Los grupos de la Diputación se alían para 'saltarse' los reparos del interventor y el bloqueo de inversiones en los pueblos
Veinticinco contra uno. Todos los diputados provinciales, de todos los partidos políticos, contra el criterio del máximo responsable del cumplimiento de la legalidad administrativa en la Diputación de León. La suma unánime de los 25 votos del Gobierno provincial de PSOE y UPL, así como de la oposición de PP y Vox, ha permitido hoy aprobar en un Pleno extraordinario y de acuciante urgencia el reparo que el interventor del Palacio de los Guzmanes, Rafael Benito y Benítez de Lugo, ponía para ampliar el plazo de ejecución y de justificación de los 60 millones de euros del Plan de Cooperación de los años 2024 y 2025. Un plazo que, aunque muy amplio, y aunque ya se había prorrogado un año, asfixiaba a más de 70 municipios leoneses, que se arriesgaban a perder el dinero concedido para proyectos de infraestructuras importantes para sus pueblos.
El plenario apoyó por unanimidad final un 'estiramiento' formal de esos plazos, como solución in extremis para permitir que el Plan de Cooperación se ejecute en su totalidad, a pesar de que el veto formal de Intervención podría haber sido levantado sólo por el presidente, Gerardo Álvarez Courel. Pero de este modo, la decisión se arropó como política y compartida, como se encargaron de manifestar todos los portavoces de los cuatro grupos representados en el Palacio. Y de este modo, se desbloqueaba “dentro de la legalidad”, como la institución defendía hace escasos meses, un complejo entuerto administrativo que iba a devenir en la pérdida de millonarias inversiones si no se buscaba una solución antes de fin de año.
Eso sí, para conseguirlo, había que pasar por encima del criterio formal del interventor, que con la normativa en la mano, y en un informe oficial al respecto, defendía que no cabía prórroga alguno ni a las obras en sí ni a su justificación por no permitir la Ley más que una ampliación del 50% de la duración del plan, que era sólo de dos años y expiraba en apenas dos meses y medio.
Valentín Martínez, el portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), de quien depende precisamente el área de Cooperación que repartió un plan de obras histórico por su volumen de inversión de 60 millones, agradeció todo el apoyo político para retirar la amenaza de los plazos inminentes “con plenas garantías, técnicas y jurídicas”. Y al igual que relataban desde la oposición David Fernández, del PP, o Fernando Prieto Olite, de Vox, relataba las diversas causas, todas ajenas a la institución, que estaban asfixiando a los municipios a la hora de conseguir culminar sus inversiones de aquella doble anualidad 2024-2025.
Así, relató casos de “falta de contratistas”, conllevando a “obras que quedan desiertas” y deben volver a licitarse “con nuevos expedientes de contratación”, o “falta de personal” en las compañías que sí conseguían las adjudicaciones. Y para rematar, “incrementos constantes de precios” por “la inestabilidad” internacional, o la falta de personal como secretarios o intervención en los Consistorios.
Por el PSOE, Santiago Dorado insistió en que la alternativa a la aprobación de hoy, dejar los plazos como estaban, sería “dejar caer todos los proyectos” de inversión bloqueados, lo que sería “un fracaso y un castigo injusto a nuestros pueblos”. Algo que el popular Fernández recordó que su grupo llevaba “medio año insistiendo” instando a que los 208 municipios agraciados “no perdieran un solo euro”.
Así, como una piña política, en cuestión de minutos, y frente a la estricta legalidad que defendía el interventor provincial, los votos a favor han marcado una moratoria que deja respirar a todos los consistorios leoneses.