Ecologistas reclama renunciar a la fábrica de municiones de Valderas al tacharla de industria de “armas de guerra”

Agencia EFE

Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Castilla y León el archivo del expediente ambiental de la proyectada fábrica de municiones de Valderas y al Ayuntamiento de la localidad la paralización de cualquier licencia vinculada al proyecto al considerar que no se trata de una fábrica de explosivos de uso civil, sino de “armas de guerra”, cuya autorización corresponde al Ministerio de Defensa.

La organización ecologista ha presentado alegaciones en el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto promovido por la empresa Tecnesis 3000, que prevé la construcción de una planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre en terrenos municipales arrendados por el Ayuntamiento de Valderas.

Según la documentación técnica analizada por el colectivo, la instalación estará destinada a la producción de granadas de mortero y proyectiles de artillería, incluido el calibre 155 milímetros, además de otras municiones listas para su suministro.

El proyecto contempla una superficie de 47 hectáreas dividida en dos recintos, una capacidad de almacenamiento de hasta 800 toneladas de material explosivo y una plantilla prevista de 150 trabajadores.

Ecologistas en Acción sostiene que la tramitación se está realizando al amparo del Reglamento de Explosivos, cuando los productos que se pretenden fabricar encajan en la definición de armas de guerra recogida en el Reglamento de Armas, al tratarse de municiones para piezas de calibre igual o superior a 20 milímetros y granadas de mortero.

Por ello, argumenta que la autorización debería corresponder a la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, previa tramitación específica y aprobación por parte del Gobierno central, y no únicamente a la administración autonómica.

Además de las cuestiones legales, la organización ecologista expresa su rechazo a la ubicación elegida para la instalación, junto a la actual planta de Orica Explosivos Industriales, al considerar que incrementaría el riesgo de accidentes graves en el entorno de Valderas y de las localidades próximas de Villafer y Campazas.

A su juicio, los beneficios económicos previstos no compensan los riesgos asociados a una instalación con capacidad para almacenar centenares de toneladas de explosivos y dedicada a la fabricación de munición destinada a conflictos bélicos.

El proyecto plantea la fabricación de proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros, granadas de mortero de 60, 81 y 120 milímetros, así como otros componentes de armamento, mediante procesos de carga con TNT y otros explosivos adquiridos a suministradores externos.

Ecologistas en Acción también cuestiona la aplicación de una evaluación ambiental simplificada para una industria de este tipo y defiende que la producción de armamento debería someterse a un análisis más amplio que tenga en cuenta las consecuencias ambientales y humanas derivadas del uso final de estas armas.

Por su parte, el estudio ambiental promovido por la empresa concluye que los impactos previstos son compatibles o moderados y que la instalación generaría alrededor de 150 empleos directos, además de actividad económica en una zona afectada por la pérdida de población.