El Supremo impone prisión permanente revisable a la auxiliar leonesa condenada por matar con insulina a una anciana

El Tribunal Supremo ha condenado a prisión permanente revisable a la auxiliar de enfermería que asesinó a una anciana de 98 años en una residencia de León tras inyectarle varias dosis de insulina que la víctima no necesitaba. El alto tribunal estima el recurso presentado por la Fiscalía y agrava la condena al considerar que concurría la especial vulnerabilidad de la mujer debido a su avanzada edad y su estado de salud, por lo que sustituye la pena de 20 años de prisión impuesta inicialmente por la Audiencia Provincial de León y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el primer recurso.

Los hechos se remontan al 17 de agosto de 2022, cuando la trabajadora llevó a la residente, que padecía demencia y dependía de terceros para sus cuidados básicos, a su habitación después de cenar. Según recoge la sentencia, mientras la acostaba la golpeó en la cabeza y la zarandeó, provocando que la anciana gritara: “No me pegues, no me pegues”. Los gritos alertaron a otra auxiliar y motivaron la intervención de los responsables de la residencia y de una patrulla de la Policía Nacional. La mujer fue atendida de las lesiones en el propio centro.

Poco después, la dirección de la residencia indicó a la auxiliar que abandonara su puesto hasta esclarecer lo sucedido. Sin embargo, antes de marcharse, la mujer accedió al cuarto de enfermería, cogió un bolígrafo de insulina destinado a otra residente diabética y regresó a la habitación de la anciana. Allí le inyectó el medicamento mediante cuatro pinchazos con la intención de causarle la muerte, según considera probado el Tribunal Supremo.

A la mañana siguiente, otras trabajadoras encontraron a la residente inconsciente y fue trasladada al hospital, donde ingresó en coma a consecuencia de una intoxicación por insulina. Días después falleció.

La Audiencia Provincial de León condenó a la auxiliar por un delito de asesinato alevoso a 20 años de prisión, además de imponerle una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones y el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la condena, aunque rebajó parcialmente las indemnizaciones.

Ahora, el Tribunal Supremo estima el recurso de la Fiscalía y aplica el artículo 140 del Código Penal, que contempla la prisión permanente revisable cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de su edad o circunstancias personales. Además, desestima el recurso presentado por la condenada y mantiene el resto de pronunciamientos de la sentencia, incluidas las condenas por lesiones y las indemnizaciones.

En su resolución, la Sala de lo Penal considera que la forma de actuar de la acusada fue claramente alevosa, ya que la víctima no podía sospechar que una inyección administrada por una trabajadora de la residencia tuviera una finalidad homicida. El tribunal añade que esa circunstancia se ve agravada por la extrema vulnerabilidad de la anciana, que tenía 98 años, sufría deterioro cognitivo y dependía completamente de los cuidados del personal del centro, lo que justifica la imposición de la máxima pena prevista en el ordenamiento jurídico español.