Valderas exige a la Junta que pague sus errores de previsión con la Universidad de León

El procurador leonesista Alejandro Valderas ha exigido este martes al consejero de Educación Juan José Mateos que la Junta de Castilla y León asuma sus errores de cálculo que ponen en peligro puestos de trabajo y vaticinan bajadas de sueldo en la Universidad de León.

La Universidad de León necesita 4,6 millones de euros para acometer sin sobresaltos el resto del curso y este agujero es consecuencia de la falta de previsión del Gobierno Autonómico.

Alejandro Valderas entiende, y esta es una de las dos preguntas que elevará al próximo plenario, que la Consejería de Educación ha errado en sus cálculos respecto a los ingresos de las tasas, aunque ya hace meses que la UPL ha advertido que con los precios impuestos bajarían mucho las matrículas.

A esta imprevisión se une el agujero que se ha descubierto en el Hospital Clínico de León, en total 400.000 euros que se han cargado a las arca de la ULE.

Además a esta situación se une las obras que ha realizado la Universidad de León y que debe abonar el Gobierno Regional, una cantidad que Valderas asegura que no se ha dado a conocer.

Otros planes

El procurador leonesista recuerda que la ULE ya ha perdido 500 empleos y por ello insta al Gobierno Regional a que aclare si pretende seguir con estos eres encubiertos al objeto de cerrar la universidad leonesa, y si es así exige que se acometa un ere en toda regla, con luz y taquígrafos.

La segunda pregunta que Valderas registrará para su debate en el plenario tiene que ver con las empresas mixtas formadas por Caja España y la Junta de Castilla y león como es el caso de Siemcalsa.

Esta empresa se encargaba de la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales y el procurador leonesista pegunta quién se hará cargo de la parte que aportaba la caja.

Y mientras se desvela qué pasará, Alejandro Valderas advierte de la intención del Gobierno Autonómico de apostar por el fracking una fórmula para extraer mineral que consiste en la inyección de agua a 5.000 metros de profundidad con 500 productos químicos desconocidos.

Es una técnica, ha recordado Valderas, que ya se ha desestimado en otras comunidades autónomas e incluso se ha prohibido en otros países debido a los riesgos que entraña.