Una querella avisa de las pérdidas para acreedores leoneses tras el convenio concursal de Laboratorios Ovejero

Tres empresarios han presentado una querella ante los Juzgados de León por presuntos delitos de estafa procesal y alzamiento de bienes en el concurso de Laboratorios Ovejero. El texto advierte de que cientos de acreedores menores, entre ellos numerosos proveedores leoneses, podrían sufrir “pérdidas severas”.

La querella subraya que cientos de proveedores y de otros acreedores minoritarios podrían haber visto reducidas sus deudas en un cincuenta por ciento sin posibilidad alguna de actuar y podrían además enfrentarse a una demora significativa en el cobro o, incluso, sufrir el impago total.

Siempre según el texto presentado al juzgado, se describe la existencia de una posible trama diseñada para favorecer al acreedor mayoritario a costa de los más débiles. “La compradora ha impuesto a través de un testaferro, Eagle Heat SL y el Grupo Tejedor Lázaro SL, un convenio que el Juzgado de lo Mercantil no hubiera aprobado de haber sido visible que esta firma actuaba simultáneamente en dicho convenio como acreedor y como deudor”, señala en sus primeros párrafos la querella.

Así, según advierte, “todo lo que gana el grupo biofarmacéutico comprador lo pierden los acreedores minoritarios a los que se les impone un convenio de condiciones abusivas”. “Conforme a Ley, el Juzgado no dejó votar los créditos de los que era titular la firma biofarmacéutica, pero no podía hacer lo mismo con los créditos ocultos adquiridos por ella, ya que se desconocía”, apostilla.

Este procedimiento judicial expone cómo la situación actual del concurso de Laboratorios Ovejero pone en riesgo patrimonial directo a colectivos vulnerables en León como proveedores sin garantías de cobro, y otros minoritarios sin capacidad de voto suficiente en el convenio.

Y entre los pequeños proveedores leoneses se han visto afectados decenas de empresarios, empresas vinculadas a León, así como instituciones como el Ayuntamiento de León, la Universidad de León, la Cámara Oficial de Comercio de León, la asociación Empresa Familiar de Castilla y León o el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE).

Laboratorios Ovejero fue adquirida en 2021 por el grupo Zendal, un grupo biofarmacéutico de Galicia. Una vez en concurso, en 2022, la compradora operó la adquisición de créditos por más de 5,2 millones euros por parte de Eagle Heat S.L., sociedad vinculada al Grupo Tejedor Lázaro -matriz de la firma con sede en Segovia Dibaq- que luego votó a favor de un convenio con quita del 50% y periodos de espera de tres años, logrando inclinar el resultado por superar el 58% del pasivo necesario para su aprobación en septiembre de 2023.

Apenas veinte días después, Eagle Heat cedió los créditos adquiridos al grupo deudor, lo que, según los denunciantes, revela su papel como testaferro. Esa operación habría permitido manipular el resultado del concurso y favorecer el interés de grandes inversores en detrimento de los acreedores minoritarios.

La querella precisa que ese papel de testaferro podría explicarse en el hecho de que durante el año 2022 se detectaron diferentes préstamos de distintas sociedades del grupo biofarmacéutico gallego a otras del Grupo Tejedor Lázaro. El conjunto de todos estos préstamos tendría un valor superior a los 4.305.000 euros.

Los querellantes destacan también en su escrito al juzgado el protagonismo en estos hechos de Archer Partners, firma de asesoramiento estratégico por actuar como apoderado y asesor de ambas partes sin neutralidad ni transparencia, lo que supuso una contribución a la simulación de independencia y control de la operativa concursal.

La querella urge a la apertura e una instrucción penal, la declaración como investigados de los responsables del Grupo Tejedor Lázaro, el grupo biofarmacéutico comprador y de Archer Partners, con requerimiento de documentación sobre cesiones de créditos, informes notariales y concursos, así como oficios a Hacienda y bancos para trazar el movimiento de activos. También se pide la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y el embargo cautelar de bienes relacionados con la operación.