Ante todo, decir que el título no es mío, es copiado. Lo he visto en redes y me ha parecido apropiado. Me gustaría saber de quién es para agradecérselo pero lo desconozco.
Vengo observando un hecho curioso. En cada crisis, en cada incendio, en cada tragedia colectiva que vamos viendo y viviendo, aflora una reacción común: la rabia de quienes lo han perdido todo convirtiéndose en reclamaciones cargadas de dolor y frustración. Es humano. Pero también es terreno fértil para discursos peligrosos.
En los últimos incendios en Castilla y León, Galicia o Extremadura he visto/escuchado las siguientes frases:
— “Queremos que se nos ayude como a los catalanes”.
— “¿Dónde están las feministas/inmigrantes/ecologistas ahora?”.
A primera vista parecen simples exclamaciones de enfado. Pero esconden un mensaje muy sutil y, a la vez, muy preocupante: la idea de que “no me ayudan a mí porque están ayudando a otros”. Y ahí está la trampa.
Ese tipo de frases instalan una percepción falsa: que hay colectivos que reciben toda la atención (inmigrantes, feministas, catalanes, ecologistas o vaya usted a saber) mientras otros son abandonados. En realidad, se trata de un mecanismo político muy conocido: cuando el Estado no responde a tiempo, la frustración se canaliza contra un otro visible, no contra la estructura que ha fallado.
Pero ni los inmigrantes, ni las feministas, ni los ecologistas son responsables de que no haya suficiente inversión en prevención de incendios. Tampoco de que los recursos lleguen tarde, o de que las brigadas forestales estén precarizadas. De la misma forma, tampoco son responsables de que la sanidad pública y la educación se estén deteriorando y devaluando a pasos agigantados. Eso son decisiones políticas y presupuestarias. Como dice mi madre: “Todo es política”.
El efecto de estas narrativas es inmediato: campesinos contra ecologistas, trabajadores contra feministas, vecinos rurales contra inmigrantes. Y mientras tanto, el foco se aleja de donde debería estar: en los responsables políticos que llevan años desoyendo a los técnicos, recortando presupuestos o negándose a mantener operativos forestales todo el año.
Por eso, cuando alguien dice “que vengan los ecologistas aquí a ayudar”, conviene hacerse una pregunta sencilla: ¿De verdad lo que se necesita en un incendio totalmente descontrolado es un ecologista, una feminista o un inmigrante… o lo que se necesita son bomberos, brigadas forestales y técnicos preparados?
Caldo de cultivo fabricado
Este discurso no surge, así como así, de forma espontánea. Es un caldo de cultivo fabricado milimétricamente por la derecha y la ultraderecha, y tristemente amplificado por muchos medios de comunicación. Desde hace años, partidos como PP y VOX fomentan la idea de que el dinero público se despilfarra en otros colectivos, mientras prometen bajadas de impuestos bajo la bandera de la eficiencia.
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, lo expresó así tras la DANA: “Los valencianos no tienen derecho a ninguna ayuda directa del Gobierno, como sí han recibido otras comunidades ante catástrofes naturales” (El País, 2024). Una forma de señalar al Estado como culpable, mientras su gobierno no explicaba por qué no destinó más recursos propios a la prevención, por no hablar de que todavía no se sabe con claridad qué estaba haciendo cuando media Valencia se inundaba y vecinos perecían ahogados.
En su programa económico nacional, Vox defiende “reducir drásticamente el gasto público y bajar los impuestos” (Vox España, 2024). Una receta que en la práctica significa menos recursos para servicios básicos: sanidad, educación, medio rural o prevención de incendios.
Por último, un ejemplo muy de moda en estos tristes días que vivimos: Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, que en 2022 llegó a afirmar que mantener a las brigadas de prevención activas durante todo el año era un despilfarro. Pues bien, de aquellos polvos, estos lodos.
Estrategia clara
Hay un patrón evidente: cada vez que ocurre algo fuera de lo normal, determinados dirigentes autonómicos evaden responsabilidades diciendo que “el Estado no nos ayuda”. Y aquí hay un problema, un grave problema. Los dirigentes autonómicos SON estado. Son quienes gobiernan, quienes gestionan, y algo muy importante, son quienes gestionan los dineros, quienes dirigen hacia un lado o hacia otro, miles de millones de euros. No estamos hablando de calderilla, precisamente.
Los partidos de la derecha del hemiciclo están haciendo un grave y desvergonzado oportunismo, con la evasión y difusión de culpas, aprovechándose de un desconocimiento generalizado de la ciudadanía sobre las competencias reales de cada institución del Estado. Muchas personas no distinguen qué tareas y responsabilidades corresponden a un ayuntamiento, a una comunidad autónoma o al Gobierno central, y ahí es donde estos partidos encuentran terreno abonado para sus mentiras y sus bulos.
Cuando algo falla, trasladan la culpa “a Madrid”, “a Bruselas” (o a Dios, de ahí que en ocasiones pidan ayuda a la Virgen), aunque la responsabilidad sea autonómica o incluso municipal. Logran así eludir responsabilidades directas y presentarse como víctimas de un Estado que “no ayuda”, cuando en realidad han tenido en sus manos los presupuestos, los medios y la capacidad de prevenir y actuar.
En la última Dana, Mazón apareció tarde y, cuando lo hizo, agradeció el apoyo del Gobierno central. Días después, presumiblemente cuando recibe órdenes de Madrid, cambió el discurso: “El Ejecutivo arrastra los pies y no responde como debería” (Cadena SER, 2025).
Algo similar ocurrió con Isabel Díaz Ayuso durante el apagón eléctrico en Madrid en abril: no esperó ni unas horas para exigir la intervención del Ejército, trasladando la responsabilidad fuera de su gestión autonómica. “Damos la imagen de un país al que se le funden los plomos”, declaró (Infobae, 2025).
Lo mismo ocurrió con Mañueco, que apareció días después del desbordamiento de los incendios que afectaron a Zamora y León. En un principio, el presidente de la Junta de Castilla y León transmitió una imagen de control y solvencia: aseguró que el dispositivo autonómico disponía de “suficientes medios” para afrontar la ola de incendios –y que incluso el convenio colectivo con los bomberos era de los mejores.
En cuestión de días, el tono cambió: empezó a reclamar al Gobierno Central el despliegue del Ejército –“todos los medios… que aún no han llegado” había solicitado– y pidió claridad en la coordinación de recursos.
Esta transformación discursiva evidencia una estrategia que recuerda enormemente lo ocurrido con Mazón y la Dana: proyectar autoridad inicialmente, y después atribuir las dificultades a la falta de apoyo externo, aunque sean ellos quienes gobiernan y quienes tienen bajo su responsabilidad la prevención y la maquinaria operativa.
La estrategia es clara: cuando las cosas van bien, se capitalizan los éxitos como propios. Cuando van mal, la culpa se desplaza a un Estado Central difuso.
Derechos sociales bajo ataque
Este mismo discurso se está extendiendo a ámbitos más personales. Está surgiendo una actitud peligrosa: cuestionar derechos sociales adquiridos simplemente porque uno mismo no se beneficia de ellos. Es el caso de quienes critican, por ejemplo, ayudas a determinados sectores de la población.
He tenido recientes debates con personas de mi entorno referentes a estos temas. No se aprecia que cada derecho social conquistado no es un privilegio individual, sino una red colectiva de protección. Si hoy se retira un subsidio porque “claro, esta gente está en casa sin hacer nada”, mañana puede desaparecer el subsidio por desempleo, y pasado mañana las jubilaciones.
Agentes políticos como lo son determinados influencers ya han empezado a soltar cargas de profundidad haciendo referencia a que la generación que ahora empieza a jubilarse. “Hay que empezar a poner el dedo sobre el colectivo de los pensionistas, porque son de lejos, el colectivo más egoísta que hay en España”, dijo un fanático ultraliberal hace unos meses. Es de esos que luego corren a Andorra, no vaya a ser que de sus impuestos pague alguna pensión o subsidio por desempleo.
Claro, cuando en una conversación con conocidos, empiezas a decir: ojo, que después de quitar la paguita que tanto os ofende, es posible que luego vayan a por los subsidios de desempleo o las jubilaciones, a la gente que te rodea, de repente, se le afilan las orejas.
Los ultraliberales llevan años preparando ese terreno: “Las pensiones no son sostenibles”, repiten una y otra vez, apuntando ya a uno de los pilares del Estado del Bienestar. El mecanismo es siempre el mismo: se empieza por el derecho del vecino, y cuando llega al tuyo, ya es tarde.
Romper el discurso
La rabia de quien pierde su casa en un incendio, su campo, su negocio, sus animales, o mismamente, su entorno es legítima. Lo inaceptable es que se señale a colectivos inocentes o que se use para justificar recortes que debilitan aún más lo público.
Romper este discurso implica que hemos de recordar quién gestiona los presupuestos y quién recorta servicios. Romper este discurso significa que hemos de denunciar el falso dilema de que ayudar a unos es dejar de ayudar a otros. Romper este discurso es también rechazar la trampa de las bajadas de impuestos que esconden recortes.
No son los inmigrantes, ni los ecologistas, ni las feministas, ni los catalanes quienes dejan los montes sin limpiar. Son las políticas que han debilitado la Sanidad Pública, las que recortan en prevención, las que infradotan a la educación pública y las que conviertes las emergencias en una herramienta de confrontación política.