La Orden 66

En el episodio III (en orden cronológico) de Star Wars, cuyo título es La venganza de los Sith, se muestra claramente resolutorio, pues descubrimos como el senador Palpatine disuelve el Senado y con ello la República proclamando un nuevo Imperio. Como pasa en todo imperio hay que autoelegirse emperador. Por lo que este senador que resulta ser el Lord Sith Darth Sidious, y que tanto andaban buscando los caballeros Jedi, se convierte en el emperador.

El paso siguiente es ejecutar la Orden 66; así la ejecución de esta directiva–que va a marcar el final de los caballeros Jedi y de la República– supone un nuevo orden en el universo basado en la libertad y en el control.

Hace ya algún tiempo que en nuestra sociedad se ha decretado también la Orden 66, es decir; varios gobernantes (algunos incluso elegidos democráticamente) actúan y dirigen sus países como verdaderos emperadores sin importarles verdaderamente el cometido para que fueron elegidos.

En otras ocasiones esta orden también puede servir para desestabilizar sociedades y gobiernos democráticos amparados en la retórica de la libertad y la democracia. En nuestro país esta proclama se pone de manifiesto en 'quien pueda hacer, que haga'; de este modo gran parte de todo el espectro social, político, judicial, económico y por qué no, institucional se ha puesto manos a la obra.

Es preciso recordar que la corrupción venga de donde venga, es un gran mal en las sociedades democráticas y de derecho. Así mismo la corrupción es tan antigua como el hombre. Por ejemplo, ya en el mundo romano, en concreto el año 77 A.C. un joven fiscal de apenas 23 años llamado Cayo Julio César acusó formalmente al poderoso senador Cneo Cornelio Dolabela de corrupción. Las pruebas y denuncias contra este anterior cónsul que había saqueado y corrompido la provincia de Macedonia durante su mandato como gobernador no sirvieron para que el jurado (también corrompido) lo absolviese de los cargos que se le imputaban, tal y como nos describe Santiago Posteguillo en su novela Roma soy yo.

Este es uno de los ejemplos innumerables que encontramos en la historia de la humanidad; ejemplos que ponen de manifiesto casos de corrupción en las sociedades. Lógicamente en el caso de las dictaduras no van a denunciarse así mismas por casos de corrupción y tiranías. Sin irnos más lejos, en nuestro país durante la dictadura franquista, el propio régimen no se planteó denunciar que durante casi cuarenta años España vivió entre otras cosas una corrupción sistémica e institucional a todos los niveles, tal y como detalla el magistrado Joaquim Bosch en La patria en la cartera.

La corrupción en la democracia

Pero más preocupante aún si cabe es la corrupción en las sociedades democráticas; por lo que ya en casi cincuenta años de democracia tenemos varios casos de corrupción que han abierto telediarios, y han agitado la vida social de nuestro país. Como sociedad democrática y de derecho pedimos que las instituciones y los poderes funcionen convenientemente y con prontitud para dar una respuesta legal a todas estas maniobras que están al margen de la ley.

Este momento no es ajeno a tal situación y damos cuenta de varios casos de corrupción –al menos de los que se tienen constancia– en varios de los partidos políticos que han gobernado o no España, o al menos en personas pertenecientes o afines a dichos partidos políticos. Sabemos que no todos los casos de corrupción son iguales ni tienen semejante magnitud; profundizar en este asunto supondría todo un anexo del artículo y esta no es mi intención. Pues serían mucho los matices y los debates en torno a ello y acabaríamos en el 'y tú más'.

Pero donde sí que podemos estar de acuerdo es en que una de las grandes dudas que se nos puede plantear es cuanta corrupción puede aguantar un sistema democrático y de derecho. Porque curiosamente siempre que se habla de corrupción hablamos del otro o incluso hablamos solamente de política. Como decimos los sistemas democráticos y sometidos a la ley deben por un lado tener mecanismos para sancionar legalmente toda la corrupción y por otro, ser los votantes quienes deben sancionar moralmente con su voto a los corruptos y a los corruptores.

En este sentido es muy preocupante que actuaciones y decisiones cuanto menos controvertidas y que por qué no decirlo, en muchos casos al margen de la ley son toman por personas que ostentan cargos institucionales y que anteponen sus decisiones personales al cargo y a la responsabilidad para las que fueron elegidos. Este 'quien pueda hacer, que haga' supone el pistoletazo inicial a toda una batería de actuaciones dirigidas en la misma dirección y que como decimos supone una deslealtad institucional hacia su cargo, función y representación. Sentencias judiciales poco o nada fundamentadas y vagas en sus argumentos y fundamentaciones, aperturas de instrucciones judiciales también poco argumentadas y poco fundamentadas, obtención de pruebas por parte de las autoridades responsables en las que ya se añaden conclusiones o suposiciones personales lejos de la veracidad, organismos fundamentales del estado de derecho e institucional que toman decisiones cuando su mandato ha caducado hace demasiado tiempo, o incluso aun siendo el órgano sancionador no controlar a sus subordinados, excluir a importantes presuntos implicados de causas judiciales cuando las pruebas y los hechos dicen todo lo contrario, y así todo un etc…,sin entrar ya en la producción de noticias faltas y carentes de rigor y veracidad por muchos periodistas y en otras ocasiones por las empresas para las que trabajan; ya sean prensa o más media.

Toda esta deslealtad institucional es aún si cabe más preocupante, porque no suele salir en las noticias, no es tan impactante ante la opinión pública y en muchos casos es lenta, sigilosa y cancerígena.

Volviendo a la política también observamos este tipo de conductas consideradas como una deslealtad institucional y que no suponen el sonrojo del actor/actriz, ni el reproche del votante y que atenta contra todo un sistema social, legal y del bienestar. Muchas administraciones o cargos ya sean presidentes autonómicos, consejeros de comunidades autónomas en sus respectivas áreas o incluso algún ministerio se han convertido más que en servidores públicos, garantes del buen hacer de su rama y preocupados por el bienestar social para el que fueron elegidos, lejos de eso, como decimos; se han convertido en auténticos CEO de empresas privadas con las que tienen convenio dicho ministerio o consejería, y eso resulta muy poco reconfortante y cuanto menos despreciable y falta de rigor institucional.

Nada de esto es nuevo

Como decimos todo esto no es nuevo: en Handan (China) una antigua leyenda cuenta que, los súbditos tenían la costumbre de cazar palomas silvestres durante todo el año para regalárselas a su emperador. El mandatario las aceptaba complacido y las encerraba en enormes jaulas de hierro en su palacio. Intrigado por esta obsesión, un joven del pueblo se atrevió a preguntarle la razón de acumular tantas aves. El gobernante respondió con orgullo que cada día de Año Nuevo liberaba a todas las palomas como una muestra de su gran bondad, benevolencia y compasión hacia los seres vivos.

Todo este proceso al que estamos aludiendo, es errático y daña las entrañas de un sistema democrático y social, porque no solo traspasa todas las líneas rojas de un estado de derecho sino que además rompe todo tipo de jerarquía y relación con respecto a lo que se supone que son las instituciones y sus funciones. Como dice Kant no se es libre cuando se rompen todas las reglas, sino cuando se actúa para y por la RAZÓN.

Muy lejos de Kant –tal y como plantea Irene Vallejo–, hemos optado por adorar e adular a ignorantes, narcisistas y personas carente de sentido institucional.

Aún sabedores de que las personas con altos niveles de narcisismo son peores gobernantes. La experiencia enseña que estos personajes, están más dispuestas a manipular a los demás, a tomar atajos y esquivar las normas. Intentarán deshacerse de todo lo que ralentiza y limita su voluntad, ya sean los procedimientos garantistas, las leyes, los periodistas, los contrapoderes o los jueces. Se atribuyen todos los méritos mientras culpan a los demás de los fracasos. Se jactan de ser escudo frente a amenazas que ellos mismos crean y contra enemigos a los que previamente azuzaron. Consideran el liderazgo como una oportunidad que deben aprovechar; el poder es para ellos más un vicio que un servicio. El legado de estos líderes con frecuencia queda empañado por los desmanes despóticos y nepotistas, la corrupción y la hybris de decisiones desastrosas.