Los cuatro sindicatos con mayor representación en la administración autonómica -CCOO, UGT, Csif y Uscal- denunciaron este lunes que la Junta de Castilla y León “incumple de forma sistemática” el operativo anual de lucha, vigilancia y extinción de incendios forestales, ya que además de “sacar el plan anual en junio cuando debería haberlo hecho en enero”, es “falso” que esté de manera permanente los 365 días del año y las 24 horas del día.
Así lo apuntaron los representantes de los cuatro sindicatos en León, donde tuvo lugar la primera de las nueve asambleas que se celebrarán durante toda la semana en todas las provincias de la Comunidad ante la modificación prevista de la Relación de Puestos de Trabajo en la que “ni se reconocen ni se valoran las funciones de los agentes medioambientales”, a los que lamentaron que “nunca se tiene en cuenta” por tratarse de “un colectivo incómodo para la Junta”. Además, esta plantea la amortización de 70 plazas, a pesar de que “la única seguridad para los agentes es ir de dos en dos o tener la plantilla lo más completa posible”.
Entre sus reivindicaciones también está el incumplimiento de la promesa hecha antes de verano de la puesta en marcha de mesas técnicas para abordar cuestiones relativas a los agentes medioambientales que “se incumplen de manera sistemática desde hace 20 años a nivel de reglamento”.
“La Junta de Castilla y León se está pasando bastante con los agentes medioambientales, a los que quitan capacidades jurídicas y no reconocen su trabajo diario al mismo nivel resto de empleados públicos, a pesar de que se prevé incrementar al doble el presupuesto para 2025, cuando alcanzará los 125 millones”, señalaron, al tiempo que lamentaron que “los agentes medioambientales son una navaja suiza que sirven para todo pero que no se sienten ni reconocidos ni representados”, por lo que seguirán con las movilizaciones “hasta que se consiga dignificar el colectivo”.
Respeto a la acción sindical
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró en Burgos que “hay voluntad política, medios económicos y trabajo” para el cumplimiento del acuerdo en las mejoras laborales de los agentes medioambientales. Lo dijo a preguntas de los periodistas durante su visita al Parque de Bomberos donde entregó material de Protección Civil al Ayuntamiento de Burgos.
Los agentes ambientales denunciaron hace días la suspensión de todas las guardias de incendios y un nuevo contrato de telefonía con problemas de cobertura. En este sentido, el responsable autonómico, ante la concentración este lunes de los agentes ambientales en León, expresó su respeto a “la acción sindical” en cuanto a que, dijo, “es una forma en que los sindicatos hacen su trabajo, tratan de defender lo que creen que es lo más adecuado”.
En esta línea, señaló que “la Administración también lo trata de hacer, a través de esta Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que está en trámite, no está aprobada” y, por lo tanto, precisó que “es normal que en el trámite de aprobación, dentro del marco de la función pública que está ahora mismo en transformación, haya esas reivindicaciones que no tenemos más que respetar”.
Asimismo, recordó que la Consejería de Medio Ambiente alcanzó “un acuerdo con el marco del diálogo social en septiembre de 2022 de refuerzo del operativo de incendios con numerosos apartados y compromisos de inversión que hemos superado, incluso, respecto a los comprometidos y que se están cumpliendo de forma generalizada y de forma exacta”.
Así, indicó que “las discordancias que pueda haber se tratan siempre en las mesas de seguimiento de ese acuerdo del diálogo social”, que precisó, “hemos tenido un par de días, en las dos se ha puesto de manifiesto por parte de los sindicatos y de la patronal que forman parte del diálogo social el cumplimiento razonable del acuerdo y nosotros seguimos, por tanto, esforzándonos en ese cumplimiento porque, en definitiva, no es solo cumplir un acuerdo, es dotar de estructura y de medios adecuados al operativo de incendios forestales de Castilla y León”.
Suárez-Quiñones recordó que “los doce meses que se pactó es un acuerdo a tres años, 2023, 2024 y 2025”, y precisó que “estamos en el primer año todavía de cumplimiento y los plazos y los tiempos de trabajo de las distintas unidades se están cumpliendo”. Por lo tanto, insistió en que “tendremos no tardando una nueva mesa de seguimiento” y que “ahí se dará cuenta de cuál es el cumplimiento”, que es, aseveró, “un cumplimiento prácticamente generalizado”.
“Hay que tener en cuenta que esto conlleva numerosos esfuerzos de todo tipo, no solo económicos, sino también organizativos, normativos y que siempre puede haber alguna disfunción que eso se refleja y se pone de manifiesto en esas mesas de seguimiento para trabajar en favor del adecuado cumplimiento del acuerdo, que es de la adecuada configuración de este operativo”, concluyó.