinados preventivamente en la escuela mientras los medios de extinción protegían el núcleo urbano.

El incendio obligó además a cortar la carretera LE-5404 y la línea férrea a su paso por Porqueros. Como consecuencia, el tren que cubría el trayecto entre León y Ponferrada tuvo que trasladar a sus pasajeros en autobús desde Astorga. Ya entrada la noche, la evolución del fuego permitió levantar el confinamiento de Zacos y reabrir la carretera, aunque la vía ferroviaria permanecía cerrada para facilitar las labores de extinción con maquinaria pesada y la ejecución de quemas de ensanche. Este miércoles ha bajado al nivel 2 al finalizar la llama activa, aunque se mantiene despliegue de medios para evitar reproducciones.

Un rayo también es la causa probable de un incendio en la zona de Valdueza de la comarca de El Bierzo, iniciado en el pueblo de Villanueva de Valdueza del municipio de Ponferrada y que ha necesitado de un despliegue nocturno para intentar evitar el avance de las llamas.

Durante la noche trabajan exclusivamente medios terrestres, con una estrategia centrada en el empleo de maquinaria pesada, el ataque directo cuando las condiciones lo permiten y la creación de líneas de defensa. La Junta confía en que el descenso de las temperaturas, el aumento de la humedad y la disminución del viento favorezcan las tareas de extinción. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha convocado una nueva reunión a las 8.00 horas para evaluar la evolución de los incendios activos.

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso de apelación presentado por una madre lacianiega contra una sentencia que declaró que un hombre es el padre biológico de un menor. La resolución confirma íntegramente el fallo dictado por el Tribunal de Instancia de Villablino en octubre del 2025 y mantiene la rectificación registral de la filiación, con los efectos civiles correspondientes, incluida la modificación de los apellidos del niño. Además, impone a la apelante las costas del recurso.

El caso parte de una demanda de filiación paterna no matrimonial presentada por el presunto padre al amparo del artículo 133 del Código Civil en la demarcación judicial de Villablino. El demandante solicitó que se declarase judicialmente que era el padre biológico de un menor, frente a la oposición de la madre. En primera instancia, el juzgado estimó la demanda y acordó adecuar la inscripción de nacimiento a la realidad biológica declarada.

La reclamación de filiación se apoyaba en la existencia de una relación sentimental entre los litigantes en la época compatible con la concepción, así como en distintos indicios documentales y testificales. Entre ellos figuraban fotografías del actor con el menor en el hospital, imágenes de los progenitores compartiendo espacios privados y momentos de ocio, referencias a una ecografía y declaraciones de testigos que afirmaron haber conocido la relación de pareja.

La madre recurrió la sentencia alegando error en la valoración de la prueba. Sostuvo que no había quedado acreditada con certeza la convivencia o relación en la época de la concepción y defendió que su negativa a someter al menor a la prueba biológica no debía interpretarse en su contra, porque pretendía proteger la intimidad del niño.

El demandante se opuso al recurso y subrayó que la prueba acumulada era suficiente para confirmar la paternidad, aún sin prueba de ADN que determinara la filiación. A su juicio, la documental y las declaraciones testificales acreditaban la relación mantenida con la madre y su presencia en momentos relevantes del embarazo y el nacimiento. También destacó que la demandada no acudió a tres citas para realizar la prueba biológica, sin ofrecer una justificación válida.

El Ministerio Fiscal apoyó confirmar la paternidad ya que consideraba que la negativa de la madre a facilitar la prueba de ADN constituía un indicio especialmente relevante que debía valorarse junto al resto del material probatorio practicado en el juicio.

La Audiencia Provincial de León señala en la sentencia a la que ha tenido acceso ILEÓN que la negativa a someterse a una prueba de ADN no equivale automáticamente a una confesión presunta, pero sí puede funcionar como un “indicio muy cualificado”, cuando existen además otros elementos que apuntan a la paternidad. El tribunal cita doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para rechazar tanto que la negativa baste por sí sola como que se exija a la parte actora una prueba absoluta e incontrovertible cuando la otra parte impide la prueba científica más fiable.

El tribunal considera que la prueba biológica no afectaba de forma relevante al derecho a la intimidad del menor, pues se limitaba a determinar si el demandante era o no el padre. Añade que la intimidad debe conciliarse con otros derechos, entre ellos el del menor a conocer su origen biológico y el del progenitor a obtener la determinación legal de la filiación.

La resolución destaca además varios indicios adicionales como fotografías del presunto padre en el hospital con el menor, imágenes de los litigantes juntos, una ecografía cuya obtención alternativa por redes sociales no quedó probada, testimonios del padre del demandante y de la propietaria de un bar que los veía comportarse como pareja, y un informe hospitalario que hacía referencia a visitas de “sus padres” tras el nacimiento del niño.

Con todo ello, la Audiencia concluye que no puede afirmarse que esas pruebas indirectas acrediten por sí solas la paternidad con plena certeza. Sin embargo, unidas a la negativa injustificada de la madre a colaborar en la prueba biológica, permiten tener por probada la filiación reclamada conforme a la doctrina jurisprudencial aplicable.

A finales del pasado mes de mayo el Procurador del Común de Castilla y León reclamaba a todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes que le informaran cuáles eran las medidas que tenía adoptadas cada municipio en cuanto a la adaptación de los espacios urbanos de Castilla y León a los episodios de calor extremo.

En ella recoraban que en una comunidad como Castilla y León “caracterizada por un acusado envejecimiento demográfico y, por ello, con una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, así como una creciente concentración de población en entornos urbanos”, actuar de forma preventiva contra el calor como parte del “deber de los poderes públicos de proteger la salud, la integridad física y el derecho a un medio ambiente adecuado”.

El Procurador del Común solicitaba también a los grandes ayuntamientos “que se valore la incorporación progresiva de medidas de adaptación de los espacios urbanos frente a episodios de calor extremo, impulsando, en función de las características, necesidades y recursos disponibles, una red flexible de espacios públicos y equipamientos municipales susceptibles de desempeñar funciones de alivio térmico y protección de la salud de la población durante situaciones de temperaturas extremas”.

Y es que con carácter general esa adaptación es inexistente en la provincia leonesa. El último informe de Greenpeace sobre la situación revela que la adaptación de espacios como refugio climático se ha estancado en España. En la comunidad autónoma solo Valladolid cuenta con una red de refugios climáticos en la ciudad, considera “una de las soluciones más sencillas de implementar a corto plazo para asegurar la protección y alivio de la población más vulnerable”.

Los datos son contundentes: el pasado mes de junio fallecieron más de 1.000 personas por causas atribuibles al calor, más de 200 de ellas durante la primera ola de calor. Y cuando ya atravesamos la segunda ola del calor del verano, apenas dos semanas después de su inicio, las quejas se multiplican en León por la falta de adecuación de los espacios y edificios públicos al calor.

Aunque los cuatro grandes municipios de la provincia -León, Ponferrada, San Andrés y Villaquilambre- forman parte de la Red Española de Ciudades por el Clima ninguno cuenta con espacios oficiales de refugio climático. Son espacios como bibliotecas o centros públicos que cuentan con climatización y un horario amplio, sobre todo en horas centrales de calor, para que aquellos ciudadanos que lo necesiten acudan y puedan estar más frescos que en sus hogares. La Red cuenta incluso con una guía de implantación, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado fondos para crear una Red Estatal de Refugios Climáticos “y el refuerzo de las políticas de prevención frente al calor extremo”.

Centros hospitalarios y colegios

Las quejas en la provincia leonesa de las últimas semanas se centran en el impacto del calor, especialmente las oleadas, en centros sanitarios, asistenciales y educativos.

Una de las principales denuncias se ha registrado en el Hospital Santa Isabel de León, la parte del Hospital de León dedicada a la asistencia de enfermedades mentales, donde se ha denunciado que las unidades de hospitalización carecen de aire acondicionado pese a que el centro atiende a pacientes que, en muchos casos, permanecen ingresados durante meses e incluso años. Las altas temperaturas han obligado tanto a profesionales como a enfermos a soportar jornadas con un calor muy intenso, aliviado únicamente por uno o dos pequeños ventiladores de mesa por planta, claramente insuficientes para las dimensiones del edificio. Por ello se exige una solución de climatización ya que afecta a personas vulnerables para las que el hospital constituye prácticamente su hogar, reclamando que se planifique una solución definitiva ante unos veranos cada vez más extremos.

A la situación denunciada en Santa Isabel se suma a otros casos conocidos en las últimas semanas. CSIF llevó ante la Inspección de Trabajo las condiciones del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia (CREDYD) de San Andrés del Rabanedo, al que denominó “infierno térmico” por registrar temperaturas superiores a los 30 grados en un centro que atiende a personas con grave discapacidad y dependencia. El sindicato denunció la ausencia de medidas eficaces de climatización y alertó del riesgo tanto para trabajadores como para usuarios especialmente vulnerables, reclamando actuaciones urgentes para garantizar unas condiciones dignas.

El calor también ha centrado la preocupación en los centros de educación infantil. En Ponferrada, la familia de un niño de 23 meses denunció que el menor sufrió un golpe de calor mientras dormía la siesta en la guardería municipal Mago Chalupa, un episodio por el que ha anunciado acciones legales y tras el que el Ayuntamiento se comprometió a acelerar la instalación de aire acondicionado en las dos escuelas infantiles municipales. A ello se suman las reiteradas denuncias de sindicatos y familias por las altas temperaturas en las aulas de 0 a 3 años. CCOO considera insuficientes las medidas adoptadas por la Junta y reclama un plan estable de climatización para evitar nuevos episodios de riesgo.

El AMPA de la Escuela Infantil Parque de los Reyes de León asegura que en las aulas se superan de forma habitual los 28 grados pese a existir una partida presupuestaria aprobada para mejorar la climatización, mientras que UGT exige la ejecución inmediata de las actuaciones comprometidas y recuerda que la exposición prolongada al calor supone un riesgo para bebés, trabajadores y docentes.

Medio millar de personas de personas han salido a las vías este caluroso domingo 5 de julio para insistir al Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, que el histórico tren de Feve vuelva a llegar al centro de la ciudad de León, casi quince años después de que dejara de hacerlo por unas obras que iban a mejorar el trazado y provocaron que nunca más pasaran trenes.

Esta manifestación de este domingo es la tercera gran protesta convocada por la Plataforma en Defensa de Feve León, que ha realizado a pie durante los últimos días el recorrido de un centenar de kilómetros entre Guardo (Palencia) y León, con último tramo entre el apeadero de La Asunción-Universidad a las afueras de la ciudad y la histórica Estación de Matallana ubicada en el centro.

Los ciudadanos han vuelto a expresar la necesidad de que los trenes del viejo ferrocarril de vía estrecha, hoy bajo la marca Cercanías Renfe, vuelvan hasta el centro de la ciudad para mejorar la conexión y ofrecer de verdad un servicio ferroviario de calidad a los ciudadanos. Fue en septiembre de 2011 cuando dejaron de pasar los trenes y en el año 2024 nacía la plataforma revindicativa que organizó una protesta masiva en noviembre del 2024.

Isabel López, portavoz de la Plataforma en Defensa de Feve de León, ha agradecido a todas las personas que han participado en la protesta entre Guardo y León, “Vamos a dar gracias a toda la gente que la experiencia ha sido más que una experiencia, una experiencia social”. “No hay motivos, no hay razones para que no se desbloquee, lo vamos a conseguir”, aseguró cuando la marcha llegaba a la ciudad leonesa para insistir en que el Gobierno de España debe dar una solución para que los trenes recuperen el histórico trazado. “Pretendemos sacar el tráfico del centro de las ciudades y dejamos en tren a dos kilómetros. Es que no tiene sentido. Nadie entiende qué es lo que está pasando aquí”, abundó.

En la manifestación de este caluroso domingo han participado representantes de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de León -PSOE, PP, UPL y Vox- así como varios alcaldes del tramo ferroviario que une la ciudad leonesa con la montaña.

Entre tanto el Ministerio de Transportes ha intentado implantar una solución mediante autobuses por el trazado rechazada por la plataforma y todos los ayuntamientos leoneses del trazado, al entender que es una solución incompleta y que no deja ver la solución prometida, llegar en tren hasta el centro de León desde la Montaña (o incluso Palencia o País Vasco), tal y como era el trazado original que tiene casi 135 años. Mientras tanto se han planteado diversas opciones, como trenes híbridos y la mejora definitiva del trazado, sin respuesta del Gobierno hasta el momento.

La plataforma, desde que comenzó a exigir una solución definitiva en 2024, no ha descansado con acciones de protesta, desde jornadas informativas a una segunda gran manifestación o cortes semanales de calles en el centro de León para recordar que desde hace 15 años en León hay algo pendiente: que el tren de Feve vuelva al centro de la ciudad. Y anuncian que seguirán en la lucha.

15 años sin trenes de Feve en el centro de la ciudad

El 11 de septiembre de 2011 marcó un antes y un después para la antigua línea de Feve en León. Ese día dejaron de llegar los trenes a la estación de Matallana con la promesa de que el corte sería temporal para ejecutar la integración ferroviaria y un innovador sistema de tren-tranvía que conectaría el norte de la provincia con el centro de la ciudad. Quince años después, los viajeros siguen terminando su recorrido en La Asunción-Universidad y completando el último tramo en autobús.

El origen del proyecto se remonta a los últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando Feve diseñó un ambicioso plan que incluía cuatro líneas tranviarias y la compra de trenes-tranvía. Sin embargo, el cambio político de 2011, con la llegada del PP al Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento de León, supuso un giro radical. Los recortes económicos llevaron a descartar el proyecto y, además, se cuestionó la contratación de los convoyes, que se acabaron cancelando.

Otro momento decisivo llegó en 2015, cuando el Gobierno del PP de Mariano Rajoy excluyó el tramo urbano de Feve en León de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), una decisión publicada en el BOE que ha condicionado desde entonces cualquier intento de recuperar el servicio ferroviario hasta el centro de la ciudad bajo supuestos problemas de seguridad. En todos estos años tiempo no se ha podido dar a luz un informe que devuelva el tráfico ferroviario al tramo urbano bajo diversas excusas.

El resultado a día de hoy es un proyecto convertido en símbolo del bloqueo institucional y con responsabilidades repartidas entre distintos gobiernos y administraciones durante tres lustros. PSOE y PP impulsaron, modificaron o paralizaron decisiones clave en distintos momentos, mientras León continúa sin recuperar una conexión ferroviaria que sigue siendo una de las grandes reivindicaciones de usuarios, ayuntamientos y de la Plataforma en Defensa de Feve.

La provincia de León sigue siendo, como es habitual, la más afectada por los incendios forestales sin que parezca que un año después de vivir la mayor tragedia ambiental de su historia, con 135.000 hectáreas arrasadas, se haya aprendido demasiado. Según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León a 3 de julio del 2026 se habían quemado desde el 1 de enero 1880,79 hectáras, del total de 3.001, 92 hectáreas de toda la comunidad autónoma. Es decir el 62% de todo lo quemado ha sido en la provincia leonesa.

Y en estas cifras no se contemplan todavía los efectos de los 18 incendios que arrasaron a finales de junio la comarca del Bierzo, que según cifras de la Junta de Castilla y León han arrasado unas 1.600 hectáreas, incluyendo el primer gran incendio forestal del año, el de Congosto, que calcinó entre 500 y 600 hectáras. La Junta todavía no lo suma de manera oficial en sus partes. Siguiendo por la gravedad están los incendios de Pradela, en Trabadelo con 150 hectáreas de arbolado y 200 hectáreas de matorral quemadas, un total de 350 hectáreas arrasadas. Al de Vega de Valcarce le atribuyen 250 hectáreas de matorral quemadas.

Con unos incendios más tempranos de lo esperado lo cierto es que además el operativo desplegado por la Junta de Castilla y León no ha sido completado casi tres semanas después de iniciarse la temporada alta de riesgo de incendios, que comenzó el 12 de junio. De los cinco helicópteros comprometidos para la provincia de León este año solo hay tres, con dos pendientes, y tampoco están completadas las brigadas operativas ni la vigilancia en torres, según fuentes sindicales.

Cuando se ha preguntado a la nueva dirección de incendios de la Junta de Castilla y León por la situación las evasivas sin concreción han sido la respuesta más allá de asegurar que hay medios disponibles para afrontar los incendios y que se completará lo prometido.

En la oleada de incendios simultáneos en El Bierzo se tuvieron que enviar efectivos todos los días de otras provincias, además de desplegar los medios del Ministerio para la Transición Ecológica. A modo de anécdota un bullodocer tuvo que desplazarse desde Tordesillas (Valladolid) hasta el que se desató en Torneros de la Valdería, una zona gravemente ya afectada el año pasado.

El retraso de la maquinaria de la Diputación

Pero donde tampoco se cumple lo prometido en plazo es en la Diputación de León, que ha comunicado este viernes 3 de julio que licita por 1,9 millones la adquisición de maquinaria para la prevención de incendios forestales. Lo que no explican es que el proceso lo iniciaron ya el pasado mes de abril, tal y como contó ILEÓN en esta información, acumulando entonces cinco meses de retraso desde que la Junta de Castilla y León les soltó ese dinero para comprar maquinaria.

Mientras la institución leonesa, gobernada por PSOE y UPL, habla de cofinanciación lo cierto es que el importe del contrato se corresponde de manera íntegra con el dinero aprobado en noviembre por la Junta de Castilla y León. Y lo peor es el retraso en el que llegará la maquinaria, si es que finalmente hay adjudicación cuyo plazo no termina hasta mediados de julio. Este contrato tiene un periodo máximo de ejecución de noviembre del 2026, cuando ya habrá pasado la temporada alta de incendios forestales que acaba con el mes de octubre.

Estos fondos para comprar maquinaria fueron parte de la estrategia desplegada por la Junta de Castilla y León y Alfonso Fernández Mañueco para mitigar las críticas por las más de 135.000 hectáreas arrasadas el año pasado en la provincia leonesa, en la que pactó con la Diputaciones hacer 'anillos de seguridad' alrededor de los pueblos, algo que también se está llevando a cabro con retraso. Hasta mediado de mayo la Diputación no otorgó una subvención a los ayuntamientos para elaborar sus obligatorios planes de emergencia, por lo que no estarán disponibles este verano.

En contraste con la Diputación de León está el funcionamiento de la de Barcelona, gobernada por una coalición del PSC y Esquerra, que incluso cuenta con un diputado delegado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal de forma específica. La institución catalana cuenta con una Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario, una unidad creada el 1996 “y especializada en el análisis y el diseño de estrategias de prevención de los incendios, restauración y mejora forestal y desarrollo agrario”.

La institución catalana aprueba cada año un plan específico de acción contra el fuego en la provincia barcelonesa y presta asesoramiento a los municipios de menos de 20.000 habitantes en esta materia. El de este año, que lleva nada menos que 30 ediciones, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y contempla el despliegue por la provincia barcelonesa de 89 efectivos dedicados a vigilar en el horario de máximo riesgo, entre las 13 h y las 20 h, las zonas de mayor riesgo y los espacios naturales. También, desde mayo, un equipo de 5 ingenieros e ingenieras de la Diputación de Barcelona está de guardia hasta septiembre para apoyar a los ayuntamientos en caso de incendio forestal importante.

Además desarrollan campañas informativas como la de este año 'Foc es foc', haciendo un llamamiento a la ciudadanía en la prevención y autoprotección frente a los incendios forestales. Una situación que deja en evidencia distintas formas de gestionar pese a tener las mismas competencias.

Eduardo Diego, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León desde el año 2023 seguirá en el cargo con el nuevo gobierno de coalición de PP y Vox, según ha aprobado este jueves el Ejecutivo autonómico en su reunión del Consejo de Gobierno.

Diego llegó al puesto en el año 2023 sustituyendo a la expresidenta del PP de León Ester Muñoz, que salió del cargo como cabeza de lista al Congreso de los Diputados, que la ha llevado hasta ser la portavoz del partido en la principal cámara legislativa de España.

De formación y profesión periodista, que ha ejercido en medios de comunicación e instituciones del País Vasco y la provincia leonesa, Diego es funcionario de la Diputación de León desde el año 2007 tras haber sido jefe de gabinete en esa institución y el Ayuntamiento de León. Se incorporó en 2020 a la Delegación Territorial de la Junta como jefe de la Unidad de Estudios y Coordinación, puesto que ocupaba hasta su nuevo ascenso al frente de esa misma Delegación.

En su trabajo al frente de la Delegación Territorial Diego ejerce de presidente del organismo coordinador de emergencias, conocido como CECOPI, que llegó a estar tres semanas activo de forma permanente en agosto del año pasado por la oleada de incendios forestales que sufrió la provincia y calcinó más de 140.000 hectáreas y dejó cuatro fallecidos.

Desde este 1 de julio las obras en el doble túnel del Negrón de la autopista AP-66 entre León y Campomanes (Asturias) provocarán que en pleno verano, y hasta noviembre, se circule entre las dos provincias por solo uno de los tubos. Todo por una millonaria inversión del Estado en la autopista cuya gestión está en manos privadas hasta el año 2050 sin que haya rebaja de los caros peajes que pagar por su paso.

La autopista asturleonesa, en manos de la sociedad Aucalsa, hoy controlada por el grupo Itínere en manos de una gestora de pensiones holandesa, está un día si y otro también en el ojo de la polémica, especialmente en el Principado de Asturias donde su eliminación como vía de pago genera unanimidad y no pocas controversias políticas. Y desde hace unos meses, jurídicas.

Conocida en Asturias como Autopista del Huerna, en León pocos se refieren a ella como León-Campomanes, la infraestructura que salva la cordillera cantábrica tendrá peaje hasta el año 2050. En el año 2000 el Gobierno de José María Aznar lo prorrogó 29 años y un día más, hasta el 2050, a cambio de unas rebajas de los precios.

En el año 2021 el exdiputado de Podemos Asturias Daniel Ripa denunció ante la Unión Europeo la prórroga del peaje del año 2001 tras una iniciativa similar de la AP9. En el 2024 la Comisión Europea inició el trámite para sancionar a España al considerar que la prórroga fue ilegal, ratificado al año siguiente con un contundente dictamen: la prórroga incumplió las normas europeas y es contraria a derecho por no hacerlo mediante un concurso público. El Gobierno de España ha dejado entonces que el asunto se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que será quien se pronuncie en ultimísima instancia sobre la ilegalidad de la prórroga (y sus consecuencias).

Pero la acción judicial no se ha terminado ahí. La sociedad asturiana, infinitamente más movilizada que la leonesa en este asunto, ha tomado la inciativa con la interposición de una acción de nulidad de pleno derecho de la ampliación del contrato, que deberá resolver el Consejo de Ministros antes de abrir la vía contenciosa-administrativa.

Por su parte el Gobierno de Asturias que preside el socialista Adrián Barbón ha llevado la supresión del peaje al Tribunal Supremo, muy presionado también por la opinión pública y publicada en la región cantábrica contra la continuidad de los pagos por atraversarla, y más ante la situación interminable de obras, tras solicitar una revisión de oficio de la ampliación del contrato que no ha sido contestada.

Obras que no acaban

Las nuevas obras del verano y hasta noviembre en el túnel del Negrón son, en realidad, la continuación de unas iniciadas hace un año de mejora de los túneles de la autopista que se han prorrogado hasta ahora. Pese a conllevar una millonaria inversión pública de 76,36 millones de euros, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esto no supondrá una rebaja de los peajes aunque el beneficiario de las obras es en primera instancia la empresa concesionaria, además de los usuarios que tendrán una mayor seguridad.

En el año 2023 el Gobierno aprobó esta inversión para adaptar los túneles a la normativa y repartió los costes de manera que “La Administración asume el coste de las obras, y el concesionario asume los costes de la redacción de los proyectos y de la conservación y explotación de las actuaciones desarrolladas”.

Será, por tanto, el segundo verano de obras de la conexión asturleonesa en uno de los momentos de mayor auge económico hacia ambos lados de la cordillera.

Además, siguen sin finalizar las obras del desprendimiento de parte de una ladera en el otoño del año 2024, que también dificultan la conexión desde hace casi dos años. Estas circunstancias de una autopista que no presta totalmente el servicio ha llevado a entidades como asociaciones de consumidores y de transportistas, de Asturias, a denunciar que la concesionaria ha logrado beneficios 'ilícitos' por 60 millones de euros. El propio Gobierno de Asturias ha presionado a la empresa para que justifique por qué cobra todo el paeje si no ofrece todo el servicio. En teoría en otoño, dos años después del argayo, se recuperará el tramo afectado.

Y ha sido la Fiscalía de León, al ser por donde mayor recorrido hay de la autopista, la que ha recibido el encargo del Supremo de dictaminar si existe vulneración de los derechos de los consumidores tras una denuncia de la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No! por los cobros completos del peaje. Los denunciantes se basan en una sentencia del Tribunal Supremo, relativa a la AP-9 gallega, que declaraba ilegal cobrar un peaje íntegro cuando las obras en la vía “incrementan sustancialmente el tiempo de viaje” o cuando el servicio no se presta en “condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez o seguridad”. La sentencia obligó a la concesionaria gallega a reembolsar los importes cobrados indebidamente.

El coste del trayecto completo se ha mantenido en 15,60 euros durante años y ha alcanzado su máximo histórico de 16,20 euros desde este año 2026, situando al Huerna entre los peajes de vía completa más caros del país

Tibia postura leonesa

En la provincia de León la existencia de la autopista no toma los tintes casi melodramáticos que suele rodear el asunto en la política y prensa asturiana. El Ayuntamiento de León reclamó en el otoño pasado la supresión del peaje en una declaración institucional suscrita por todos los grupos y en la Diputación el presidente socialista Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado también a favor de su eliminación.

La Junta de Castilla y León ha apoyado la supresión del peaje cada vez que su portavoz, el consejero de Economía y Hacienda Carlos Fernández Carriedo ha sido cuestionado sobre ello. Pero pasar a la acción jurídica como ha hecho el Gobierno de Asturias ante las últimos asuntos como obras interminables no ha sido otro paso. Su papel se ha limitado a respaldar iniciativas del gobirno asturiano u otras como la Declaración de Compostela de las patronales de Galicia, León y Asturias para suprimir los peajes de la AP9 y la AP66 bajo el foco de la posible ilegalidad en la prórroga de sus contratos.

Pese a todas las batallas políticas y jurídicas de momento la fecha de fin de la autopista sigue siendo la que figura en aquel decreto del año 2000: “Se establece como fecha final del plazo de la concesión de la autopista Campomanes-León el día 17 de octubre del año 2050”.

La nueva lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria, correspondiente a las deudas superiores a 600.000 euros a 31 de diciembre de 2025, vuelve a situar a varias empresas vinculadas a León entre las mayores morosas del país. El listado mantiene a históricas compañías mineras y constructoras, casi todas quebradas hace años y procesos de liquidación, además de otras firmas de distintos sectores, y también incluye a una histórica arruinada cooperativa de la provincia y a varias personas físicas.

Entre las sociedades mercantiles leonesas destaca nuevamente Hullera Vasco Leonesa, con una deuda de 19,70 millones de euros, seguida de Invergar Participaciones Inmobiliarias, con 13,44 millones, y de Compañía Minera Astur Leonesa (Coto Minero Cantábrico), que adeuda 10,54 millones. También figuran Unión Minera del Norte (Uminsa), con 9,05 millones, y la cooperativa SAT 2393 Mansilla Lacto Ganadera, con 3,16 millones de euros.

La relación también mantiene nombres históricos de la economía provincial ligados al Bierzo y al sector industrial y constructor. Entre ellos aparecen Compañía de Explotaciones y Minas, Estructuras Metálicas El Rubio, Montajes Bierzo, Minas del Bierzo Alto, Construcciones Pons Ferrata, además de otras empresas como Edificaciones Vega del Esla, Bergidum Flavium, Canteras de la Tercia, o Invergar Carfer, entre otras.

Entre las personas individuales como mayores deudores figura María Isabel Martínez Parra, la hija del histórico magnate fallecido José Luis Martínez Núñez, que debe 5,73 millones de euros y cuyas empresas familiares, hoy en quiebra, siguen apareciendo como deudoras como Tecnología de la Construcción (Teconsa) con 11,89 millones de euros o Construcciones Martínez Núñez con 1,34 millones de euros.

Los bercianos Prado Ovalle siguen arrastrando deudas con Hacienda tras sus fallidos negocios inmobiliarios en el anterior bum de la construcción. Los hermanos Isaac y Recaredo deben 1,35 millones y 686.748 euros respectivamente. Sus viejas sociedades inmobiliarias Invergar Carfer e Invergar Participaciones Inmobiliarias deben 2,55 millones y 13,44 millones de euros. Además figuran como deudores individuales los leoneses Dionisio Elías Prieto con 3,24 millones de euros y Dionisio Ramos Martínez con 1,12 millones de euros.

Listado de empresas y personas vinculadas a León en el listado*

Empresa. /// Deuda

Hullera Vasco Leonesa S.A. 19,70 millones de euros

Invergar Participaciones Inmobiliarias S.L. 13,44 millones de euros

Compañía Minera Astur Leonesa S.A. 10,54 millones de euros

Unión Minera del Norte S.A. (Uminsa) 9,05 millones de euros

Compañía de Explotaciones y Minas S.A. 7,71 millones de euros

Antibióticos S.A. 4,25 millones de euros

Índico Motor S.L. 3,64 millones de euros

Grupo TCL 2010 S.L. 2,90 millones de euros

Nord Casting Industrial Projects S.L. 2,20 millones de euros

Metalúrgicas Ruan S.L. 2,18 millones de euros

Minas del Bierzo Alto S.L. 1,96 millones de euros

Alonso y López J, N, S.L. 1,72 millones de euros

Valdamo Business S.L. 1,70 millones de euros

Suministros Castro Piedrafita I S.L. 1,54 millones de euros

Sardonal Inversiones S.L. 1,39 millones de euros

Grupo Empresarial Coiber S.L. 1,34 millones de euros

Alconera Bussines S.L. 1,32 millones de euros

Derrumca S.L. 1,30 millones de euros

Merayo Cars S.L. 1,24 millones de euros

Agrocar Soluciones S.L. 1,21 millones de euros

Edificaciones Vega del Esla S.L. 1,05 millones de euros

Construcciones Sandevi S.L. 1,05 millones de euros

Orozco Sarasa S.L. 1,04 millones de euros

Rochan S.L. 1,03 millones de euros

Mercantil Española de Refrigeración S.L. 975.512 euros

Iván Cañedo S.L. 954.982 euros

Construcciones Pons Ferrata S.L. 887.458 euros

Canteras de la Tercia S.L. 885.562 euros

López y Cubero S.L. 871.993 euros

Norteleón Desarrollos S.L.U. 851.210 euros

Mareltrans Logística 2012 S.L. 848.665 euros

Arlanzón Asesores Legales S.L. 822.591 euros

Montajes Bierzo S.A. 803.624 euros

Trébol Restauración Corporación Empresarial S.L. 793.864 euros

Bergidum Flavium S.L. 752.145 euros

Edificaciones y Obras Merayo S.L. 643.394 euros

MIME Cars S.L. 637.753 euros

Carbocal S.A. 637.653 euros

Los Pequeños Reyes Mágicos de León S.L. 621.728 euros

Instaelco 2007 S.L. 602.675 euros

Los socialistas leoneses activarán su proceso de primarias para elegir a los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes -León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo- en la tercera ventana abierta por el Comité Federal del PSOE en el calendario aprobado el pasado fin de semana.

Fuentes de la Ejecutiva provincial señalan al otoño, en noviembre, como la fecha para activar el proceso de primarias en el caso de la provincia. El PSOE federal facilitaba procesos en este mismo mes de julio, septiembre o noviembre como momentos para elegir a los candidatos de los principales municipios.

En Ponferrada se espera que el exalcalde y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, así como líder de la agrupación local, Olegario Ramón, presente de nuevo su candidatura. Sería la tercera vez como candidato a la alcaldía de la ciudad berciana tras haberlo sido en 2019, cuando fue elegido alcalde, y en 2023, cuando ganó las elecciones pero pasó a la oposición.

En el tercer municipio de la provincia, San Andrés del Rabanedo, el PSOE debe elegir candidato o candidata para intentar recuperar uno de sus históricos feudos, ahora en manos de los leonesistas de UPL. Los nombres de varios exconcejales con antiguas responsabilidades suenan como cabeza de lista en un municipio que sigue con una gestión complicada, lo que abre las puertas a mejorar su exiguo resultado electoral del 2023.

León, candidato automático salvo si lo piden los militantes

En el caso de León ciudad existe una particularidad, que si el actual alcalde José Antonio Diez quiere, y así lo ha manifestado en diversas ocasiones, será automáticamente el candidato ya que quienes ejercer el cargo institucional tienen esa prerrogativa de ser candidatos si así lo expresan.

La candidatura de León solo iría a primarias si la mitad más uno de los militantes de la agrupación municipal, la mayor de toda la comunidad con más de 800 militantes, piden esas primarias. Un proceso complejo pero que se ha realizado en otras ciudades como Gijón, aunque el resultado electoral final fue la pérdida de la ciudad asturiana para los socialistas. Pero el Comité Federal ha introducido una nueva claúsula, que es que aunque la mitad más uno de la militancia lo pida las primarias deben ser aprobadas por el Comité Federal de Listas, que tendrá la última palabra.

El enfrentamiento directo de los últimos meses entre Diez y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, mantiene las espadas en alto aunque ambos bandos aseguran controlar la agrupación municipal. De ello dependerá si hay alguna posibilidad de que haya proceso electoral interno.

La candidatura de José Antonio Diez sería la cuarta ocasión que encabeza la papelete del PSOE tras 2015, 2019 y 2023. Diez se hizo con la alcaldía para los socialistas en 2019 gracias a un pacto con UPL sin integrarlos en el gobierno municipal, que repitió en 2023. Es el tercer alcalde socialista de la ciudad en democracia y si logra completar un tercer mandato sería el alcalde con más tiempo en ejercicio desde que hay elecciones libres.

La fiebre minera toma, de nuevo, la montaña leonesa. Una empresa con sede en salamanca, Iberian Phosphates SL, ha solicitado cuatro permisos de investigación minera en los últimos meses para buscar fosfatos en diez municipios de la provincia de León, ubicados entre la montaña oriental y central hasta llegar al valle del Torío.

Los cuatro proyectos se llaman 'Gemina', 'Legio', 'Victrix' y 'Galba', y afectan a los municipios de Crémenes; Crémenes y Reyero; Boñar; Crémenes y Sabero; y La Pola de Gordón, Vegacervera, Cármenes, Matallana de Torío, Valdepiélago y Valdelugueros respectivamente.

En la actualidad España no cuenta con ninguna explotación de fosfatos activa, siendo China el líder mundial seguido de Marruecos, que lo extrae de la antigua colonia española del Sáhara. La fiebre de los nuevos minerales se enmarca en el contexto geopolítico mundial de guerras que ponen en peligro los suministros mundiales, o los encarecen con las consecuencias económicas que supone, lo que ha llevado a la Unión Europea a impulsar un programa de búsqueda y explotación de minerales, especialmente los raros vinculados a la tecnología, para garantizar cierta autosuficiencia.

La Junta de Castilla y León ha admitido las solicitudes de permisos de investigación que suponen que durante tres años la empresa hará catas para buscar principalmente fosfatos. El coste estimado de la investigación es de 3,4 millones de euros, un dinero que la empresa ha garantizado con una carta de su sociedad matriz domiciliada en Australia, Spanish Mining Ventures PTY LTD, mediante una “carta de compromiso formal de financiación, suscrita por el representante legal de la citada sociedad matriz, en la que se garantiza la cobertura económica de todas las inversiones necesarias”.

De Australia a España

Detrás de esta empresa hay un complejo entramado de sociedades australianas con intereses mineros en España, como Osmond Resources o Megado Minerales, que buscan cobre, plata o grafito en diversas ubicaciones del país. En común tienen que son sociedades australianas, las dos cotizan en la bolsa australiana y tienen varios ejecutivos en común. Entre los nombres destaca Anthony Hall, un veterano ejecutivo del sector minero experto en lanzar sociedades mineras de inversión.

En el libro blanco de una de las empresas explican sus planes gracias a la rebaja ambiental de la normativa europea que prioriza ahora la extracción. “La Ley de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials Act) de 2024 ofrece un cambio radical en la regulación coordinada de la extracción para la Unión Europea, con el fin de garantizar que los proyectos considerados de importancia estratégica no se vean obstaculizados innecesariamente. Esta y otras medidas legislativas están respaldadas por un mayor financiamiento gubernamental disponible para el desarrollo de proyectos, lo que ha reducido el riesgo para el capital privado”, señalan.

Y para buscar capital van más allá, “Hoy en día, un número creciente de proyectos parece que se beneficiarán de políticas favorables, financiación estatal, una regulación ágil, alianzas estratégicas y, como resultado, de mercados de capitales generosos”.

La roca de fosfato fue incluida en la lista amparada en la normativa europea en el año 2020, un elemento usado de forma fundamental en fertilizantes y alimentación, y ahora también en la industria energética al ser usado en la fabricación de las baterías de Litio-Ferrofosfato que han sido fundamentales en la expansión del mercado del vehículo eléctrico y el almacenamiento energético.

La empresa solicitante de todos estos permisos acudió el pasado 23 de junio a una reunión abierta en el Ayuntamiento de Crémenes, el más afectado de todos, para exponer su trabajo de investigación y proyecto, llevándose las dudas de los vecinos y juntas vecinales por la falta de concreción de la sociedad minera, tal y como recoge Diario de Valderrueda. Las dudas de otro proyecto sin excesivos detalles planean sobre la provincia de León.

Los permisos de investigación minera son solo el primer proceso de un largo proceso burocrático para obtener extracción minera en España. Después la sociedad debería solicitar los derechos mineros correspondientes y, una vez obtenidos, un plan de explotación con terrenos ya concretos y la forma de obtenerlos. Un proceso que es largo, caro y complejo pero que suele generar grandes réditos a largo plazo. Si se consigue superar todas las fases.

Alberto González de Juan 'Pugilato', un conocido neonazi condenado por delito de odio por el Tribunal Supremo, era el trabajador de la empresa cobro de deudas Céltica de Cobros, cuyo coche fue destrozado por un vecino agricultor de Villamuñío (León) tras acudir a reclamar una deuda, en uno de los videos más virales del año.

El nombre de Pugilato ha saltado tras la difusión de otro video del momento anterior a que el tractor destrozara el vehículo, en el que se ve un enfrentamiento directo entre el agricultor y el conocido neonazi, que le llega a decir “eres un puto gordo” en una tensa conversación entre ambos en la que le reclamaba el pago de la deuda.

Finalmente el agricultor terminó por destrozar el vehículo con su tractor tras la charla en la que le reclamaba el pago de sus deudas, acció por la que fue detenido y pasó a disposición judicial.

El propio Pugilato ha señalado en redes sociales varias cuestiones sobre lo sucedido aunque señalando que la recomendación de sus abogados ha sido que se mantenga al margen. Según su versión “Trabajo exclusivamente para PYMES y autónomos que diariamente sufren la morosidad de gente, que teniendo amplios recursos, deciden aburrirles para no pagar”. Asegura que “Es este caso me hicieron una encerrona, el tema está judicializado y los vídeos están ahí. Mi trabajo consiste en mediar y negociar impagados y trato con cientos de clientes que siempre agradecen enormemente el trabajo realizado”.

Asegura que “Hay ocasiones (muy pocas, por suerte) en las que se reciben amenazas y hostilidades ante la reclamación de un pago por una deuda totalmente exigible (os gusta que os deban dinero u horas extra?) y la misión debe ser siempre la rebajar la tensión y llegar a un acuerdo razonable para ambas partes”. Finaliza señalando que como el tema está judicializado no hablará más de ello.

Pugilato fue condenado a un año de prisión por un delito de odio cometido en un concierto de bandas neonazis en 2018 en Cataluña, donde hubo “expresiones supremacistas de desprecio contra individuos de determinados grupos, por el mero de formar parte de una colectividad que no se tolera” y que, en consecuencia, no están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

El agricultor que destrozó el vehículo también ha ofrecido su versión de los hechos en varios programas televisivos como 'Y Ahora Sonsoles' de Antena 3, señalando que “no es plato de gusto para nadie” las formas de la empresa de recobros, y denunciando que recibió insultos y acoso antes de destrozar el vehículo con su tractor.

“Me llama mi pareja que hay aquí alguien en la puerta, que la están acosando, insultando, vaga, morosa, insultos de todo tipo, gorda”, afirmó el agricultor a 'Directo al grano' de RTVE, candidato del PP que no recogió el acta de concejal de Villamuñío tras el fallecimiento de el anterior en la lista. “Te sientes angustiado, te sientes amenazado, te sientes acosado. Yo me siento acosado y digo: bueno, ¿pero por qué tengo yo que aguantar esto?”, señaló para justificar su acción contra el vehículo de la empresa de cobro de impagos.

La empresa leonesa Plus Contacto ha comunicado este martes a su plantilla el inicio de un procedimiento de despido colectivo (ERE) por causas productivas y organizativas, según ha podido conocer ILEÓN. Plus Contacto es una de las firmas tradicionales del telemarketing asentadas en León, y con capital leonés, y está especializada en la captación de fondos para entidades del tercer sector como ornganizaciones sin ánimo de lucro.

La compañía atribuye esta decisión a las consecuencias del ciberataque sufrido en agosto de 2025, que paralizó la actividad y obligó a realizar importantes inversiones y una reorganización interna, así como un ERTE para sus casi 400 empleados. Aunque, explican, logró recuperar parte de la actividad y reincorporar a toda la plantilla afectada por el ERTE, la recuperación del negocio no ha alcanzado los niveles esperados.

La empresa sostiene que la pérdida estructural de campañas ha generado un desajuste entre su estructura de empleo y las necesidades reales del negocio. Por ello, plantea un despido colectivo que afectará a puestos de trabajo de León y Zamora y que incluirá el cierre de la oficina de Gijón, aunque todavía no ha dado cifras de afectados. Las oficinas asturiana y zamorana fueron abiertas en el año 2022, con León como el puntal de la compañía hasta el momento.

“Somos plenamente conscientes de que detrás de cada puesto de trabajo hay personas, familias, trayectorias profesionales y muchos años de dedicación. Por ello afrontaremos este proceso con el máximo respeto, transparencia y buena fe”, explican a su plantilla en la misiva.

“Creo que debemos afrontar este proceso con honestidad y humildad, siendo conscientes de las dificultades que atraviesa la compañía y buscando, entre todos y todas, las mejores soluciones posibles para afrontar esta situación”, reiteran.

Plus Contacto fue fundada en el año 2008 y su principal cliente durante todos estos años ha sido Cruz Roja Española, para la que ha venido prestando diversos servicios de atención telefónica y de captación de fondos para la entidad.

El sector del telemarketing se encuentra bajo una fuerte presión tras los cambios regulatorios, que impiden comportamientos abusivos y que desde octubre de este año supondrá más limitaciones todavía.

Tras la comunicación se abrirá el periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores, en el que se determinará el alcance del ERE de una plantilla que suma más 350 personas entre todos sus centros de trabajo.

El próximo pleno del Ayuntamiento de León avanzará un poco más el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática retirando los nombres de nueve calles del callejero a personas relacionadas con la dictadura franquista. Con un notable y criticado retraso el Ayuntamiento de León ha ido cambiando nombres de calles, con una gran parsimonia si se cambian nombres franquistas y con una gran rapidez si son nombres religiosos.

Pese a que desde el año 2020 el Ayuntamiento de León cuenta con un informe para eliminar una treintena de calles franquistas los cambios han ido a cuenta gotas. En este próximo pleno irán dos en la ciudad de León ya de forma definitiva, adiós a Pilotos Regueral y Alférez Provisional, y se aprueba el expediente para cambiar otras siete de Armunia, todas ellas con nombres de militares y políticos vinculados al franquismo. En los cambios de las dos primeras el PP se abstuvo y Vox votó en contra.

Desde el 2024 se han cambiado de nombre una docena de calles y lugares de las cuáles siete han sido para cofradías y un sacerdote, así como otra para la Policía Nacional y otra al histórico alcalde de Oteruelo Bernardo Sánchez. El compromiso de poner más nombres de mujeres a las calles se ha quedado por el camino.

Fuera del listado de cambios de Armunia está la calle Fernando González Regueral, que también existe duplicada en León pero referida al que fue primer alcalde de León tras la Guerra Civil, entre 1939 y 1941.

El criterio principal del Ayuntamiento de León ha sido devolver a las vías los nombres que ostentaban en el pasado, según los registros del Archivo Municipal. De este modo, la calle Calvo Sotelo pasará a llamarse calle Mayor, recuperando la denominación que tuvo hasta mayo de 1931. Siguiendo este mismo criterio, la calle General Mola se transformará en calle Curiel, la calle General Aranda será rebautizada como La Aurora, la vía dedicada al General Sanjurjo recuperará el nombre de Petrona y la calle José Antonio pasará a denominarse Independencia. Por su parte, la calle General Yagüe adoptará el nombre de calle Ferrer, rescatando una antigua denominación de la pedanía, mientras que la calle General Millán Astray rendirá tributo a las costumbres populares leonesas y pasará a llamarse calle Filandones.

La Junta Vecinal de Armunia, en manos del PP, rechazó el pasado mes de enero en una sesión su total disconformidad con el procedimiento seguido por el Ayuntamiento por “deficiencias jurídicas sustanciales”. Criticaron que el cambio se ampare en el informe solicitado a la Universidad de León en lugar de contar con una motivación legal individualizada para cada vía y alertaban del impacto económico, administrativo y burocrático de la modificación del callejero.

Calle del sacerdote abusador, se “analizará”

El Ayuntamiento de León ha explicado a ILEÓN que “analizará la información” sobre el Padre Segundo Llorente, un sacerdote misionero leonés reconocido por la diócesis de Fairbanks (Alaska) y los Jesuitas como abusador para decidir qué hacer con su calle ubicado en el barrio de Eras de Renueva, tal y como recordó este periódico

El icónico misionero, muy reconocido por la Iglesia Católica por sus cuatro décadas en la inhóspita Alaska en labores de evangelización, acumuló hasta cuatro casos de denuncias por abusos sexuales, todos posteriores a su fallecimiento en 1989. Dos de ellos al menos fueron indemnizados dentro de los procesos seguidos por la congregación y la diócesis a las que pertenecía.

“Si hubiera que retirar su nombre del callejero así se propondrá a la Corporación Municipal”, señalan fuentes municipales sobre la situación de la calle ubicada en un costado del museo Musac y cuyo nombre fue aprobado por un Pleno municipal en el año 1996, casi una década antes de que se conociera ninguna denuncia de abusos del Padre Llorente.

El Obispado de León, por su parte, no ha respondido a una serie de preguntas sobre el Padre Segundo Llorente remitidas por este medio, entre ellas si consideraba conveniente la retirada del nombre del Padre Llorente del edificio que le tiene dedicado en la calle Sierra Pambley de la ciudad, y que acoge la sede de Cáritas y otras organizaciones de la Iglesia Católica en León.

Cambios de calles

En la ciudad de León, cambios definitivos de denominación:

En la pedanía de Armunia, aprobación provisional de cambios: