Desigual seguimiento en la provincia de León de la huelga educativa, con centenares de participantes en las protestas
Varios centenares de docentes se han concentrado este miércoles ante la Dirección Provincial de Educación de León para protestar contra la falta de avances en la negociación de sus condiciones laborales y salariales, acto central de la jornada de huelga convocada en Castilla y León por los sindicatos UGT y CCOO. La movilización, que también hace un llamamiento a la manifestación desde Botines, en el centro de la capital, ha trasladado a la calle el malestar acumulado entre el profesorado, que reclama a la Consejería de Educación que deje de aplazar los compromisos adquiridos y aborde las principales deficiencias que arrastra la enseñanza pública de la Comunidad, sus condiciones laborales y la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos.
Tal y como han cifrado los sindicatos, el seguimiento de la huelga en los centros escolares ha sido desigual en la provincia. De momento, los primeros datos recabados apuntan a un seguimiento medio de la huelga superior al 30%, con centros educativos en los que se ha alcanzado el 60%.
Víctor Bejega, representante provincial de Enseñanza de CCOO, ha cifrado provisionalmente en un 37,5% la participación media, aunque ha advertido de que todavía faltaban datos de algunos centros, debido a las distintas modalidades de incorporación del profesorado a lo largo de la jornada. Por su parte, Alberto Álvarez, secretario de Enseñanza de UGT-SP León, también ha destacado que los primeros sondeos superaban el 30% y ha tildado de “un éxito” la respuesta de los docentes.
“La gente tenía ganas de movilización, está harta de sus condiciones laborales”, ha señalado Bejega, que ha rechazado que los profesionales de la enseñanza sean unos privilegiados o que sus reivindicaciones estén ya satisfechas. En su opinión, al contrario, la huelga responde a problemas estructurales que no están encontrando respuesta en las negociaciones con la Junta de Castilla y León, que, según ha denunciado, únicamente aborda cuestiones menores sin afrontar las necesidades de fondo.
Uno de los principales agravios señalados por ambos sindicatos es la congelación desde 2006 del complemento autonómico del profesorado, que lleva dos décadas sin actualizarse. Álvarez ha subrayado que los docentes de Castilla y León se encuentran entre los peor remunerados del país y ha añadido otra reivindicación salarial: la imposibilidad de compatibilizar la carrera profesional con otros complementos, de manera que los profesores deben renunciar al sexenio para poder cobrar aquella. “Eso no pasa en ningún sitio del Estado”, censura.
Las organizaciones sindicales también denuncian que siguen pendientes de negociación numerosas medidas incluidas en el Acuerdo de 22 de septiembre de 2025 para mejorar las condiciones laborales del profesorado. UGT ya había advertido el pasado abril de que, varios meses después de la firma, únicamente se había celebrado una reunión de la Comisión de Seguimiento, sin que la Administración hubiera concretado aspectos fundamentales de su desarrollo. El sindicato llegó entonces a denunciar que las reuniones mantenidas eran meramente formales, sin propuestas ni contrapropuestas y sin un calendario real de negociación.
Entre las demandas que ahora vuelven a poner sobre la mesa figuran el reconocimiento salarial y horario de las tutorías, la reducción de la burocracia en los centros, el refuerzo del personal no docente, la reducción de la jornada lectiva de hasta un tercio para los mayores de 55 años, la mejora de la atención a la diversidad de los alumnos y la ampliación y mejora de los permisos y licencias.
A estas reclamaciones se suman la necesidad de reducir las ratios en las aulas, incrementar las plantillas docentes y dotar a los centros de recursos suficientes para atender al alumnado. Los sindicatos también ponen el foco en las deficiencias estructurales de algunos edificios educativos, muy graves en casos como el colegio de Cembranos, por ejemplo, y en las dificultades añadidas que afronta el profesorado del medio rural, donde el trabajo docente presenta unas particularidades que, a juicio de UGT y CCOO, no están suficientemente reconocidas ni compensadas.
Por eso, para Bejega, la Administración debe entender que no se trata de reivindicaciones aisladas, sino de abordar de manera estructural las condiciones laborales, salariales y los recursos necesarios para garantizar una educación pública de calidad.
En caso de que no se produzcan avances concretos, advierten de que la huelga y las concentraciones no serán un episodio aislado. “Si no oyen nuestras reclamaciones y no tienen en cuenta el sentimiento del profesorado de la Comunidad, seguiremos movilizándonos”, ha advertido Álvarez.