La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre de 2026 es “una enmienda a la totalidad a cómo funciona un sistema capitalista feroz que se come a sí mismo”. Por eso, el llamamiento a la población de la provincia de León al paro completo y al “consumo cero” en esa jornada del 11N es para utilizar de manera masiva “el arma más poderosa” que los sindicatos convocantes ven en la huelga, para garantizar el cambio de políticas hacia la grave situación que viven las clases trabajadoras.

Esta es la filosofía desgranada por UGT, CCOO y CGT ante la proximidad de una jornada de huelga general que confían en que sea un éxito en la provincia leonesa, especialmente por la situación concreta que aqueja a León. Así lo remarcaron sus líderes provinciales, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, que hoy comparecieron para desgranar no solo los motivos sino también las movilizaciones previstas en esa jornada, acompañados por Guillermo Nieves, representante de la recién creada Asamblea Vivienda León.

Bajo la reivindicación general de “salarios dignos, vivienda y derechos para vivir mejor”, los motivos del paro total del miércoles se resume de manera sencilla en que es “un clamor” el hecho de que en León “nos cuesta excesivamente vivir, vivir de forma digna” y luchar contra ello “no va de elecciones”, defendió Blasco, porque similares protestas se viven en otros países, desde Francia a Bélgica o Portugal. La representante de Comisiones Obreras hizo un llamamiento a defender esa vida digna a través de la “ocupación de las calles” este miércoles.

La forma de hacerlo, además de a través de piquetes sindicales desde primera hora por centros de trabajo de la capital, será con tres movilizaciones principales en la provincia: a las doce del mediodía ante la Casa de Cultura de Villablino, a las siete de la tarde desde la Plaza de Lazúrtegui de Ponferrada, capital de El Bierzo, y a la misma hora desde la Plaza de San Marcos en León.

Reguero, como el resto de comparecientes, puso especial acento en los problemas actuales de vivienda, a la que hay que dedicar “más de la mitad de los salarios” que por otra parte se quedan escasos respecto al global encarecimiento de todo, culpa también, denunció, de un “bloqueo” de convenios con la Patronal que “no sé si es porque esperan a un cambio de Gobierno para poder hacer lo que tengan que hacer”.

La vivienda, en el punto de mira

López, por su parte, aseguró que la huelga general es hoy “la única manera para avanzar en derechos” y evitar que la sociedad se convierta en un grupo de “trabajadores pobres”, por lo que abogó por que “hay que paralizarlo todo” el miércoles. Especialmente coincidió con el representante del colectivo de Vivienda digna en León en cifras que demuestran el problema en León, donde sólo en la capital hay un parque de alquiler de apenas 170 pisos, frente a “más de 600 de alquiler turístico”, que exigen regular y limitar, o las 6800 casas vacías existentes. Nieves añadió que “dos de cada tres jóvenes deben dedicar más del 40% de su salario” para poder vivir de manera independiente bajo techo, por lo que también llamó a continuar con el “movimiento gigantesco” surgido a raíz del desahucio de Maricarmen en Madrid.

La Asamblea de Vivienda, además de piquetes universitarios desde las nueve de la mañana del miércoles 11 de noviembre, protagonizará una marcha por León desde Biológicas por varios institutos públicos, la plaza de Santo Domingo y final en la Subdelegación del Gobierno en León, en la Plaza de la Inmaculada.

Y la gran manifestación del cierre de la jornada de huelga general, que también hoy han asegurado secundar otras organizaciones políticas como Izquierda Unida o el Partido Comunista de León, tiene su arranque previsto ese mismo miércoles 11N desde la Plaza de San Marcos, por la Inmaculada, avenida de Roma, plaza de Guzmán, avenida Ordoño II, Independencia y calle Arco de Ánimas hasta desembocar finalmente en la Plaza de San Marcelo, en el corazón de la ciudad, donde se hará recuento de la jornada de protesta y se leerá el manifiesto conjunto sobre el paro.

La provincia de León afronta desde este lunes 9 de noviembre una semana marcada por distintas convocatorias de huelga que coincidirán en una jornada marcada por la huelga general convocada por UGT, CCOO y CGT para el miércoles 11.

Este lunes comienzan las protestas laborales en el sector de las industrias cárnicas, que se prolongará durante cinco días, se suman los paros de los maquinistas de Renfe, la huelga de autobuses interurbanos de la provincia de León y la huelga general. el caso de las industrias cárnicas, los sindicatos calculan que hay alrededor de 5.000 trabajadores llamados a secundar los paros en León, con empresas como Embutidos Rodríguez entre las grandes compañías del sector.

La primera movilización arrancará este lunes 9 de noviembre con la huelga de las industrias cárnicas, convocada por UGT FICA y CCOO Industria para los días 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre. Los sindicatos reclaman mejoras salariales, una reducción de jornada y avances en permisos, jubilación y salud laboral, después de que la negociación del convenio colectivo terminara bloqueada. La patronal, por su parte, asegura que su última propuesta incluía una subida salarial del 4% para 2026 y posteriores incrementos, pero considera que los sindicatos rechazaron una oferta que mejoraba sus planteamientos anteriores.

La protesta cárnica coincidirá el martes 10 de noviembre con la huelga convocada por el sindicato de maquinistas Semaf en Renfe, que tendrá una segunda jornada el jueves 12. El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos del 65% de media en los trenes de Media Distancia y del 72% en Alta Velocidad y Larga Distancia. La movilización de los maquinistas está relacionada con sus reivindicaciones sobre seguridad ferroviaria, especialmente tras los trágicos accidentes de Adamuz y Urda, y el cumplimiento de compromisos adquiridos por Renfe, Adif y el Ministerio.

El miércoles 11 de noviembre será el día de mayor concentración de protestas. A la huelga de las cárnicas se suma la huelga general convocada para esa jornada y, en la provincia de León, una nueva jornada de paro del transporte interurbano por carretera. La huelga de autobuses interurbanos de León afecta a unos 450 trabajadores y forma parte de un calendario de nueve jornadas distribuido entre finales de octubre y diciembre por el bloqueo de la negociación del convenio provincial. La Junta ha establecido servicios mínimos para garantizar las rutas y servicios considerados esenciales.

En el caso de los autobuses, la convocatoria continuará después del 11 de noviembre con otras jornadas previstas para el 24 de noviembre y el 4, 8, 9, 23 y 30 de diciembre, después del paro inicial del 30 de octubre y el del 2 de noviembre. La protesta afecta al transporte interurbano de viajeros y no al servicio de autobuses urbanos de la ciudad de León.

La conflictividad sociolaboral de 1976 dejó en la provincia imágenes icónicas como la de obreros de la construcción encaramados a las verjas de la Catedral de León durante la huelga del sector. La firma es del fotoperiodista César Andrés Delgado, que durante aquellos meses de asambleas, movilizaciones y paros fue notario gráfico de un año marcado por la lucha en la calle para mejorar las condiciones de trabajo y propiciar un cambio político en España.

Las instantáneas dan cuenta de la decidida participación de los trabajadores implicados en reivindicaciones que fueron más allá de lo laboral para forzar la muerte de la dictadura y la recuperación de la democracia tras casi cuatro décadas de franquismo.

El trabajo de César Andrés Delgado, sus extraordinarias fotografías que incluso aportan una mirada artística a episodios de gran tensión social, está a la altura del momento histórico para contar con imágenes cómo pasó por León la mayor oleada de huelgas de la historia reciente de España.

¿Qué sensaciones se palpaban a la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975? “Había euforia, pero también cautela”, responde desde Lillo del Bierzo (Fabero) Lucita Prieto Vidal. No había pasado todavía un año del deceso del dictador cuando el arrojo pudo a cualquier otra consideración. “¡Pégame a mí si te atreves!”, le espetó a un guardia civil cuando encabezaba embarazada, con otra mujer también encinta, una marcha camino de la bocamina del pozo Marrón, donde casi un centenar de mineros, entre ellos su marido, llevaban días encerrados. “¡Me puse farruca!”, exclama ahora que se cumplen 50 años de aquellos días de 1976 en que lo que sucedía en las calles marcaba en cierta medida lo que se decidía en los despachos en el proceso de Transición a la democracia en España.

Las sensaciones en aquel momento de incertidumbre tenían un innegable componente generacional. “Los jóvenes, los que no habíamos vivido ni la Guerra ni la posguerra, teníamos ilusión. Los que tenían más edad tenían ilusión, pero también miedo. Decían: 'igual se vuelve a liar”, distingue desde Fabero José Antonio López Míster, que reconoce que aquel día de revueltas ante el encierro en el Pozo Marrón pasó “miedo” cuando se produjo una ráfaga de disparos de metralleta al aire. Había también entonces un componente sectorial. “La minería fue siempre una punta de lanza” en materia de conflictividad sociolaboral, subraya este antiguo sindicalista de Comisiones Obreras. Los mineros llevaban años de ventaja a otros trabajadores cuando en 1976 se desató la mayor oleada de huelgas en la historia reciente de España.

De hecho, la minería tenía dos ventajas de partida cuando se emprendió la lucha para que, después de que el dictador hubiese muerto en la cama, el franquismo pereciera en la calle. “Era en la provincia de León el sector más numeroso. Y también era el más organizado”, señala el historiador berciano Alejandro Martínez al aludir a las estructuras surgidas durante la huelgona de 1962 para crear comisiones de obreros que derivarían en las Comisiones Obreras, todavía ilegales en 1976 pero ya con un gran nivel de penetración en diferentes sectores. “Y es la movilización obrera la que hace descarrilar la posibilidad de un franquismo sin Franco”, sentencia Martínez, autor del libro Conquistar el pan y la libertad. Historia de las Comisiones Obreras en Laciana y El Bierzo (1962-1982).

La provincia, tan grande como diversa, viajaba a diferentes ritmos, en general por detrás otras más industrializadas donde la oleada huelguística (“la galerna” en expresión del entonces ministro de Exteriores, José María de Areilza) comenzó ya a finales del propio 1975 hasta propiciar un invierno caliente de protestas en el país. Y el carácter de los leoneses era “frío”. Lo dice, precisamente en un informe sobre la conflictividad laboral en ese año, el propio Gobierno Civil de León. “Quizá”, reza el documento, “a que predomina en la provincia, la población de tipo rural, por lo general más serena y conservadora, no se ha presentado en el año 1976 la actividad subversiva en alto grado de actuación, a lo que contribuye sin duda alguna el carácter apático y frío del leonés medio y no haber existido por otra parte líderes políticos o agitadores de talla, ni entre seglares ni entre clérigos”. León ya había sido elegida por su teórica condición de ciudad tranquila en 1970 como sede de un Congreso de la Abogacía, catalogado luego como el de la “ruptura” por los planteamientos tan avanzados realizados por los letrados en aquella España del tardofranquismo.

Los jóvenes, los que no habíamos vivido ni la Guerra ni la posguerra, teníamos ilusión. Los que tenían más edad tenían ilusión, pero también miedo

José Antonio López ‘Míster’ — Sindicalista de Comisiones Obreras en 1976

Leonés del barrio de la Sal y trabajador de Renfe en Valladolid, Javier Fernández ya estaba implicado en el mundo sindical antes de ser elegido secretario general de CCOO en Castilla la Vieja. Aun reconociendo que en 1976 Valladolid iba por delante en la movilización sociolaboral por el peso vinculado a la industria automovilística, León podría situarse “en el medio” en esta materia entre las provincias de la actual comunidad autónoma. “Como Burgos”, equipara este antiguo dirigente de Comisiones al referirse a aquel año en que el Gobierno tuvo que militarizar Renfe y en que una de las demandas más recurrentes fue “por la libertad sindical”.

“Había mucha ilusión por sacar al país de donde estaba metido. Fue muy emocionante”, subraya Elena Durán, berciana que vivió en León entre 1974 y 1986 en aquel contexto de movilizaciones. Las reuniones clandestinas eran, con Franco todavía vivo, en un bar en Puente Castro. “Teníamos mucha envidia por lo que había pasado en Portugal”, admite en referencia a la Revolución de los Claveles que logró en abril de 1974 derrocar en las calles a la dictadura lusa. “Yo me implico porque hacen falta manos en UGT”, cuenta para relatar el paso por distintas sedes improvisadas y provisionales en calles como Juan de Malinas, Lancia y Alfonso V en un trabajo entonces volcado en prestar a los trabajadores asesoramiento legal y formalizar afiliaciones. “Fue como una avalancha”, resume.

“Hubo que hacerse sindicalista a la puta fuerza”, sentencia, minutos antes de mostrar a la cámara su carné de afiliación a la UGT en 1977, Miguel Ángel Cueto, que trabajaba entonces en la Azucarera Santa Elvira de León. “Era eso o morirte de hambre trabajando”, añade al referir jornadas de trabajo de “12 horas sin descanso” y con temperaturas insoportables. Y recuerda que en los documentos laborales de la época había una coletilla que suponía una potencial barrera ante cualquier reivindicación de los trabajadores: “Si la empresa lo cree conveniente”. Lo laboral, en un contexto de grandes dificultades económicas derivadas todavía de la crisis del petróleo de 1973, daría paso después a lo político. Quizá porque eran inseparables.

¿Cómo vivieron aquel año 1976 las empresas? “Tanto empresas como trabajadores atravesaban una situación económica muy complicada, marcada por el incremento de los costes empresariales, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y una gran incertidumbre política”, contesta el letrado y entonces vicesecretario de ordenación económica defendiendo los intereses empresariales en el Sindicato Vertical, Roberto Suárez, para quien, más allá de la oleada de huelgas, el año 1976 es “un momento de profundas transformaciones en el que empezaban a quedar atrás las antiguas estructuras de una etapa histórica y se abría paso un modelo diferente de relaciones laborales”.

Militante entonces del PTE (Partido del Trabajo de España), situado “a la izquierda” del PCE (Partido Comunista de España), Quinidio Benjamín Martínez distingue tres tipos de empresas y empresarios en el ecosistema de 1976 en León: “hijos adoptivos del régimen” instalados en las azucareras, los altos hornos o las minas; grandes constructoras con estructura nacional que llegaban a la provincia “con pies de plomo” ante un escenario de conflictividad; y pequeñas y medianas empresas que “estaban totalmente desnortadas” ante un nuevo contexto, una revolución sociolaboral que sí se fue abriendo camino con el paso de los meses en el escenario leonés.

Estaba entrando entonces en escena gente joven que ya estaba mucho más politizada viniendo desde la universidad

David Martínez — Historiador

Más allá de la propia especificidad del sector minero y al margen de la tardanza en desatarse la conflictividad sociolaboral en comparación con otras zonas de España, León encontró un banderín de enganche en la huelga de la construcción, que afectó a más de 5.700 trabajadores durante 35 días hasta solventarse ya en el mes de octubre. Uno de sus principales valores, con imágenes icónicas como la de obreros encaramados a las verjas de la Catedral de León, fue el de hacer visibles las protestas en pleno centro de la capital leonesa, donde apenas llegaban los ecos de los encierros en los tajos mineros. Así lo subraya el historiador David Martínez, autor de la tesis doctoral Construyendo la democracia, Tardofranquismo, Transición política y la cuestión autonómica en la provincia de León (1962-1984), donde también recalca la diversificación de la conflictividad con la entrada en escena de otros sectores como la sanidad o la educación mientras que la movilización del campo todavía se retrasó hasta 1977. “Estaba entrando”, dice Martínez, “gente joven que ya estaba mucho más politizada viniendo desde la universidad”.

Anselmo Carbajal, que todavía no se había instalado en 1976 en la provincia de León, trabajaba en un colegio religioso en Galicia cuando el 20 de noviembre de 1975 murió Franco. “La mitad de la plantilla lloraba y la mitad lo celebraba”, evoca. Leonardo Enríquez Mastache, que en diciembre de 1973 se encontraba en Moratalaz (Madrid) y tuvo que viajar en tren a Ponferrada la noche del día en que ETA hizo volar por los aires al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, en pleno Proceso 1001 contra sindicalistas de Comisiones Obreras, ya había participado en 1976 en asambleas que se hacían en el Puente Boeza y Campo (en los alrededores de la ciudad de Ponferrada) para poder escapar de los grises por fincas aledañas cuando el 23 de febrero de 1981 se vio con un hijo de ocho meses y militando en el PCE y en CCOO. Y Paulino Bejega, asturiano que trabajaba en la construcción y llegó después a Laciana previo paso por Galicia para acumular empleos (también en la minería del carbón), se recuerda en 1976 teniendo que “comer algún papel en la cárcel”. “Yo nací socialista y ugetista”, dice quien heredó el nombre de un tío fusilado.

“Si algo se sacó fue a base de lucha”, cuenta Lucita Prieto Vidal, que trabajó en lavaderos de minas hasta que se casó y que también había mamado en casa un espíritu antifranquista: su padre había estado preso en el campo de trabajos forzados de Fabero. “Con Franco vivo, funcionaba más el boca a boca o tirar pasquines. Miedo tenías, pero te atrevías. Éramos de izquierdas; y aquí el poder lo tenía la derecha”, señala sin esconder que, muerto el dictador, quedaron rescoldos. “No pensábamos entonces que iba a quedar la semilla que quedó, y que todavía queda”, apunta para aportar otra perspectiva de aquel ambiente opresivo: “Y eran peores los alcahuetes que había en los pueblos, y que se chivaban”.

El caso es que el año 1976 iba a marcar el rumbo de la España sin Franco. “El movimiento sindical aguantó las grandes embestidas del régimen. Y el franquismo murió en la calle”, señala Quinidio Benjamín Martínez, que estuvo especialmente implicado en la huelga de la construcción en León. Para entonces, la movilización en la calle ya había sido clave en la caída del Gobierno de Carlos Arias Navarro. 'El año en que tumbamos un Gobierno pero no pudimos con el régimen' se titula el capítulo dedicado a 1976 del libro sobre la historia de CCOO en El Bierzo y Laciana entre 1962 y 1982 de Alejandro Martínez, quien se remite como resumen a dos expresiones célebres: la ruptura no fue “limpia”, sino “astillada”, del entonces líder de Comisiones Marcelino Camacho; y la Transición como “una correlación de debilidades” entre Gobierno y oposición, del escritor Manuel Vázquez Montalbán.

“Sin la presión laboral, España no habría cambiado como cambió. A raíz de lo laboral, vino lo político”, sostiene Leonardo Enríquez Mastache, que trabajaba en el sector de materiales de la construcción en Almacenes López Bodelón de Ponferrada. “Eran las dos cosas al mismo tiempo. La democracia no vino porque lo dijera nadie, sino por lo que sucedió en la calle”, abunda el sindicalista minero Míster. “Es evidente que la conflictividad social contribuyó a generar un clima en el que las reformas resultaban cada vez más necesarias y difíciles de aplazar”, concede el letrado Roberto Suárez, que sería secretario general de la Fele (Federación Leonesa de Empresarios) entre su fundación ya en 1977 y 2004.

La movilización sociolaboral aceleró las reformas en un año partido por la mitad en lo político: hasta junio con Arias Navarro al frente y sacudidas como los sucesos de Vitoria, donde la carga policial acabó en una tragedia a la que se reaccionó con más presión en las calles; y desde julio con el nuevo Gobierno de Adolfo Suárez, que impulsó la Ley para la reforma política, el instrumento que permitió sustituir una cámara de representantes heredera del franquismo por un Congreso de los Diputados y un Senado compuestos tras las elecciones legislativas de 1977, las primeras libres y democráticas en España desde 1936.

Es evidente que la conflictividad social contribuyó a generar un clima en el que las reformas resultaban cada vez más necesarias y difíciles de aplazar

Roberto Suárez — Representante del Sindicato Vertical en 1976 y cofundador de la Fele en 1977

La segunda parte del año ya sí es caliente en la provincia de León, que se suma a la huelga general del 12 de noviembre, menos de un año después de la muerte de Franco y curiosamente apenas un día después en el calendario de la convocada en este 2026, ahora con la reivindicación de acceso a una vivienda digna en la diana. Hace 50 años, como otra constatación de cómo lo laboral estaba imbricado con lo político, la convocatoria tenía una motivación explícita: la oposición a un decreto-ley que impondría la congelación salarial y permitía algunos tipos de despidos. Pero en el fondo también subyacía la batalla por la ruptura frente a la Ley para la reforma política, aprobada el 18 de noviembre por las Cortes todavía franquistas y refrendada el 15 de diciembre en un referéndum que dejó apoyos significativamente más bajos en Ponferrada (70,92%) y Villablino (70,7%) que en el conjunto del país (94,17% de apoyo) con la oposición sindical y política abogando por la abstención.

La huelga general llega a la provincia de León todavía con los rescoldos de lo sucedido unos días antes en el Pozo Marrón de Lillo del Bierzo, que obligó a terciar incluso al dirigente de Comisiones Obreras Benjamín Rubio para propiciar el final del encierro. Y deja varias lecturas. “Hace un tiempo pensaba que sí había una diferenciación entre las huelgas laborales y las huelgas políticas. Hoy pienso que no”, considera el historiador David Martínez. Las fuerzas sindicales están allanando el camino. “Los sindicatos ya están pensando en la legalidad y en ganar afiliados. Mientras que, por ejemplo, la minería, a través de Comisiones, ya tenía más controlada a la gente”, aporta el también historiador Tomás Sarmiento. Y van arañando, progresivamente, espacios de libertad. Javier Fernández ilustra cómo durante todo el año fueron logrando pequeñas victorias en gestos aparentemente inocentes como prolongar la hora del bocadillo para hacer patentes sus protestas. El dirigente de CCOO notó ya cierta permisividad policial durante la campaña y la jornada de huelga general del 12N.

“Escasa respuesta” tituló el 13 de noviembre a cinco columnas Diario de León, que habla de “total normalidad ciudadana en León”, si bien sí reconoce una “especial incidencia de la huelga en el sector minero”. Los paros siempre dejan guerras de cifras, pero se estima que en la provincia de León se sumaron entre 11.000 y 20.000 trabajadores, según recoge Alejandro Martínez en su libro Conquistar el pan y la libertad. En la misma portada de ese día 13 Diario de León informa en una esquina: “Desde ayer está en marcha la Federación Empresarial Leonesa”.

“La creación de la Federación Leonesa de Empresarios fue el resultado de un proceso que empezamos a impulsar en 1976, cuando ya éramos conscientes de que el sistema de representación empresarial existente tenía que evolucionar hacia un modelo de organizaciones libres e independientes”, señala el cofundador de la Fele Roberto Suárez, quien recuerda el momento histórico como “un proceso de aprendizaje para todos”. “Había”, agrega, “que establecer nuevas reglas, desarrollar una cultura de la negociación y asumir que los conflictos laborales formaban parte de las relaciones entre empresarios y trabajadores, pero que debíamos encontrar mecanismos para resolverlos mediante el diálogo y el acuerdo”.

Los sindicatos son todavía ilegales, pero ya no se esconden. “Hablábamos de ello abiertamente”, constata desde Fabero Míster, que vuelve a apelar a una cuestión generacional al abordar las relaciones de entonces entre trabajadores y patronos. “Se pasó del ordeno y mando a tener que negociar”, dice al describir escenas de operarios de mayor edad frente a los empresarios “asintiendo y con la boina en la mano” que recuerdan a secuencias de la novela de Miguel Delibes Los santos inocentes. “A la mitad de los empresarios no los conocíamos”, señala desde Lillo Lucita Prieto Vidal al referir protestas laborales por el trato dispensado por algunos capataces. “Yo no tuve problemas con los jefes; los problemas eran con los encargados”, aporta desde Ponferrada Leonardo Enríquez Mastache.

No nos dijimos a nosotros mismos que la democracia había que seguir mimándola todos los días

Quinidio Benjamín Fernández — Miembro en 1976 del Partido del Trabajo de España

La mirada a 1976, que en León se cerró todavía con una huelga del metal en diciembre que respaldaron 3.000 obreros de 300 empresas, deja finalmente lecturas retrospectivas marcadas por un halo de desencanto en entrevistas para este reportaje realizadas antes de la movilización desatada tras el desahucio de Maricarmen Abascal y la convocatoria de una huelga general con la vivienda en el eje de las reivindicaciones para este próximo 11 de noviembre. “No nos dijimos a nosotros mismos que la democracia había que seguir mimándola todos los días”, lamenta Quinidio Benjamín Martínez, para quien aquella “efervescencia” derivó primero en “conformismo” y luego en “pasotismo”, unido al establecimiento de una “sociedad de consumo” que “se paga” en las economías familiares con “una esclavitud de deuda permanente”. Martínez, que ya entonces apuntaba como una de las asignaturas pendientes la de la exigencia de garantías a la proclama constitucional del derecho a una vivienda digna, señala otros pecados como el de saltar la línea roja de negociar convenios de más de un año de duración: “Cuando empezaron a firmarse convenios por dos años, dijimos: 'Esto es la muerte de la negociación colectiva”.

Anselmo Carbajal mira también hacia dentro de las organizaciones sindicales para fijar otro punto de inflexión. “Hubo una persona en este país que fue (el expresidente del Gobierno José María) Aznar, que, al darle la formación a los sindicatos, los compró. Los que trabajábamos en esto (dice sobre la función sindical) lo hacíamos de forma voluntaria y gratuita. En cuanto se dieron liberaciones y formación a algunos sindicatos, se quitó mucha conflictividad. Y en este momento hemos involucionado”, opina Carbajal sin obviar tampoco el papel actual de los gigantes tecnológicos en el control de la información a través de los algoritmos y las redes sociales hasta condicionar el voto de los jóvenes. “Y eso”, concluye, “es un cáncer que nos va a matar”.

“Han conseguido anular a los sindicatos. La clase trabajadora es hoy muy individualista”, coincide Elena Durán, mientras Lucita Prieto Vidal se queda “pasmada” cuando constata el grado de apoyo a Vox entre los jóvenes. “No puedo con eso”, dice para apelar a la responsabilidad de las familias. Cincuenta años después de hacerse sindicalista “a la puta fuerza” por las condiciones del momento, Miguel Ángel Cueto lamenta cómo ahora los sindicatos “están desprestigiados cuando hacen una función extraordinaria”. “Si no los hubiera”, concluye tras hablar de aquel momento en que eran todavía clandestinos, “habría que inventarlos”.

Un centenar de trabajadoras de residencias de mayores en León protestaron hoy jueves en la plaza de San Marcelo denunciando la precariedad laboral de las cerca de cuatro mil trabajadoras de las más de 120 de la provincia leonesa, asegurando que la falta de valoración de su trabajoque evita que se pueda alcanzar un “calidad asistencial digna”.

Así lo ha trasladado la coordinadora de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO en León, Dulcinea Álvarez, quien ha denunciado que la dependencia es la “gran olvidada de las políticas públicas actuales”.

La responsable sindical ha recordado que el sector cuenta con con ratios de atención y unas plantillas “muy deficientes y que están sobrecargadas”, que soportan una gran precariedad salarial a pesar de las responsabilidades que asumen.

Y todo ello “sin ningún tipo de reconocimiento profesional y que, además, tienen que garantizar una calidad asistencial que muchas veces no es posible”, ha lamentado.

A este respecto, Álvarez ha responsabilizado a la Administración de no garantizar la calidad asistencia “a los mayores cuando financia a las residencias privadas”, por lo que ha exigido más inspecciones.

Las trabajadoras de las residencias, en su mayor parte mujeres, también denuncian que no hay vacantes para hacer sustituciones o cubrir vacaciones, lo que finalmente repercute en las trabajadoras ya que se incumplen en muchas ocasiones “los derechos en cuanto a permisos de descanso”.

Un déficit laboral que la propia Álvarez ha reconocido que es difícil de solucionar, ya que para realizar un calidad asistencial de calidad y poder cubrir sustituciones, bajas y periodos vacaciones se necesitaría una plantilla entorno al doble a la existente, ha indicado.

Y ha concluido afirmando que “las empresas no van a encontrar personal porque es muy complicado con las actuales condiciones laborales y salariales”. 

Culminó este miércoles la jornada de huelga educativa convocada por los sindicatos UGT y CCOO con una nutrida manifestación por el centro de la capital leonesa, así como también en la ciudad Ponferrada, con el habitual baile de cifras respecto al número de profesores que han secundado hoy el paro convocado por estas dos organizaciones.

Fuentes sindicales de ambas organizaciones aseguraron haber computado en el conjunto de la provincia leonesa un 67% de seguimiento de todo el cuerpo profesional educativo de la pública, una cifra que contrasta con el prácticamente 10% que ha contabilizado la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y eso que se supone que es el mayor porcentaje provincial de toda la Comunidad.

Pero al margen de la batalla de cifras, la fría jornada no hizo sino calentar los ánimos de los cientos de personas que protagonizaron sendas manifestaciones en la provincia, que hicieron a ambos sindicatos hablar de “éxito” de la jornada de protesta en contra de la postura de Educación y el bloqueo que denuncian de sus mejoras salariales y laborales comprometidas, reclamando una negociación “real”, entre otros motivos de la protesta que ya habían protagonizado por la mañana la concentración sindical en la sede provincial de Educación en León.

Varios centenares de docentes se han concentrado este miércoles ante la Dirección Provincial de Educación de León para protestar contra la falta de avances en la negociación de sus condiciones laborales y salariales, acto central de la jornada de huelga convocada en Castilla y León por los sindicatos UGT y CCOO. La movilización, que también hace un llamamiento a la manifestación desde Botines, en el centro de la capital, ha trasladado a la calle el malestar acumulado entre el profesorado, que reclama a la Consejería de Educación que deje de aplazar los compromisos adquiridos y aborde las principales deficiencias que arrastra la enseñanza pública de la Comunidad, sus condiciones laborales y la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos.

Tal y como han cifrado los sindicatos, el seguimiento de la huelga en los centros escolares ha sido desigual en la provincia. De momento, los primeros datos recabados apuntan a un seguimiento medio de la huelga superior al 30%, con centros educativos en los que se ha alcanzado el 60%.

Víctor Bejega, representante provincial de Enseñanza de CCOO, ha cifrado provisionalmente en un 37,5% la participación media, aunque ha advertido de que todavía faltaban datos de algunos centros, debido a las distintas modalidades de incorporación del profesorado a lo largo de la jornada. Por su parte, Alberto Álvarez, secretario de Enseñanza de UGT-SP León, también ha destacado que los primeros sondeos superaban el 30% y ha tildado de “un éxito” la respuesta de los docentes.

“La gente tenía ganas de movilización, está harta de sus condiciones laborales”, ha señalado Bejega, que ha rechazado que los profesionales de la enseñanza sean unos privilegiados o que sus reivindicaciones estén ya satisfechas. En su opinión, al contrario, la huelga responde a problemas estructurales que no están encontrando respuesta en las negociaciones con la Junta de Castilla y León, que, según ha denunciado, únicamente aborda cuestiones menores sin afrontar las necesidades de fondo.

Uno de los principales agravios señalados por ambos sindicatos es la congelación desde 2006 del complemento autonómico del profesorado, que lleva dos décadas sin actualizarse. Álvarez ha subrayado que los docentes de Castilla y León se encuentran entre los peor remunerados del país y ha añadido otra reivindicación salarial: la imposibilidad de compatibilizar la carrera profesional con otros complementos, de manera que los profesores deben renunciar al sexenio para poder cobrar aquella. “Eso no pasa en ningún sitio del Estado”, censura.

Las organizaciones sindicales también denuncian que siguen pendientes de negociación numerosas medidas incluidas en el Acuerdo de 22 de septiembre de 2025 para mejorar las condiciones laborales del profesorado. UGT ya había advertido el pasado abril de que, varios meses después de la firma, únicamente se había celebrado una reunión de la Comisión de Seguimiento, sin que la Administración hubiera concretado aspectos fundamentales de su desarrollo. El sindicato llegó entonces a denunciar que las reuniones mantenidas eran meramente formales, sin propuestas ni contrapropuestas y sin un calendario real de negociación.

Entre las demandas que ahora vuelven a poner sobre la mesa figuran el reconocimiento salarial y horario de las tutorías, la reducción de la burocracia en los centros, el refuerzo del personal no docente, la reducción de la jornada lectiva de hasta un tercio para los mayores de 55 años, la mejora de la atención a la diversidad de los alumnos y la ampliación y mejora de los permisos y licencias.

A estas reclamaciones se suman la necesidad de reducir las ratios en las aulas, incrementar las plantillas docentes y dotar a los centros de recursos suficientes para atender al alumnado. Los sindicatos también ponen el foco en las deficiencias estructurales de algunos edificios educativos, muy graves en casos como el colegio de Cembranos, por ejemplo, y en las dificultades añadidas que afronta el profesorado del medio rural, donde el trabajo docente presenta unas particularidades que, a juicio de UGT y CCOO, no están suficientemente reconocidas ni compensadas.

Por eso, para Bejega, la Administración debe entender que no se trata de reivindicaciones aisladas, sino de abordar de manera estructural las condiciones laborales, salariales y los recursos necesarios para garantizar una educación pública de calidad.

En caso de que no se produzcan avances concretos, advierten de que la huelga y las concentraciones no serán un episodio aislado. “Si no oyen nuestras reclamaciones y no tienen en cuenta el sentimiento del profesorado de la Comunidad, seguiremos movilizándonos”, ha advertido Álvarez.

La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca para este 2 de noviembre a las 20.00 horas en la plaza de Botines un nuevo Lunes sin sol, en esta ocasión por el asesinato machista de Nadia, de 38 años, madre de un hijo y dos hijas menores de edad. El crimen ocurrió el pasado 28 de octubre en una vivienda del distrito de Nou Barris, en Barcelona. Su pareja, un hombre de 44 años, se entregó posteriormente a la Policía Municipal de Madrid. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con Nadia, el número de víctimas mortales por violencia de género en España en el presente 2026 asciende a 44. Y son 1.385 desde el año 2003.

La de este lunes será la concentración número 670 convocada por la Plataforma contra la Violencia Machista desde que comenzó hace 20 años este tipo de protestas.

Las concentraciones se convocan los lunes siempre que en los siete días anteriores hubiera sido asesinada una mujer por un hombre con que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja.

La Junta Directiva de León con Palestina, convocante de manifestaciones contra la masacre perpetrada por el Gobierno de Israel en Gaza, ha presentado su dimisión. Y lo hace no sólo porque dos de sus tres miembros (Jorge Díaz, Gimena Marcello y Jorge Montalvo) se marchan fuera de la provincia, sino al revelar “diferencia de posturas” en torno a “alguno de los movimientos propalestinos que cohabitan en la Región Leonesa, como el apoyo a Hamás de ciertos sectores”, en alusión al grupo responsable de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2003 que desencadenaron la respuesta israelí.

Los tres directivos, que ya han comunicado su dimisión a la asamblea abierta de la plataforma, aseguran que León con Palestina “siempre ha rechazado tajantemente” el apoyo a Hamás sin, por ello, dejar de “defender el derecho de un pueblo a defenderse contra el opresor”, amparándose en los Convenios de Ginebra de 1977. Y dicen apartarse, también y “en gran parte”, por no haber logrado el objetivo fundacional de “aunar las fuerzas de toda la ciudadanía leonesa bajo un paraguas, el paraguas propalestino” al no haberse entendido con otras organizaciones.

Más allá de estas cuestiones, los dimisionarios agradecen la respuesta de la ciudadanía leonesa a convocatorias de manifestaciones como la del 15 de octubre de 2025, “con una gran participación en comparación con el resto de la España interior”, o las movilizaciones del 2 de octubre del presente 2026.

Subrayan que “la lucha continúa”: “El pueblo palestino sigue sufriendo un genocidio perpetrado por el gobierno terrorista de Israel, que mantiene el apoyo de su población, como hemos visto en las últimas elecciones legislativas. La movilización no puede detenerse ahora que el pueblo palestino nos sigue necesitando más que nunca, por lo que hacemos un llamamiento a seguir participando en todas las manifestaciones en defensa del pueblo palestino que se realicen en la región”.

Por último, los directivos dimisionarios afirman que el dinero del que dispone la tesorería de la plataforma “será donado en su totalidad a organizaciones” elegidas con la asamblea de la organización, a quien ceden “todas las capacidades de decisión sobre el futuro de la plataforma”.

Semaf ha explicado este jueves en un comunicado que la convocatoria del 10 de noviembre consistirá en un paro total de la actividad, mientras que el día 12 se producirán paros parciales a lo largo de la jornada.

Estos paros se producirán desde las 6.20 a las 9.20 horas, de 14.20 a 17.20 y de 21.20 a 23.20. Sin embargo, el martes de 10 noviembre la huelga será continua durante toda la jornada, desde las 00.01 horas hasta las 23.59 horas.

La movilización responde a la parálisis institucional y al incumplimiento de los compromisos adquiridos para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria, informa de ello Semaf.

El sindicato reclamaba al convocar la huelga que se está realizando este jueves protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa clara que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo y que se apliquen correctamente las interrupciones en los tiempos de conducción.

También pedían soluciones técnicas reales y definitivas a los problemas de seguridad y fiabilidad que arrastra en el material rodante, que se desbloqueen los coeficientes reductores de la edad de jubilación y que no se recorte ni se cambie el criterio en el protocolo de atención a los profesionales que se ven envueltos en un arrollamiento, entre otras reclamaciones.

Por su parte, Renfe aseguraba que las reivindicaciones alegadas por Semaf para llevar a cabo la movilización excedían su ámbito competencial, por lo que consideraba “incoherente que se convocase una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas a la compañía, como la normativa de tiempos de conducción, o determinadas actuaciones de la inspección de Trabajo, que también están fuera de su capacidad de decisión”.

Asimismo, Semaf también convocó seis jornadas de huelga, con días de paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre, en Ouigo por “la vulneración reiterada de derechos laborales”.

El primero comenzó el viernes y la compañía de alta velocidad ha suprimido todos los trenes del viernes 30 de octubre y del lunes 2 de noviembre después de que la Audiencia Nacional haya suspendido los servicios mínimos previstos.

Servicios mínimos de trenes durante el 10 y 12 de noviembre

En Cercanías, los servicios mínimos quedan establecidos en función de diferentes franjas horarias. En horario punta quedan establecidos en el 75% del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50% del servicio habitual. El horario punta es de 6 horas a 9 horas; de 13.30 horas a 15.30 horas, y de 18.30 horas a 20.30 horas.

En los trenes de Media Distancia se establece una media de 65%. En los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, queda establecido en un 72% de los servicios habituales. En Mercancías, se establece un porcentaje 20% del servicio programado.

La Plataforma en Defensa de Feve anuncia que exigirá compromisos concretos a las candidaturas leonesas al Congreso y al Senado en las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre respecto al futuro de la histórica línea ferroviaria y su reapertura completa y regreso a la céntrica estación de Matallana.

El colectivo ha anunciado en un comunicado un cambio de estrategia en sus movilizaciones y trasladará las concentraciones, que venía celebrando cada sábado cortando el tráfico en la avenida Padre Isla, a la sede de la Subdelegación del Gobierno en León. El objetivo es incrementar la presión institucional en torno a una demanda que acumula más de una década de reivindicaciones.

La Plataforma considera que la campaña electoral representa una oportunidad para situar de nuevo el futuro de Feve en el debate público y conocer la posición de los distintos partidos respecto a una infraestructura que presta servicio a numerosos municipios de la Montaña Oriental leonesa, explican en un comunicado.

Según ha explicado, solicitará reuniones con las candidaturas leonesas para recabar compromisos sobre la recuperación del acceso ferroviario al centro de la capital leonesa y el cumplimiento de los acuerdos que contemplaban la llegada de los trenes a la céntrica estación de Matallana.

La reivindicación se remonta a las obras de integración ferroviaria ejecutadas en León hace quince años y a la supresión del trazado original hacia el centro urbano. Desde entonces, diferentes colectivos ciudadanos han reclamado la restitución del servicio hasta Matallana al considerar que la situación actual supone una pérdida de competitividad y comodidad para los usuarios.

La Plataforma sostiene que el retorno de los trenes al centro de la ciudad ya estaba contemplado en el Convenio Marco firmado en 2010 por las distintas administraciones implicadas y denuncia que los sucesivos retrasos han impedido materializar una solución definitiva.

Junto a esta reivindicación histórica, el colectivo ha mostrado también su malestar por la demora en la elaboración del informe jurídico encargado por el Ayuntamiento de León para estudiar posibles acciones relacionadas con la situación de Feve, un documento cuya tramitación fue respaldada por el Pleno municipal pero del que no saben nada aún.

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias y la Plataforma Leitariegos es Futuro reclaman a los gobiernos autonómico del Principado y provincial de la Diputación de León que impulsen la largamente prometida pero nunca concretada gestión conjunta de las cuatro estaciones de esquí de la Cordillera Cantábrica: Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno en Asturias y San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos en León.

Ambas organizaciones denuncian años de inversiones insuficientes, falta de mantenimiento y ausencia de una estrategia capaz de convertir estos complejos en motores económicos de sus respectivos territorios de influencia. Según las estimaciones que han realizado con ayuda de algunos expertos, y que dan a conocer en un comunicado conjunto, el modelo de gestión público-privada que proponen podría generar 56,2 millones de euros de valor añadido bruto, 1.070 empleos y 375.000 usuarios durante la temporada invernal en estas cuatro estaciones.

La propuesta contempla crear una sociedad pública asturiana para gestionar las estaciones invernales del Principado, otra leonesa para San Isidro y Leitariegos, y una entidad matriz participada al 50% por ambas administraciones, con la otra mitad en manos de una empresa con experiencia en el sector. Esta última asumiría la estrategia común, la promoción, la comercialización, las compras, las reservas y determinados servicios técnicos especializados, afirman.

El proyecto plantea una marca y una web únicas, una central de reservas y compras compartida, la contratación conjunta de energía y un forfait válido en las cuatro estaciones, algo que es lo único en lo que se ha avanzado en los últimos años exclusivamente para San Isidro y Fuentes de Invierno. También propone fórmulas para distribuir los ingresos según el uso de cada complejo y mantener personal especializado durante todo el año, rotándolo entre las diferentes instalaciones.

Aseguran que el modelo toma como referencia experiencias como FGC en Cataluña, Aramón en Aragón, N'PY en el Pirineo francés y Cantur en Cantabria. Según las entidades promotoras, la iniciativa permitiría mejorar la eficiencia, ampliar la oferta y reforzar la capacidad de atraer más visitantes de mercados de gran potencia, como Galicia y Portugal.

El comunicado recuerda que los responsables del Principado y de la Diputación de León se comprometieron a avanzar en esta dirección durante una visita a Fuentes de Invierno el pasado 5 de marzo, pero sostiene que ocho meses después no se conocen progresos. Y lleva casi un cuarto de siglo estando en la agenda política de ambas vertientes, sin que no haya ningún avance real.

Dice el historiador berciano Alejandro Martínez que “la historia no se repite, pero rima”. Afanado en escarbar en las raíces del movimiento obrero en El Bierzo y Laciana, ha logrado enlazar dos versos aparentemente sueltos, los que inopinadamente conectan las cuencas mineras del Cúa y del Sil con la Puerta del Sol de Madrid. Con casi un siglo de diferencia, ambos escenarios tienen un denominador común: las reivindicaciones por una vivienda digna. Son ahora tan fuertes que incluso han provocado una convocatoria de huelga general y un adelanto electoral a través de una representación sindical que encuentra de algún modo antecedentes en organizaciones que, al menos en Fabero y Matarrosa del Sil, lograron evitar desahucios y contener precios en los convulsos años treinta del siglo XX.

El carbón mudó la piel de muchos pueblos bercianos y lacianiegos, zonas tradicionalmente agropecuarias en las que la extensión de la minería conforma una clase obrera en tiempos de lucha por las libertades. El sector carbonero crece por otra concatenación de factores: aprovecha la escasez de mineral en el mercado durante la Primera Guerra Mundial para despegar a lomos de la puesta en marcha del ferrocarril Ponferrada-Villablino. La llegada de mano de obra foránea desborda la capacidad de las cuencas para ofrecer vivienda. En Fabero, según testimonió el filósofo Eloy Terrón, no quedó un pajar sin alquilar. En Matarrosa del Sil, completa el propio Alejandro Martínez, “las cuadras se dividían con sacos” para maximizar el aprovechamiento del suelo. “Y ante la necesidad de vivienda, hay quien abusa”, expone el historiador. El pasado rima con el presente.

La necesidad de alojamiento tensiona las costuras físicas de pueblos que se alimentan de un sector económico que, aun con algunas crisis y fluctuaciones en los años veinte, mantiene por entonces “una gráfica ascendente” de evolución. Su crecimiento coincide con otro: el de los movimientos de representación sindical que se van extendiendo por el territorio y ganan fuerza con la proclamación de la Segunda República en abril de 1931. El Sindicato Minero Castellano (SMC), vinculado a la Unión General de Trabajadores (UGT), se asienta todavía en 1930 en Fabero, donde luego se implanta el SUM (Sindicato Único Minero), ligado en este caso a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Fabero se convierte entonces en la única cuenca minera anarcosindicalista de España.

El SUM “fue mucho más que un sindicato”, escribe Martínez en Nuestra Historia, El Bierzo y Laciana, espacio de difusión de episodios como este a través de un blog en internet y de una cuenta en Facebook. El sindicato está detrás de iniciativas que van más allá de lo estrictamente laboral como las de promover una cooperativa de consumo, un grupo de teatro o una escuela racionalista. Con ese escenario como telón de fondo, Fabero estrena Asociación de Inquilinos liderada por Gregorio Rueda en 1935, mismo año en que se adscribe a la federación estatal de un movimiento que tuvo singular fuerza en zonas de tradición anarcosindicalista como Barcelona.

“Los problemas de la vivienda obrera fueron constantes en las comarcas mineras durante el siglo XX, especialmente coincidiendo con las fechas de auge que vivió el sector. En Fabero ni el paternalismo empresarial ni el Estado resolvieron el problema en los años 30. Fue el movimiento obrero quien de forma organizada dio respuesta colectiva a un problema que era social, no familiar, ni individual”, escribe Alejandro Martínez. La respuesta se articula en forma de medidas para contener los precios y para evitar desahucios.

“Abaratamiento e higienización de la vivienda” son los fines declarados por la Liga de Inquilinos de Matarrosa del Sil (Toreno), fundada incluso antes, en el año 1933, y presidida por Francisco Gómez. Con más dificultades para seguir el rastro de esta entidad, Martínez no ha logrado constatar vínculos entre las organizaciones de Fabero y Matarrosa. El final de ambas resulta, en cualquier caso, abrupto tras el golpe militar de julio de 1936, la consiguiente Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

La historia volvió a rimar con la actualidad sobre todo con la conformación, a partir de la crisis económica de 2008, de estructuras como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios. Y en las reivindicaciones presentes ha tomado fuerza la Liga de Inquilinas, surgida en 2017 y especialmente reivindicativa contra el desalojo de la vecina madrileña Maricarmen Abascal, un episodio que desató un movimiento que ha derivado en movilizaciones como la acampada en la Puerta del Sol, amén de otras repercusiones sociales y políticas como la huelga general del 11 de noviembre y el adelanto de las elecciones legislativas al día 29 del mismo mes.

Con las minas de carbón bercianas y lacianiegas cerradas desde 2018 por el fin de las ayudas a la producción, las cuencas viven ahora un escenario diametralmente opuesto: el resultante de un progresivo vaciamiento demográfico que contrasta con los años en que Fabero triplicó su población o Ponferrada, adonde llegaba el mineral para su consumo en las centrales térmicas, se convirtió en la posguerra en la ciudad de sus características que experimentó un mayor crecimiento de población. Sus necesidades de alojamiento llegaron a considerarse a la altura de 1960 “sin límite”, en expresión de la Obra Sindical y el Instituto de la Vivienda. Por las cuencas ya había pasado (y dejado poso) la huelgona de 1962 cuando en 1968 las reivindicaciones juveniles al Gobierno Civil pasaban en Matarrosa del Sil, el mismo pueblo berciano que en 1933 creó una Liga de Inquilinos, por cuestiones como la vivienda, entre otras.

La reconversión ya acechaba en la década de los ochenta, cuando todavía se vendían y compraban casas “bastante caras” en las cuencas mineras, constata Martínez. El sector comenzó luego un progresivo declinar que ha ido paralelo a la sangría demográfica hasta dejar bloques de viviendas desproporcionados para la realidad actual como los de Tremor de Arriba (Igüeña). ¿Podrían ser hoy esas viviendas vacías una alternativa al problema que se suscita principalmente en las ciudades? “No hay un gran fenómeno” de retorno al rural, considera el historiador, que reduce el aprovechamiento de esos inmuebles fundamentalmente a “segundas residencias”.

El mundo es ahora global. Y los que se aprovechan de la necesidad actual de vivienda son fondos buitre “que buscan un beneficio rápido”. “Y la oferta de vivienda pública es bastante reducida”, abunda Alejandro Martínez tras escarbar en la historia para encontrar entre el carbón vestigios de sindicatos de inquilinos protagonistas en la actualidad de 2026.

En 1968 cumplí catorce años. Una adolescencia que abría los ojos al mundo. Y no faltaban puntos de conexión. Fue un año intenso: guerra de Vietnam en el apogeo de su absurdo; mayo francés y su karma de la imaginación al poder; revuelta de Praga y el zarandeo a las tiranías de progresismo hipócrita; masacre de Tlatelolco, en México DF, con el reguero de más de trescientos estudiantes muertos y millares de heridos por la acción salvaje de la policía. Una locura que analicé con el bagaje de los pocos años y un montón de ilusiones.

Mi nieto con los mismos catorce años que tenía su abuelo en aquel 68 de las utopías juveniles frente a los excesos del poder, asiste a otro bucle de la historia que empieza a parecerse a esa época de revoluciones y rebeldías. Me habla de los acontecimientos que percibe en un mundo, otra vez, patas arriba. Lo hace, desde luego, con la visión candorosa de un adolescente, pero a diferencia de mí, con la conformidad de que las puertas del futuro se han cerrado para ellos de forma inexorable. Y, paradoja, ese conato de resignación, ha sido detonante de lo que empieza a pasar.

Cincuenta y ocho años entre 1968 y 2026 es un tiempo que, traducido en términos de era, equivale a minutos en el reloj de la historia, en su equiparación con el tiempo real, pero es un periodo largo en cuanto a los biorritmos humanos. Nos separan solo dos generaciones. Los ciclos son veleidosos en las cronologías.

Los jóvenes vuelven a movilizarse. Solo ellos pueden hacerlo contra las mitologías de los poderosos instaladas en las conciencias sociales desde hace décadas, a través de las falsas seguridades que ofrecen sus dogmas inoculados con la jeringuilla del miedo a su poder. Del todo anómalo era que el corazón rebelde de una sociedad residiera en los viejos roqueros baqueteados en guerras y dictaduras, que no pasaban por el aro de minorar los derechos adquiridos, y bien ganados, con sus aportaciones al sistema públicos de pensiones.  

Comparación entre épocas

En este nuevo periodo de algarabías ya se buscan comparaciones con los sucesos de aquel 1968 en el que juventudes de muchos países propugnaron abrazar las olvidadas libertad y dignidad. Aún es pronto para separar las coincidencias y discrepancias de las dos rebeliones.

Está pasando en Francia. La chispa ha sido el modelo educacional. La diferencia es que en aquel lejano mayo prendió entre una élite estudiantil que imaginaba que debajo de los adoquines (arma arrojadiza contra las cargas represivas, al igual que en La Comuna de 1870) estaba la playa. Hoy la agarradera es el abandono total de la enseñanza media pública, los institutos o liceos, protagonizada por adolescentes de no más de dieciséis años, apoyados por docentes, incluso padres, posiblemente como redención de los silencios y reverencias al poder con los que saldaron sus desobediencias juveniles. 

La francesa es la sociedad civil más concienciada del mundo y no ha dejado solos a estos chavales. Los famosos chalecos amarillos enganchan a este movimiento sus reclamaciones de movilidad mecánica accesible en la periferia del país, inmovilizada por el continuo encarecimiento de los carburantes. Ya se está elaborando un magma reivindicativo que puede llegar a ser un saco sin fondo.

Está pasando en España, donde la vivienda, por su inaccesibilidad a importantes capas poblacionales, se convierte en la imposible playa bajo los adoquines. Ha prendido la mecha una anciana de 87 años, desahuciada de su residencia durante siete décadas, por una operación inmobiliaria especulativa. La respuesta popular ha vuelto a llevar a la juventud, hasta entonces adormecida, a la acampada en la Puerta del Sol, de Madrid, que se convirtió en emblema de la protesta social como sede fundadora del movimiento 15-M, para alertar de los abusos en marcha a raíz de la Gran Depresión de 2008. Se reproduce la necesidad comparativa entre ambas acciones. 

De lo que no cabe duda es que la avaricia de los poderosos ha sido el cebo de este explosivo. No han cejado en la demostración chabacana y ostentosa de sus amistades millonarias pisoteando los derechos ciudadanos tratándolos como mercancías adquiribles con sus fortunas. Abrazan una dictadura de mercado, como otras avaricias idolatraron la dictadura del proletariado. Ésta, está hoy en el cubo de la basura de la historia. Aquélla terminó en el mismo sitio en su primer capítulo del capitalismo de sangre del siglo XIX. Ha revivido, para desgracia, aupada por los totalitarismos políticos de todo tiempo, ahora rejuvenecidos y acreditados por los sinsentidos de las democracias dopadas. Estos vampiros ya no mercadean ni juegan a la política en el tablero de calles del Monopoly, hacen negocios y política, en difusa mezcla, sobre el tapete que dibuja el globo terráqueo.

Recuerdo las cínicas miradas de algunos contertulios hace años cuando exponía que mucho cuidado con los abusos de poder. Las explosiones de las masas son más destructivas que la dinamita. Son como las marabuntas: se lo llevan todo por delante, incluso las huchas más llenas. Francia, Rusia, rodaron hasta cabezas coronadas y se impuso el terror sin atenuantes. Los excesos han de embridarse.

Los principales sindicatos creen que hay motivos más que se sobra para que la provincia de León secunde de manera mayoritaria, incluso más que el resto de España, la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre, el paro de 24 horas y la gran manifestación que se convocará como colofón de esa jornada. Todo ello bajo el gran eslogan de “Salarios. Vivienda. Precios”.

Los detalles han sido desgranados este miércoles por los líderes provincial de UGT, Comisiones Obreras y CGT, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, respectivamente. Por ejemplo, que las horas extraordinarias realizadas en León podrían haber permitido contratar a 1.113 personas a jornada completa. Así lo resaltó Blasco para denunciar las contradicciones del mercado laboral provincial, donde, según sus datos, se contabilizaron 6.609 horas extra durante el segundo trimestre de 2026 mientras más de 20.000 personas permanecían en el paro.

La situación laboral será uno de los argumentos centrales de la huelga general del 11 de noviembre. Blasco cuestionó que la mejora de algunos indicadores económicos se traduzca en un avance equivalente para las familias. A su juicio, el esfuerzo de acudir cada día al trabajo pierde parte de su sentido cuando los ingresos no bastan para cubrir necesidades esenciales. La responsable sindical advirtió de que hay hogares obligados a decidir entre pagar la vivienda, comprar alimentos o afrontar la factura de la calefacción.

Blasco vinculó esta situación con los salarios y las dificultades para acceder a una vivienda, pero también con el bloqueo de las negociaciones de los convenios sectoriales. Según los datos expuestos por CCOO, todavía existen 364 categorías profesionales recogidas en convenios provinciales con retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). La subida salarial media pactada, del 3,9%, tampoco habría compensado el incremento del 4,9% del IPC que la dirigente sindical atribuyó a la provincia.

La vivienda constituye el otro gran frente de la protesta. Blasco cifró en más de 40.000 las viviendas vacías de la provincia y situó el precio medio por encima de los 1.090 euros por metro cuadrado, con más de 1.500 euros en la capital leonesa y alrededor de 900 en Ponferrada. También señaló que cerca de 80.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza y que otras 50.000 afrontan graves dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.

Una crisis que también afecta a las expectativas de futuro

Por CGT, Jesús López planteó la huelga desde una perspectiva más amplia que la estrictamente laboral. El dirigente considera que la situación actual reúne tres crisis, «económica, institucional y emocional», y relacionó el malestar social con la sensación de que trabajar ya no garantiza una vida estable.

López defendió que la vivienda debe tratarse como un derecho y no como un negocio, y reclamó medidas para reducir los precios, regular los alquileres temporales y por habitaciones, frenar los desahucios y vincular las subidas salariales al coste real de la vida. También propuso que los salarios y las pensiones alcancen un mínimo de 1.500 euros.

El representante de CGT advirtió de que la distancia entre las expectativas creadas durante años y las posibilidades reales de las familias alimenta la frustración. «No estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sino que estamos sobreviviendo con las posibilidades que nos ofrece el sistema», sostuvo durante su intervención.

Por su parte, el secretario general de UGT en León, Enrique Reguero, puso el acento en la pérdida de empleo y en las dificultades de emancipación de los jóvenes. Según los datos que trasladó, la provincia perdió 1.200 afiliaciones a la Seguridad Social durante el último mes, un descenso que sumó a la preocupación por la falta de oportunidades laborales y de vivienda asequible.

Reguero destacó que las movilizaciones relacionadas con la crisis residencial están contribuyendo a despertar la implicación de la población joven. Para ilustrar ese cambio, recuperó una expresión del dirigente agrario Matías Llorente: «Antes no había tempero, pues ahora hay tempero», en referencia a unas condiciones que, a su juicio, empiezan a favorecer la movilización social.

El responsable de UGT reclamó una subida del 7% del salario mínimo interprofesional para 2027 y aumentos de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos. También pidió a la patronal que desbloquee las negociaciones y deje de exigir moderación salarial mientras, según denunció, aumentan los beneficios empresariales.

Las tres organizaciones sostienen que la respuesta a los problemas de León requiere, además de mejores sueldos, más vivienda disponible para alquiler y medidas que permitan distribuir mejor las oportunidades laborales. Reguero reclamó a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos una política de vivienda que llegue también a los municipios de la provincia, junto con una planificación de suelo disponible que facilite el acceso residencial.

Los sindicatos llaman a participar tanto en la huelga como en la manifestación prevista, cuyo horario se sitúa provisionalmente a las 19.00 horas, con salida desde San Marcos y llegada al corazón de la ciudad, la Plaza de San Marcelo. El recorrido y la organización definitiva de la protesta todavía estaban pendientes de concretarse.

La iniciativa, según avanza la plataforma OncoBierzo en un comunicado, propone participar en un mapa interactivo de España en el que cada persona puede introducir su código postal y elegir la causa que desea apoyar, desde disponer de un servicio de oncología cercano o un pediatra de guardia hasta acceder a una operación sin largas esperas.

También se incluyen otras reivindicaciones relacionadas con los servicios en el medio rural y el acceso a una vivienda asequible.

La participación, como se indica en esta web, no requiere registro ni facilitar el nombre. Cada código postal incorporado ilumina una zona del mapa, con el objetivo de extender la campaña por el país. El primer código introducido fue el 24.490, correspondiente a Ponferrada.

OncoBierzo sostiene que el lugar de residencia sigue condicionando las oportunidades de recibir atención sanitaria.

Entre los datos que respaldan su denuncia, la plataforma señala diferencias de hasta cinco años en la esperanza de vida entre comunidades autónomas y destaca la situación del Bierzo, donde la espera media para una intervención quirúrgica alcanzó los 201 días en el segundo trimestre de 2026, frente a los 101 días de media en Castilla y León.

Los agentes medioambientales de León posponen su anunciado plante en las guardias de incendios forestales. Lo hace para dar un margen de tiempo al nuevo equipo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para negociar mejoras en las condiciones laborales del colectivo, que aplaza su medida de presión prevista hasta el próximo mes de enero.

Los trabajadores han tomado esta decisión tras mantener conversaciones con responsables de la Consejería de Medio Ambiente, que habrían solicitado un margen de tiempo para poder evaluar las reivindicaciones formuladas por los agentes, que reclaman un reconocimiento profesional acorde a sus funciones y mayor seguridad laboral, entre otras cuestiones.

“El acuerdo es un aplazamiento del plante de guardias de incendios hasta finales de enero, momento en el que valoraremos si hay avances y si son suficientes para desconvocar un plante que obedece al maltrato institucional continuo del gobierno de la Junta de Castilla y León hacia nuestro colectivo”, advierten los agentes medioambientales, que contrapesan su “hartazgo” al “afán de conseguir un marco de confianza mutua” con el departamento que dirige María González Corral.

Los trabajadores aseguran que la Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a convocar para esas negociaciones a los sindicatos, un encuentro que esperan que se produzca “lo antes posible”.

Y avisan: “Si tenemos que retomar el plante, tememos que se dificultará sobremanera la organización del operativo de incendios de la próxima campaña”.

Ha vuelto la acampada de Sol, ese camping metafísico donde la juventud descubre, entre una pancarta y un bocadillo de tortilla francesa, que la Historia sigue teniendo plazas libres aunque los pisos estén completos (sobre todo los soleados). Se pide vivienda digna, naturalmente, y si puede ser con sol, mejor; si no, al menos, con vistas a los sueños. Hay que reconocer que la reivindicación tiene su poesía: una buhardilla para Rimbaud, un estudio para Baudelaire, un apartamento luminoso donde Marx pueda explicar la plusvalía sin que el casero le pase el recibo.

En Sol se ha instalado de nuevo el espíritu del 68, convenientemente actualizado con teléfonos móviles y una cierta nostalgia de las revoluciones disimuladamente fallidas que otros hicieron. Los universitarios, herederos sentimentales de Sartre, Marcuse y Herbert Read, parecen convencidos de que la sociedad les debe una casa por el solo hecho de haber leído a Foucault o haber aprobado una asignatura optativa sobre Walter Benjamin. Trabajar, entretanto, es una costumbre burguesa que ya denunciaron los situacionistas, aunque Guy Debord, de haber conocido el precio del alquiler en Madrid, quizá habría dedicado La sociedad del espectáculo a las inmobiliarias.

Uno imagina a los acampados leyendo a Nietzsche bajo las estrellas, con la esperanza de que el Superhombre aparezca por la mañana y les consiga una hipoteca a tipo fijo. O a un joven hegeliano explicando que el problema de la vivienda es una contradicción dialéctica entre el deseo de emancipación y la ausencia de nómina. Todo muy profundo, muy universitario, muy de seminario con calefacción central. Porque el sueño, cuando se comparte en una plaza, adquiere inmediatamente categoría de programa político; cuando se convierte en una factura, empieza a parecerse sospechosamente a la realidad.

No seré yo quien niegue la tragedia del acceso a la vivienda, ni la obscenidad de ciertos precios indignos, ni el derecho de los jóvenes a construir una vida sin hipotecar hasta los recuerdos de su infancia. Pero hay algo enternecedor en esa vieja fe española según la cual las cosas deberían llegar por justicia poética, como en una novela de Carmen Laforet, sin necesidad de atravesar la prosa administrativa de la nómina, el sacrificio, el ahorro y el esfuerzo. Un país de poetas de plaza pública que desconfía del trabajo, pero exige que alguien construya los edificios donde alojar sus metáforas.

Quizá la solución consista en convocar a Camus, que sabía que la rebelión empieza por reconocer el absurdo; a Ortega, que habría reclamado una circunstancia menos cara, y a Unamuno, que habría convertido la falta de piso en una agonía nacional. Después podría hablar Engels, aunque esta vez convendría preguntarle quién paga la comunidad. Y, al final, que tomara la palabra Diógenes, aquel filósofo que vivía en un tonel no hipotecado y al que Alejandro Magno ofreció concederle cualquier deseo (Diógenes solo le pidió que se apartara, porque le tapaba el sol).

Los acampados de Sol piden algo más complicado: que el sol venga incluido en el alquiler. Y, a ser posible, que también haya terraza, vistas y un pequeño trastero donde guardar intacta la juventud revolucionaria. Porque hacerse mayor es descubrir que el mundo no siempre nos da lo que merecemos; hacerse adulto, además, es aprender que hasta los sueños necesitan una dirección postal…

En fin.

El núcleo del disturbio. La consecuencia de la barbarie. El recreo de los narcóticos. El desprecio de los caníbales. La carcajada de los utópicos. El silencio soterrado que se hace llama. La estupefacción de los sillones. El sobrevuelo sutil de las corbatas. Las oportunidades perdidas. Los recuerdos del futuro. El desencanto de los revolucionarios. Los techos de paja. La reverencia y la desgana. Los nadies, la nada. El cemento y la austeridad mientras se pudren las montañas lejanas. Reuniones, restaurantes, consultas, trabas. Lo global y lo pequeño, enredado en una trampa. Todos los fuegos, el fuego.

Escribí ese párrafo al volver de un viaje a Madrid el último día de septiembre. Para llegar al tren que me traía de vuelta a León, tuve que pasar por Sol. No vi seres peligrosos con cuchillos en los dientes ni armas arrojadizas. Vi, más bien, seres vulnerables, que apenas sobrepasaban los veinte años, y que se sabían cada vez más flaquitos, más pequeños, más agazapados y, de no poder ya más, no estallaron, sino que se juntaron en una plaza, no cualquier plaza, sino el kilómetro cero de un país que es España pero que podría ser cualquiera de lo que llamábamos el primer mundo. Un lugar en el que éramos privilegiados de base porque no habíamos nacido en medio de una guerra, por ejemplo, o no sentíamos la catástrofe continúa de la inflación o la inseguridad a la puerta de nuestra casa. Pero claro, es que esos jóvenes no tienen perspectiva alguna de conocer el significado de la palabra hogar en las ciudades donde se proyectan, si no es por el que puedan haber heredado de sus padres. Incluso había allí algunos que tenían de todo y mucho más y, sin embargo, decidieron secundar a quienes no. Las clases sociales, eso que nunca murió y que de vez en cuando sale a la superficie y hasta se puede mezclar para bien.

Cómo no recordar a aquellos que desde abajo organizaron la revuelta hace ya quince años. Cómo no recordar cómo muy rápidamente alguien tomó el liderazgo de la indignación y la convirtió en partido político. Cómo olvidar que se movieron de clase pocos años después, pero no lograron que quienes les hicieron llegar ahí, no siguieran cada vez más flaquitos, más asustados, más nadies que nunca. Cómo no temblar de desencanto si estuviste ahí donde todo se decide y ya dentro de los salones del privilegio y los coches oficiales diste ideas que no se querían escuchar porque eso cambiaría todo. El sistema. Eso que supuestamente se había ido a cambiar. Cómo no resignarse entonces al conocer la resolución fatal: que el sistema no se cambia, solo se destruye. Y esa caída suele ser agónica. 

Volví a mi casa con la ternura en la piel de esos jóvenes que han descubierto, después de una vida abocada a las pantallas de sus móviles que, sin embargo, al calor de la calle, codo a codo, se podía ser mucho más que dos. Cómo no agradecerles que traten de gritar sobre la injusticia de este descalabro. Y cómo no retorcerse por dentro al llegar a una casa propia, construida tan lejos del mundo, porque el mundo, amigos míos, este mundo infame, genera desertores de un sistema que machaca a todo el que ose señalar su vacío.

Pero ojalá que esta vez sea distinto, claro, cómo no desear, una y mil veces, que no sea tarde, que la precariedad de esta Españita nuestra se diluya en la ilusión de esos jóvenes jovencísimos que han dicho basta porque han visto que, de seguir así, solo tendrán huesos que llevarse a la boca.

Lo avanzaron en septiembre. Y lo han confirmado en octubre. Los agentes medioambientales de 15 de las 18 comarcas leonesas han ratificado el anunciado plante indefinido a las guardias de incendios hasta que la Junta de Castilla y León “no mejore las condiciones laborales y de seguridad” de los profesionales, que esperan una “reacción” del Gobierno autonómico para retomar esa disponibilidad.

Los operarios aclaran que respetaron “por responsabilidad” la campaña de peligro alto de incendios. “Y ha sido anunciado con tiempo para que los responsables de la Junta pudieran escucharnos y proponernos algún tipo de acercamiento, pero desgraciadamente la situación no ha cambiado”, lamentan.

En su crítica, los agentes medioambientales apuntan primero al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que se refieren como “principal responsable de la nefasta política de prevención y extinción de incendios en las anteriores legislaturas”, mientras que “en la presente no tiene visos de permitir por ahora ninguna mejora en las condiciones del colectivo”. Y tambien recriminan a la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, que ni los recibiera ni contestara a sus requerimientos.

“Es tal el desinterés que muestra esta administración con nuestro colectivo que hasta desconocen que somos la punta de lanza de la extinción de los incendios. Somos la red de seguridad que vela para que todas las personas que trabajan en una extinción lo hagan de la manera más segura y asumimos la responsabilidad personal y legal, con preparación técnica pero sin un reconocimiento profesional acorde por parte de la Junta de Castilla y León. Y mientras tanto, el aumento de recursos para las empresas dueñas de los helicópteros no para de crecer”, señalan.

Y concluyen: “Quisiéramos volver a trabajar con normalidad antes de que llegue la próxima campaña de incendios. Sin nuestro trabajo el operativo de incendios es menos eficaz, más caro y sobre todo menos seguro para las personas que trabajan en él”.