El presupuesto del pacto de PP y Vox en Castilla y León suma 16.472 millones, casi un 5% más que en el último intento
El proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2027, el primero del reeditado pacto PP y Vox tras las elecciones de principios de año, prevé un incremento del 13,11% respecto a las últimas cuentas públicas aprobadas en 2024, hasta alcanzar ahora los 16.472 millones de euros, la cifra más alta con la que ha contado nunca la Comunidad. Sin embargo, respecto a la propuesta para este año, que no salió adelante por la mayoría insuficiente de los populares tras la ruptura con Vox, la diferencia al alza es de un 4,8%, casi un 5%.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, el leonés Carlos Pollán (Vox), han presentado estas cuentas en una rueda de prensa tras aprobar el documento en el Consejo de Gobierno Extraordinario del Ejecutivo autonómico. Mañueco ha defendido que se trata de un “buen presupuesto”, destinado a cumplir el acuerdo de gobierno de coalición entre PP y Vox, y planteado para tratar de “innovar, competir y liderar”, para “proteger y conectar mejor” los servicios públicos.
Consolidar la posición de Castilla y León, impulsar los sectores productivos, dinamizar el medio rural y hacer de este territorio un lugar “más atractivo” para trabajar, emprender y vivir, son otros de los objetivos del proyecto de ley, en palabras del presidente, quien ha incidido en que se alcanzan los presupuestos más altos de la historia con “los impuestos más bajos de la historia”.
Por su parte, Pollán ha defendido que la Comunidad “está de enhorabuena” por la “normalidad y estabilidad” que este proyecto de ley aporta a la Comunidad, como desarrollo del pacto de gobierno suscrito en el pasado junio.
Ingresos
En el apartado de los ingresos que tendrá la Comunidad en 2027, el proyecto de ley prevé una recaudación de impuestos directos de 4.489 millones, el 30,86% respecto a 2024 como última referencia de presupuesto autonómico aprobado, y eso que ya están prácticamente en retirada los fondos de recuperación europeos. En concreto, recoge Efe, provenientes de impuestos indirectos suman 4.646 millones y de transferencias corrientes del Estado ascienden a 4.743 millones, el 14% más con la actual financiación.
Sin embargo, se produce un ligero incremento del 2,78% en el importe de la recaudación prevista en las tasas, precios públicos y otros ingreso similares, hasta los 240,4 millones y una ligera disminución del 1,1% en el apartado de los ingresos patrimoniales, al quedarse en 41,5 millones, como principales recursos corrientes.
En el caso de la emisión de deuda, la Comunidad prevé para 2027 conseguir por esta vía 1.422 millones de euros, el 9,42% menos que en 2024, cuando fueron 1.570 millones de ingresos por esa vía.
Un 6,5% más de inversiones reales
En el caso de los gastos y su destino previsto en el proyecto de ley, destacan por su cuantía los de personal, al destinar 5.629,8 millones de euros a este fin, el 15,79% más que en 2024, en una partida que representa el 34,18% del total del presupuesto.
En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que el impacto que tiene el incremento de precios es clave para observar este incremento de los costes asociados al pago de los salarios, que se incrementarán en total el 5,5% de cara a 2027 en comparación con los de 2026.
En el caso de las inversiones reales, se incrementarán el 6,5%, hasta los 1.164,28 millones, y las transferencias de capital alcanzarán los 1.364 millones, el 15,5% más.
Recorte de un 33% a las partidas para sindicatos y patronal
El vicepresidente autonómico ha anunciado que está prevista una reducción de un 33% (4 millones de euros) en las partidas para los sindicatos y organizaciones empresariales -como en las Cortes de Castilla y León-, aunque ha garantizado que se seguirá cumpliendo con la Ley, tras un primer gobierno PP-Vox salpicado de condenas judiciales derivadas de la supresión de fondos para estas entidades.
Además, se está estudiando cómo se utiliza el dinero público que la Junta de Castilla y León entrega a las ONG. Pollán ha explicado que se valorarán los nuevos convenios a medida que concluyan los convenios en 2027.
Mañueco ha destacado que casi el 82% del gasto no financiero, unos 11.250 millones de euros, tendrán como finalidad la “protección y la promoción social” y “sanidad, educación y cultura”. Dicho de otro modo, ocho de cada diez euros para las consejerías sociales, siendo las de Vivienda y Educación como las que más crecen respecto al último presupuesto.
El gasto total por secciones indica que la consejería que más crece es la de Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer, sin comparativa en legislaturas anteriores, con 257,67 millones, el 69,76% de incremento, frente al 13,11 de media de las cuentas autonómicas, pero sólo supone el 1,56% del total presupuestario.
Un centro de formación para las familias
Educación llegará a los 2.724 millones, y eso que se le han quitado las universidades, con un aumento del 22,15%, con medidas como la gratuidad de la primera matrícula de grado, o la novedad de un centro de formación a las familias, que según ha explicado Mañueco se presentará más adelante, por lo que no entró en detalles.
Las políticas de familia, que se engloban en varias consejerías, tendrán un incremento del 32% hasta los 3.581 millones de euros. Economía y Hacienda crece un 4,05%, Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental un 16,53%; Medio Ambiente y Energía un 1,56%; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial el 18,61%, y la consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, donde ahora dirige el único leonés del Ejecutivo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el 8,65% a mayores.
Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la consejería que corresponde a Pollán, contará con 457,67 millones, 13,38% de incremento y el 2,78 del total de las cuentas autonómicas para 2027, y la otra consejería de Vox, además de Agricultura, la de Cultura, Turismo y Deporte crece un 1,02% con 216,86 millones.
5.604 millones para Sanidad
La Sanidad tendrá un presupuesto de 5.604 millones de euros para mejorar la atención primaria, mejorar la atención especializada con más prestaciones, más equipamiento, más tecnología, más personal, más inversiones en centros de salud y hospitales, ha anticipado Mañueco, de momento sin más detalle tampoco.
Respecto de la educación, el presupuesto serán 3.308 millones de euros para “cuidar, por un lado, a los alumnos, a las familias, también a los docentes, al medio rural y al conjunto del sistema educativo”, con planes específicos para el refuerzo de lectura y de la escritura; un entorno emocional cada vez mejor en el aula ordinaria y como novedades un centro de formación a las familias y, por otro lado, y el impulso de medidas de apoyo para aquellos hijos con altas capacidades.
Mañueco ha anunciado que quieren que todas las aulas sean, desde el punto de vista de la temperatura, lo más confortables posibles y, también, más modernas todavía, por lo que culminarán el proceso de conectividad y de digitalización de la conexión a Internet de todas las aulas.
1.758 para Servicios Sociales
En Servicios sociales, las cifras son 1.758 millones de euros para seguir dando oportunidades a quienes más lo necesitan y ofrecer protección a personas mayores, personas con discapacidad, los menores, las personas sin relación vulnerable, las familias de clase media que afrontan el futuro con dificultades.
Mañueco ha explicado que en esa área, que las políticas de promoción y de apoyo a la mujer tendrán un aumento de un 27% y una cifra absoluta de 24 millones de euros.
Pollán también ha sostenido que se avanzará “en uno de los grandes retos de nuestro sistema de protección, que es preparar a esos adolescentes y jóvenes tutelados para su transición a la vida adulta, favoreciendo progresivamente su autonomía personal y ofreciéndoles herramientas para construir su proyecto de vida”. “Otra cuestión que este Gobierno va a afrontar con determinación es la convivencia, la disciplina y la seguridad en los centros de protección a menores que dependen de la Junta de Castilla y León”, ha advertido.
El vicepresidente ha explicado, además, que el presupuesto de los servicios sociales básicos e inclusión social contará con 63,3 millones, para seguir apoyando económicamente a las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito, exigiendo, a cambio, una gestión responsable de los fondos públicos.
“Las ayudas públicas han de llegar a quienes realmente las necesitan. Nuestro propósito no es mantener a las personas en situación de precariedad, sino proporcionarles herramientas para salir a la calle y salir de ella”, ha zanjado.