El partido político Unión del Pueblo Leonés (UPL) no está de acuerdo con las condiciones legales del cierre de la fábrica de la compañía Azucarera en La Bañeza y quiere que la Junta de Castilla y León, que gobierna el Partido Popular (PP) tome medidas contra esta decisión, la cual, además, considera que fue ratificada en una asamblea de trabajadores con “presuntas irregularidades”.
La formación leonesista, explican en un comunicado de prensa, ha solicitado formalmente a la Junta que impugne el anunciado cierre de la planta bañezana al considerar que el proceso podría haberse llevado a cabo “en fraude de ley”. Por eso, han registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para que el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco actúe en su calidad de autoridad laboral competente.
Según UPL, se han detectado “presuntas irregularidades tanto en la comunicación del cierre como en la asamblea de trabajadores”, cuya votación habría avalado un preacuerdo con la empresa que contempla el cierre de la fábrica y el despido colectivo de 194 empleados antes del 31 de agosto.
Los leonesistas se apoyan en la denuncia realizada por UGT León, que cuestionó la legitimidad de la votación celebrada el pasado 26 de junio. De los 141 trabajadores llamados a participar, solo asistieron 75, y el preacuerdo fue respaldado por 47 de ellos, lo que representa apenas el 33% de la plantilla. Desde UPL señalan que “un número importante de trabajadores no tuvo conocimiento de la convocatoria”, que se realizó apenas 12 horas después del anuncio del preacuerdo, lo que, a su juicio, vulneró el derecho de participación de la plantilla.
Además, UPL denuncia que la votación se realizó sin un censo oficial de trabajadores y utilizando “una caja de cartón opaca y sin precinto” como urna, tal como también denunció UGT. Este hecho, sostienen, “siembra más dudas aún sobre la legitimidad de los resultados”, ya que podría haber permitido la participación de personas ajenas a la plantilla.
En su argumentación laboral, UPL recuerda que el artículo 51.6 del Estatuto de los Trabajadores faculta a la autoridad laboral a impugnar acuerdos sobre despidos colectivos cuando se hayan alcanzado mediante “fraude, dolo, coacción o abuso de derecho”. De prosperar la impugnación, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado el 3 de julio podría quedar anulado.
Asimismo, UPL invoca la Disposición Adicional Sexta del Reglamento de procedimientos de despido colectivo, que obliga a las empresas a notificar a la autoridad competente el cierre de un centro de trabajo con al menos seis meses de antelación si afecta a 50 o más empleados. Según los leonesistas, no consta que Azucarera haya cumplido este plazo en el caso de La Bañeza, lo que supondría una vulneración del Real Decreto 608/2023.
Por todo ello, UPL insta a la Junta de Castilla y León a ejercer su papel como autoridad laboral e impugnar los acuerdos que, de confirmarse las irregularidades, “podrían haberse adoptado mediante fraude de ley”.