Han tenido que pasar seis años para que la Justicia haya decidido por fin la condena a un trabajador de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que desde 2018 y 2019 fue investigado como autor de una serie amplia de robos en lo que era entonces su puesto de trabajo: el vertedero provincial de León, el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. Aquellos hechos le suponen ahora una condena de un año y nueve meses de prisión y una multa económica.
La sentencia fue emitida este año por el Juzgado de lo Penal nº 2 de León al empleado de Somacyl, una entidad pública conocida como la 'Junta B' por ser un organismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que maneja más presupuesto en proyectos y empleos que la propia administración.
La sentencia es firme, porque el hombre admitió la autoría de las continuas sustracciones y mostró conformidad. Sin embargo, el tiempo de prisión decidido para él queda suspendido si el condenado observa buen comportamiento y paga la indemnización de 3.315 euros a la Diputación de León, heredera del antiguo consorcio Gersul que ya se ha disuelto.
Se le atribuyó un delito continuado de apropiación indebida, el cual fue cometido durante los años 2018 y 2019 CTR de San Román de la Vega, cerca de Astorga. El acusado mostró su conformidad con todo el escrito de acusación de la Fiscalía, admitiendo los hechos, y de este modo evitó la celebración del juicio y la práctica de prueba algunas.
Apropiación y venta de chatarra, cobre y otros materiales
Según el relato de hechos probados aceptado por el acusado, él trabajaba entonces en las instalaciones gestionadas por Somacyl en la planta de residuos. Y es que en las mismas instalaciones del CTR conviven empleados provinciales, entonces de Gersul, y también de la empresa pública de la Junta porque fue Somacyl, por encargo de la Junta, la que construyó el segundo vaso de vertido valorado en una inversión de 6,2 millones de euros. A cambio, Somacyl se encarga de la gestión de ese vaso y todos los residuos que allí se depositan provenientes de toda la provincia por espacio de 15 años.
El empleado se apropió en numerosas ocasiones de distintos materiales depositados en el CTR, entre ellos chatarra, cobre, baterías, radiadores y piezas de aluminio, con la finalidad, demuestra la sentencia, de obtener un beneficio económico ilícito y personal. Y es que el material robado fue luego vendido a diversas chatarrerías de la provincia leonesa. Fueron las pruebas periciales practicadas las que tasaron el perjuicio económico ocasionado a Gersul en los 3.315 euros, cantidad que el condenado deberá indemnizar íntegramente.
Los hechos fueron investigados a partir de un atestado de la Guardia Civil de León en septiembre de 2019, tras darse cuenta de algunos hechos indicios de irregularidades en la gestión de residuos metálicos en el CTR leonés. Fue cuando el Juzgado de Instrucción nº 1 de Astorga abrió diligencias previas, ya en octubre de ese año, según la sentencia a la que ha tenido acceso ILEÓN.
Durante la fase de instrucción, el Ministerio Fiscal señaló el delito de apropiación indebida agravada por la continuidad de sus actos, por lo que solicitó una pena inferior a seis años de prisión y su responsabilidad civil, mientras la defensa del empleado pedía su absolución al no apreciar delito.
En un extremadamente largo proceso judicial que recayó en el Juzgado de lo Penal de León mencionado, no fue hasta este año 2025 cuando se produjo la sentencia. Y ese retraso benefició al acusado, ya que finalmente se admitió a su favor la atenuante de dilaciones indebidas. La suspensión de la pena de prisión se fundamenta en que el acusado carece de antecedentes penales.