El PP asegura que dos adjudicatarias de la conservación de carreteras denuncian a la Diputación por no actualizar precios
El Partido Popular reclama a la Diputación de León que “aclare” la denuncia que habrían presentado en los juzgados las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras por no haberle actualizado los precios desde 2017 hasta la firma del actual contrato, suscrito en 2023.
Según el PP, esta discrepancia supondría que la institución provincial tenga que abonar la diferencia por el aumento de los precios desde 2017 acentuado por la Guerra de Ucrania así como los intereses de demora en caso de que la Justicia dé la razón a las empresas adjudicatarias.
Las compañías, afirman los populares, ya habían reclamado a la institución provincial esa adecuación de los precios al momento amparándose en el pliego aprobado en 2015 que contempla, a partir de las prórrogas de 2018 y 2019, una revisión de precios “en la parte de obra” y del decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el Gobierno en el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras a raíz de la Guerra de Ucrania.
Sin embargo, la reclamación fue rechazada por la Diputación, asegura el PP, con el argumento de que el contrato original no contemplaba la revisión de precios. Los populares precisan que en el momento de reclamación estaba prorrogado hasta la licitación y adjudicación de un nuevo acuerdo para la conservación de la red provincial de carreteras.
La Diputación adjudicó en el año 2015, gobernada la institución por el PP, un contrato de mantenimiento de las carreteras de la red provincial en dos lotes, correspondientes a la zona occidental y oriental, por un importe de 1,5 millones de euros anuales en cada sector. Este contrato tenía una vigencia de dos años con prórroga máxima de dos años hasta 2019.
Ahora desde la oposición, el Partido Popular señala que el anterior equipo de Gobierno del PSOE y UPL prorrogó sucesivamente el contrato “sin soporte contractual” durante casi todo el mandato con pagos a través de reconocimiento extrajudicial de crédito y no licitó el nuevo contrato hasta 2021, aunque este primer intento se paralizó porque Ineco, la consultora pública dependiente del MInisterio de Transportes, no asumió la valoración de las ofertas y tuvo que volver a convocarse el concurso.
El nuevo contrato, concluyen los populares, se adjudicó tras varios meses de procedimiento administrativo en el año 2023, que es el actualmente vigente, con un incremento de la dotación de 3 millones de euros anuales para cada uno de los dos sectores.
El actual equipo de Gobierno de PSOE y UPL ha anunciado recientemente que privatizará la Oficina de Expropiaciones llamada a desbloquear proyectos de arreglos de viales.