El caso 'Enredadera' vuelve a reabrirse por tercera vez en los juzgados de León tras el cierre de todas las investigaciones el pasado otoño, cuando quedaron sin efecto las pesquisas de presunta corrupción en los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre que se iniciaron en el año 2018.
La Audiencia Provincial de León admitió a finales del pasado mes de enero un recurso de la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida, contra el cierre acordado por el Juzgado de Instrucción número 1 de León en el que dictaba el sobreseimiento y archivo, por segunda vez, de las piezas referentes a los tres municipios. Entonces el juez aducía que de la nueva documentación llegada desde la pieza principal de Badalona “no puede concluirse” que existan “indicios de comisión de infracción penal y, en concreto, de los delitos de malversación en caudales públicos, tráfico de influencias o fraude en la contratación”.
El Juzgado tuvo que reabrir las pesquisas tras el despiece de la investigación 'Enredadera' que se dictó desde los juzgados de Badalona, motivando la apertura de hasta 30 piezas separadas de la principal. Los indicios del tribunal catalán orientaban la reapertura de la investigación del caso que afectaba al ayuntamiento de León y los de los consistorios de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre. Las nuevos indicios sobre estos ayuntamientos se incorporaron a la causa cerrada del de León y, debido a ello, el juez optó por su cierre apresurado sin realizar ninguna actuación y ni siquiera comunicarlo a todas las partes, motivo del recurso de Izquierda Unida.
La Audiencia Provincial reprocha en su acto de rectificación al juez Fernando Morano que cerrara la causa “sin haber dado a las partes, concretamente a la acusación, la posibilidad de tener conocimiento pleno de las actuaciones, lo que les ha ocasionado una evidente indefensión y una clara falta de seguridad jurídica”. Por eso anula su decisión y pide que se reabra al momento en que llegó la documentación de Badalona y se pida a las partes opinión sobre si seguir con la investigación o proceder a su cierre nuevamente. La Fiscalía y varios acusados, entre ellos el alcalde de Villaquilambre Manuel García, pidieron que se desestimara el recurso de IU.
El auto señala que “No debe olvidarse que las dos partes procesales, acusación y defensa, están en igualdad de armas y tienen pleno derecho a conocer de forma clara y precisa el contenido de las actuaciones y las pretensiones de su contrario, para así poder refutarlas y combatirlas, lo que resulta del todo inviable si no se les da traslado de las mismas en tiempo y forma pues ello significa, ni más ni menos, que han tenido que recurrir la decisión adoptada sin haber antes tenido conocimiento del contenido de las actuaciones remitidas por el Juzgado de Instrucción de Badalona”.
El caso 'Enredadera' nació a raíz de una denuncia en el ayuntamiento catalán de Mongat sobre presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico. Las intervenciones telefónicas llevaron a una madeja que descubrió una presunta trama de irregularidades en contratos con las policías municipales y una subcausa de presuntas irregularidades con epicentro en Castilla y León relacionada con el empresario José Luis Ulibarri, detenido en la operación y que ha confesado delitos en la pieza de Gürtel de Boadilla del Monte.
De las 5 causas inicialmente abiertas en el año 2018 -Badalona, León, Astorga, Fuenlabrada y Navalcarnero- se pasó a una treintena tras dividir la investigación principal en el otoño del 2021. Las piezas de León y Astorga han sido cerradas y reabiertas en dos ocasiones, la primera sin ni siquiera llegar a declarar los testigos, cosa que sí ocurrió en la segunda cuando todos los acusados negaron los hechos contestando prácticamente solo a sus abogados. La Fiscalía, que inició la investigación en Cataluña, ha apoyado todos los cierres propuestos por las defensas en las piezas leonesas.
La decisión judicial de reapertura provoca que se deba tener en cuenta los informes de la Fiscalía sobre los hechos ocurridos en los dos ayuntamientos pegados a la ciudad de León. En concreto la investigación señalaba a los conocidos empresarios José Luis Ulibarri o Ángel Luis García 'El Patatero', o políticos y expolíticos como el regidor de Villaquilambre, Manuel García, y la exalcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, de PP y PSOE, respectivamente, como presuntos autores de contrataciones o intentos de contrataciones irregulares en ambos consistorios.