La Fiscalía Provincial de León ha abierto diligencias para investigar la denuncia presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) sobre el presunto sobrecoste de los conciertos organizados por la Junta de Castilla y León con motivo de la celebración del 23 de abril. El Ministerio Fiscal ha considerado que existen elementos suficientes para analizar los hechos y ha remitido el expediente a la Fiscalía leonesa por razón de competencia territorial.
La denuncia fue registrada inicialmente ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y se centra en los conciertos celebrados en distintas ciudades de la Comunidad, financiados a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. Tras una primera valoración, la Fiscalía ha decidido incoar diligencias y trasladar el caso a León para su estudio en profundidad.
Según el escrito presentado por UPL, los cachés abonados a los artistas superaron ampliamente los precios habituales de mercado, incluso en comparación con actuaciones similares en fechas de alta demanda cultural. La formación sostiene que este incremento de costes no estaría justificado y denuncia la existencia de un “chiringuito cultural” creado al margen de criterios de austeridad y control del gasto público.
En la documentación aportada se apuntan posibles irregularidades en la contratación y se plantea la eventual concurrencia de delitos como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos o cohecho. Será ahora la Fiscalía Provincial de León la encargada de determinar si estos indicios tienen recorrido penal o si procede el archivo de las actuaciones.
UPL recuerda además que las Cortes de Castilla y León aprobaron una proposición no de ley en la que se instaba a no financiar este tipo de eventos a través de fundaciones públicas, una recomendación que, según denuncia, no fue atendida por el Ejecutivo autonómico. La investigación abierta deberá esclarecer si la gestión de estos conciertos respondió a una política cultural ordinaria o si, como sostiene la formación leonesista, funcionó como un chiringuito sostenido con fondos públicos.