La Diputación de León, gobernada por PSOE y UPL, “no tiene contrato en vigor” para pagar el alquiler del servicio de bomberos provincial, “cosa que hace desde enero de 2022”. Esta es la denuncia del Partido Popular en la Administración provincial que ha hecho pública hoy en una nota de prensa.
“La institución provincial tramita el pago de las facturas a través de la fórmula de ‘reconocimiento extrajudicial de crédito’ por un importe de 1.815 euros mensuales. Las últimas facturas, gestionadas a través del esta fórmula, han pasado ya la Comisión de Hacienda de este mes e irán al Pleno del mes de julio e incluye el pago de los alquileres de los meses de abril y mayo por un importe total de 3.630 euros”, aseguran los populares en la isma.
Tal y como refleja el informe del Interventor de la Diputación se trata de “la prestación de un servicio que se sigue prestando aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba” que caducó el 12 de enero de 2022.
Esta situación demuestra, una vez más, “la inacción y la falta de gestión” por parte de la institución provincial, cuyo responsable es el vicepresidente cuarto y diputado de Protección Civil y Servicio Provincial de Extinción de Incendios, Luis Alberto Arias, por cuanto “no se ha legalizado la situación a través de un nuevo contrato”.
“El acuerdo formalizado entre la Diputación y el arrendedor se suscribió por un período de un año, previéndose tres posibles prórrogas anuales, de año en año, previo acuerdo expreso del órgano de contratación y previa conformidad del propietario de la nave industrial”, continúa el PP.
“El contrato finalizó el 12 de enero de 2022”, tal y como recoge el documento del interventor incluido en la Comisión de Hacienda celebrada esta semana, “sin que se hubiera autorizado previamente la primera prórroga anual prevista en los pliegos, ni la conformación del arrendador por escrito, pero también sin que se produjera la denuncia previa ni la notificación con la antelación prevista del desalojo”.
El citado documento también refleja la necesidad “de una nave o edificio industrial en el que poder estacionar los vehículos, disponer del control sobre los mismos y poder realizar las operaciones de mantenimiento que requieran” mientras se tramita “el expediente de contratación del nuevo arrendamiento que satisfaga estas necesidades”.
Se trata de obligaciones nacidas al margen del procedimiento legal previsto en la Ley 9/20017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. “Se trata”, incide el informe de Intervención, “de la prestación de un servicio que se sigue prestando, aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba”, termina el comunicado popular.