El PP asume que incumple la promesa de subvencionar el 25% del coste de viajes en AVE a Madrid

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C.J. Domínguez

La Junta no pagará, al menos por el momento, hasta el 25% del precio del tren AVE con Madrid a personas empadronadas en Castilla y León. Es justo el titular inverso al que el Gobierno autonómico provocó el pasado mes de julio de 2020 al anunciar que así lo haría a partir de octubre de ese mismo año. Un anuncio que dieron a conocer tanto el portavoz entonces del Gobierno autonómico, Francisco Igea (Ciudadanos) como el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP). La medida incluso se había ireado un mes antes, sin tantos detalles.

Ahora, el nuevo portavoz, el popular Carlos Fernández Carriedo, confirmó la convocatoria de esa importante ayuda económica “no se ha podido efectuar con carácter público”, es decir, ha quedado aparcada, y la excusa es que “ha sido consecuencia del adelanto electoral”. A pesar de que las elecciones anticipadas el presidente de la Junta y del PP las convocó a finales de diciembre y el compromiso era que ese abono funcionara desde octubre, el portavoz se afanó hoy en destacar que en realidad “se trataba de un compromiso para la legislatura”, la cual cuando se anunció culminada en el año 2023.

Carriedo detalló que la orden de la convocatoria de esa ayuda económica “estaba muy avanzada” e incluso llegó a resaltar que será el próximo Gobierno que salga de las urnas el próximo 13 de febrero el que “heredará” esa medida para desarrollarla o no hacerlo.

La promesa del año pasado establecía que se subvencionará con dinero público del presupuesto autonómico el 25% del coste de los billetes de los trenes de alta velocidad a personas empadronadas en cualquier localidad de Castilla y León y domicilio fiscal en la Comunidad, con un límite de 2.000 euros al año, las cuales trabajen fuera, principalmente en Madrid.

Tanto PP como Ciudadanos enmarcaron esta decisión como prioridad en la política del Gobierno autonómico bipartidista en la lucha contra la despoblación, para evitar que algunos profesionales acaben optando por abandonar su provincia de residencia en León o en Castilla por motivos laborales.

Esta medida había sido un compromiso alcanzando por la Junta con la Federación de Asociaciones de Usuarios Alta Velocidad CyL, entre los que participaron miembros de la provincia de León, que urgían la puesta en marcha de una decisión que ahora parece quedarse en el tintero político.

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