Cientos de personas han salido este jueves a las calles de León con motivo del Primero de Mayo en una manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que ha recorrido el centro de la ciudad en defensa de los derechos laborales, sociales y democráticos bajo el eslogan “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

La movilización, encabezada por los líderes sindicales provinciales Enrique Reguero (UGT) y Elena Blasco (CCOO), ha reunido a trabajadores, colectivos sociales, políticos y ciudadanos en una jornada marcada por el tono reivindicativo. Bajo el lema centrado en la defensa de la democracia y los derechos sociales, los participantes han coreado consignas en favor de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos. También han realizado una defensa del proceso de regularización de inmigrantes establecido por el Gobierno y han recordado el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas por realizar una acción sindical en Asturias.

Blasco ha lamentado “el rearme de la extrema derecha que se está dando en el ámbito europeo, en el ámbito nacional, en el ámbito de esta comunidad autónoma, y por consiguiente, también en esta provincia, en el que es un gobierno de retrocesos, de abandono de todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora y que limitan y mucho de una manera catastrófica el poder desarrollar políticas sociales y políticas públicas”.

Reguero ha recordado que “estamos viendo que estamos siendo como León seguimos siendo de las peores provincias de España en casi todos los indicadores socioeconómicos”. Por ello ha exigido a la Junta de Castilla y León que convoque la reuniónd de un mesa para León prometida hace un año “para empezar a desbloquear un convenio de inversiones y de futuro para nuestra tierra”. “Están más pendientes de quién van a ocupar los sillones en ahora mismo en las Cortes de Castilla y León”, reprochó para “animar a la ciudadanía leonesa a luchar a salir a las calles y a reivindicar un futuro para nuestra tierra que yo creo que tiene que tiene que ir en esa línea”.

La celebración del Día del Trabajo en la capital leonesa ha congregado a un buen número de políticos como el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; la número 2 del PSOE autonómico, Nuria Rubio; el alcalde de León, José Antonio Diez o la lideresa de UPL, Alicia Gallego, entre otros.

El contexto económico y político ha centrado buena parte de los discursos de la jornada, en los que se ha apelado a la movilización social como vía para frenar desigualdades y consolidar avances, más ante el previsible pacto de gobierno de Castilla y León entre PP y Vox que se espera para después de las elecciones andaluzar. CCOO y UGT han reivindicado, una vez más, el papel del movimiento sindical en la defensa del Estado del bienestar y han llamado a mantener la presión social.

Dos conocidos 'buleros' de la esfera de la ultraderecha, Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, han sido condenados a seis meses de prisión por un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias cometidos contra el secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, además de al pago de una indemnización de 2.000 euros.

Los dos conocidos youtubers, difusores habituales de todo tipo de teorías conspiranoicas, tendrán además que publicar en su canal de Youtube 'Expediente Rayuela' la sentencia. En ese canal precisamente fue donde se originó la campaña de vinculación de Cendón con el llamado caso 'Tito Berni'. Este procedimiento saltó a la luz pública como caso Mediador en el año 2023 investigando una supuesta organización criminal de la que formaba parte el exdiputado socialista de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni), que cobraba comisiones a empresarios por favores políticos. Ambos señalaron, junto al hoy eurodiputado Luis Pérez 'Alvise', denunciado en otro procedimiento, a Cendón y a la también diputada del PSOE por León Andrea Fernández como dos supuestos miembros e investigados en la operativa de la trama, hechos que no se ha producido.

Cendón formuló entonces denuncia contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa, acusándolos de difundir “bulos y falsedades” dentro de una “despiadada campaña de desprestigio contra varios políticos socialistas con objeto de influir en los resultados electorales”. Les imputaba un presunto delito de calumnias y otro de injurias por difundir a través de canales bajo su gestión de la supuesta vinculación del diputado con la trama del 'Tito Berni', que devino luego en una campaña de acoso e insultos en redes sociales motivada por esa desinformación. La Fiscalía apoyó condenar a ambos con sanciones económicas.

Royuela y Grasa son dos viejos conocidos del ecosistema mediático de la ultraderecha y fueron los primeros en ingresar en prisión en el verano del 2023, junto al exjuez Fernando Presencia, imputados por verter bulos y denuncias falsas contra jueces, fiscales y políticos para hacer negocio escudados en una supuesta lucha contra la corrupción. Alberto Royuela fue un importante subastero de Barcelona y un líder ultraderechista que llegó a formar parte de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y lleva más de dos décadas difundiendo desinformación de todo tipo, como acusar a un fiscal de liderar una organización criminal que asesina gente impunemente o supuestos millones de euros en el extranjero de importantes políticos como José Luis Rodríguez Zapatero.

El diputado leonés ha dado a conocer la sentencia en sus redes sociales señalando que el juicio tuvo lugar esta semana y que ambos acusados aceptaron la condena reconociendo “sin ambages, que se lo habían inventado todo”.

La sentencia fija una indemnización conjunta y solidaria de 2.000 euros a favor de Alfonso Cendón por los daños morales ocasionados, cantidad a la que se sumarán los intereses legales correspondientes. Además, el fallo obliga a los condenados a publicar íntegramente la sentencia, a su costa, en el plazo de un mes desde su notificación en el canal público de YouTube denominado ‘Expediente Royuela’. La resolución establece también el abono de las costas procesales.

Cendón señala en la red social X que ·Durante este tiempo he tenido que convivir con la infamia. Con una acusación fabricada. Con el daño injusto de quienes intentaron demoler mi nombre, mi trayectoria y mi honor·.

“Por eso conviene decirlo alto y claro: no todo vale en política. No vale el acoso sistemático, ni el intento de quebrar nuestra voluntad atacando a nuestros familiares y a nuestro entorno más íntimo. Intentar destruir la vida personal para obtener rédito político es la forma más baja de hacer oposición”, finaliza el líder del PSOE leonés.

El pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo no sale de sus temas estrella del actual mandato: su grave situación financiera y de funcionamiento interno y dar un uso al edificio Araú. El de este mes de abril, celebrado durante más de siete horas, ha abordado ambos asuntos con la habitual total.

El primer punto caliente del pleno era el dinero, como es habitual, mezclado con el funcionamiento del tercer ayuntamiento de la provincia por población. El consistorio contará con un nuevo interventor o interventora tras el cese decretado del accidental, que ocupaba el arquitecto municipal, y expolítico, Francisco Gutiérrez. La Junta de Castilla y León ha designado una nueva persona, para el que la alcaldesa del municipio pidió a todos “la máxima colaboración”.

El punto abordaba la no disponibilidad de dos millones de euros del Ayuntamiento de San Andrés, que se quedan bloqueados sin poder gastar, tras la liquidación del presupuesto del 2024 por incumplir la regla de gasto. El debate se tensó como es habitual con la advertencia de la regidora Ana Fernández Caurel (UPL) de que “Nos obliga la ley”. El interventor accidental y el secretario municipal tuvieron una trifulca en el mismo pleno al sugerir este último una modificación del texto propuesto y salido de la comisión municipal porque, a su juicio, la propuesta del interventor “dejaría paralizado el ayuntamiento”, algo que este negó señalando que “se ha procurado hacer lo menos gravoso”.

“Hemos hecho el ridículo más absoluto del Ayuntamiento de San Andrés”, reprochó la portavoz del PSOE ante el debate y votación. “Hemos dado una imagen lamentable”, incidó la del PP. Todos los partidos, pese a los reproches, acabaron apoyando finalmente el punto, excepto el concejal de Ciudadanos que se abstuvo.

Araú sigue igual

El otro punto controvertido se originó en una moción de Ciudadanos sobre el Edificio Araú, , que en la original solo tenía como objetivo la puesta en marcha de medidas de mantenimiento. Pero UPL sugirió, aceptando el concejal de Ciudadanos, que se añadiera la ampliación de usos del edificio ya que según ellos eso “facilitaría su licitación y por tanto no solo su mantenimiento si no su apertura”.

La oposición reprochó a UPL intentar aprobar un cambio de uso mediante una moción, un cambio de uso que ya se rechazó en un pleno municipal del 2025, con la advertencia del Gobierno central de que se deberá mantener el “uso público”. UPL ha lamentado el veto que han impuesto a la moción PP, PSOE, IU, Vox y la concejal no adscrita al considerarla un intento fraudulento de sacar adelante lo que el pleno ya rechazó por falta de informes viables, “una vez más la mayoría de la oposición se ha opuesto a cualquier avance en el edificio”.

Además el pleno de San Andrés ha contado hoy como nuevo concejal con el socialista Manuel Ángel García Aller, que sustituye a Benjamín Fernández, que renunció al acta al incorporarse como procurador del PSOE en las Cortes autonómicas.

La compra de la cadena de gimnasios 'low cost' Synergym por parte de la también cadena Vivagym convertirá al nuevo grupo empresarial en el líder absoluto del negocio en la ciudad de León, con cinco locales en conjunto, y en la provincia, con nueve centros abiertos, del total de 450 que sumarán en España de forma conjunta.

En los últimos años el negocio fitness se ha volcado al modelo 'low cost', con una fuerte competencia. De hecho en León ciudad Vivagym llegó en el 2025 para ponerse a liderar en número de centros abiertos, tres, gracias a compras como el histórico Bodyfactory o haberse quedado el local de un supermercado que cerró la cadena Masymas para reconvertirlo en uno de sus gimnasios. Con la compra de Synergym, que cuenta con otros dos locales abiertos en la capital leonesa, pasará a tener un liderazgo absoluto del negocio en la ciudad.

Synergym es una cadena fundada en Málaga en 2013 que también aterrizó en León hace un par de años. Ahora pasará a manos de Vivagym, también fundada en Málaga y controlada por el fondo de capital riesgo Providence Equity Partners, cuyo crecimiento se ha basado en compra de otras cadenas y gimnasios como la cadena Altafit, con la que entró en el mercado leonés al tener ya uno en el centro comercial León Plaza.

En León ciudad hay una más de una veintena de negocios fitness repartidos entre los gimnasios clásicos, bien independientes o de cadenas 'low cost', y centros de entrenamiento personal, también de gran crecimiento en la ciudad en los últimos años, o especializados. Ahora uno de cada cinco locales estará controlado por el nuevo grupo Vivagym-Synergym, pendiente de autorización por las autoridades de competencia.

El otro gran operador 'low cost' de León es la cadena Basic-Fit, de origen holandés, que cuenta con tres centros en la ciudad de León, que ahora se verá superado por el nuevo grupo. Su último centro abierto fue a lo grande, ocupando el icónico Teatro Trianón de la capital leonesa que llevaba cerrado casi 20 años tras varios intentos infructuosos de usar un edificio que cuenta con un importante grado de protección.

El aluvión de ofertas de cadenas 'low cost' ha transformado por completo el negocio fitness en España en los últimos años, de los que León no ha escapado. Los gimnasios independientes han tenido que cerrar, se han visto comprados o se han tenido que especializar para sobrevivir. A la vez que crecía la oferta de bajo coste lo han hecho también los centros de entrenamiento personal, que ofrecen opciones individuales o de grupos pequeños frente a la más despersonalizada de las grandes cadenas. Opciones para todos con un único fin, estar mejor a través del deporte.

El sector del fitness facturó en España más de 3.200 millones de euros, con ocho millones de usuarios activos y alrededor de 5.800 locales en todo el país, según la Fundación España Activa. En la provincia existen alrededor de 40 centros fitness, sin tener en cuenta modalidades específicas como yoga o similares, con una alta concentración en León ciudad y Ponferrada.

En tres resoluciones recientes el Procurador del Común de Castilla y León ha recordado a las instituciones, un ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León, su obligación de poner todo de su parte para garantizar la cobertura móvil, y de paso el acceso a internet, en un pueblo de la provincia leonesa (que no detalla) tras la denuncia reiterada de un ciudadano de problemas de conectividad.

Las resoluciones son una continuación de una denuncia ya puesta en el año 2021 que se reiteró en el 2025 ante la falta de avances. La historia viene precedida de una situación un tanto anómala según el denunciante, que fue que “en el momento de colocación de las antenas de telefonía móvil en las localidades del municipio, los representantes de la entidad local menor (no se desvela) se negaron a la colocación de la misma” y que el alcalde pedáneo en aquel momento tomó la decisión “sin consultar al pueblo, porque estaba convencido de que la instalación de la misma era peligrosa para la salud de los vecinos (peligro de contraer cáncer)”.

Según el denunciante esto “al recordarle y reprocharle su actuación en el caso, me respondió que, de repetirse hoy la situación, haría lo mismo”, considerando inadmisible que se condene la cobertura de un pueblo por una decisión personal, “la incorrecta actuación de un representante político el pueblo no puede estar condenado a perpetuidad a no tener cobertura”.

Según el Procurador “resulta indispensable destacar que los servicios de telefonía e internet, en la línea de lo puesto de manifiesto en la queja, son servicios imprescindibles en nuestra sociedad actual para el desarrollo de las relaciones personales, así como de cualquier actividad económica o comercial, y su carencia dificulta también las relaciones entre la Administración pública y los particulares, e incluso la recepción de algunos servicios públicos”.

Por ello cree que existe “un agravio comparativo vulnerador de un derecho al acceso a las infraestructuras de comunicaciones, que son una base importante para el desarrollo de las áreas rurales”, recordando los objetivos de la Agenda España Digital 2026 de que el 100% de la población tenga cobertura 100Mbps en 2025, que aquí no se cumple.

En las resoluciones insta a las instituciones a poner todo de su parte en conseguir garantizar la cobertura móvil y acceso a internet, como acelerando licencias oportunas o sumándose a programas de extensión de banda ancha ya que “los servicios de telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia por los operadores privados; y, por tanto, su actuación viene determinada por sus propios intereses de negocio y por la rentabilidad de las inversiones que llevan a cabo”. No obstante recuerda que las instituciones, cada una en su marco competencial, tienen el deber de poner todo de su parte para garantizar este derecho de acceso a internet y comunicaciones, recogido de form expresa en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En el caso denunciado el Ayuntamiento señaló en su respuesta que se había solicitado la inclusión en el plan UNICO del Ministerio de Transformación Digital pero que se estaba produciendo un retraso en la instalación efectiva de las antenas, no obstante el Procurador del Común le recomienda acelerar los trámites administrativos en su mano ya que se tiene que tener “presente que no solo es necesario garantizar el acceso cotidiano a servicios digitales, sino que en situaciones de emergencia la conectividad constituye un recurso de vital importancia”.

En concreto el Procurador del Común alude a los incendios de agosto del 2025 como una situación que requiere garantizar comunicaciones móviles y de internet. “No podemos dejar de traer a colación la crucial trascendencia de contar con una adecuada cobertura de telefonía móvil e internet ante determinadas circunstancias especiales, incluso catástrofes, como la acaecida el pasado mes de agosto a causa de los incendios forestales que afectaron a numerosos términos municipales de nuestra Comunidad, donde las telecomunicaciones más que nunca se revelaron como una necesidad estratégica para fortalecer la capacidad de reacción y protección frente a emergencias de gran magnitud”.

A la Diputació de León le pide que “promuevan las actuaciones necesarias con el fin de contribuir a solucionar los problemas de cobertura de telefonía móvil e internet que pudieran plantearse en la localidad, así como en el resto de aquellas zonas de la provincia de que lo requieran”. La Diputación leonesa está en estos momentos mapeando los problemas de acceso móvil e internet en los pueblos de León para hacer un plan propio que los palíe, tras un conflicto con el Gobierno autonómico.

Finalmente el Procurador del Común solicita a la Junta lo mismo y en particular “se adopten medidas encaminadas a facilitar la concesión de las autorizaciones y permisos que sea necesario obtener de la Administración autonómica la extensión de la fibra óptica en los municipios rurales de la Comunidad y de forma particular, si fuera necesario, por lo que a la queja planteada se refiere, a la citada localidad en la provincia de León, con el fin de acelerar su instalación”. Además le recuerda su labor de “seguimiento de los planes de extensión de banda ancha fija y móvil en la Comunidad, reivindicando de la mejor manera posible el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos por la Administración del Estado”.

Hace un año, el 28 de abril, la provincia de León y toda la península ibérica se pararon por unas cuantas horas. Las que duró el gran apagón que sufrió el sistema eléctrico de España y Portugal, un asunto que sigue pendiente de dilucidar culpas mientras el operador del sistema Red Eléctrica y las principales eléctricas se echan culpas mutuas.

El 'cero absoluto', como se denomina en el argot energético, ocurrió a partir de las 12:32 horas cuando se fue el sistema eléctrico. Las comunicaciones aguantaron a duras penas un poco más pero acabaron cayendo y generando uno de los principales problemas de la jornada, que en términos generales se saldó sin incidentes graves en España y en la provincia leonesa. Solo en el Valle de Sajambre y alguna otra pequeña localidad autosuficiente ni se enteraron de la movida.

Ese 28 de abril se conocieron los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año, no especialmente buenos con un repunte, y la Universidad de León celebraba con un par de días de retraso el Día de San Isidoro, su patrón, un acto que pese a la ausencia de electricidad no se vio especialmente afectado.

Tras el apagón absoluto las instituciones se organizaron para verificar los posibles sucesos, como ciudadanos atrapados en ascensores entre otros, mientras los ciudadanos paseaban, los comercios esperaban un poco por si volvía pronto la luz y se intentaba obtener información por alguno de los canales a los que se podía acceder. Las redes móviles aguantaron un poco al principio pero en términos generales se acabaron cayendo por lo prolongado del corte.

Desde primera hora del apagón un 'gabinete de crisis' funcionó en la Subdelegación del Gobierno para coordinar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, iniciando un proceso de verificar que no había problemas en puntos clave como los hospitales o residencias de mayores, que deben tener generadores de emergencia. Allí se coordinaron la Diputación, los ayuntamientos de la provincia con que se iba contactando o hasta la Junta de Castilla y León. Pese a tener las competencias en materia de emergencias y protección civil el Gobierno autonómico no activo un Cecopi provincial aunque sí había activado el nivel 2 autonómico, que es donde se coordinan los efectivos como sí hizo en verano con los graves incendios forestales. En el caso de León dejó funcionar al 'gabinete de crisis' y la coordinación en manos del Ejecutivo central, que no activó el nivel 3 de emergencias que les hubiera puesto al frente.

El mayor problema de la jornada fueron las comunicaciones, con la red móvil muy inestable porque con el transcurrir de las horas se apagaban estaciones bases móviles y las comunicaciones se hacían imposibles. Una de las anécdotas de la jornada fue que para poder mantener la conexión con El Bierzo se tuvo que movilizar vehículos de la Policía Nacional entre Astorga y el Manzanal ante el fallo de un repetidor en la zona y para mantener las comunicaciones.

También hubo que tirar del sitema REMER, una red de radioficionados voluntarios que colaboran con el Sistema Nacional de Protección Civil, que prestaron una ayuda fundamental para por ejemplo conocer cómo estaba la situación en el Hospital de El Bierzo, sin ningún incidente destacable. Ese fallo en las comunicaciones ha sido la principal incidencia encontrada en León, con algún incumplimiento de las obligaciones de tener sistemas energéticos alternativos en lugares sensibles.

A primera hora de la tarde empezó a volver el suministro a varias zonas de la provincia, reactivando la red eléctrica en zonas de El Bierzo, incluyendo parte de Ponferrada, y en torno a las siete y media de la tarde comenzó a recuperarse en la capital leonesa, y así paulatinamente a otras localidades. En Laciana no se pudo recuperar el suministro hasta prácticamente un día después del apagón.

De los aprendizajes destaca el concepto de 'isla energética', que derivado de los apagones por la nieve, hizo que el municipio de Oseja de Sajambre no se viera afectado, ya que su sistema puede ser autónomo. Y cómo el sistema de emergencia funciona al haber dejado un tren enuno de los túneles de la variante de Pajares, activando un operativo que rescató a las decenas de pasajeros afectados.

A pie de calle el apagón dejó inactividad, interrumpiendo la vida diaria y afectando en particular a la actividad económica. Una jornada atípica que estuvo acompañada de un buen tiempo que los leoneses disfrutaron en la calle. “Nos hemos acostumbrado tanto a estas nuevas tecnologías que si nos falla alguna pues estamos fatal”, reflexionaba una mujer entrevista por ILEÓN en esa jornada. Un año después la vida sigue, pese a Donald Trump, más o menos igual.

Un fondo de inversión británico, InfraRed Capital Partners, está sondeando a los ayuntamientos de Igüeña, Páramo del Sil y Noceda del Bierzo para proyectar otro parque eólico en la sierra de Gistredo y el Alto Sil, donde ya se han anulado hasta seis proyectos similares en los últimos 15 años. Según ha podido conocer este periódico, representantes de la filial energética española del fondo británica están manteniendo reuniones para explicar sus planes, pese a que hace apenas un año y tres meses el Gobierno denegó el último proyecto de Repsol en la zona por su alto impacto ambiental en el hogar del urogallo y el oso pardo, especies en peligro de extinción.

Las filiales de este tipo de fondos de inversión están sustiyendo a las energéticas tradicionales como impulsores de grandes parques renovables, como ha sucedido recientemente en el municipio de Berlanga, donde un fondo neozelandés intentó obtener permisos para primero medir y luego instalar un parque eólico, con la negativa rotunda de la localidad de Langre.

Los proyectos eólicos en la sierra de Gistredo y Alto Sil se remontan a principios del siglo XXI. En el año 2014 la Justicia tumbó por graves irregularidades el permiso concedido por la Junta de Castilla y León al parque eólico Quintana tras una batalla legal presentada por entidades ecologistas que duró 12 años. La sentencia fue tan demoledora que ni la promotora, ni la Junta de Castilla y León o los ayuntamientos afectados la recurrieron.

Entonces llegó el actual 'boom' de las energías renovables, que ha provocado que se hayan presentado hasta cinco macroproyectos eólicos en los últimos años. Todos han sido desestimados en su tramitación administrativa por afectar a una zona de un alto impacto ambiental. Además, se han producido una gran movilización social en contra de los parques, recibiendo alguno más de 1.000 alegaciones en contra de colectivos, vecinos e instituciones.

Así, el Ministerio para la Transición Ecológica ha denegado las autorizaciones presentadas por los parques eólicos Acario y Tureno, de Capital Energy, y las de 'Alto Bierzo-Sil', 'El Páramo' y 'Ampliación El Páramo', presentados por el grupo Repsol. En estos últimos la negativa argumento que ambos parques eólicos tendrían un impacto ambiental “severo e incompatible” con la conservación del oso pardo y el urogallo cantábrico, ambas especies catalogadas como en peligro de extinción, el urogallo en fase crítica.

Los nuevos parques eólicos proyectados han generado un amplio movimiento social de rechazo, diviendo también a las instituciones. El Ayuntamiento de Páramol del Sil los rechazó pero los de Noceda del Bierzo e Igüeña los apoyaron, incluso Bembibre aunque luego reculó, defendiendo sacrificar el valor ambiental del territorio por el dinero de las energéticas. Las asociaciones ecologistas que han planteado la negativa a estos proyectos por el alto valor ambiental de la zona han pedido que se proteja con alguna fórmula legal un territorio del que destacan su valor casi tres centenares de científicos internacionales.

InfraRed Capital Partners es un fondo de inversión internacional con sede en Londres especializado en infraestructuras que ha generado en España una filial para inversiones energética. Está controlado a su vez por la asegurdadora canadiense Sun Life a través de su fondo de inversión SLC Management. Su última gran inversión en España ha sido en el sector de los data centers al comprar una participación mayoritaria en NxN Data Centers, que desarrolla un gran proyecto en Valencia.

La Junta no responde sobre proteger la zona

Al hilo de este nuevo intento, en este caso británico, el Gobierno autonómico en funciones del Partido Popular (PP) no ha querido responder hoy si, tras tantos rechazos previos de proyectos eólicos bajo criterios del alto valor ambiental de Alto Sil y la Sierra de Gistredo, no sería el momento de que la Junta de Castilla y León iniciase los trámites para habilitar alguna elevada figura de protección ambiental en este territorio. Una figura que, a la postre, sería la que por sí misma impediría nuevas aspiraciones para macroparques en la zona.

El portavoz consejero de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se limitó a sugerir que son las empresas promotoras las que deberían repensarse si les merece o no la pena seguir proponiendo estas infraestructuras allí, dados tantos rechazos previos, porque eso “da una idea de lo que puede pasar en el futuro”.

“Sin que nosotros podamos impedir legalmente la presentación de una iniciativa, sí que (el hecho de) ver la experiencia de cómo han evolucionado el resto en función a los informes da una idea de qué se puede hacer en el futuro. Por lo tanto lo recomendable es que los promotores seleccionen aquellas áreas que tengan mayor garantía. Pero les corresponde a ellos”, quiso zanjar, eludiendo la pregunta de si son partidarios de impulsar alguna figura de protección al nivel de otros territorios muy cercanos para brindar Alto Sil y Gistredo de una vez por todas.

El alcalde de León, José Antonio Diez, repetía este martes que su voluntad de ser de nuevo el candidato del PSOE a la Alcaldía de la ciudad estaba encima de la mesa y que quien quisiera que no fuera el candidato debería tirar de lo previsto en la normativa interna del partido para hacerle caer. Todo a cuenta de la posibilidad de que el secretario provincial del partido, Javier Alfonso Cendón, con quien el enfrentamiento interno no ha parado de crecer, intente descabalgarle de la canditura.

Diez explicaba que “En este caso está reglamentado y me ciño a los Estatutos Federales del partido y a sus reglamentos. Especifican claramente cómo se eligen los candidatos en los grandes municipios y cuáles son las excepcionalidades que marcan. Por lo tanto, está muy claro: si se recogen la mitad más uno de la Agrupación Socialista de León que solicitan Primarias, pues ahí están. Y si no el derecho a repetir como alcalde ahí está también. Y mi voluntad (de presentarme) ya lo he dicho públicamente más de una vez también.”

Efectivamente el reglamento de interpretación de los Estatutos del PSOE salidos del último congreso federal contiene que los alcaldes en ejercicio que manifiesten querer volver a serlo lo serán y “solo se procederá a la celebración de elecciones primarias” si lo solicita “más del 50% de la militancia del ámbito municipal correspondiente”. Algo que no es fácil pero en el que el PSOE tiene un precedente cercano, Gijón. En la mayor ciudad asturiana el PSOE forzó primarias en el 2022 que provocaron que la entonces alcaldesa Ana González no repitiera como candidata, ni intentó ir a las primarias, y que a la postre los socialistas perdieran la alcaldía en las elecciones del 2023.

A esta tensa historia interna asturiana miran de reojo muchos cargos del partido leonés cuando valoran el enfrentamiento de Cendón y Diez, ese que el líder autonómico Carlos Martínez achacó a los medios de comunicación. “No es muy factible, pero yo no daría la espalda a la cuestión alegremente”, señalan cargos del partido afines a Cendón que muestran su preocupación por si esto tuviera efecto en las elecciones locales y la representatividad en la Diputación. “No es viable”, explican afines a Diez que señalan que “pese a quien pese es el mejor activo electoral del partido”.

Cómo apartar a una alcaldesa: primarias en Gijón

El caso de Gijón surgió en un contexto singular que no se repite exactamente en León ahora. La que fue alcaldesa entre el 2019 y 2023, Ana González, atravesaba ya en el 2022 una fuerte crisis de imagen por su gestión de la ciudad, en particular por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la peatonalización de El Muro, el paseo de la playa de San Lorenzo que la zona 'pija' de Somió acabó anulando en los tribunales. Además, González no controlaba la agrupación local del PSOE de Gijón, todo lo contrario ya que su secretario general, Monchu García, se había impuesto en las elecciones internas a su candidato por apenas 27 votos pero pertenecía a otra familia política.

En el verano del 2022 varios militantes del PSOE gijonés comenzaron a recoger firmas para pedir unas primarias en el partido pese que Ana González había reiterado su intención de volver a presentarse. González, que no era nacida en Gijón pero sí vinculada durante años de forma laboral, fue la candidata en 2019 tras ganar las primarias al 'asturleonés' José Ramón Tuero, 421 frente a 402 votos, que integró luego en su candidatura. Tuero fue alcalde de Mansilla de las Mulas entre 1999 y 2003, intentando luego suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE de León pero no logró los apoyos y volvió a su Asturias natal donde siguió una carrera político con diversos cargos en el gobierno asturiano.

En Gijón los promotores de las primarias necesitaban lograr 592 firmas y consiguieron 662, que fueron validadas por el PSOE federal. La entonces alcaldesa, Ana González, anunció que renunciaba a ser candidata aunque sí hubo finalmente primarias ya que se presentaron Luis Manuel Flórez 'Floro', exdirector de Proyecto Hombre, y la excargo socialista Ana Puerto, con el apoyo de la alcaldesa. Floro se impuso con el apoyo de 504 militantes frente a los 382 votos de Ana Puerto, volviendo a poner en evidencia la división interna. En las elecciones municipales Floro logró ser el partido más votado pero la suma de las derechas -PP, Foro y Vox- les dejó sin la histórica alcaldía, que volvió a manos de la exalcaldesa (2011-2019) Carmen Moriyón.

El voto en la mayor agrupación socialista de la Comunidad

Este es el mayor precedente reciente del PSOE de apartar a un alcalde de una gran ciudad para poner otro candidato y la vía más democrática para hacerlo. Las principales diferencias son que pese a críticas por su gestión tras casi ocho años de gobierno, Diez no tiene una situación comparable en mala imagen a la entonces regidora de Gijón y que además él es el secretario general del PSOE en la ciudad, es decir quien controla en teoría los resortes internos del partido.

Desde el sector oficialista creen, no obstante, que el supuesto control de Diez de la agrupación local quizás no lo es tanto explicando que en los últimos procesos internos, las primarias entre Cendón y Diego Moreno, el líder provincial se impuso en votos en León ciudad pese a que José Antonio Diez apoyaba a Moreno. Desde el otro lado replican que el alcalde no era el candidato y eso puede influir en la movilización.

En el año 2022 Cendón impulsó una candidatura alternativa a José Antonio Diez con la sindicalista Pilar Carnero a la secretaria general del partido local, con denuncias cruzadas de haber inflado el censo con militantes de otros lugares. Diez logró 345 votos por 299 para su rival, en una movilización sin precedentes de la militancia socialista, evidenciando la fractura que existe en la agrupación local, que cuenta con alrededor de 820 militantes y es la más grande del partido autonómico.

Desde entonces a hoy han pasado las últimas elecciones autonómicas, donde el alcalde de León no participó en ni un solo acto del partido y el PSOE acabó como tercera fuerza política en la ciudad, lo que ha motivado nuevas críticas de Cendón. Diez no ha acudido tampoco a ninguna de las visitas que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha realizado a León desde el pasado mes de octubre y se le achaca su gestión próxima al consejero y líder interino del PP leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el apoyo a la red de calor de Puente Castro contra la que se ha manifestado Nuria Rubio, número dos del PSOE autonómico.

Desde las elecciones autonómicas del 15 de marzo las declaraciones cruzadas han sido una constante sin rebajar la tensión que nadie oculta. Con los números de militancia de antes de las autonómicas, en León ciudad se necesitarían 411 firmas para forzar unas primarias. Y luego ya la votación. Desde el sector de Diez no creen que Cendón tenga un candidato o candidata viable en este momento para enfrentarse al alcalde pero ellos contraponen el desgaste ante la militancia del regidor por sus críticas e inacciones ante el partido. Pero todos miran a Gijón de reojo.

Condenada a 15 años de cárcel por haberse beneficiado de los delitos cometidos por su marido, Rosalía Iglesias, la astorgana esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha comparecido este lunes en la Audiencia Nacional como testigo en el caso que juzga a la antigua cúpula del Ministerio del Interior por montar un operativo para robar documentación sensible al político. Es la conocida como operación 'Kitchen', en la que están siendo juzgados el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez, así como diversos cargos policiales como el excomisario José Manuel Villarejo.

Iglesias ha relatado cómo vivió los peores momentos del desarrollo de la trama Gürtel, y su derivada 'Los papeles de Bárcenas', la documentación que acreditaba, según ha dictado la Justicia, la existencia de una caja B de dinero en el Partido Popular. En aquellos años el Ministerio del Interior montó, presuntamente, un operativo policial para obtener cualquier prueba en manos del extesorero de la formación conservadora. “Vivía aterrorizada”, ha explicado sobre todo en su relación con la prensa que perseguía a su marido o a ella misma, o la esperaba cuando acudía los viernes a visitarle mientras estaba en prisión preventiva entre mediados del año 2013 a mediados del 2015.

Luis Bárcenas ha confirmado este lunes una de las incógnitas que sobrevolaban sobre el caso. Ha confirmado a preguntas de la fiscal que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. Bárcenas ha señalado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario. Rosalía Iglesias ha contestado que conocía la existencia de los audios pero que nunca las oyó, “en su afán de protegerme”.

“Lo que vivimos en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno y mi marido no es una persona que se suela quejar”, explicó revelando que llegó a tener incidentes como visitante con algún funcionario, “tuve un problema muy importante” después de un vis-a-vis familiar y que uno de los funcionarios se le acercó y le dijo “Rosalía, estoy deseando verte aquí dentro”. Asegura que lo denunció y que la cárcel lo filtró a la prensa asegurando que dijo que “quería ver a todos los funcionarios colgados”, que ha negado. Finalmente el Ministerio acabó disculpándose alegando que la persona que lo hizo “estaba enfermo”.

La mayoría de las preguntas recibidas por Rosalía versaron sobre la figura de Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia que fue captado como informante por el Ministerio del Interior y al que prometieron ser policía nacional, como es hoy, además de recibir dinero de los fondos reservados mensualmente. Según Iglesias, el chófer tenía acceso a la documentación familiar dentro de la confianza que se tenía en su persona, sobre todo al inicio del tiempo en que empezó a trabajar, cuando Bárcenas se quedó sin personal por decisión de la sede nacional del PP con el avance de las investigaciones.

La astorgana ha relatado que tras la entrada en prisión de su marido vivió una situación “tremenda, estaba desorientada”, con situaciones como amenazas de cortes de luz por impagos, ya que todas las cuentas del extesorero estaban bloqueadas, y no conocía el funcionamiento de algunas cuestiones. “Yo me apoyaba al 100% en mi marido, llevamos 38 años casados y siempre hemos funcionado de una manera muy buena apoyándonos el uno al otro”, relató medio disculpándose incluso. En algunas de esas situaciones recibía ayuda de Sergio Ríos, del que al principio percibió una actitud de “protección” aunque luego cambió en un momento dado, “hay un comportamiento distinto, muy nervioso, conduce de una manera más brusca”.

Esa actitud diferente llevó a Iglesias a pedir su despido a su marido, lo que se acabó finalmente produciendo. Iglesias ha señalado que se sentía “incomodísima”, aunque sin violencia ni discusión, pero sí percibía “una actitud desafiante” y así se lo manifestó a Luis Bárcenas, “no quería continuar, pero prefería estar sola, pero mi marido continuó hasta que dije bueno, ya”.

Iglesias ha señalado que en aquellas fechas cuando su marido entró en prisión, julio del 2013, “vivía aterrorizada”, aunque lo achacaba entonces a la presión de los medios de comunicación, pero contestó que sí tenía la sensación de que la seguían a preguntas de las acusaciones, especialmente en sus visitas al despacho de su abogado Javier Gómez de Liaño.

Según Iglesias Sergio Ríos le pidió una pistola y un sistema de videovigilancia tras el secuestro a la familia que realizó un 'falso cura' en octubre del año 2013, condenado a 22 años de cárcel y que ya falleció. Sobre este asunto, que sobrevuela toda la causa pero del que no se puede hablar al ser cosa ya juzgada, la astorgana ha explicado que“ Cuando entra el mercenario en mi casa mi primera pregunta es decirle: ¿Quién le ha mandado?”, ratificando así sus sospechas de algún tipo de seguimiento.

En un audio desvelado este lunes por elDiario.es el excomisario José Manuel Villarejo se burlaba de una posibilidad de fuga de Luis Bárcenas tras su salida de prisión provisional señalando que si el extesorero intentaba escapar su chófer Sergio Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se vanagloriaba Villarejo.

La testigo ha relatado también ante el tribunal de la Audiencia Naciional el momento en el que nota que falta parte de las cajas de documentación que su marido había depositado en un local en el que ella tenía un negocio tras su salida de la sede nacional de Génova, negando que conociera su contenido. Cuando se traslada a un estudio más pequeño advierte que faltan cajas, hecho que trasladó a su marido. Según su relato cuando recoge todo para llevárselo fue advertida por una persona que en una zona no había nada, “Rosalía ahí no tienes nada”, descubriendo que faltaban cajas que había llevado su marido para su depósito allí, “también se llevaron cosas mías”. A preguntas de las defensas, que fueron cuestionadas por la presidenta del tribunal, negó haber tenido cuentas en Suiza.

“Para mí ha sido tan devastador, terrible”, ha resumido Rosalía Iglesias el periplo judicial y mediático que ha vivido del caso Gürtel al caso Kitchen, donde quedará para siempre en el aire si el suceso del secuestro por el falso cura estuvo también relacionado con las 'cloacas' del Estado. “Ha sido el periodo de tiempo más dramático para mi”, ha incidido ante el tribunal de la Audiencia Nacional.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha emitido un nuevo comunicado oficial informando que el pago de las participaciones del premio Gordo de la Lotería de Navidad está prácticamente concluido, pese a revelar que hay una denuncia penal por lo ocurrido y que se han producido dos intentos de estafa.

Los agraciados señalan como un “gran éxito y sin incidentes” la operativa general del proceso de quitas y pagos, que comenzó a finales de marzo tras aceptar 441 papeletas el acuerdo de la quita, quedando tres fuera del reparto anunciado y seis votando en contra del acuerdo. De las aceptadas se han gestionado y abonado 440 papeletas, quedando únicamente una pendiente de cobro por motivos operativos del agraciado, cuya resolución se espera para finales de este mes.

A las seis papeletas que no aceptaron la quita de casi el 10% del premio les han asignado la cantidad repartida con los demás, quedando a su voluntad reclamar el resto del dinero mediante acciones legales.

Pero en su último comunicado los responsables del proceso revelan dos cuestiones que enturbian el reparto. Existe una denuncia penal por las tres papeletas excluídas del proceso, que señalan seguirá su curso en manos de sus asesores legales, el despacho Gómez Gallardo. El pago final por papeleta del Gordo ha sido de 59.396 euros, con una quita de algo menos del 10%, ya que se sumaron al total los premios correspondientes a las tres papeletas de las que no se había reclamado el cobro. Ahora en el proceso penal se reclaman esas cantidades ya repartidas entre todos los ganadores.

Además, la comisión de fiestas informa que se han producido dos intentos de estafa con papeletas, “cuya autenticidad no ha podido ser verificada” y que nuevamente han dejado la cuestión en manos de sus asesores legales. Aseguran que para garantizar la transparencia del proceso todos los pagos han sido validados ante notario y contrastados con un registro oficial de beneficiarios.

Los miembros de la comisión de fiestas han anunciado también que asumirán ellos de forma personal los conflictos judiciales abiertos. En la oferta de quita habían ofrecido sumar los premios de hasta nueve papeletas al global, pero como seis papeletas rechazaron el acuerdo esa cuestión decayó y cobraron sus premios como todos los demás ganadores. Ahora asumirán ellos “todas las consecuencias derivadas de las reclamaciones” para evitar perjuicios al resto de ganadores.

La comisión había informado en su momento que se produciría un segundo pago con el reparto final que quede tras restar los gastos del proceso y teniendo en cuenta los intereses generados desde que se cobraron los 26,5 millones de euros a repartir. Señalan que están en ello y que remitirán las cuentas en cuando se finalicen a todos los que han participado en el reparto.

Cuatro meses después que la comisión de fiestas de Villamanín vendiese más participaciones de las respaldadas por décimos del número 79.432, el caso sigue dando titulares.

Este martes 14 de abril la Diputación de León ha activado el proceso de compra de la maquinaria necesaria para para la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León, cinco meses después de que la Junta de Castilla y León aprobara ayudas por casi dos millones de euros para este fin.

La institución provincial, gobernada en coalición por PSOE y UPL, ha publicado en el portal de Contratación la licitación por 1.983.600 euros de un procedimiento con plazos reducidos, por lo que ha convocado el anuncio previo del contrato, dividido en cinco lotes. El contrato no supone ni un solo euro de aumento de la ayuda que pone la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa fue una de las 'soluciones' ideadas por el Gobierno autonómico del PP tras la grave oleada de incendios forestales que asolaron la provincia de León y otras zonas de la comunidad el verano pasado que arrasó más de 140.000 hectáreas solo en los grandes incendios. A mediados de septiembre las Diputaciones provinciales y el Gobierno autonómico pactaron priorizar “anillos de seguridad” alrededor de los pueblos tras verse obligados a desalojos de decenas de poblaciones y más de 10.000 personas por el fuego.

La Junta comprometió financiar al 50% el diseño de 'anillos de seguridad' en 114 municipios de la provincia de León alrededor de sus poblaciones por estar en zonas con alto riesgo de incendios, prometiendo además fondos para comprar maquinaria para su creación y mantenimiento. El pasado mes de marzo se aprobaron las ayudas a los municipios para elaborar los planes de emergencia que recojan esos anillos, obligatorios desde 2013 aunque casi nadie tenía uno particular y tiraban de normas generales.

El siguiente paso era tener maquinaria adecuada para ejecutar el desbroce de los anillos. El 13 de noviembre del año pasado el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó la dotación monetaria para las provincias, siendo León la más beneficiada con casi 2 millones de euros, que se gestionarán a través de la Diputación de León.

El contrato que ha publicado la Diputación leonesa se divide en cinco lotes de maquinaria para comprar 3 bulldozer, una excavadora de rueda, una motoniveladora, una pala de cadenas y un tractor con desbrozadora.

La entrega de la maquinaria se deberá realizar, en el parque móvil de la Diputación, entre “el día siguiente a la formalización del contrato hasta el día 30 de noviembre de 2026”. En caso de que los plazos se apuren la maquinaría no llegaría a tiempo para su uso en la temporada alta de incendios de este próximo verano.

En otras provincias como Zamora la creación de los anillos de seguridad ha recaído en la empresa pública de la Junta de Castilla y León Somacyl, que ha dotado un plan con 3 millones de euros junto a la Diputación zamorana para diseñar y ejecutar los anillos de seguridad en 181 municipios y medio centenar de pedanías de la provincia vecina.

Las Cortes de Castilla y León han conformado este martes 14 de abril su nueva composición dando inicio a la XII Legislatura, en la que la provincia de León pierde peso político con menos nombres en la primera línea y la pérdida de un grupo político que representaba a leonesistas y sorianistas.

Los nuevos procuradores leonesistas de UPL, Alicia Gallego y Luis Mariano Santos que repiten y Rosa Quintanilla que se estrena, han jurado o prometido sus cargos al igual que los otros 10 representantes por la provincia de León (4 del PSOE, 4 del PP y 2 de Vox), pero rechazando la medalla conmemorativa que se entrega, como es habitual en la formación desde que tiene presencia en las Cortes desde los años 90 del siglo pasado.

Gallego, la lideresa de UPL, aportó la coletilla “Por la autonomía de la Región Leonesa” en su juramento del cargo, que en otros tiempos tenía polémica pero ahora no pasa de anécdota. Quintanilla, segunda en prometer el cargo, reiteró la frase, al igual que hizo Luis Mariano Santos en su turno, que también prometió.

En el año 1995 el entonces presidente de las Cortes, el fallecido Manuel Estella, expulsó a los dos procuradores de UPL de entonces, Concepción Farto y Joaquín Otero, por añadir la coletilla de “Por la autonomía de León” al tomar posesión del acta, llegando a amenazar con acciones legales si no se reestablecía la situación.

UPL será el segundo partido de la oposición en la nueva Legislatura tras el PSOE, aunque en esta ocasión liderando el Grupo Mixto ya que la caída de Soria Ya impide la configuración de un grupo político propio al no tener los cinco procuradores necesarios. Esto supondrá una limitación de tiempos ya que tendrá que repartirlos con los sorianistas y Por Ávila, aunque su peso será el determinante al contar con mayoría de votos en el nuevo grupo.

Tras la constitución de las nuevas Cortes se abre ahora un espacio de tiempo para la conformación del nuevo Gobierno. El nuevo presidente del Legislativo, Paco Vázquez, comenzará la tradicional ronda con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, con un plazo establecido de 15 días hábiles: es decir, deberá terminar como muy tarde el 7 de mayo. Si en dos meses no se produce una elección de nuevo presidente o presidenta, que debe ser un procurador, se disolverá la cámara y habrá nuevas elecciones.

La provincia de León pierde peso político en la nueva configuración de las Cortes de Castilla y León salidas de las elecciones del pasado 15 de marzo. De dos miembros leoneses en la Mesa de las Cortes y dos portavocías de grupos (una rotativa) se pasa a solo una vicepresidencia, que recae en la socialista y vicesecretaria general del PSOE autonómico Nuria Rubio, y una portavocía.

Este martes 14 la sede de las Cortes en Valladolid ha acogido el pleno de constitución del parlamento autonómico para una nueva legislatura, en el que se constituye la Mesa que dirige el poder legislativo y para la que el PP y Vox ya anunciaron este lunes un acuerdo de reparto que devuelve a los populares a la Presidencia tras siete años fuera.

El número dos del PP de Castilla y León como secretario general, el segoviano Francisco Vázquez, ha logrado la presidencia de la institución gracias a los votos del PP (33) y de Vox (14). Nuria Rubio, candidata de los socialistas al puesto, obtuvo el apoyo de los 30 votos del PSOE. Vázquez sustituye así al leonés Carlos Pollán (Vox) que ha ocupado el cargo entre el 2022 y el 2026 y que se queda de portavoz parlamentario del grupo de la extrema derecha, pero en unas circunstancias de temporalidad ya que cuando haya un acuerdo de Gobierno entre PP y Vox se espera que pase entonces al Ejecutivo, tal y como ocurrió con Juan García-Gallardo en 2022.

En el resto de puestos de la Mesa se han repartido con dos vicepresidencias para PP y PSOE. Nuria Rubio ha sido elegida vicepresidenta segunda, sustituyendo a la socialista Ana Sánchez. Las secretarías se han repartido entre PP, Vox y PSOE con la exconsejera Rocío Lucas, Daniel de la Rosa y Susana Suárez y sin ningún nombre leonés, cuando en la anterior legislatura figuraba el socialista Diego Moreno como secretario primero.

La nueva legislatura además contará con un grupo parlamentario menos, al desaparecer el leonesista-sorianista que constituyeron UPL y Soria Ya. Los leonesistas de UPL mantuvieron sus tres procuradores pero la caída de Soria Ya de tres a uno les dejan sin opciones de constituir grupo propio ya que requiere un mínimo de 5 escaños. El nuevo grupo Mixto se constituirá entonces con los tres de UPL, uno de Soria Ya y uno de Por Ávila.

La portavocía principal del Grupo Mixto deberá recaer por lógica en la líder leonesista Alicia Gallego, aunque siempre se ceden espacios de tiempo a los demás partidos de forma habitual, en una negociación que se dará a posteriori pero con UPL como dominador claro del nuevo grupo mixto.

El PP ha anunciado que su portavoz de grupo pasará a ser la exconsejera zamorana Leticia García, que sustituye al leonés Ricardo Gavilanes, que de momento ha abandonado la primera línea de la política tras cesar como procurador autonómico por la provincia leonesa. El PSOE no ha anunciado su portavocía de grupo, aunque la candidata principal es la vallisoletana Patricia Gómez.

La provincia de León es uno de los territorios de España con mayores cuantías medias de ayudas por hogar del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según los datos correspondientes a la nómina de marzo de 2026 divulgados por el Gobierno de España. Esta prestación está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

En concreto, la cuantía media mensual por hogar en León se sitúa en 588 euros, una cifra que supera de forma clara la media nacional, fijada en 543,14 euros. Así la provincia leonesa es uno de los territorios donde el nivel de prestaciones por hogar es más elevado, en el puesto 12 de todas las provincias.

La cifra del Ingreso Mínimo Vital no es una cantidad cerrada, se calcula de forma individualizada en función de la situación de cada hogar. El Estado completa los ingresos hasta un nivel considerado mínimo según las circunstancias. Entre los factores que se tienen en cuenta es la composición de las personas del hogar y si hay menores a cargo. Esto revela que en la provincia de León la situación de las personas en vulnerabilidad que reciben esta ayuda necesitan más porque su situación económica de partida es peor.

Además se tienen en cuenta los ingresos previos de un hogar, lo que evidencia que si es más alto es porque las familias perceptoras tienen menos ingresos y patrimonio de los considerados necesarios. También se tiene en cuenta situaciones especiales como familias monoparentales o situaciones de especial vulnerabilidad.

Aunque León no alcanza los primeros puestos del ranking nacional, que lidera Navarra con 752,04 euros, se sitúa muy cerca de provincias como Alicante (602,02 euros) o Zaragoza (589,04 euros). En Castilla y León, León encabeza la clasificación provincial, superando a territorios como Ávila, con 570,01 euros; Valladolid, con 555,06 euros; o Zamora, con 535,32 euros.

Esto supone que la ayuda media por unidad de convivencia es de las más altas del país ya que la provincia registraba en marzo 21.439 beneficiarios de la prestación, la segunda cifra más alta de todo Castilla y León solo por detrás de los 23.207 de Valladolid, la provincia más poblada de la Comunidad. León casi iguala las cifras de bneficiarios de Cantabria pese a que la comunidad vecina posee casi 150.000 habitantes más.

En cuanto a la cuantía media mensual por beneficiario, la provincia de León ocupa la décima posición en el ranking nacional de las 52 provincias y ciudades autónomas. Con una cuantía de 216,75 euros, León se encuentra muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 177,89 euros. Encabezan este listado Vizaya y Asturias con más de 281 euros por beneficiario.

La empresa Lácteas San Vicente, con seis décadas de trayectoria en el sector, inicia una nueva etapa tras la incorporación de Inversiones Cerrazo como socio mayoritario. La operación, señalan en un comunicado, busca reforzar la estabilidad y garantizar el desarrollo futuro de la compañía sin alterar su esencia ni su modelo de gestión.

Inversiones Cerrazo es el brazo financiero de una rama de la familia Martínez, Villagra de segundo apellido, que han sido los antiguos dueños de Repostería Martínez y controlaban actualmente el gigante de la panadería Panamar Bakery Group. La filial panadera de la sociedad inversora, Panamar Bakery Group, contaba con más de 2.800 empleados y una facturación de 569 millones de euros con casi 10 fábricas en toda España, siendo el principal proveedor de Mercadona en el sector. Su venta al grup francés Le Duff fue anunciada este mismo mes de marzo.

La empresa quesera leonesa fue fundada en 1957 por Marcelo Díez como un proyecto familiar en Garrafe de Torío, trasladándose a finales de los años 70 a su ubicación actual en Navatejera. Durante los últimos 60 años, Fernando Díez Boñar ha liderado este crecimiento, acompañado en la actualidad por su hija, Estela Díez, consejera delegada, y José Antonio Rodríguez, director general.

Según ha destacado el propio Díez Boñar, la clave de la operación ha sido encontrar un socio alineado con la filosofía de la empresa. “Lo importante era contar con alguien que entendiera esta compañía como nosotros”, ha señalado, confirmando además que continuará formando parte del consejo de administración junto a su hija. 

La entrada de Inversiones Cerrazo no implicará cambios en la estructura directiva ni en el funcionamiento diario. José Antonio Rodríguez seguirá al frente de la gestión, mientras que la familia fundadora mantendrá su presencia en los órganos de decisión, con el objetivo de preservar los valores que han marcado la trayectoria de la empresa. 

Desde el punto de vista económico, la compañía cuenta actualmente con una facturación de 34 millones de euros y una plantilla de 85 trabajadores. La incorporación del nuevo socio aportará, explican, respaldo financiero y estratégico para impulsar su crecimiento y afrontar los retos del mercado con mayores garantías. 

La empresa ha querido trasladar un mensaje de continuidad a empleados, clientes y proveedores, subrayando que la operación no afectará a sus compromisos ni a su cultura empresarial. La alianza, insisten, responde a una apuesta por consolidar el proyecto a largo plazo sin renunciar a su identidad. 

La Junta de Castilla y León mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos, pese a la promesa del Ejecutivo de ir incorporando al sector público, mediante empresas públicas como Tragsa o Somacyl, a todo el operativo según vencieran los contratos. Tres días antes de las elecciones adjudicó un contrato para cinco brigadas por 4,4 millones de euros y ha licitado otro por 2,5 millones para trabajados en este 2026 y el próximo 2027.

La promesa del presidente en funciones del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, fue que el operativo sería 'público', entendido como que dependería de empresas controladas por el estado como Tragsa, que es como lo gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. Es una vieja demanda de los sindicatos y asociaciones de trabajadores del operativo, que llevan años reivindicando una mejora de sus condiciones laborales, y en particular, dejar de depender de las empresas privadas.

En la presentación del proyecto de prespupuestos 2026, que finalmente no se aprobaron, Mañueco desgranó un aumento del 30% del presupuesto antiincendios después del peor verano de la historia en Castilla y León, recalcando y prometiendo cuestiones como el reconocimiento de la categoría de bombero forestales, un operativo todo el año, “mejores condiciones retributivas y laborales” y “y pasar, de aquí a tres años, a todos los profesionales del sector privado al sector público”, que cifró ya en un 33% del operativo en este 2026.

A preguntas de la prensa el consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, matizó esto último señalando ue el pase al sector público sería a medida “que vayan venciendo sus contratos se incorporarían con este modelo que ha descrito el Presidente, (...) a medida que acabe su vencimiento los nuevos contratos ya serán dentro del sector público”. Pero la consejería de Medio Ambiente, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lanzado contratos con el sector privado el pasado otoño y otro en pleno proceso electoral autonómico, contradiciendo las palabras del Presidente de la Junta.

El primer nuevo contrato fue licitado en noviembre, consistente en cinco unidades especializadas equipadas con vehículos autobomba pesados y brigadas de expertos, con un presupuesto base de más de 4,4 millones de euros. El proyecto, financiado parcialmente por fondos FEDER, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y prioriza tanto la adecuación del entorno natural para evitar fuegos como la intervención inmediata en emergencias. La adjudicación del contrato tuvo lugar tres días antes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo a una UTE de cuatro empresas: Matinsa, Foresa, Demontes e Infosa, todas al 25%. El importe de adjucación solo es 1,1 euros más bajo que el de licitación, impuestos incluídos.

El segundo contrato nuevo a empresas privadas lo ha licitado Somacyl, la sociedad pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y que no suele hacer este tipo de contratos y solo los de maquinaria pesasa. El 18 de marzo, tres días después de las elecciones, lanzó una licitación, todavía abierta, por un máximo de 2.525.310,27 euros (con impuestos) para contratar “un servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por 4 Unidades de Brigadas y Autobombas de lucha contra incendios forestales (UBA) integradas por un vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas”. Se destinarán a las provincias de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. La licitación está abierta hasta el 17 de abril.

Base de Ávila, sí a Tragsa

El caso más llamativo de los nuevos contratos del Gobierno de Castilla y León ha ocurrido en la provincia de Ávila. Inicialmente sacaron a licitación en pleno verano pasado, 14 de julio, un contrato de “Servicio de lucha integral contra incendios forestales desde la Base de Las Casillas (Segovia)” con un presupuesto base de 1.932.423,7 euros (más impuestos). Despues del terrible verano, también en Ávila con grandes incendios en el valle del Tiétar, en noviembre se abren las ofertas pero en un informe del 17 de diciembre de 2025, el Jefe del Servicio de Incendios Forestales emite pide el desistimiento del contrato. Alega que el contrato no contempla la categoría de bombero forestal que obliga la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Y como no hay dotación económica para esa categoría pues pide que se anule, tal y como se hizo.

Y entonces la consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha formalizado el pasado 25 de marzo un nuevo contrato para la base de Casillas, pero mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, por importe de 2.288.363,83 euros. Es decir, pasa al sector público a quienes hasta entonces prestaban los servicios de la base segoviana, cumpliendo así la promera electoral de Mañueco.

Los pliegos de los dos contratos a empresas privadas que la Junta de Castilla y León ha licitado, uno de ellos ya adjudicado, y ya se han explicado en este artículo no contemplan en ningún caso la categoría de 'bombero forestal' a la que obliga la Ley y les deja como meroes 'peones'. La consejería de Medio Ambiente ha sido cuestionada sobre si estos contratos contravienen el compromiso de operativo público sin recibir respuesta en el momento de publicación de esta información.

El PSOE anunció que su primera iniciativa de la nueva legislatura, este mismo mes de abril, será presentar una ley de incendios ante la “inacción” de la Junta de Castilla y León. El Gobierno del PP aprobó el pasado otoño dos decretos para mejorar el operativo y la prevención pero decayeron ante la falta de apoyo de la oposición. Pese a eso los contratos relativos a incendios han aumentado de forma considerable, financiando nuevos elementos como más helicópteros o bulldozers para la protección de los municipios. A finales del año pasado la Junta pasó a todo el año a más de 800 personas del operativo que hasta ahora eran fijos-discontinuos. La última acción ha sido presentar 12 nuevos camiones autobombas de 4.000 litros que se incorporan al operativo tras una inversión de 7,23 millones de euros, financiada con Fondos FEDER.

España aspira a ser durante la próxima década la principal 'pila' de combustible de la Unión Europea según los proyectos de almacenamiento energético presentados a evalución a través de las centrales de bombeo hidroeléctrico. Y el exgrupo minero berciano, y ahora energético, Erbienergía, controlado por la familia Lamelas Viloria, se convierte en uno de los grandes jugadores europeos.

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) ha publicado esta semana la actualización de su documento de referencia de plan decenal de desarrollo de la red eléctrica europea, que hace cada dos años, y que incluye 199 proyectos de redes y 69 de almacenamiento energético. 23 de los proyectos son de almacenamiento energético en España, basados en centrales reversibles de bombeo hidroeléctrico, y tres de ellos a examen se sitúan en la provincia de León. Dos de ellos aprovechando antiguas instalaciones mineras.

Todos los proyectos incluidos en este proceso, señala la entidad, “serán evaluados mediante un análisis de costo-beneficio”, que se actualizará a final de año. Este visto bueno es necesario para su conexión a la red eléctrica nacional y europea ya que analiza la inversión y el posterior coste que esto supone para el precio eléctrico final.

La provincia leonesa presentó cuatro proyectos a evaluación, que por su parte están en distintas fases administrativas en España. El más avanzado de todos es el de Navaleo, una central hidroeléctrica reversible que aprovecha el agua de una antigua mina del río Tremor, Navaleo, y que abarcará, junto a sus instalaciones de evacuación, los municipios de Torre del Bierzo, Congosto, Castropodame y Molinaseca. Se compone de dos embalses con un volumen de 2,23 millones de m³ que recircularán el agua de las viejas minas.

Cuenta con las autorizaciones para su construcción desde el año 2023 con una inversión estimada de 300 millones de euros y una producción de 1332 GWh/año. Los promotores, la familia berciana Lamelas Viloria, vendieron la mayoría del proyecto al grupo suizo Alpiq de forma reciente, que cuenta con fondos europeos para su construcción. Se espera que pueda entrar en funcionamiento en la próxima década del 2030. ENTSO-E destaca que el proyecto es altamente innovador y su ubicación en una zona “económicamente deprimida con altas tasas de desempleo”.

Minas en el río Cua

Otro de los proyectos que pasarán la evaluación de los operadores de redes eléctricas es la 'Central depuradora reversible del Rio Cúa, ubicada en los términos municipales de Berlanga del Bierzo, Fabero y Vega de Espinareda y también propiedad de los Lamelas Viloria.

El proyecto data del año 2012 y usará las aguas de drenaje de las minas Alicia y Julia, caracterizadas por su contaminación de metales para hacer un proceso de depuración y aprovechamiento energético “de forma que las aguas contaminadas se devuelvan al cauce en las debidas condiciones de calidad exigidas por la normativa vigente”, aseguraba la empresa. Desde el año 2018 cuentan con una autorización ambiental positiva.

El proyecto consiste en coger las aguas de las minas antes de que caigan al río Cua y llevarlas a un embalse para subirlas casi siete kilómetros hasta un nuevo embalse ubicado al lado de una escombrera y bajarlas hacia el río de nuevo produciendo la energía y el proceso de depuración. La producción de energía estimada en un año medio será de 1,08 GW, con una vida útil de 75 años mínimo.

Proyecto en el río Curueño

El desarrollo más desconocido es el de otra planta hidroeléctrica reversible sobre el río Curueño, en la cuenca minera de la Montaña Central en los municipios de Valdepiélago y La Vecilla. De él solo hay constancia de la petición del agua a Confederación Hidrográfica del Duero del caudal para un “almacenamiento hidráulico de energía” con 1.300 litros por segundo máximo de consumo, que equivaldría a casi una quinta parte del caudal medio del río. La sociedad peticionaria, Bubión Partners SL, está vinculada a un exdirectivo del gigante energético Abengoa que promueve otra similar en Garoña, Burgos.

Según ENTSO-E la central hidroeléctrica de bombeo denominada Valdepiélago, “es una planta de bombeo puro, sin aporte natural de agua externa al circuito hidráulico y, por lo tanto, bombea el mismo volumen de agua que se genera mediante turbinas, entre dos embalses de circuito cerrado”. Así “la reposición de agua del circuito hidráulico será mínima, correspondiendo a las filtraciones propias de los embalses, válvulas y tuberías, y a la evapotranspiración de los dos embalses, que se compensa parcialmente con las precipitaciones”.

Fuera de los proyectos que serán sometidos a evaluación se ha quedado, al menos de momento, otro promovido por la familia Lamelas Viloria, en este caso llamado 'Hullera' consistente en la instalación de una central hidroeléctrica de bombeo reversible aprovechando el drenaje de las minas del Transversal y Corta Pastora, en Ciñera y Santa Lucía, ambas pertenecientes al municipio de La Pola de Gordón. Según ENTSO-E el proyecto no demostró el cumplimiento de ninguno de los criterios administrativos adicionales, lo que le excluye de este proceso. El plan decenal es un documento vivo y sometido a actualizaciones cada dos años así que bien podría ser llevado para su evaluación en una actualización posterior.

Los Lamelas Viloria sí han conseguido, por otro lado, que entre a evaluación un proyecto idéntico a los leoneses en la cuenca minera de Palencia, que también tiene visto bueno ambiental, y que se extiende hasta el municipio leonés de Valderrueda. También han logrado el pase a un proyecto en Asturias, en Buseiro (Asturias). Todos los proyectos que logren un informe positivo deberán estar en marcha como máximo en el 2036.

Del que no se sabe nada fue de un proyecto similar planteado en el río Cabrera en la localidad de Odollo por el gigante Capital Energy, que prometía una inversión de 1.200 millones de euros en una gigantesca central hidroeléctrica reversible y que generó una notable controversia por su alto impacto.

El mercado inmobiliario leonés se mantiene con los precios al alza en el primer trimestre del 2026 en la provincia de León, desbocados incluso en León capital según los principales portales inmobiliarios pero con crecimientos más moderados según las cifras de tasación previas a la venta real del inmueble. Unas cifras que ponen en el espejo las expectativas de los vendedores y lo que realmente se paga por los inmuebles.

Para Idealista el precio de la vivienda en la provincia leonesa ha subido un 3,9% en el primer trimestre, acumulando un 11,5% más en el último año con 1.131 euros el metro cuadrado. Fotocasa habla de una subida de precio en el primer trimestre del 1,2% y en el último año del 14,6% para un precio medio de 1.552 euros/m². Pero si se mira el precio de tasación el informe de Tinsa, la empresa con más cuota de mercado con una de cada cinco operaciones en España, la subida de precios se modera: crecimiento del 2,6% trimestral e interanual del 10,6%. El precio medio de tasación es de 1.029 euros/m² por lo que la diferencia en la provincia es entre 102 y 523 euros por metro cuadrado entre la oferta y lo que se calcula que vale.

Pero pese a estas cifras de subida en el primer trimestre el BBVA estima que la vivienda crecerá de media un 10% en España, pese al nuevo clima económico provocado por la guerra de Irán, en un contexto del mercado inmobiliario leonés que es más asequible en la provincia leonesa comparado con el resto del país, especialmente las grandes capitales.

El esfuerzo teórico medio nacional para comprar una vivienda se sitúa en el 33,9% de la renta disponible de familia, según el informe de Tinsa. En las provincias de Madrid o Barcelona este esfuerzo alcanza el 50%, con hasta el 60% en determinadas zonas, pero en la provincia leonesa se queda en el 18,4% de la renta familiar siendo la tercera con menor esfuerzo de España. En León ciudad ese esfuerzo sube al 23,3%, un nivel todavía considerado aceptable. El esfuerzo llamado 'razonable' se sitúa en el 35% de la renta de un hogar y el crítico cuando se pasa del 45% de los ingresos.

La cuota hipotecaria mensual media en la provincia es de 480 euros, significativamente inferior a la media nacional de 797 euros. La hipoteca media firmada en León es de 101.569 euros, unos 63.000 euros menos de media que en España. Un factor llamativo en la provincia leonesa es que la actividad promotora y de compraventa en León es más moderada pese al crecimiento de los últimos años. Se registran 21,4 compraventas por cada 1.000 viviendas, por debajo de la media nacional de 26,7.

León capital, al alza

Según Idealista León ciudad es la capital de provincia que más ha subido de precio en toda España en el último año, con un incremento interanual extraordinario del 22,7%, alcanzando los 1.867 euros/m². Para Fotocasa estas cifras son de 2.168 euros/m² con un crecimiento del 4,0% en el primer trimestre del 2026 y del 16,5% en el último año. Cifras récord que dejan a la ciudad leonesa como una de las que sufre la mayor subida de precios, siempre según los precios de quienes venden, que son los que toman de referencia los portales inmobiliarios.

Nuevamente el precio de tasación registrado por Tinsa difiere de los de la oferta, más moderados aunque igualmente en un escenario al alza. Según la tasadora el precio medio en León capital es de 1.420 euros/m², lo que supone una subida interanual del 9,0% y una trimestral del 4,3%. Existe por tanto una brecha de casi 500 euros por metro cuadrado entre lo que los propietarios piden (Idealista, y Fotocasa casi 750 euros) y el valor real de tasación, que puede llegar a suponer un tercio del valor total de la vivienda.

En el caso del municipio de Ponferrada la tasadora Tinsa cifra el valor de la vivienda en 878 euros/m², con un incremento trimestral del 4% e interanual del 9%. Pese a estas cifras de incremento de los precios de la vivienda generalizados, según Tinsa el precio actual en la provincia de León está todavía un 13,1% por debajo de los máximos alcanzados en la burbuja de 2007, aunque se ha recuperado un 26,9% desde sus valores mínimos del 2008. En el caso de León ciudad los precios están un 17,6% por debajo de sus máximos históricos y ha subido un 31,2% desde su suelo de precios y en Ponferrada el precio actual se encuentra un 23,9% por debajo de los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria y desde el mínimo la vivienda se han recuperado un 12,9%.

Pese al contexto económico mundial complejo, y el de Alemania y del sector químico en particular, la multinacional germana Wacker mantiene su apuesta por su fábrica leonesa, que adquirió de forma completa en el año 2023 para dar una nueva vida a las viejas instalaciones de la histórica Antibióticos de León, con una gran capacidad de fermentación.

La compañía ha asegurado a preguntas de ILEÓN que “La estrategia y los objetivos a largo plazo de Wacker en León no han cambiado. La planta refuerza la posición de mercado del grupo y es clave para su negocio actual y futuro de fermentación de precisión. Wacker mantiene su compromiso con los planes de crecimiento estratégico y seguirá aplicándolos”.

La planta de la vieja Antibióticos de León es una de la factorías industriales históricas de la ciudad, pero el gigante químico alemán atraviesa turbulencias financieras desde que compró la totalidad de la fábrica por algo más de 100 millones de euros en 2023. Su apuesta desde entonces ha sido renovar las viejas instalaciones con una inversión que estiman en más de 30 millones de euros. Algo que es visible desde el exterior mismo, actualmente cambiando la valla de todo el perímetro del complejo.

Wacker perdió en el 2025 más de 800 millones de euros y anunció un recorte de plantilla de 1.500 personas, pero la multinacional explica que León no se verá afectado. “Actualmente no hay planes de recortes ni ningún programa de reducción de plantilla. Para hacer frente a los retos del difícil clima económico, Wacker debe centrarse a nivel mundial en la eficiencia y la disciplina de costes. Esto también se aplica a Wacker León”, señalan.

La empresa ha lanzado como última inversión en León poner fin a los recurrentes problema de la factoría con su depuradora, mejorandola con la instalación de tres tanques adicionales de 500 metros cúbicos para la gestión de vertidos y un sistema para tratar los olores generados en estos procesos. También ampliará la capacidad de producción de determinados activos para la industria del perfume. “La empresa sigue impulsando el desarrollo sostenible de sus operaciones con la estricta disciplina de costes que exige la situación actual”, recalcan.

El negocio de la fábrica leonesa gira en torno a la fermentación, donde la multinacional pone grandes esperanzas de futuro, aunque ha dejado atrás su uso puramente farmaceútico por uno bioquímico enfocado en la industria alimentaria y de belleza. León cuenta con casi 3.000 m³ de capacidad de fermentación, “lo que permite a la división abastecer a clientes de todo el mundo”, destacan.

“El punto fuerte de la planta de León, como una de las mayores instalaciones biotecnológicas de Europa, es su potencial de ampliación y producción industrial. En combinación con la profunda experiencia de Wacker en I+D en biotecnología y el amplio acceso al mercado que puede proporcionar como actor global, abre oportunidades de crecimiento, tanto como CMO (fabricación por contrato) como para ampliar sus propias innovaciones”, señala la compañía.

En León Wacker cuenta con una plantilla de 320 empleados, de los 16.500 de todo el grupo, lo que le convierte en uno de los principales empleadores del sector privado. La factoría leonesa se encuadra dentro de la división de negocio denominada 'Biosolutions', que de momento aporta alrededor del 6% del negocio del grupo.

La economía tras dos guerras ilegales

El grupo Wacker se ha visto afectado de forma notable por la crisis económica provocada en Alemania por la invasión de Ucrania por Rusia, una guerra ilegal iniciada en febrero del 2022 y que ha elevado los precios de las energías y puesto fin a la entrada de gas barato ruso, sostén de la industria alemana en las últimos décadas.

Este 2025 la economía alemana subió un modesto 0,2%, poniendo fin a la recesión, aunque su sector industrial y exportaciones siguieron cayendo cayendo por tercer año consecutivo, según datos de la oficina federal de estadística Destatis. Y ahora ha llegado la guerra de Oriente Próximo desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, otra guerra ilegal de incierto desarrollo.

El Instituto IFO, uno de los oráculos económicos alemanes, cree que la nueva guerra afectará al 90% de las empresas industriales alemanas, especialmente por la nueva subida de precios de energía y el bloqueo del estrecho de Ormuz. En su último informe del sector químico alerta que “el clima empresarial en la industria química se deterioró significativamente en marzo”. “Las consecuencias de las hostilidades en Oriente Medio están golpeando con toda su fuerza a la ya debilitada industria químic”, explicaba Anna Wolf, experta del sector del IFO en una nota de prensa.

El informe señala que la industria química, el principal negocio de Wacker, ya sufría una grave escasez de pedidos. “Ahora, el fuerte aumento de los precios del petróleo crudo, las materias primas y la energía ha agravado el problema. Para contrarrestar la presión sobre los precios, las empresas planean aumentarlos significativamente. Al mismo tiempo, las expectativas de empleo se desplomaron a un mínimo histórico de -32,1 puntos”, explican.

IFO cree, no obstante, que·la economía alemana se encuentra en una fase de recuperación tras varios años de recesión, con una previsión de crecimiento moderado del PIB del 0,6 % en 2026 y del 0,9 % en 2027“. Todo dependerá de la evolución de la crisis mundial por la guerra de Oriente Próximo.

Las cifras son muy buenas pero el cartel de 'completo' como ha sucedido en otras ocasiones no se colgará en esta Semana Santa de la ciudad de León, aunque se espera un empuje final de reservas de última hora que ayude a situar cerca del 100% uno de los mejores momentos del año para el sector hotelero y de alojamientos.

“La Semana Santa de León se vende sola” confiesan desde el sector turístico, pero reconocen que este año se ha tardado un poco más en vender y completar. Hay todavía algunas habitaciones libres en la tarde de este Miércoles Santo en algunos de los principales hoteles de la ciudad, aunque los portales de reservas señalan que la ciudad está ocupada por encima del 90%. Otras fuentes del sector hotelero leonés rebajan a el 85% esa cifra, reconociendo que quedaban plazas libres. La mayor oferta turística y el incremento de los precios se apuntan como principales causas de la situación.

Este año el tiempo acompaña. El sol brillará aunque las temperaturas todavía no sean plenamente primaverales pero que irán en aumento a lo largo del fin de semana. Esto evitará las cancelaciones de última hora en León como sucedió el año pasado. La ciudad ya rebosa en el sector hostelero aunque con el componente familiar de esta celebración en la ciudad eso no significa un reflejo directo en el de los alojamientos. Los precios disparados de las gasolinas por la crisis de Oriente Próximo y la pérdida de confianza en los ferrocarriles tras el accidente de Adamuz son otros factores que sobrevuelan el momento turístico.

“Tampoco podemos querer que la Semana Santa de León se llene como cuando había veinte hoteles en León”, explican desde el sector. Porque aunque la cifra de plazas hoteleras haya bajado en los últimos años en la ciudad leonesa las plazas de alojamiento totales se han incrementado notablemente por los apartamentos turísticos, que suman casi medio centenar de ubicaciones.

Según el INE en febrero en la ciudad de León había 40 hoteles (u establecimientos análogos como hostales) abiertos con 3.235 plazas. En el 2017 eran casi 60 con 3.744. En cambio los pisos turísticos legales en la ciudad son 493 con 2.379 plazas disponibles según la estadística experimental del INE a noviembre del 2025, cuando hace una década eran casi inexistentes. La subida de plazas turísticas oficiales se hace sola.

Temor a la afección por una 'burbuja' de precios

“Se puede crear un poco de burbuja” temen desde fuentes del sector al tiempo que explican que “por el precio que se está pidiendo en León la gente prefiere a veces otros destinos”. Que la Semana Santa de León es una de las principales de destino de España es una realidad pero la competencia turística 'semanasantera' ha crecido en los últimos años y ciudades sin casi tradición han completado una oferta que ya atrae visitantes. No hace falta mirar muy lejos.

La subida de precios turísticos no es una cuestión exclusiva de León sino nacional, pero lo hay que mirar es la capacidad de atracción en función de la oferta realizada. El evento astronómico del próximo 12 de agosto deja en la provincia leonesa un panorama de cartel ya casi lleno y de precios también disparados, pero que a veces pueden ser ilegales incluso. El turismo extranjero ha copado buena parte de las reservas veraniegas pese a que no es el mayoritario en León en ninguna época del año.

Porque aunque en una búsqueda de reserva te salga que una habitación está a 800 euros para un día especial, como puede ser Jueves o Viernes Santo o el archiconocido 12 de agosto de 2027, ese precio puede ser ilegal si ese límite no está aprobado. Los hoteles y apartamentos tienen la obligación legal de señalar precios máximos por habitación que deben comunicar a las autoridades de control, como es la Junta de Castilla y León en este caso, y que no pueden cobrar más a ningún cliente y en ninguna circunstancia. Porque el precio que se pone en las reservas de internet, a veces tan hinchado, puede ser un rango artificial motivado por el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas y que supere el máximo legal que el establecimiento ha comunicado a las autoridades. Pero si superan ese máximo y lo cobran están haciendo algo irregular.