Diez años de experiencia judicial, entre otros con casos de desahucios, frente a inexactitudes, bulos y mentiras sobre el fenómeno de la okupación de viviendas, que tanto se prodiga en los últimos meses en ciertos programas de televisión.
Eso fue lo que el espectador pudo ver en el conocido programa de Antena 3 'Espejo público' cuando a él fue invitado el magistrado Diego Álvarez de Juan, juez originario de La Bañeza pero que ejerce en un juzgado de instrucción de Reus desde hace una década e incluso es juez decano en esta localidad de la provincia de Tarragona.
El juez fue invitado tras la intervención de varios tertulianos y después de un reportaje sobre un determinado caso muy concreto de okupas en una vivienda, a los cuales habían entrevistado y que defendían sus derechos a permanecer en una vivienda al haber comprado las llaves de la misma, un testimonio que llamó mucho la atención en ese mismo programa ocurrido en un chalet de Villaviciosa de Odón, Madrid.
Álvarez de Juan, con mucha calma y convicción jurídica, basada en su experiencia, vino a dar algunas explicaciones de este fenómeno, entre otras cosas asegurando que se cuenta con las herramientas legales suficientes para evitar más de un 90% de los casos de supuestas okupaciones en las primeras 48 horas de ocurrir.
Sin embargo, ponía el dedo en la llaga de no pocos casos, especialmente en los muchos en los que los propietarios son bancos u entidades de inversión, que no ponen en marcha las correspondientes denuncias cuando se produce uno de esos casos.
Tales argumentos fueron irónicamente rebatidos por algunos tertulianos del programa, como Juan Luis Galiacho o Antonio Naranjo, que argumentaban con los muchos casos de okupaciones que se airean cada día a través de programas de algunos determinados televisión, a los que el magistrado bañezano contestaba con sus razones jurídicas y experimentadas explicaciones que a duras penas convencieron a la presentadora Lorena Garcia y sus acompañantes en el plató.
El magistrado leonés ya destacó por encargarse desde el Juzgado número 3 de Reus de la complejísima instrucción de la operación Innova, un caso de corrupción política y en el ámbito sanitario de los más importantes de Cataluña en los últimos años, así como le han correspondido duros momentos como el levantamiento de los cadáveres de los cinco terroristas que fueron abatidos por los Mossos d'Escuadra cuando parecían querer cometer en Cambrils un segundo atentado después del perpetrado en Barcelona en 2017.