Los recortes en materia educativa de la Junta de Castilla y León se ceban con los colegios rurales de El Bierzo, con especial incidencia en el CRA de Noceda y en el CEIP Piñera de Vega de Espinareda. En ambos casos habrá un recorte de personal para unificar aulas de alumnos de cursos diferentes, con un caso especialmente sangrante en Noceda del Bierzo según denunciaban los padres. En la mañana de este viernes se les ha comunicado a las familias de Noceda que finalmente habrá dos aulas y no una.

Las familias del CRA de Noceda han mostrado su rechazo a la reorganización prevista por la Junta de Castilla y León para el nuevo curso escolar, que supondría reunir en una única aula a los diez alumnos matriculados en el centro ubicado en Noceda del Bierzo, con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años. Según denuncian, en cursos anteriores el colegio disponía de dos aulas diferenciadas, una para Educación Infantil y otra para Primaria. Si se ejecuta el plan de la Consejería de Educación juntarán en un único aula a diez menores pero de seis cursos educativos diferentes.

La comunidad educativa considera que concentrar en un mismo espacio y grupo multigrado a escolares de edades y niveles educativos tan diferentes dificultará “enormemente” tanto la atención personalizada como el mantenimiento de la calidad de la enseñanza. Las familias califican la situación de “insostenible” y reclaman a la administración educativa que reconsidere la decisión antes del inicio del curso.

Su principal reivindicación es la incorporación de otro docente que permita desdoblar las clases y conservar una organización diferenciada que, defienden, garantice una enseñanza “digna y de calidad”. También exigen que la administración escuche las demandas planteadas tanto por las familias como por los docentes del centro.

La protesta trasciende, según sostienen, la organización concreta del colegio. Las familias reivindican la defensa de la educación rural y recuerdan la importancia de mantener servicios públicos en los pueblos para combatir la despoblación. “Mantener los servicios en los pueblos es la base fundamental para evitar la pérdida de población y fijar territorio”, argumentan.

El CRA de Noceda cuenta con 24 alumnos matriculados para el curso 2026/2027 entre 0 y 10 años, divididos a partes iguales entre los centros de Noceda del Bierzo y Quintana de Fuseros. Las familias advierten del riesgo de que un mal diseño educativo pueda llevar a poner en riesgo su viabilidad porque decidan cambiar de centro educativo.

Al final de la mañana la dirección del colegio ha informado a los padres que la Dirección Provincial de Educación garantizaba la creación de un segundo aula ampliando horarios de profesorado o incorporando a otra persona, de manera que habría dos aulas para divivir a los diez niños de hasta seis grados educativos diferentes.

Situación en el colegio Piñera de Vega de Espinareda

Las protestas por la reducción de unidades en los colegios rurales de El Bierzo también se han producido en Vega de Espinareda. La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio Piñera ha reiterado su rechazo a la decisión de unificar aulas de Educación Infantil después de que la Dirección Provincial de Educación haya ratificado una medida que afectará a los grupos de 1º y 2º de esta etapa.

Actualmente hay cinco niños matriculados en uno de esos cursos y siete en el otro, y las familias reclaman que ambos grupos continúen separados para “poder desarrollar plenamente el proyecto pedagógico adecuado a cada edad”. Entre sus argumentos destacan las diferencias de edad y nivel de los escolares y la presencia de un alumno con necesidades especiales, circunstancias que, consideran, requieren una atención adecuada y desaconsejan la agrupación.

La Consejería de Educación, por su parte, sostiene que “el número de alumnos no alcanza el mínimo establecido para mantener tres unidades” y plantea reorganizar la etapa en dos aulas funcionales. Una explicación que no convence a las familias, que reclaman mirar más allá de las cifras a la hora de organizar los recursos educativos en los municipios rurales.

“La escuela rural no puede medirse solo por criterios estadísticos”, han defendido desde el AMPA, que reclama una planificación que tenga en cuenta la diversidad del alumnado, sus diferentes ritmos madurativos y el derecho a recibir una atención adecuada.

El PSOE de Gijón ha puesto en marcha su proceso de primarias para elegir a la persona que encabezará la candidatura a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Tres aspirantes habían dado el paso hasta este jueves y ahora se abre el plazo para lograr los avales para ir al proceso de primarias. Son la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez; el concejal y miembro de la Ejecutiva Local José Ramón Tuero; y la abogada y exgerente de la Unión de Comerciantes Carmen Moreno, estos dos últimos relacionados con León. Este viernes se ha apuntado a la batalla política el exconcejal Alberto Ferrao, por lo que habrá cuatro contendientes.

Siempre se dice que la ciudad de Gijón es la 'playa de León' y las conexiones de la mayor ciudad asturiana con la provincia son varias. Desde que la Cámara de Comercio que participa en el consorcio del recinto ferial de la ciudad marítima a ser un lugar de presentación de actividades como Gijón Bonito dedicado al sabroso pescado. Y las primarias del PSOE de Gijón no podían ser menos, con dos precandidatos con una importante relación con León.

Carmen Moreno nació en León en 1960 y con ocho años se trasladó a vivir a Asturias. En Gijón ha desarrollado una labor profesional como histórica presidente de la Unión de Comerciantes durante tres décaas, cargo que dejó el año pasado para jubilarse. Apuesta por “volver a conectar el Ayuntamiento con la vida real de vecinas y vecinos”.

La relación de José Ramón Tuero con León es más profunda, ya que es donde dio pasos fundamentales en política, siendo alcalde de Mansilla de las Mulas entre 1999 y 2003, e incluso aspirando a liderar el PSOE leonés tras la salida de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría federal del partido en el año 2000 frente a Miguel Martínez, que acabó ganando aquel congreso de forma amplia. Tras dejar la alcaldía de Mansilla, Tuero regresó a Asturias donde fue concejal en Gijón entre 2007 y 2012, director general de Deportes del Principado entre 2012 y 2019 y desde entonces de nuevo concejal en la ciudad gijonesa. Tuero ha prometido “menos despachos y más calle” para recuperar el poder en Gijón para el PSOE, uno de sus históricos feudos ahora en manos de Carmen Moriyón.

La tercera apuesta es un miembro del actual Ejecutivo asturiano de Adrián Barbón, la viceconsejera de Turismo Lara Martínez, que ya ha sido concejala en el Ayuntamiento de Gijón y fue la número 2 en la lista socialista de las elecciones del 2023. Martínez tiene una trayectoria profesional ligada a la gestión cultural y durante el pasado mandato fue gerente de la empresa municipal Divertia Gijón. Se la considera la candidata 'oficial' tanto de la dirección del PSOE en Asturias como de la dirección de la agrupación local.

El cuarto aspirante se ha conocido este viernes, el que fuera concejal entre 2019 y 2023 Alberto Ferrao y actual secretario de Cultura de la Federación Socialista Asturiana (FSA) que dirige Adrián Barbón, maestro y militante del PSOE desde el 2008. Ha presentado su candidatura “con ilusión, con una candidatura libre, abierta a la participación, con compromiso y conocimiento de ciudad y de partido”.

El calendario del PSOE de Gijón contempla la presentación formal de candidaturas entre el 4 y el 7 de septiembre y la recogida de avales del 9 al 16, con un mínimo que se situará previsiblemente entre el 15% y el 20% de la militancia. La campaña se desarrollará del 17 al 25 de septiembre y la primera votación tendrá lugar el día 26. Si ninguno de los aspirantes logra el respaldo necesario, se celebrará una segunda vuelta el 3 de octubre. Unos 1.300 militantes de la Agrupación Municipal Socialista tendrán derecho a voto.

Anteriores y polémicas primarias

En 2022, el PSOE de Gijón acabó forzando unas primarias pese a que la entonces alcaldesa, Ana González, había manifestado su intención de repetir como candidata. La regidora llegaba desgastada por algunas decisiones de su mandato, especialmente la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la peatonalización de El Muro, y tampoco controlaba la agrupación local, cuyo secretario general, Monchu García, pertenecía a otra familia interna. Para activar las primarias eran necesarias 592 firmas de militantes y sus promotores consiguieron 662, posteriormente validadas por la dirección federal del partido. Ante ese escenario, González renunció finalmente a presentarse.

Las primarias se celebraron entre Luis Manuel Flórez 'Floro', exdirector de Proyecto Hombre, y Ana Puerto, que contaba con el respaldo de González. Floro se impuso con 504 votos frente a los 382 de Puerto, en un proceso que evidenció la fuerte división interna del socialismo gijonés. En las municipales de 2023, Floro consiguió que el PSOE fuera la fuerza más votada, pero la suma de PP, Foro y Vox permitió recuperar la Alcaldía a Carmen Moriyón y puso fin al gobierno socialista en Gijón.

Más de 4.000 personas participan en la concentración convocada en la capital de la provincia de León por una asociación historicista leonesa “en apoyo a Ceuta”, tras la crisis migratoria. La multitud se agrupa en la Plaza San Marcelo, frente al Ayuntamiento, portando en su mayoría banderas de España y de Ceuta.

El Ayuntamiento de León no ha convocado esta concentración, aunque el alcalde socialista, José Antonio Diez, participa en ella, ya que entendía que “había sido convocada por la sociedad civil”. A él se han sumado otros representantes políticos como el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) o el consejero Suárez-Quiñones (PP). También han participado otros miembros de la corporación del PSOE en el Ayuntamiento de León como Vicente Canuria.

Mientras el alcalde de la capital leonesa atendía a la prensa se han escuchado gritos de insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como algunos reproches a los profesionales que cubren la noticia para diferentes medios de comunicación. “Todo el mundo sabe quién soy y que trato de estar del lado de los ciudadanos, que para eso me han elegido”, ha declarado Diez.

Respecto a la entrega en la Audiencia Nacional, sin conocimiento del Gobierno, de un supuesto informe elaborado por la Policía que señala a Marruecos como coordinador de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma, el alcalde ha reconocido no haber leído dicho informe, aunque muestra su preocupación de ser cierto su contenido: “Es un poco extraño que pueda haber un informe de la policía que no pase por el Gobierno, es gravísimo. Si es cierto, no estamos hablando de una crisis migratoria, sino de una invasión en toda regla”.

Además de la concentración de la ciudad de León, había convocadas otras manifestaciones en diferentes puntos de la provincia como Ponferrada, a la que acudieron sobre 4.000 personas en la plaza del Ayuntamiento de la capital berciana. Por otro lado, decenas de personas también han secundado la protesta en La Bañeza y otros municipios leoneses.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) activa su maquinaria electoral de cara al ciclo que incluye elecciones municipales y generales. Para ello ha convocado su máximo órgano de gobierno entre congresos, el Consejo General, a una reunión que se celebrará el próximo 16 de septiembre y que pondrá en marcha sus procesos internos de elección de candidaturas.

Uno de los puntos del Consejo General será la aprobación del reglamento de primarias del partido para la elección de sus candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes que determine el órgano del partido -en la provincia la ciudad de León, Ponferrada y San Andrés-, así como en todos aquellos municipios de menos donde también se considere conveniente su realización para elegir candidatos y candidatas.

En la propuesta que ha elevado la dirección de Alicia Gallego, susceptible de debate y modificación, se señala que tanto los votantes como los aspirantes en las primarias deben tener un año de militancia activa y estar al corriente de sus pagos y obligaciones con el partido. El documento al que ha tenido acceso ILEÓN diseña un formato de elecciones con una Comisión de Organización de primarias con una votación que será presencial, personal y secreta en su sede central (u otra si se acuerda).

Los aspirantes a las primarias deberán contar con un mínimo del avales, el 10% de los militantes de la circunscripción, y un máximo, hasta del 20%, lo que limita en todo caso el número posible de candidatos. Cada militante solo podrá avalar a un candidato o candidata y los avales duplicados se anularán.

Las primarias se celebrarán a única vuelta aunque haya varios candidatos, proclamando candidato o candidata a quien se imponga en la votación. En caso de producirse un empate en votos entre candidaturas, la resolución corresponde al Consejo General de UPL, que es el órgano encargado de dirimir y decidir el resultado.

El proceso diseñado contempla un calendario para que en 21 días el partido abra y cierre el proceso, incluyendo presentación de candidaturas, recogida y verificación de avales, campaña interna, votación y las revisiones correspondientes.

El Consejo General de UPL es el órgano encargado de dar el visto bueno al proceso de primarias aunque las fechas concretas del mismo será aprobado por la Ejecutiva del partido leonesista.

El reto de mantener el poder municipal y León ciudad

UPL inicia así así el reto la preparación de las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de consolidar el importante salto de poder municipal logrado en 2023. En la cita de hace casi cuatro años logró 207 concejales en la provincia de León (234 sumando los de Zamora y Salamanca). El partido se hizo con el poder en ayuntamientos relevantes como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna, Sabero o Riaño, además de mantener bastiones como Santa María del Páramo y Sariegos. 26 municipios llegarán a las elecciones con un alcalde leonesista.

Las primarias de UPL afectan a los grandes municipios. En León ciudad deberá sustituir a Eduardo López Sendino como número uno de la candidatura, con los nombres de los concejales Enrique Valdeón, que ha confirmado su intención de presentarse, y Sheila Fernández, que deja abierta la posibilidad de concurrir cuando se convoque el proceso, como principales aspirantes sin descartar que puedan surgir otros nombres. Valdeón representa continuidad de la trayectoria de Sendino y Fernández un perfil propio que sería la primera mujer candidata leonesista al Ayuntamiento de León.

En el caso del tercer municipio de la provincia, San Andrés del Rabanedo, el nuevo reglamento no descarta primarias pese a que UPL gobierna de la mano de la alcaldesa Ana Fernández Caurel. En un Consistorio donde la gestión ha sido conflictiva durante todo el mandato quedará en manos del Consejo General si hay primarias o no.

UPL cuenta en la actualidad con unos 700 militantes de los que tres centenares aproximadamente podrían votar en las primarias de la ciudad de León, las que más interés despiertan, por ser la principal fuente de votos del partido.

La situación de la limpieza y recogida de residuos en el Casco Histórico de León se le atraganta al ayuntamiento de la ciudad, que hace caso omiso a las peticiones de información del Procurador del Común ante las quejas de los ciudadanos por la situación. Si en meses pasados el Ayuntamiento de León dirigido por José Antonio Diez ya fue reprendido por no colaborar en las reclamaciones de información sobre esta materia que le realizaba el defensor del pueblo autonómico, vuelve a hacerlo con quejas referidas en específico a la zona del Mercado del Conde Luna, el único mercado tradicional que sigue abierto en la ciudad.

En una resolución el Procurador del Común de Castilla y León denuncia la persistente falta de salubridad y la deficiente gestión de residuos en el casco histórico de León, además de reprender al Ayuntamiento por ignorar múltiples solicitudes de información y por incumplir su obligación legal de colaborar en la investigación de estas quejas ciudadanas.

El casco histórico de León, especialmente el entorno del Mercado del Conde Luna y la Plaza Mayor, registra problemas recurrentes de saturación y desbordamiento de los sistemas de recogida, con bolsas, cartones y otros residuos acumulados en la vía pública, según denuncian los vecinos. A ello se suma el depósito inadecuado y sin separación, con consecuencias de salubridad como malos olores, lixiviados, suciedad y posibles focos de roedores e insectos. La intensa actividad hostelera, comercial, turística y de mercados incrementa además la generación de residuos en determinados momentos y provoca que los sistemas ordinarios no tengan capacidad suficiente.

Pese a disponer de recogida neumática con sensores de llenado y repasos programados, el servicio municipal no consigue adaptar suficientemente sus frecuencias, rutas y horarios a la demanda real, explica la resolución del Procurador, que también se señala una insuficiente vigilancia y aplicación de sanciones ante los incumplimientos de las ordenanzas sobre horarios y formas de depósito. El resultado es una degradación ambiental y visual especialmente relevante al producirse en uno de los espacios de mayor valor histórico, patrimonial y turístico de León.

El Procurador del Común propone medidas específicas para la hostelería y el comercio, considerados los grandes generadores de residuos e incumplidores de la normativa, con el objetivo de evitar que colapsen los sistemas destinados al uso vecinal. Entre ellas plantea establecer o reforzar circuitos propios de recogida, regular los horarios y las condiciones para depositar residuos comerciales voluminosos -especialmente cartón y vidrio- y adaptar el servicio municipal a los días, horarios y temporadas en los que se producen mayores picos de actividad.

También reclama desarrollar campañas informativas dirigidas específicamente a los establecimientos para recordar sus obligaciones sobre separación, contención y horarios de depósito. Según el Procurador todas estas medidas deberían acompañarse de un refuerzo de la inspección y vigilancia en los puntos y franjas horarias donde se concentran los incumplimientos y de una aplicación rigurosa de las sanciones cuando se abandonen bolsas o embalajes en la calle, se depositen incorrectamente los residuos o no se respete la separación establecida por la normativa.

El Procurador del Común considera insuficiente el control sancionador desarrollado ante la reiterada acumulación de residuos en la vía pública, al entender que el reducido número de denuncias tramitadas durante varios años no se corresponde con la magnitud y frecuencia de los incumplimientos documentados. Según datos de quejas anteriores que el Ayuntamiento de León sí contestó desde el año 2023 la Policía Local ha puesto hasta 22 denuncias por gestión de residuos, de las que solo seis correspondieron a infracciones por depósito indebido o falta de separación.

La institución advierte también de que no dispone de información actualizada sobre posibles nuevas inspecciones o expedientes sancionadores, ya que el Ayuntamiento de León no respondió a los cuatro requerimientos de información realizados entre abril y julio de 2026 dentro del expediente 579/2026. Como última recomendación el defensor del pueblo autonómico recuerda al Ayuntamiento de León su obligación legal de dimensionar y adaptar el servicio de recogida de basuras a las necesidades reales del entorno histórico.

Nuevo contrato de recogida neumática

Por otro lado y paralelamente a las denuncias el Ayuntamiento de León adjudicó en julio a la empresa Envac Iberia la gestión del sistema de recogida neumática de residuos de la ciudad hasta el año 2031, por un importe 1.654.950 euros. La infraestructura presta servicio al Barrio Húmedo, Campos Góticos y La Lastra mediante una red de 7,8 kilómetros de tuberías subterráneas, que transporta diariamente unas 3,34 toneladas de envases, materia orgánica y resto.

El sistema alcanza actualmente a 4.925 viviendas y establecimientos comerciales y a cerca de 15.000 personas según datos divulgados por la concesionaria. La recogida neumática comenzó a funcionar en León en 1999 y desde entonces ha estado gestionada por Envac. Según la empresa, esta tecnología permite eliminar el paso de camiones de recogida por las zonas atendidas, reducir el ruido y las emisiones y prescindir de contenedores en superficie.

Una encuesta realizada por GAD3 para Envac en septiembre de 2025 señala que el 80% de los usuarios está satisfecho con el sistema, con una valoración media de 4,1 puntos sobre 5, mientras que el 60% asegura utilizarlo diariamente. Además, el 87% prefiere la recogida neumática frente al sistema tradicional y el 92% apoyaría su implantación en otros municipios. Entre los aspectos más valorados figuran la comodidad y accesibilidad, la limpieza y seguridad del entorno y la eliminación de olores y plagas.

La Diputación de León busca, “dentro de la legalidad”, una fórmula jurídica para evitar que decenas de ayuntamientos de la provincia tengan de devolver a partir de diciembre parte del dinero recibido del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025 por haber ejecutado o justificado a tiempo el uso de los fondos. Una situación que fuentes provinciales señalan que podría afectar alrededor del 25% de los municipios de forma total o parcial.

El plazo de justificación del dinero de ese plan, el primero que se aprobaba de forma bianual para facilitar su gestión a los municipios, ha pillado a alrededor de medio centenar de los 208 ayuntamientos que pueden acceder sin haber finiquitado sus obligaciones, tanto de ejecución de obras como de justificación.

El plan aprobado en marzo de 2024 obtuvo el voto favorable tanto del equipo de gobierno de PSOE-UPL como de la oposición de PP y Vox. Las principales novedades fueron su bianualidad, y que se permitía no solo hacer obras sino incluso pagar la compra de inmuebles para que pasen a ser de titularidad municipal o algunos gastos corrientes bajo determinadas condiciones como mantenimiento o alquiler de un inmueble o de materiales, entre otras.

También se prometió menos burocracia para canalizar las obras y las justificaciones, ya que los ayuntamientos podían presentar hasta cuatro proyectos de obras para ejecutar, que tienen que ser aprobados por un pleno provincial, lo que siempre.

Los plazos del plan eran finalizar las obras como máximo en octubre del 2025 y la justificación de las mismas hasta el 1 de diciembre de ese año. Pero el bajo cumplimiento de los ayuntamientos hizo que estas fechas se ampliaran un año más, como viene siendo habitual, con fecha límite para ejecutar del 31 de octubre del 2026 y de justificación del 1 de diciembre de 2026. Pese a que esa ampliación se aprobó en un pleno provincial de julio del año pasado, buena parte de los consistorios no han ejecutado los fondos por diversos motivos.

Un alcalde con todavía una pequeña parte de los fondos pendientes explica a ILEÓN que los ayuntamientos tienen problemas de contratación y burocracia, especialmente los más pequeños con escasas dotaciones de personal, lo que puede motivar muchos de los incumplimientos. Aunque reconoce que puede haber casos de “dejadez” considera que la mayor parte de los ayuntamientos se encuentran limitados por la falta de oferentes en los contratos y lo largo del proceso para acabar llevando una ejecución con los medios propios, si se tienen, del consistorio.

Según ha podido conocer este periódico, desde Intervención de la Diputación se ha emitido un informe que descarta una prórroga al plan de obras 2024-2025 por no permitir la ley más que una ampliación del 50% de la duración del plan, exactamente la que se ha aplicado del 2025 al 2026. Pero desde el equipo de gobierno de PSOE y UPL se insiste a ILEÓN que siendo conscientes del problema que se puede generar se trabaja en lograr una solución, recalcando que esta tendrá que estar amparada en la legalidad en todo caso.

El reparto del viejo plan primaba a los municipios más pequeños por población ya que los de menos de 250 habitantes recibían 200.000 euros y los de menos de 500, 231.000 euros. El ayuntamiento más grande, Villaquilambre, recibió 572.000 euros. La devolución total o parcial de los ayuntamientos más pequeños, los más afectados por el incumplimiento, les pueden dejar en una dificil situación económica. Que haya ajustes y devoluciones de los planes de obras por no ajustarse a lo solicitado u otras cuestiones se ha dado siempre, pero nunca en la cuantía a la que se puede enfrentar este año la Diputación.

Nuevo plan bianual con un año más

El pasado mes de junio, coincidiendo con el fin del anterior plan, la Diputación Provincial aprobaba las bases de un nuevo plan bianual de obras (2026-2027) para los 208 municipios bajo su ámbito, todos los de menos de 20.000 habitantes. La cantidad es similar al anterior plan, algo menos de 60 millones de euros en un nuevo reparto por población: desde 200.000 euros para municipios de hasta 250 habitantes hasta 572.000 euros para los de entre 5.001 y 20.000.

El dinero podrá destinarse nuevamente a las redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado, pavimentación y accesos, edificios públicos, instalaciones deportivas y culturales, parques, eliminación de amianto, colegios, consultorios médicos, actuaciones turísticas o mobiliario, entre otras inversiones, pero quedan excluidos los gastos corrientes y las obras de mero mantenimiento salvo algunas excepciones. Los municipios con la recaudación delegada en la Diputación recibirán automáticamente un anticipo del 90% de la subvención, mientras que el resto podrá solicitar un adelanto del 70%.

Los plazos en este caso son de un año más. El nuevo plan de obras señala que “el plazo para la realización de las inversiones subvencionadas finaliza el 31 de octubre de 2028”, y tres meses más para justificar. Además se podría ampliar incluso un año y medio más ya que los plazos se han alargado, también para la justificación de en lo que se ha gastado el dinero.

Entre las obligaciones de los municipios beneficiarios del nuevo plan deberán cumplir criterios de difusión, como la colocación de carteles informativos durante las obras y placas permanentes durante al menos cinco años en edificios rehabilitados o adquiridos. El incumplimiento de esta obligación podrá conllevar sanciones de hasta el 8% de la ayuda. Y la Diputación de León ya ha ejecutado retirada de fondos por no difundir gracias a quién se paga la obra, como en las subvenciones a las ferias de la provincia.

El mercado inmobiliario de la provincia de León vuelve a dar señales de debilidad este 2026 tras el gran crecimiento de ventas y precios de los últimos años. Los datos de hipotecas sobre viviendas de los seis primeros meses del año publicados por el Instituto Nacional de Estadística lo señalan, la provincia de León firmó menos hipotecas de viviendas en el primer semestre del año que en el 2025, al revés de lo que ocurre en el resto del país, con un crecimiento generalizado.

Si a principios de año datos como los del Colegio de Registradores ya apuntaban a un enfriamiento del sector inmbiliario con caída de ventas y precios, las hipotecas ligadas a viviendas vuelven a apuntar a lo mismo, que el mercado pude haber alcanzado su techo. Entre enero y junio de este 2026 se firmaron en la provincia leonesa 1924 hipotecas, frente a las 1929 del mismo periodo del año anterior. Es una leve caída del -0,3% pero llamativa si se contrasta con el crecimiento del 7% del resto de España.

Lo que sí se mantiene subiendo es el precio medio de la hipoteca, derivado del incremento del precio medio de la vivienda. En los seis primeros meses del año las hipotecas en la provincia de León subieron un 7%, con un importe medio de 105.908,11 euros. La subida, nuevamente, fue notablemente por debajo de la media nacional que se incrementó un 17%. Este año, eso sí, se ha superado por primera vez la media hipotecaria de 100.000 euros ya que en el mismo periodo del 2025 el valor medio del préstamo vinculado a vivienda ascendió a 99.243,17 euros.

No obstante los datos del mercado hipotecario apuntan a que hubo una mejor de operaciones inmobiliarias en el segundo trimestre del año, que se ratifican en los datos de compraventa de viviendas del Colegio de Registradores. Cabe recordar que el registro es obligatorio en caso de solicitar una hipoteca sobre la vivienda, por lo que sus datos van más vinculados al sector bancario que otras estadísticas.

Durante el segundo trimestre de 2026, la provincia de León registró un total de 1.758 compraventas de vivienda según el Colegio de Registradores, marcando un incremento trimestral del +9,2% que estuvo impulsado con gran fuerza por el segmento de vivienda nueva (+45,2% trimestral y 347 operaciones), mientras que la vivienda usada mostró un crecimiento más discreto (+2,9% trimestral y 1.411 operaciones).

En contraste, los datos acumulados interanuales de los últimos doce meses reflejan un comportamiento distinto. Mientras que el volumen de compraventas provincial totalizó 6.604 operaciones (con una leve subida de +3,0%) hay un gran contraste entre la tipología de vivienda. La compraventa de vivienda usada se apunto una subida del +10,4% (acumulando 5.535 operaciones) pero la compraventa de vivienda usada bajó un -23,6% en el mercado con solo 1.069 operaciones.

Respecto a los precios en el segundo trimestre de 2026, el precio medio de la vivienda en la provincia de León se situó en 1.150 euros/m², registrando un incremento trimestral del +10,8% según el Colegio de Registradores. Este incremento que estuvo impulsado de forma destacada por la vivienda nueva, que experimentó un fuerte repunte del +28,4% hasta alcanzar los 1.485 euros/m², frente al crecimiento del +5,1% de la vivienda usada (tasada en 1.069 euros/m²).

En el análisis acumulado interanual de los últimos doce meses, el precio medio provincial por vivienda ascendió a 1.078 euros/m² (+13,7%), con un comportamiento de 1.368 euros/m² (+17,7%) en vivienda nueva y de 1.022 euros/m² (+15,5%) en vivienda usada,. La ciudad de León continuó desmarcándose de la media provincial con un precio significativamente superior de 1.610 euros/m² tras experimentar una subida interanual del +11,7%.

La transparencia continúa siendo una asignatura pendiente para varias administraciones leonesas. La Memoria de 2025 del Comisionado de Transparencia de Castilla y León hecha pública este mes de agosto señala incumplimientos en varias instituciones de la provincia, entre las que destacan los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y Astorga y el Consejo Comarcal del Bierzo, que no remitieron los cuestionarios de autoevaluación solicitados por el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

El Comisionado de Transparencia ha hecho pública su décima memoria tras la aprobación de la Ley estatal en el año 2013 y la autonómica en el 2015, que llevó esas funciones al Procurador del Común, el defensor del pueblo autonómico. En la actualidad ocupa el cargo el catedrático de la Universidad de León Tomás Quintana, que lleva en funciones cuatro años por la incapacidad de los partidos políticos para volver a nombrarle o designar un sucesor o sucesora.

La institución, con sede en León, usa el método de envío a las instituciones de un cuestionario de autoevaluación para analizar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que recoge la Ley. Las obligaciones de publicidad activa más relevantes para los ayuntamientos exigen la publicación proactiva y actualizada de información como el organigrama, perfiles de cargos públicos, exposición de proyectos de ordenanzas, reglamentos e informes justificativos, publicación de los presupuestos generales y contratos públicos, subvenciones concedidas, inventario de bienes o las retribuciones anuales de los representantes políticos, entre otros.

El caso de San Andrés del Rabanedo resulta especialmente significativo para el Comisionado de Transparencia en su informe 2025 debido al tamaño del municipio, el tercero de la provincia en habitantes, y los recursos de los que se supone dispone. El ayuntamiento del alfoz de León no respondió al requerimiento para participar en la evaluación de 2025, a diferencia de los de León y Ponferrada, que sí entregaron la documentación. Entre los municipios de más de 7.500 habitantes también incumplió el Ayuntamiento de Astorga, mientras Bembibre, La Bañeza, Villablino y Villaquilambre sí colaboraron.

El Consejo Comarcal del Bierzo rompe con años anteriores

También destaca negativamente el informe de Tomás Quintana la situación del Consejo Comarcal del Bierzo, que no remitió su cuestionario este año pese a que sí había colaborado en ejercicios anteriores. La institución berciana tampoco aportó, según la memoria, ninguna explicación que justificase la ausencia de respuesta.

El Comisionado recuerda que la entrega de esta información no constituye únicamente una muestra voluntaria de colaboración. No responder supone incumplir la obligación de colaboración establecida en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

La ausencia de cuestionario no impidió al organismo fiscalizador revisar directamente el portal de transparencia del Consejo Comarcal. El resultado tampoco resulta favorable: considera que existe “un amplio margen de mejora” y constata que la información disponible continúa siendo “bastante escasa” y no está actualizada.

León responde, pero mantiene carencias

El Ayuntamiento de León sí remitió su autoevaluación, aunque eso no significa que supere el examen sin reproches. El propio Consistorio volvió a reconocer, como ya había sucedido en ejercicios anteriores, que no publica información sobre el grado de cumplimiento y los resultados de sus planes municipales, ni tampoco sobre proyectos normativos, memorias o informes.

En materia de derecho de acceso, el Ayuntamiento de la capital declaró haber recibido 29 solicitudes de información durante 2025, de las que estimó 16. No contabilizó ninguna desestimación expresa ni ninguna inadmisión. Esto deja otras 13 peticiones fuera de las estimaciones expresas, aunque los datos facilitados no permiten atribuirlas automáticamente a negativas o silencios administrativos.

El Ayuntamiento de Ponferrada, por su parte, comunicó siete solicitudes de acceso, tres de ellas estimadas, sin registrar desestimaciones expresas ni inadmisiones. Sin embargo, durante el año el Comisionado tuvo que pronunciarse sobre distintas reclamaciones relacionadas con el Consistorio berciano. Entre ellas figura una estimación parcial para acceder a información sobre retribuciones de la Policía Local y contratos de suministro y mantenimiento, además de otra resolución favorable para acceder a un informe policial relacionado con daños en un vehículo.

La Bañeza, obligada a facilitar información sobre sus fiestas

Las reclamaciones presentadas por ciudadanos permiten comprobar otros conflictos de transparencia en ayuntamientos leoneses. La Bañeza protagoniza varios de ellos. El Comisionado estimó reclamaciones para acceder a documentación económica de las fiestas patronales de 2023, facturas vinculadas a una modificación presupuestaria y la relación de empresarios locales que viajaron a Francia en 2024.

En Igüeña se estimó una petición relacionada con una denuncia urbanística y parcialmente otra relativa a un convenio con el Motor Club de Pobladura y datos sobre recogida de residuos. También hubo una resolución estimatoria frente al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por una solicitud de información municipal.

No todas las reclamaciones dieron la razón a quienes solicitaban la documentación. El Comisionado inadmitió, entre otras, una reclamación contra Villamañán relacionada con las fechas de un proceso de selección y otra contra Soto de la Vega sobre denuncias por obras sin autorización.

El Comisionado estimó parcialmente una reclamación para acceder a actas de concejos de la junta vecinal de La Vid correspondientes al periodo entre 2021 y 2024. En Sueros de Cepeda dio la razón al reclamante que solicitaba las actas de las sesiones de la junta vecinal celebradas desde 2019 y documentación sobre el expediente para instalar un parque fotovoltaico en terrenos comunales. En Curillas, una reclamación sobre ingresos y gastos terminó por pérdida de objeto, mientras que otra presentada contra Campelo fue inadmitida.

La Diputación mejora su portal, pero el ILC tiene deberes

La Diputación de León presenta una situación diferente. La institución provincial sí entregó su cuestionario y ha implantado un nuevo portal de transparencia que, según explicó al Comisionado, está diseñado para que la mayor parte de la información pueda consultarse con un solo clic. Durante 2025 declaró haber recibido 24 solicitudes de acceso a información, de las que estimó 19 e inadmitió dos.

Peor valoración obtiene uno de sus organismos dependientes. El Instituto Leonés de Cultura (ILC) dispone de portal propio desde 2022, pero continúa publicando parte de su información a través del portal general de la Diputación. La Memoria de 2025 considera que el organismo cultural provincial mantiene un amplio margen de mejora en la información que publica directamente.

Frente a los incumplimientos, otras administraciones leonesas sí atendieron los requerimientos de autoevaluación de sus obligaciones de la Ley. Además de León y Ponferrada, entregaron sus cuestionarios de autoevalación Bembibre, La Bañeza, Villablino, Villaquilambre, Sariegos, Valencia de Don Juan y Valverde de la Virgen. También colaboraron la Universidad de León y la Cámara de Comercio e Industria de León en los requerimientos de información. Pese a la existencia de estos documentos, las autoevaluaciones de las instituciones no se publican como tal como anexos en la Memoria anual del Comisionado para su público conocimiento.

El apetito de los fondos de inversión por las energías renovables en la comarca de El Bierzo no decae y tras conocerse el la intención de un fondo de inversión británico de instalar un parque eólico en la zona del Alto Sil y sierra de Gistredo donde se han denegado seis, ahora lo intenta un fondo suizo de capital con origen en Oceanía.

El nuevo proyecto se denomina parque eólico 'Calanina', promovido por una empresa llamada Macrina Solar 35, sociedad vinculada al grupo suizo Galileo. El proyecto abarca los municipios de Fabero, Palacios del Sil, Toreno, Páramo del Sil y Berlanga del Bierzo, se compone de once aerogeneradores y con parte del mismo dentro del plan de recuperación del urogallo cantábrico según los datos del proyecto a los que ha accedido este periódico.

El proyecto contempla once grandes aerogeneradores con rotores de 163 metros de diámetro y bujes situados a 113 metros de altura. Con una pala colocada verticalmente, cada molino alcanzaría aproximadamente 194,5 metros desde el suelo hasta su punto más elevado, los más grandes que se instalarían en la provincia.

La compañía ha presentado una propuesta de potencia total de 49,5 megavatios (MW) lo que implica que la evaluación ambiental correrá a cargo de la Junta de Castilla y León y no el Ministerio de Transición Ecológica por estar por debajo de los 50 MW. Además de las torres eólicas contempla una red eléctrica de hasta 9 kilómetros para llevar su producción a la subestación de Ondinas en el Alto Sil.

Cuenca minera y afección al urogallo

El emplazamiento seleccionado por la empresa suiza ubica los once aerogeneradores en los municipios de Berlanga del Bierzo, Fabero, Páramo del Sil y Toreno. En Palacios de Sil iría parte de la línea de evacuación al finalizar en las Ondinas. Una alternativa inicial situaba también los aerogeneradores principalmente en Páramo del Sil y Toreno, pero fue descartada por su mayor sensibilidad ambiental por su cercanía con la IBA 'Sierras de Gistreo y Coto' y afectar a territorios vinculados a los planes de recuperación del oso pardo y el urogallo cantábrico, las dos especes más amenazadas del ecosistema cantábrico.

La elección, sin embargo, no elimina los problemas ambientales. El propio documento inicial reconoce un impacto global “moderado” y señala efectos de esa consideración sobre la geología, los suelos, la hidrología, la vegetación y la fauna durante las obras, además de sobre el paisaje y los animales durante los años de funcionamiento.

Uno de los puntos más delicados del proyecto afecta al urogallo cantábrico. La futura subestación Calanina, la línea de evacuación de 220 kV y parte de la conexión de media tensión se solapan con el ámbito territorial de aplicación de su Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico pero la empresa asegura que las instalaciones que promueve quedan fuera de las denominadas áreas críticas para la especie. La infraestructura más próxima se encontraría a 1.243 metros del límite de una de esas áreas, mientras que dentro de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 se plantea soterrar la línea de evacuación.

El proyecto se levanta también en un territorio utilizado por otras especies protegidas como el oso pardo además del desmán ibérico y el murciélago grande de herradura, considerados especies vulnerables, según recoge la documentación del mismo

El paisaje constituye otra de las afecciones que el propio promotor califica como moderada. Sus cálculos estiman que los aerogeneradores de hasta 200 metros podrán verse desde el 20,8% del territorio incluido en un radio de estudio de 25 kilómetros. El proyecto se ubica en una zona donde en un radio de 25 kilómetros se contabilizan ya cuatro parques eólicos en funcionamiento, entre ellos Valdelín, El Manzanal y Era del Pico. Por ello, el futuro estudio ambiental tendrá que analizar específicamente los efectos acumulativos y sinérgicos de sumar Calanina a las instalaciones existentes, especialmente sobre el paisaje, los corredores ecológicos y la fauna.

El proyecto de la empresa no recoge la prohibición de instalación de parques eólicos que tiene el municipio de Toreno en su ordenamiento urbanístico y la empresa que ha realizado el informe ambiental, Taxus, también está realizando estudios en la sierra de Gistredo, donde la Justicia y Transición Ecológica han tumbado varios proyectos de parques eólicos por su grave afección ambiental.

Empresa suiza con dinero del otro lado del mundo

La empresa promotora del nuevo parque eólico se denomina Galileo, nacida en el ño 2020 como “plataforma paneuropea de desarrollo de energías renovables y productor independiente de energía”, por el ejecutivo Ingmar Wilhelm y la gestora de infreatestructuras Morrison & Co. Nació como Galileo Green Energy y hace poco tiempo simplificó su nombre a Galileo. La compañía se dedica al desarrollo de proyectos renovables, la venta de electricidad a consumidores finales, la gestión energética y la financiación de proyectos.

Cuenta con el respaldo de cuatro grandes inversores institucionales de Australia y Nueva Zelanda y, en su lanzamiento, recibió un compromiso inicial de capital de 220 millones de euros. Entre sus financiadores están la compañía inversora Infratil Limited (Nueva Zelanda), cotizada en las bolsas de Nueva Zelanda y Australia, con inversiones en renovables, aeropuertos, infraestructuras digitales y sociales. Además está Commonwealth Superannuation Corporation, gestora de fondos de pensiones de empleados y miembros de las fuerzas armadas del Gobierno australiano así como el fondo soberano de Nueva Zelanda, New Zealand Superannuation Fund, creado por el Gobierno para contribuir a financiar el sistema público de pensiones.

Actualmente desarrolla en Europa una cartera que alcanza los 17 GW en energía solar, almacenamiento y eólica terrestre y marina. España se ha convertido en uno de sus mercados relevantes. Según los datos difundidos por la propia empresa en mayo de 2026, Galileo dispone en el país de una cartera de 1,4 GW de proyectos en desarrollo, de los que 700 MW ya cuentan con permisos de acceso y conexión a la red. A estos se añaden otros 1,4 GW vinculados a futuros concursos de capacidad previstos en España. Su estrategia española combina principalmente grandes instalaciones de baterías independientes (BESS), proyectos híbridos fotovoltaicos y parques eólicos, con especial interés por el almacenamiento en grandes áreas de consumo como Madrid y Cataluña.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de Mercadona destinado en el bloque logístico de Villadangos del Páramo, después de considerar acreditado que utilizó de manera reiterada los medios informáticos de la empresa para fines particulares durante su jornada laboral. Entre los hechos probados en la sentencia figuran alrededor de 7.685 accesos a páginas de internet no autorizadas únicamente entre el 1 y el 25 de febrero de 2025, el empleo personal del correo electrónico corporativo y un enfrentamiento en el que profirió insultos y expresiones amenazantes contra un compañero.

La Sala de lo Social del TSJ desestimó el pasado mes de julio el recurso de suplicación presentado por el empleado contra la sentencia dictada en enero de 2026 por la Sección de lo Social 2 del Tribunal de Instancia de León en la que rechazaba la demanda del trabajador y declaraba procedente el despido. El fallo del TSJ confirma íntegra la sentencia de instancia sin imposición de costas.

El trabajador prestaba servicios para Mercadona desde mayo de 2006, tenía la categoría profesional de gerente A y desarrollaba su actividad en el Taller de Tiendas del Bloque Logístico de Villadangos del Páramo. El despido se produjo el 21 de mayo de 2025.

La carta entregada por la compañía hacía referencia, además, a antecedentes disciplinarios como haber sido amonestado por comentarios inapropiados, insultos y amenazas a otro compañero; además un mes antes de su despido volvió a ser amonestado por tener su teléfono móvil personal en el puesto de trabajo, aunque la sentencia considera probado que lo tenía encima de la mesa pero no que lo estuviera utilizando.

7.685 accesos a páginas web en 25 días

El núcleo del despido está, sin embargo, en la utilización de los equipos informáticos de la empresa. La sentencia de instancia dio por acreditado que entre febrero y el 28 de abril de 2025 el trabajador accedió durante su jornada, desde un ordenador de Mercadona, a páginas web no autorizadas y ajenas a su actividad profesional. Entre ellas aparecen YouTube, LinkedIn, Stripe, Facebook, Genesis, Reddit y Trustpilot. Solo entre el 1 y el 25 de febrero se contabilizaron unos 7.685 accesos.

A ello se sumó la utilización particular del correo electrónico de la compañía. Según los hechos probados asumidos por el TSJ, entre el 26 de noviembre de 2024 y el 16 de abril de 2025 el empleado realizó hasta 30 envíos personales utilizando la cuenta corporativa. La empresa entendió que estas actuaciones suponían una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, además de infringir las prohibiciones expresamente establecidas en su convenio colectivo para la utilización particular de los recursos informáticos, el correo electrónico y la navegación por internet.

El expediente disciplinario incorporó además un incidente ocurrido a primeros de mayo de 2025. La Justicia considera probado que el trabajador gritó y se dirigió de manera amenazante a un compañero, al que recriminó que le dijera las cosas “a la cara” y posteriormente llamó “vago” y “mierdas”. Para el TSJ, esta conducta encaja también en la falta muy grave relacionada con la falta de respeto a los compañeros contemplada en el convenio colectivo de Mercadona.

El trabajador acudió a los tribunales y el 2 de julio de 2025 presentó una demanda contra la compañía. Tras celebrarse el juicio, la jurisdicción social de León declaró procedente el despido en enero de 2026. El empleado recurrió entonces ante el TSJ de Castilla y León solicitando, en primer lugar, modificar varios de los hechos declarados probados y, posteriormente, cuestionando jurídicamente la gravedad y proporcionalidad de la sanción.

Entre sus alegaciones, el trabajador cuestionó el informe de acceso a internet. Argumentó que el informe de auditoría informática presentaba registros repetidos y que una misma entrada en una página podía generar automáticamente diferentes registros, pestañas, cookies o publicidad, sin significar necesariamente que el trabajador hubiera realizado conscientemente cada uno de esos accesos. También sostuvo que no se había demostrado una extracción de información confidencial ni la existencia de perjuicio para Mercadona.

La Sala rechazó esa modificación porque considera que el recurrente pretendía sustituir la valoración de las pruebas realizada por el juez que presenció el juicio por su propia interpretación. El recurso de suplicación, recuerda el TSJ, no constituye una segunda instancia en la que pueda repetirse toda la valoración probatoria.

Una conclusión similar alcanza respecto al correo electrónico. El empleado alegaba discrepancias entre el informe de auditoría informática y la propia carta de despido: sostenía que esta última recogía 14 correos y no los 30 que aparecían en el informe, además de señalar diferencias en el formato y que no podía conocerse el contenido de los mensajes ni determinarse si llevaban documentos adjuntos. El TSJ vuelve a rechazar la revisión al entender que esas afirmaciones requieren una nueva valoración de la prueba y contienen conclusiones que corresponden al terreno jurídico, no al relato de hechos probados.

La doctrina del Supremo sobre la pérdida de confianza

Al abordar el fondo del despido, el TSJ recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. Cita especialmente una sentencia de 19 de julio de 2010 que recuerda que la buena fe constituye una parte esencial de la relación laboral y exige al trabajador actuar conforme a criterios de lealtad, probidad y confianza. Su vulneración grave y culpable puede justificar la máxima sanción laboral, el despido disciplinario procedente.

Esa jurisprudencia establece además que para apreciar una transgresión de la buena fe no es imprescindible que la empresa haya sufrido un perjuicio económico importante ni que el trabajador haya obtenido un beneficio personal. Tampoco resulta imprescindible una voluntad específica de actuar deslealmente si existe un incumplimiento grave y culpable de los deberes inherentes al puesto. El Supremo señala igualmente que las exigencias de fidelidad y confianza deben observarse con especial rigor por quienes ocupan puestos de confianza o responsabilidad.

La Sala cita asimismo una sentencia del Supremo de octubre de 2023 sobre pérdida de confianza para insistir en que, al valorar determinadas infracciones laborales, la clave no reside exclusivamente en el perjuicio económico causado, sino también en la ruptura de la confianza que sostiene la relación entre empresa y trabajador. No obstante, la propia jurisprudencia obliga a analizar cada caso individualmente y aplicar criterios de proporcionalidad, dado que el despido constituye la sanción laboral más grave.

El TSJ aprecia una “quiebra de la confianza”

Aplicando esa doctrina al caso de Villadangos del Páramo, el tribunal considera que la conducta acreditada representa una quiebra de la confianza depositada por Mercadona en el trabajador. La Sala pone especialmente el acento en el “número elevadísimo” de accesos a páginas no autorizadas durante el tiempo de trabajo y mediante el ordenador de la empresa. A ello añade la utilización del correo corporativo para fines personales.

El convenio colectivo de Mercadona establece que los recursos informáticos, el correo electrónico y el acceso y navegación por internet son propiedad de la empresa y se facilitan para su utilización exclusivamente laboral. Su uso particular queda expresamente prohibido. Para los magistrados, las actuaciones acreditadas encajan en las faltas muy graves previstas en ese régimen disciplinario y suponen además una vulneración del deber de probidad propio de la relación laboral.

Además de cuestionar las pruebas sobre el uso personal de las herramientas informáticas de la empresa el trabajador también recurrió alegando que su despido se debió a denuncias previas que interpuso ante la Inspección de Trabajo por la falta de fichaje de los coordinadores y una demanda por acoso laboral puesta cuatro días antes de su despido que, según recoge la sentencia, fue posteriormente desestimada en todas las instancias. El TSJ rechazó su tesis porque todos los hechos justificativos del despido son anteriores a ambas denuncias por lo que “no hay indicio alguno” de que las denuncias formuladas por el trabajador fueran el detonante de su despido. La sentencia es firme aunque cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal de Cuentas pone deberes a las administraciones leonesas. Su último informe de fiscalización del sector público local, referido al año 2024, señala varios incumplimientos de las instituciones leonesas como incumplimientos en el Ayuntamiento de León, subida del endeudamiento y una baja ejecución presupuestaria en la Diputación y problemas de liquidez en una decena de municipios de la provincia. Todo ello en un territorio que presenta una singularidad administrativa difícil de encontrar en el resto de España: León tiene 1.227 entidades locales menores, prácticamente una de cada tres de las existentes en todo el país.

Uno de los datos más llamativos corresponde a la Diputación de León. La institución provincial incrementó su endeudamiento financiero en 15 millones de euros durante 2024, según los datos del Tribunal de Cuentas. Lo hizo, además, a contracorriente de la tendencia general y pese a tener una situación financiera muy consolidada ya que la deuda de las diputaciones provinciales españolas se redujo de media un 22% respecto a 2023.

El aumento del endeudamiento coincide con otro dato poco favorable que reprocha el Tribunal de Cuentas. La Diputación leonesa aparece entre las instituciones provinciales que ejecutaron menos del 60% de su presupuesto definitivo de gastos durante ese mismo ejercicio. Comparte este grupo con las diputaciones de A Coruña, Lleida, Pontevedra, Salamanca, Soria, Tarragona y Toledo.

El Ayuntamiento de León, sin cuentas consolidadas desde 2022

Los reproches del órgano fiscalizador alcanzan también al Ayuntamiento de León. El Consistorio de la capital figura entre los municipios españoles de más de 50.000 habitantes que han incumplido de manera continuada desde 2022 la obligación de formular y rendir sus cuentas consolidadas, una situación que se mantiene en los ejercicios analizados hasta 2024.

Estas cuentas son las que permiten ofrecer una imagen conjunta de la situación económica del Ayuntamiento y de las entidades que dependen de él. Su ausencia dificulta, según el Tribunal de Cuentas, conocer de manera agregada la situación financiera, presupuestaria y de endeudamiento de todo el sector público municipal.

A ello se suma otro incumplimiento. A fecha de 31 de mayo de 2026, el Ayuntamiento de León tampoco había remitido la relación anual de convenios correspondiente a 2024, tal y como obliga la Ley.

El Tribunal de Cuentas advierte con carácter general la falta de repercusión en caso de incumplimiento de las obligaciones en el sector público local y de la consiguiente falta de incentivos para corregir esas situaciones. Aunque la legislación permite retener determinadas entregas procedentes de la participación en los tributos del Estado a las entidades que no rindan sus cuentas, el propio informe señala que Hacienda no ha aplicado hasta ahora esta posibilidad.

El organismo fiscalizador reclama por ello endurecer el sistema. Entre sus recomendaciones plantea que estar al corriente de las obligaciones de rendición sea condición necesaria para acceder a subvenciones públicas y que la retención de fondos estatales deje de ser potestativa para convertirse en obligatoria.

Diez ayuntamientos leoneses, con finanzas en negativo

Diez ayuntamientos de la provincia de León terminaron 2024 con un remanente de tesorería para gastos generales negativo, un indicador que refleja la existencia de desequilibrios entre los recursos disponibles y las obligaciones pendientes. Este es un indicador de la solvencia de la institución, que se traduce en que no es capaz de afrontar sus deudas al finalizar el ejercicio porque ha habido muchos más gastos que ingresos.

La situación más destacada es la de Fabero, con un saldo negativo de 738.500 euros. A bastante distancia aparecen Palacios del Sil, con -244.928 euros; Bustillo del Páramo, con -220.385; y Quintana y Congosto, con -130.156 euros. La lista continúa con La Pola de Gordón (-87.262 euros), Truchas (-45.831), Prioro (-35.049), Vega de Valcarce (-21.343), Sobrado (-18.300) y Castrillo de Cabrera (-14.095 euros).

A estos diez ayuntamientos se añaden tres entidades locales menores que también cerraron el ejercicio 2024 en negativo: Polvoredo (-23.645 euros), Santa Olaja de la Varga (-4.348) y una entidad local menor de Vega de Valcarce (-733 euros).

León concentra un tercio de las juntas vecinales de España

Precisamente las entidades locales menores constituyen una de las principales particularidades que refleja el informe al analizar León. La provincia cuenta con 1.227 Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), el nombre formal de las juntas vecinales. Las leonesas representan más de la mitad de las 2.209 existentes en Castilla y León y alrededor de un tercio de las 3.682 contabilizadas en toda España.

Estas entidades cuentan además con un sistema financiero mucho más limitado que los ayuntamientos. No disponen de impuestos propios ni participan directamente en los tributos del Estado, por lo que dependen fundamentalmente de sus recursos propios permitidos, de su relación financiera con los municipios a los que pertenecen y de las aportaciones de otras administraciones.

A 31 de diciembre de 2025, el 72% de las EATIM de Castilla y León había rendido ya sus cuentas correspondientes al ejercicio 2024, mientras que el 28% continuaba pendiente de hacerlo dos meses y medio después de haber vencido el plazo legal. Pese al volumen de entidades incumplidoras, el dato supone una mejora respecto a ejercicios anteriores: al finalizar 2022 únicamente había presentado sus cuentas el 53% y, un año después, el porcentaje se elevó al 63%.

La Junta de Castilla y León busca un nuevo jefe del Servicio de Incendios Forestales, el máximo puesto técnico al frente del operativo de extinción. La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha publicado este lunes 17 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la convocatoria para cubrir mediante libre designación entre funcionarios este puesto, integrado en la recién creada Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

La convocatoria llega dos meses después de la remodelación de la estructura responsable de los incendios forestales acometida por el nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox. El pasado junio, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco creó una Dirección General específica de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y situó al frente a Ángel Sánchez, que hasta entonces ocupaba ese mismo puesto de jefe del Servicio de Incendios Forestales, el máximo puesto técnico en el que dirigió la fallida campaña del 2025.

Ahora, dos meses después de ascender a Sánchez a cargo político como director general se busca sustituto para su puesto técnico, después de que este 2026 ya se haya registrado el mayor incendio de la historia de España en la provincia de Ávila, que ha arrasado más de 50.000 hectáreas desde su origen en el municipio de Burgohondo.

Sánchez protagonizó una polémica poco antes de asumir el cargo al cuestionar la máxima de que los incendios “se apagan en invierno” durante una jornada celebrada en el Centro de Defensa del Fuego de León, calificando esta idea como “uno de los mantras muy utilizados” y argumentó que actuar preventivamente sobre los 5,1 millones de hectáreas forestales de Castilla y León tendría un coste difícilmente asumible. “Habría que ver de dónde sacamos ese dinero para poderlo hacer”, aseguró entonces.

Libre designación y abierta todos los funcionarios

El puesto que ahora sale a convocatoria es concretamente el de jefe de Servicio de Incendios Forestales, adscrito a Valladolid a la nueva dirección general. Está reservado al grupo A1, nivel 28 y complemento específico 16, y pueden optar funcionarios procedentes de todas las administraciones públicas, según detalla el anexo publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Los interesados disponen de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria para presentar su solicitud. Deberán acompañarla de un currículum en el que consten sus titulaciones académicas, los puestos desempeñados anteriormente en las administraciones públicas y otros méritos. La Consejería advierte además de que el puesto puede quedar desierto.

La persona finalmente elegida quedará encuadrada dentro de la nueva estructura encabezada por Ángel Sánchez, creada por la Junta al comienzo de la nueva legislatura para apaciguar las críticas acumuladas por la gestión de los incendios tras la devastadora campaña de 2025. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, optó por retirar a los máximos responsables políticos como eran el entonces consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, sustituido por María González Corral, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, sustituido por Sánchez tras haber dirigido durante casi dos décadas el operativo de extinción de incendios.

Los grandes incendios forestales se han adelantado este año, registrando hasta julio ya 38 siniestros de más de 500 hectáreas, incluyendo el más grande que España haya sufrido hasta la fecha, en Ávila. El año pasado fue durante el mes de agosto cuando el fuego arrasó el país, cebándose especialmente con las provincias de León, Cáceres, Ourense y Zamora. Uno de los peores incendios calcinó además un Patrimonio de la Humanidad con más de 2.000 años de antigüedad: Las Médulas, en la comarca de El Bierzo. Un año después, toca volver a pisar territorio quemado.

“¡Bienvenido al patrimonio del abandono! Entre todos hemos matado a la gallina de los huevos de oro; y ahora estamos intentando ponerle plumas artificiales”. Serafina Gómez, conocida como Fina en Las Médulas, se presenta con estas palabras casi un año después del incendio forestal que entró de lleno en el antiguo yacimiento de oro romano hasta llevarse por delante el Aula Arqueológica, un restaurante y cinco casas en el pueblo que lleva el nombre del paraje ubicado en El Bierzo, al oeste de la provincia de León. Las consecuencias del fuego van más allá de lo material hasta haber sembrado en la zona una especie de psicosis. “Huele a humo” se ha convertido en una expresión recurrente entre vecinos todavía conmocionados por las llamas que se originaron en Yeres (Puente de Domingo Flórez) y bajaron por el corazón de la vieja mina hasta amenazar con extenderse por todo el municipio de Carucedo. Sin ir más lejos, las alarmas se dispararon hace apenas unos días cuando un helicóptero aterrizó en un prado cercano, aunque esta vez fuera para evacuar a una mujer afectada por un ictus. El miedo no ha acabado de marcharse 12 meses después de aquel fatídico fin de semana de agosto de 2025.

Nacida en Las Médulas, Fina trabajó en canteras de pizarra, uno de los puntales económicos en la zona fronteriza entre la comarca berciana y la gallega de Valdeorras. El tesoro, sin embargo, estaba en su pueblo, donde heredó una propiedad familiar y la acondicionó años antes de que el paraje fuera declarado en 1997 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El impacto fue tal que su marido, Pedro Diéguez, tuvo que acabar dejando el trabajo en el sector pizarrero para incorporarse al Ágoga, el complejo turístico con servicio de comidas y alojamiento que tomó el nombre de aquellos canales de lavado romanos. Fue el segundo negocio de estas características en implantarse en la localidad para ser testigo y protagonista de otra explotación: ahora de la parcela turística de aquellas minas de oro que el Imperio romano aprovechó hace 2.000 años.

Las Médulas atraen alrededor de 250.000 visitantes al año (más de la mitad de la población de la provincia de León) hasta que el contador bajó literalmente a cero tras el incendio forestal que el sábado 9 de agosto se originó en Yeres y el domingo 10 atravesó los emblemáticos picachos rojizos y castaños centenarios para arrasar construcciones en Las Médulas e incluso saltar a la carretera y llegar a la localidad de Carucedo. Fue Fina la que llamó al alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, a primera hora de la tarde del domingo para darle cuenta de la situación. Y es que el avance de las llamas obligaba a desalojar el pueblo de Las Médulas, donde sólo el Ágoga había servido aquel mediodía 80 comidas y tenía cubierto alrededor de la mitad de su capacidad de hospedaje para 30 personas.

“Yo nunca creí que ocurriese lo que pasó”, admite el alcalde, veterinario de profesión y residente en la primera casa a la derecha al entrar al casco urbano de Carucedo desde la carretera que la conecta con Las Médulas. “Me ardió todo alrededor de la casa”, describe al relatar aquella tarde ocupada, entre otras cosas, en desplazar coches a lugares teóricamente seguros y a salvo de las llamas. Hay sonidos que no se olvidan: los de los gritos de los vecinos. Hay imágenes que también le han quedado grabadas: la de los miembros del operativo antiincendios situándose frente al fuego hasta hacer un paralelismo cinematográfico con la célebre secuencia de la película Braveheart. “Y de repente”, relata sin ocultar que las secuelas emocionales todavía están presentes, “dicen que había que marchar de allí. Lo que ocurrió fue que explotaron las líneas de alta tensión. Yo marché al gallinero de casa y le abrí a las gallinas pensando que se podían ahogar con el humo”.

Carucedo se sumó entonces a una lista que llegaría a contar hasta siete localidades evacuadas. Para entonces, en la primera, en Las Médulas, ya estaban ardiendo a su entrada desde la carretera el Aula Arqueológica y el Restaurante O Camiño Real. “Nosotros tuvimos que salir por patas. No nos dio tiempo a coger nada”, cuenta su propietario, Javier Vega, sobre un espacio que también acogía la casa familiar. “Nos tocó la lotería, pero de la mala”, señala por teléfono un año después, ahora reinstalado en una vivienda en la vecina Borrenes y trasladado el negocio hostelero a Carucedo (con el mismo nombre) tras haber recibido una indemnización asegura que menor a la prometida en su día. La reconstrucción del Aula Arqueológica sí está ya bastante avanzada. Las ayudas, cuentan en la zona, sí llegaron con agilidad para compensar los desalojos o pérdidas en espacios particulares como colmenares o gallineros.

Un día después del incendio, tocó “bajón” emocional y “gestión de la catástrofe. ”Yo recibí muchísimas llamadas. Me llamó hasta el ministro (de Cultura, Ernest Urtasun)“, repasa el alcalde. Un año después quizá todavía resulta pronto para hacer balance del daño económico vinculado al turismo. El exterior desapareció de un plumazo (Pedro Diéguez, que también es concejal en Carucedo, sí cita la llegada de visitantes procedentes de la comarca para comer y ayudar a la recuperación) durante meses hasta la pasada Semana Santa, que quedó reducida a la mitad de un año normal. ”Y pensábamos que iba a ser peor“, reconoce Diéguez para quien el verano todavía no es un termómetro fiable dado que, tradicionalmente, el mejor trimestre es el de septiembre-octubre-noviembre, ya en medio de un otoño particularmente bello en el paraje y en su entorno. Sin atreverse a hacer pronósticos, refiere señales que no invitan al optimismo: a estas alturas del verano todavía no hay las ya en otros años recurrentes reservas para Navidad. Reubicado en Carucedo, O Camiño Real se beneficia de ser lugar de paso de la carretera para atraer también a otro tipo de clientela. ¿El turismo se va recuperar en la zona? ”Yo creo que va tardar mucho tiempo“, responde Javier Vega.

No hay por qué quedarse en el Mirador de Orellán y en la Cuevona. Orellán no es el único mirador existente. Hay otros como el de Pedrices que ofrecen una vista maravillosa. Y se podría estar hasta tres días aprovechando itinerarios más específicos

Javier Sánchez-Palencia — Arqueólogo experto en Las Médulas

El luto por Las Médulas va mucho más allá del propio paraje. “A mí me llamaba en aquellos días gente como dándome el pésame”, señala el arqueólogo Javier Sánchez-Palencia, considerado como el mayor experto en el yacimiento tras repetir, casi palabra por palabra, lo dicho públicamente en entrevistas publicadas entonces: “Tuve una sensación de vergüenza por el hecho de que hubiera pasado esto en el siglo XXI en un lugar que es Patrimonio Mundial”. Y es que, insiste también, uno de los primeros mandamientos de la declaración de la Unesco de 1997 consistía en dotar al paraje de “suficientes medios técnicos y humanos para su gestión”.

Plan posdesastre Las Médulas

El incendio de Las Médulas calcinó más de dos terceras partes del espacio protegido que comprende el conjunto Patrimonio de la Humanidad, dañando más de 2.000 hectáreas del Bien de Interés Cultural. Una superficie quemada que representa aproximadamente el 70% del territorio protegido y de su biomasa, según el informe oficial enviado a la Unesco para evaluar cómo quedó todo tras el incendio.

Los famosos sotos de castaños que configuran el espacio se vieron afectados de forma diferente pero un 40% de ellos se consideran de nula o poco probable recuperación a medio plazo. Pero sobre todo preocupaba la posible llegada de plagas, para lo que se ha hecho un plan de actuación de hasta 24 meses para evitar la pérdida de árboles por enfermedades como el hongo de la tinta.

Tras el grave incendio la Junta de Castilla y León montó un Plan de Recuperación Post-Desastre (PRPD), una “hoja de ruta” de emergencia que se diseñó rápidamente para salvar, proteger y reconstruir el Sitio Patrimonio Mundial de Las Médulas. Para su desarrollo se integró al CSIC y la Universidad de León en su diseño.

En él plan post-desastre se incluían actuaciones para recuperar infraestructuras turísticas quemadas, como el Mirador de Orellán, y otras sobre los terrenos afectados. Dotado con 6 millones de euros, de ellos se han destinado 3,2 millones a la reconstrucción del Aula Arqueológica de Las Médulas (actualmente en obras) y a la del mirador y galería de Orellán, finalizada en noviembre del 2025. Además se contemplaban 2,5 millones para la restauración de los daños ambientales ocasionados por el incendio forestal, aunque no se han retirado ejemplares de arbolado calcinado hasta la fecha. El resto de los fondos se han destinado a recuperar infraestructuras básicas dañadas de los municipios afectados por el fuego.

Una oportunidad

Puestos a poner al mal tiempo buena cara, Sánchez-Palencia sugiere aprovechar el incendio como una oportunidad ahora que este especialista que ha estudiado al detalle el paraje ha encontrado, en un recorrido exhaustivo junto a Pedro Diéguez posterior al fuego, nuevos elementos de observación y estudio. “Han quedado al descubierto zonas hasta ahora ocultas como algunos canales y depósitos que yo ya sabía que estaban pero que hasta ahora no había logrado ver”. El análisis arroja otras conclusiones técnicas como la de identificar las zonas que más se salvaron del efecto de las llamas las que en su día se explotaron por el sistema de ruina montium (un tercio frente a la mayor parte explotada por surcos convergentes), aprovechando la presión del agua para explotar el oro y acabar dejando las características formas del paisaje, señala para citar entornos como las barrancas ubicadas por encima de Carucedo, las Valiñas o el Mirador de Orellán.

Más allá de lo técnico, el arqueólogo también considera necesario un cambio de mentalidad hasta proponer alternativas de visita, un nuevo paradigma que podría comenzar por lo más visible: “No habría que reconstruir los carteles, sino pensar en dar otro enfoque a la cartelería”. Sánchez-Palencia sugiere el aprovechamiento de espacios menos masificados, también como medida de protección: “No hay por qué quedarse en el Mirador de Orellán y en la Cuevona. Orellán no es el único mirador existente. Hay otros como el de Pedrices que ofrecen una vista maravillosa. Y eso contribuiría tanto a dispersar las visitas como a que no se produzcan las erosiones puramente antrópicas que se están produciendo”. Lo ideal, ante un escenario complejo para el sector turístico vinculado al paraje, sería finalmente lograr extender las visitas, hasta ahora mayoritariamente de un día o medio día. “Y se podría estar hasta tres días aprovechando itinerarios más específicos”.

Nadie nos enseñó a vivir en un Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que lo primero tenía que haber sido habernos enseñado a vivir aquí. ¡Ojo! También tenemos que querer aprender. Y es que la ignorancia por conveniencia también existe en el medio rural

Serafina Gómez 'Fina' — Hostelera de Las Médulas

“No se puede vender este paisaje en dos horas”, dice, sentada en la terraza del Ágoga, Fina tras la marcha de un turista al que el navegador del coche le había conducido hasta el Mirador de Orellán atravesando el pueblo de Las Médulas en lugar de aprovechar el desvío previo en la carretera. “El Imperio romano nos dejó esto. Y nosotros lo hemos expoliado. Algunos lo han expoliado más que nosotros; y nosotros nos hemos dedicado de alguna forma a intentar luchar”, expone esta hostelera que, sin ahorrar la autocrítica, exige “infraestructuras dignas”, las que “el visitante espera a las puertas de un Patrimonio de la Humanidad” y las que permitan la “sostenibilidad” del entorno. “Igual también se ha invertido de mala manera”, reconoce Fina antes de contrapesar otra circunstancia: “Nadie nos enseñó a vivir en un Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que lo primero tenía que haber sido habernos enseñado a vivir aquí. ¡Ojo! También tenemos que querer aprender. Y es que la ignorancia por conveniencia también existe en el medio rural”.

El futuro de Las Médulas también se enfrenta a otros interrogantes como el del relevo generacional en los negocios hosteleros, advierte Pedro Diéguez, sin olvidar el impacto del incendio en los castaños al hacerse eco de estudios que cifran entre el 50 y el 60% los ejemplares recuperables en una zona en la que la venta de castañas generaba buenos dividendos antes de la campaña de Navidad. Y es que no hay que olvidar el contexto. “Médulas era un pueblo pobre. Médulas no tenía ganadería. Todo lo que ahora son prados antes eran tierras de centeno. Pero su gente ha sido muy trabajadora. Cuando empezaron las minas, marcharon a trabajar a las minas. Y alguno incluso murió en la mina”, señala el alcalde de Carucedo para exponer cómo un pueblo teóricamente condenado a la sangría demográfica es hoy el único del municipio que mantiene su población relativamente estable. Fernández, que aboga por “un cambio de gestión del territorio e invertir en los pueblos porque al fin y al cabo son los que liberan a la a la sociedad urbana de los conflictos mentales y de todo tipo”, reconoce lastres de la administración como sus ritmos (“es superlenta”) para dar respuesta a las necesidades de un paraje que se convirtió en motor turístico.

“Somos muy luchadores. Ellas merecen la pena”, sentencia Fina al hacer balance de un año negro por el incendio en Las Médulas en un lunes de mediados de julio en el que los turistas todavía aparecen con cuentagotas por el pueblo. Vanesa Pampín y Roberto Lado llegaron en moto ese mismo día procedentes de Finisterre. Es su primera vez en la antigua mina de oro romano. “Pensamos que habría un poquito más de gente. No se ve tan quemado. No es desagradable a la vista”, insisten para sostener que la visita resulta ya recomendable. Lo hacen antes de posar en un aparcamiento que ofrece dos fotografías con los picachos de fondo: la de un cartel que reza Ante el abandono, ¡resistencia! y la de esta pareja que parece decir con su sonrisa que el futuro, incluso entre las cenizas, siempre se abre camino.

Cambios políticos tras los incendios

Un año después del grave incendio la situación política de los responsables de la extinción de incendios ha cambiado. Los entonces responsables como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, resistieron en sus puestos pese las peticiones de dimisión hasta las elecciones autonómicas de marzo de este año. Quiñones fue laminado de las listas electorales de las elecciones de marzo de este 2026 por la provincia pero se mantiene en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, junto a Vox, con una superconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. El PP ganó en esas elecciones en la mayoría de los municipios arrasados por el fuego en el verano del 2025.

Para sustituir al controvertido Quiñones, Mañueco optó por el nombre de María González Corral, que pasaba así a ocupar su tercera consejería en cuatro años tras haberse hecho cargo ya de Movilidad y Agricultura, con esta última ahora en manos de Vox sumando competencias en política ambiental.

El nuevo gobierno de PP y Vox salido de las elecciones autonómicas adoptó como primera medida crear una dirección general General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que recayó en el que era número dos de Arranz y jefe técnico de los incendios en el fatídico 2025, Ángel Sánchez. Un nombramiento que los sindicatos creen una continuidad por su postura ante la prevención de incendios, “a ver de dónde sacamos dinero para eso”.

Donde sí se ha producido un cambio ha sido en la consejería que se encarga de la gestión directa de Las Médulas, Cultura, que ha pasado a manos de Vox con José Alberto Díaz Pico sustituyendo a Gonzalo Santonja y con la advertencia de que dará la batalla con el enfoque de la extrema derecha sobre las cuestiones culturales

Situación del operativo, “a peor”

Después de los graves incendios el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prometió las mejoras del operativo que los bomberos y los sindicatos llevaban años reclamando, entre ellas que fuera público y permanente todo el año. Para ello aprobó dos decretos, sin negociar, al tiempo que defendió que el operativo del año pasado era suficiente pero que hubo una situación “excepcional” y por eso se calcinaron 150.000 hectáreas en el verano. Prometió más dinero en medios y personal para atajar futuras situaciones similares, tal y como prevén los expertos que puedan suceder.

Pero los bomberos forestales de Castilla y León sostienen que la situación del operativo no solo no ha mejorado este 2026, sino que ha empeorado. Pese al anuncio de un operativo público el gobierno de Castilla y León siguió contratando con empresas privadas parte de los medios, con otra parte siendo trasladado a Tragsa.

Sara Mateos, agente medioambiental y delegada sindical de CSIF, incide en que única medida aplicada de forma real ha sido convertir en personal fijo durante todo el año a parte de los trabajadores públicos, hasta ahora fijos discontinuos. Mientras tanto, denuncia que el personal de las empresas privadas continúa siendo contratado únicamente durante cuatro meses y en las mismas condiciones precarias de años anteriores, con sueldos de 1.200 euros por enfrentarse al fuego en jornadas de hasta 14 horas. Las condiciones laborales de los distintos miembros del operativo son muy variables dependiendo de si estás en una empresa privada, Tragsa o la propia Junta.

Al inicio de la temporada el sindicato CCOO denunció que el operativo autonómico de lucha contra incendios seguía inmerso en un “caos absoluto”. El sindicato denunciaba la falta de planificación, ausencia de calendarios de guardias, incumplimiento de la normativa laboral e insuficiencia de medios humanos y materiales para afrontar una campaña que ya se preveía especialmente complicada por la acumulación de combustible vegetal y las altas temperaturas. UGT también denunció que el operativo funcionaba pese a las carencias de medios que existiendo y que la nueva campaña está marcada por una elevada exigencia física y emocional, con turnos de hasta 14 horas, apenas 10 horas de descanso entre servicios y varios días consecutivos de intervención.

La previsión de los sindicatos se está cumpliendo con unos meses de junio y julio con muchas más hectáreas arrasadas y haber tenido ya el que es el peor incendio de la historia de España, en Ávila, y nuevas oleadas de fuego en León y Zamora que dejan los territorios calcinados.

Un ejemplo de lo sucedido es que la provincia de León comenzó la temporada alta de incendios en junio con solo dos helicópteros de los cinco previstos y finaliza julio todavía con el de la base de Sahechores sin estar disponible. Además se preveía el estreno de una base aérea en Oterico, tras una inversión de dos millones de euros, que no se puede usar porque no se han logrado las autorizaciones para el aterrizaje y despegue de los helicópteros.

Cabe recordar que cuando se produjeron los incendios Las Médulas no tenían un plan de prevención activo, ya que ninguno de los tres ayuntamientos que componen el espacio -Carucedo, Borrenes y Puente de Domingo Flórez- lo tenían. Carucedo activó el diseño del mismo un mes después de los incendios. La Junta de Castilla y León, por su parte, había considerado en su último informe de gestión del sitio enviado a la Unesco que el cambio climático no suponía ningún peligro para Las Médulas, pese a que todos los expertos lo señalan como agravante de los incendios forestales.

Finalmente, la Junta de Castilla y León anunció que tras el plan posdesastre llegará como continuidad un Plan Integral de Gestión que será el marco rector definitivo y permanente que diseñará la visión, las políticas, los objetivos y los procedimientos para la conservación, el uso público, el desarrollo territorial y la gobernanza de Las Médulas para las próximas décadas. El anterior gobierno del PP se apoyó en los científicos para su diseño, pero con la llegada del nuevo consejero de Cultura, de Vox, todo se envuelve en la incógnita.

La Junta de Castilla y León declaró alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales desde el pasado 19 de julio hsta el 22 de julio. Y ese día lo amplío más, hasta el 23 en toda la comunidad y hasta el viernes 24 en varias provincias afectadas por la ola de calor, aunque ya no en León.

Y el día 22 de julio comenzaron en la provincia de León dos de los peores incendios registrdos en lo que llevamos de verano, el de Castropodame en El Bierzo y el de Murias de Ponjos en Omaña, que han requerido en ambos casos declaraciones de nivel 2 de emergencias y el desalojo de la varias localidades para evitar daños y garantizar su extinción.

Los dos incendios, que engrosan el listado de entre los peores del año en León según los datos provisionales de Copernicus, y tienen en común también que la Junta de Castilla y León apunta a un origen 'accidental' en su inicio. En ambos casos por la presencia de trabajos en el monte pese al aviso del gobierno autonómico y la prohibición expresa de trabajos, lo que motiva que se deba investigar una posible negligencia.

El decreto de riesgo riesgo meteorológico de incendios forestales de la Junta incluye de forma expresa la prohibición de “Utilizar maquinaria en el monte y en la franja de 400 metros que lo circunda cuyo funcionamiento genere fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, salvo en actuaciones de emergencia o de interés general debidamente comunicadas y autorizadas conforme a la normativa vigente”.

El incendio de Castropodame se inició a las 17:41 minutos del 22 de julio, con la prohibición en vigor, en las inmediaciones de una torreta de una línea de alta tensión, tal y como se ve en imagen adjunta, que servirá para nuevas conexiones eléctricas relacionadas con el proyecto de la central hidroeléctrica reversible de Navaleo. Según ha podido conocer ILEÓN la Guardia Civil investiga las causas del fuego por si hubiera una posible negligencia detrás del inicio del incendio forestal.

El fuego que ha arrasado parte de la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna, conocido como Murias de Ponjos, su origen también está calificado como 'accidental' y también por trabajos en el monte pese a la declaración de alto riesgo. Este incendio comenzó el mismo dí 22 a las 19:45 horas. El fuego quemó totalmente una furgoneta de apoyo a los trabajos de maquinaria en el monte, que fue retirado el pasado sábado por la mañana (y es la que ilustra esta información).

La mayor parte de los grandes incendios registrados durante las últimas semanas en España no se han originado de forma natural, sino por negligencias o accidentes provocados por la actividad humana. Aunque las altas temperaturas, el viento y la baja humedad crean un escenario propicio para que cualquier chispa se convierta en un gran incendio, los expertos recuerdan que el factor desencadenante sigue siendo, en muchos casos, un comportamiento evitable.

Entre las causas más habituales figuran trabajos con maquinaria agrícola o forestal, como ha pasado con el gran incendio de Ávila que ha arrasado la sierra de Gredos con un detenido y un investigado, vehículos que generan chispas, quemas mal controladas, colillas, barbacoas o actividades realizadas sin las debidas precauciones durante episodios de riesgo extremo. Estas imprudencias encuentran ahora una vegetación muy seca y unas condiciones meteorológicas extremas que favorecen una propagación explosiva de las llamas.

Los especialistas advierten de que el cambio climático no provoca directamente los incendios, pero sí multiplica su peligrosidad. El aumento de las olas de calor y la prolongación de los periodos secos hacen que los fuegos iniciados por negligencias sean cada vez más difíciles de controlar y alcancen dimensiones mucho mayores, por lo que insisten en extremar las precauciones y evitar cualquier actividad susceptible de generar una chispa durante los episodios de riesgo máximo.

Aunque la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano, solo una pequeña parte de los que se provocan de forma intencionada termina con una condena judicial. El 70% de los incendios investigados en España se atribuyen a negligencias, según la memoria anual de la Fiscalía. Negligencias incluye quemas, mantenimiento de líneas de ferrocarril y eléctricas o uso de maquinaria. Como intencionados se incluyen prácticas tradicionales inadecuadas, producir daños a terceros, caza y piromanía.

Entre 2006 y 2015, de unos 69.000 incendios considerados intencionados en España solo se logró identificar a alrededor de 1.300 responsables.

Este próximo sábado 25 de julio el economista jefe del Ayuntamiento de León, Carlos Hurtado, tendrá su último día de trabajo como funcionario del Ayuntamiento de León al llegar la jubilación forzosa por haber cumplido los 70 años y no poder seguir reenganchando actividad en el sector público. Será la jubilación del funcionario más influyente en el Consistorio de las últimas décadas, coinciden en señalar todas las fuentes consultadas por ILEÓN.

“Él seguiría si pudiera, pero todo llega a su fin”, remacha un funcionario también con décadas de trabajo que reconoce su influencia y su gran capacidad de trabajo, pese a estar envuelta en notables polémicas a lo largo de este casi medio siglo vinculado al consistorio leonés. Él ha asegurado en sus despedidas de esta semana que incluso este sábado seguirá trabajando en sus funciones. La luz encendida por las tardes y algún fin de semana en su despacho de la segunda planta del edificio de Ordoño II eran una inequívoca señal que Carlos Hurtado estaba trabajando.

Carlos Florencio Santiago Hurtado Martínez pertenece a una de las sagas familiares burguesas con más solera de León, los Hurtado conocidos por su labor médica y en la antigua Caja León, y ha ejercido distintos puestos económicos en el Ayuntamiento de León, jubilándose como “Jefe del subárea de recursos económicos y coordinador del área de recursos económicos en funciones”. Además desempeña distintos cargos en empresas y consorcios municipales como Serfunle, Ildefe o Mercaleón. “Se va con amigos y enemigos en todos lados, veremos si su influencia sigue luego”, valora un concejal actual que prefiere no ser identificado.

Como alto funcionario Hurtado ha participado en la elaboración de numerosos pliegos económicos, tribunales y comisiones en la que ha dejado su sello, polémico en muchas ocasiones como en el caso de la funeraria pública Serfunle, con un coste de millones de euros para el erario público. Su fama de hacer informes con la creatividad necesaria para defender su legalidad es indudable. Y como muestra reciente fue el informe que firmó, recordemos que como economista jefe, para facilitar que el Ayuntamiento de León otorgara la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen del Mercado con la argucia de dársela a la parroquia del mismo nombre. Como no es posible otorgar la medalla a una figura imaginaria buscó la argucia de dárselo a la figura jurídica de la parroquia. Y todos los partidos del actual consistorio -PSOE, PP, UPL y Vox- dieron su visto bueno como tantas veces a sus controvertidos informes.

Denuncia a cargos del PSOE

Considerado cercano al PP, uno de sus hermanos falleció como procurador leonés por el partido en los años 80, eso no ha sido óbice para que se casara con ninguna ideología. En su momento Hurtado rondó Ciudadanos y en su entorno familiar se registró incluso en plena crisis del bipartidismo un nuevo partido político llamado 'X León', sin actividad real conocida y y disuelto. Con amigos y enemigos en todas partes su mayor enfrentamiento público ha sido bajo el gobierno socialista de la ciudad con el exalcalde Francisco Fernández, al que denunció por presunta discriminación laboral

Hurtado denunció en el juzgado en 2011 a Francisco Fernández y los exconcejales Ibán García del Blanco y Miguel Ángel Fernández Cardo, responsables de Personal y Hacienda por haberle retirado funciones en el año 2007. El asunto estuvo varios años rondando los tribunales hasta ser finalmente desestimado en el año 2016.

En esa época se produjo, además, uno de los eventos sin duda más llamativos en su trayectoria cuando fundó una asociación vecinal llamada 'Asociación de Vecinos y Comerciantes Guzmán El Bueno de León' que recurrió las primeras licencias concedidas al proyecto de tranvía de la ciudad. Lograron su paralización temporal por un recurso judicial, que a la postre supuso el fin del proyecto por las trabas y los recortes posteriores. Todo ese proceso lo hizo estando formalmente de baja como funcionario, recuerdan excargos socialistas, pero ejerciendo sus derechos como ciudadano.

El polémico contrato de Serfunle

El nombre de Carlos Hurtado ha estado singularmente vinculado a la gestión de la mancomunidad de servicios funerarios conformada por los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre llamada Serfunle. Durante su existencia Hurtado ha ejercido de secretario de la opaca entidad pública y de su filial empresarial, lo que le llevó también a ocupar durante varios años cargos en las patronales funerarias públicas y privadas.

Pero la principal polémica es el contrato que privatizó Serfunle en el año 2003. Los ayuntamientos decidieron pasar la gestión a una empresa privada y realizaron un concurso que eligió al Grupo Mémora como socio mayoritario en la empresa Serfunle SA, participada por la mancomunidad pública y el gigante de los tanatorios. En el año 2018 un juzgado declaraba ilegal aquella privatización acusando de “dar apariencia de legalidad a una oferta cuya ilegalidad era grosera”. El caso fue que Mémora ganó el concurso de privatización e incluyó en el contrato un canon de gestión que no figuraba en los pliegos y que le supuso ingresos millonarios durante 13 años de forma ilegal. Solo hasta el 2016 Mémora cobró 8.419.530,11 euros que no debía. La ilegalidad del asunto fue ratificada posteriormente por todos los tribunales hasta el Supremo. El informe técnico que propuso como mejor oferta la de Mémora fue firmado por el gerente de la época y Carlos Hurtado, que también habían elaborado los pliegos. Al final el coste para las arcas públicas de aquel contrato se ha elevado por encima de los 10 millones de euros. IU llegó a llevar a la Fiscalía el asunto pero no vio relevancia penal.

Otra controvertida gestión atribuida a Hurtado fue la polémica por el no cobro del IBI de los colegios concertados que compensa el Estado. Desde 1995 una ley atribuía este gasto al Estado siempre y cuando los ayuntamientos lo reclamaran en tiempo y forma, algo que el consistorio leonés no hizo hasta el 2013. Aquel retraso supuso que se dejaran de ingresar 4,7 millones de euros y los grupos políticos del 2015 solicitaron que se analizara la responsabilidad atribuida al funcionario, sin que se concretara ninguna acción.

La polémica del 10 perfecto en una oposición

Aunque a lo largo de su dilatada trayectoria municipal Hurtado ha sorteado polémicas y denuncias varias, como una sobre un elevado alquiler a su familia de un local por la antigua contrata de limpieza de interiores en el Ayuntamiento de León. Hurtado fue quien realizó el informe técnico de adjudicación en 1998 del contrato de 'Servicio de Limpieza de Edificios Municipales y Centros dependientes del Ayuntamiento de León' a una UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por el entonces grupo Onyx. Al tiempo, según una denuncia presentada en Fiscalía, el padre de Carlos Hurtado firmó un alquiler de un local en la calle Gil y Carrasco con una de las empresas del grupo Onyx, fechado a 1 de enero de 1999 -un mes y medio después del informe de adjudicación de la limpieza de interiores-, elevando el precio del alquiler del mismo. La Fiscalía no vio caso y archivó la denuncia.

En una de las últimas polémicas que le han rodeado, Carlos Hurtado era el presidente del tribunal que anuló las oposiciones para una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de León por haberse producido un 10 perfecto en la prueba de test de 50 preguntas, incluso después de haberse anulado alguna. El propio Hurtado junto al tribunal anuló la prueba ya que “tiene el pleno convencimiento de que se ha podido filtrar el examen a partir de que el mismo fue impreso”, pidiendo incluso que se investigara también si su ordenador o de la secretaria del tribunal, otra funcionaria del ayuntamiento, fueron vulnerados para acceder al examen.

En su larga trayectoria Carlos Hurtado también ejerció influencia a través del singular sindicato Asial -Agrupación Sindical Independiente del Ayuntamiento de León-, un gran elemento de presión dirigido durante años por algunos de los principales altos funcionarios del consistorio leonés, especializados en elevar asuntos a los juzgados en materia de personal y plazas. En su singular trayectoria Hurtado no ha tenido reparos en recurrir decisiones de otros técnicos municipales con los que discrepaba, usando su capacidad de ciudadano de hacerlo y su información relevante como funcionario para ejercerla, como en una modificción de la ordenanza de aguas del 2019.

La última gran medida de Hurtado en el Ayuntamiento de León ha sido plantear esta semana una dotación de plazas, varias de altos funcionarios para puestos relevantes en el organigrama municipal, que de momento se han llevado el rechazo sindical por no estar negociadas. Que salgan adelante o no será parte de su legado. Una huella que nadie duda que ha sido profunda en el funcionamiento durante décadas del Ayuntamiento de León.

La empresa leonesa de telemarketing Plus Contacto, que anunció a finales de junio un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) plantea el despido de 96 trabajadores de su plantilla de 450 personas. Plus Contacto es una de las firmas tradicionales del telemarketing asentadas en León, y con capital leonés, y está especializada en la captación de fondos para entidades del tercer sector como organizaciones sin ánimo de lucro.

Según ha podido conocer ILEÓN tras la configuración de la mesa de negociación del proceso de despidos el pasado 17 de julio la empresa ha puesto sobre la mesa los números de trabajadores afectados. La propuesta inicial contempla la extinción de 96 contratos, repartidos entre 53 trabajadores en León, 33 en Gijón —con el cierre de esa oficina— y 10 en Zamora.

Compañía y sindicatos mantendrán nuevas reuniones en para intentar llegar a un acuerdo sobre la afectación final de ERE. En caso de no llegar a un acuerdo el ERE entraría en vigor a partir del 22 de agosto, según contempla la normativa actual.

Algunos trabajadores de la empresa han denunciado denuncian sentirse “desinformados” y reclaman una mayor transparencia por parte de los representantes sindicales presentes en las negociaciones, a quienes reprochan no haber aclarado aspectos fundamentales del procedimiento tras la primera reunión del periodo de consultas. A su juicio, en el momento actual se mantienen dudas sobre cuestiones como los criterios para seleccionar a las personas afectadas, las causas concretas del ERE o el contenido de la reunión mantenida con la dirección.

Por su parte, en el comunicado remitido a la plantilla tras la reunión del 21 de julio, la dirección de Plus Contacto señaló que afronta el proceso “con voluntad de diálogo y buena fe negociadora” para alcanzar “la mejor solución posible para todas las partes” y garantizar la viabilidad futura de la empresa. También anuncia que seguirá informando de la evolución del procedimiento conforme avancen las negociaciones.

Plus Contacto nació en 2008 y, desde entonces, ha desarrollado buena parte de su actividad para Cruz Roja Española, entidad para la que ha gestionado diferentes servicios de atención telefónica y campañas de captación de socios y fondos.

La empresa opera en un sector, el del contact center o telemarketing, que atraviesa un periodo de importantes cambios debido al endurecimiento de la normativa destinada a proteger a los consumidores frente a las llamadas comerciales no deseadas. Además, está previsto que a partir de octubre entren en vigor nuevas restricciones que volverán a limitar la actividad de este tipo de empresas.

Los vecinos de Librán, en el municipio berciano de Toreno, denuncian que desde hace más de una semana permanece cortado un camino vecinal por un camión que permanece atravesado en la vía e impide completamente el paso. El camión se ubica en el camino que une la localidad berciana con Santa Leocadia.

La principal preocupación de la pedanía es que ese camino constituye la única vía de escape alternativa del pueblo en caso de una emergencia, especialmente ante un posible incendio forestal, una circunstancia que consideran especialmente grave en pleno verano y con elevado riesgo de fuegos en la comarca berciana. Ese camino, perfectamente transitable, es la única alternativa viable a la carreterera que une Librán con la cabecera del municipio.

Vecinos de Librán han comunicado los hechos a la Guardia Civil, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar para comprobar que el camino permanece completamente cortado. Sin embargo, según explican, el problema no puede resolverse de forma inmediata al tratarse de un vehículo cuya retirada depende de la empresa implicada.

El camión está rotulado a nombre de una empresa llamada Transportes Especiales del Bierzo S.A, que se dedica al tranporte de mercancías por carretera, especialmente de carbón desde los puntos de extracción a los lavaderos. Está domiciliada en Madrid en la misma dirección donde figuran varias empresas del magnate minero Victorino Alonso, condenado a varios años de cárcel por sus minas ilegales en Laciana pero que cumple la pena ya en casa.

El transporte, además, ha sido movido en más de una ocasión en el mismo camino, la última para mantener el paso cortado en las inmediaciones de la antigua explotación minera de Alinos de Antracitas de Gaiztarro, una sociedad que compró el grupo de Victorino Alonso en los año 90 y formó parte luego del gigante Unión Minera del Norte (Uminsa).

La explotación de Alinos cerró en el año 2014 pero en su instalaciones albergaba además un lavadero y un almacén de carbón, que fue uno de los activos vendidos en el proceso de quiebra de Uminsa y comprado parcialmente por la empresa Minarsa (Minas y Antracitas del Narcea), denunciada en su momento por el Ayuntamiento de Toreno por llevarse toneladas de carbón sin licencia de funcionamiento del lugar. Minarsa ha vendido posteriormente los edificios y chatarra a otra sociedad, Servicios Globlales y Obras 2000, SL.

En un versión inicial de esta información se vinculaba Minarsa al empresario Jesús Rodríguez Morán ('Chus Mirantes'), responsable de la empresa del accidente mortal minero de Cerredo en Asturias, que costó cinco vidas en el 2025. La compañía ha matizado a este periódico que figuró durante un año como apoderado de la sociedad para una operación puntal de negocio, sin participar en su accionariado.

Victorino Alonso y las empresas que han comprado activos de sus viejas sociedades mineras se han enzarzado en notables polémicas sobre la propiedad de diversos activos, acusándose mutuamente de distintos fraudes. En una comparecencia en Asturias sobre el accidente en Cerredo, Victorino Alonso no se contuvo y calificó a Chus Mirantes de “carbonero” y poco profesional, y le acusó de haberle robado: “Ahora se ha metido a minero, es un chamicero que se llama”, negando cualquier relación empresarial con él.

La explotación y almacén de Alinos es además noticia frecuente por robos en la propiedad, como el ocurrido en el verano pasado cuando tres personas fueron detenidas 'in fraganti' robando diverso material como piezas de gran volumen de maquinaria pesada y un extintor. En la actualidad los activos de Alinos se dividen entre una empresa vinculada la grupo Alonso, Minarsa y la sociedad Servicios Globlales y Obras 2000.

Los vecinos de Librán reclaman una solución urgente a la situación que permita restablecer el acceso y garantizar la seguridad del pueblo, al considerar que mantener bloqueada la única salida alternativa puede comprometer una eventual evacuación si se produjera una emergencia.

La Universidad de León aprobó el pasado viernes en su Consejo de Gobierno -con 21 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones- el llamado Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030, que pretende corregir la complicada situación económica que atraviesa la institución académica leonesa y evitar una dinámica de déficit permanente

El documento, al que ha tenido acceso ILEÓN, plantea un amplio paquete de medidas de ahorro, reorganización e incremento de ingresos con el objetivo de recuperar el equilibrio presupuestario y reconstruir el remanente de tesorería en los próximos años. La necesidad del plan responde al progresivo agotamiento del colchón económico del que disponía la institución. Entre 2015 y 2021 la Universidad llegó a acumular un remanente de tesorería de 58,48 millones de euros, pero entre 2022 y 2025 ese fondo se fue utilizando para financiar el incremento del gasto corriente hasta quedar reducido a 18,77 millones, de los que únicamente quedan 6,67 millones corresponden a remanente genérico. Paralelamente, el gasto corriente supera ya en unos 12 millones de euros anuales a los ingresos ordinarios, lo que hace inviable el ritmo actual de gasto sin adoptar medidas.

El objetivo del plan es alcanzar el equilibrio presupuestario ya este 2026 y regenerar progresivamente el remanente presupuestario para situarlo en torno a los 9 millones de euros en 2030, aspirando a llegar a los 12-15 millones en 2033.

El documento advierte que la Universidad cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y que, sin actuaciones correctoras, en 2026 volvería a registrar un desequilibrio superior a los diez millones. La institución alerta de que continuar por esa senda podría desembocar incluso en un remanente negativo, circunstancia que obligaría legalmente a aprobar recortes adicionales y condicionaría la financiación autonómica futura.

La Universidad de León plantea un plan para incrementar sus ingresos que pasa, en primer lugar, por reclamar a la Junta de Castilla y León un nuevo modelo de financiación plurianual que permita recuperar los niveles previos a la crisis y asumir el coste de nuevas obligaciones, como la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla, el convenio María Goyri o el impacto de recientes sentencias judiciales. Al mismo tiempo, se fija como objetivo aumentar un 10% los ingresos propios antes de 2030.

En el último periodo la Junta de Castilla y León tampoco ha dotado a las universidades públicas de financiación para inversiones, como era habitual, por lo que la institución académica ha tenido que tirar de fondos propios para nuevas obras como la futura Casa del Estudiante que se construye en el campus de Vegazana, con un coste superior a los 16 millones de euros.

Para revertir la complicada situación, el plan fija como prioridad inmediata ajustar el gasto de personal al techo autorizado por la Junta de Castilla y León, contener el resto del gasto corriente y recuperar el equilibrio presupuestario ya en 2026. A ello se sumará un programa de búsqueda de nuevos ingresos mediante el impulso de las microcredenciales, la formación continua, la internacionalización, un plan de mecenazgo y una mejor contabilización de determinados ingresos públicos.

Revisión titulaciones

El Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 de la Universidad de León contempla una reordenación de la oferta de titulaciones oficiales como una de las medidas estructurales para reducir el déficit económico de la institución. El documento plantea revisar la viabilidad de grados y másteres en función de su demanda y sostenibilidad, con el objetivo de optimizar los recursos docentes y adaptar la oferta académica a las necesidades actuales.

Entre las actuaciones previstas figura la posibilidad de agrupar docencia entre titulaciones con contenidos similares, rediseñar planes de estudio para compartir asignaturas básicas y transversales e impulsar dobles grados y títulos conjuntos cuando ello permita mejorar la eficiencia. Asimismo, la Universidad prevé revisar la oferta de másteres oficiales, especialmente aquellos con menor número de estudiantes matriculados.

En concreto se van a revisar, fusionar o eliminar todos aquellos estudios de grado con muy baja demanda (menos de 20 alumnos de nuevo ingreso) o másteres con menos de 5 estudiantes matriculados, intentando reorientarlos hacia títulos propio.

Por otra parte para subir hasta un 10% los ingresos por titulaciones la institución potenciará la formación permanente y los títulos propios, con la previsión de incrementar entre un 30% y un 50% su oferta en los próximos tres años.

El plan aprobado no concreta qué titulaciones podrían verse afectadas ni plantea el cierre de ningún grado o máster en particular, sino que establece un proceso de evaluación general de toda la oferta oficial. Paralelamente, apuesta por potenciar las microcredenciales y la formación permanente como nuevas vías para diversificar la enseñanza y aumentar los ingresos propios de la institución.

Reorganización interna

Según lo aprobado, la Universidad acometerá un importante plan de contención del gasto, con especial incidencia en el capítulo de personal. Entre las medidas figuran el retraso de ofertas de empleo público y nuevas convocatorias —salvo las imprescindibles, como las vinculadas al Grado en Medicina—, la suspensión temporal de determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y la limitación de años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. A ello se sumarán medidas de ahorro energético y de funcionamiento, como el cierre selectivo de instalaciones por las tardes, el cierre de la Universidad durante un mes en verano, la reducción de gastos de impresión, viajes y movilidad del personal.

Otra de las principales medidas es una profunda reorganización de la Fundación General de la Universidad de León (FGULEM). Por ello se anuncia que se revisarán los encargos que presta a la institución para reducir costes, el Hospital Veterinario diferenciará claramente entre su actividad docente y la asistencial para avanzar hacia la autofinanciación de esta última, se disminuirá el gasto en distintos programas y servicios y se reorientarán recursos hacia el futuro plan de mecenazgo. También se impulsarán nuevos convenios, títulos propios y cursos especializados que permitan generar ingresos adicionales aprovechando las instalaciones universitarias.

El plan de ajuste contempla también una transformación de la gestión interna mediante la digitalización y automatización de procesos administrativos, la revisión de la estructura del personal de administración y servicios, la actualización de tarifas de gastos generales en proyectos financiados y la implantación de nuevas herramientas para captar recursos externos. Todo ello se plantea como parte de una reforma estructural que permita reducir costes sin afectar, en la medida de lo posible, a la actividad esencial de docencia e investigación.

La hoja de ruta de la Universidad de León que lidera la rectora Nuria González prevé aplicar durante 2026 las medidas más urgentes, profundizar en los ajustes durante 2027 y comenzar una recuperación gradual del gasto a partir de 2028, siempre vinculada a la obtención de mayores ingresos y a una mejora de la financiación autonómica.

El documento reconoce riesgos como un posible conflicto sindical, que ya se han pronunciado en contra de forma crítica, una posible pérdida de calidad en determinados servicios o la posibilidad de fracaso de las medidas para incrementar ingresos, aunque sostiene que el objetivo final es garantizar la viabilidad económica de la Universidad sin renunciar a su desarrollo futuro.

Los partidos de la provincia de León se van de veraneo activando en algunos casos sus maquinarias electorales, como el PP activando su comité y las candidaturas en León y Ponferrada y otros como el PSOE o UPL posponiendo para el otoño la puesta en marcha del proceso hacia las elecciones municipales del 2027.

En el caso de los leonesistas la batalla de las elecciones del último domingo de mayo se antojan más decisivas que nunca, ya que después de un buen resultado en las autonómicas aunque por debajo de las expectativas, necesitan consolidar el gran poder local logrado en 2023 y, si es posible, expandirlo. En ese año UPL pasó de ser un histórico sostén a los dos grandes partidos a ejercer un notable poder local haciéndose con alcaldías tan potentes como la de San Andrés del Rabanedo, Cistierna, Sabero, Riaño y ,mediante alternancia, la de Villaquilambre. Ese poder municipal le permitió hacerse con tres diputados provinciales, un éxito inédito que le hizo clave en la Diputación, donde pactó un gobierno con el PSOE.

En 2023 coincidieron el desgaste de los grandes partidos, la desaparición práctica de Ciudadanos y un contexto muy favorable para el leonesismo tras sus buenos resultados autonómicos de 2022 y el foco político en las mociones pro autonomía. Cuatro años después, el electorado pedirá algo más que reivindicación ya que UPL tendrá que explicar qué ha conseguido con su gestión e influencia, qué proyectos ha impulsado y en qué han mejorado los servicios públicos, las infraestructuras o las oportunidades económicas gracias a su poder local.

Hasta 26 municipios de la provincia llegarán a la cita electoral con un alcalde leonesista, pero entre ellos el tercer y cuarto más poblados y varias otras cabeceras comarcales. El caso de San Andrés del Rabanedo, con Ana Fernández Caurel como alcaldesa, es el principal dolor de cabeza de los leonesistas, por la convulsa gestión del tercer ayuntamiento en población de la provincia en este mandato, que no ha sido capaz de enderezar sus históricos problemas. En el partido se asume que puede haber un coste electoral, como ya se evidenció en las elecciones autonómicas, en un ayuntamiento que se traga liderazgos políticos a toda velocidad.

En Villaquilambre el alcalde Vicente Álvarez llega en una buena situación, con un gobierno municipal de coalición con PSOE e IU-Podemos que no ha generado polémicas y una situación financiera holgada en el consistorio. Álvarez se repartió con el concejal del PSOE Jorge Pérez la alcaldía por dos años y le toca a él gestionar la oleada inversora del final del mandato que suele premiar a los que ejercen el poder en ese momento. Su aspiración es mejorar notablemente los tres concejales de un municipio que UPL gobernó durante muchos años hasta que una crisis interna les redujo a mínimos.

En uno de sus principales focos de voto, la ciudad de León, UPL necesita renovar el cabeza de cartel tras la retirada de Eduardo López Sendino. De momentos hay dos nombres en la palestra, los actuales concejales y miembros de la dirección del partido Sheila Fernández y Enrique Valdeón. Valdeón es el heredero 'natural' de Sendino y Fernández representa una renovación generacional, aunque si el sistema de es de primarias no se descarta que otros nombres de la órbita leonesista puedan intentar encabezar el cartel de UPL. El reto del partido es enorme, mantener los cinco concejales logrados en 2023. Y en el fondo el debate de qué hacer con ellos si las cuentas vuelven a otorgar capacidad de poder, si mantenerse como apoyo externo como llevan haciendo los últimos ocho años o elevar la apuesta a la Alcaldía como hicieron en otros ayuntamientos como Villaquilambre.

Santa María del Páramo y Cistierna son los municipios que gobierna UPL con mayoría absoluta de la mano de sus dos principales dirigentes, la secretaria general y lideresa Alicia Gallego y el vicesecretario y exlíder Luis Mariano Santos. Gallego ejerce el mando en la capital paramesa y se espera que no tenga problemas en revalidarlo pese a que cualquier gestión con los años pasa alguna factura. En Cistierna habrá que esperar a conocer si Santos repite candidatura tras enderezar el ayuntamiento u opta por ir retirándose de la primera línea política como ha hecho con el liderazgo leonesista.

En el municipio con más renta por habitante de la provincia, Sariegos, UPL domina con una mayoría absoluta en manos de Roberto Aller, que confían en revalidar. Aller es ahora además el número dos de UPL, como secretario general, y en sus manos está la configuración de las listas electorales del partido. Su mayor visibilidad pública como vicepresidente primero de la Diputación le puede ayudar a mantener el poder de este municipio esencial en el alfoz y para el reparto de votos de los diputados provinciales.

En El Bierzo es donde UPL tiene más por hacer, reconocen desde el partido. Si bien en el 2023 estuvo cerca de lograr un concejal en Ponferrada, la comarca se le resiste al partido leonesista en cuanto a poder aunque ha llegado a gobernar lugares como Torre del Bierzo. Tras la crisis de la agrupación berciana antes de las autonómicar el partido confía en reconfigurar candidaturas que le permitan superar a Coalición por el Bierzo como referencia del localismo en la comarca, complicado por el predicamento en la ciudad ponferradina del regionalismo bercianista.

Otros dos agujeros de los leonesistas son Astorga y La Bañeza, donde hubo tiempos mucho mejores para el partido en votos y en representación. El buen resultado de La Bañeza de las autonómicas, donde ganaron, anima al partido a intentar presentar una lista que rompa la mayoría absoluta del PP y en Astorga, donde no se presentó en 2023, también se busca una candidatura que les permita volver a tener representación municipal. Las cabeceras comarcales serán uno de los focos del partido para ampliar su representación.

El resultado de las elecciones autonómicas de marzo de 2026 confirma que UPL tiene margen como partido, ya que obtuvo en la provincia 48.709 votos, el 20,96%, y mantuvo sus tres procuradores. Su desafío para el 2027 puede resumirse en tres verbos: conservar el poder local que tiene, ampliar su representación y gobernar siempre que se pueda, el fin último de cualquier político y partido.

Más de 21 millones de seguidores en Youtube, cerca del millón en Instagram, dos millones en Facebook, doce discos publicados y una gran gira por escenarios de España y Latinoamérica, incluyendo recintos de hasta 15.000 personas. Son las cifras detrás del personaje infantil Luli Pampín, creado hace una década por la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, una de las grandes estrellas para el público más pequeño gracias a sus pegadizas canciones e imagen icónica.

La protección del personaje llevó a su creadora y a la empresa que gestiona sus derechos a interponer una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. Los abogados del personaje solicitaban una pena de prisión de 11 años, inhabilitación de cinco años para actividades similares y el pago de una indemnización de 90.000 euros, además de la multa correspondiente.

Luli Pampín es el personaje que lanzó al éxito a la argentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, que llegó a España con 12 años, fue militar en el Ejército español una década y tras ser madre creó el universo de Luli Pampín, inspirada como reconoce, en el personaje japonés de 'Sailor Moon'. La artista reside actualmente en Andorra junto a su familia.

La cantante y bailarina señala en su web en su advertencia sobre el registro de su personaje, elementos accesorios y canciones y que “cualquier evento o actuación que pretenda rendir homenaje o utilizar de cualquier manera la obra y los elementos protegidos de Luli Pampín debe obtener una autorización previa y expresa. Esta política asegura la protección y la gestión adecuada de nuestros derechos de propiedad intelectual, manteniendo la integridad y la identidad única de nuestra marca y sus creaciones”. De ahí la denuncia efectuada en León.

Ante la denuncia la Fiscalía consideraba que sí concurrían los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial y solicitaba un año de prisión por cada uno de ellos, además de una multa de 18 meses por la infracción contra la propiedad intelectual y una indemnización de 15.000 euros para la denunciante. La defensa, por su parte, reclamó la libre absolución.

La Audiencia Provincial de León ha terminado dictaminando la absolución al actor y empresario promotor de la obra homenaje tras el juicio celebrado la pasada primavera. El tribunal sí aprecia similitudes en el cartel y confirma que el espectáculo carecía de autorización, pero concluye que no se acreditó la reproducción de las obras originales, el dolo exigido en los delitos de los que se le acusaba ni que se haya causado un perjuicio grave para los consumidores. El equipo de la artista ha confirmado a este medio que la sentencia ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según Luli Pampín, ella se enteró del espectáculo porque sus seguidores la etiquetaban en redes sociales anunciando que acudirían, pese a que avisó que no era ella ni su obra original. El tribunal considera acreditado que el cartel publicitario incluía una actriz con peluca rosa y un vestuario parecido al utilizado por Luli Pampín, así como similitudes entre la marca y signos distintivos registrados por la argentina. Pero no condena porque considera que las pruebas necesarias para una condena por reproducción o plagio de una obra artística no han sido suficientes.

Luli Pampín declaró en el juicio que algunos seguidores le habían remitido imágenes en las que podía comprobarse la reproducción de su espectáculo, pero esas grabaciones no fueron incorporadas a la causa. Según declaró a ella le afectan estas situaciones porque planea milimétricamente su show, y le perjudica porque estos shows son por menos precio y daña la relación de confianza que tiene con sus seguidores al no poderse distinguir del original.

El promotor acusado admitió que el espectáculo se promocionó como un tributo y que el cartel mostraba a una actriz con peluca rosa. También reconoció que, tras la llegada de la Policía, cambió el orden de las canciones y que posteriormente se interpretaron canciones de Luli o similares como 'Paseo por la selva' (un éxito con 1,5 millones de reproducciones en Youtube). No obstante, el acusado sostuvo que sus espectáculos utilizaban básicamente canciones populares, composiciones propias y coreografías preparadas por su equipo, y que la intención era inspirarse en determinados personajes sin plagiar sus obras.

Uno de los actores del 'homenaje' afirmó que el repertorio de la obra se modificó durante la presencia policial, que no habían ensayado antes y que el material relacionado con Luli Pampín se reservó para el final, pero también reconoció que no conocía suficientemente al personaje ni podía identificar sus canciones. Otros intérpretes señalaron que la trama representada trataba sobre los tripulantes de una nave espacial y negaron que los vídeos aportados por la acusación correspondieran a su actuación.

Según otro testimonio había poca gente en el teatro, cuyo precio de las entradas era entre 10 y 13 euros con una recaudación neta de 3.075,96 euros, cantidad de la que el acusado debía pagar 1.100 euros en concepto de alquiler del teatro, el sueldo de los actores y gastos de alojamiento y desplazamiento.

La clave de la absolución por el delito contra la propiedad intelectual estuvo en la insuficiencia de la prueba sobre el contenido real del espectáculo. La Policía Nacional se personó en el espectáculo para verificar el mismo tras una denuncia de Luli Pampín pero el video aportado, de 15 minutos de duración, según la sentencia, no mostraba referencias ni contenidos vinculados a Luli Pampín. El acusado sí reconoció el uso limitado de canciones en los minutos finales del espectáculo.

La Audiencia Provincial de León concluye que no quedó probado, más allá de toda duda razonable, que en la función de León se reprodujeran canciones, guiones, personajes, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos. La semejanza del cartel, por sí sola, no permitía acreditar el plagio del espectáculo.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, el tribunal destaca que la acusación debía probar no solo el uso de signos iguales o confundibles, sino también que el acusado sabía que estaban registrados. La sentencia considera que ese conocimiento no puede presumirse y que no se aportó prueba suficiente para demostrar que, antes de publicar el cartel, el promotor conociera el registro de las marcas y signos distintivos.

La Audiencia también descartó el lucro habida cuenta que las cifras totales del espectáculo suponen que “ni el beneficio obtenido posee especial trascendencia económica ni los hechos revisten especial gravedad”.

En relación con el delito de publicidad engañosa la sentencia recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que las alegaciones falsas o características inciertas sean aptas para ocasionar un perjuicio grave y manifiesto al conjunto de los consumidores. Para valorar esa gravedad deben tenerse en cuenta factores como la clase de servicio, el precio, el número de destinatarios, el medio publicitario y las circunstancias de quienes reciben el mensaje.

Los jueces leoneses entienden que debido a que las entradas costaban entre 10 y 13 euros y no se aportaron datos concretos sobre consumidores engañados, devoluciones, reclamaciones o perjuicios relevantes no existe prueba suficiente para afirmar un daño grave y manifiesto a los consumidores.

Un año después del aquella obra homenaje la Luli Pampín original actuó en León en el Auditorio de la ciudad con su espectáculo 'El libro musical'. Este mes de julio la artista se encuentra de gira por Argentina y Chile con su espectáculo 'Millones de gracias', con el que celebra los 10 años del personaje que nació en agosto de 2016 con un video en Youtube.

Para el equipo de Luli Pampín este revés judicial, no firme, “no altera la protección legal de las figuras, obras y creaciones culturales, cuya defensa seguiremos ejerciendo por las vías legales correspondientes”.