La Junta de Castilla y León ha concedido resolución ambiental favorable al proyecto de planta de biogás que la empresa Nortegas (a través de su filial Bionorte), pretende levantar en el municipio de Valencia de Don Juan. Se trata del primero de los cuatro proyectos previstos en esta zona del sur de la provincia que consisten en la producción de energía renovable mediante la valorización de residuos agrícolas y ganaderos. El informe publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) considera la iniciativa “ambientalmente compatible”.
La planta se ubicará en el polígono industrial ‘El Tesoro’ y su proximidad al casco urbano es uno de los elementos más sensibles del proyecto: las instalaciones deportivas se sitúan a unos 330 metros, las viviendas más cercanas a 460 metros y zonas escolares a unos 500 metros. Por ello, tanto el Ayuntamiento como los servicios de Protección Ciudadana han exigido garantías estrictas para evitar molestias por olores y garantizar la seguridad.
La instalación producirá unas 2.000 toneladas anuales de biometano, equivalentes a entre 25 y 30 gigavatios por hora (GWh) de energía al año, y manejará un volumen aproximado de 5,3 millones de metros cúbicos de biogás antes de su depuración. Para alcanzar esa capacidad será necesario tratar 94.229 toneladas de residuos biodegradables procedentes en su mayoría de explotaciones ganaderas de la zona: 30.000 toneladas de purín de cerdo, 22.319 de estiércol de vaca, 20.640 de estiércol de oveja y cantidades menores de otros residuos animales, junto a restos vegetales e industriales como alperujo, restos de cebolla, suero lácteo y glicerina como aditivo.
El visto bueno ambiental queda condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos. Entre ellos destacan la necesidad de autorización de gestión de residuos antes de ejecutar las obras, la obligación de almacenar el digestato (considerado legalmente residuo) en zonas impermeabilizadas durante al menos tres meses y su entrega posterior a gestores autorizados. También se imponen controles para minimizar polvo, emisiones, contaminación acústica y lumínica, así como la prohibición de vertidos a suelos o cauces hídricos.
El informe tiene una vigencia de cuatro años y caducará si en ese plazo el proyecto no obtiene la autorización definitiva para ponerse en marcha.