La cara y la cruz se vivieron ayer en Cistierna. El proyecto de planta de biogás promovido por Apaycachana-6 SL en Vidanes, en el polígono industrial de Cistierna, volvió al centro del debate público durante una jornada organizada por la propia empresa bajo el título 'Energías renovables y desarrollo rural'. La cita reunió a más de un centenar de personas y sirvió para que expertos, representantes del sector y promotores defendieran las posibilidades del gas renovable y la economía circular. Pero enfrente y también dentro de la reunión, algunos colectivos vecinales contrarios al proyecto aprovecharon el encuentro para expresar su rechazo y cuestionar algunas de las ventajas expuestas.

La jornada, celebrada en el Hotel Puerta Vadinia de Cistierna, contó con la participación de Antonio Morán, catedrático de la Universidad de León; Marcos Caviró, director de Asuntos Públicos de la Asociación Crecemos; Pedro Ismael Martín, secretario de Innovación, Formación y Cambio Climático de UPA; Jacobo Canseco, jefe de Energías Renovables de Axpo; Carlos Boné, alcalde de Valderrobres; y Elvia Rodríguez, subgerente de Apaycachana.

La empresa sostiene que la modernización de las actuales instalaciones de compostaje para convertirlas en una planta de biogás, como avanzó ILEON en noviembre de 2025, cuando obtuvo el visto bueno ambiental de la Junta, constituye una oportunidad para el sector primario, la actividad industrial y el desarrollo económico de la comarca.

El proyecto plantea tratar 86.000 toneladas anuales de residuos orgánicos para producir alrededor de 6.200 toneladas de biogás al año, además de 11.780 toneladas de fertilizantes sólidos y otras 4.797 de fertilizantes líquidos. Sus promotores lo presentan como una inversión vinculada a la economía circular, destinada a aprovechar residuos para producir energía renovable y fertilizantes, reducir emisiones y generar actividad económica en el territorio.

Durante el encuentro, Antonio Morán defendió la seguridad del proceso de digestión anaerobia y explicó que la futura instalación funcionará, según el diseño presentado, mediante sistemas cerrados, biofiltros y un principio de vertido cero. Desde la organización se aseguró que estas medidas permitirán controlar los olores y evitar afecciones al agua y al suelo. Marcos Caviró destacó, por su parte, la contribución que este tipo de instalaciones puede realizar a la autonomía energética y a la gestión de residuos ganaderos, mientras Jacobo Canseco aseguró que el proyecto lleva más de cinco años de diseño y que busca transformar residuos en energía y valor económico para la comarca.

También intervino el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, para exponer la experiencia de su municipio con una planta de biogás. Según explicó durante la jornada, después de más de dos años de funcionamiento, la instalación ha sido compatible con la actividad ganadera y turística y ha generado actividad económica. La organización utilizó este ejemplo para defender que proyectos de estas características pueden implantarse en entornos rurales sin perjudicar otros sectores económicos.

La otra cara de la moneda

Frente a esta visión, la Plataforma en Defensa de la Vida en la Montaña Oriental Leonesa y la Asociación EslaVIDA organizaron una protesta coincidiendo con la jornada y varios de sus integrantes participaron también en el acto. Ambos colectivos mantienen su oposición a la instalación y consideran que la convocatoria llegó después de que el proyecto hubiera avanzado ya de manera sustancial en su tramitación administrativa. Según su versión, acudieron tanto para hacer visible su rechazo como para conocer directamente los argumentos de la empresa.

Los colectivos críticos cuestionaron además la composición de la mesa de ponentes, al considerar que estaba formada fundamentalmente por personas vinculadas o favorables al sector del biogás y que faltaron especialistas procedentes de ámbitos como el medioambiental, la biología, la geología o la zoología. También denunciaron dificultades para plantear algunas preguntas durante el coloquio y sostienen que no se abordaron suficientemente las consecuencias ambientales y humanas que, a su juicio, podría generar la actividad.

Entre los principales argumentos planteados por los opositores figuran los posibles riesgos sanitarios, ecológicos y medioambientales, así como el impacto que temen que pueda producirse sobre la población y la economía de la comarca. La plataforma defiende que la Montaña Oriental debe apostar por otras alternativas de empleo y desarrollo y considera que la implantación de esta industria puede entrar en conflicto con un modelo turístico basado en el paisaje y el patrimonio natural. También cuestiona la capacidad del proyecto para generar empleo significativo en el territorio.

Uno de los asuntos más reiterados por los vecinos es el de los olores procedentes de las actuales instalaciones de compostaje. EslaVIDA asegura que Vidanes ha sufrido episodios de fuertes olores durante los últimos años y sostiene que este antecedente alimenta la desconfianza sobre el futuro funcionamiento de la planta y sobre el tratamiento de los productos fertilizantes resultantes. Se trata de una denuncia de la asociación que contrasta con la posición expresada durante la jornada por los promotores y expertos invitados, que defienden que el diseño de la nueva instalación contempla sistemas específicos para evitar emisiones de olor.

Adelante

El proyecto dispone ya de una declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León y no recibió alegaciones durante el periodo de información pública, el año pasado. Los organismos consultados durante la tramitación emitieron informes favorables, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Servicio Territorial de Sanidad, aunque este último condiciona la autorización a la formación correspondiente para el manejo de biocidas y productos químicos. La declaración ambiental suma una vigencia de cuatro años, periodo en el que deberá iniciarse la ejecución del proyecto, es decir, antes de 2029.

La jornada de ayer en Cistierna evidenció así las dos posiciones que continúan enfrentadas en torno al futuro de Vidanes: por un lado, una empresa que presenta el biogás como una oportunidad para convertir residuos en energía, atraer inversión y generar actividad dentro de un modelo de economía circular; por otro, una parte de los vecinos que mantiene sus dudas sobre las consecuencias de la instalación y reclama que el desarrollo económico de la Montaña Oriental no comprometa su entorno, su calidad de vida ni otros sectores como el turismo.

Poco antes de las siete de la tarde, hora en la que estaba convocada la concentración de protesta de la Asamblea por la Vivienda de León, descargó una potente tormenta en el centro de la capital leonesa bajo la que se congregaron un centenar de personas y sus paraguas. Esta imagen ante la Casa Botines del arquitecto Antonio Gaudí marcó la convocatoria de indignación a raíz del desahucio de Maricarmen la pasada semana en Madrid y para exigir un giro radical en las medidas en defensa del derecho a una vivienda digna y contra la especulación inmobiliaria.

La pancarta que presidía el encuentro, 'Contra el rentismo y la complicidad de los gobiernos', fue la principal consigna de una protesta con abundante presencia de jóvenes que la lluvia deslució y acortó. Dio tiempo, eso sí, para informar de que la lucha seguirá y será pronto: el miércoles 30 se ha convocado una Asamblea de Vivienda al aire libre, en el parque de La Granja de la ciudad, para debatir la actual situación y adoptar las siguientes medidas ante el problema que ha espoleado el desahucio de Maricarmen como símbolo.

Precisamente en su apoyo, y en el de todas las personas afectadas por desalojos forzados de sus viviendas, así como de los jóvenes que ven imposibilitado su acceso a una vivienda, se leyó un comunicado que puso punto y final a la concentración.

El desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años obligada el pasado miércoles a abandonar la vivienda de alquiler del distrito madrileño de Retiro en la que había residido durante más de 70 años, tendrá también respuesta en la provincia de León y en concreto en la capital. La Asamblea por la Vivienda de León ha convocado para este lunes 28 de septiembre, a las 19.00 horas, en la plaza de Botines, una concentración bajo el lema ‘Por todas las Maricarmen’.

La organización leonesa asegura que el caso es “especialmente sangrante” y llama a salir a la calle tanto por Maricarmen como por quienes puedan encontrarse en situaciones similares. “Seguiremos organizándonos”, señala la convocatoria difundida en sus redes sociales, que plantea la movilización también como una protesta más amplia ante el problema del acceso a la vivienda.

El caso que ha originado la protesta comenzó años atrás. Maricarmen tenía un contrato de alquiler que había sido subrogado desde sus padres y llevaba más de siete décadas en el mismo piso. Tras años de litigio y varios intentos anteriores de lanzamiento, el desahucio terminó ejecutándose el miércoles 23 de septiembre, generando una oleada de indignación y protestas.

Las imágenes del desalojo convirtieron rápidamente a Maricarmen en símbolo de las protestas por la vivienda. Este sábado, una manifestación recorrió el centro de Madrid bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’. La Delegación del Gobierno cifró la participación en unas 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas, convocante de la movilización, elevó la asistencia a 300.000.

La movilización no terminó con la marcha. Cientos de participantes regresaron a la Puerta del Sol y levantaron una acampada que a lo largo del fin de semana no ha dejado de crecer. Los colectivos movilizados reclaman el denominado ‘decreto Maricarmen’, con medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos y limitar los supuestos en los que los propietarios pueden no renovar los contratos, entre otras reivindicaciones. Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja para llevar al Consejo de Ministros del martes un nuevo decreto ley sobre vivienda.

Con este escenario como telón de fondo, la protesta se traslada ahora también a León, el lunes en pleno centro de la capital leonesa.

Ha resultado muy numerosa la protesta convocada este sábado en la ciudad de Astorga, precedida de una marcha a través de la comarca de Maragatería, promovida por los opositores al proyecto de instalación de una planta de producción de biometano a raíz de deshechos ganaderos en el municipio de Val de San Lorenzo, apenas a dos kilómetros de la ciudad.

La larga marcha ha cubierto a pie, en medio de un ambiente reivindicativo pero también festivo, el amplio recorrido hasta su destino, situado frente al Ayuntamiento de Astorga. Allí han coreado, como en el resto del recorrido, sus consignas y sus argumentos, especialmente medioambientales, que les posicionan abiertamente contra la iniciativa que ya tramita la Junta de Castilla y León.

El proyecto de la compañía Apiolae SL, filial del grupo ID Energy Group, anuncia una inversión de 9,45 millones de euros para construir una instalación destinada a transformar residuos y subproductos orgánicos de origen agroganadero en gas de biometano. Su dimensión es uno de los principales elementos de controversia en las comarcas de Astorga y se ha sumado al argumento de que todo el entorno de la zona ya suma excesivos proyectos de gestión de residuos, empezando por el propio Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, pero también ahora muy latente una planta de lodos en la localidad de Piedralba, en el municipio maragato de Santiago Millas. De ahí algunos mensajes lanzados hoy como que “nuestra comarca no es un basurero”.

Unanimidad en el Ayuntamiento

La protesta, que estuvo muy animada, coincide a pocos días de que todos los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Astorga, donde gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular (PP), acordaran presentar conjuntamente alegaciones al proyecto de biometano, al considerar que, pese a situarse fuera de su término municipal, su proximidad y dimensiones pueden provocar afecciones directas sobre Astorga y su comarca. La Corporación aclara que no rechaza el biometano como tecnología, sino que reclama un análisis especialmente riguroso de una instalación proyectada para tratar 233.500 toneladas de residuos al año y de sus posibles consecuencias sobre la población, el territorio, el medio ambiente y la economía local.

Entre las principales preocupaciones figura el origen de los residuos, ya que, según la documentación analizada por el Ayuntamiento, solo unas 48.000 toneladas procederían de un radio de 30 kilómetros y alrededor de 185.500 tendrían que llegar desde otros lugares. A ello se suma la previsión de unos 36 camiones diarios de gran tonelaje y la generación de aproximadamente 103.061 toneladas de digestato al año. Los grupos reclaman que se concreten la procedencia y las rutas de transporte de los residuos, la capacidad de las carreteras para asumir ese tráfico y las parcelas y superficies agrícolas en las que se utilizará el digestato, además de las medidas destinadas a evitar la contaminación de suelos y aguas.

Las alegaciones ponen también el foco en el riesgo de olores y reclaman que se estudie específicamente su posible llegada a Astorga en función de los vientos, la meteorología y las situaciones de funcionamiento anormal de la planta. Exigen además una evaluación específica de la afección al Camino de Santiago -el proyecto prevé impactos durante las obras sobre aproximadamente 1,5 kilómetros de su entorno-, así como comprobar la situación legal de los terrenos afectados por un incendio forestal en 2024. A ello añade la necesidad de valorar conjuntamente las consecuencias sobre el paisaje, el patrimonio, la agricultura, el turismo, la salud, el agua y el suelo, así como los efectos acumulativos con otras instalaciones existentes o previstas en la zona.

Como conclusión, los grupos municipales reclaman a la Junta que revise la suficiencia del Estudio de Impacto Ambiental y exija al promotor todos los estudios complementarios necesarios, además de garantías económicas y ambientales para responder ante accidentes, contaminación, averías, cierre o desmantelamiento.

El acuerdo solicita expresamente que no se conceda la autorización ambiental mientras no queden suficientemente acreditadas todas estas cuestiones, que se garantice la participación de las administraciones y poblaciones afectadas y que las alegaciones sean trasladadas al Ministerio para la Transición Ecológica para reclamar una revisión de la estrategia de implantación de este tipo de instalaciones en las zonas rurales.

El Ayuntamiento de León cree haber puesto fin a semanas de tensión, negociaciones, amenazas y decisiones drásticas que parecían poner en riesgo la tradicional celebración del desfile de pendones concejiles en la mañana de la fiesta de San Froilán en la capital leonesa. Y cree haber conseguido que este evento brille como otros años, esta vez el domingo 4 de octubre, con la habitual participación de más de 300 pendones y pendonetas de otros tantos pueblos de la provincia leonesa, en su recorrido por el centro de la ciudad.

Hace apenas cinco días todo parecía en el aire, al aprobarse el viernes por mayoría absoluta en el seno de la Asociación de Pendones Concejiles Reino de León el rechazo frontal a asumir, como todos los años, la organización de este vistoso desfile. Un 'no' rotundo que argumentaban en el rechazo a lo que consideraban algunas nuevas imposiciones por parte del Consistorio leonés.

La polémica se centraba, principalmente, en la inicial imposición y posterior “recomendación” de que los grupos que izan y acompañan estas gigantescas banderas de cada pueblo fueran vestidos con los trajes regionales tradicionales de su comarca, zona o pueblo. El Ayuntamiento apenas dejaba la alternativa de que quien no dispusiera de esta indumentaria pudiera sólo acudir con pantalón negro, camisa blanca y calzado oscuro, y fajín en el caso de los hombres.

Sin embargo, la Asociación se hizo eco de una auténtica rebelión de una mayoría de pueblos participantes, como por ejemplo 39 vinculados al entorno de La Virgen del Castro, en Castrotierra, que se plantaron manifestando públicamente su “más absoluto enfado, descontento y desacuerdo” con esta nueva obligatoriedad, que criticaban como una “imposición arbitraria”. Exigían ya entonces un respeto del Consistorio de León a “la autonomía, los colores y la indumentaria propia de cada agrupación”, habitualmente con camisetas del mismo color identificativo de cada localidad y estampado el nombre del pueblo.

Sin embargo, apenas cinco días después, donde la Asociación dijo 'no' ahora parece que se reconvierte en un 'sí'. Es al menos lo que ha asegurado el equipo de Gobierno que preside el alcalde José Antonio Diez, que en una escueta nota de prensa anuncia que el Ayuntamiento se sumará a la asociación para una “organización conjunta” del evento.

La poca novedad que se resalta es que “el desfile mantendrá así las mismas características que en años anteriores, conforme al convenio suscrito por ambas partes” y a mayores parece constar ahora literalmente que “en la indumentaria” de los participantes de cada localidad “se sugiere” el uso del traje tradicional pero “sin que la vestimenta sea excluyente”.

Los premios y cambios en el dinero

Y para incentivarlo, en vez de castigarlo, insiste en incorporar un premio en metálico “a la mejor indumentaria al acompañamiento de las enseñas”. Un premio que se igualará en cuantía, 250 euros, al que hasta ahora se otorgaba “a la mejor exhibición y manejo de pendones concejiles”.

Pero la principal novedad es también económica, aumentando la cuantía de la subvención a cada pueblo por participar: ahora se anuncia un pago de 200 euros para cada uno de los primeros 200 pendones inscritos, es decir, una cifra total de 40.000 euros. Sin embargo, en el convenio del año anterior la cuantía era de 170 euros por cada grupo con uno o más pendones, que se rebajaban a 100,00 euros si sólo se aportaba una pendoneta.

Para tratar de cerrar lo más posible este episodio que ha tensionado como nunca la celebración, el Consistorio garantiza que “este desfile mantendrá las bases reguladoras establecidas para la inscripción de las enseñas en base a las cuales se garantiza la presencia de pendones y pendonetas que se desplazarán a la ciudad de León en la citada jornada” del domingo 4 de octubre, en esta ocasión.

Y tercer año de boicot de carros engalanados

Hay que recordar, además, que otra habitual y vistosa tradición, la de los carros engalanados, alcanzará este año su tercer ejercicio de desencuentro total con los que fueron siempre organizadores de este otro desfile: La Asociación del Carro Tradicional Leonés. Han anunciado que volverá a boicotear el desfile y dejar fuera a sus más de 50 carros engalanados por seguir criticando al Ayuntamiento que no atienda sus demandas para modificar la organización del acto, especialmente en lo relativo al punto de salida, el recorrido y los tiempos de espera de los carros y los animales, vacas, bueyes, burros o caballos.

Las principales discrepancias se siguen centrando, para la asociación, en la seguridad del desfile, sobre todo en algunas calles estrechas del Casco Histórico, donde las aglomeraciones de público y las dificultades para realizar determinados giros pueden poner en riesgo tanto a los animales de tiro como a los espectadores, algo que ya ocurrió años atrás.

De este modo, también el Consistorio tendrá que organizar por su propia cuenta y con otros colectivos la presencia de los carros decorados a la antigua usanza, , una de las estampas más vinculadas al mundo rural y a las tradiciones leonesas que se viven cada año en la capital de la provincia.

El PP exige explicaciones

Precisamente este miércoles, el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento leonés exigía al alcalde, José Antonio Diez, que aclarara quién decidió introducir las recomendaciones sobre la indumentaria de los pendoneros y qué responsabilidad tuvo el Ayuntamiento en una polémica que ha enfrentado al Consistorio con la Asociación de Pendones del Reino de León. Por boca de su portavoz, David Fernández, consideran razonable cuidar la imagen del desfile, pero cuestionan que se plantearan cambios sin consenso con quienes mantienen viva esta tradición, que son los pueblos.

El PP exige saber en concreto las conversaciones previas, la participación prevista de los pueblos y cómo asumirá el Consistorio las tareas que realizaba la entidad, incluidos el transporte de varas y pendones y el coste que supondrá.

La Plataforma Feminista Abolicionista de León ha convocado este miércoles 23 de septiembre una concentración con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Prostitución y la Trata de Mujeres y Menores. La movilización tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza de Botines de León.

La plataforma sostiene que la prostitución constituye “un sistema de violencia organizada contra las mujeres” vinculado a situaciones de desigualdad. El colectivo relaciona además la prostitución y la trata con fenómenos como la pobreza, la exclusión, el racismo y la normalización de la violencia sexual.

Las asociaciones convocantes defienden la abolición de la prostitución como horizonte para avanzar hacia una sociedad igualitaria y consideran que tanto esta como la trata son incompatibles con los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución española.

La Universidad de León ha dado este martes 22 de septiembre por inaugurado el nuevo curso académico 2026/2026. Un curso que tanto la rectora, Nuria González, como el consejero de Universidades, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, han calificado como 'histórico', debido al estreno del grado de Medicina y el 30 aniversario del Campus de Ponferrada.

Sin embargo, a pesar del éxito de la llegada del reclamado grado de Medicina, el inicio de curso no está exento de polémicas. De hecho, Comisiones Obreras convocó una protesta frente al edificio de Rectorado, donde se llevaba a cabo el acto institucional, para mostrar su rechazo contra el Plan de Ajuste anunciado por la institución académica leonesa que tiene como objetivo reducir el déficit de 18,82 millones de euros con el que afronta el curso. A pesar de que la rectora anunció recientemente un aumento de la financiación de la Junta, CCOO decidió mantener las protestas convocadas.

Por otro lado, la inauguración del grado de Medicina también ha llegado con polémica debido a la diferencia en el aumento de matrículas entre las universidades de León y Burgos, que también estrena esta opción educativa. Aunque la Junta ha repetido en varias ocasiones que la cifra de matriculaciones no es fija hasta octubre y que existe un margen del 10% respecto a las plazas establecidas por cada Universidad (en León eran 80 y en Burgos poco más de 70), la cifra de León se ha ajustado más a la inicial, mientras que en Burgos el dato ha ascendido a 126 matriculados.

Medicina también ha dejado un poso amargo para la comarca de El Bierzo, ya que aunque en un primer momento la Universidad de León defendía la posibilidad de que existiera una doble sede para estos estudios, finalmente la Junta de Castilla y León vetó esta opción, alegando “falta de medios” en el Campus de Ponferrada, que cumple 30 años.

A pesar de ello, el consejero de Universidades, Suárez-Quiñones, se ha comprometido a “seguir afianzando el campus universitario de Ponferrada, que la Universidad ha tenido muy en consideración con unas titulaciones muy relevantes que se han añadido”, destacando el grado de Nutrición y Dietética, Fisioterapia o Podología.

La rectora pide más financiación

Durante su discurso, la rectora apeló al diálogo y al consenso, el mismo que marcó la aprobación por unanimidad de los nuevos Estatutos, para construir el futuro de una Universidad, “anticipándose a las dificultades, garantizando el crecimiento de la institución sin renunciar a la calidad de sus servicios, la excelencia de la docencia y la investigación, la estabilidad del empleo y nuestra sostenibilidad”.

Una tarea que, según remarcó la rectora, debe ser compartida también por las administraciones. Fue en este punto cuando lanzó el guante al consejero, al que reclamó una financiación que permita a la Universidad planificar a medio y largo plazo, con contratos programa y marcos plurianuales que aporten la estabilidad necesaria para afrontar sus principales retos y permitan retomar el plan ordinario de infraestructuras. 

“Una Universidad no puede afrontar su futuro pensando únicamente en el próximo curso ni en una única titulación. Necesita estabilidad para poder anticiparse, planificar y tomar decisiones pensando en las próximas generaciones”, destacó González, que confío en que el diálogo y la cercanía del nuevo consejero se traduzcan en respuestas concretas a las necesidades que plantea la ULE “para ofrecer un servicio público de calidad”.

Estrategia ante la IA

Una nueva realidad que obliga también a revisar las formas de enseñar y evaluar. “No basta con preguntarnos cuánto sabe un estudiante. Tenemos que saber qué es capaz de hacer con aquello que sabe”, señaló, al tiempo que defendió la necesidad de aprender a trabajar con la inteligencia artificial y, también, de decidir cuándo utilizarla, cómo hacerlo y cuándo cuestionar aquello que ofrece.

Para afrontar esta transformación, la ULE está elaborando su Estrategia de Inteligencia Artificial y ha creado una nueva dirección de área dedicada a la Inteligencia Artificial y al Gobierno del Dato, que coordinará su incorporación a la docencia, la investigación y la gestión universitaria. “No se trata de elegir entre tecnología y Universidad, sino de conseguir que la tecnología permita hacer mejor aquello que da sentido a la institución”.

CCOO de León y Asturias volverán a llevar a la carretera su rechazo al peaje de la AP-66, la autopista del Huerna, con una concentración este jueves, 24 de septiembre, a la entrada del peaje de La Magdalena. Los dos sindicatos mantienen desde hace meses una campaña conjunta para reclamar el fin del pago por utilizar esta vía, que consideran una barrera económica y territorial entre León y Asturias.

La protesta se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas y contará con la participación de delegados y delegadas de ambas organizaciones. Está prevista una pequeña asamblea en la que intervendrán la secretaria general de CCOO de León, Elena Blasco, y el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. Los sindicatos también repartirán octavillas y material informativo entre los usuarios de la autopista.

CCOO sostiene que el peaje afecta especialmente a quienes utilizan la autopista de forma habitual para trabajar, estudiar o desplazarse entre León y Asturias, además de a transportistas y familias. El sindicato reclama que deje de cobrarse por una infraestructura que, según denuncia, mantiene actualmente restricciones y obras mientras se continúa pagando la tarifa íntegra. La concesionaria Aucalsa mantiene el peaje de la AP-66 hasta 2050 según la información del Ministerio de Transportes.

El coste del viaje, además, se ha incrementado este año. Desde enero de 2026, el trayecto completo para vehículos ligeros cuesta 16,20 euros, aunque se mantienen determinadas bonificaciones para usuarios frecuentes y vehículos pesados.

La situación de la autopista ha generado también actuaciones administrativas. El Gobierno del Principado mantiene abierto un expediente a Aucalsa por el cobro íntegro del peaje pese a las obras y las restricciones que afectan a la circulación. Entre las cuestiones analizadas figuran la reducción de carriles, las limitaciones de velocidad, la congestión y la información disponible para los usuarios.

La protesta de CCOO se produce además después de que las Cortes de Castilla y León hayan aprobado recientemente una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno central el fin del peaje de la AP-66, así como bonificaciones de al menos el 60% para los usuarios recurrentes de las autopistas de la Comunidad. La propuesta no incluyó, pese a una enmienda de UPL, la eliminación del peaje de la AP-71 León-Astorga, que continúa siendo también de pago.

La concentración del jueves servirá también para que los responsables de CCOO expliquen las próximas actuaciones de la campaña contra el peaje del Huerna. Los secretarios generales de los sindicatos atenderán a los medios a las 11.30 horas, en el entorno del peaje de La Magdalena.

La AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio Valladares Rodríguez de Toreno da un nuevo paso en su batalla por evitar el cierre de un aula de Educación Infantil. Tras convocar una concentración coincidiendo con el comienzo del curso académico, ahora inicia una recogida de firmas para exigir a la administración autonómica que revierta esa supresión. Y lo hace apelando a la esencia del municipio. “Toreno es un pueblo con pasado minero, un pueblo que sabe lo que significa luchar por lo suyo cuando se le quiere arrebatar”, dicen las familias, que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Toreno y de otras AMPA de la comarca berciana.

“No vamos a quedarnos parados, y no vamos a callarnos ni a cansarnos aunque la Administración pretenda ganar tiempo. Si es necesario llevaremos esta reivindicación hasta la última instancia”, señalan desde la AMPA del Valladares Rodríguez, que interpreta el hecho de que cerca de 200 personas se concentraran en el comienzo de curso como una demostración de que “esta no es una preocupación de unas pocas familias, sino un sentir compartido por todo un pueblo”.

Al mismo tiempo, la reivindicación de las familias de Toreno “no es una batalla aislada” puesto que la AMPA se está coordinando con otras de la comarca que “se enfrentan a recortes similares” al entender que “la defensa de la escuela pública rural y de los pueblos es una causa común”.

“Esta lucha no se apaga con silencios ni con largas”, afirma la AMPA del Valladares Rodríguez para reclamar que “se mantenga el aula de Educación Infantil” y “se estudien y apliquen todas las alternativas posibles antes de suprimir un solo recurso educativo” en un municipio que “ya ha sufrido bastantes pérdidas de servicios”.

La recogida de firmas se canalizará a través de varios comercios del municipio. La AMPA anima a participar en la reivindicación a “familias, vecinos y vecinas, antiguos alumnos, asociaciones, colectivos y comerciantes, tengan o no hijos actualmente escolarizados en el centro”.

Las profesionales de la Educación Infantil de 0 a 3 años volverán a las calles de León este jueves 17 de septiembre para reclamar mejores condiciones laborales y, al mismo tiempo, de la atención que reciben los niños durante sus primeros años de vida. La Plataforma 0-3 Castilla y León se suma así a la movilización estatal convocada bajo el lema 'El derecho a vincularse', que utiliza el símbolo de un “hilo rojo” para reivindicar la necesidad de garantizar tiempo y estabilidad para crear vínculos entre los menores y sus educadoras.

El colectivo reclama una reducción real de las ratios, plantillas suficientes, parejas educativas estables y el fin de las aulas mixtas en los centros completos. A estas demandas suma una subida salarial y el reconocimiento de la Educación Infantil de 0 a 3 años como parte del sistema educativo en igualdad de condiciones con el resto de etapas.

La plataforma sostiene que las actuales ratios, la falta de personal y determinadas formas de organización de las aulas dificultan que las profesionales puedan desarrollar su labor educativa como les gustaría. “Si el 0-3 es educación, que se note dentro de las aulas”, defienden. El colectivo considera que la gratuidad de esta etapa es un avance, pero reclama que vaya acompañada de recursos suficientes para garantizar también su calidad.

La movilización da continuidad a las protestas que empezaron antes del verano. En mayo, profesionales de Educación Infantil se concentraron en la plaza de San Marcelo de León para reclamar una mejora de sus condiciones laborales y denunciar las elevadas ratios. Entonces, el colectivo señalaba que una sola trabajadora podía llegar a atender a ocho bebés de 0 a 1 años, 13 niños de 1 a 2 y hasta 20 menores de 2 a 3 años, unas cifras que, según denunciaban, dificultan ofrecer una atención adecuada.

“No guardamos. Educamos”

La Plataforma 0-3 Castilla y León quiere reivindicar además el carácter educativo de su trabajo y rechaza que las profesionales sean consideradas únicamente cuidadoras. “No somos cuidadoras de aparcamiento infantil. Somos profesionales de la educación. No guardamos. Educamos”, defiende el colectivo en su comunicado.

Las educadoras recuerdan que su trabajo incluye acompañar a los menores durante sus primeras separaciones, emociones, pasos, palabras y aprendizajes, además de construir vínculos de confianza y seguridad en una etapa especialmente importante para su desarrollo. Por eso consideran que sus reclamaciones trascienden las condiciones laborales y afectan también al modelo de Educación Infantil que reciben los niños y niñas.

La plataforma cita además las recientes declaraciones de la consejera de Educación de Castilla y León, María Pardo, sobre la importancia de los primeros años de vida y la necesidad de avanzar en la gratuidad del 0-3 como una cuestión de equidad. El colectivo comparte ese reconocimiento, pero reclama que se traduzca en medidas concretas dentro de las aulas: menos niños por educadora, mayor estabilidad, más recursos y salarios acordes con la responsabilidad del puesto.

La movilización del jueves se desarrollará de forma simultánea con las protestas convocadas en distintos puntos de España y de

La Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones retoma este lunes, 14 de septiembre, a las 12.30 horas sus habituales concentraciones en la plaza de San Marcelo, frente al edificio de Botines, tras el paréntesis por el período veraniego. Las citas vuelven así a ese ritmo habitual: los segundos y cuartos lunes de mes.

El conglomerado avanza que publicará en breve un resumen de prestaciones sociales que ofrecen las administraciones públicas que pasan desapercibidas para potenciales beneficiarios que, por desconocimiento, ni siquiera las solicitan.

La guía tiene hasta una decena de apartados: centros de día, de mayores y residencias públicas; prestaciones de la Seguridad Social; dependencia; vivienda; movilidad; juventud; violencia de género; soledad no deseada; acción social; y direcciones útiles.

Además, la Coordinadora mantendrá ante la Seguridad Social sus reivindicaciones en torno a las pensiones públicas y servicios como la sanidad, la educación y la dependencia “frente a los recortes y a los intentos de rebajar su calidad y universalidad” con el fin, a su juicio, de acabar privatizándolos, “lo que traerá más injusticia y más desigualdad”.

Y a través de charlas y conferencias harán frente a “bulos y mitos contra las pensiones públicas” como las apelaciones al envejecimiento de la población hasta demostrar que “lo público, de calidad y universal, es más económico y eficaz para lograr un buen Estado de Bienestar”.

Colectivos, asociaciones y plataformas contrarias a la implantación en León de “proyectos dañinos con el medio ambiente” aprovecharon la celebración este sábado en Mansilla de las Mulas de El Gran Concejo, una reunión de representantes de juntas vecinales convocada por el ILC (Instituto Leonés de Cultura) de la Diputación de León, para reclamar ante las pedanías y la propia institución provincial que “no cabe la inacción ante las agresiones, ni colocarse de perfil, ni ampararse en la falta de competencias” ante este tipo de iniciativas.

La recientemente constituida Plataforma Salvemos la Montaña Leonesa decidió transmitir a los pedáneos la preocupación ante “amenazas” de convertir a la provincia en “tierra de sacrificio” a través de proyectos como plantas de biogás, macrogranjas, minería de fosfatos, plantas de biomasa, pantanos reversibles, centros de datos y otros “dañinos con el medio ambiente y nocivos para los habitantes del medio rural”.

Tras mantener un enfrentamiento con la dirección del Museo de los Pueblos Leoneses (lugar que acogió El Gran Concejo) por la presencia en la vía pública, representantes de estos colectivos y plataformas entregaron trípticos informativos tanto a miembros de juntas vecinales como a vecinos y curiosos mostrando las pancartas reivindicativas “en respetuoso silencio”.

Su pretensión pasaba por reivindica el papel de las juntas vecinales como “una institución viva y con capacidad de obrar” para, en primer lugar, “facilitar la vida de los habitantes de los pueblos, como su administración más cercana”. “Por eso”, añaden, “no cabe la inacción ante las agresiones, ni colocarse de perfil, ni ampararse en la falta de competencias. En esta lucha también tiene que jugar un papel fundamental como intermediadora con otros niveles administrativos, la Diputación Leonesa que destaca demasiadas veces por su inoperancia, independientemente del color que gobierne”.

Y es que los convocantes concluyen que el “leonesismo”·que emana desde la institución provincial (gobernada en coalición por PSOE y UPL) “debe ir más allá del folclore y la cultura y traducirse en una gestión eficaz y eficiente, que mejore la calidad de vida” en el medio rural, po lo que exigen “una defensa activa y una implicación directa en los problemas y las amenazas que surjan, incluso cuando estos vengan de otras administraciones que desconocen o desprecian la identidad leonesa”.

El aforo del local La Unión de Val de San Lorenzo quedó este jueves desbordado por la participación vecinal en una jornada informativa sobre el proyecto de planta de biometano y fertilizantes presentado por la empresa Apiolae SL. Y el mismo escenario acogerá este próximo lunes, 14 de septiembre, una asamblea vecinal en la que se ofrecerá asesoramiento y orientación para presentar alegaciones contra una iniciativa que ha despertado preocupación entre habitantes de este municipio, así como de Astorga, Santiago Millas y localidades del entorno como Morales, Piedralba, Lagunas y Valdespino. La inquietud se extiende también entre representantes de diferentes asociaciones y plataformas comarcales que actualmente se movilizan ante la proliferación de proyectos de plantas de biogás y biometano en la provincia.

La cita de este jueves sirvió para exponer detalles técnicos del proyecto, entre ellos el funcionamiento de este tipo de instalaciones y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas para la zona. Y es que los asistentes se interesaron por el impacto de esta actividad sobre la salud y la calidad de vida a través de malos olores o el tráfico de materias primas y residuos, así como los efectos en la biodiversidad del entorno. La inquietud ya se ha canalizado a través de una recogida de firmas a través de la plataforma change.org.

Asimismo, los vecinos pidieron explicaciones al alcalde de Val de San Lorenzo, Luis Alfonso Cordero, y varios pedáneos, presentes en la cita. Concretamente, preguntaron al regidor los motivos por los que el consistorio “no ha denegado el informe de compatibilidad urbanística”, al tiempo que se quejaron de la “falta de información y comunicación” sobre un proyecto que lleva año y medio en tramitación administrativa. E instaron a que el Gobierno municipal aclarase su posición en torno a esta iniciativa.

A falta de respuestas clarificadoras, los vecinos han convocado una nueva reunión de trabajo, que tendrá lugar también en La Unión el lunes a las 19.00 horas. Los convocantes llaman a la participación en este encuentro, donde se facilitará a los interesados asesoramiento a la hora de presentar alegaciones contra el proyecto. El plazo para ello concluye el 28 de septiembre.

La Plataforma en Defensa de Feve ha decidido trasladar a los tribunales la reivindicación que durante casi dos años ha llevado a las calles, a las instituciones y a los medios de comunicación para reclamar la integración ferroviaria de la antigua línea de vía estrecha en la ciudad de León, prometida hace 16 años.

El colectivo ha anunciado este viernes el inicio de tres acciones judiciales con las que pretende exigir el cumplimiento del Convenio Marco de 2010, el acuerdo que debía culminar la llegada de Feve al centro de la ciudad y cuya ejecución considera paralizada desde hace más de una década.

Su portavoz, César Prieto, ha afirmado durante una rueda de prensa celebrada en el Instituto Leonés de Cultura (ILC) que la integración de Feve “no es un proyecto a futuro” que dependa de la voluntad política, sino un compromiso jurídico adquirido hace 16 años cuyo cumplimiento, a su juicio, debe exigirse ante los tribunales.

La primera de las acciones es una querella presentada en Madrid por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y falsedad documental contra una persona con cargo de director general en el Ministerio de Transportes.

Según la plataforma, el procedimiento está relacionado con las dificultades encontradas para acceder a documentación y expedientes administrativos vinculados al proyecto.

La segunda actuación consiste en un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por la supuesta inactividad en el cumplimiento del Convenio Marco firmado en 2010.

El colectivo ha argumentado que actúa en sustitución procesal del Ayuntamiento de León, al que considera directamente perjudicado por el incumplimiento del acuerdo.

Los responsables de la plataforma han indicado que el consistorio no ha reclamado durante estos años la ejecución efectiva del convenio ni ha mostrado, según su interpretación, oposición a los incumplimientos acumulados.

También critican que el Ayuntamiento no se haya personado en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional pese a que, aseguran, se tramita en beneficio de la propia institución municipal.

La tercera acción judicial se dirige precisamente contra el Ayuntamiento de León y consiste en un recurso contencioso-administrativo presentado ante los juzgados leoneses por la supuesta falta de colaboración municipal en el proceso anterior.

Una deuda pendiente

Durante su comparecencia, Prieto ha repartido responsabilidades entre las distintas administraciones, aunque ha reservado buena parte de sus críticas al Ayuntamiento de León por no haber reclamado, en su opinión, una deuda pendiente del Estado con la ciudad.

Según ha defendido, la única salida pasa por exigir el cumplimiento de un convenio que considera plenamente vigente, aunque reconoció que posteriormente debería ser actualizado para adaptarse a las circunstancias actuales.

La plataforma ha recordado que el proyecto acumula más de 40 millones de euros invertidos y sostiene que la llegada del ferrocarril al centro urbano resulta fundamental para la viabilidad futura de la línea.

También lamenta que se hayan cumplido ya quince años sin servicio ferroviario de Feve en el casco urbano leonés.

Junto al anuncio de las acciones legales, el colectivo ha iniciado una campaña de captación de fondos para sufragar los costes de los procedimientos.

La polémica por la reorganización de aulas con la que arranca el curso escolar en la provincia de León suma un nuevo frente en El Bierzo. Las familias del CEIP Valladares Rodríguez de Toreno se concentrarán este miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases, para reclamar a la Junta de Castilla y León que dé marcha atrás en la eliminación de un aula de Educación Infantil. El AMPA exige expresamente que Educación aplique en su colegio la misma solución que acaba de adoptar en Vega de Espinareda tras las protestas de las familias.

La movilización está convocada a las 9.30 horas frente al CEIP Valladares Rodríguez, bajo el lema ‘Concentración por la educación de nuestros niños y niñas. No al cierre del aula de Infantil’. La asociación llama a participar a familias, vecinos y al conjunto de la comunidad educativa para intentar evitar una decisión que, según advierte, supondrá disponer de menos recursos y puede acabar provocando también pérdida de alumnado y profesorado.

El AMPA asegura que ya había trasladado al Ayuntamiento de Toreno su oposición a la supresión y que desde el primer momento ha defendido la necesidad de conservar los recursos educativos del centro. Reconoce que “diferentes circunstancias ajenas a su voluntad” han retrasado algunas actuaciones y respuestas, pero considera que eso no puede impedir que Educación estudie ahora su reclamación.

Las familias ponen especialmente el foco en lo sucedido en Vega de Espinareda. Allí, el AMPA del CEIP Piñera había convocado para este miércoles una concentración contra la intención de unificar primero y segundo de Infantil, pero la protesta fue desconvocada este lunes después de que Educación comunicara finalmente que ambos cursos permanecerán separados.

La rectificación llegó a solo dos días del comienzo de las clases, después de las reclamaciones de las familias y cuando la movilización ya estaba convocada. En el Piñera hay cinco alumnos matriculados en uno de los cursos afectados y siete en el otro, y las familias habían advertido también de la presencia de un alumno con necesidades especiales. La Dirección Provincial había justificado inicialmente la reorganización porque el número de escolares no alcanzaba el mínimo establecido para mantener tres unidades de Infantil, pero finalmente dio marcha atrás.

Ese desenlace es precisamente el que ahora reivindica Toreno. El AMPA del Valladares Rodríguez sostiene que ambos casos presentan “importantes similitudes” y considera que la solución de Vega de Espinareda debe sentar un precedente para otros colegios que se encuentren en circunstancias semejantes. “No sería comprensible”, sostiene la asociación, que un centro obtenga una solución favorable y esta no pueda extenderse a otro en una situación similar. Por ello pide a Educación que estudie específicamente las circunstancias del colegio y garantice “la igualdad de trato entre centros”.

Un inicio de curso marcado por las rectificaciones

El conflicto de Toreno se suma a una lista de problemas al arranque del curso 2026/2027. La Junta ya ha rectificado algunas de sus previsiones iniciales después de las protestas de las comunidades educativas, aunque no todas las reclamaciones han tenido el mismo resultado.

Además de Vega de Espinareda, Educación modificó sus planes en Noceda del Bierzo, donde inicialmente se planteaba agrupar en una única aula a diez alumnos de entre 3 y 10 años, correspondientes a seis cursos diferentes. Finalmente se garantizaron dos aulas. Según UGT, también se ha revertido la eliminación inicialmente prevista de un aula del CEIP Las Alamedas de Dehesas.

La situación es diferente en Santalla del Bierzo, cuya escuela, integrada en el CRA de Carucedo, ha cerrado después de la supresión de una unidad. Las familias reclaman que al menos se mantenga a jornada completa un profesor de apoyo y UGT ha denunciado que las ratios empleadas para organizar los centros no tienen suficientemente en cuenta las particularidades de la escuela rural, las aulas multinivel o el alumnado con necesidades educativas especiales.

El nuevo conflicto aparece, además, mientras la Junta sigue sin haber ofrecido un balance provincial detallado de los cambios de aulas, unidades y recursos con los que comienza el curso en León. ILEÓN ha solicitado esos datos en dos ocasiones. La primera, al portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, que remitió a la posterior comparecencia de la consejera de Educación. Como aquella rueda de prensa no ofreció un desglose provincial, este medio volvió a reclamarlos y fue emplazado a la comparecencia que ofrecerá esta semana el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ya con el curso iniciado.

La oposición vecinal al proyecto de planta de biometano y fertilizantes promovido por Apiolae SL en el municipio leonés de Val de San Lorenzo ha superado las 850 firmas en una petición ciudadana que reclama la paralización de la instalación, que prevé tratar 223.000 toneladas anuales de residuos orgánicos en la comarca leonesa de la Maragatería.

La iniciativa, difundida a través de la plataforma Change.org y acompañada de una campaña de alegaciones durante el periodo de información pública, denuncia el impacto que podría tener la planta sobre el territorio y advierte del riesgo de que la comarca se convierta en un polo receptor de residuos procedentes de otros lugares.

Según recoge la petición ciudadana, el proyecto contempla el tratamiento de unas 223.500 toneladas anuales de residuos, entre ellos 120.000 toneladas de purines de cerdo, 41.000 toneladas de estiércol bovino, 33.000 toneladas de estiércol ovino, 30.000 toneladas de gallinaza y 9.500 toneladas de estiércol porcino.

Los promotores de la campaña sostienen que estas cifras equivalen a más de 600 toneladas diarias de residuos y alertan de las consecuencias que podrían derivarse para una comarca conocida por su patrimonio cultural, paisajístico y turístico y estrechamente vinculada al Camino de Santiago.

La movilización ha trascendido ya el ámbito de Val de San Lorenzo y se ha extendido a otros municipios de la zona y a la cercana ciudad de Astorga, donde colectivos vecinales han iniciado acciones informativas para explicar los detalles de la iniciativa empresarial y fomentar la presentación de alegaciones.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los vecinos figuran el aumento del tráfico pesado asociado al transporte de residuos, los posibles problemas de olores y la gestión posterior del digestato, el subproducto generado tras el proceso de digestión anaerobia.

“Efecto llamada” para nuevas infraestructuras

Los impulsores de la petición subrayan además que el proyecto llega en un contexto en el que también se plantean otras instalaciones relacionadas con el tratamiento de residuos y la producción de energía renovable, entre ellas, proyectos de biogás y de lodos, una circunstancia que, a su juicio, podría provocar un “efecto llamada” para nuevas infraestructuras de este tipo en la zona.

La petición se dirige a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, al Ayuntamiento de Santiago Millas y al Ayuntamiento de Astorga, a quienes solicita que tengan en cuenta las objeciones planteadas por los vecinos antes de adoptar cualquier decisión sobre la instalación.

La campaña continuará esta semana con una charla informativa convocada para el próximo jueves 10 de septiembre a las 20.00 horas en el local de La Unión, en Val de San Lorenzo. Los organizadores pretenden explicar a vecinos y colectivos los detalles de la instalación proyectada, así como resolver dudas sobre sus posibles repercusiones ambientales, económicas y sociales en la comarca.

Las fiestas de San Froilán en León capital son, con diferencia, las más queridas por el pueblo y las de mayor participación también de la provincia, por basarse en puras tradiciones, a pesar de que su concepción actual apenas tenga en realidad más de medio siglo tal y como la conocemos.

Pero detrás de su entrañable éxito, que hace que cada vez participen más localidades rurales leonesas en los actos centrales los desfiles de pendones y de carros engalanados, surgen también problemas y desencuentros que este año han estallado como nunca, a pocos días de las celebraciones, el domingo 4 de octubre. Y es que dos de las imágenes más reconocibles del gran domingo festivo de la capital leonesa mantienen abiertos sendos conflictos con el Ayuntamiento de la capital.

Por un lado, representantes de decenas de localidades, como por ejemplo de manera unánime 39 pueblos vinculados al entorno de La Virgen del Castro, en Castrotierra, han hecho público un comunicado conjunto en el que expresan su “más absoluto enfado, descontento y desacuerdo” con las nuevas indicaciones sobre la indumentaria de quienes participen en el desfile de pendones de San Froilán en la mañana del domingo. Rechazan especialmente que se establezca una imagen común para los participantes y exigen la retirada de lo que consideran una normativa de uniformidad.

El origen de la polémica se encuentra en la indicación municipal leonesa que señala, por primer año, que la indumentaria debe ser acorde con el evento y sugiere el uso del traje regional tradicional. Para quienes no dispongan de él, se plantea como alternativa acudir con pantalón negro, camisa blanca y calzado oscuro, además de fajín en el caso de los hombres.

Sin embargo, los pueblos firmantes entienden que esa directriz supone mucho más que una simple recomendación estética. En su comunicado denuncian una “imposición arbitraria”, que consideran innecesaria y sin base práctica, y sostienen que puede convertir a los grupos de pendoneros en “un grupo sin identidad propia”. Y es que históricamente cada pueblo ha mantenido libertad para identificar a sus participantes mediante sus propios diseños, colores y formas de vestir, en relación también con el pendón que representan y con las tradiciones de cada localidad. Es habitual, por ejemplo, que los pueblos se identifiquen con camisetas que llevan los colores y el nombre de sus respectivas localidades.

Para estos colectivos, precisamente la diversidad forma parte de la esencia del desfile. Y ven la pretensión de homogeneizar la imagen de los participantes como una uniformidad “gris” que ignora, denuncian, la importancia de la parte humana de un patrimonio que ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Por eso, los pueblos aseguran que seguirán acudiendo a León para llenar sus calles de pendones, color y alegría, pero reclaman hacerlo “con dignidad, respeto a nuestro sentir y sin exigencias impuestas”.

De ahí que en un comunicado exijan la retirada inmediata de la normativa de uniformidad y el respeto a “la autonomía, los colores y la indumentaria propia de cada agrupación”. Entre los firmantes figuran representantes de pueblos como Barrientos, Bustillo del Páramo, Castrocalbón, La Bañeza, Murias de Rechivaldo, San Justo de la Vega, Veguellina de Órbigo, Villamontán de la Valduerna o Villoria de Órbigo, hasta completar las 39 localidades relacionadas en el documento.

El Ayuntamiento niega imposiciones

La respuesta del Ayuntamiento de León rebaja, sin embargo, el alcance obligatorio de las indicaciones y niega que exista una intención de impedir la participación de quienes mantengan la indumentaria con la que habitualmente representan a sus pueblos.

Desde el Consistorio se puntualiza que es “recomendable” asistir con trajes tradicionales leoneses o, alternativamente, mantener una cierta uniformidad. Pero visto el volumen que alcanza la polémica, subraya que la vestimenta “en ningún caso” será excluyente a la hora de desfilar y que quienes lo deseen podrán hacerlo con sus propios polos o camisetas identificativas.

Asegura el Consistorio que la recomendación de utilizar indumentaria tradicional responde a una propuesta de la propia Asociación de Pendones y persigue reforzar el valor de la vestimenta leonesa como una seña adicional de identidad del pueblo leonés.

Más de 50 carros volverán a quedarse fuera

La controversia sobre los pendones coincide, además, con otro conflicto ya enquistado en torno a los carros engalanados, otra tradición muy rural y muy querida. La Asociación del Carro Tradicional Leonés ha anunciado que volverá a boicotear el desfile de San Froilán. Y será el tercer año consecutivo. Eso se traduce en que sus más de 50 carros no participarán nuevamente en uno de los actos más emblemáticos de las fiestas.

La asociación mantiene que el Ayuntamiento no ha mostrado voluntad suficiente para introducir cambios en la organización del desfile que, a su juicio, permitirían mejorar tanto su funcionamiento como las condiciones de seguridad. Las principales diferencias afectan al punto de salida, al recorrido y a los tiempos de espera de los carros y de los animales. Igual que en los dos años precedentes.

Los responsables de la asociación consideran especialmente problemático el paso por determinadas calles del Casco Histórico. Las estrecheces, las grandes aglomeraciones de público y algunos giros complicados suponen, según denuncian, un riesgo tanto para los animales de tiro como para los propios espectadores. Algunos años un animal desbocado provocó escenas de alto riesgo.

Su propuesta pasa por modificar de forma significativa el desarrollo del desfile. Los carros plantean comenzar la marcha en el entorno del aparcamiento del Palacio de Exposiciones y Congresos, descender por Ordoño II y acceder posteriormente al Casco Histórico, una vez que los animales hayan iniciado el recorrido de una manera más organizada y tranquila. Pero el Consistorio mantiene la salida desde detrás de la Catedral, San Pedro, y el paso por Los Cubos para acceder al viejo León, camino del centro.

El desencuentro tendrá este año, además, un efecto especialmente visible sobre la participación. La asociación asegura que la práctica totalidad de los carros que continúan participando en el desfile utiliza animales de tiro alquilados y que muchos de ellos proceden de fuera de la provincia. Las restricciones a la movilidad del ganado entre provincias por el brote de dermatosis bovina podrían reducir todavía más el número de animales disponibles y, con ello, la presencia de carros en el desfile de León.

Los más de 50 carros vinculados a la asociación sí tienen previsto, no obstante, como siempre, mantener su participación en la romería de La Virgen del Camino el lunes 5 de octubre, la jornada que coincide con la festividad local de San Froilán y con la tradición histórica de mayor antigüedad vinculada al santo.

Los agentes medioambientales de El Bierzo, Laciana y La Cabrera -cerca de una treintena- han advertido a la Junta de Castilla y León que dejarán de realizar guardias a partir del próximo 12 de octubre si no se alcanza antes un acuerdo para reformar el actual sistema de turnos, que califican de “inoperativo, ineficaz e insuficiente”.

Los promotores de la protesta han asegurado, en rueda de prensa, que la iniciativa ya cuenta con el respaldo de compañeros de otras zonas de la provincia de León y aspira a extenderse al conjunto de Castilla y León. Los agentes cifran en unos 32 los efectivos en El Bierzo, alrededor de 150 en la provincia de León y cerca de 800 en Castilla y León, y han asegurado que más del 90% de los agentes bercianos que pueden realizar guardias respalda la protesta.

Durante una comparecencia ante la Delegación Territorial de la Junta en Ponferrada, han denunciado que las carencias evidenciadas durante los grandes incendios de 2022 continúan sin resolverse.“Parece que la Junta no ha aprendido nada”, ha afirmado el agente de La Cabrera Iñaki López Cantón, quien ha recordado que durante la tormenta eléctrica del pasado junio varios incendios simultáneos obligaron a algunos profesionales a encadenar jornadas de 20 y 24 horas, mientras otros renunciaban a descansos y vacaciones para cubrir relevos. “Así está funcionando la Junta ante estas emergencias y esto no puede continuar”, ha señalado López, quien ha recordado que los agentes diseñan la primera estrategia de extinción y dirigen al personal desplegado en los incendios.

La principal reivindicación es implantar un calendario anual de guardias, con los turnos conocidos con antelación, además de aumentar los efectivos. Según denuncian, en algunas jornadas un solo agente puede cubrir varias comarcas o incluso todo El Bierzo.

Máxima responsabilidad en la extinción

El agente de Villafranca del Bierzo Jesús Martínez Pintor ha recordado que el 90% de los incendios de Castilla y León son dirigidos por agentes medioambientales, que coordinan equipos de entre 20 y 40 personas y asumen la responsabilidad sobre su seguridad. “Primamos la seguridad y que el fuego no entre en los pueblos antes que apagar el incendio”, ha afirmado.

El colectivo mantendrá las guardias durante el resto de la campaña, pero ha fijado el 12 de octubre como fecha límite si no hay avances en la negociación. Reclaman también más inversión en prevención, medios humanos y una planificación estable que no dependa de la disponibilidad voluntaria de los profesionales: “No se puede apoyar la administración en ese trabajo voluntario. Nos hemos cansado”, han señalado.

Los empleados de Correos en Castilla y León se han sumado a la convocatoria de protesta nacional impulsada por CSIF, con concentraciones en las delegaciones provinciales, para exigir un aumento de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales e iniciar un plan de rejuvenecimiento.

La movilización, que continuará con una nueva protesta el próximo 17 de septiembre otra vez en todas las provincias, y culminará con una concentración en Madrid el día 30 de septiembre, reclama a la empresa pública que cumpla con el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Los trabajadores han pedido reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido; implantar las 35 horas semanales; transformar en tiempo completo las jornadas parciales; respetar los permisos de conciliación; y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento ante una plantilla cuya media de edad es de 52 años.

También demandan condiciones laborales dignas, y recuerdan que los contratos temporales cuentan con un sueldo medio de entre 800 y 900 euros; además de defender un servicio de correos público y de calidad.

Trabajadores sanitarios pero también ciudadanos están llamados a concentrarse este jueves 3 de septiembre, a las 11.00 horas, ante el Hospital Monte San Isidro de León. Se trata de una iniciativa, de impulso sindical, para mostrar el rechazo a la nueva gestión planteada para el ala izquierda de la tercera planta del centro, donde se encuentran 27 camas hospitalarias y cuya reorganización podría repercutir también sobre la pérdida de 24 puestos de trabajo.

La convocatoria llega después de varios días de creciente contestación ante los planes de la Gerencia de Atención Especializada para dejar sin actividad esta zona del hospital y trasladar a parte de la plantilla al Hospital de León. Sindicatos como CCOO y USO, además de formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros colectivos, han lanzado fuertes críticas contra la medida y han avanzado distintas iniciativas y movilizaciones para tratar de impedir su aplicación. Una situación muy parecida ya se vivió en el verano de 2017, provocando también entonces algunas movilizaciones.

Los profesionales conocieron estos planes a finales de agosto, en un contexto marcado por las críticas a la falta de negociación previa con los representantes de los trabajadores. Entre las posibilidades planteadas figura el traslado de parte del personal al Hospital mediante una fórmula de adscripción presentada como voluntaria, aunque los detractores de la reorganización cuestionan tanto su alcance como su duración y las consecuencias que puede tener para quienes continúen desarrollando su labor en el Monte San Isidro.

Una de las principales preocupaciones se centra en la pérdida de capacidad asistencial que supondría dejar fuera de servicio las 27 camas. Las voces críticas consideran que el descenso de la ocupación hospitalaria durante el verano no puede servir para justificar una reducción permanente de recursos y recuerdan que, con la llegada del invierno, suelen aumentar las infecciones respiratorias, las neumonías y la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

También existe preocupación por el futuro de los 24 puestos de trabajo vinculados a esta zona del hospital y por la posibilidad de que la reorganización termine convirtiéndose en una reducción estable de la actividad del Monte San Isidro. Los colectivos que se han pronunciado contra la medida reclaman explicaciones sobre cuántas camas quedarán realmente fuera de servicio, qué profesionales serán trasladados y si existe algún plan para recuperar estos recursos cuando vuelva a incrementarse la demanda asistencial.

La concentración de este jueves pretende visualizar ese rechazo ante las puertas del propio hospital y reclamar el mantenimiento de la capacidad asistencial y de los puestos de trabajo.