La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la leonesa Ana del Ser, ha presentado esta semana la Memoria Judicial 2025, un documento que es a la vez un análisis del estado de la Justicia en la comunidad autónoma y sus partidos judiciales elaborado por los propios jueces y magistrados con mando en plaza.

La reforma judicial en marcha ha implicado este año un cambio de nombres pasando a integrar los antiguos Juzgados de Instrucción individuales como Tribunales de Instancia por partido judicial, subdivididos a su vez en secciones por temática judicial. En la práctica significa que, a modo de ejemplo, el antiguo Juzgado de Instrucción Penal 1 de León ahora se llama “Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de León. Plaza nº 1”. Estos cambios y la insuficiencia de recursos son algunas de las quejas que se exponen en los informes elaborados desde León para los siete partidos judiciales de la provincia.

Más jueces, o no

En el informe sobre la situación de la provincia de León se analiza la estadística de casos que entran a los juzgados, los que se resuelven y los que se ejecutan para realizar las peticiones de más medios, o no. La planta judicial básica de la provincia se compone de 47 plazas: 28 en los juzgados del partido judicial de León, 12 en los juzgados de Ponferra, dos en La Bañeza y dos en Astorga y uno en Cistierna, Villablino y Sahagún.

En el caso concreto del Tribunal de Instancia y Juzgados de León se solicitan un mínimo de cuatro jueces nuevos. En concreto se pide nos nuevas plazas de jueces para la Sección Civil para reforzar las ocho que ya hay por la alta afluencia de casos. Además de reclama la creación de una nueva Sección Mercantil, bien creando dos plazas nuevas o como mínimo transformando la la actual plaza nº 8 de la Sección Civil junto con otra plaza de nuevo juez en esa sección.

En materia Penal se demandan la cración de de una nueva plaza en la Sección Penal en León, así como mantener las medidas de refuerzo actuales con un juez de adscripción territorial.

Por su parte la Audiencia Provincial de León pide al menos un nuevo juez para las dos Secciones Civiles por el alto volumen de casos y solicita que se cree una plaza de Presidente para poder dividor la Sección Penal en dos distintas, que no supone necesariamente un juez más. También solicitan mantener el juez de refuerzo.

En el partido judicial de Ponferrada se pide también, aunque no a corto plazo, que se valore crear la creación de un nuevo juzgado de instrucción, civil, ya que “Las exigencias de atención del servicio de Juzgado de Guardia y el limitado número de Juzgados de Instrucción resultantes de la separación de jurisdicciones aconsejan en un futuro la creación de un nuevo órgano o plaza judicial de esta clase”. Lo que sí se solicita son refuerzos al volver a asumir los conflictos bancarios y de apoyo al juzgado con competencias exclusivas en materia de Violencia sobre la Mujer.

Lo que también solicita Ponferrada es que se cree una plaza judicial de lo Contencioso-Administrativo “Considerando la disponibilidad de espacio físico en la sede judicial y la tasa de litigiosidad de naturaleza contencioso-administrativa de la comarca”, que creen puede ayudar “a descongestionar la importante carga de trabajo de los Juzgados de esta clase con sede en la ciudad de León y que aproximara esta jurisdicción a los profesionales y ciudadanos del partido judicial”. Y solicitan un segundo equipo psicosocial o que se valore un refuerzo desde León habida cuenta del número de casos en los que intervenir.

El número de casos en los juzgados de Sahagún, Cistierna, Astorga, Villablino y La Bañeza se encuentran por debajo de la media por lo que “no se estima imprescindible el incremento de la planta ni la adopción de medidas de refuerzo”.

Más funcionarios

Los problemas derivados del nuevo sistema judicial y en particular de la ejecución de sentencias lleva a que los jueces de la provincia planteen la necesidad de hasta 12 funcionarios más.

La Audiencia Provincial de León exige con carácter de urgencia 3 nuevas plazas para su oficina judicial, con el fin de resolver la insuficiencia de plantilla y el agravio comparativo frente a otras provincias con menor carga de trabajo, señalando en concreto que la comparativa entre Burgos y León es muy llamativa.

Para el Tribunal de Instancia de León (Sección Civil) los magistrados proponen la designación de 4 funcionarios más, ya que consideran insuficientes los 8 funcionarios de referencia actuales tras haber asumido nuevas tareas procedentes de las antiguas unidades de apoyo.

En el partido judicial de Ponferrada se requiere ampliar la plantilla con un funcionario más para la sección civil (tramitador procesal) para compensar el desequilibrio generado tras la separación de jurisdicciones. Además solicitan también como prioridad la ampliación de la plantilla del Registro Civil con al menos un funcionario más. Y para el Servicio Común de Ejecución de Ponferrada se solicita un refuerzo indispensable de al menos 3 funcionarios adicionales para poder asumir las nuevas tareas de asistencia directa a jueces y magistrados que exige el nuevo modelo organizativo

'Sala Amable' o 'Gesell'

Una petición recurrente es la habilitación de una 'Sala Amable' o cámara 'Gesel'. Es un espacio cuyo objetivo es humanizar el sistema judicial y ofrecer un entorno seguro, neutro y adaptado para proteger el bienestar de menores, adolescentes y personas con discapacidad. Esta sala evitaría la victimización secundaria y minimizaría el impacto emocional cuando estos grupos vulnerables tienen que comparecer en el juzgado para la práctica de pruebas preconstituidas, exploraciones, valoraciones psicosociales o entrevistas forenses.

Ponferrada también pide una sala de este tipo, recordando además que hay sobre la mesa desde abril del 2025 una propuesta para su ejecución con un bajo coste, “aunque se confía en que la petición sea atendida dado el escaso coste que supone y las innegables ventajas y beneficios que ofrecería la creación de este recurso”.

La Audiencia Provincial de León se queja en un informe anual del restraso para la puesta en marcha de esta sala por restraso en las obras, “Aún no está habilitado el espacio acondicionado para los menores y la grabación de las pruebas preconstituidas en el edificio de la Audiencia, si bien las obras han finalizado y se encuentra en la última fase, con importantes defectos que deberán solventarse y un retraso vinculado a las obras en el resto del edificio”.

Incorporar Villablino a El Bierzo

El informe anual plantea desde el Tribunal de Instancia de Ponferrada la propuesta de integrar el partido judicial de Villablino en el de Ponferrada buscando lograr una mayor especialización de la respuesta judicial y la optimización de los recursos disponibles en las comarcas de El Bierzo y Laciana.

Entre las aportaciones positivas que se citan, una vieja propuesta que vuelve, es que actualmente, la prestación del servicio de Juzgado de Guardia en Ponferrada recae sobre tan solo tres Juzgados de Instrucción, lo que supone una carga de trabajo muy elevada. Al integrar Villablino, su juzgado pasaría a convertirse en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada, lo que aliviaría y equilibraría significativamente la carga de trabajo entre los distintos órganos judiciales.

Para asegurar que esta integración no aleje la justicia de los ciudadanos, el planteamiento sugiere mantener la sede de Villablino como una Oficina de Justicia Municipal dotada de personal funcionario. De este modo, los habitantes de la zona podrían seguir presentando escritos, realizando trámites presenciales y conectándose telemáticamente con la sede judicial berciana.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de renombrar la demarcación como “partido judicial de Ponferrada y Villablino”. Aunque esta iniciativa no fue acogida inicialmente por el Ministerio de Justicia ni por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, la memoria insiste en que es un escenario futuro de gran utilidad que no debería caer en el olvido

Fotocopiadora que no funciona

Una de los resúmenes del año judicial más curiosos corresponde al Juzgado de Sahagún, ahora Tribunal de Instancia de Sahagún, donde su titular ha resumido las necesidades e incidencias de la demarcación judicial facundina de una forma bastante coloquial pero que, habida cuenta de lo enrevesado a veces del lenguaje judicial, sirve para entender lo que sucede a todo el mundo.

En ella relata cómo, por distintas incidencias, se ha tardado casi tres meses en activar de forma correcta el número de teléfono de guardia judicial, desde que la tarjeta SIM se haya enviado mal a que se tarde en recibir 15 días y hasta tener que poner su teléfono personal durante más de un mes para acoger las llamadas desviadas.

Y dejaba para el final un problema que se alargaba en el tiempo en el momento de redactar el informe anual, “La sede del tribunal, dispone una fotocopiadora, si bien hace tres semanas que esta estropeada y todavía no han venido a arreglarla habiéndose dado la correspondiente incidencia”.

Y llamativo es que el Presidente del Tribunal de Instancia de Ponferrada, hace una defensa por escrito de la labor del personal adscrito a los juzgados, “La labor callada, en ocasiones poco reconocida, de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia, que prestan su apoyo insustituible y necesario a la labor jurisdiccional de Jueces y Magistrados, obliga a reconocer, aunque sea al menos desde estas letras, que las tasas de resolución de la actividad judicial y su buena marcha son igualmente el fruto de su esfuerzo y dedicación, lo que es prueba de la profesionalidad de estos colectivos, de su implicación personal y de su vocación sincera de servicio a las personas, debiendo lamentar el constante sobreesfuerzo al que se les ha sometido durante el año 2025 debido al aluvión de cambios organizativos y logísticos que de forma imprevista, cuando no improvisada, se han impuesto a su labor, sin contar con ellos e incluso a veces en contra de sus intereses legítimos”.

Alicia Gallego, la nueva portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, integrados en el Grupo Mixto en esta nueva legislatura, ha esbozado una contundente crítica contra el nuevo Gobierno de PP y Vox liderado una vez más por Alfonso Fernández Mañueco. La dirigente leonesista ha calificado como “papel mojado” el pacto de legislatura entre PP y Vox y ha reprochado al candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que parece actuar por miedo. Llegó a considerar el pacto un mero reparto de “unas sillas y poco más”.

“Lo que se deduce de este pacto es una cuestión gris, una cuestión de miedo y sobre todo poco ilusionante”, ha criticado la portavoz parlamentaria de UPL, Alicia Gallego, en el hemiciclo de las Cortes autonómicas, donde ha criticado que las 324 medidas presentadas por Mañueco en el discurso de este martes son “difusas y poco concretas”.

En su intervención, Gallego ha cuestionado a Mañueco que haya vuelto al punto de partida de 2022, con un socio de gobierno que no cree en las autonomías y al que ha criticado durante la campaña y se ha abierto a llegar a acuerdos con todas las formaciones, pero siempre en beneficio de la ciudadanía.

La procuradora leonesista ha criticado que las ayudas no se hagan en función de la renta y que se planteen hasta municipios de más de 20.000 habitantes -que en la práctica son el área metropolitana de las ciudades- y no del medio rural.

Asimismo, ha lamentado las carencias en materias como sanidad, telecomunicaciones o infraestructuras, entre ellas, el Corredor Atlántico, que afectan a las tres provincias, antes de recordar que no votarán a favor de Mañueco en la investidura.

La procuradora leonesista ha repartido críticas entre PP y PSOE ya que “actúan como sucursales” de sus formaciones nacionales y ha acusado a ambas formaciones de perjudicar a la Región Leonesa -conformada por las provincias de León, Zamora y Salamanca- y de no haber sido capaz de vertebrarla con otras autonomías limítrofes como Asturias, Extremadura o la vecina Portugal.

También ha lamentado que terminara la anterior legislatura sin una Ley de Juventud, de Vivienda, de Agentes Medioambientales y, sobre todo, de unos Presupuestos Generales de la Comunidad, que no se aprueban desde 2024.

Respecto a los incendios del pasado verano, que dejaron una “situación catastrófica” con más de 140.000 hectáreas quemadas que ha atribuido a una falta de previsión, Gallego ha criticado que la Junta ahora dé “un patada al lado” y responsabilice a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales pese a que la competencia sea autonómica. 

Durante su réplica Mañueco ha defendido que su objetivo es alcanzar consensos en beneficio de Castilla y León, pero ha rechazado los planteamientos que, a su juicio, presentan agravios territoriales dentro de la Comunidad.

“Les ofrezco mi mano tendida, pero no comparto las políticas del victimismo”, ha afirmado el candidato popular, quien ha reivindicado que Castilla y León está integrada por nueve provincias “valiosas, importantes y merecedoras” del mismo respeto institucional.

Mañueco también ha recordado a los representantes del Grupo Mixto que no ostentan la representación exclusiva de sus respectivos territorios y ha subrayado que la mayoría de los ciudadanos de León, Soria y Ávila respaldaron en las urnas a otras fuerzas políticas.

“Nadie, por mucho que lleve en sus siglas el nombre de una provincia, puede arrogarse su representación en exclusiva”, ha señalado.

El candidato popular ha aprovechado su intervención para defender la coalición alcanzada con Vox y ha reprochado al Grupo Mixto sus críticas al nuevo Ejecutivo. “Si hoy estamos aquí es porque los ciudadanos de las nueve provincias decidieron con su voto la forma de articular una mayoría”, ha argumentado.

Durante su respuesta a la portavoz leonesista, Alicia Gallego, Mañueco ha cargado contra las reivindicaciones territoriales de UPL y ha considerado que las “ensoñaciones territoriales” resultan “estériles”. “Juntos podemos ir más lejos. Pretender trocear Castilla y León a estas alturas es creer en el bálsamo de Fierabrás”, ha afirmado, antes de defender la unidad de la Comunidad como vía para corregir desequilibrios territoriales y generar nuevas oportunidades.

Por ello, ha reiterado su disposición al diálogo con los representantes del Grupo Mixto y les ha pedido una “contribución activa” para alcanzar consensos en todo aquello que no perjudique al interés general de Castilla y León.

Pollán

El futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el leonés Carlos Pollán, fue el encargado de pronunciar el discurso del grupo de extrema derecha, donde defendió el acuerdo alcanzado con el Partido Popular desgranando parte de los acuerdos que ha impuesto Vox en el texto del futuro gobierno. Lo hizo en un discurso marcado por las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, el rechazo a la inmigración irregular, la defensa del sector primario y las promesas de rebajas fiscales, pero en el que no hubo ninguna referencia concreta a las reivindicaciones políticas de la Región Leonesa.

A lo largo de las dieciocho páginas de intervención, Pollán llegó a reivindicar actuar “por Castilla, por León y por España” pero sin mayores menciones de carácter provincial. El dirigente de Vox centró buena parte de su discurso en asuntos de ámbito estatal, con duras críticas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios.

Presumió de que el futuro Ejecutivo autonómico se opondrá al reparto de menores migrantes, prohibirá el uso del burka y el nicab en espacios públicos, eliminará subvenciones a organizaciones vinculadas a la inmigración irregular y defenderá el principio de 'prioridad nacional' en ayudas sociales y acceso a la vivienda.

En el plano económico, Pollán defendió un amplio paquete de medidas para el medio rural, entre ellas ayudas para mantener abiertos comercios, bares y farmacias en pequeños municipios, incentivos fiscales para la transmisión de viviendas y negocios, apoyo a autónomos y una reducción de tasas e impuestos. También anunció medidas de respaldo al sector agrario y ganadero, el rechazo al acuerdo comercial con Mercosur y la oposición a cualquier recorte de la Política Agraria Común (PAC).

La intervención concluyó con un llamamiento a desarrollar el acuerdo firmado con el Partido Popular y con la promesa de cumplir las medidas pactadas durante la legislatura, insistiendo en que el nuevo Gobierno trabajará “por Castilla, por León y por España”.

El candidato a presidir por tercera vez la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado este martes en la sesión de investidura por dos veces al líder socialista Carlos Martínez que no pronuncie la 'i griega' de Castilla y León, un error que le ha valido al socialista numerosas críticas desde el inicio de su candidatura, especialmente en círculos leonesistas.

Mañueco ha interpelido a Martínez sobre cuál es “su propia idea de lo que es Castilla y León. Tiene pocas convicciones y muchísimas dudas. ¿En qué comunidad cree usted que vive? ¿Sin conjunción copulativa como dice a menudo? ¿En Castilla y León, y Soria, y Burgos, y Valladolid y Segovia? Como dijo en otra ocasión.

El que será presidente por tercera y última vez gracias al pacto de PP y Vox insistió “Repita conmigo, repita con nosotros, Castilla y León, Castilla y León señor Martínez”. “Usted ha demostrado que no tiene ninguna seriedad porque ha frivolizado en un tema importante como es el nombre de nuestra comunidad”, ha reprochado.

Mañueco ha cuestionado también al líder socialista por unas declaraciones pasadas en que se preguntó si no estarían mejor los sorianos en La Rioja o Aragón. “Yo sí creo en Castilla y León, yo sí tengo un proyecto para esta comunidad, yo sí tengo la visión de futuro para nuestra tierra, que esté entre las mejores de nuestro país”.

El líder socialista no ha podido responder a Mañueco ya que no tenía ya turno de réplica al producirse el reproche al final de las casi dos horas de debate entre los dirigentes de PP y PSOE en un tono bastante áspero y que ha sido su primer enfrentamiento en el hemiciclo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ya es de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León tras recibir el voto favorable de 47 de los 82 procuradores de las Cortes autonómicas, de PP y Vox. Es la tercera ocasión en que el salmantino alcanza la confianza de la cámara legislativa tras 2019 y 2022. Y será la última vez ya que la Ley autonómica impide más de ocho años en la Presidencia de la Junta, que cumple el año que viene, aunque podrá terminar la legislatura en vigor.

Por la mañana el entonces candidato a presidir la Junta de Castilla y León ha desgranado su programa de gobierno de coalición de PP y Vox en la sesión de investidura que se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid. Mañueco ha tomado la palabra en la sesión de la mañana para defender el segundo pacto de la derecha y la extrema derecha en Castilla y León tras el primero de 2022, que acabó abruptamente dos años después.

El presidente en funciones, en el cargo desde el 2019, ha agradecido a Vox su voluntad de pacto tras las elecciones del pasado mes de marzo, “Quiero expresar a este partido, a través de Carlos Pollán, todo mi reconocimiento por su voluntad de llegar a un acuerdo firme y viable”. Pero ha recordado que “somos dos partidos distintos, con las posiciones que los castellanos y leoneses conocen sobradamente”. El leonés Carlos Pollán, será el futuro vicepresidente del gobierno de coalición, tras el reparto de cargos efectuado por ambos partidos.

Mañueco ha explicado que habrá dos pilares en la acción del próximo gobierno: “El primero es seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora” y “El segundo, consolidarla como una tierra atractiva para vivir y trabajar”. Además ha dejado ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, “Me comprometo a que nuestro país no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”. “Por eso, si esta Cámara me otorga su confianza, quiero contribuir a que España recupere el prestigio de la mejor política”, ha aseverado.

'Prioridad nacional'

El candidato ha defendido la 'prioridad nacional' firmada con la extrema derecha de Vox, que él entiendo como “establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”. Según Mañueco “Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender”, que defiende que es que “quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León” bajo el acatamiento de la Ley, prestando de manera general los servicios públicos esenciales y “excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra Comunidad”.

En su visión “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso”.

Mañueco ha hablado en su discurso de dos de los temas que más rechazo ideológico generan a Vox: Mercosur y el Pacto Verde europeo. Sobre el paco de comercio con el bloque latinoamericano ha asegurado que, pese que el PP en el Parlamento Europeo lo apoyó, “expresamos nuestro rechazo al acuerdo con Mercosur mientras no garantice la igualdad de condiciones con los productores castellanos y leoneses”. Y sobre el Pacto Verde , impulsado por el PP europeo de Ursula Von der Layen, ha señalado que “vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”.

Mañueco presume de repunte poblacional

El presidente autonómico ha presumido del crecimiento poblacional de Castilla y León, “invirtiendo una tendencia de pérdida continuada durante mucho tiempo” pero que es desigual entre provincias con León y Zamora como las más rezagadas. Ha destacado que este incremento es posibles “debido sobre todo al aumento de la inmigración, que ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”, pese al pacto firmado con Vox con medidas contra los migrantes como limitar su asistencia sanitaria.

Ha desgranado medidas como ayudas al alquiler, incrementar un 80% la inversión en políticas de vivienda o facilitar el acceso a una hipoteca mediante avales públicos y desgravaciones, actuaciones que “seguirán teniendo el gran objetivo estratégico de corregir los desequilibrios demográficos de nuestra Comunidad”.

Incendios

En materia de incendios Mañueco ha defendido un incremento de “la superficie forestal y elaboraremos un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León” buscando “conservar y aprovechar mejor nuestros bosques, garantizar el abastecimiento de la industria forestal y conseguir unos montes mejor preparados frente a los incendios”.

Pese a la grave situación del verano pasado con decenas de miles de hectáreas arrasadas Mañueco ha defendido que “Continuamos mejorando el operativo de lucha contra incendios, el mayor de nuestra historia” y que “Todo nuestro personal laboral y funcionario trabaja ya todo el año, tal y como comprometimos”, cosa que desmienten los sindicatos en el inicio de la actual campaña.

“Quiero una Comunidad con más oportunidades, más bienestar, más igualdad, más solidaridad y más calidad de vida. Quiero, en fin, una Castilla y León orgullosa de su historia y proyectada al futuro”, ha defendido.

Para finalizar su discurso Mañueco ha señalado “Castilla y León ha avanzado durante siglos de la misma forma: Modernizando sin romper, creciendo sin olvidar, abriendo caminos sin perder nuestra identidad, mirando al futuro sin perder sus raíces. Siendo creadores”. Y ha citado al escritor leonés Luis Mateo Díez, “son los que saben impulsar la herencia como motor de la renovación”.

Reproches oposición

En el turno de tarde han llegado las intervenciones del resto de partidos con representación, con el estreno de Carlos Martínez como líder de la bancada socialista. Un largo y abrupto enfrentamiento en el que el portavoz socialista en las Cortes acusó a Alfonso Fernández Mañueco de asumir el marco ideológico de Vox y sostuvo que los verdaderos problemas de la Comunidad no son “el feminismo, los inmigrantes ni la Agenda 2030”, sino la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades que obligan a muchos jóvenes a marcharse. Durante su intervención en el debate de investidura, el líder del PSOE defendió una alternativa basada en la cohesión territorial, los servicios públicos y la reindustrialización, y reprochó al candidato del PP que su discurso fuera “la transcripción” de las condiciones impuestas por Vox para garantizar su continuidad al frente de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco recurrió al debate identitario sobre el nombre de la Comunidad para atacar al líder socialista, Carlos Martínez, durante el debate de investidura. El candidato del PP reprochó al secretario autonómico del PSOE sus anteriores referencias a “Castilla-León” y llegó a pedirle desde la tribuna que repitiera “Castilla y León”, acusándole de frivolizar con una cuestión importante y de no tener claro su proyecto para la Comunidad. Mañueco también recordó unas declaraciones en las que Martínez planteó si Soria podría estar mejor integrada en otras autonomías, reivindicando frente a ello su defensa de Castilla y León. El dirigente socialista no pudo responder a estas acusaciones al haberse agotado su turno de réplica.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, cargó contra el acuerdo entre PP y Vox, al que calificó como un mero “reparto de unas sillas y poco más”, impulsado desde Madrid por las direcciones nacionales de ambos partidos. La formación leonesista considera que el pacto es un “copia y pega” de los alcanzados en otras comunidades y denuncia que no ofrece respuestas a los problemas de León, Zamora y Salamanca, al no incluir inversiones ni compromisos concretos para la Región Leonesa. Además, criticó que los presupuestos autonómicos se pospongan hasta 2027, lo que supondría prolongar otro año la ausencia de nuevas cuentas.

Vox presume de pacto

Por su parte, el líder de Vox y futuro vicepresidente, Carlos Pollán, defendió el acuerdo con el PP como una herramienta para garantizar la estabilidad política durante toda la legislatura y aplicar medidas como la denominada 'prioridad nacional', el apoyo al medio rural, la bajada de impuestos y el endurecimiento de las políticas migratorias. La formación considera que el pacto permitirá desarrollar un programa basado en la defensa de las familias, el sector primario y los pequeños municipios, además de reforzar su presencia en el Gobierno autonómico.

La portavoz del PP, Leticia García, finalizó las intervenciones asegurando que el acuerdo alcanzado “no es una rendición sino todo lo contrario” que muestra que dos partidos diferentes pueden alcanzar un acuerdo cuando anteponen a los ciudadanos a sus intereses. El PP aseguró que el pacto deja a Castilla y León “libre de sanchismo”.

Los ruidos provocados por el ocio nocturno en el Barrio Húmedo de la ciudad de León son una de las quejas frecuentes que los ciudadanos elevan al Procurador del Común de Castilla y León, la defensoría del pueblo autonómica que tiene su sede en, precisamente, la zona histórica de la ciudad.

Varias son las resoluciones acumuladas en los últimos meses por el Procurador dando al razón a los ciudadanos sobre quejas por el exceso de ruidos en una lugar como es la mayor parte del Casco Antiguo de León con una limitación extra en la llamada Zona Acústicamente Saturada (ZAS), con una estricta normativa en vigor. El Procurador pide al Ayuntamiento que mantenga las inspecciones sobre el cumplimiento de los niveles de ruido y los horarios de cierre, así como las molestias ocasionadas por la acumulación de personas en la vía pública.

Una de las últimas resoluciones del Procurador del Común reprocha los ruidos pero los provocados por el servicio de limpieza del propio Ayuntamiento de León. Un tema sobre el que el consistorio leonés ha pasado de puntillas sin contestar, lo que le ha llevado a ser clasificado como entidad 'no colaboradora'.

Un vecino del Casco Antiguo reclamaba en su queja que la limpieza de la zona comience a las 8 de la mañana, en lugar de las 6 habituales, haciendo alusión a los ruidos que genera y causa molestia a los vecinos el funcionamiento de la máquina barredora y los sopladores de la suciedad cuando los operarios trabajan. El vecino reclamaba que se cumple la normativa ZAS que impide el uso de elementos mecánicos de limpieza entre la medianoche y las siete de la mañana, acreditando el uso de una sopladora con imágenes. Además pedía que se controlaran las aglomeraciones de personas afuera de locales de ocio, lo que genera una gran cantidad de residuos y obliga a extremar su limpieza a primera hora de los miércoles y sábados al desarrollarse en la Plaza Mayor el tradicional mercado.

El Procurador del Común ha recordado al consistorio leonés el caso de un ayuntamiento condenado por los ruidos nocturnos del camión de la basura, que tuvo que indemnizar al vecino por el exceso de ruidos que sobrepasaban los límites legales. Por ello le instan a “adoptar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, con el fin de que los vecinos de las calles (no facilitadas) no sufran las molestias causadas por el ruido y demás perjuicios ocasionados por el consumo de bebidas en la vía pública”.

Además le reclama que “como responsable del servicio municipal de limpieza viaria, para que, con carácter general, no se utilicen medios mecánicos en el período fijado entre las 00:00 y las 07:00 horas en las vías públicas incluidas dentro de la Zona declarada Acústicamente Saturada del Casco Antiguo de la ciudad de León”. Es decir, que se cumpla lo ya puesto en la ordenanza municipal.

De paso le reclama que “en adelante cumpla ese Ayuntamiento la obligación de auxiliar al Procurador del Común en sus investigaciones en los términos exigidos por la Ley”.

Un bar sin aforo desde 1971

Otra de las situaciones más surrealistas detectadas por el problema de ruidos ha sido la situación provocada por un local de ocio del Barrio Húmedo, y en la Zona Acústicamente Saturada de la ciudad que ha sido denunciado por un ciudadano a la defensoría tras varias quejas al Ayuntamiento de León. Este local cuenta con una doble licencia (Bar y Sala de Fiestas) desde el año 1971.

El Ayuntamiento de León ha reconocido el Procurador que existen quejas vecinales sobre infracciones administrativas y alteraciones del orden público causadas por el funcionamiento de este local de ocio debido a la presencia de clientes en el exterior. En el año 2024, señala, se produjeron catorce intervenciones por los agentes de la autoridad, fundamentalmente como consecuencia de quejas vecinales ante las molestias y ruidos generados por la aglomeración de personas y en el año 2025, la mayor parte de denuncias se formularon por el incumplimiento del horario de cierre, las cuales fueron remitidas para su tramitación a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León.

Pero la sorpresa ha venido al revisar las licencias y el aforo del bar, que no está fijado al tener las dos licencias a la vez, lo que a su vez le permite abrir de de forma continuada desde las 6 de la mañana hasta las 4 y media de lunes a jueves y hasta las 6:30 los fines de semana. Es decir, puede llegar a esta abierto todo el día por la coincidencia de las licencias. La Policía Local de León instó al servicio que regula las licencias del Ayuntamiento de León a revisar esta cuestión para garantizar la convivencia vecinal.

En el proceso de revisión el Ayuntamiento de León descubrió que no existe limitación de aforo en las licencias del año 1971 y que como no se han producido obras que obliguen a adaptarse al código técnico de edificación no puede obligar a realizar cambios. Además, el Ayuntamiento de León reprocha que como la Junta de Castilla y León aún no ha desarrollado el procedimiento legal necesario para revisar y fijar el aforo en licencias tan antiguas no puede fijar un aforo, pese a que la normativa de ruidos data del año 2009. Incluso un informe del arquitecto municipal de 2025 señaló que las condiciones de evacuación del local denunciado son “claramente insuficientes para ocupaciones superiores a 100 personas”.

El Procurador del Común reconoce el vacío legal para determinar el aforo pero insta al Ayuntamiento de León a exigir al dueño un seguro de responsabilidad civil de al menos 100.000 euros. Además, exige que se aplique la nueva normativa que obliga a un intervalo de seis horas de cierre entre las dos actividades para romper el ciclo de funcionamiento continuo y garantizar el descanso de los vecinos y la convivencia. También insta a la Policía Local a mantener la vigilancia del local sobre su funcionamiento en cuanto a horarios de ruido y las conexiones del sistema de control de ruidos, que alguna vez se ha desconectado y no se ha podido verificar.

Este martes las Cortes de Castilla y León otorgarán su confianza al Alfonso Fernández Mañueco para ser investido presidente de la Junta por tercera vez, tras 2019 y 2022, en la que será la última ocasión. Una norma aprobada a instancias de Ciudadanos en el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita la duración de los mandatos presidenciales autonómicos a ocho años, que cumplirá el que viene Mañueco así que salvo modificación de la norma será su último mandato.

PP y Vox otorgarán sus votos al salmantino para conformar su cuarto gobierno, tras los de coalición con Ciudadanos que rompió abruptamente para adelantar elecciones, el de coalición con Vox que duró dos años y el último del PP en solitario que ha durado otros dos. Llega otra coalición con la extrema derecha tras unas largas negociaciones que han reconfigurado la estructura de poder habitual de la Junta de Castilla y León por las peticiones de poder de Vox.

La incógnita en los círculo de poder leoneses es cuál será el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo de coalición. En general la provincia ya ha perdido peso en las Cortes autonómicas al pasar de un presidente y el secretario primero a una vicepresidenta, que recae en la socialista leonesa Nuria Rubio, y de tener solo el portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego.

El debate de un consejero por provincia, una antigua estrategia del PP, se superó por las coaliciones aunque la incógnita del peso específico siempre está sobre la mesa, y más en León por su singular relación con el gobierno autonómico. Carlos Pollán es el primer nombre leonés que garantiza representatividad, aunque a través del partido que sostenía defender el fin de las comunidades autónomas aunque ahora sean su principal puntar de poder. Pollán será el vicepresidente primero del Gobierno de Mañueco con funciones tras la negativa experiencia con Juan García-Gallardo aunque todavía no han desvelado cuál de las tres carteras de Vox ocupará: si Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura; Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental o Cultura, Turismo y Deporte, por la que más afinidad tienen Pollán por su vinculación con el Ademar.

La otra incógnita es el nombre leonés en el Ejecutivo de Mañueco por parte del Partido Popular. En el partido dan por hecho que Juan Carlos Suárez-Quiñones se mantendrá en el Gobierno autonómico al que llegó en el año 2015 pero todas las apuestas son que no con sus funciones actuales de Medio Ambiente. Primero porque legalmente no puede mantenerse como consejero del mismo ramo durante más de dos mandatos, otra norma emanada de Ciudadanos, aunque un simple cambio de nombre y alguna agregación o salida de funciones permiten que pueda ser casi igual. Segundo porque el pacto con Vox ha desgajado la Política Ambiental de la pura gestión ambiental, lo que ya convierte la actual consejería en inviable.

El presidente Mañueco no quiso hablar de nombres en la firma del pacto de PP y Vox al ser preguntado específicamente sobre la continuidad de Quiñones en el gobierno y en materia medioambiental, tras ser el miembro más criticado por la gestión de los incendios forestales del pasado verano. Pese a ello Mañueco le mantuvo su plena confianza y no movió un solo nombre de la consejería, de Quiñones para abajo, pese a las críticas. Y electoralmente le salió bien, incluso ganando votos en las zonas quemadas.

Desde Presidencia a la nueva consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que Mañueco se olvidó de mencionar en la firma del pacto, el habitual baile de nombres asociados a consejerías ha comenzado. Suárez-Quiñones sigue siendo presidente interino del PP de León, una situación provisional que se alarga ya un año y que el partido deberá solventar al igual que el congreso autonómico donde puede haber pistas sobre el futuro sin Mañueco.

Suárez-Quiñones tiene, además, a su favor para seguir que ha quedado exonerado de todas las cuestiones que sobrevolaban alrededor de su gestión por posible falta de ética, que ni la Justicia ni la Comisión de Ética autonómica han considerado de relevancia, archivando los asuntos que se le reprochaban.

El Partido Popular y Vox ya tienen un acuerdo de gobierno en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán sellaron este miércoles el documento base para que será el segundo gobierno de la derecha y la extrema derecha en la comunidad autónoma, tras el experimento de 2022-2024 que acabó saltando por los aires por la acogida de menores no acompañados.

El documento, además de incluir una gran cesión a medidas xenófobas de Vox, recoge otro tipo de compromisos, algunos más o menos etéreos, y un llamativo apartado titulado 'Infraestructuras del Estado en Castilla y Leon', es decir, medidas que solo se pueden adoptar si uno o los dos partidos llegan a La Moncloa. Y si después las ejecutan. Son ocho páginas que recogen

Para la provincia de León destacan de forma concreta trece promesas, más algunas otras expresadas de forma general que también tendrían acepción. Casi un compendio de promesas electorales de cara a la próxima cita electoral de las Generales y, por tanto, promesas a las que se comprometen ambos partidos y que comprometen a sus líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Varias de las medidas son clásicos de infraestructuras que llevan años enfangandas en algún cajón ministerial y que salen a flote en campañas electorales o en ocasiones de enfrentamientos políticos.

En materías de carreteras PP y Vox se comprometen en León a “finalizar” la autovía A-60 León-Valladolid y la A-76 Ponferrada-Oursense, esta última sin empezar todavía pero con un primer tramo en licitación. Además contemplan el impulso a la construcción de la Ronda Sur de Ponferrada y rematar la circunvalación de León. El plazo: “desde el arranque del Gobierno”.

También en materia de carreteras PP y Vox señalan que pedirán que “se ejecute sin dilación la Decisión de la Comisión de la UE de anular la prórroga de la concesión” de la autopista León-Campomanes AP-66. Actualmente el asunto está en manos del Tribunal de Justicia de la UE tras un recurso del Gobierno de España. Fue un gobierno del PP el que prorrogó el peaje hasta el año 2050, cuestionado por infrinjir la normativa de contratación europea.

La otra medida en materia de autopistas es que se apliquen las bonificaciones de la autopista del Atlántico AP-9 en varios peajes de la comunidad, entre ellos tanto en a AP-71 León-Astorga como la conexión con Asturias. Actualmente hay bonificaciones en Galicia con descuentos de hasta el 100% por retorno en 24 horas y rebajas del 50% por uso recurrente y para vehículos pesados.

Materia ferroviaria

Las otras grandes promesas de PP y Vox son en materia ferroviaria. Entre ellas aseguran que tendrá lugar la “Reapertura de la Ruta de la Plata en sus tramos Plasencia-Salamanca-Zamora-Benavente-Astorga”. Cerrada por el Gobierno de Felipe González en 1985, su reapertura, o no, está pendiente de un informe de viabilidad del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Además los dos partidos se comprometen a “abordar de forma urgente el paso del nudo del Manzanal (León)”, también pendiente de un estudio de viabilidad del Ministerio del político vallisoletano. Ambos informes han superado los plazos iniciales para su presentación.

De forma genérica PP y Vox aseguran dar “apoyo a los soterramientos del ferrocarril en Valladolid, Palencia y León, entre otros”. Sin detalle específico, el único soterramiento en León con demanda social es del Trobajo del Camino, descartado por el Ministerio pero todavía en petición por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Si se refieren a este, claro.

En materia logística PP y Vox impulsarán el “Desarrollo de Plataformas Intermodales de interés para Castilla y León”, mencionando de forma expresa la “Plataforma logística intermodal Torneros-Grulleros”, que actualmente sigue sin desarrollarse pese a ser una promesa de la época de Zapatero en 2007 y que ya tiene casi todo para meter las obras, que no arrancan. Además mencionan también otro “en Ponferrada, para la mejora del transporte de mercancías en la zona del noroeste”.

Otros clásicos de promesas son la mejora del ferrocarril de vía estrecha, ahora ancho métrico y antes Feve, comprometiéndose a “renovar los trenes y bonificar los trayectos en Castilla y León al igual que en Asturias y Cantabria” y “Mejorar las infraestructuras y que el tren de vía estrecha llegue hasta el centro de la ciudad de León”. Una batalla con un fuerte arraigo social, con manifestaciones masivas incluidas, pero que el Ministerio actual ha descartado y prefiere poner un autobús en el tramo urbano.

También firman PP y Vox que pedirán la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) de todas las líneas de alta velocidad y el tramo León-Madrid en concreto. Como no existe esa declaración los abonos del Ministerio de Transportes y las subvenciones de uso de la Junta de Castilla y León no se aplican a los usuarios de ese trayecto.

La derecha y la extrema derecha han firmado además otros compromisos inherentes al Gobierno de España como refuerzo de redes eléctricas o incrementar la regulación de la Cuenca del Duero, el eufemismo habitual para hablar de más pantanos, aunque no se especifica. También pide “asignación de fondos nacionales para la modernización de regadíos” en las provincias de Castilla y León sin dar detalle de la afección concreta de las 50.000 hectáreas que señalan como pendientes sin fondos.

Un párrafo para la infraestructuras autonómicas

En contraposición con las enormes peticiones de infraestructuras al Gobierno de España las autonómicas, que sí dependen del futuro gobierno de Castilla y León, ocupan apenas un párrafo frente a las ocho páginas de las estatales.

En concreto lo resumen así “Avanzaremos en la planificación estratégica de la red autonómica de carreteras con actuaciones de mejora del trazado y anchura de las carreteras, prestando especial atención a la renovación de firmes para que los desplazamientos sean más seguros y cómodos”.

Cabe recordar que hasta el año 2020 la Junta de Castilla y León tuvo en vigor un Plan Regional de Carreteras 2008-2020, en el que se incluían hasta 400 kilómetros de nuevas autovías en las nueve provincias menos Zamora, a ejecutar por el Ejecutivo autonómico. No consta que se haya realizado ni un solo kilómetro hasta la fecha. Ni PP ni Vox se han acordado de esas promesas en su nuevo acuerdo de Gobierno.

La revisión del 'Plan Regional de ámbito sectorial denominado Plan Integral de Residuos de Castilla y León' puesto en marcha por la consejería de Medio Ambiente, aprobado en 2014 y actualmente en fase de alegaciones, apoya la construcción de un nuevo vertedero de gestión de residuos peligrosos en Castilla y León, como el proyectado en las inmediaciones de Astorga y pegado al actual vertedero de residuos domésticos provincial, ubicado en San Román de la Vega, municipio de San Justo de la Vega.

El macroproyecto de vertedero de residuos peligrosos está proyectado por una sociedad del empresario babiano Macario Fernández y, pese a la oposición surgida, cuenta ya con aval ambiental de la Junta de Castilla y León aunque informes previos en contra del gobierno autonómico lo llegaron a considerar como innecesario, aunque luego se corrigó en otro informe esa calificación.

El nuevo plan de residuos autonómico recoge que actualmente solo hay un vertedero de residuos peligrosos en Castilla y León, ubicado en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), que prevé una pequeña ampliación que situaría su vida útil entre 10 y 12 años más. Por ello consideran que “Puesto que la vida útil del vertedero, con la ampliación proyectada, sigue teniendo una vida útil limitada, sería necesaria, a medio plazo, la construcción de un nuevo vertedero de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma”.

Eso sí, el plan señala “la instalación de nuevas instalaciones de valorización de residuos peligrosos, así como su ampliación, dependerá de la iniciativa privada”. Según los datos de la Junta de Castilla y León el 60% de los residuos peligrosos no son valorizables, bien con su reciclaje o como su uso de combustible energético, lo que supone que anualmente hay que enterrar unas 142.309 toneladas de residuos peligrosos.

En el año 2023, la comunidad generó 241.219 toneladas de residuos industriales peligrosos, con un incremento del 32% respecto al año 2010. El 56,2% proviene de procesos productivos y el 43,8% de operaciones de tratamiento de otros residuos, destacando como origen la producción y transformación de metales (21%), el tratamiento de residuos y aguas (23,9%) y la industria química/farmacéutica (9,9%).

En cifras el macrovertedero ocupará 140,6 hectáreas entre los municipios de San Justo de la Vega, Benavides y Villares de Órbigo La vida útil estimada para enterrar residuos es de 20 años: 20 para los residuos no peligrosos y 15 para el vaso de residuos peligrosos. La capacidad de los vertederos es para los residuos industriales no peligrosos de 2.744.679 m3 y para los residuos industriales peligrosos: 796.136 m3. Traducido en toneladas al año es de 55.000 toneladas al año para enterrar residuos peligrosos, 825.000 en su vida útil estimada de 15 años, y de 104.000 toneladas para los residuos no peligrosos.

Según la empresa, el empleo inducido del proyecto es de 474 trabajadores (sumando directos e indirectos): 180 directos entre la fase de construcción y funcionamiento y 294 indirectos relacionados con transporte y otras tareas. La inversión total estimada es de 35 millones de euros.

El proyecto de Astorga también ha estado rodeado de polémica política por la vinculación del consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con el empresario promotor, en cuyo holding trabajaba uno de sus hijos. Ni la Fiscalía ni el comité de ética autonómico han encontrado problemas en esa relación y la aprobación del expediente del macrovertedero.

El macrovertedero está pendiente de obtener las autorizaciones definitivas y de la resolución judicial de los recursos al visto bueno ambiental, recurrido entre otros por el Ayuntamiento de San Justo de la Vega. Además, los problemas financieros que ha arrastrado en los últimos años su promotor, con varias sociedades en situación de preconcurso que ha solventado, han retrasado el proyecto.

El balance comercial de la provincia de León en 2025 ha experimentado un descenso significativo en su superávit, aunque se mantiene en valores positivos, siguiendo la tendencia tradicional de la provincia. Son datos extraídos del Informe de Comercio Exterior de la Provincia de León elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de León, presentado este vierns por el presidente de la institución cameral, Javier Vega, y el catedrático de la Universidad de León y director del estudio, José Luis Placer.

Al igual que ya ocurrió en 2024, el comercio exterior de León en 2025 ha tenido una evolución desigual. Mientras que las importaciones mantuvieron su habitual trayectoria ascendente alcanzando los 1.336 millones de euros, lo que supone un incremento de 224 millones sobre la cifra del año anterior, las exportaciones se redujeron en 196 millones, lo que representa una tasa anual de -12%, situándose en un total de 1.438 millones de euros. El resultado de ambos flujos ha sido un saldo comercial positivo, como viene siendo habitual en nuestra provincia, en este año de 102 millones de euros pero con una notable caída ya que en 2024 ese mismo saldo fue de 523,07 millones de euros.

Según el infome los factores para esta situación fueron la fuerte caída del mercado en Portugal, donde las ventas disminuyeron en 263,55 millones. Por sectores, el mayor impacto negativo se dio en el complejo agroalimentario, seguido de la industria química, el vidrio y los productos de fundición de hierro y acero.

La Zona Euro sigue siendo el principal mercado de las exportaciones leonesas, pero perdió peso como destino debido a la situación con Portugal, pasando de representar el 69% de las exportaciones en 2024 al 60,4% en 2025. Por el contrario, se produjo un incremento de las exportaciones hacia Norteamérica (que subió del 6,4% al 11,8% del total), pese a la crisis aranceralia desatada por Donald Trump, y también subió el intercambio comercial con Iberoamérica.

Top 10 productos que exporta León (por valor económico)

La caída de la carne de cerdo

Uno de los datos más llamativos de las exportaciones es la caída de las ventas exteriores de la carne de cerdo, reduciéndose prácticamente a la mitad en comparación con el año anterior. En términos de cifras, la partida de carne de porcino pasó de exportar 100,43 millones de euros en 2024 a solo 49,95 millones en 2025.

Según el informe entre las causas principales de este descenso están la pérdida de ventas en los mercados asiáticos de Corea del Sur, China y Japón. Además las ventas también cayeron en tres destinos europeos importantes: Francia, Portugal y Rumanía. Específicamente en el mercado portugués, la carne de porcino registró un retroceso de 4,87 millones de euros.

Las exportaciones de porcino bajaron en toda España, con un descenso del 6% pero en la provincia de León la caída fue mucho más acusada, hasta ser la mitad.

Top 10 productos que importa León (por valor económico)

El factor Portugal

La caída del mercado en Portugal fue el factor determinante del retroceso de las exportaciones leonesas en 2025, señala el informe de la Cámara de Comercio e Industria de León, con una disminución de valor de 263,55 millones de euros (un -49,8% respecto al año anterior), lo que afectó de manera profunda y transversal a los sectores más tradicionales de la provincia.

El sector más castigado fue el agroalimentario, acumulando una pérdida de 177 millones de euros en sus ventas a Portugal. Los productos tradicionales más afectados fueron los productos de galletería sufrieron un descenso de 28,44 millones, seguidos de las pastas alimenticias (-7,76 millones) y diversas preparaciones de panadería (-3,91 millones). Le sigun los lácteos como el yogur y el suero de mantequilla registraron una caída conjunta de 17,29 millones, mientras que el queso retrocedió 8,82 millones y los helados 11,28 millones. Los productos cárnicos como las preparaciones y conservas de carne cayeron 17 millones, los animales vivos de especie bovina 8 millones, y los embutidos y la carne de porcino cerca de 5 millones cada uno. También lo hicieron el cacao y sus preparaciones (-8,64 millones), las conservas de hortalizas (-9,82 millones), el azúcar blanco (-2,62 millones) y el agua (-3,07 millones).

Además el sector químico cayó sus ventas exteriores a Portugal en 49 millones de euros, centrados en la bajada de vents de Las preparaciones de limpieza industrial, que bajaron 17,73 millones. También hubo descensos significativos en productos para el cuidado personal (-8,41 millones), preparaciones para desodorizar locales (-6,93 millones), preparaciones capilares (-5,66 millones), jabón (-4,96 millones) y perfumes (-4,2 millones).

El vidrio cayó en ventas de exportación 20,5 millones de euros en ventas a Portugal. El producto más afectado fue el vidrio flotado, cuyas exportaciones a este país se desplomaron en 22,73 millones, junto al vidrio colado o laminado que bajó 2,23 millones. También perdieron fuelle la pizarra, la fundición de hierro y acero o los metales.

El informe cree que la caída también puede deberse a que alguna de las plataformas logísticas ubicadas en la provincia haya variado sus mercados ya que la mayor parte de los productos afectados van dirigidos a un consumidor individual y doméstico y no tanto industrial.

Top 10 productos que importa León (por valor económico)

En cuanto a la procedencia general de las mercancías que entran en la provincia, los proveedores principales de León en 2025 fueron la Zona Euro con el 60% del total. Francia es el principal proveedor con el 15,1% del total importado, seguida de Portugal (9,8%), Italia (9,8%), Alemania (9,2%), Países Bajos (8,9%) y Bélgica (4,5%).

Fuera de la Zona Euro los mayores proveedores son China (7,6%) y Estados Unidos (5%), seguidos de Turquía, Canadá, Argentina, Japón, India, Noruega y México.

A falta de prácticamente un año para las próximas elecciones municipales, Unión del Pueblo Leonés (UPL) se encuentra ya en plena carrera para elegir a su próximo cabeza de lista en el Ayuntamiento de León. Un melón que ya se abrió el pasado mes de abril después de que anunciara su intención de no repetir Eduardo López Sendino, el candidato y líder del grupo municipal desde el año 2015.

Por los primeros movimientos, todo indica que habrá primarias internas en el seno de la formación leonesista, que desde hace un año lidera Alicia Gallego, para que sean los afiliados con sus votos los que tomen la decisión de quién será la persona que aparezca en el próximo cartel electoral leonesista en la capital. Y es que, a día de hoy, ya hay al menos dos nombres encima de la mesa, ambos actuales concejales en el equipo municipal y los dos miembros de la recién estrenada dirección general de Gallego. Se trata de Enrique Valdeón y de Seila Fernández.

La espita la ha abierto el primero, Valdeón, que no dejó lugar a dudas (“sí, me postulo”) cuando ayer fue preguntado abiertamente en la tertulia política de Radio León-Ser sobre su intención de cara a las elecciones al Ayuntamiento en 2027. “Mi intención es esa pero depende de los órganos del partido y de los militantes”, dijo, en referencia a someterse a primarias si no fuera el único interesado en sustituir a López Sendino, “porque hay una serie de requisitos que cumplir y todo se verá”.

Más continuidad

El actual edil lleva siéndolo bajo las siglas de UPL desde 2019, aunque su primera aparición en una lista electoral en el Ayuntamiento leonés data de 2015, pero entonces todavía bajo la escisión del PAL-UL, sin obtener el acta. Orgánicamente, también ostenta actualmente la Secretaría de Empleo, Comercio e Industria de UPL.

Preguntado por su planteamiento de cara a ser el candidato, Valdeón, que profesionalmente es procurador de los tribunales, aboga por una línea que suena mucho a continuidad a lo hecho por Eduardo Sendino. Defiende que “lo primero es ver qué no se ha hecho y se tenía que haber hecho en estos ocho años” de alcaldía socialista de José Antonio Diez, “los proyectos que no se han cumplido y exigirlos a quien esté”, buscando en resumen “soluciones para León, en el tema económico, comercial, aeropuerto... hay muchos frentes abiertos y hay que cerrarlos bien, no dejarlos en el aire”.

Defiende además la decisión adoptada por Sendino en su día de no pactar con el PSOE y formar parte del equipo de Gobierno municipal -como sí se hizo por ejemplo en la Diputación-, y asegura Valdeón que eso significa que han apoyado a veces al equipo de Diez y otras han votado con el PP, siempre bajo la premisa de “qué era bueno para León”. “No nos fiamos de ninguno de los dos, de hecho los dos nos han defraudado siempre a nivel local, provincial y regional, incluso”. Por eso, su planteamiento es que “seguiremos tirando únicamente por León, sin mirar para los lados”.

Educación y servicios públicos

El otro nombre en liza es el de Seila Fernández Domínguez, obtuvo su primera acta de concejala en 2023 gracias al éxito electoral que hizo que UPL obtuviera cinco puesto en el plenario municipal. ILEÓN ha contactado con ella, así como con otros dos nombres que llevan meses sonando entre la militancia leonesista como posibles aspirantes a la sucesión de Sendino en el liderazgo municipal de la capital. Y ella deja abierta la puerta a aspirar a defender su propia candidatura en unas primarias: “Todavía no sé lo que voy a hacer, cuando se abra ese proceso decidiré”. Y es que señala que “como siempre me pongo a disposición del partido para lo que necesite, como he hecho estos años como concejala y secretaria de Educación” en la UPL a nivel orgánico. Pero de lo que no duda es que “UPL tiene que tener una lista ganadora para el Ayuntamiento de León”.

Fernández, maestra y directora de colegio público, durante los últimos años ha sido la voz leonesista en materia de Educación, con una férrea defensa de la educación pública, tanto bajo la dirección de Luis Mariano Santos como de ahora Alicia Gallego. Su última acción ha sido denunciar que el contrato de fruta y verdura a los colegios de la Junta de Castilla y León obvia los productos locales primando el precio aunque vengan de otras zonas lejanas del país.

El otro nombre que circulaba de forma insistente en la militancia leonesista es el del abogado Bernardo García Angulo, que ha señalado a este medio que presentarse a las primarias para la Alcaldía de León “no se me ha pasado por la cabeza”. El abogado es también miembro de la actual dirección leonesista como secretario de Estudios Autonómicos.

Un proceso interno sin fecha y un objetivo claro

El proceso de selección de candidaturas de UPL todavía no está abierto, con un partido con un fuerte componente asambleario. Será el Consejo General del partido, principal órgano entre congresos, quien decida cómo y cuándo se abre el proceso de selección de sus candidatos, con el puesto de cabeza de lista a la Alcaldía de León como plaza más disputada. Sobre todo porque la expectativa en apariencia más razonable es que nuevamente UPL pueda ser la clave de la gobernabilidad en el primer ayuntamiento de la provincia. Actualmente cuenta con cinco concejales, dos de ellos los que primero se han situado en la línea de salida, frente a nueve del PP y once del PSOE, cerrando la lista los dos que se presentaron por Vox pero que pronto se 'rompieron' con un tránsfuga.

El último informe del Banco de España sobre accesibilidad a los servicios bancarios en España, titulado 'Informe de Inclusión Financiera 2025', recoge la evolución de la atención del sector financiero a los ciudadanos entre el 2021 y el 2024. A la tónica habitual de caída de número de oficinas físicas y cajeros se ha contrapuesto un crecimiento de las oficinas móviles, que maquillan los datos de cuántas personas no tienen fácil acceder al sistema bancario, imprescindible en el mundo actual.

La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, señaló en Valladolid esta semana durante la presentación del informe que Castilla y León ha pasado de 290.812 habitantes sin acceso presencial a servicios financieros en 2021 a 198.326 al cierre de 2024, lo que supone una reducción de 92.486 personas en apenas tres años, teniendo en cuenta también el factor población. Unos datos que afectan principalmente a León por la puesta en marcha de oficinas móviles pagadas por la Diputación de León desde el año 2023.

La cifra de oficinas bancarias al cierre de 2024 en España era de 17.377 y la de cajeros automáticos de 41.842. Entre 2008 y 2024, el número de oficinas se redujo en menor proporción (un 48 %) en los municipios rurales que en las zonas urbanas, donde se perdió el 69%. En la provincia de León a finales del 2024 había 228 oficinas de banca, 77 de entidades asociadas a la Asociación Española de Banca (como Santander o BBVA) y 110 oficinas de la red asociada a las antiguas cajas de ahorro CECA (como Unicaja o Caixabank), con cifras que se remontan a 50 años atrás.

Pero en Castilla y León el número total de puntos de acceso presencial (PAC) de servicios financieros creció un 1,9% entre 2021 y 2024, debido fundamentalmente al despliegue de oficinas móviles, las cuales permitieron que los PAC pasaran de 4.369 en 2021 a 4.451 al cierre de 2024. El mapa de evolución divulgado por el Banco de España muestra cómo la llegada del contrato de las oficinas móviles en León incrementa de forma notable el número de municipios que ganan accesibilidad financiera.

Oficinas móviles en León

La Diputación de León mantiene desde enero de 2024 un contrato servicio de oficinas bancarias móviles para combatir la exclusión financiera en el medio rural, después del cierre progresivo de sucursales y cajeros en numerosos pueblos de la provincia. El contrato, adjudicado a CaixaBank, permite que tres ‘bancobuses’ lleguen a 147 localidades de 132 municipios leoneses, dando servicio a 34.000 habitantes. La última renovación se hizo para este 2026, tras lo que tendrá que volver a salir a concurso.

El sistema funciona mediante oficinas itinerantes sobre ruedas que permiten realizar operaciones básicas como sacar dinero, ingresar efectivo, actualizar libretas o pagar recibos, aunque con algunas críticas por las comisiones o la venta de productos asociados a la entidad. La Diputación leonesa destina más de 312.000 euros anuales al servicio por considerar fundamental el servicio en una provincia especialmente envejecida y dispersa, donde cerca del 70% de los usuarios de las oficinas móviles supera los 70 años.  

La red leonesa es la más extensa de España dentro de este modelo de banca móvil, pero también afronta dificultades derivadas de las largas distancias, el mal estado de muchas carreteras rurales o la climatología adversa en zonas de montaña.

Este servicio de atención bancaria móvil se ha puesto en marcha a través del Centro de Innovación Territorial León Sostenible, conveniado entre la Diputación de León, a través del área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Audiencia Provincial de León ha dictado una resolución que aboca a tres profesores de la Escuela de Minas de la Universidad de León a un juicio con jurado por un presunto delito de malversación al rechazar la pretensión de los acusados de cierre de la causa, originada en una denuncia de la propia institución académica en el año 2023.

El tribunal rechaza el intento de anular la decisión judicial previa de llevar a un juicio con jurado a los tres profesores por el delito de malversación de caudales públicos, el principal que se les imputaba cuando se comenzó a investigar el caso. La Audiencia Provincial entiende ajustado a derecho que sea un jurado quién les juzgue, una circunstancia que se dio tras ser reclamada por la Universidad de León, que ejerce también la acusación particular. El Juzgado de Instrucción nº 5 de León había dictado el auto de procedimiento abreviado para llevarlos a un juicio oral normal, pero la institución académica recurrió que fuera por un jurado, que fue rectificado y aceptado por el propio Juzgado de Instrucción nº 5 de León. Los acusados habían solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa, que fue rechazado.

El caso se remonta al año 2023, cuando una auditoría encargada por la Universidad de León sobre la gestión de los llamados cursos de adaptación al grado en la Escuela de Minas desvelaron hechos presuntamente delictivos que fueron llevados a los tribunales. Estos cursos de adaptación al grado surgieron tras la extinción de los antiguos títulos españoles de diplomaturas y licenciaturas para adaptarse a los del Espacio Europeo de Educación Superior, en el conocido como ‘Proceso de Bolonia’. Mediante estos cursos, antiguos diplomados e ingenieros técnicos podían acceder a un título de grado mediante ‘cursos puente’ que en algunos casos aumentaban sus competencias profesionales.

La Escuela de Ingenieros de Minas de León se realizó la adaptación a los grados nuevos de las antiguas titulaciones de Minas y Topografía entre el 2012 y 2016 por los que pasaron casi 1.800 alumnos, seis veces más que los que convalidó la vecina Universidad de Oviedo, lo que supondría un manejo de fondos de más de tres millones de euros según la denuncia original.

Minas firmó un convenio con los colegios profesionales de Minas y de Topografía para la realización de los cursos, fijándose que la mitad de los ingresos obtenidos serían para la Universidad de León y el resto se lo quedaba el colegio para pagar gastos de los cursos y material para la Escuela, al no poder tener beneficios como colegio profesional. El convenio con Topografía era ligeramente distinto pero el método, exactamente el mismo. El proceso suponía abrir una cuenta corriente con firma mancomunada del colegio y de los responsables académicos, de cuya salida de fondos se origina la denuncia de malversación por varios miles de euros. Los acusados han negado en todo momento irregularidades y señalaron que el sistema fue idéntico al usado por otras universidades y otras titulaciones.

La Universidad de León consideró que los acusados “de forma aparentemente intencionada eligieron indebidamente un instrumento jurídico que les permitió utilizar sin control fondos públicos para aprovechar la 'oportunidad' que representaba la solución legal ofrecida a los ingenieros técnicos de cara a la obtención del Grado, adoptando a tal fin y de forma recurrente decisiones arbitrarias con el fin de favorecer la captación de alumnos, y por lo tanto la captación de fondos públicos con los que se lucraron, tanto ellos personalmente como su Departamento y Grupo de Investigación, así como terceras personas a través de familiares y entidades vinculadas”.

El procedimiento de la Universidad de León se dirigió inicialmente contra cuatro profesores que además ocupaban cargos de gestión de la Escuela de Minas, entre ellos su exdirector y exsecretario. En el procecimiento judicial se ha decretado el sobreseimiento provisional para uno de ellos.

La resolución de la Audiencia Provincial de León rechaza que el cambio de juicio oral normal a un procedimiento con jurado suponga un argumento para anular el proceso, sino que procede que el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, llamado Sección 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, siga el procedimiento adecuado previsto en la Ley del Tribunal del Jurado, llamando a las partes para que se pronuncien sobre este hecho. Posteriormente se decretaría el procedimiento, también susceptible de recurso, lo que puede alargar el procedimiento judicial.

Cada leonés tiene de promedio a su alrededor, en un radio de un kilómetro, a 13.232 vecinos, una cifra lejos de la media estatal de 27.481 vecinas y más lejos de la mayor de España, en la provincia de Barcelona con 50.524 personas. Son algunas de las cifras sobre la demografía en España que desvela el informe 'La población española en alta resolución', editado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El estudio usa conceptos demográficos para analizar el impacto económico en el territorio. Por ejemplo, para calcular cuánta superficie del país ocupa la población, divide el toda España en celdas de 100 metros por 100 metros para analizar su distribución y composición. Esto les ha llevado a un cálculo de que, en realidad, solo el 2,6% del territorio de toda España está habitado y que la mitad de los residentes del país se concentra en el 6% del espacio ocupado. Con esta información se buscan datos para evaluar con exactitud la accesibilidad a servicios esenciales y el potencial de interacción social, así como las desigualdades de los territorios.

Abriendo un poco más el foco, con celdas de un kilómetro por un kilómetro, en España alrededor del 80% del territorio está vacío de población, ocupando la población el 22,6% del territorio (entre el 77,4%, o el 87,4% según la metodología). En el caso de León la población solo ocupa un 18,7% del territorio, frente a cifras como el 48,9% de Asturias o el 12% de Zamora.

Además la población se concentra de forma muy mayoritaria en núcleos urbanos. En España el 41,2% de la población, en cifras del Censo 2021, vive en el 1% de las celdas más pobladas, es decir, las ciudades. En el caso de León esto es incluso más extremo. En el 1% de las celdas más pobladas, las correspondientes a ciudades y entornos urbanos, vive el 46,5% de la población. El 16,1% de los leoneses vive en localidades y áreas semidensas y el 36,1% en área rural. De estos últimos el 3,2% de la población de la provincia lo hace en zonas consideradas 'mayoritariamente deshabitadas'.

En contraste con las cifras de León están que en Asturias la concentración urbana es mayor, con el 57,2%, y en Zamora inferior, con el 44,2%. Cabe recordar que León es la séptima provincia de España en superficie, con 15.581 kilómetros cuadrados.

Cuando se analiza la densidad de población en España la media en 2021 era de 94 habitantes por km². León se va al vagón de cola al bajar hasta los 29 hab/km², con Zamora con solo 16 hab/km² de media-, con datos del año 2021.

Llevándolos a la economía estos datos se traducen en menores oportunidades de mercado ya que hay un entorno inmediato mucho más reducido para el comercio local y los servicios de proximidad. Además conlleva una debilidad en la red social y profesional, al dificultar la creación de clústeres económicos y el intercambio de ideas (efectos de desbordamiento de conocimiento), que son motores de innovación en las zonas urbanas más densas, según el estudio.

El estudio señala también lo complicado de la demografía leonesa con una de las mayores edad media del país, 47,8 años (4,2 años por encima de la media nacional en 2021, ya que actualmente es mayor). Además solo el 12,6% de la población es joven, esto se traduce en una economía con menos fuerza laboral por la bajada de la población activa, dificulta el relevo generacional y la atracción de nuevas industrias. Además el elevando enjecimiento conlleva cambio en el consumo, más centrado en cuidados y servicios sociales y reduciendo el dinamismo en otros sectores de consumo activo o tecnológico.

Carreteras disfuncionales

El estudio demográfico analiza, además, aspectos relativos como las carreteras, por su incidencia en las interacciones humanas y económicas. La red de carreteras de la provincia supera los 6.000 kilómetros entre los de la Diputación, Junta y Estado, y sin tener en cuenta los tramos que pertenezcan a municipios.

La conclusión del estudio es el desempeño de la red viaria en León para el transporte privado es uno de los más bajos de España. Esto es porque este índice se mide teniendo en cuenta el número de población a la que se puede llegar en 90 minutos de viaje en un radio máximo de 120 kilómetros, que en el caso de León es apenas es el 35% de la población provincial. Este valor es menos de la mitad del promedio nacional, que se sitúa en el 75,6%.

Un valor del 100% indicaría que toda la población cercana es accesible en el tiempo fijado, mientras que valores bajos reflejan dificultades por orografía, dispersión o infraestructuras deficientes. León se sitúa cerca de los valores mínimos de la tabla, liderada por abajo por Teruel (23%) y Soria (33%), y a una distancia abismal de Madrid (96%) o Barcelona (93%).

El estudio explica que la presencia de macizos montañosos y una orografía rugosa “son obstáculos evidentes para el transporte por carretera, generando una red más sinuosa, lo que representa menores velocidades de tránsito y, por tanto, un menor grado de accesibilidad, al tiempo que mayores costes de construcción y mantenimiento”.

Entre los factores que explican esto están que las grandes zonas urbanas reciben inversiones para redes de alta capacidad y en lugares como León, con todavía un peso grande del mundo rural en la dispersión, penaliza el indicador-

A nivel económico esto se traducen en una limitación de las oportunidades de interacción humana y económica, que puede tener efectos en el mercado laboral y comercial, mayores costes logísticos y una pérdida de ventajas competitivas frente a otras zonas del país.

Más de 300 estudiantes de todo el mundo acuden cada año a la Universidad de León a cursar al menos un cuatrimestre de sus titulaciones. Es lo que popularmente se llama 'Erasmus', en honor al famoso programa europeo de intercambio de estudiantes universitarios nacido en 1987 y que es uno de los mayores logros del proyecto de la Unión Europea. Su éxito ha sido tal que a cualquier beca de intercambio casi se la denomina así de forma genérica, aunque sea con terceros países no europeos, y hoy el programa se ha extendido a otras etapas de la educación y distintas profesiones. Hacer un 'Erasmus' es toda una experiencia.

Pero el intercambio Erasmus también ha mutado con los años, y las crisis. Ahora es un programa más corto, pero hace dos décadas solía corresponder a un curso universitario completo, con lo que el traslado a otro país era de nueve o diez meses. Es lo que le pasó a un grupo de (entonces) estudiantes que arribaron a León desde distintas partes de la península itálica. Sin conocerse se hicieron amigos y 20 años después han vuelto a la ciudad leonesa a reencontrarse y celebrarlo.

Francesco, Claudia, Ludovica, Gloria, Andréa, Mattia, Daniele y Mino disfrutan ya de la ciudad de León en la que es la cuarta vez que vuelven desde su estancia Erasmus en el curso 2005/2006. El contacto y la amistad se mantienen pese a estar repartidos por media Europa y la nostalgia invade un poco los recuerdos, básicamente buenos, que se llevaron de León. Y el Barrio Húmedo como punto imbatible.

León como recuerdo y como punto de inflexión en sus vidas, reflexionan. Alguno recuerda incluso haberse quedado un tiempo de vacío después de regresar de León sin saber muy bien qué hacer con su vida. De su año salieron incluso parejas internacionales que se formaron en León y que siguen juntas con descendencia Eramus.También algunos compañeros encontraron en León su hogar definitivo.

Claudia ha venido de Munich, la ciudad alemana donde reside, y lo tiene muy claro: “León fue el mejor año de toda mi vida”. Francesco, residente en Roma, lo comparte: “Volver a León es para nosotros como volver a nuestra casa”. Mino, italiano residente en Londres, lleva con orgullo que su “tercera nacionalidad” es la leonesa, la cual lleva siempre en el corazón cuando habla con sus colegas o clientes. Los tres han compartido con ILEÓN antes de llegar a la ciudad sus recuerdos, visiones y anhelos.

Han pasado de tomar fotos con cámaras digitales a hacerlo con el móvil, de hablar por Messenger a los grupos de Whatsapp. Las redes sociales, como las conocemos hoy, todavía no eran masivas. En dos décadas el mundo y los sistemas de comunicación han cambiado, pero la experiencia personal resiste como el mejor elemento de unión.

Un León que cambia, pero mantiene su esencia

Los bares son uno de los recuerdos comunes, ya que además cuando llegaron a la ciudad eran veinteañeros. La fiesta y las tapas de León son una de las cosas que marcan y que piensan aprovechar a lo largo de estos días de visita, aunque ya están advertidos que la hostelería leonesa ha puesto al famoso 'corto' en peligro de extinción.

Para Claudia volver a León significa “una emoción muy grande”, destacando que el grupo se mantiene en contacto 20 años después. Y destaca la “solidaridad Eramus”, como ella lo define, que existe en la ciudad hacia los estudiantes internacionales, “que entiende de verdad lo que significa trabajar con la gente internacional, con otra cultura”.

Mino fue durante su etapa estudiantil en León una figura muy activa en la vida social, colaborando en la Radio Universitaria con un programa de fútbol u organizando fiestas Erasmus. Para él, volver a León es sinónimo de “seguridad” y de sentirse “en casa”, confesaba antes de llegar. Está convencido de que su Erasmus en León le hizo cambiar para siempre: “Llegué a León en 2005 con una mentalidad y volví a Italia con otra diferente, de apertura”.

Francesco tiene ganas de volver a pasear por La Palomera, ver donde vivía y visitar los campos de fútbol donde jugaba. “Hay una mezcla de sensaciones diferentes en volver, la última vez que fui (a León) me ha golpeado mucho. Tengo muchas ganas de volver y estar con mis amigos y hablar”, explica. Claudia quiere acercarse hasta el Instituto Leonés de Cultura donde hizo prácticas y Mino visitar los locales que 20 años después siguen abiertos y donde todavía le recuerdan.

"Volver a León es para nosotros como volver a nuestra casa"

¿Y cómo ven León 20 años después? Claudia nota que “han cerrado muchísimo los locales” y que la cultura de las tapas ha encarecido sus precios, pero ve la esencia intacta en el Barrio Húmedo, “En León sigue existiendo La misma cultura”. Francesco si observa que “muchos bares están iguales”, en contraposición con el movimiento de cambio rápido las grandes ciudades, algo que destaca como una señal de “seguridad”, al menos para su visita. Recuerda con cariño lugares emblemáticos como 'El Tizón', en manos de la siguiente generación que lo llevaba hace dos décadas. Para Mino un local para el recuerdo es el local nocturno Glam, centro neurálgico de las fiestas internacionales de la época.

Más allá de la fiesta, los protagonistas destacan el impacto académico y profesional de su estancia en la Universidad de León. Claudia resalta la “paciencia increíble” de los profesores y cómo León despertó su “pasión por los idiomas”, lo que hoy se su profesión. Mino aprendió perfectamente español, idioma básico hoy en su carrera profesional. Francesco, por su parte, considera que el Erasmus en la Universidad de León fue un “acelerador” para su carrera al proporcionarle la habilidad para “construir relaciones”. “Te da la receta para mirar a las personas y entenderlas”, explica.

Mino destaca también el carácter de los leoneses, habitualmente considerado frío, algo que él rebate. “Aunque en el norte la gente es más fría comparado con el sur (de España), cuando se abren después lo dan todo. A mi me ayudaron con todo y tengo un recuerdo de que nos trataron como hermanos. La manera como fueron acogedores fue inolvidable”. Para Francesco los leoneses somos “muy genuinos como población, con una identidad muy fuerte, que sienten ser leoneses y esto me lo transmitieron también a mi”.

Tal es el impacto de la experiencia todo el grupo defiende que una estancia Erasmus debería ser un paso obligatorio en cualquier carrera universitaria. “León Erasmus”, inciden entre risas. “Gracias al Erasmus hemos ganado dos mundiales: uno de fútbol y uno de vida”, señala Mino, reafirmando que su “tercera nacionalidad” siempre será la leonesa.

“Nunca encontré lados negativos de León, y si hay alguien que lo piensa prefiero no saberlo. León es perfecta, la mejor ciudad de España”, concluye Franceso. Palabra de Erasmus.

El empresario minero leonés Victorino Alonso ha obtenido la libertad condicional después de cumplir ocho meses de carcel y dos años de tercer grado por la condena de cuatro años de cárcel impuesta por el Tribunal Supremo por explotar ilegalmente la mina a ciero abierto Nueva Julia, ha adelantado Radio Bierzo-Cadena SER. Su edad, 74 años, ha sido el argumento decisivo para la adopción de la medida.

Alonso, también conocido como el 'rey del carbón', ingresó en prisión a mediado de septiembre del 2024 para cumplir la condena después de que se conociera la sentencia de Nueva Julia y también la de la explotación minera ilegal de el Feixolín, que supuso otro año y nueve meses de cárcel por otro destrozo ambiental en las comarcas mineras leonesas. Las dos sentencias sumaban, además, más de 25 millones de euros en multas e indemnizaciones, que no se han abonado.

Según Radio Bierzo la resolución concede el cuarto grado penitenciario al tener en cuenta factores como su edad, 74 años, así como la ausencia de incidencias desde que disfruta del tercer grado desde junio de 2024 y su comportamiento en prisión. El Ministerio Fiscal no se opuso a la concesión de la medida.

El magnate minero evitó la cárcel anteriormente tras una condena de dos años y medio de prisión en 2016, rebajada luego a dos años, y una millonaria multa de 25,5 millones de euros, por destrozar el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves (Huesca). Este importante vestigio se ubicaba en una finca de caza de una empresa vinculada a su opaco conglomerado empresarial. Alonso no ha pagado la multa y logró que se le declarara 'insolvente' para limitar el dinero que se le quita de su pensión de jubilado.

Victorino Alonso no ha satisfecho las cantidades de responsabilidad civil impuestas en los últimos procedimientos aunque en su última comparecencia pública, en enero en el parlamento de Asturias en la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo, llegó a confesar que no sabía de cuántas empresas era administrador. En sus palabras ante el poder legislativo asturiano no dejó títere con cabeza respecto de los empresario que le sucedieron en la que fue la mina más moderna de España y que costó cinco vidas en un escape de grisú en marzo del 2025. Alonso compareció de forma telemática desde la Asamblea de Madrid, al tener allí fijada su residencia para cumplir el tercer grado penintenciario.

La libertad condicional de Alonso le obliga a cumplir varias medidas hasta la finalización de la condena. Entre ellas, deberá pernoctar en el domicilio fijado judicialmente, mantenerse localizable por teléfono, acudir a controles periódicos con el psicólogo asignado, comunicar cualquier desplazamiento fuera de España y seguir destinando parte de su pensión de jubilación al pago de la responsabilidad civil. Victorino Alonso podrá disfrutar ahora de su jubilación “y otros menesteres” que ha explicado públicamente, entre ellos trifulcas de su grupo empresarial vinculado por apropiarse de fincas de vecinos, que han tenido que reconocer.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un conductor que sacó su coche del depósito municipal de la capital leonesa sin autorización y sin abonar la tasa correspondiente, aprovechando que la barrera de acceso estaba abierta tras la salida de otro vehículo.  

La sentencia, dictada el pasado mes de marzo por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, desestima el recurso presentado por el conductor contra la resolución previa del Juzgado de lo Penal número 2 de León, que le había condenado por un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad.  

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2023. Según recoge la resolución judicial, el hombre dio positivo en un control de alcoholemia y agentes de la Policía Local ordenaron la inmovilización del vehículo y su traslado al depósito municipal. Los policías le informaron de que podría recuperar el coche posteriormente, tras una nueva prueba negativa y previo pago de la correspondiente tasa.  

Sin embargo, apenas unas horas después, sobre las 09.40 horas, el conductor accedió al depósito aprovechando la apertura de la barrera y retiró el vehículo sin autorización. Después estacionó el coche en la calle Diego Yuste, en Puente Castro.  

El condenado recurrió alegando que no había recibido una orden “clara y terminante” y que desconocía que estuviera incumpliendo instrucciones policiales. No obstante, la Audiencia considera acreditado que los agentes le explicaron de forma expresa el procedimiento para recuperar el automóvil y las consecuencias de no respetarlo.  

La Sala sostiene además que el acusado actuó “de forma oculta y subrepticia”, lo que evidencia que era consciente de que incumplía las órdenes recibidas. Por ello, confirma íntegramente la condena: seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros.  

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha resuelto que la muerte por suicidio de un trabajador del Ayuntamiento de Onzonilla debe considerarse como contigencia profesional (accidente de trabajo), al entender que existió una relación directa entre el grave deterioro de su salud mental y la situación laboral y judicial que atravesaba en sus últimos meses de vida. Así, ordena a la Seguridad Social que rectifique el cálculo de la pensión de viudedad reconocida a su esposa, aumentando la base de cotización en 400 euros mensuales, que conlleva elevar la pensión.

El tribunal ratifica un fallo previo del Juzgado de lo Social 3 de León, que ya había dado la razón a la viuda del trabajador y rechaza los recursos interpuestos por la mutua Fremap y el Ayuntamiento de Onzonilla, que consideraban que se debía mantener la calificación de contingencia común para el cálculo de la pensión. El TSJ considera acreditado que la situación vivida por el empleado municipal a partir de mayo de 2022, cuando fue suspendido cautelarmente de empleo y sueldo y se le abrió una investigación judicial relacionada con documentos municipales, provocó un agravamiento severo de su estado psicológico, que finalmente le llevó a quitarse la vida unos meses después.

En la sentencia se recoge un minucioso relato de la actividad profesional del trabajador vinculada al ayuntamiento ubicado en el Alfoz de León, así como su situación mental, que le llevaron a tratamientos y bajas por cuadros de depresión con ansiedad, aunque había desarrollado con normalidad su actividad laboral durante décadas. Pero en el año 2022 el trabajador fue denunciado, siendo detenido incluso en su puesto de trabajo, lo que llevó a la apertura de un expediente disciplinario y su suspensión cautelar, luego levantada por la justicia. Estos hechos llevaron a un deterioro directo, señalan las dos sentencias, de su salud mental.

El trabajador había sido detenido el 11 de mayo del 2022 acusado de haber firmado tres documentos que no debía, entre ellos un certificado de empadronamiento que suele firmar el alcalde, siendo imputado en una investigación judicial por un presunto delito de falsificación de documento público. El 18 de mayo de 2022 el Pleno del Ayuntamiento de Onzonilla aprobó incoar al trabajador un expediente disciplinario y suspenderlo cautelarmente de sus funciones. Al día siguiente el trabajador cogió la baja por un cuadro de depresión con ansiedad. El hombre falleció el día 21 de marzo de 2023 por una lesión autoinfligida. La suspensión de funciones que el impuso el Ayuntamiento de Onzonilla había sido declarada nula pocos días antes por un juzgado de lo social.

El TSJ sostiene que todos los hechos recabados en la causa indican que su situación laboral no se trata de una “ocasionalidad pura”, sino de una “ocasionalidad relevante”, figura jurídica utilizada cuando el trabajo o las circunstancias derivadas de él son condición determinante para que se produzca el daño. El tribunal subraya, además, que aunque el fallecimiento no ocurrió en el lugar de trabajo, sí estuvo vinculado al impacto emocional y psicológico derivado de los hechos sucedidos en el ámbito laboral. El trabajador había señalado sus problemas laborales como la causa de su situación mental, incluso mencionando la posibilidad de suicidio como salida a la situación.

Tanto Fremap como el Ayuntamiento de Onzonilla plantearon en sus recursos que la situación de deterioro psicológico del trabajador no se derivaba del trabajo sino de la investigación abierta en su contra. Pero el tribunal considera que no se han probado que otros factores pudieran explicar el suicidio y sí se señala el agravamiento de su salud desde mayo del 2022.

El tribunal explica que el trabajador tenía antecedentes por depresión desde hacía dos décadas pero que desde los hechos del mayo del 2022 se produce un drástico cambio en su estado clínico por lo que concluye que el trabajo está en la base de la decisión de quitarse la vida. Rechaza el argumento de la mutua de que el suicidio es un acto voluntario al que no se debe aplicar el concepto de accidente de trabajo pero el TSJ señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el suicidio puede ser accidente de trabajo si se produce por una situación de estrés o trastorno mental derivado de factores laborales. En este caso el “grave trastorno y grado de angustia” provocado por el conflicto laboral anuló esa supuesta voluntariedad libre

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y se condena al Ayuntamiento de Onzonilla y a la mutua a pagar las costas por valor de 600 euros.

La Audiencia Provincial de León acoge esta y la próxima semana un juicio contra varias empresas del sector minero y sus responsables, entre ellos miembros de la familia Del Valle, por los presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad de documento mercantil en una trama para cobrar las ayudas al carbón de interior vendiendo falsamente como tal carbón de cielo abierto.

Las empresas acusadas son la histórica y quebrada sociedad minera Hullera Vasco-Leonesa y las de servicios auxiliares Transportes Peal SA y su filial Restauraciones Mineras SA, así como varios de sus directivos como Antonio y Arturo del Valle Alonso, Mario Calvo Herce, Emilio Amor, Juan Manuel Alonso y Francisco Luengo. El juicio se desarrolla en siete sesiones y los acusados han pedido declarar al final del proceso.

La Fiscalía de León se ha negado a desvelar su petición de penas de cárcel y económicas a los acusados pero el periódico El País ha desvelado que el origen de la causa radica en una denuncia anónima que alertó a la Agencia Tributaria de la existencia de una trama para cobrar las subvenciones al carbón de interior. Según el denunciante, el fraude podría ascender hasta los 14 millones de euros y se desarrolló en varios años en los que ya se veía el final de la minería en España, entre el 2011 y 2015.

La causa, detalla El País, se originó tras la denuncia anónima de una persona vinculada al entorno empresarial, que entregó a la Agencia Tributaria miles de archivos, fotografías y hojas de cálculo que supuestamente demostraban cómo se alteraban los volúmenes reales de carbón extraído en connivencia entre las tres empresas. A raíz de esa documentación intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigó un sistema diseñado para inflar la producción subvencionada.  

Los investigadores sostienen que las empresas elaboraban informes falsos para incrementar artificialmente hasta un 20% o un 25% la producción declarada y así aumentar la facturación y las ayudas estatales. La documentación aportada incluye tablas internas con apartados diferenciados entre “producción real” y “producción incrementada”, además de fotografías de camiones trasladando material de explotaciones exteriores a minas de interior.  

Este medio ha asistido a la sesión de este miércoles en la que han declarado varios testigo y peritos de las defensas para intentar justificar ese desfase económico, negando las cifras de la Agencia Tributaria. Las pruebas testificales continuarán este jueves, día en el que está previsto que empiecen a declarar los acusados.

La Fiscalía oculta las penas

La acusación pública en el juicio la ejerce la Fiscal Jefe Provincial, Isabel Morán González, que ha ocultado su escrito de acusación en este caso, ante reiteradas peticiones de este y otros medios de comunicación, y cuya divulgación es habitual, pero desde hace un tiempo esta Fiscalía en particular ignora el derecho a la información y el propio estatuto del Ministerio Fiscal y se niega a facilitarlos.

En este caso que afecta a históricos empresarios leoneses la ocultación del escrito de la Fiscalía es tal que incluso se ha advertido a los abogados y procuradores de las partes que no se puede facilitar a los medios de comunicación, según ha confirmado este periódico. La Fiscalía no quiere que se sepa lo que pide de penas a los empresarios, que en todo caso deberá ratificar o modificar en la vista pública antes del fin del juicio que se celebra hasta el miércoles 20 de mayo.

La actitud obstrucionista de la Fiscalía de León con los medios de comunicación es una tónica habitual en todos los procedimientos, llegando incluso al borrado de los nombres de las empresas afectadas en procedimientos bajo la pretendida ley de protección de datos personales, que no afecta a los nombres de las entidades jurídicas. Isabel Morán ocupa el puesto de jefa de la Fiscalía de León desde el año 2017.

El delito contra la Hacienda Pública está tipificado con penas de prisión de dos a seis años y el de falsedad de documento mercantil con penas de prisión de 6 meses a 3 años.

Los Del Valle, absueltos por la muerte de mineros en el Pozo Emilio del Valle

Los Del Valle, una histórica familia empresarial leonesa con vínculos con el franquismo, se vuelven a sentar en el banquillo después de que hace apenas medio año el Juzgado de lo Penal número 2 de León los haya absuelto por la muerte de seis mineros en en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en 2013. La sentencia, que tardó en llegar más de dos años y medio desde que el juicio quedase visto para sentencia, eximió también de responsabilidad civil a la compañía minera, al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuir a los procesados delitos de homicidio imprudente, lesiones o vulneración de la seguridad laboral que se les imputaban.

La jueza concluyó que la causa más probable de la explosión fue un desprendimiento instantáneo e imprevisible de grisú y dio mayor validez a los informes técnicos presentados por las defensas frente a las tesis de las acusaciones, que sostenían que existieron fallos de seguridad y deficiencias estructurales en la explotación minera.

La demora provocó protestas y movilizaciones de familiares y compañeros de las víctimas reclamando una resolución judicial que, cuando llegó, dejó incomprensión y desolación. En marzo de 2026, la Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial de León la sentencia absolutoria para los Del Valle y los otros 12 acusados por el accidente del pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el que murieron seis y resultaron heridos de distinta consideración otros ocho el 28 de octubre de 2013. El ministerio público solicitó la anulación tanto del fallo como del propio juicio y pidió que el caso volviera a celebrarse al considerar que la jueza realizó una valoración “irracional” e incorrecta de las pruebas técnicas y testimonios practicados durante la vista oral.

En su recurso, Fiscalía defendía que el debate no debía centrarse únicamente en la causa inmediata del escape de grisú, sino en si la tragedia podría haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas. Por ello, cuestionaba aspectos como la ventilación de la mina, la planificación de la explotación y la evaluación de riesgos en una zona especialmente peligrosa, además de reprochar que la sentencia otorgara mayor credibilidad a los informes aportados por las defensas frente a los elaborados por técnicos de la autoridad minera y por el perito judicial.

El Colegio de Registradores de España señala a la provincia de León como una de las ocho en España donde el primer trimestre del 2026 no ha comenzado con subidas de precios y ventas, sino todo lo contrario, según la estadística hecha pública en su último informe que recoge los datos del registro de compraventa de viviendas en España.

En todo el país la cosa sigue disparada, con un máximo histórico en los precios de la vivienda en España hasta los 2.429 euros/m², con una subida interanual del 17,6% (primer trimestre del 2025 al primero del 2026) y del 3,2% en los tres primeros meses del año. En cambio en la provincia de León se registró una caída de los precios registrados, del 4,0% hacia abajo, el tercer mayor descenso del país solo por detrás de Álava (-8.8%) y Soria (-8,5%). El precio medio por metro cuadrado de toda la provincia es de 1.038 euros/m², en la parte baja de la tabla provincial.

Entonces, ¿Ha llegado a su techo el mercado de la vivivienda en la provincia de León? ¿O hay un bache coyuntural? En este primer trimestre los datos del Colegio de Registradores señalan que hasta ocho provincias han bajado precios y a la vez ventas. Los precios se han reducido en catorce pero han seguido subiendo las ventas en seis de ellas. La caída de precio y ventas a la vez suele responder a una moderación de la demanda, que no es capaz de absorber los niveles de precios, provocando ajustes tanto en el número de operaciones como en el valor de las mismas.

En el caso leonés la caída de precios del comienzo del 2026 fue impulsada especialmente por la vivienda nueva, cuyo precio bajó un -18,7% (1.157 euros/m²), mientras que la vivienda usada se mantuvo más estable con un leve ajuste del -0,6% (1.017 euros/m²).

Este desajuste de precios coincide con lo que señalan otros informes de lo que está ocurriendo en León, con los precios de venta inflados respecto a lo que finalmente se firma o se tasa, con diferencias de hasta 500 euros por metro cuadrado que equivalen hasta una cuarta parte del precio final.

Pero a pesar de las cifras trimestrales a nivel interanual el precio medio de la vivienda es un 13,8% superior al del mismo periodo del año anterior, con la vivienda usada subiendo un 17,3% interanual.

Ventas a la baja

En total en los tres primeros meses del año se registraron 1.610 compraventas de viviendas en la provincia de León, con un descenso del -5,2% trimestral. tanto la vivienda nueva (-8,1%) como la usada (-4,7%). Si se abre el foco en los últimos doce meses, la provincia acumula 6.688 compraventas, lo que representa un incremento del 17,9% interanual.

La ciudad de León concentró el 29,50% de las compraventas de la provincia en el primer trimestre, perdiendo algo de peso relativo respecto al trimestre anterior (-2,06 puntos porcentuales). Por su parte las compras realizadas por extranjeros representaron el 4,97% del total provincial en el trimestre, lo que supone un incremento de 1,41 puntos porcentuales frente al trimestre previo, aunque las cifras son muy modestas comparando con provincias del eje mediterráneo.

León ciudad

Aunque pierde peso en el conjunto del mercado provincial la situación de la ciudad de León sigue siendo singular. Es la ciudad de Castilla y León donde más ha subido el precio de la vivienda en el último año (+19,5), seguida muy de cerca por Ávila (+19,3%) y Salamanca (+18,3%). El precio medio por metro cuadradro se situó en los 1.603 euros, casi un 40% más alto que el medio de la provincia. Cabe recordar que León ciudad tiene un mercado inmobiliario desbocado, encabezando las subidas de precios a nivel nacional.

Aunque el informe del Colegio de Registradores no desvela datos de la evolución de los precios en León ciudad en el primer trimestre del 2026, el elevado peso del mercado inmobiliario en el total provincial hace inferir que los precios de compraventa también se han reducido en el mercado local. El ritmo de crecimiento del precio de la vivienda en León ciudad en un año es más del doble que la media nacional (8,9%) y supera ampliamente a otras capitales de la autonomía con mercados inmobiliario intensos como Valladolid (10,0%) o Burgos (14,9%).

El Colegio de Registradores señala ante esto que “La demanda no es insensible al comportamiento de los precios, y en un escenario de altos crecimientos, la demanda se mueve buscando vivienda adquirible, favoreciendo el crecimiento de la actividad en municipios menos poblados, con menor precio de la vivienda”.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha restringido el derecho de sus concejales de la oposición a ejercer el control efectivo del gobierno municipal al no responder en pleno los ruegos y preguntas. Es la conclusión a la que llega el Procurador del Común tras una denuncia presentada por el PSOE de Ponferrada en el año 2024 y que se ha resuelto casi dos años después.

La institución que dirige Tomás Quintana López, que lleva con su mandato caducado desde el 2022, ha emitido una resolución en la que cuestiona el tratamiento dado por el Ayuntamiento de Ponferrada a los ruegos y preguntas formulados por la oposición en sesión plenaria, al haberse contestado únicamente por escrito y fuera del pleno.

En el mandato actual con Marco Morala (PP) en la Alcaldía se decidió que en la organización municipal las respuestas a los ruegos y preguntas se darían en la Junta de Portavoces, una reunión no pública y de carácter consultivo, mediante respuestas por escrito y con su posterior publicación en la web municipal. El PSOE denunció la práctica por considerar que se vulneraba el derecho a saber lo que pasa en el ayuntamiento berciano.

Según el Procurador lo realizado por Ponferrada “altera una de las competencias indelegables del Pleno”, como es la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, recogida en la Ley de Bases del Régimen Local. En concreto, recuerda que el artículo 22.2 atribuye al pleno esa función, mientras que el artículo 46.2 exige que exista una parte diferenciada en las sesiones ordinarias destinada a garantizar ese control político. “La Junta de Portavoces no es, ni puede ser, un órgano de fiscalización de la acción del gobierno, función que corresponde exclusivamente al Pleno del que forman parte todos los concejales, no solo los portavoces de los grupos”, incide.

Además, el dictamen de la defensoría del pueblo autonómica va más allá del plano organizativo y entra en el terreno constitucional. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, recuerda que el derecho de los concejales a formular preguntas y obtener respuesta forma parte del derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. Este derecho incluye no solo intervenir en los plenos, sino hacerlo en condiciones que permitan ejercer de forma efectiva su función de control.

“Hemos de insistir en que no puede quedar a voluntad del órgano sobre el que se ejerce el control, el Alcalde o Concejal delegado, la posibilidad de elegir si el Pleno conoce el ruego o no, precisamente puede ser útil al concejal que lo ha formulado que el Pleno conozca que esa aceptación se ha producido a iniciativa suya”, especifica.

En este sentido, advierte también de que el Reglamento Orgánico Municipal de Ponferrada aprobado en 2025 podría incurrir en ilegalidad si permite que los ruegos no se debatan o que las preguntas no se respondan en sesión plenaria. De hecho, señala que condicionar ese debate a la voluntad del equipo de gobierno o a la solicitud expresa del concejal supone una restricción indebida de derechos. Por ello recomienda al Pleno de Ponferrada “que valore la procedencia de iniciar el procedimiento para declarar la nulidad de la regulación introducida en el artículo 68 del Reglamento Orgánico Municipal, al suponer una infracción de los derechos de los concejales a la participación política”.

El PSOE cree que lo sucedido va contra la transparencia

Para los socialistas de Ponferrada “esta resolución del Procurador del Común deja en evidencia una forma de actuar del equipo de gobierno que va en contra de algo básico: la transparencia y el derecho de los vecinos y vecinas a saber qué está pasando en su Ayuntamiento”.

“Cuando se evita que los ruegos y preguntas se debatan en el Pleno, no solo se limita a la oposición, se está limitando también a la ciudadanía, que pierde la oportunidad de escuchar explicaciones públicas, de conocer las respuestas y de ver cómo se fiscaliza la acción del gobierno”, incide el grupo que lidera Olegario Ramón, que explica que a veces sus preguntas son asuntos que les plantean ciudadanos y colectivos “que tienen derecho a conocer de manera pública las respuestas que están esperando del equipo de gobierno”

“El Pleno no es un trámite ni un espacio para tratar asuntos sin debate, es donde se da la cara ante la gente. Y lo que no se explica ahí, simplemente deja de ser transparente”, consideran. Por ello piden al Ayuntamiento de Ponferrada que rectifique y aplique la resolución del Procurador del Común, “y que se vuelva a un funcionamiento normal, donde haya debate, donde haya respuestas y donde los vecinos y vecinas puedan confiar en que su Ayuntamiento actúa con claridad y de cara a la ciudadanía.

León ciudad, tampoco se responde

Un caso similar al de Ponferrada es el que se vive cada mes en el Ayuntamiento de León ciudad. Ahí la tradición, que ningún alcalde ha revertido en décadas, dicta que la oposición pregunta en cada pleno y espera un mes para recibir la respuesta: normalmente vía informe, con el más alto nivel de enrevesamiento técnico posible, leída de corrido y, para dificultar al máximo su comprensión, sin ni siquiera recordar a los asistentes sobre qué asunto se había preguntado en la sesión anterior, un mes antes.

Pero últimamente sucede que cada vez son menos los ruegos y preguntas in voce que los grupos manifiestan en el pleno de León ciudad. Y para no dilatar tanto la espera, o acercar más la pregunta a algún asunto de candente actualidad, emplean otra técnica: plantear las preguntas vía registro municipal. Si se hace con la suficiente antelación marcada, cuando se celebra el pleno el equipo de Gobierno de ese mismo mes ya sí está obligado a responder, sin poder ocultar el asunto solicitado y sin dilaciones ni excusas. La nueva resolución del Procurador del Común, que resalta la necesidad de debatir y responder en el mismo momento del pleno, puede llevar a un cambio de décadas en el consistorio de la ciudad leonesa.

Otros ejemplos de respuestas 'vivo y en directo'

La Diputación de León, durante décadas desde que se retomara la normalidad democrática, afronta el habitual momento plenario de los ‘ruegos y preguntas’ asumiendo las respuestas en vivo y en directo. Prácticamente nunca el equipo de Gobierno de turno se ha escudado en la necesidad de consultar datos, realizar informes u otras tretas habituales, bien haya gobernado el PP o el PSOE, con o sin alianzas como la actual entre socialistas y leonesistas.

Así, cuando en la parte final de cada plenario la oposición lanza sus preguntas y sus quejas -que suelen superar con creces la decena- el presidente, actualmente el socialista Gerardo Álvarez Courel, pasa a contestarlo todo a pecho descubierto. Esa es la tradición. Como mucho, si se requiere alguna aclaración muy precisa, otorga el turno de palabra al diputado provincial del área del asunto cuestionado. Sólo en casos muy excepcionales remite al mes siguiente para satisfacer las peticiones, como ocurrió por ejemplo en el pleno de abril al reclamar el Grupo Popular con todo detalle las subvenciones atraídas desde el Palacio de los Guzmanes con la Oficina Provincial de Fondos Europeos que se creó precisamente a instancias populares.

Otro lugar donde se contesta habitualmente de forma directa a las preguntas de la oposición es el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, bajo gobierno de UPL. Los larguísimos plenos municipales, muchas veces con más de siete horas, no son óbice para que el equipo de gobierno que dirige Ana María Fernández Caurel no responda a las varias preguntas de la oposición, salvo alguna cuestión técnica que hace que se lleve a otra sesión. De hecho el frecuente debate y las preguntas y repreguntas convierten a los plenos de San Andrés en largos, pero a la vez fiel reflejo de lo que se espera del máximo órgano de un municipio, control político y debate público.