Eduardo Diego, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León desde el año 2023 seguirá en el cargo con el nuevo gobierno de coalición de PP y Vox, según ha aprobado este jueves el Ejecutivo autonómico en su reunión del Consejo de Gobierno.

Diego llegó al puesto en el año 2023 sustituyendo a la expresidenta del PP de León Ester Muñoz, que salió del cargo como cabeza de lista al Congreso de los Diputados, que la ha llevado hasta ser la portavoz del partido en la principal cámara legislativa de España.

De formación y profesión periodista, que ha ejercido en medios de comunicación e instituciones del País Vasco y la provincia leonesa, Diego es funcionario de la Diputación de León desde el año 2007 tras haber sido jefe de gabinete en esa institución y el Ayuntamiento de León. Se incorporó en 2020 a la Delegación Territorial de la Junta como jefe de la Unidad de Estudios y Coordinación, puesto que ocupaba hasta su nuevo ascenso al frente de esa misma Delegación.

En su trabajo al frente de la Delegación Territorial Diego ejerce de presidente del organismo coordinador de emergencias, conocido como CECOPI, que llegó a estar tres semanas activo de forma permanente en agosto del año pasado por la oleada de incendios forestales que sufrió la provincia y calcinó más de 140.000 hectáreas y dejó cuatro fallecidos.

Desde este 1 de julio las obras en el doble túnel del Negrón de la autopista AP-66 entre León y Campomanes (Asturias) provocarán que en pleno verano, y hasta noviembre, se circule entre las dos provincias por solo uno de los tubos. Todo por una millonaria inversión del Estado en la autopista cuya gestión está en manos privadas hasta el año 2050 sin que haya rebaja de los caros peajes que pagar por su paso.

La autopista asturleonesa, en manos de la sociedad Aucalsa, hoy controlada por el grupo Itínere en manos de una gestora de pensiones holandesa, está un día si y otro también en el ojo de la polémica, especialmente en el Principado de Asturias donde su eliminación como vía de pago genera unanimidad y no pocas controversias políticas. Y desde hace unos meses, jurídicas.

Conocida en Asturias como Autopista del Huerna, en León pocos se refieren a ella como León-Campomanes, la infraestructura que salva la cordillera cantábrica tendrá peaje hasta el año 2050. En el año 2000 el Gobierno de José María Aznar lo prorrogó 29 años y un día más, hasta el 2050, a cambio de unas rebajas de los precios.

En el año 2021 el exdiputado de Podemos Asturias Daniel Ripa denunció ante la Unión Europeo la prórroga del peaje del año 2001 tras una iniciativa similar de la AP9. En el 2024 la Comisión Europea inició el trámite para sancionar a España al considerar que la prórroga fue ilegal, ratificado al año siguiente con un contundente dictamen: la prórroga incumplió las normas europeas y es contraria a derecho por no hacerlo mediante un concurso público. El Gobierno de España ha dejado entonces que el asunto se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que será quien se pronuncie en ultimísima instancia sobre la ilegalidad de la prórroga (y sus consecuencias).

Pero la acción judicial no se ha terminado ahí. La sociedad asturiana, infinitamente más movilizada que la leonesa en este asunto, ha tomado la inciativa con la interposición de una acción de nulidad de pleno derecho de la ampliación del contrato, que deberá resolver el Consejo de Ministros antes de abrir la vía contenciosa-administrativa.

Por su parte el Gobierno de Asturias que preside el socialista Adrián Barbón ha llevado la supresión del peaje al Tribunal Supremo, muy presionado también por la opinión pública y publicada en la región cantábrica contra la continuidad de los pagos por atraversarla, y más ante la situación interminable de obras, tras solicitar una revisión de oficio de la ampliación del contrato que no ha sido contestada.

Obras que no acaban

Las nuevas obras del verano y hasta noviembre en el túnel del Negrón son, en realidad, la continuación de unas iniciadas hace un año de mejora de los túneles de la autopista que se han prorrogado hasta ahora. Pese a conllevar una millonaria inversión pública de 76,36 millones de euros, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esto no supondrá una rebaja de los peajes aunque el beneficiario de las obras es en primera instancia la empresa concesionaria, además de los usuarios que tendrán una mayor seguridad.

En el año 2023 el Gobierno aprobó esta inversión para adaptar los túneles a la normativa y repartió los costes de manera que “La Administración asume el coste de las obras, y el concesionario asume los costes de la redacción de los proyectos y de la conservación y explotación de las actuaciones desarrolladas”.

Será, por tanto, el segundo verano de obras de la conexión asturleonesa en uno de los momentos de mayor auge económico hacia ambos lados de la cordillera.

Además, siguen sin finalizar las obras del desprendimiento de parte de una ladera en el otoño del año 2024, que también dificultan la conexión desde hace casi dos años. Estas circunstancias de una autopista que no presta totalmente el servicio ha llevado a entidades como asociaciones de consumidores y de transportistas, de Asturias, a denunciar que la concesionaria ha logrado beneficios 'ilícitos' por 60 millones de euros. El propio Gobierno de Asturias ha presionado a la empresa para que justifique por qué cobra todo el paeje si no ofrece todo el servicio. En teoría en otoño, dos años después del argayo, se recuperará el tramo afectado.

Y ha sido la Fiscalía de León, al ser por donde mayor recorrido hay de la autopista, la que ha recibido el encargo del Supremo de dictaminar si existe vulneración de los derechos de los consumidores tras una denuncia de la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna ¡No! por los cobros completos del peaje. Los denunciantes se basan en una sentencia del Tribunal Supremo, relativa a la AP-9 gallega, que declaraba ilegal cobrar un peaje íntegro cuando las obras en la vía “incrementan sustancialmente el tiempo de viaje” o cuando el servicio no se presta en “condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez o seguridad”. La sentencia obligó a la concesionaria gallega a reembolsar los importes cobrados indebidamente.

El coste del trayecto completo se ha mantenido en 15,60 euros durante años y ha alcanzado su máximo histórico de 16,20 euros desde este año 2026, situando al Huerna entre los peajes de vía completa más caros del país

Tibia postura leonesa

En la provincia de León la existencia de la autopista no toma los tintes casi melodramáticos que suele rodear el asunto en la política y prensa asturiana. El Ayuntamiento de León reclamó en el otoño pasado la supresión del peaje en una declaración institucional suscrita por todos los grupos y en la Diputación el presidente socialista Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado también a favor de su eliminación.

La Junta de Castilla y León ha apoyado la supresión del peaje cada vez que su portavoz, el consejero de Economía y Hacienda Carlos Fernández Carriedo ha sido cuestionado sobre ello. Pero pasar a la acción jurídica como ha hecho el Gobierno de Asturias ante las últimos asuntos como obras interminables no ha sido otro paso. Su papel se ha limitado a respaldar iniciativas del gobirno asturiano u otras como la Declaración de Compostela de las patronales de Galicia, León y Asturias para suprimir los peajes de la AP9 y la AP66 bajo el foco de la posible ilegalidad en la prórroga de sus contratos.

Pese a todas las batallas políticas y jurídicas de momento la fecha de fin de la autopista sigue siendo la que figura en aquel decreto del año 2000: “Se establece como fecha final del plazo de la concesión de la autopista Campomanes-León el día 17 de octubre del año 2050”.

La nueva lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria, correspondiente a las deudas superiores a 600.000 euros a 31 de diciembre de 2025, vuelve a situar a varias empresas vinculadas a León entre las mayores morosas del país. El listado mantiene a históricas compañías mineras y constructoras, casi todas quebradas hace años y procesos de liquidación, además de otras firmas de distintos sectores, y también incluye a una histórica arruinada cooperativa de la provincia y a varias personas físicas.

Entre las sociedades mercantiles leonesas destaca nuevamente Hullera Vasco Leonesa, con una deuda de 19,70 millones de euros, seguida de Invergar Participaciones Inmobiliarias, con 13,44 millones, y de Compañía Minera Astur Leonesa (Coto Minero Cantábrico), que adeuda 10,54 millones. También figuran Unión Minera del Norte (Uminsa), con 9,05 millones, y la cooperativa SAT 2393 Mansilla Lacto Ganadera, con 3,16 millones de euros.

La relación también mantiene nombres históricos de la economía provincial ligados al Bierzo y al sector industrial y constructor. Entre ellos aparecen Compañía de Explotaciones y Minas, Estructuras Metálicas El Rubio, Montajes Bierzo, Minas del Bierzo Alto, Construcciones Pons Ferrata, además de otras empresas como Edificaciones Vega del Esla, Bergidum Flavium, Canteras de la Tercia, o Invergar Carfer, entre otras.

Entre las personas individuales como mayores deudores figura María Isabel Martínez Parra, la hija del histórico magnate fallecido José Luis Martínez Núñez, que debe 5,73 millones de euros y cuyas empresas familiares, hoy en quiebra, siguen apareciendo como deudoras como Tecnología de la Construcción (Teconsa) con 11,89 millones de euros o Construcciones Martínez Núñez con 1,34 millones de euros.

Los bercianos Prado Ovalle siguen arrastrando deudas con Hacienda tras sus fallidos negocios inmobiliarios en el anterior bum de la construcción. Los hermanos Isaac y Recaredo deben 1,35 millones y 686.748 euros respectivamente. Sus viejas sociedades inmobiliarias Invergar Carfer e Invergar Participaciones Inmobiliarias deben 2,55 millones y 13,44 millones de euros. Además figuran como deudores individuales los leoneses Dionisio Elías Prieto con 3,24 millones de euros y Dionisio Ramos Martínez con 1,12 millones de euros.

Listado de empresas y personas vinculadas a León en el listado*

Empresa. /// Deuda

Hullera Vasco Leonesa S.A. 19,70 millones de euros

Invergar Participaciones Inmobiliarias S.L. 13,44 millones de euros

Compañía Minera Astur Leonesa S.A. 10,54 millones de euros

Unión Minera del Norte S.A. (Uminsa) 9,05 millones de euros

Compañía de Explotaciones y Minas S.A. 7,71 millones de euros

Antibióticos S.A. 4,25 millones de euros

Índico Motor S.L. 3,64 millones de euros

Grupo TCL 2010 S.L. 2,90 millones de euros

Nord Casting Industrial Projects S.L. 2,20 millones de euros

Metalúrgicas Ruan S.L. 2,18 millones de euros

Minas del Bierzo Alto S.L. 1,96 millones de euros

Alonso y López J, N, S.L. 1,72 millones de euros

Valdamo Business S.L. 1,70 millones de euros

Suministros Castro Piedrafita I S.L. 1,54 millones de euros

Sardonal Inversiones S.L. 1,39 millones de euros

Grupo Empresarial Coiber S.L. 1,34 millones de euros

Alconera Bussines S.L. 1,32 millones de euros

Derrumca S.L. 1,30 millones de euros

Merayo Cars S.L. 1,24 millones de euros

Agrocar Soluciones S.L. 1,21 millones de euros

Edificaciones Vega del Esla S.L. 1,05 millones de euros

Construcciones Sandevi S.L. 1,05 millones de euros

Orozco Sarasa S.L. 1,04 millones de euros

Rochan S.L. 1,03 millones de euros

Mercantil Española de Refrigeración S.L. 975.512 euros

Iván Cañedo S.L. 954.982 euros

Construcciones Pons Ferrata S.L. 887.458 euros

Canteras de la Tercia S.L. 885.562 euros

López y Cubero S.L. 871.993 euros

Norteleón Desarrollos S.L.U. 851.210 euros

Mareltrans Logística 2012 S.L. 848.665 euros

Arlanzón Asesores Legales S.L. 822.591 euros

Montajes Bierzo S.A. 803.624 euros

Trébol Restauración Corporación Empresarial S.L. 793.864 euros

Bergidum Flavium S.L. 752.145 euros

Edificaciones y Obras Merayo S.L. 643.394 euros

MIME Cars S.L. 637.753 euros

Carbocal S.A. 637.653 euros

Los Pequeños Reyes Mágicos de León S.L. 621.728 euros

Instaelco 2007 S.L. 602.675 euros

Los socialistas leoneses activarán su proceso de primarias para elegir a los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes -León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo- en la tercera ventana abierta por el Comité Federal del PSOE en el calendario aprobado el pasado fin de semana.

Fuentes de la Ejecutiva provincial señalan al otoño, en noviembre, como la fecha para activar el proceso de primarias en el caso de la provincia. El PSOE federal facilitaba procesos en este mismo mes de julio, septiembre o noviembre como momentos para elegir a los candidatos de los principales municipios.

En Ponferrada se espera que el exalcalde y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, así como líder de la agrupación local, Olegario Ramón, presente de nuevo su candidatura. Sería la tercera vez como candidato a la alcaldía de la ciudad berciana tras haberlo sido en 2019, cuando fue elegido alcalde, y en 2023, cuando ganó las elecciones pero pasó a la oposición.

En el tercer municipio de la provincia, San Andrés del Rabanedo, el PSOE debe elegir candidato o candidata para intentar recuperar uno de sus históricos feudos, ahora en manos de los leonesistas de UPL. Los nombres de varios exconcejales con antiguas responsabilidades suenan como cabeza de lista en un municipio que sigue con una gestión complicada, lo que abre las puertas a mejorar su exiguo resultado electoral del 2023.

León, candidato automático salvo si lo piden los militantes

En el caso de León ciudad existe una particularidad, que si el actual alcalde José Antonio Diez quiere, y así lo ha manifestado en diversas ocasiones, será automáticamente el candidato ya que quienes ejercer el cargo institucional tienen esa prerrogativa de ser candidatos si así lo expresan.

La candidatura de León solo iría a primarias si la mitad más uno de los militantes de la agrupación municipal, la mayor de toda la comunidad con más de 800 militantes, piden esas primarias. Un proceso complejo pero que se ha realizado en otras ciudades como Gijón, aunque el resultado electoral final fue la pérdida de la ciudad asturiana para los socialistas. Pero el Comité Federal ha introducido una nueva claúsula, que es que aunque la mitad más uno de la militancia lo pida las primarias deben ser aprobadas por el Comité Federal de Listas, que tendrá la última palabra.

El enfrentamiento directo de los últimos meses entre Diez y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, mantiene las espadas en alto aunque ambos bandos aseguran controlar la agrupación municipal. De ello dependerá si hay alguna posibilidad de que haya proceso electoral interno.

La candidatura de José Antonio Diez sería la cuarta ocasión que encabeza la papelete del PSOE tras 2015, 2019 y 2023. Diez se hizo con la alcaldía para los socialistas en 2019 gracias a un pacto con UPL sin integrarlos en el gobierno municipal, que repitió en 2023. Es el tercer alcalde socialista de la ciudad en democracia y si logra completar un tercer mandato sería el alcalde con más tiempo en ejercicio desde que hay elecciones libres.

La fiebre minera toma, de nuevo, la montaña leonesa. Una empresa con sede en salamanca, Iberian Phosphates SL, ha solicitado cuatro permisos de investigación minera en los últimos meses para buscar fosfatos en diez municipios de la provincia de León, ubicados entre la montaña oriental y central hasta llegar al valle del Torío.

Los cuatro proyectos se llaman 'Gemina', 'Legio', 'Victrix' y 'Galba', y afectan a los municipios de Crémenes; Crémenes y Reyero; Boñar; Crémenes y Sabero; y La Pola de Gordón, Vegacervera, Cármenes, Matallana de Torío, Valdepiélago y Valdelugueros respectivamente.

En la actualidad España no cuenta con ninguna explotación de fosfatos activa, siendo China el líder mundial seguido de Marruecos, que lo extrae de la antigua colonia española del Sáhara. La fiebre de los nuevos minerales se enmarca en el contexto geopolítico mundial de guerras que ponen en peligro los suministros mundiales, o los encarecen con las consecuencias económicas que supone, lo que ha llevado a la Unión Europea a impulsar un programa de búsqueda y explotación de minerales, especialmente los raros vinculados a la tecnología, para garantizar cierta autosuficiencia.

La Junta de Castilla y León ha admitido las solicitudes de permisos de investigación que suponen que durante tres años la empresa hará catas para buscar principalmente fosfatos. El coste estimado de la investigación es de 3,4 millones de euros, un dinero que la empresa ha garantizado con una carta de su sociedad matriz domiciliada en Australia, Spanish Mining Ventures PTY LTD, mediante una “carta de compromiso formal de financiación, suscrita por el representante legal de la citada sociedad matriz, en la que se garantiza la cobertura económica de todas las inversiones necesarias”.

De Australia a España

Detrás de esta empresa hay un complejo entramado de sociedades australianas con intereses mineros en España, como Osmond Resources o Megado Minerales, que buscan cobre, plata o grafito en diversas ubicaciones del país. En común tienen que son sociedades australianas, las dos cotizan en la bolsa australiana y tienen varios ejecutivos en común. Entre los nombres destaca Anthony Hall, un veterano ejecutivo del sector minero experto en lanzar sociedades mineras de inversión.

En el libro blanco de una de las empresas explican sus planes gracias a la rebaja ambiental de la normativa europea que prioriza ahora la extracción. “La Ley de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials Act) de 2024 ofrece un cambio radical en la regulación coordinada de la extracción para la Unión Europea, con el fin de garantizar que los proyectos considerados de importancia estratégica no se vean obstaculizados innecesariamente. Esta y otras medidas legislativas están respaldadas por un mayor financiamiento gubernamental disponible para el desarrollo de proyectos, lo que ha reducido el riesgo para el capital privado”, señalan.

Y para buscar capital van más allá, “Hoy en día, un número creciente de proyectos parece que se beneficiarán de políticas favorables, financiación estatal, una regulación ágil, alianzas estratégicas y, como resultado, de mercados de capitales generosos”.

La roca de fosfato fue incluida en la lista amparada en la normativa europea en el año 2020, un elemento usado de forma fundamental en fertilizantes y alimentación, y ahora también en la industria energética al ser usado en la fabricación de las baterías de Litio-Ferrofosfato que han sido fundamentales en la expansión del mercado del vehículo eléctrico y el almacenamiento energético.

La empresa solicitante de todos estos permisos acudió el pasado 23 de junio a una reunión abierta en el Ayuntamiento de Crémenes, el más afectado de todos, para exponer su trabajo de investigación y proyecto, llevándose las dudas de los vecinos y juntas vecinales por la falta de concreción de la sociedad minera, tal y como recoge Diario de Valderrueda. Las dudas de otro proyecto sin excesivos detalles planean sobre la provincia de León.

Los permisos de investigación minera son solo el primer proceso de un largo proceso burocrático para obtener extracción minera en España. Después la sociedad debería solicitar los derechos mineros correspondientes y, una vez obtenidos, un plan de explotación con terrenos ya concretos y la forma de obtenerlos. Un proceso que es largo, caro y complejo pero que suele generar grandes réditos a largo plazo. Si se consigue superar todas las fases.

Alberto González de Juan 'Pugilato', un conocido neonazi condenado por delito de odio por el Tribunal Supremo, era el trabajador de la empresa cobro de deudas Céltica de Cobros, cuyo coche fue destrozado por un vecino agricultor de Villamuñío (León) tras acudir a reclamar una deuda, en uno de los videos más virales del año.

El nombre de Pugilato ha saltado tras la difusión de otro video del momento anterior a que el tractor destrozara el vehículo, en el que se ve un enfrentamiento directo entre el agricultor y el conocido neonazi, que le llega a decir “eres un puto gordo” en una tensa conversación entre ambos en la que le reclamaba el pago de la deuda.

Finalmente el agricultor terminó por destrozar el vehículo con su tractor tras la charla en la que le reclamaba el pago de sus deudas, acció por la que fue detenido y pasó a disposición judicial.

El propio Pugilato ha señalado en redes sociales varias cuestiones sobre lo sucedido aunque señalando que la recomendación de sus abogados ha sido que se mantenga al margen. Según su versión “Trabajo exclusivamente para PYMES y autónomos que diariamente sufren la morosidad de gente, que teniendo amplios recursos, deciden aburrirles para no pagar”. Asegura que “Es este caso me hicieron una encerrona, el tema está judicializado y los vídeos están ahí. Mi trabajo consiste en mediar y negociar impagados y trato con cientos de clientes que siempre agradecen enormemente el trabajo realizado”.

Asegura que “Hay ocasiones (muy pocas, por suerte) en las que se reciben amenazas y hostilidades ante la reclamación de un pago por una deuda totalmente exigible (os gusta que os deban dinero u horas extra?) y la misión debe ser siempre la rebajar la tensión y llegar a un acuerdo razonable para ambas partes”. Finaliza señalando que como el tema está judicializado no hablará más de ello.

Pugilato fue condenado a un año de prisión por un delito de odio cometido en un concierto de bandas neonazis en 2018 en Cataluña, donde hubo “expresiones supremacistas de desprecio contra individuos de determinados grupos, por el mero de formar parte de una colectividad que no se tolera” y que, en consecuencia, no están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

El agricultor que destrozó el vehículo también ha ofrecido su versión de los hechos en varios programas televisivos como 'Y Ahora Sonsoles' de Antena 3, señalando que “no es plato de gusto para nadie” las formas de la empresa de recobros, y denunciando que recibió insultos y acoso antes de destrozar el vehículo con su tractor.

“Me llama mi pareja que hay aquí alguien en la puerta, que la están acosando, insultando, vaga, morosa, insultos de todo tipo, gorda”, afirmó el agricultor a 'Directo al grano' de RTVE, candidato del PP que no recogió el acta de concejal de Villamuñío tras el fallecimiento de el anterior en la lista. “Te sientes angustiado, te sientes amenazado, te sientes acosado. Yo me siento acosado y digo: bueno, ¿pero por qué tengo yo que aguantar esto?”, señaló para justificar su acción contra el vehículo de la empresa de cobro de impagos.

La empresa leonesa Plus Contacto ha comunicado este martes a su plantilla el inicio de un procedimiento de despido colectivo (ERE) por causas productivas y organizativas, según ha podido conocer ILEÓN. Plus Contacto es una de las firmas tradicionales del telemarketing asentadas en León, y con capital leonés, y está especializada en la captación de fondos para entidades del tercer sector como ornganizaciones sin ánimo de lucro.

La compañía atribuye esta decisión a las consecuencias del ciberataque sufrido en agosto de 2025, que paralizó la actividad y obligó a realizar importantes inversiones y una reorganización interna, así como un ERTE para sus casi 400 empleados. Aunque, explican, logró recuperar parte de la actividad y reincorporar a toda la plantilla afectada por el ERTE, la recuperación del negocio no ha alcanzado los niveles esperados.

La empresa sostiene que la pérdida estructural de campañas ha generado un desajuste entre su estructura de empleo y las necesidades reales del negocio. Por ello, plantea un despido colectivo que afectará a puestos de trabajo de León y Zamora y que incluirá el cierre de la oficina de Gijón, aunque todavía no ha dado cifras de afectados. Las oficinas asturiana y zamorana fueron abiertas en el año 2022, con León como el puntal de la compañía hasta el momento.

“Somos plenamente conscientes de que detrás de cada puesto de trabajo hay personas, familias, trayectorias profesionales y muchos años de dedicación. Por ello afrontaremos este proceso con el máximo respeto, transparencia y buena fe”, explican a su plantilla en la misiva.

“Creo que debemos afrontar este proceso con honestidad y humildad, siendo conscientes de las dificultades que atraviesa la compañía y buscando, entre todos y todas, las mejores soluciones posibles para afrontar esta situación”, reiteran.

Plus Contacto fue fundada en el año 2008 y su principal cliente durante todos estos años ha sido Cruz Roja Española, para la que ha venido prestando diversos servicios de atención telefónica y de captación de fondos para la entidad.

El sector del telemarketing se encuentra bajo una fuerte presión tras los cambios regulatorios, que impiden comportamientos abusivos y que desde octubre de este año supondrá más limitaciones todavía.

Tras la comunicación se abrirá el periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores, en el que se determinará el alcance del ERE de una plantilla que suma más 350 personas entre todos sus centros de trabajo.

El próximo pleno del Ayuntamiento de León avanzará un poco más el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática retirando los nombres de nueve calles del callejero a personas relacionadas con la dictadura franquista. Con un notable y criticado retraso el Ayuntamiento de León ha ido cambiando nombres de calles, con una gran parsimonia si se cambian nombres franquistas y con una gran rapidez si son nombres religiosos.

Pese a que desde el año 2020 el Ayuntamiento de León cuenta con un informe para eliminar una treintena de calles franquistas los cambios han ido a cuenta gotas. En este próximo pleno irán dos en la ciudad de León ya de forma definitiva, adiós a Pilotos Regueral y Alférez Provisional, y se aprueba el expediente para cambiar otras siete de Armunia, todas ellas con nombres de militares y políticos vinculados al franquismo. En los cambios de las dos primeras el PP se abstuvo y Vox votó en contra.

Desde el 2024 se han cambiado de nombre una docena de calles y lugares de las cuáles siete han sido para cofradías y un sacerdote, así como otra para la Policía Nacional y otra al histórico alcalde de Oteruelo Bernardo Sánchez. El compromiso de poner más nombres de mujeres a las calles se ha quedado por el camino.

Fuera del listado de cambios de Armunia está la calle Fernando González Regueral, que también existe duplicada en León pero referida al que fue primer alcalde de León tras la Guerra Civil, entre 1939 y 1941.

El criterio principal del Ayuntamiento de León ha sido devolver a las vías los nombres que ostentaban en el pasado, según los registros del Archivo Municipal. De este modo, la calle Calvo Sotelo pasará a llamarse calle Mayor, recuperando la denominación que tuvo hasta mayo de 1931. Siguiendo este mismo criterio, la calle General Mola se transformará en calle Curiel, la calle General Aranda será rebautizada como La Aurora, la vía dedicada al General Sanjurjo recuperará el nombre de Petrona y la calle José Antonio pasará a denominarse Independencia. Por su parte, la calle General Yagüe adoptará el nombre de calle Ferrer, rescatando una antigua denominación de la pedanía, mientras que la calle General Millán Astray rendirá tributo a las costumbres populares leonesas y pasará a llamarse calle Filandones.

La Junta Vecinal de Armunia, en manos del PP, rechazó el pasado mes de enero en una sesión su total disconformidad con el procedimiento seguido por el Ayuntamiento por “deficiencias jurídicas sustanciales”. Criticaron que el cambio se ampare en el informe solicitado a la Universidad de León en lugar de contar con una motivación legal individualizada para cada vía y alertaban del impacto económico, administrativo y burocrático de la modificación del callejero.

Calle del sacerdote abusador, se “analizará”

El Ayuntamiento de León ha explicado a ILEÓN que “analizará la información” sobre el Padre Segundo Llorente, un sacerdote misionero leonés reconocido por la diócesis de Fairbanks (Alaska) y los Jesuitas como abusador para decidir qué hacer con su calle ubicado en el barrio de Eras de Renueva, tal y como recordó este periódico

El icónico misionero, muy reconocido por la Iglesia Católica por sus cuatro décadas en la inhóspita Alaska en labores de evangelización, acumuló hasta cuatro casos de denuncias por abusos sexuales, todos posteriores a su fallecimiento en 1989. Dos de ellos al menos fueron indemnizados dentro de los procesos seguidos por la congregación y la diócesis a las que pertenecía.

“Si hubiera que retirar su nombre del callejero así se propondrá a la Corporación Municipal”, señalan fuentes municipales sobre la situación de la calle ubicada en un costado del museo Musac y cuyo nombre fue aprobado por un Pleno municipal en el año 1996, casi una década antes de que se conociera ninguna denuncia de abusos del Padre Llorente.

El Obispado de León, por su parte, no ha respondido a una serie de preguntas sobre el Padre Segundo Llorente remitidas por este medio, entre ellas si consideraba conveniente la retirada del nombre del Padre Llorente del edificio que le tiene dedicado en la calle Sierra Pambley de la ciudad, y que acoge la sede de Cáritas y otras organizaciones de la Iglesia Católica en León.

Cambios de calles

En la ciudad de León, cambios definitivos de denominación:

En la pedanía de Armunia, aprobación provisional de cambios:

La exconcejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada Nevenka Fernández ha recibido este sábado 20 de junio un reconfortante aplauso en su ciudad natal en el que era el primer acto público al que acudía en 25 años desde que en el 2001 denunció (y ganó) por acoso sexual al exalcalde Ismael Álvarez.

El aplauso en el auditorio de La Térmica Cultural ha sido un acto de reparación a la figura de la exconcejala ponferradina, que aunque ha vuelto a la ciudad de forma privada en algunas ocasiones era la primera vez que asistía un acto público, un cuarto de siglo después de aquella denuncia.

Fernández ha protagonizado un acto en La Térmica Cultural de Ponferrada junto a la exconcejala del PSOE Charo Velasco, enmarcado en la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', una cita organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) que ha reunido a representantes institucionales, especialistas del ámbito jurídico, académico y social, periodistas y referentes en la lucha por la igualdad para reflexionar sobre las estructuras de poder, las distintas manifestaciones de las violencias machistas y los mecanismos de reparación.

A la jornada ha asistido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha dado un discurso de inauguración en el que ha destacado que “Nevenka abrió camino para todas nosotras” citando unos versos de Elvira Sastre, “Mírate nevenka, mírate como te miramos todas para que el resto te vea”. Aagesen y la directora de Ciuden, Yasodhara López, dieron la bienvenido al edificio a una emocionada Nevenka Fernández y a la exconcejala del PSOE Charo Velasco.

Nevenka, visiblemente emocionada y nerviosa como reconoció, comenzó dando las gracias a todos los asistentes a las jornadas, que consideró muy relevantes para la sociedad, para pasar a relatar su experiencia como víctima en un momento de menos conciencia social. “Finalmente he conseguido vivir como quería y tengo muchas cosas buenas en mi vida, tengo el corazón en paz y creo que eso es algo muy importante no solo para otras mujeres en situación de violencia sino para toda la sociedad. Es posible salir del infierno, es posible salir y reconstruir algo donde no gane la oscuridad y venza la luz. Y por eso estoy aquí”, finalizó su intervención.

Tras la conversación entre Fernández y Velasco ha llegado el turno de un homenaje con forma de mural, el mismo que estuvo en la ciudad pintado en 2021 al tiempo de la emisión del documental 'Soy Nevenka', en el que la expolítica hablaba por primera vez de su experiencia como víctima de acoso sexual. El mural fue borrado hace un año y ahora ha sido recuperado para los exteriores de La Térmica Cultural de Ponferrada.

Nevenka Fernández se ha mostrado muy emocionada dando lugar a una imágen insólita, rodeada de toda su familia ha posado ante el mural obra de Mercedes de Bellard que le da las gracias por su valentía.

Nevenka Fernández denunció en el año 2001 a su entonces jefe, el alcalde por el PP Ismael Álvarez, por acoso sexual. La exconcejala del PP fue la primera mujer en lograr la condena a un cargo político por este delito, en un proceso que marcó un antes y un después en la percepción social y judicial de este tipo de conductas. La condena a Álvarez, entonces un peso pesado del PP de Castill y León, condenaba a Álvarez a pagar una multa de 2.160 euros y una indemnización de 12.000 euros a Nevenka.

Aunque ganó en los tribunales, Nevenka sufrió un profundo rechazo social en la propia ciudad, hasta el punto de abandonar España y rehacer su vida en el extranjero. La propia exconcejala ha señalado en distintas ocasiones que lo que más le dolió fue el silencio y la incomprensión que encontró en Ponferrada tras la denuncia.

Bajo el anterior gobierno socialista de la ciudad se realizó una reparación sobre la figura de Nevenka con una placa homenaje en una rotonda de la ciudad, que ha sido vandalizada algunas veces. En noviembre pasado el Gobierno de Castilla y León en manos del PP rechazó poner el nombre de Nevenka Fernández a los Premios Contra la Violencia de Género porque es “excluyente”.

La jornada se puede seguir online en las redes del Ministerio para la Transición Ecológica.

El incendio de nivel 1 desatado entre los municipios bercianos de Sancedo y Arganza, denominado San Vicente por ser la localidad más próxima se encuentra fuera de control al finalizar la tarde de este viernes. El incendio tiene lugar horas antes de que entre en vigor la situación de 'alerta' por incendios decretada por la Junta de Castilla y León para los días 20 al 23 de junio por las altas temperaturas previstas.

El nivel 1 de gravedad significa que el puede afectar gravemente a bienes forestales y de manera leve a la población o bienes no forestales y para su extinción se necesitan más de 12 horas de trabajo para poder ser estabilizado o afectar a masas arbóreas de más de 30 hectáreas. El incendio se produce

Según la Junta de Castilla y León el operativo movilizado incluye un técnico, cinco agentes medioambientales o celadores, dos autobombas, dos bulldozer, seis equipos de lucha integral contra incendios forestales o brigadas de refuerzo contra incendios forestales, cuatro helicópteros o hidroaviones y otros dos medios.

Pero este primer incendio grave en la comarca de El Bierzo afecta a una zona de pinares y se produce cuando el operativo antiincendios está incompleto, tal y como han denunciado insistentemente estos días los sindicatos. En el caso concreto de la provincia de León este viernes solo funcionan del operativo autonómico dos helicópteros de los cinco prometidos para esta temporada. Son los de las bases de Rabanal y Cueto, con las bases de Sahechores, Cueto y la nueva base de Oterico todavía sin helicópteros.

Al incendio berciano han acudido también los dos helicópteros del Ministerio en la base BRIF de Tabuyo del Monte y otro más desde Villardeciervos, Zamora. Los helicópteros son fundamentales en la acción inicial contra los incendios, especialmente si se ubican en zonas de orografía complicada.

Otros incendios

También en León, continúa activo el incendio de Secarejo, en el municipio de Cimanes del Tejar, iniciado el 19 de junio de 2026 a las 13.19 horas. Figura con índice de gravedad 0 y cuenta con cuatro agentes medioambientales o celadores, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer, tres equipos de lucha integral contra incendios forestales o brigadas de refuerzo contra incendios forestales y dos helicópteros o hidroaviones.

Por otra parte el incendio de Soto de Sajambre, en el municipio leonés de Oseja de Sajambre en Picos de Europa, que comenzó el 17 de junio de 2026 a las 11.35 horas ya figura como controlado, con índice de gravedad 0. En total se han calcinado 6 hectáreas: 1,12 de arbolado y 5 de matorral.

Este viernes 19 de junio los Hoteles Conde Luna y Alfonso V de la ciudad de León han sido el escenario de una nueva fase del conflicto que atraviesa la familia Vázquez por la herencia del magnate leonés Antonio Vázquez Fernández, fallecido en el año 2012. Una sentencia en el año 2025 rectificó el reparto de la misma tras el intento de desheredar a su única hija, reconociendo el derecho a acceder a una parte del vasto patrimonio acumulado por el empresario leonés fundador de la empresa de maquinaria PIVA y dueño del Diario de León durante varias décadas, entre otras empresas.

Cerca de una veintena de cuadros pertenecientes a la colección familiar, depositada en los hoteles que pertenecieron a la familia hasta el año 2024 en que fueron vendidos al grupo Barceló, han sido embargados y trasladados como garantía de parte del proceso de pago de la herencia, acompañando un discreto dispositivo policial a la comitiva judicial que ha efectuado el traslado, ta y como es habitual.

En el año 2025 una sentencia reconocía el derecho a la legítima estricta a la hija del magnate, incluyendo un pago millonario en metálico, las costas judiciales y una casa de lujo en Marbella, tal y como adelantó ILEÓN. Quienes tienen que pagar eso son los cuatro sobrinos e hijos del que fuera hijo mayor del empresario leonés, fallecido en 2011, Antonio Vázquez Cardeñosa.

El embargo de la colección familiar se ha producido en el contexto de que no se termina de pagar la legítima de la herencia, por lo que los juzgados han ido embargando todos los bienes posibles localizados a los cuatro hermanos Vázquez Muñoz-Calero, incluyendo cuentas corrientes y viviendas, destacando una de lujo en Madrid valorada en varios millones de euros.

Dentro del proceso se han localizado que buena parte de los cuadros de los dos hoteles leoneses en realidad formaban parte de la herencia familiar, por lo que varios de ellos de más valor han sido embargados y trasladados a un depósito hasta que se aclare su inclusión en el conjunto de la herencia. Entre ellos figuran varios Vela Zanetti, aunque el más icónico de ellos y más valioso, un gran mural en el hall del Hotel Conde Luna no se ha retirado por las dificultades técnicas y para garantizar su conservación.

Según fuentes judiciales al tanto de la situación en la herencia ya se ha entregado una vivienda de lujo ubicada en Marbella, valorada en varios millones de euros, y que en los primeros intentos no había sido posible hasta el punto de motivar un proceso de desahucio.

Además la Justicia ha autorizado el cambio de administración en todas las empresas vinculadas a la familia, desde las históricas PIVA SA o IOVA SA que actuaban de cabecera, hasta sociedades personales de los hermanos Vázquez Muñoz-Calero. Está pendiente la ejecución de cambio de administradores, que buscarán fondos en las mismas hasta liquidar la deuda de la herencia y las costas judiciales, en una cantidad cercana a la media docena de millones de euros. Entre las afectadas está la sociedad que gestiona el restaurante Marcela de León, que ya ha atravesado dificultades en los últimos tiempos, o las históricas bodegas VILE SA, donde la familia posee la mayoría del capital junto a otros socios.

Además del embargo de los cuadros de la colección familiar, en esta jornada se ha embargado un Porsche perteneciente a uno de los herederos deudores, que saldrá a subasta siguiendo los procedimientos habituales.

El proceso de embargos y liquidaciones finalizará cuando se alcance la cifra pendiente, momento en que se liberarán el resto de bienes no liquidados. Pero el conflicto familiar sigue porque todavía está pendiente de realizarse la herencia de la mujer del empresario, fallecida en el año 2020.

La Universidad de León ha incorporado a su patrimonio artístico una singular reinterpretación colectiva de 'El Jardín de las Delicias', la obra maestra de El Bosco, creada por 91 artistas leoneses de distintas disciplinas. La pieza, de gran formato y compuesta por pintores, ilustradores, grabadores y creadores de diferentes ámbitos, puede contemplarse desde este jueves en el Teatro El Albéitar, donde ha quedado instalada de forma permanente.

La obra, de 220 por 289 centímetros y estructurada en una tabla central y dos paneles laterales, ha sido donada por Pablo Martínez García, coordinador y comisario de la exposición 'Un jardín habitado', en la que constituyó su pieza central. La formalización de la donación contó con la participación de la rectora de la Universidad de León, Nuria González; el vicerrector de Estudiantes, Deporte y Cultura, Diego Soto; el director del Área de Actividades Culturales, Iván Rega; y responsables del Ateneo Cultural El Albéitar.

Para su elaboración, la imagen original del célebre tríptico de El Bosco fue dividida en 91 fragmentos independientes que se distribuyeron entre los artistas participantes. Cada uno intervino su sección desde su propio lenguaje creativo antes de que todas las piezas fueran ensambladas nuevamente en una única composición.

La elección de 'El Jardín de las Delicias' respondió precisamente a la riqueza visual de la obra original. Según explica Pablo Martínez García, cualquiera de sus fragmentos ofrecía elementos sobre los que trabajar y permitía que cada creador aportase su propia visión sin perder la continuidad del conjunto.

El resultado es una pieza que mantiene la estructura reconocible del original, pero que incorpora las diferentes sensibilidades artísticas de sus autores, convirtiéndose en una muestra representativa de la diversidad creativa de León y en una fotografía colectiva del panorama artístico contemporáneo de la provincia.

La instalación permanente de la obra en el Teatro El Albéitar refuerza además el compromiso de la Universidad de León con la promoción y difusión de la cultura. Para el comisario de la exposición, la institución académica era el lugar idóneo para albergar esta creación, al tratarse de un espacio abierto a un público joven y en constante renovación y por la oportunidad de acercar la aportación de 91 artistas leoneses al mayor número posible de personas.

El PSOE de León, y el federal, mantienen su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha prestado declaración este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra y en la pieza separada de las joyas localizadas en su oficina.

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y 'ahijado político' de Zapatero ha expresado en la red social X que “mi confianza en José Luis Rodríguez Zapatero es plena”, asegurando que “la verdad se abrirá paso” en el doble proceso judicial al que se enfrenta el que también fue líder del PSOE leonés entre finales de los 80 y principios de los 2000.

Cendón ha pedido que “Ni ruido, ni linchamientos, ni condenas anticipadas. En democracia hay presunción de inocencia, respeto a la Justicia y Estado de Derecho”.

Comunicado de Zapatero

Tras su comparecencia en la Audiencia Nacional Zapatero ha emitido un comunicado en el que señala que ante las graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en el rescate con fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra tenía que acudir primero al juzgado a ofrecer su versión, añadiendo que “No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, explica.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias”, finaliza el político leonés que ha sido el principal activo de la izquierda en los últimos años.

El PSOE federal también ha emitido un comunicado en el que señala que mantiene su apoyo al presidente Zapatero. “Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”, señalan.

“También seguimos reivindicando el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España. Ese legado sigue plenamente vigente”, especifica la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.

Nuria Rubio cree “firmemente” en su inocencia

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, ha afirmado que cree “firmemente” en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que el daño que se le está intentando hacer al partido deriva “de ataques personales de agentes externos”, recoge la Agencia EFE.

“Para nosotros es muy duro lo que está viviendo el presidente Zapatero. Yo no me he ocultado nunca. Siempre he creído firmemente en él y creo que hay que respetar la presunción de inocencia como también creo que él se tiene que defender”, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en León al ser preguntada por esta cuestión.

Rubio ha agregado que el PSOE respetará las decisiones judiciales y ha lamentado que haya muchos compañeros de partido que están viviendo procesos judiciales debido a esos ataques externos. En este sentido, ha recordado la sentencia que le dio la razón al secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, “después de casi dos años de injurias y calumnias que ha sufrido porque le intentaron meter en una trama”.

Una acusación que “se utilizó políticamente, también por otros partidos, para intentar dañar su imagen y su prestigio”, ha afirmado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha contestado en esta jornada solo a preguntas sobre el caso Plus Ultra, rechazando las de la investigación sobre las joyas en su despacho hasta que reúna toda la documentación sobre su procedencia. El juez Calama no le ha impuesto ninguna medida cautelar, pese a las peticiones de Fiscalía y acusaciones populares, pero ha señalado que sus respuestas no disipan las sospechas contra él. 

Durante una década la Diócesis de Fairbanks, la segunda ciudad del estado de Alaska en Estados Unidos, tuvo que hacer pública una lista “de todas las personas conocidas, incluidos sacerdotes, religiosos, empleados laicos y voluntarios, contra quienes una o más personas han presentado una denuncia por abuso sexual. La lista incluye a perpetradores de abuso sexual admitidos, probados o acusados de manera creíble”. En ella figura el sacerdote jesuita leonés Segundo Llorente, que dejó su provincia natal para asentarse en este inhóspito territorio norteamericano durante cuatro décadas.

Esta publicación era un paso más del proceso de reconocimiento de abusos a la que se vio obligada la diócesis alasqueña por las múltiples denuncias recibidas por abusos sexuales en su territorio, que le llevó a declararse en bancarrota en el año 2008 ante la incapacidad para asumir las indemnizaciones a las casi 300 personas que denunciaron violaciones por miembros de la Iglesia católica desde los años 50.

Entre los abusadores que esta diócesis católica ha reconocido figuran 50 personas, de las que 30 son sacerdotes, incluyendo al leonés Padre Llorente, como era conocido, y del que se consideran creíbles tres denuncias de abusos sexuales, según la documentación del obispado norteamericano consultada por este periódico.

El Padre Llorente, nacido en Mansilla Mayor en 1906 y fallecido en 1989, es una figura que ha gozado hasta este momento de un gran reconocimiento dentro de la Iglesia católica por varios motivos. El principal fue por su labor evangelizadora con las tribus nativas de Alaska y en segundo lugar por ser el primer sacerdote católico en ser diputado en un congreso estatal de Estados Unidos, además de acumular una importante obra literaria.

Su caso ha pasado desapercibido en España hasta que la investigación de El País sobre los abusos en la Iglesia sacó a la luz su nombre en el año 2023, junto al de otros sacerdotes españoles denunciados por abusos en el país norteamericano. Pero desde entonces hasta hoy nada ha sucedido pese a causar un notable estupor en su comarca de origen, donde es muy reconocido.

El Padre Llorente da nombre a una calle en la ciudad de León, ubicada en el barrio de Eras de Renueva al lado del museo de arte contemporáneo Musac, y aprobada por el pleno del Ayuntamiento de León en 1996 como homenaje al sacerdote, fallecido siete años antes. En su localidad natal de Mansilla Mayor también cuenta con una calle y una placa homenaje, que datan de 1963, en la que fue su única visita a España desde que se fue a Estados Unidos para animar las vocaciones entre sus paisanos.

Además, en el año 2011 el Obispado de León daba nombre de Padre Llorente a un edificio que había restaurado en la ciudad, Centro Diocesano Padre Llorente, y que acoge actualmente las dependencias de Cáritas Diocesana y de otras organizaciones católicas de carácter social. Justificaba el obispo de entonces, Julián López, la decisión de poner este nombre al edificio por ser una “figura emblemática”, al que definió como “representante de los miles de misioneros leoneses” repartidos por el mundo.

Segundo Llorente falleció en 1989 y las primeras denuncias contra su persona aparecen registradas en el año 2004, en pleno apogeo de denuncias contra los Jesuitas y la Diócesis de Fairbanks. Cuando el Ayuntamiento de León decidió ponerle la calle se desconocían estos hechos, pero cuando la Diócesis leonesa lo hizo ya estaban en manos de la Iglesia católica norteamericana.

Los abusos en Alaska

En el proceso de quiebra de la Diócesis de Fairbanks esta se vio obligada a publicar durante una década la llamada 'List or Perpetrators', desde el año 2010 hasta el año 2020, donde figura el Padre Llorente. Son personas vinculadas a la Iglesias cuyos denuncias son, como poco, “creíbles” para la Iglesia y han conllevado los pertinentes procesos de reconocimiento e indemnización si procedía. La lista sigue publicada en su web dentro de un apartado dedicado a las víctimas de abusos.

La diócesis puso en marcha a la vez un proceso de justicia restaurativa, “un esfuerzo de ayuda para reparar el daño causado por el abuso”. La Diócesis de Fairbanks expresa “disculpas por el abuso y por cualquier respuesta que hayan recibido que no haya sido acogedora ni compasiva”, reconociendo que “esto jamás debió haberles sucedido”.

En el momento de la bancarrota la diócesis había recibido 150 denuncias con casos que iban desde los años 50 hasta los año 80. Luego ascendieron hasta los 288 casos. Buena parte de los casos afectaron a los Jesuitas, que tenían las misiones en el territorio de la diócesis, la más grande de todo Estados Unidos en extensión, y que pagaron en el año 2007 indemnizaciones por 50 millones de dólares para resolver demandas de 110 residentes en Alaska contra 12 jesuitas y otros tres trabajadores de la Iglesia.

Las denuncias contra el Padre Llorente datan de los año 2000. La primera en el año 2004, además de otras de los años 2005, 2008 y 2009 recogidas en documentación de los Jesuitas de la provincia de Oregon, que englobaba el territorio de Alaska. Los Jesuitas de esta provincia norteamericana también se vieron obligados a ir a la quiebra por las denuncias de abusos e incluyeron al padre Segundo Llorente como denunciado, señalando en el acuerdo de indemnizaciones del 2007 como incluidos los abusos del Padre Llorente. Por eso su nombre se incluyó como con acusaciones 'creíbles' en la divulgación de los nombres implicados que hizo la Compañía de Jesús.

La primera denuncia contra Llorente tuvo lugar 15 años después de su fallecimiento y fue recogida por la prensa de Alaska porque la víctima puso una demanda denunciando al Padre Llorente y acotro sacerdote misionero, que habrían abusado de él en dos ocasiones en la remota aldea de Sheldon Point en la década de los años 50. También acusaba a los dos misioneros de haber abusado de otros menores en el mismo tiempo. En el momento de los hechos el denunciante tenía 6 y 7 años. Según la denuncia el Padre Llorente le habría invitado a su casa después de la catequesis donde abusó de él y de otros niños presentes con prácticas sexuales.

En el año 2005 otro segundo hombre acusó a Segundo Llorente de abusar sexualmente de él cuando tenía entre 4 y 11 años de forma repetida, entre 1956 y 1963. En la documentación de los Jesuitas figuran, además, otras dos denuncias adicionales de los años 2008 y 2009 sobre las que no se tiene más información.

Una vida en Alaska

Segundo Llorente llegó a Alaska en 1935, donde permaneció hasta 1975 como misionero y sacerdote. Su formación religiosa comenzó en el Seminario de León en 1919 y en 1923 pasó a la Compañía de Jesús, que ya entonces tenía misiones en Alaska para imponer el catolicismo en la remota región que Estados Unidos había comprado a Rusia a mediados del S. XIX. El joven Llorente ya manifestó pronto su deseo de ir de misiones a Alaska aunque tuvo que seguir su formación. Esta le hizo pasar por Salamanca, Granada y finalmente Estados Unidos, donde en 1934 fue ordenado sacerdote jesuita en el estado de Washington.

En 1935, ya como sacerdote, llega a Alaska con un primer destino en Alakurak, cercano al mar de Bering y la misión de evangelizar a los esquimales de la zona. Allí había 800 habitantes, en un territorio de 6.000 kilómetros cuadrados de los que todos eran esquimales salvo la población blanca, ocho católicos, nueve protestantes y seis ateos. Llorente permaneció en Alaska en diferentes lugares hasta 1975, especialmente en zonas remotas habitadas por los inuits, salvo un tiempo de estancia en la capital del estado de Alaska Unidos, Juneau.

En el año 1960 el estado de Alaska celebró elecciones tras haber obtenido el estatus de estado federado de Estados Unidos, el 49, en 1959. El Padre Llorente fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Alaska por el distrito electoral de Wade Hampton, donde el 90% de la población era esquimal. Los nativos le eligieron mediante voto por escrito, permitido por entonces, en lugar de los candidatos de los partidos clásicos. Ejerció durante dos años, 1961 y 1962, y se reincorporó posteriormente a la vida sacerdotal.

En 1970 fue destinado a la ciudad más poblada del estado alasqueño, Anchorange, donde permaneció hasta 1975. Entonces fue destinado a Lake Moses, estado de Washington. En 1981 se trasladó al estado de Idaho donde ejerció hasta enfermar de cáncer. Falleció en el estado de Washington donde los Jesuitas tenían una residencia pero fue enterrado en un cementerio indio de Idaho, De Smet, permitido en reconocimiento a sus años de trabajo junto a los nativos de Alaska.

El Padre Llorente dejó varias obras literarias con relatos sobre la vida en Alaska como legado, incluyendo la obra 'Cuarenta años en el círculo polar' editada familiares y amigos en el año 2001. Las denuncias de abusos contra su persona no figuran ni en edición en español ni en inglés de sus perfiles en la Wikipedia. Tampoco se recogen en los habituales artículos que vuelven sobre su figura en los medios de comunicación publicados en los últimos años. El icónico 'misionero de los esquimales' era también, según la propia Iglesia, un abusador.

León gana peso, numéricamente y territorialmente hablando, en el nuevo Gobierno autonómico que este sábado ha anunciado Alfonso Fernández Mañueco, el recién investido presidente por tercera vez ante la Junta de Castilla y León. De nuevo serán dos los nombres del Ejecutivo que procedan de la provincia leonesa, como ya ocurriera en el fallido pacto que el PP alcanzó con Ciudadanos hace dos mandatos, mientras que en el no menos fracasado pacto con Vox de la última legislatura tan sólo permanecía un nombre político leonés.

Sin mucho margen de sorpresa, los dos nuevos perfiles en el Ejecutivo de PP y Vox serán uno por cada formación: el ya muy veterano Juan Carlos Suárez-Quiñones, que dejará una senda de polémicas en Medio Ambiente para encargarse de la Consejería múltiple de Industria, Universidades, Comercio y Empleo; y Carlos Pollán, que cambia la Presidencia de las Cortes por la vicepresidencia del Gobierno de la Junta, como cabeza más visible de la formación de extrema derecha que lidera Abascal, y en cuyas manos se dejará una nueva consejería que se llamará Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El resto de la configuración del nuevo Gobierno de Mañueco está detallado en este enlace. Tomarán posesión el lunes 15 de junio en Valladolid.

Carlos Pollán Fernández (León, 1967) se ha convertido en una de las principales figuras institucionales de Vox en Castilla y León. Licenciado en Derecho y dedicado profesionalmente durante años a la asesoría laboral, su proyección pública en León estuvo ligada también al balonmano. No sólo como jugador del Ademar sino incluso en la Presidencia del club, entre 2009 y 2013, justo cuando la entidad entró en quiebra debido a una deuda superior al medio millón de euros, tras lo que abandonó el cargo.

Su trayectoria política dentro de Vox fue inicialmente discreta. Fue candidato a la Alcaldía de Sariegos sin lograr representación y ocupó puestos secundarios en las listas autonómicas antes de encabezar la candidatura por León en las elecciones de 2022, su gran salto. Porque aquel acuerdo entre PP y Vox le situó entonces al frente del Parlamento, las Cortes de Castilla y León. En un cargo que no abandonó incluso a pesar de la ruptura de ambos partidos de derechas, su gestión estuvo marcada por las acusaciones de parcialidad desde los grupos de la oposición. PSOE, Unidas Podemos y el entonces procurador Francisco Igea cuestionaron reiteradamente su actuación en los debates parlamentarios, al considerar que aplicaba de forma desigual el reglamento en función del grupo político afectado.

'Heredero' de García-Gallardo

También protagonizó varias controversias institucionales. La oposición denunció el uso de medios oficiales de las Cortes para difundir actividades vinculadas a Vox durante campañas electorales. En el plano ideológico, Pollán impulsó una Presidencia alineada con las posiciones de Vox. Por ejemplo, desaparecieron de actos institucionales referencias explícitas a la violencia machista, sustituidas por fórmulas genéricas, y se rechazó la realización de declaraciones o gestos institucionales de apoyo a colectivos LGTBI que sí habían sido habituales en etapas anteriores.

La legislatura también dejó episodios de tensión con el propio Ejecutivo autonómico. Tras la ruptura del pacto entre PP y Vox en 2024 y la posterior y abrupta salida del vicepresidente Juan García-Gallardo -puesto que ahora hereda-, Pollán reforzó su perfil propio y protagonizó enfrentamientos públicos con el Gobierno de Mañueco por cuestiones relacionadas con la financiación de las Cortes, la tramitación presupuestaria y la difusión de documentación interna de la Junta. Desde el PP llegaron a acusarle de utilizar institucionalmente la Presidencia de las Cortes con fines partidistas, lo cual no es óbice para que ahora vuelvan a formar equipo.

Su figura también recibió críticas por ser leonés pero no respetar la biregionalidad del Estatuto, al mencionar el Parlamento como “regional”, así como por su escasísima presencia pública durante algunos de los episodios más graves de incendios forestales vividos por la Comunidad, especialmente en León y Zamora, donde la oposición y diversos sectores sociales le reprocharon una escasa implicación institucional y comunicativa ante una de las mayores emergencias ambientales de la historia de la Comunidad.

'Quemado', pero superviviente

Es precisamente la gestión de los incendios la que en gran medida 'quemó' en su última etapa al consejero Suárez-Quiñones, desde 2015 hombre fuerte del Ejecutivo del PP en la Comunidad. Nacido en León en 1961, es uno de los integrantes más veteranos y con mayor peso político dentro de los gobiernos autonómicos del PP. Juez de profesión, magistrado en excedencia, inició su carrera política en 2012 como subdelegado del Gobierno en León, en plena conflictividad derivada de las protestas de la minería. Posteriormente fue delegado del Gobierno en Castilla y León antes de incorporarse en 2015 al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como todopoderoso consejero de Fomento y Medio Ambiente, heredero de las dos mismas carteras del también leonés Antonio Silván.

Con la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta en 2019 conservó su posición en el Gobierno autonómico, convirtiéndose en una de las figuras con mayor continuidad institucional junto al palentino Carlos Fernández Carriedo. A lo largo de más de una década ha acumulado competencias vinculadas al medio ambiente, el mundo rural, carreteras, la gestión forestal, la caza, la pesca, vivienda y la protección civil, áreas que le han situado de forma recurrente en el centro del debate político. Y de las polémicas, que no han sido pocas.

Su etapa al frente de estas competencias ha estado marcada por una sucesión de conflictos relacionados con la política forestal y los incendios. La gestión de los grandes fuegos de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022, en los que murieron cuatro personas, provocó peticiones de dimisión desde la oposición y los sindicatos. Las críticas volvieron a reproducirse tres años después, en el peor verano de la historia de la Comunidad, con los incendios registrados en León y Zamora, donde fallecieron otras cuatro personas y se arrasaron sólo en León 135.400 hectáreas, cerca de un 10% de toda la superficie forestal de la provincia. Los sindicatos del operativo forestal han cuestionado de forma reiterada el modelo de extinción impulsado por la Junta, basado en una amplia participación de empresas privadas y en la temporalidad de buena parte de los efectivos.

Otro de los principales focos de controversia ha sido la política cinegética y la gestión del lobo ibérico. Muchas normas promovidas por la Junta fueron anuladas por los tribunales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la normativa autonómica que permitía la caza de lobos incumplía la legislación comunitaria. Las posiciones mantenidas por Suárez-Quiñones en defensa de la caza le han situado frecuentemente en confrontación con organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Las decisiones de su departamento también han sufrido importantes reveses judiciales. Entre ellos destaca la anulación definitiva del Plan Integral de Residuos de Castilla y León por parte del Tribunal Supremo, que confirmó la vulneración de los procedimientos de participación pública. Estos pronunciamientos han alimentado las críticas de la oposición respecto a la gestión administrativa desarrollada durante su etapa como consejero.

Sigue siendo “la administración”

Su nombre apareció además vinculado a la denominada trama Enredadera, una investigación policial sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque nunca llegó a ser imputado ni procesado, la difusión de conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación generó una intensa polémica política y motivó peticiones de dimisión por parte de todos los grupos de la oposición. El consejero rechazó entonces cualquier irregularidad y mantuvo el respaldo del Ejecutivo autonómico, pero el contenido de una conversación telefónica intervenida por la UDEF y posteriormente difundida públicamente provocó una fuerte polémica política por la ya célebre frase “yo soy la Administración” al ofrecer directamente una obra a un conocido empresario leonés, posteriormente condenado por corrupción. Pero la Justicia lo zanjó todo.

A ello se han sumado diversas declaraciones públicas que han provocado controversia. Algunas de sus manifestaciones sobre incendios forestales (como “tenemos la mala costumbre de comer”, para responder a las críticas de estar en un evento en Gijón mientras estallaban los peores siniestros de agosto de 2025), la actividad de los ecologistas o la organización de los dispositivos de prevención fueron objeto de críticas tanto desde la oposición como desde organizaciones profesionales y sindicales.

Pero Suárez-Quiñones es un superviviente político y demuestra saber conservar la confianza de los sucesivos presidentes y gobiernos autonómicos del PP, sobreviviendo a crisis, reveses judiciales y peticiones de cese que no han impedido su continuidad en primerísima línea.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la leonesa Ana del Ser, ha presentado esta semana la Memoria Judicial 2025, un documento que es a la vez un análisis del estado de la Justicia en la comunidad autónoma y sus partidos judiciales elaborado por los propios jueces y magistrados con mando en plaza.

La reforma judicial en marcha ha implicado este año un cambio de nombres pasando a integrar los antiguos Juzgados de Instrucción individuales como Tribunales de Instancia por partido judicial, subdivididos a su vez en secciones por temática judicial. En la práctica significa que, a modo de ejemplo, el antiguo Juzgado de Instrucción Penal 1 de León ahora se llama “Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de León. Plaza nº 1”. Estos cambios y la insuficiencia de recursos son algunas de las quejas que se exponen en los informes elaborados desde León para los siete partidos judiciales de la provincia.

Más jueces, o no

En el informe sobre la situación de la provincia de León se analiza la estadística de casos que entran a los juzgados, los que se resuelven y los que se ejecutan para realizar las peticiones de más medios, o no. La planta judicial básica de la provincia se compone de 47 plazas: 28 en los juzgados del partido judicial de León, 12 en los juzgados de Ponferra, dos en La Bañeza y dos en Astorga y uno en Cistierna, Villablino y Sahagún.

En el caso concreto del Tribunal de Instancia y Juzgados de León se solicitan un mínimo de cuatro jueces nuevos. En concreto se pide nos nuevas plazas de jueces para la Sección Civil para reforzar las ocho que ya hay por la alta afluencia de casos. Además de reclama la creación de una nueva Sección Mercantil, bien creando dos plazas nuevas o como mínimo transformando la la actual plaza nº 8 de la Sección Civil junto con otra plaza de nuevo juez en esa sección.

En materia Penal se demandan la cración de de una nueva plaza en la Sección Penal en León, así como mantener las medidas de refuerzo actuales con un juez de adscripción territorial.

Por su parte la Audiencia Provincial de León pide al menos un nuevo juez para las dos Secciones Civiles por el alto volumen de casos y solicita que se cree una plaza de Presidente para poder dividor la Sección Penal en dos distintas, que no supone necesariamente un juez más. También solicitan mantener el juez de refuerzo.

En el partido judicial de Ponferrada se pide también, aunque no a corto plazo, que se valore crear la creación de un nuevo juzgado de instrucción, civil, ya que “Las exigencias de atención del servicio de Juzgado de Guardia y el limitado número de Juzgados de Instrucción resultantes de la separación de jurisdicciones aconsejan en un futuro la creación de un nuevo órgano o plaza judicial de esta clase”. Lo que sí se solicita son refuerzos al volver a asumir los conflictos bancarios y de apoyo al juzgado con competencias exclusivas en materia de Violencia sobre la Mujer.

Lo que también solicita Ponferrada es que se cree una plaza judicial de lo Contencioso-Administrativo “Considerando la disponibilidad de espacio físico en la sede judicial y la tasa de litigiosidad de naturaleza contencioso-administrativa de la comarca”, que creen puede ayudar “a descongestionar la importante carga de trabajo de los Juzgados de esta clase con sede en la ciudad de León y que aproximara esta jurisdicción a los profesionales y ciudadanos del partido judicial”. Y solicitan un segundo equipo psicosocial o que se valore un refuerzo desde León habida cuenta del número de casos en los que intervenir.

El número de casos en los juzgados de Sahagún, Cistierna, Astorga, Villablino y La Bañeza se encuentran por debajo de la media por lo que “no se estima imprescindible el incremento de la planta ni la adopción de medidas de refuerzo”.

Más funcionarios

Los problemas derivados del nuevo sistema judicial y en particular de la ejecución de sentencias lleva a que los jueces de la provincia planteen la necesidad de hasta 12 funcionarios más.

La Audiencia Provincial de León exige con carácter de urgencia 3 nuevas plazas para su oficina judicial, con el fin de resolver la insuficiencia de plantilla y el agravio comparativo frente a otras provincias con menor carga de trabajo, señalando en concreto que la comparativa entre Burgos y León es muy llamativa.

Para el Tribunal de Instancia de León (Sección Civil) los magistrados proponen la designación de 4 funcionarios más, ya que consideran insuficientes los 8 funcionarios de referencia actuales tras haber asumido nuevas tareas procedentes de las antiguas unidades de apoyo.

En el partido judicial de Ponferrada se requiere ampliar la plantilla con un funcionario más para la sección civil (tramitador procesal) para compensar el desequilibrio generado tras la separación de jurisdicciones. Además solicitan también como prioridad la ampliación de la plantilla del Registro Civil con al menos un funcionario más. Y para el Servicio Común de Ejecución de Ponferrada se solicita un refuerzo indispensable de al menos 3 funcionarios adicionales para poder asumir las nuevas tareas de asistencia directa a jueces y magistrados que exige el nuevo modelo organizativo

'Sala Amable' o 'Gesell'

Una petición recurrente es la habilitación de una 'Sala Amable' o cámara 'Gesel'. Es un espacio cuyo objetivo es humanizar el sistema judicial y ofrecer un entorno seguro, neutro y adaptado para proteger el bienestar de menores, adolescentes y personas con discapacidad. Esta sala evitaría la victimización secundaria y minimizaría el impacto emocional cuando estos grupos vulnerables tienen que comparecer en el juzgado para la práctica de pruebas preconstituidas, exploraciones, valoraciones psicosociales o entrevistas forenses.

Ponferrada también pide una sala de este tipo, recordando además que hay sobre la mesa desde abril del 2025 una propuesta para su ejecución con un bajo coste, “aunque se confía en que la petición sea atendida dado el escaso coste que supone y las innegables ventajas y beneficios que ofrecería la creación de este recurso”.

La Audiencia Provincial de León se queja en un informe anual del restraso para la puesta en marcha de esta sala por restraso en las obras, “Aún no está habilitado el espacio acondicionado para los menores y la grabación de las pruebas preconstituidas en el edificio de la Audiencia, si bien las obras han finalizado y se encuentra en la última fase, con importantes defectos que deberán solventarse y un retraso vinculado a las obras en el resto del edificio”.

Incorporar Villablino a El Bierzo

El informe anual plantea desde el Tribunal de Instancia de Ponferrada la propuesta de integrar el partido judicial de Villablino en el de Ponferrada buscando lograr una mayor especialización de la respuesta judicial y la optimización de los recursos disponibles en las comarcas de El Bierzo y Laciana.

Entre las aportaciones positivas que se citan, una vieja propuesta que vuelve, es que actualmente, la prestación del servicio de Juzgado de Guardia en Ponferrada recae sobre tan solo tres Juzgados de Instrucción, lo que supone una carga de trabajo muy elevada. Al integrar Villablino, su juzgado pasaría a convertirse en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada, lo que aliviaría y equilibraría significativamente la carga de trabajo entre los distintos órganos judiciales.

Para asegurar que esta integración no aleje la justicia de los ciudadanos, el planteamiento sugiere mantener la sede de Villablino como una Oficina de Justicia Municipal dotada de personal funcionario. De este modo, los habitantes de la zona podrían seguir presentando escritos, realizando trámites presenciales y conectándose telemáticamente con la sede judicial berciana.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de renombrar la demarcación como “partido judicial de Ponferrada y Villablino”. Aunque esta iniciativa no fue acogida inicialmente por el Ministerio de Justicia ni por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la memoria insiste en que es un escenario futuro de gran utilidad que no debería caer en el olvido

Fotocopiadora que no funciona

Una de los resúmenes del año judicial más curiosos corresponde al Juzgado de Sahagún, ahora Tribunal de Instancia de Sahagún, donde su titular ha resumido las necesidades e incidencias de la demarcación judicial facundina de una forma bastante coloquial pero que, habida cuenta de lo enrevesado a veces del lenguaje judicial, sirve para entender lo que sucede a todo el mundo.

En ella relata cómo, por distintas incidencias, se ha tardado casi tres meses en activar de forma correcta el número de teléfono de guardia judicial, desde que la tarjeta SIM se haya enviado mal a que se tarde en recibir 15 días y hasta tener que poner su teléfono personal durante más de un mes para acoger las llamadas desviadas.

Y dejaba para el final un problema que se alargaba en el tiempo en el momento de redactar el informe anual, “La sede del tribunal, dispone una fotocopiadora, si bien hace tres semanas que esta estropeada y todavía no han venido a arreglarla habiéndose dado la correspondiente incidencia”.

Y llamativo es que el Presidente del Tribunal de Instancia de Ponferrada, hace una defensa por escrito de la labor del personal adscrito a los juzgados, “La labor callada, en ocasiones poco reconocida, de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia, que prestan su apoyo insustituible y necesario a la labor jurisdiccional de Jueces y Magistrados, obliga a reconocer, aunque sea al menos desde estas letras, que las tasas de resolución de la actividad judicial y su buena marcha son igualmente el fruto de su esfuerzo y dedicación, lo que es prueba de la profesionalidad de estos colectivos, de su implicación personal y de su vocación sincera de servicio a las personas, debiendo lamentar el constante sobreesfuerzo al que se les ha sometido durante el año 2025 debido al aluvión de cambios organizativos y logísticos que de forma imprevista, cuando no improvisada, se han impuesto a su labor, sin contar con ellos e incluso a veces en contra de sus intereses legítimos”.

Alicia Gallego, la nueva portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, integrados en el Grupo Mixto en esta nueva legislatura, ha esbozado una contundente crítica contra el nuevo Gobierno de PP y Vox liderado una vez más por Alfonso Fernández Mañueco. La dirigente leonesista ha calificado como “papel mojado” el pacto de legislatura entre PP y Vox y ha reprochado al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que parece actuar por miedo. Llegó a considerar el pacto un mero reparto de “unas sillas y poco más”.

“Lo que se deduce de este pacto es una cuestión gris, una cuestión de miedo y sobre todo poco ilusionante”, ha criticado la portavoz parlamentaria de UPL, Alicia Gallego, en el hemiciclo de las Cortes autonómicas, donde ha criticado que las 324 medidas presentadas por Mañueco en el discurso de este martes son “difusas y poco concretas”.

En su intervención, Gallego ha cuestionado a Mañueco que haya vuelto al punto de partida de 2022, con un socio de gobierno que no cree en las autonomías y al que ha criticado durante la campaña y se ha abierto a llegar a acuerdos con todas las formaciones, pero siempre en beneficio de la ciudadanía.

La procuradora leonesista ha criticado que las ayudas no se hagan en función de la renta y que se planteen hasta municipios de más de 20.000 habitantes -que en la práctica son el área metropolitana de las ciudades- y no del medio rural.

Asimismo, ha lamentado las carencias en materias como sanidad, telecomunicaciones o infraestructuras, entre ellas, el Corredor Atlántico, que afectan a las tres provincias, antes de recordar que no votarán a favor de Mañueco en la investidura.

La procuradora leonesista ha repartido críticas entre PP y PSOE ya que “actúan como sucursales” de sus formaciones nacionales y ha acusado a ambas formaciones de perjudicar a la Región Leonesa -conformada por las provincias de León, Zamora y Salamanca- y de no haber sido capaz de vertebrarla con otras autonomías limítrofes como Asturias, Extremadura o la vecina Portugal.

También ha lamentado que terminara la anterior legislatura sin una Ley de Juventud, de Vivienda, de Agentes Medioambientales y, sobre todo, de unos Presupuestos Generales de la Comunidad, que no se aprueban desde 2024.

Respecto a los incendios del pasado verano, que dejaron una “situación catastrófica” con más de 140.000 hectáreas quemadas que ha atribuido a una falta de previsión, Gallego ha criticado que la Junta ahora dé “un patada al lado” y responsabilice a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales pese a que la competencia sea autonómica. 

Durante su réplica Mañueco ha defendido que su objetivo es alcanzar consensos en beneficio de Castilla y León, pero ha rechazado los planteamientos que, a su juicio, presentan agravios territoriales dentro de la Comunidad.

“Les ofrezco mi mano tendida, pero no comparto las políticas del victimismo”, ha afirmado el candidato popular, quien ha reivindicado que Castilla y León está integrada por nueve provincias “valiosas, importantes y merecedoras” del mismo respeto institucional.

Mañueco también ha recordado a los representantes del Grupo Mixto que no ostentan la representación exclusiva de sus respectivos territorios y ha subrayado que la mayoría de los ciudadanos de León, Soria y Ávila respaldaron en las urnas a otras fuerzas políticas.

“Nadie, por mucho que lleve en sus siglas el nombre de una provincia, puede arrogarse su representación en exclusiva”, ha señalado.

El candidato popular ha aprovechado su intervención para defender la coalición alcanzada con Vox y ha reprochado al Grupo Mixto sus críticas al nuevo Ejecutivo. “Si hoy estamos aquí es porque los ciudadanos de las nueve provincias decidieron con su voto la forma de articular una mayoría”, ha argumentado.

Durante su respuesta a la portavoz leonesista, Alicia Gallego, Mañueco ha cargado contra las reivindicaciones territoriales de UPL y ha considerado que las “ensoñaciones territoriales” resultan “estériles”. “Juntos podemos ir más lejos. Pretender trocear Castilla y León a estas alturas es creer en el bálsamo de Fierabrás”, ha afirmado, antes de defender la unidad de la Comunidad como vía para corregir desequilibrios territoriales y generar nuevas oportunidades.

Por ello, ha reiterado su disposición al diálogo con los representantes del Grupo Mixto y les ha pedido una “contribución activa” para alcanzar consensos en todo aquello que no perjudique al interés general de Castilla y León.

Pollán

El futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el leonés Carlos Pollán, fue el encargado de pronunciar el discurso del grupo de extrema derecha, donde defendió el acuerdo alcanzado con el Partido Popular desgranando parte de los acuerdos que ha impuesto Vox en el texto del futuro gobierno. Lo hizo en un discurso marcado por las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, el rechazo a la inmigración irregular, la defensa del sector primario y las promesas de rebajas fiscales, pero en el que no hubo ninguna referencia concreta a las reivindicaciones políticas de la Región Leonesa.

A lo largo de las dieciocho páginas de intervención, Pollán llegó a reivindicar actuar “por Castilla, por León y por España” pero sin mayores menciones de carácter provincial. El dirigente de Vox centró buena parte de su discurso en asuntos de ámbito estatal, con duras críticas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios.

Presumió de que el futuro Ejecutivo autonómico se opondrá al reparto de menores migrantes, prohibirá el uso del burka y el nicab en espacios públicos, eliminará subvenciones a organizaciones vinculadas a la inmigración irregular y defenderá el principio de 'prioridad nacional' en ayudas sociales y acceso a la vivienda.

En el plano económico, Pollán defendió un amplio paquete de medidas para el medio rural, entre ellas ayudas para mantener abiertos comercios, bares y farmacias en pequeños municipios, incentivos fiscales para la transmisión de viviendas y negocios, apoyo a autónomos y una reducción de tasas e impuestos. También anunció medidas de respaldo al sector agrario y ganadero, el rechazo al acuerdo comercial con Mercosur y la oposición a cualquier recorte de la Política Agraria Común (PAC).

La intervención concluyó con un llamamiento a desarrollar el acuerdo firmado con el Partido Popular y con la promesa de cumplir las medidas pactadas durante la legislatura, insistiendo en que el nuevo Gobierno trabajará “por Castilla, por León y por España”.

El candidato a presidir por tercera vez la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado este martes en la sesión de investidura por dos veces al líder socialista Carlos Martínez que no pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco ha interpelido a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

El que será presidente por tercera y última vez gracias al pacto de PP y Vox insistió “Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Mañueco ha cuestionado también al líder socialista por unas declaraciones pasadas en que se preguntó si no estarían mejor los sorianos en La Rioja o Aragón. “Yo sí creo en Castilla y León, yo sí tengo un proyecto para esta comunidad, yo sí tengo la visión de futuro para nuestra tierra, que esté entre las mejores de nuestro país”.

El líder socialista no ha podido responder a Mañueco ya que no tenía ya turno de réplica al producirse el reproche al final de las casi dos horas de debate entre los dirigentes de PP y PSOE en un tono bastante áspero y que ha sido su primer enfrentamiento en el hemiciclo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ya es de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León tras recibir el voto favorable de 47 de los 82 procuradores de las Cortes autonómicas, de PP y Vox. Es la tercera ocasión en que el salmantino alcanza la confianza de la cámara legislativa tras 2019 y 2022. Y será la última vez ya que la Ley autonómica impide más de ocho años en la Presidencia de la Junta, que cumple el año que viene, aunque podrá terminar la legislatura en vigor.

Por la mañana el entonces candidato a presidir la Junta de Castilla y León ha desgranado su programa de gobierno de coalición de PP y Vox en la sesión de investidura que se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid. Mañueco ha tomado la palabra en la sesión de la mañana para defender el segundo pacto de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León tras el primero de 2022, que acabó abruptamente dos años después.

El presidente en funciones, en el cargo desde el 2019, ha agradecido a Vox su voluntad de pacto tras las elecciones del pasado mes de marzo, “Quiero expresar a este partido, a través de Carlos Pollán, todo mi reconocimiento por su voluntad de llegar a un acuerdo firme y viable”. Pero ha recordado que “somos dos partidos distintos, con las posiciones que los castellanos y leoneses conocen sobradamente”. El leonés Carlos Pollán, será el futuro vicepresidente del gobierno de coalición, tras el reparto de cargos efectuado por ambos partidos.

Mañueco ha explicado que habrá dos pilares en la acción del próximo gobierno: “El primero es seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora” y “El segundo, consolidarla como una tierra atractiva para vivir y trabajar”. Además ha dejado ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, “Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”. “Por eso, si esta Cámara me otorga su confianza, quiero contribuir a que España recupere el prestigio de la mejor política”, ha aseverado.

'Prioridad nacional'

El candidato ha defendido la 'prioridad nacional' firmada con la extrema derecha de Vox, que él entiendo como “establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”. Según Mañueco “Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender”, que defiende que es que “quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León” bajo el acatamiento de la Ley, prestando de manera general los servicios públicos esenciales y “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra Comunidad”.

En su visión “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso”.

Mañueco ha hablado en su discurso de dos de los temas que más rechazo ideológico generan a Vox: Mercosur y el Pacto Verde europeo. Sobre el paco de comercio con el bloque latinoamericano ha asegurado que, pese que el PP en el Parlamento Europeo lo apoyó, “expresamos nuestro rechazo al acuerdo con Mercosur mientras no garantice la igualdad de condiciones con los productores castellanos y leoneses”. Y sobre el Pacto Verde , impulsado por el PP europeo de Ursula Von der Layen, ha señalado que “vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”.

Mañueco presume de repunte poblacional

El presidente autonómico ha presumido del crecimiento poblacional de Castilla y León, “invirtiendo una tendencia de pérdida continuada durante mucho tiempo” pero que es desigual entre provincias con León y Zamora como las más rezagadas. Ha destacado que este incremento es posibles “debido sobre todo al aumento de la inmigración, que ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”, pese al pacto firmado con Vox con medidas contra los migrantes como limitar su asistencia sanitaria.

Ha desgranado medidas como ayudas al alquiler, incrementar un 80% la inversión en políticas de vivienda o facilitar el acceso a una hipoteca mediante avales públicos y desgravaciones, actuaciones que “seguirán teniendo el gran objetivo estratégico de corregir los desequilibrios demográficos de nuestra Comunidad”.

Incendios

En materia de incendios Mañueco ha defendido un incremento de “la superficie forestal y elaboraremos un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León” buscando “conservar y aprovechar mejor nuestros bosques, garantizar el abastecimiento de la industria forestal y conseguir unos montes mejor preparados frente a los incendios”.

Pese a la grave situación del verano pasado con decenas de miles de hectáreas arrasadas Mañueco ha defendido que “Continuamos mejorando el operativo de lucha contra incendios, el mayor de nuestra historia” y que “Todo nuestro personal laboral y funcionario trabaja ya todo el año, tal y como comprometimos”, cosa que desmienten los sindicatos en el inicio de la actual campaña.

“Quiero una Comunidad con más oportunidades, más bienestar, más igualdad, más solidaridad y más calidad de vida. Quiero, en fin, una Castilla y León orgullosa de su historia y proyectada al futuro”, ha defendido.

Para finalizar su discurso Mañueco ha señalado “Castilla y León ha avanzado durante siglos de la misma forma: Modernizando sin romper, creciendo sin olvidar, abriendo caminos sin perder nuestra identidad, mirando al futuro sin perder sus raíces. Siendo creadores”. Y ha citado al escritor leonés Luis Mateo Díez, “son los que saben impulsar la herencia como motor de la renovación”.

Reproches oposición

En el turno de tarde han llegado las intervenciones del resto de partidos con representación, con el estreno de Carlos Martínez como líder de la bancada socialista. Un largo y abrupto enfrentamiento en el que el portavoz socialista en las Cortes acusó a Alfonso Fernández Mañueco de asumir el marco ideológico de Vox y sostuvo que los verdaderos problemas de la Comunidad no son “el feminismo, los inmigrantes ni la Agenda 2030”, sino la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades que obligan a muchos jóvenes a marcharse. Durante su intervención en el debate de investidura, el líder del PSOE defendió una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos y la reindustrialización, y reprochó al candidato del PP que su discurso fuera “la transcripción” de las condiciones impuestas por Vox para garantizar su continuidad al frente de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco recurrió al debate identitario sobre el nombre de la Comunidad para atacar al líder socialista, Carlos Martínez, durante el debate de investidura. El candidato del PP reprochó al secretario autonómico del PSOE sus anteriores referencias a “Castilla-León” y llegó a pedirle desde la tribuna que repitiera “Castilla y León”, acusándole de frivolizar con una cuestión importante y de no tener claro su proyecto para la Comunidad. Mañueco también recordó unas declaraciones en las que Martínez planteó si Soria podría estar mejor integrada en otras autonomías, reivindicando frente a ello su defensa de Castilla y León. El dirigente socialista no pudo responder a estas acusaciones al haberse agotado su turno de réplica.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, cargó contra el acuerdo entre PP y Vox, al que calificó como un mero “reparto de unas sillas y poco más”, impulsado desde Madrid por las direcciones nacionales de ambos partidos. La formación leonesista considera que el pacto es un “copia y pega” de los alcanzados en otras comunidades y denuncia que no ofrece respuestas a los problemas de León, Zamora y Salamanca, al no incluir inversiones ni compromisos concretos para la Región Leonesa. Además, criticó que los presupuestos autonómicos se pospongan hasta 2027, lo que supondría prolongar otro año la ausencia de nuevas cuentas.

Vox presume de pacto

Por su parte, el líder de Vox y futuro vicepresidente, Carlos Pollán, defendió el acuerdo con el PP como una herramienta para garantizar la estabilidad política durante toda la legislatura y aplicar medidas como la denominada 'prioridad nacional', el apoyo al medio rural, la bajada de impuestos y el endurecimiento de las políticas migratorias. La formación considera que el pacto permitirá desarrollar un programa basado en la defensa de las familias, el sector primario y los pequeños municipios, además de reforzar su presencia en el Gobierno autonómico.

La portavoz del PP, Leticia García, finalizó las intervenciones asegurando que el acuerdo alcanzado “no es una rendición sino todo lo contrario” que muestra que dos partidos diferentes pueden alcanzar un acuerdo cuando anteponen a los ciudadanos a sus intereses. El PP aseguró que el pacto deja a Castilla y León “libre de sanchismo”.

Los ruidos provocados por el ocio nocturno en el Barrio Húmedo de la ciudad de León son una de las quejas frecuentes que los ciudadanos elevan al Procurador del Común de Castilla y León, la defensoría del pueblo autonómica que tiene su sede en, precisamente, la zona histórica de la ciudad.

Varias son las resoluciones acumuladas en los últimos meses por el Procurador dando al razón a los ciudadanos sobre quejas por el exceso de ruidos en una lugar como es la mayor parte del Casco Antiguo de León con una limitación extra en la llamada Zona Acústicamente Saturada (ZAS), con una estricta normativa en vigor. El Procurador pide al Ayuntamiento que mantenga las inspecciones sobre el cumplimiento de los niveles de ruido y los horarios de cierre, así como las molestias ocasionadas por la acumulación de personas en la vía pública.

Una de las últimas resoluciones del Procurador del Común reprocha los ruidos pero los provocados por el servicio de limpieza del propio Ayuntamiento de León. Un tema sobre el que el consistorio leonés ha pasado de puntillas sin contestar, lo que le ha llevado a ser clasificado como entidad 'no colaboradora'.

Un vecino del Casco Antiguo reclamaba en su queja que la limpieza de la zona comience a las 8 de la mañana, en lugar de las 6 habituales, haciendo alusión a los ruidos que genera y causa molestia a los vecinos el funcionamiento de la máquina barredora y los sopladores de la suciedad cuando los operarios trabajan. El vecino reclamaba que se cumple la normativa ZAS que impide el uso de elementos mecánicos de limpieza entre la medianoche y las siete de la mañana, acreditando el uso de una sopladora con imágenes. Además pedía que se controlaran las aglomeraciones de personas afuera de locales de ocio, lo que genera una gran cantidad de residuos y obliga a extremar su limpieza a primera hora de los miércoles y sábados al desarrollarse en la Plaza Mayor el tradicional mercado.

El Procurador del Común ha recordado al consistorio leonés el caso de un ayuntamiento condenado por los ruidos nocturnos del camión de la basura, que tuvo que indemnizar al vecino por el exceso de ruidos que sobrepasaban los límites legales. Por ello le instan a “adoptar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, con el fin de que los vecinos de las calles (no facilitadas) no sufran las molestias causadas por el ruido y demás perjuicios ocasionados por el consumo de bebidas en la vía pública”.

Además le reclama que “como responsable del servicio municipal de limpieza viaria, para que, con carácter general, no se utilicen medios mecánicos en el período fijado entre las 00:00 y las 07:00 horas en las vías públicas incluidas dentro de la Zona declarada Acústicamente Saturada del Casco Antiguo de la ciudad de León”. Es decir, que se cumpla lo ya puesto en la ordenanza municipal.

De paso le reclama que “en adelante cumpla ese Ayuntamiento la obligación de auxiliar al Procurador del Común en sus investigaciones en los términos exigidos por la Ley”.

Un bar sin aforo desde 1971

Otra de las situaciones más surrealistas detectadas por el problema de ruidos ha sido la situación provocada por un local de ocio del Barrio Húmedo, y en la Zona Acústicamente Saturada de la ciudad que ha sido denunciado por un ciudadano a la defensoría tras varias quejas al Ayuntamiento de León. Este local cuenta con una doble licencia (Bar y Sala de Fiestas) desde el año 1971.

El Ayuntamiento de León ha reconocido el Procurador que existen quejas vecinales sobre infracciones administrativas y alteraciones del orden público causadas por el funcionamiento de este local de ocio debido a la presencia de clientes en el exterior. En el año 2024, señala, se produjeron catorce intervenciones por los agentes de la autoridad, fundamentalmente como consecuencia de quejas vecinales ante las molestias y ruidos generados por la aglomeración de personas y en el año 2025, la mayor parte de denuncias se formularon por el incumplimiento del horario de cierre, las cuales fueron remitidas para su tramitación a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León.

Pero la sorpresa ha venido al revisar las licencias y el aforo del bar, que no está fijado al tener las dos licencias a la vez, lo que a su vez le permite abrir de de forma continuada desde las 6 de la mañana hasta las 4 y media de lunes a jueves y hasta las 6:30 los fines de semana. Es decir, puede llegar a esta abierto todo el día por la coincidencia de las licencias. La Policía Local de León instó al servicio que regula las licencias del Ayuntamiento de León a revisar esta cuestión para garantizar la convivencia vecinal.

En el proceso de revisión el Ayuntamiento de León descubrió que no existe limitación de aforo en las licencias del año 1971 y que como no se han producido obras que obliguen a adaptarse al código técnico de edificación no puede obligar a realizar cambios. Además, el Ayuntamiento de León reprocha que como la Junta de Castilla y León aún no ha desarrollado el procedimiento legal necesario para revisar y fijar el aforo en licencias tan antiguas no puede fijar un aforo, pese a que la normativa de ruidos data del año 2009. Incluso un informe del arquitecto municipal de 2025 señaló que las condiciones de evacuación del local denunciado son “claramente insuficientes para ocupaciones superiores a 100 personas”.

El Procurador del Común reconoce el vacío legal para determinar el aforo pero insta al Ayuntamiento de León a exigir al dueño un seguro de responsabilidad civil de al menos 100.000 euros. Además, exige que se aplique la nueva normativa que obliga a un intervalo de seis horas de cierre entre las dos actividades para romper el ciclo de funcionamiento continuo y garantizar el descanso de los vecinos y la convivencia. También insta a la Policía Local a mantener la vigilancia del local sobre su funcionamiento en cuanto a horarios de ruido y las conexiones del sistema de control de ruidos, que alguna vez se ha desconectado y no se ha podido verificar.