Castilla y León, por iniciativa del PP, aprueba que el Gobierno quite el peaje de la León-Asturias pero no de la León-Astorga

Una autopista leonesa sí pero la otra no. El Parlamento de Castilla y León ha aprobado hoy una iniciativa, a propuesta del Partido Popular (PP) en la que exige al Gobierno central el fin del peaje en la autopista León-Asturias, AP-66, pero no que se acabe el peaje en la otra que atenaza a la provincia leonesa, la León-Astorga (AP-71). El texto aprobado, con el apoyo de sus socios de Vox en la Junta de Castilla y León, así como varios del Grupo Mixto como UPL, pero el rechazo del mayoritario en la oposición, el Grupo Socialista, también reclama que se ponga fin al pago de otra autopista que nada tiene que ver con la Comunidad, la AP-9; en Galicia.

En otra parte de la proposición no de ley (PNL) que se alzó con 51 votos a favor, 29 en contra y una abstención en las Cortes de Castilla y León consiste en reclamar también al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha bonificaciones a ese peaje en las restantes cuatro autopistas de la Comunidad en las condiciones que las que hace años beneficiar a los usuarios recurrentes de la León-Asturias, es decir, en la AP-51, la AP-6 con Madrid, la AP-61 y la AP-71 León-Astorga.

Por último, se recoge que de no hacerlo el Gobierno, la propia Junta de Castilla y León ponga en marcha “los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios necesarios” para ser ella la que ponga los fondos para aplicar una bonificación “mínima del 60%”, reza el acuerdo. Las condiciones para percibir esa rebaja, cuando se ponga en marcha, sería que hay que ser un conductor habitual, recurrente, con un número mínimo de viajes al mes, así como estar empadronado en algún municipio de la Comunidad.

Precisamente fue ese criterio, aparte del oportunismo electoralista, el que achacó el PSOE para defender su postura en contra de la iniciativa del PP. Un electoralismo que denota el hecho de que ese descuento del 60% ya ha sido prometido por el Gobierno popular de Alfonso Fernández Mañueco con antelación. Muy parecida postura y crítica lanzó la líder y portavoz en el Parlamento de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego. Se sumó a las críticas, pero como UPL al voto favorable, el representante de Por Ávila, mientras el de Soria ya! se mostró ajeno al debate, por no haber ni siquiera una autopista en su provincia.

Defendiendo la iniciativa, la procuradora del PP por Segovia, Elena Rincón, aseguró que la Junta de Castilla y León vienen “defendiendo de forma incansable en beneficio de miles de castellanos y leoneses” su postura. Porque “esta iniciativa no habla solo de peajes: habla de cuánto cuesta vivir, trabajar y desplazarse en una Comunidad como la nuestra, donde las distancias marcan el día a día. No pedimos un trato de favor, sino igualdad, porque la equidad territorial no puede depender del código postal”, subrayó.

Recordó además que la petición de eliminación de los peajes de la gallega AP-9 y la asturleonesa AP-66, del Huerna, se sustenta en un dictamen motivado que la Comisión Europea emitió el 17 de julio de 2025, que aprecia que las prórrogas de las concesiones vulneran el Derecho de la Unión. Obvió, eso sí, y se lo afearon los grupos de oposición, que fue precisamente el Gobierno del PP de José María Aznar quien alargó la concesión asturleonesa, de 2021 en que tenía que haber terminado hasta 2050.