La Junta de Castilla y León deniega un segundo macroparque solar en la Valduerna por pretender ocupar con placas fotovoltaicas suelo arrasado por el gran incendio forestal de Castrocontrigo de 2012. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León publica este jueves la denegación de la solicitud administrativa previa para la construcción de Valduerna I, en el municipio de Destriana, alegando que no se puede cambiar el uso del suelo quemado por un incendio forestal en un plazo de 30 años.
La argumentación es exactamente la misma que la que dio en agosto para tumbar el denominado Castrillo III, en Castrillo de la Valduerna. Ambos proyectos rechazados suponen solo dos fragmentos de los ocho en total que promueve el grupo leonés Lamelas Viloria en los municipios de Luyego de Somoza, Destriana y Castrillo de la Valduerna, y que han recibido miles de alegaciones de Ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones agrarias y ecologistas y particulares.
Valduerna I tiene una declaración de impacto ambiental desfavorable porque, tal y como recoge el boletín, “la ubicación propuesta para el proyecto coincide con superficies forestales arboladas que fueron arrasadas por el incendio forestal iniciado el 19 de agosto de 2012 en Castrocontrigo” y la ley prohíbe el cambio de uso forestal de los montes afectados por incendios durante un plazo de treinta años.
Y no es que el proyecto se haya pintado en el papel sobre alguna parte de la superficie quemada, es que coincide “en su totalidad con terrenos con la condición jurídica de monte, en fase de regeneración natural del arbolado o restaurados mediante plantación con posterioridad al incendio forestal mencionado, con diferentes grados de implantación y desarrollo”.
“Estas circunstancias”, especifica el servicio territorial de Industria, Comercio y Economía, “hacen inviable ambientalmente el proyecto propuesto y, por tanto, se informa desfavorablemente la Planta Solar fotovoltaica Valduerna I», ubicada en el término municipal de Destriana”.
Además, la administración autonómica acaba de publicar la denegación de la solicitud para su construcción porque la empresa había pedido retirar el aval de 2 millones de euros y no había acreditado “en tiempo y forma” el acceso a la red.
La decisión todavía no es firme y la empresa todavía puede presentar contra ella recurso de alzada en el plazo de un mes.