Castilla y León, reticente a que el proyecto de Estatuto de autonomía de Asturias y León salga del Archivo de Ávila
Poco menos de una anécdota para historiadores es a lo que relega el Gobierno de la actual Comunidad de Castilla y León, formado por Partido Popular (PP) y Vox, el hallazgo del proyecto de autonomía de Asturias con la Región Leonesa (las provincias de León, Zamora y Salamanca) redactado durante la Guerra Civil por el Consejo Soberano republicano.
De hecho, el Ejecutivo autonómico incluso se muestra reticente a la reciente petición anunciada por el presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), de reclamar la devolución y custodia en Asturias de este documento histórico recién descubierto en el Archivo General Militar de Ávila por el historiador Pablo Martínez Corral. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha abogado hoy por mantener “la unidad del archivo y la unidad de los archivos”. Una postura, dijo, que es la que con carácter general siempre ha mantenido el Ejecutivo, en referencia al Archivo General de la Guerra Civil Española que se conserva en Salamanca, y del que han salido documentos para Cataluña generando hace años una considerable polémica territorial. En aquel entonces, Vox exigía que se devolvieran por haberse entregado “de forma irregular”.
Hace apenas diez días, el mandatario del Gobierno asturiano, actualmente formado por PSOE e Izquierda Unida, anunciaba el interés del Principado por conservar las actas y documentos vinculados con el proyecto de estatuto que fueron incautados al Consejo Regional de Asturias, solicitando por vía formal su devolución para que quede en custodia en el Archivo Histórico de Asturias, con el fin de que puedan estar a disposición de especialistas e historiadores. Así lo anunció tras reunirse con el historiador y profesor de Secundaria Pablo Martínez Corral, artífice de su localización, y tras calificar el documento, hasta ahora inédito, como “excepcional”.
No comparte esa visión el Gobierno de derechas de la actual autonomía de Castilla y León, que insiste en el argumento de que facilitar la labor a los historiadores pasa por no desmembrar el archivo abulense. “Si nosotros queremos facilitar a los investigadores su trabajo, la protección de estos documentos lógicamente es que estos documentos estén unificados en un único ámbito, como ha ocurrido hasta ahora”, resaltó Fernández Carriedo. El portavoz insistió en que “Castilla y León afortunadamente tiene un buen número de patrimonio documental, del siglo pasado y vinculado al periodo de la Guerra Civil, así como de otras épocas históricas muy relevantes de España”, y recordó que siempre han defendido que “la protección con carácter general la unidad” de los archivos, algo que ve “básico para la investigación y para que los científicos pudieran desarrollar sus tareas”.
A la hora de valorar el posible trasfondo político o ideológico del reparto autonómico de España, tras conocerse el intento inicial de crear en plena Guerra Civil una autonomía de cuatro provincias, uniendo la de Asturias con las de León, Zamora y Salamanca, o lo que es lo mismo, uniendo los dos viejos reinos de Asturias y León, Carriedo se enrocó en defender el éxito que a juicio de la Junta ha tenido la configuración actual de León con Castilla. Justo lo contrario de lo que valoró Unión del Pueblo Leonés (UPL), que aplaudió el descubrimiento del borrador del estatuto asturleonés bajo el prisma de que otra configuración territorial era posible.
“Creo sinceramente que nos podemos sentir muy orgullosos del recorrido que ha hecho Castilla y León en este período democrático desde el año 1978 en el estado social y democrático de derecho, en la monarquía parlamentaria y en este estado de las autonomías, mejorando las circunstancias y condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos de nuestra Comunidad autónoma”, aseguró Carriedo.
Y aseveró que no hay margen para elucubraciones: “En las Administraciones públicas nos regimos siempre por la legislación vigente, y en este caso la Constitución Española, el Estatuto Autonomía de Castilla y León y todo el régimen jurídico que viene desarrollando nuestra Democracia”, un marco que es de aplicación“ incluso ”sin perjuicio de que lógicamente los historiadores y los investigadores tengan la posibilidad de realizar sus estudios y sus trabajos“.