El final abrupto de la coalición entre PP y Vox en Castilla y León en junio de 2024 terminó con una alianza sellada dos años antes en un documento marco de mínimos compuesto por 11 ejes y 32 acciones generales, entre las que se incluían medidas polémicas como el impulso de una ley de violencia intrafamiliar en la Comunidad, que nunca vio la luz.
Este acuerdo firmado en marzo de 2022 comenzaba con una serie de principios generales, como la defensa de los intereses de Castilla y León en el marco de la Unión Europea o el impulso de todas las capacidades productivas y de los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo, entre otros.
Además, sobre inmigración, que a la postre sería el motivo de la ruptura del pacto, este acuerdo incorporaba como último punto, debido a que fue motivo de disputa, uno referido al tratamiento de estas personas: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”.
La garantía de unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos, el desarrollo de mejores infraestructuras, el aseguramiento de la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial, el apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación y la reducción del gasto superfluo, fueron otros de los planteamientos genéricos de aquel pacto.
Las medidas más polémicas
Fuera de este acuerdo quedaron precisamente algunas de las medidas que generaron más polémica durante los dos años que gobernaron juntos, como la proposición de ley de Concordia, que ambos partidos registraron y que omitía las alusiones a la dictadura franquista, o un protocolo antiaborto consistente en ofrecer a las mujeres que querían interrumpir su embarazo la posibilidad de escuchar el latido fetal.
Tampoco aludía el documento al recorte de las ayudas directas a los sindicatos que puso en marcha Vox como partido titular de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y que generó una batalla judicial constante con CCOO y UGT no solo por la merma de fondos, sino por las descalificaciones e insultos que profería en redes sociales y medios de comunicación el entonces consejero del ramo, Mariano Veganzones (Vox).
Así, la única polémica que realmente estaba firmada en el pacto era la de impulsar una ley de violencia intrafamiliar y que el PP accedió porque, según argumentaron, que no estaba reñida y podía coexistir con la Ley contra la Violencia de Género, aunque el objetivo de Vox fuese el sustituir una por otra.
¿Y qué consiguieron aprobar?
En total, fueron una docena de leyes las que la coalición PP-Vox consiguió sacar adelante en esos dos años, aunque las dos más polémicas: la citada de violencia intrafamiliar y la ley de concordia que sustituiría al Decreto de Memoria Histórica, no llegaron a aprobarse al romperse la coalición a cuenta del encontronazo por el acogimiento de menores inmigrantes no acompañados en la Comunidad.
Concretamente, entre las leyes que sí consiguieron aprobar se encuentran las del procedimiento de designación de senadores autonómicos, varias leyes de rebajas y bonificaciones tributarias, la reforma de la Ley de Juego y Apuestas, la reforma del modelo de atención en residencias de mayores, la nueva Ley de Sanidad Animal y, por último, la de Patrimonio Cultural.
Además, las dos formaciones sacaron adelante dos presupuestos de forma consecutiva, los de 2023 y 2024, que son las últimas Cuentas aprobadas en la Comunidad.
Mañueco ahora quiere “acuerdos para toda la legislatura”
Por aquel entonces, el pacto de PP y Vox no especificaba un compromiso que ahora el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, considera ineludible: que los acuerdos duren para toda la legislatura, es decir, que lo firmado se cumpla durante cuatro años y evitar así lo ocurrido en el actual mandato, cuando los populares se quedaron en minoría tras la salida del gobierno de los de Abascal.
Una condición que también parece compartir la dirección nacional del PP, que en el decálogo publicado este pasado lunes como base para los posibles pactos autonómicos con Vox incluye que esta posible unión debe dotar de presupuestos anuales a los territorios.
Precisamente, esa falta de apoyos al estar en minoría ha pasado factura al PP en los casi dos años que ha estado gobernando en solitario en Castilla y León, donde ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos para 2025 debido a la oposición conjunta que han ejercido el resto de los grupos en la Cámara y que ha sumado en votaciones conjuntas a PSOE y Vox en contra del PP.
Una circunstancia que no ha pasado desapercibida por los populares, que han alimentado la idea de una supuesta 'pinza' en su contra urdida supuestamente entre los socialistas y los de Abascal para impedirles gobernar y generar una situación de bloqueo.