En 1968 cumplí catorce años. Una adolescencia que abría los ojos al mundo. Y no faltaban puntos de conexión. Fue un año intenso: guerra de Vietnam en el apogeo de su absurdo; mayo francés y su karma de la imaginación al poder; revuelta de Praga y el zarandeo a las tiranías de progresismo hipócrita; masacre de Tlatelolco, en México DF, con el reguero de más de trescientos estudiantes muertos y millares de heridos por la acción salvaje de la policía. Una locura que analicé con el bagaje de los pocos años y un montón de ilusiones.

Mi nieto con los mismos catorce años que tenía su abuelo en aquel 68 de las utopías juveniles frente a los excesos del poder, asiste a otro bucle de la historia que empieza a parecerse a esa época de revoluciones y rebeldías. Me habla de los acontecimientos que percibe en un mundo, otra vez, patas arriba. Lo hace, desde luego, con la visión candorosa de un adolescente, pero a diferencia de mí, con la conformidad de que las puertas del futuro se han cerrado para ellos de forma inexorable. Y, paradoja, ese conato de resignación, ha sido detonante de lo que empieza a pasar.

Cincuenta y ocho años entre 1968 y 2026 es un tiempo que, traducido en términos de era, equivale a minutos en el reloj de la historia, en su equiparación con el tiempo real, pero es un periodo largo en cuanto a los biorritmos humanos. Nos separan solo dos generaciones. Los ciclos son veleidosos en las cronologías.

Los jóvenes vuelven a movilizarse. Solo ellos pueden hacerlo contra las mitologías de los poderosos instaladas en las conciencias sociales desde hace décadas, a través de las falsas seguridades que ofrecen sus dogmas inoculados con la jeringuilla del miedo a su poder. Del todo anómalo era que el corazón rebelde de una sociedad residiera en los viejos roqueros baqueteados en guerras y dictaduras, que no pasaban por el aro de minorar los derechos adquiridos, y bien ganados, con sus aportaciones al sistema públicos de pensiones.  

Comparación entre épocas

En este nuevo periodo de algarabías ya se buscan comparaciones con los sucesos de aquel 1968 en el que juventudes de muchos países propugnaron abrazar las olvidadas libertad y dignidad. Aún es pronto para separar las coincidencias y discrepancias de las dos rebeliones.

Está pasando en Francia. La chispa ha sido el modelo educacional. La diferencia es que en aquel lejano mayo prendió entre una élite estudiantil que imaginaba que debajo de los adoquines (arma arrojadiza contra las cargas represivas, al igual que en La Comuna de 1870) estaba la playa. Hoy la agarradera es el abandono total de la enseñanza media pública, los institutos o liceos, protagonizada por adolescentes de no más de dieciséis años, apoyados por docentes, incluso padres, posiblemente como redención de los silencios y reverencias al poder con los que saldaron sus desobediencias juveniles. 

La francesa es la sociedad civil más concienciada del mundo y no ha dejado solos a estos chavales. Los famosos chalecos amarillos enganchan a este movimiento sus reclamaciones de movilidad mecánica accesible en la periferia del país, inmovilizada por el continuo encarecimiento de los carburantes. Ya se está elaborando un magma reivindicativo que puede llegar a ser un saco sin fondo.

Está pasando en España, donde la vivienda, por su inaccesibilidad a importantes capas poblacionales, se convierte en la imposible playa bajo los adoquines. Ha prendido la mecha una anciana de 87 años, desahuciada de su residencia durante siete décadas, por una operación inmobiliaria especulativa. La respuesta popular ha vuelto a llevar a la juventud, hasta entonces adormecida, a la acampada en la Puerta del Sol, de Madrid, que se convirtió en emblema de la protesta social como sede fundadora del movimiento 15-M, para alertar de los abusos en marcha a raíz de la Gran Depresión de 2008. Se reproduce la necesidad comparativa entre ambas acciones. 

De lo que no cabe duda es que la avaricia de los poderosos ha sido el cebo de este explosivo. No han cejado en la demostración chabacana y ostentosa de sus amistades millonarias pisoteando los derechos ciudadanos tratándolos como mercancías adquiribles con sus fortunas. Abrazan una dictadura de mercado, como otras avaricias idolatraron la dictadura del proletariado. Ésta, está hoy en el cubo de la basura de la historia. Aquélla terminó en el mismo sitio en su primer capítulo del capitalismo de sangre del siglo XIX. Ha revivido, para desgracia, aupada por los totalitarismos políticos de todo tiempo, ahora rejuvenecidos y acreditados por los sinsentidos de las democracias dopadas. Estos vampiros ya no mercadean ni juegan a la política en el tablero de calles del Monopoly, hacen negocios y política, en difusa mezcla, sobre el tapete que dibuja el globo terráqueo.

Recuerdo las cínicas miradas de algunos contertulios hace años cuando exponía que mucho cuidado con los abusos de poder. Las explosiones de las masas son más destructivas que la dinamita. Son como las marabuntas: se lo llevan todo por delante, incluso las huchas más llenas. Francia, Rusia, rodaron hasta cabezas coronadas y se impuso el terror sin atenuantes. Los excesos han de embridarse.

Los principales sindicatos creen que hay motivos más que se sobra para que la provincia de León secunde de manera mayoritaria, incluso más que el resto de España, la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre, el paro de 24 horas y la gran manifestación que se convocará como colofón de esa jornada. Todo ello bajo el gran eslogan de “Salarios. Vivienda. Precios”.

Los detalles han sido desgranados este miércoles por los líderes provincial de UGT, Comisiones Obreras y CGT, Enrique Reguero, Elena Blasco y Jesús López, respectivamente. Por ejemplo, que las horas extraordinarias realizadas en León podrían haber permitido contratar a 1.113 personas a jornada completa. Así lo resaltó Blasco para denunciar las contradicciones del mercado laboral provincial, donde, según sus datos, se contabilizaron 6.609 horas extra durante el segundo trimestre de 2026 mientras más de 20.000 personas permanecían en el paro.

La situación laboral será uno de los argumentos centrales de la huelga general del 11 de noviembre. Blasco cuestionó que la mejora de algunos indicadores económicos se traduzca en un avance equivalente para las familias. A su juicio, el esfuerzo de acudir cada día al trabajo pierde parte de su sentido cuando los ingresos no bastan para cubrir necesidades esenciales. La responsable sindical advirtió de que hay hogares obligados a decidir entre pagar la vivienda, comprar alimentos o afrontar la factura de la calefacción.

Blasco vinculó esta situación con los salarios y las dificultades para acceder a una vivienda, pero también con el bloqueo de las negociaciones de los convenios sectoriales. Según los datos expuestos por CCOO, todavía existen 364 categorías profesionales recogidas en convenios provinciales con retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). La subida salarial media pactada, del 3,9%, tampoco habría compensado el incremento del 4,9% del IPC que la dirigente sindical atribuyó a la provincia.

La vivienda constituye el otro gran frente de la protesta. Blasco cifró en más de 40.000 las viviendas vacías de la provincia y situó el precio medio por encima de los 1.090 euros por metro cuadrado, con más de 1.500 euros en la capital leonesa y alrededor de 900 en Ponferrada. También señaló que cerca de 80.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza y que otras 50.000 afrontan graves dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.

Una crisis que también afecta a las expectativas de futuro

Por CGT, Jesús López planteó la huelga desde una perspectiva más amplia que la estrictamente laboral. El dirigente considera que la situación actual reúne tres crisis, «económica, institucional y emocional», y relacionó el malestar social con la sensación de que trabajar ya no garantiza una vida estable.

López defendió que la vivienda debe tratarse como un derecho y no como un negocio, y reclamó medidas para reducir los precios, regular los alquileres temporales y por habitaciones, frenar los desahucios y vincular las subidas salariales al coste real de la vida. También propuso que los salarios y las pensiones alcancen un mínimo de 1.500 euros.

El representante de CGT advirtió de que la distancia entre las expectativas creadas durante años y las posibilidades reales de las familias alimenta la frustración. «No estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sino que estamos sobreviviendo con las posibilidades que nos ofrece el sistema», sostuvo durante su intervención.

Por su parte, el secretario general de UGT en León, Enrique Reguero, puso el acento en la pérdida de empleo y en las dificultades de emancipación de los jóvenes. Según los datos que trasladó, la provincia perdió 1.200 afiliaciones a la Seguridad Social durante el último mes, un descenso que sumó a la preocupación por la falta de oportunidades laborales y de vivienda asequible.

Reguero destacó que las movilizaciones relacionadas con la crisis residencial están contribuyendo a despertar la implicación de la población joven. Para ilustrar ese cambio, recuperó una expresión del dirigente agrario Matías Llorente: «Antes no había tempero, pues ahora hay tempero», en referencia a unas condiciones que, a su juicio, empiezan a favorecer la movilización social.

El responsable de UGT reclamó una subida del 7% del salario mínimo interprofesional para 2027 y aumentos de entre el 4% y el 7% en los convenios colectivos. También pidió a la patronal que desbloquee las negociaciones y deje de exigir moderación salarial mientras, según denunció, aumentan los beneficios empresariales.

Las tres organizaciones sostienen que la respuesta a los problemas de León requiere, además de mejores sueldos, más vivienda disponible para alquiler y medidas que permitan distribuir mejor las oportunidades laborales. Reguero reclamó a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos una política de vivienda que llegue también a los municipios de la provincia, junto con una planificación de suelo disponible que facilite el acceso residencial.

Los sindicatos llaman a participar tanto en la huelga como en la manifestación prevista, cuyo horario se sitúa provisionalmente a las 19.00 horas, con salida desde San Marcos y llegada al corazón de la ciudad, la Plaza de San Marcelo. El recorrido y la organización definitiva de la protesta todavía estaban pendientes de concretarse.

La iniciativa, según avanza la plataforma OncoBierzo en un comunicado, propone participar en un mapa interactivo de España en el que cada persona puede introducir su código postal y elegir la causa que desea apoyar, desde disponer de un servicio de oncología cercano o un pediatra de guardia hasta acceder a una operación sin largas esperas.

También se incluyen otras reivindicaciones relacionadas con los servicios en el medio rural y el acceso a una vivienda asequible.

La participación, como se indica en esta web, no requiere registro ni facilitar el nombre. Cada código postal incorporado ilumina una zona del mapa, con el objetivo de extender la campaña por el país. El primer código introducido fue el 24.490, correspondiente a Ponferrada.

OncoBierzo sostiene que el lugar de residencia sigue condicionando las oportunidades de recibir atención sanitaria.

Entre los datos que respaldan su denuncia, la plataforma señala diferencias de hasta cinco años en la esperanza de vida entre comunidades autónomas y destaca la situación del Bierzo, donde la espera media para una intervención quirúrgica alcanzó los 201 días en el segundo trimestre de 2026, frente a los 101 días de media en Castilla y León.

Los agentes medioambientales de León posponen su anunciado plante en las guardias de incendios forestales. Lo hace para dar un margen de tiempo al nuevo equipo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para negociar mejoras en las condiciones laborales del colectivo, que aplaza su medida de presión prevista hasta el próximo mes de enero.

Los trabajadores han tomado esta decisión tras mantener conversaciones con responsables de la Consejería de Medio Ambiente, que habrían solicitado un margen de tiempo para poder evaluar las reivindicaciones formuladas por los agentes, que reclaman un reconocimiento profesional acorde a sus funciones y mayor seguridad laboral, entre otras cuestiones.

“El acuerdo es un aplazamiento del plante de guardias de incendios hasta finales de enero, momento en el que valoraremos si hay avances y si son suficientes para desconvocar un plante que obedece al maltrato institucional continuo del gobierno de la Junta de Castilla y León hacia nuestro colectivo”, advierten los agentes medioambientales, que contrapesan su “hartazgo” al “afán de conseguir un marco de confianza mutua” con el departamento que dirige María González Corral.

Los trabajadores aseguran que la Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a convocar para esas negociaciones a los sindicatos, un encuentro que esperan que se produzca “lo antes posible”.

Y avisan: “Si tenemos que retomar el plante, tememos que se dificultará sobremanera la organización del operativo de incendios de la próxima campaña”.

Ha vuelto la acampada de Sol, ese camping metafísico donde la juventud descubre, entre una pancarta y un bocadillo de tortilla francesa, que la Historia sigue teniendo plazas libres aunque los pisos estén completos (sobre todo los soleados). Se pide vivienda digna, naturalmente, y si puede ser con sol, mejor; si no, al menos, con vistas a los sueños. Hay que reconocer que la reivindicación tiene su poesía: una buhardilla para Rimbaud, un estudio para Baudelaire, un apartamento luminoso donde Marx pueda explicar la plusvalía sin que el casero le pase el recibo.

En Sol se ha instalado de nuevo el espíritu del 68, convenientemente actualizado con teléfonos móviles y una cierta nostalgia de las revoluciones disimuladamente fallidas que otros hicieron. Los universitarios, herederos sentimentales de Sartre, Marcuse y Herbert Read, parecen convencidos de que la sociedad les debe una casa por el solo hecho de haber leído a Foucault o haber aprobado una asignatura optativa sobre Walter Benjamin. Trabajar, entretanto, es una costumbre burguesa que ya denunciaron los situacionistas, aunque Guy Debord, de haber conocido el precio del alquiler en Madrid, quizá habría dedicado La sociedad del espectáculo a las inmobiliarias.

Uno imagina a los acampados leyendo a Nietzsche bajo las estrellas, con la esperanza de que el Superhombre aparezca por la mañana y les consiga una hipoteca a tipo fijo. O a un joven hegeliano explicando que el problema de la vivienda es una contradicción dialéctica entre el deseo de emancipación y la ausencia de nómina. Todo muy profundo, muy universitario, muy de seminario con calefacción central. Porque el sueño, cuando se comparte en una plaza, adquiere inmediatamente categoría de programa político; cuando se convierte en una factura, empieza a parecerse sospechosamente a la realidad.

No seré yo quien niegue la tragedia del acceso a la vivienda, ni la obscenidad de ciertos precios indignos, ni el derecho de los jóvenes a construir una vida sin hipotecar hasta los recuerdos de su infancia. Pero hay algo enternecedor en esa vieja fe española según la cual las cosas deberían llegar por justicia poética, como en una novela de Carmen Laforet, sin necesidad de atravesar la prosa administrativa de la nómina, el sacrificio, el ahorro y el esfuerzo. Un país de poetas de plaza pública que desconfía del trabajo, pero exige que alguien construya los edificios donde alojar sus metáforas.

Quizá la solución consista en convocar a Camus, que sabía que la rebelión empieza por reconocer el absurdo; a Ortega, que habría reclamado una circunstancia menos cara, y a Unamuno, que habría convertido la falta de piso en una agonía nacional. Después podría hablar Engels, aunque esta vez convendría preguntarle quién paga la comunidad. Y, al final, que tomara la palabra Diógenes, aquel filósofo que vivía en un tonel no hipotecado y al que Alejandro Magno ofreció concederle cualquier deseo (Diógenes solo le pidió que se apartara, porque le tapaba el sol).

Los acampados de Sol piden algo más complicado: que el sol venga incluido en el alquiler. Y, a ser posible, que también haya terraza, vistas y un pequeño trastero donde guardar intacta la juventud revolucionaria. Porque hacerse mayor es descubrir que el mundo no siempre nos da lo que merecemos; hacerse adulto, además, es aprender que hasta los sueños necesitan una dirección postal…

En fin.

El núcleo del disturbio. La consecuencia de la barbarie. El recreo de los narcóticos. El desprecio de los caníbales. La carcajada de los utópicos. El silencio soterrado que se hace llama. La estupefacción de los sillones. El sobrevuelo sutil de las corbatas. Las oportunidades perdidas. Los recuerdos del futuro. El desencanto de los revolucionarios. Los techos de paja. La reverencia y la desgana. Los nadies, la nada. El cemento y la austeridad mientras se pudren las montañas lejanas. Reuniones, restaurantes, consultas, trabas. Lo global y lo pequeño, enredado en una trampa. Todos los fuegos, el fuego.

Escribí ese párrafo al volver de un viaje a Madrid el último día de septiembre. Para llegar al tren que me traía de vuelta a León, tuve que pasar por Sol. No vi seres peligrosos con cuchillos en los dientes ni armas arrojadizas. Vi, más bien, seres vulnerables, que apenas sobrepasaban los veinte años, y que se sabían cada vez más flaquitos, más pequeños, más agazapados y, de no poder ya más, no estallaron, sino que se juntaron en una plaza, no cualquier plaza, sino el kilómetro cero de un país que es España pero que podría ser cualquiera de lo que llamábamos el primer mundo. Un lugar en el que éramos privilegiados de base porque no habíamos nacido en medio de una guerra, por ejemplo, o no sentíamos la catástrofe continúa de la inflación o la inseguridad a la puerta de nuestra casa. Pero claro, es que esos jóvenes no tienen perspectiva alguna de conocer el significado de la palabra hogar en las ciudades donde se proyectan, si no es por el que puedan haber heredado de sus padres. Incluso había allí algunos que tenían de todo y mucho más y, sin embargo, decidieron secundar a quienes no. Las clases sociales, eso que nunca murió y que de vez en cuando sale a la superficie y hasta se puede mezclar para bien.

Cómo no recordar a aquellos que desde abajo organizaron la revuelta hace ya quince años. Cómo no recordar cómo muy rápidamente alguien tomó el liderazgo de la indignación y la convirtió en partido político. Cómo olvidar que se movieron de clase pocos años después, pero no lograron que quienes les hicieron llegar ahí, no siguieran cada vez más flaquitos, más asustados, más nadies que nunca. Cómo no temblar de desencanto si estuviste ahí donde todo se decide y ya dentro de los salones del privilegio y los coches oficiales diste ideas que no se querían escuchar porque eso cambiaría todo. El sistema. Eso que supuestamente se había ido a cambiar. Cómo no resignarse entonces al conocer la resolución fatal: que el sistema no se cambia, solo se destruye. Y esa caída suele ser agónica. 

Volví a mi casa con la ternura en la piel de esos jóvenes que han descubierto, después de una vida abocada a las pantallas de sus móviles que, sin embargo, al calor de la calle, codo a codo, se podía ser mucho más que dos. Cómo no agradecerles que traten de gritar sobre la injusticia de este descalabro. Y cómo no retorcerse por dentro al llegar a una casa propia, construida tan lejos del mundo, porque el mundo, amigos míos, este mundo infame, genera desertores de un sistema que machaca a todo el que ose señalar su vacío.

Pero ojalá que esta vez sea distinto, claro, cómo no desear, una y mil veces, que no sea tarde, que la precariedad de esta Españita nuestra se diluya en la ilusión de esos jóvenes jovencísimos que han dicho basta porque han visto que, de seguir así, solo tendrán huesos que llevarse a la boca.

Lo avanzaron en septiembre. Y lo han confirmado en octubre. Los agentes medioambientales de 15 de las 18 comarcas leonesas han ratificado el anunciado plante indefinido a las guardias de incendios hasta que la Junta de Castilla y León “no mejore las condiciones laborales y de seguridad” de los profesionales, que esperan una “reacción” del Gobierno autonómico para retomar esa disponibilidad.

Los operarios aclaran que respetaron “por responsabilidad” la campaña de peligro alto de incendios. “Y ha sido anunciado con tiempo para que los responsables de la Junta pudieran escucharnos y proponernos algún tipo de acercamiento, pero desgraciadamente la situación no ha cambiado”, lamentan.

En su crítica, los agentes medioambientales apuntan primero al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que se refieren como “principal responsable de la nefasta política de prevención y extinción de incendios en las anteriores legislaturas”, mientras que “en la presente no tiene visos de permitir por ahora ninguna mejora en las condiciones del colectivo”. Y tambien recriminan a la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, que ni los recibiera ni contestara a sus requerimientos.

“Es tal el desinterés que muestra esta administración con nuestro colectivo que hasta desconocen que somos la punta de lanza de la extinción de los incendios. Somos la red de seguridad que vela para que todas las personas que trabajan en una extinción lo hagan de la manera más segura y asumimos la responsabilidad personal y legal, con preparación técnica pero sin un reconocimiento profesional acorde por parte de la Junta de Castilla y León. Y mientras tanto, el aumento de recursos para las empresas dueñas de los helicópteros no para de crecer”, señalan.

Y concluyen: “Quisiéramos volver a trabajar con normalidad antes de que llegue la próxima campaña de incendios. Sin nuestro trabajo el operativo de incendios es menos eficaz, más caro y sobre todo menos seguro para las personas que trabajan en él”.

La Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convoca su concentración de los lunes para este 12 de octubre a las 12.30 horas frente al edificio de Botines en la capital leonesa, una cita en la que se guardará un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen Alcázar, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su piso de Madrid y falleció en días pasados en un hospital.

Y es que los convocantes ensalzan “la dignidad, valentía y coraje” tanto de Maricarmen como del sindicato de inquilinas como catalizadoras de un movimiento por el que “la ciudadanía indignada puso fin al silencio y la resignación por la falta de regulación a los altísimos precios de la vivienda y la prohibición de desahucio en casos de personas vulnerables”.

Asimismo, la cita servirá para hacer una reflexión “sobre la invisibilidad y maltrato a las mujeres mayores, que sufren en toda su crudeza la desigualdad y la pobreza”.

La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca un nuevo Lunes sin sol para este 12 de octubre a las 20.00 horas en la plaza de Botines. Lo hace esta por el asesinato con arma blanca de una mujer de 37 años en Valverde del Júcar (Cuenca) a manos de su pareja, de 33 años, sin que constaran denuncias previas.

Son ya 42 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 y 1.383 las mujeres asesinadas desde 2003, según el recuento hecho público por la plataforma. El número de menores, huérfanas y huérfanos, por causa del asesinato por violencia de género de sus madres asciende a 31 en 2026 y a 538 desde 2013. El número de niñas asesinadas y niños asesinados por violencia vicaria, para hacer sufrir a sus madres, fueron 3 en 2026, y 68 desde 2013.

Con la de este lunes son ya 668 las concentraciones de repulsa contra la violencia machista convocadas por la Plataforma contra la Violencia Machista de León.

Unos acusan; otros denuncian que el contrario se ha aprovechado de su sufrimiento. Mientras tanto, otra pregunta puede quedar sin respuesta: ¿Quién podía actuar y qué hizo con el desahucio de MariCarmen?.

Hay distintas formas de convertir su historia y su muerte en un arma política.

La más evidente consiste en presentar lo sucedido como prueba de la crueldad o la incompetencia del adversario. La historia de Maricarmen acaba sirviendo para demostrar lo malos que son los otros, porque las respuestas que se dan no satisfacen a todos.

Señalar al contrario

En torno a Maricarmen pueden construirse distintas explicaciones, según qué hechos se destaquen y cuáles se dejen fuera. Por eso importa comprobar qué sostiene cada acusación.

Señalar responsabilidades es necesario. Sin esa exigencia, cualquier daño podría despacharse como una desgracia inevitable. Las historias como la de Maricarmen enlazan lo ocurrido con las decisiones de las causas que le llevaron hasta ahí y qué podría haberse hecho de otra manera.

Acusar al partido contrario no basta. Hay que explicar qué podía hacer cada institución, qué hizo y qué dejó de hacer, aunque los hechos incomoden a quien acusa. En el caso de Maricarmen, exigir responsabilidades supone señalar decisiones concretas y explicar qué alternativas había.

Acusar a quien acusa

También se puede utilizar el caso para atacar a quien pide explicaciones. En vez de responder qué se hizo, se intenta demostrar que el contrario tiene malas intenciones.

La elusión de la culpa ayuda a entender cómo se intenta pasar la responsabilidad a otros para evitar el coste político de las propias decisiones. Denunciar que alguien se aprovecha de Maricarmen puede estar justificado. Pero esa denuncia no responde por sí sola a la pregunta sobre qué se hizo por ella.

Pedir respeto por Maricarmen y exigir respuestas son cosas compatibles. El respeto no debería convertirse en una excusa para impedir que se revise la actuación de las instituciones y actores políticos.

Tampoco hablar en su nombre da automáticamente la razón. Quien acusa debe demostrar lo que dice. Pedir hechos a todos no significa que todos tengan la misma responsabilidad.

Conseguir que las redes sociales se incendien

La historia de Maricarmen puede despertar dolor e indignación. Si un mensaje señala además a un culpable, ofrece alguien contra quien dirigir esa rabia. Compartirlo puede servir para apoyar a Maricarmen y atacar al adversario al mismo tiempo.

Hablar del contrario atrae atención en las redes sociales. Los mensajes sobre el grupo político contrario se comparten aproximadamente el doble que los referidos al propio.

Las palabras también cuentan. Cada palabra adicional con contenido moral y emocional supone cerca de un 20 % más de difusión. No es una receta que funcione siempre, pero muestra la fuerza que puede tener una mensaje que mezcla emoción y juicio moral.

Los datos ofrecen una pista. Una acusación puede encontrar público porque reúne emoción y alguien a quien señalar. Una explicación detallada exige detenerse en decisiones, fechas y alternativas. Y las redes sociales buscan reacciones al instante. Compartir la rabia, la indignación o el reproche mientras las preguntas siguen sin respuesta.

Qué cambia después de la indignación

Dar a conocer la historia de Maricarmen también puede ayudar a reclamar protección para otras personas. Su caso puede abrir preguntas sobre qué ayuda existe, a quién llega y quién queda fuera.

Pero si todo se cuenta como un caso aislado, sin explicar su contexto, se pierde de vista las decisiones públicas. La conversación puede quedarse en lo que le ocurrió a Maricarmen sin preguntar por qué otras personas podrían pasar por lo mismo.

Utilizar a Maricarmen para atacar al contrario es fácil. Más difícil es explicar qué se hizo, reconocer qué falló y tomar medidas para que otras personas no pasen por lo mismo. Ahí se distingue el compromiso del oportunismo político: en lo que cambia después de las palabras.

Cuando se deje de hablar de Maricarmen, seguirá habiendo personas que necesiten protección. Lo que se haga por ellas dirá más que todas las acusaciones pronunciadas en su nombre.

Maite Aurrekoetxea Casaus es profesora doctora en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation España e ILEÓN cuenta con permisos de republicación.

La antigua estación de tren de León será el miércoles 14 de octubre escenario de una protesta convocada por varios sindicatos para oponerse al cierre del Centro de Formación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en la capital leonesa. La movilización consistirá en una concentración entre las 10.00 y las 11.00 horas respaldada por Comisiones Obreras, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario, la Confederación de Cuadros y Profesionales y el Sindicato de Circulación Ferroviario.

Fueron también representantes sindicales los que denunciaron a finales del pasado mes de septiembre la determinación de Adif de cerrar el Centro de Formación de León para no afrontar su mantenimiento (arrastra múltiples desperfectos y deficiencias en la instalación eléctrica) y trasladar las clases a Valladolid.

Ahora los sindicatos salen a la calle para mostrar su rechazo a los planes de Adif, que alega que habrá que esperar a la reforma de la Estación Vieja (anunciada el pasado mes de junio con la intención de estar rematada en un plazo de cinco años) para volver a traer el centro a la provincia.

‘Formación hoy, ferrocarril y futuro mañana’ es el lema de la concentración de protesta de los sindicatos, que ya han advertido de que este cierre supone “un nuevo agravio” para el Centro de Formación de Adif en León.

Las personas con problemas de salud mental han aprovechado la víspera del Día Mundial de la Salud Mental para alzar la voz en León y reclamar más recursos asistenciales, una atención “más humana y cercana” y consultas psiquiátricas más frecuentes, al tiempo que han pedido a la sociedad que rompa con los prejuicios y el estigma que aún acompañan a estos trastornos.

“Tu presencia no es el problema”. Con esta frase como eje central de un manifiesto elaborado por usuarios de recursos de salud mental y leído este viernes en la capital leonesa, decenas de participantes han reivindicado una mirada más comprensiva hacia quienes conviven con una enfermedad mental y han denunciado el aislamiento social que siguen sufriendo muchas personas.

La marcha, organizada por el grupo CreAcción Mental con motivo de la Semana de la Salud Mental, ha recorrido el centro de la ciudad desde la glorieta de Guzmán el Bueno hasta el entorno de la Casa Botines, donde se ha dado lectura al manifiesto antes de abrir un espacio para compartir experiencias personales de superación y recuperación.

El texto ha puesto el foco en las dificultades que afrontan quienes padecen un trastorno mental, desde los prejuicios sociales hasta la falta de recursos suficientes para garantizar una atención continuada. También ha advertido de que los problemas de salud mental han aumentado entre los jóvenes en los últimos años y ha apelado a construir una sociedad más empática y consciente de esta realidad.

Antes de la marcha, Mercedes Gutiérrez, educadora del Centro Ocupacional Doña Cinia de Soltra, ha subrayado que la enfermedad mental puede afectar a cualquier persona y ha recordado que no se limita a patologías graves, sino que incluye trastornos tan extendidos como la depresión o la ansiedad.

Una de las reivindicaciones más concretas ha llegado de la mano de Nuria, usuaria del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) del Hospital San Juan de Dios de León, quien ha resumido las necesidades del colectivo en una expresión: “Más recursos”. Entre ellos ha citado más plazas residenciales, hospitales, psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales y profesionales de apoyo que favorezcan la autonomía personal.

Nuria también ha destacado la importancia del acompañamiento recibido durante el duelo por la muerte de su madre y ha pedido apoyo social más allá de jornadas reivindicativas como la celebrada este viernes. “No somos raros, somos como vosotros”, ha afirmado.

Por su parte, la terapeuta ocupacional Alba Laso ha advertido de que, pese a la creciente visibilidad de la salud mental, todavía persisten el miedo y los estigmas asociados a determinados trastornos. Además, ha respaldado una de las principales demandas del manifiesto: reducir el tiempo entre consultas de psiquiatría y salud mental.

Según ha explicado, hay pacientes que son atendidos por su psiquiatra cada seis u ocho meses, una situación que atribuye a la falta de profesionales y que el colectivo considera insuficiente para garantizar un seguimiento adecuado.

El manifiesto también ha reclamado más apoyo psicológico, más investigación para desarrollar tratamientos innovadores y una atención centrada en las personas. Asimismo, ha subrayado el papel de las familias, a las que considera fundamentales en los procesos de recuperación y para las que también ha demandado más apoyo y herramientas.

La jornada ha concluido con un llamamiento de las entidades que integran CreAcción Mental --entre ellas Sacyl, Salud Mental León (Alfaem), el CRPS de San Juan de Dios, Soltra y Aldis- para recordar que la salud mental es una responsabilidad colectiva y que pedir ayuda y generar espacios de escucha contribuye a construir una sociedad más inclusiva.

Varios colectivos de izquierdas convocan una concentración bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada este jueves, 8 de octubre, a las 19.30 horas.

Las estructuras bercianas de Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras, así como Podemos Ponferrada, Alianza Bierzo Cabrera y El Bierzo Antifascista figuran en el cartel como convocantes de la protesta.

“El problema de la vivienda nos afecta a todas y todos, nuestras casas tienen que ser para vivir, no para especular”, señalan a través de las redes sociales las organizaciones convocantes, que enfocan el problema tanto desde el ámbito comarcal como desde el nacional.

Y es que la movilización social levantada por las dificultades de acceso a la vivienda ya ha desencadenado una convocatoria de huelga general (11 de noviembre) y de elecciones anticipadas (29 de noviembre) en España.

Marea Palestina León y la Plataforma León con Palestina han convocado este miércoles 7 de octubre una manifestación en la capital leonesa para reclamar el fin del comercio de armas y de las relaciones con Israel. La movilización partirá a las 19.00 horas desde el IES Juan del Enzina y se enmarca en las protestas promovidas este mes en distintos puntos de España y otros países en apoyo al pueblo palestino.

La convocatoria leonesa se suma a la impulsada por la Red Solidaria Contra la Colonización y la Ocupación de Palestina (RESCOP), integrada a su vez en la iniciativa internacional Global Alliance for Palestine. Según los organizadores, hay movilizaciones previstas en 44 municipios españoles coincidiendo con los tres años transcurridos desde la escalada del conflicto en Gaza en octubre de 2023. Las entidades convocantes reclaman, entre otras medidas, un embargo de armas a Israel.

En León, la marcha recorrerá Ordoño II y La Pícara antes de finalizar en el Teatro El Albéitar. Allí está prevista la proyección del documental 'This is Gaza', dentro del ciclo de Documentales y Derechos Humanos organizado por Amnistía Internacional junto con el Área de Actividades Culturales de la Universidad de León.

Marea Palestina León, que retoma sus actividades coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, ha señalado además que durante la lectura del manifiesto habrá referencias a la resistencia palestina y a activistas que considera represaliados en España, entre ellos los denominados 'los cuatro de Pucela', por las protestas durante el paso de la Vuelta Ciclista en Valladolid.

La organización también anima a la comunidad educativa a participar en las actividades vinculadas a la convocatoria y ha difundido materiales para elaborar cometas y consultar las movilizaciones previstas en otros puntos del país.

Más de setecientos ganaderos de la Región Leonesa (y el resto en la castellana) llevan un año esperando a que la Junta de Castilla y León les pague las ayudas de mejora de estructuras agrarias no productivas, denuncia la Secretaría de Desarrollo Rural y Reto Demográfico de Unión del Pueblo Leonés (UPL). Los leonesistas critican con contundencia la situación que padecen los dueños de las explotaciones ante la incapacidad de la Junta de Castilla y León para resolver en tiempo y forma las ayudas destinadas a crear infraestructuras ganaderas no productivas.

En una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, los leonesistas explican que la convocatoria de estas subvenciones fue publicada el 17 de septiembre de 2025 y recibió más de 1.400 solicitudes en el conjunto de Castilla y León, más de la mitad procedentes de la Región Leonesa. Sin embargo, un año después los ganaderos continúan esperando una respuesta de la Administración.

“Para UPL, lo ocurrido es un nuevo ejemplo del fracaso de la política agraria de la Junta de Castilla y León, donde ”los anuncios, las fotografías y los discursos van por un lado y las necesidades reales de agricultores y ganaderos van por otro. Es especialmente grave que una administración tarde más de doce meses en resolver unas ayudas destinadas a actuaciones tan básicas como cisternas, pozos, sondeos, charcas, pilones y depósitos de almacenamiento de agua“, critican.

“No estamos hablando de proyectos faraónicos ni de inversiones extraordinariamente complejas. Estamos hablando de que un ganadero pueda disponer de una infraestructura que le permita garantizar el abastecimiento de agua a sus animales”, señala UPL. Los leonesistas consideran que esta demora resulta aún más incomprensible después de un verano marcado por altas temperaturas y escasez de precipitaciones, que han reducido las reservas de agua disponibles en muchas explotaciones. “¿De qué sirve que la Junta anuncie ayudas si después las guarda durante un año en un cajón?”, preguntan desde la formación leonesista.

Desde UPL califican lo sucedido como un nuevo fracaso de la política agraria autonómica, donde “los anuncios, las fotografías y los discursos van por un lado y las necesidades reales de agricultores y ganaderos van por otro”.

Los leonesistas consideran especialmente grave la demora de más de doce meses en resolver actuaciones tan elementales como la habilitación de cisternas, pozos, sondeos, charcas, pilones y depósitos de almacenamiento de agua, vitales para el sector tras un verano marcado por las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones. Asimismo, la formación advierte que esta lentitud burocrática asfixia la viabilidad de las explotaciones de ganadería extensiva y frena el relevo generacional, por lo que exige a la Consejería que resuelva de forma inmediata la convocatoria, establezca un calendario público y ponga en marcha un Plan de Infraestructuras Hídricas que frene el modelo de gobernar “a golpe de titular”.

Desde UPL califican lo sucedido como un nuevo fracaso de la política agraria autonómica y advierten que esta lentitud burocrática asfixia la viabilidad de las explotaciones de ganadería extensiva y frena el relevo generacional, por lo que exige a la Consejería que resuelva de forma inmediata la convocatoria, establezca un calendario público y ponga en marcha un Plan de Infraestructuras Hídricas que frene el modelo de gobernar “a golpe de titular”.

En plena reflexión del presidente del Gobierno sobre si mañana convocará Elecciones Generales tras haber votado en contra el PP, junto a Vox y Junts, de los dos decretos de vivienda dedicada al alquiler, el Partido Popular de León ha cargado este fin de semana contra la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber dejado a la provincia “sin un solo piso iniciado” de los cientos prometidos durante los ocho años de mandato socialista.

La formación ha puesto como ejemplo más reciente la decisión de “no utilizar” los terrenos del cuartel de Almansa, en la ciudad de León, para levantar más de 370 viviendas asequibles en suelo del Ministerio de Defensa, una de las piezas clave del plan estatal para dotarse de suelo finalista.

“La última muestra es la decisión de 'no utilizar' los terrenos del cuartel de Almansa, en la ciudad de León, para levantar más de 370 viviendas asequibles en los terrenos de Defensa, una de las propuestas que utilizaba el Gobierno para dotarse de suelo finalista”, critican los populares en una nota de prensa. 

“Esta propuesta, ahora descartada, ya formaba parte del acuerdo alcanzado por el PSOE con la UPL en 2019, acuerdo 'bendecido' por el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y que abrió la puerta al acuerdo de gobierno en la Diputación que se mantiene vigente pese a los reiterados incumplimientos”, continúa el comunicado. 

“Ni siquiera la nueva entidad creada, Casa47, dependiente del Ministerio de Vivienda, para poner en el mercado vivienda asequible tiene en cuenta las necesidades de los leoneses ya que ”no oferta ningún piso“ en la provincia ni ha promovido todavía ninguna promoción, pese a los anuncios de 60 viviendas en Valverde de la Virgen que, por el momento, 'están en diseño”, remachan.

Desde el Ministerio se alegan “diversas afecciones de gestión urbanísticas y de titularidad que impedían su desarrollo urbanístico a corto plazo”, una explicación que los populares consideran insuficiente ante la crisis de acceso a la vivienda.

“La Junta sí apuesta por viviendas de alquiler”, según el PP

“Esta es la realidad: la Junta apuesta por la promoción de viviendas sociales, por facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes a través del alquiler en viviendas públicas y por medio de ayudas directas para los menores de 40 años, mientras que el Gobierno, en ocho años, no ha puesto encima de la mesa nada más que promesas”, remarcan desde el partido.

Para ilustrar lo que consideran diferencias de modelo, los populares han puesto el ejemplo de dos edificios gemelos en Astorga, las antiguas viviendas de los camineros. Uno de ellos, propiedad de la Junta de Castilla y León, recibió una inversión de 1,2 millones de euros para recuperar las viviendas para alquiler joven, que ya están ocupadas.

El otro edificio, propiedad del Gobierno central, “sigue igual, sin restaurar ni adecuar y, lo que es peor, sin proyecto para ello”, denuncian desde el PP, que considera que este contraste resume la distinta prioridad que dan ambas administraciones a la vivienda social.

Más de 400 viviendas 'autonómicas' en la provincia

Frente a lo que califican de 'ausencia' del Gobierno, el PP de León destaca la apuesta de la Junta de Castilla y León en los últimos años para dotar a la provincia de vivienda asequible, con la promoción de más de 400 viviendas para venta y alquiler, algunas de las cuales se van a “poner en el mercado” en breve, como dos promociones en la ciudad de León.

A esto se suma el impulso del programa Rehabitare, que favorece la recuperación de inmuebles de titularidad pública en el medio rural, una línea de trabajo que los populares reivindican “como prueba de que sí existe una política de vivienda en la Administración autonómica”.

Más de 1.500 personas han desafiado este sábado la lluvia para salir a las calles de León y reclamar medidas que garanticen el acceso a una vivienda. La manifestación, convocada por la Asamblea Vivienda León, ha partido de la plaza de Guzmán y ha recorrido el centro de la ciudad hasta San Marcelo bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio', en una jornada marcada por el rechazo, apenas 24 horas antes, de los dos decretos de vivienda en el Congreso. La lluvia ha comenzado a caer de forma notable justo cuando ha comenzado la protesta.

La movilización ha trasladado a León el clima de protesta que se ha extendido por distintas ciudades españolas en las últimas semanas. El detonante más reciente ha sido la caída en el Congreso de los dos reales decretos-ley que incluían medidas de protección para personas vulnerables ante determinados desahucios, prórrogas de contratos de alquiler y otras medidas relacionadas con el acceso a la vivienda. PP, Vox y Junts votaron en contra de las normas, que finalmente no fueron convalidadas.

Durante el recorrido se han escuchado gritos contra el sector inmobiliario, así como contra el Gobierno y su gestión: “Gobierno responsable, rentistas culpables”, “Contra la especulación, expropiación” o “No toleramos ni un desahucio más”.

“La vivienda no es una mercancía”

Al finalizar el recorrido se ha leído un manifiesto en el que la Asamblea Vivienda León ha puesto el foco en el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en la misma casa y cuyo caso se ha convertido en uno de los símbolos de las recientes movilizaciones por la vivienda. El colectivo considera que su situación, junto con la de otras personas afectadas por desahucios, evidencia la dimensión social del problema.

El texto sostiene que la vivienda funciona actualmente “como una mercancía”: las casas se compran, venden y alquilan con el objetivo de obtener rentabilidad mientras las personas que necesitan una vivienda encuentran cada vez más dificultades para pagarla. Además vincula esta situación con el encarecimiento de los alquileres, los desahucios, el endeudamiento y el retraso en la emancipación de los jóvenes.

La Asamblea ha puesto un ejemplo concreto sobre la situación en León: según sus datos, dos de cada tres jóvenes destinan más de un 40% de su salario al alquiler, una situación que, a su juicio, se produce en un contexto de subida de los precios de la vivienda y de salarios que no han evolucionado al mismo ritmo.

Críticas a las administraciones y llamamiento a organizarse

El manifiesto leído durante la marcha también dirige críticas a la Junta de Castilla y León, a la que acusa de no desarrollar las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda y de no declarar zonas tensionadas, “Queremos denunciar públicamente la inacción, la dejadez y el boicot ideológico de la Junta negándose a declarar zonas tensionadas, a perseguir la especulación y el descontrol de los pisos turísticos y a ampliar el parque público de vivienda social ”.

La organización ha defendido además la necesidad de ampliar el parque público de vivienda social, limitar la especulación y abordar el impacto de los pisos turísticos. Su planteamiento pasa por considerar la vivienda como un derecho fundamental y no como un activo destinado prioritariamente a generar rentabilidad.

“El problema no puede reducirse simplemente a que 'faltan viviendas' ”, señalan en el manifiesto para criticar que la propuesta de “Construir más casas no garantiza el acceso a ellas”. Por ello señalan que “la cuestión es quién tiene la propiedad, quién especula y obtiene ingresos de ella”.

La movilización de este sábado ha cerrado con un llamamiento a mantener la organización y continuar las protestas. En el manifiesto, la Asamblea Vivienda León plantea incluso la necesidad de avanzar hacia una huelga general como una de las herramientas de presión social frente a lo que considera una situación de emergencia habitacional. Los sindicatos CCOO y UGT, presentes en la protesta, han dejado abierta la puerta a la convocatoria, una facultad exclusiva de ellos según la Ley.

Para finalizar han reivindicado que “Urge continuar escalando la lucha hacia la completa y real desmercantilización de la vivienda para su reconocimiento como un derecho fundamental”.

Unos 700 sanitarios de los 210 puntos de Atención Continuada y 23 servicios de emergencia de la sanidad de Castilla y León reciben la manutención en sus guardias diarias en la comunidad, unos menús cuya concesión lleva una empresa, de mala calidad y cantidad, y que los usuarios piden que se cambie hacia un modelo de tiques en restaurantes locales o con las cocinas sanitarias con menos uso.

Así se desprende de la encuesta que ha realizado el sindicato a 555 profesionales, con un 97% de descontento, y de un análisis efectuado en 157 centros de toda Castilla y León, que constatan un descontento generalizado con la calidad, conservación y gestión de los alimentos suministrados.

En declaraciones a la Agencia EFE, la coordinadora de la Federación de Sanidad de CCOO en León, Dulcinea Álvarez, ha explicado que el contrato es para 1.200 menús al día para no más de 700 profesionales, aunque ni la mitad recurren a esos menús ya que se llevan las comidas de sus casas por lo que también se preguntan a dónde va a parar ese dinero.

Ese servicio lo llevan las firmas Eurest y Vitarest, y debe renovarse a final de noviembre o principios de diciembre, por lo que CCOO aboga por un cambio de modelo volviendo al antiguo de tiques o acuerdos con restaurantes cercanos, lo que además dinamiza el medio rural, o mediante las cocinas hospitalarias que tengan menos uso, para fomentar el sistema público, o también mediante el pago vía nomina, ha detallado Álvarez.

El análisis realizado por los delegados y delegadas del sindicato en 157 centros ha detectado ensaladas y otros alimentos deteriorados, productos con fechas de caducidad muy próximas, problemas de conservación de la cadena de frío, errores de etiquetado, productos diferentes de los solicitados, falta de agua suficiente y un elevado uso de envases de plástico.

Además, se trata de alimentos mayoritariamente ultraprocesados y con escasa presencia de producto fresco, una situación que considera especialmente contradictoria en un sistema sanitario que promueve hábitos de alimentación saludable entre la población.

La vivienda volverá a ocupar este sábado 3 de octubre las calles de León, con una manifestación convocada por la Asamblea Vivienda León bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio'. La marcha comenzará a las 12 horas en la plaza de Guzmán y recorrerá el centro de la ciudad hasta la plaza de San Marcelo, según la convocatoria difundida por la plataforma.

La movilización se produce un día después de que el Congreso tumbara los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Gobierno. Las normas incluían, entre otras medidas, la suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, mecanismos de protección de los arrendatarios, regulación de la condición de gran tenedor y distintas medidas fiscales vinculadas a la vivienda. El segundo decreto planteaba además la renovación automática de los contratos de alquiler, salvo que el propietario acreditara una causa justificada para no hacerlo.

El rechazo se produjo este viernes en el Congreso después de que Junts mantuviera su decisión de votar en contra, a la que se sumaron el PP y Vox. El resultado dejó sin convalidar ambos decretos y abrió además un nuevo escenario de incertidumbre para la legislatura.

La Asamblea Vivienda León convoca ahora su movilización en un contexto marcado por el debate sobre el acceso a la vivienda, los alquileres y la protección frente a los desahucios. El rechazo de las medidas estatales se produce además después de semanas de movilizaciones por la vivienda en distintas ciudades españolas y de la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid a raíz del caso de Maricarmen.

Los cuatro diputados leoneses, divididos

La votación tuvo también una lectura leonesa. Los cuatro diputados elegidos por la provincia votaron en función de sus respectivos grupos: Ester Muñoz y Silvia Franco, del PP, rechazaron los dos decretos, mientras que Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández, del PSOE, votaron a favor. La votación se realizó por llamamiento, de modo que los parlamentarios tuvieron que expresar públicamente su posición desde sus escaños.

La cara y la cruz se vivieron ayer en Cistierna. El proyecto de planta de biogás promovido por Apaycachana-6 SL en Vidanes, en el polígono industrial de Cistierna, volvió al centro del debate público durante una jornada organizada por la propia empresa bajo el título 'Energías renovables y desarrollo rural'. La cita reunió a más de un centenar de personas y sirvió para que expertos, representantes del sector y promotores defendieran las posibilidades del gas renovable y la economía circular. Pero enfrente y también dentro de la reunión, algunos colectivos vecinales contrarios al proyecto aprovecharon el encuentro para expresar su rechazo y cuestionar algunas de las ventajas expuestas.

La jornada, celebrada en el Hotel Puerta Vadinia de Cistierna, contó con la participación de Antonio Morán, catedrático de la Universidad de León; Marcos Caviró, director de Asuntos Públicos de la Asociación Crecemos; Pedro Ismael Martín, secretario de Innovación, Formación y Cambio Climático de UPA; Jacobo Canseco, jefe de Energías Renovables de Axpo; Carlos Boné, alcalde de Valderrobres; y Elvia Rodríguez, subgerente de Apaycachana.

La empresa sostiene que la modernización de las actuales instalaciones de compostaje para convertirlas en una planta de biogás, como avanzó ILEON en noviembre de 2025, cuando obtuvo el visto bueno ambiental de la Junta, constituye una oportunidad para el sector primario, la actividad industrial y el desarrollo económico de la comarca.

El proyecto plantea tratar 86.000 toneladas anuales de residuos orgánicos para producir alrededor de 6.200 toneladas de biogás al año, además de 11.780 toneladas de fertilizantes sólidos y otras 4.797 de fertilizantes líquidos. Sus promotores lo presentan como una inversión vinculada a la economía circular, destinada a aprovechar residuos para producir energía renovable y fertilizantes, reducir emisiones y generar actividad económica en el territorio.

Durante el encuentro, Antonio Morán defendió la seguridad del proceso de digestión anaerobia y explicó que la futura instalación funcionará, según el diseño presentado, mediante sistemas cerrados, biofiltros y un principio de vertido cero. Desde la organización se aseguró que estas medidas permitirán controlar los olores y evitar afecciones al agua y al suelo. Marcos Caviró destacó, por su parte, la contribución que este tipo de instalaciones puede realizar a la autonomía energética y a la gestión de residuos ganaderos, mientras Jacobo Canseco aseguró que el proyecto lleva más de cinco años de diseño y que busca transformar residuos en energía y valor económico para la comarca.

También intervino el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, para exponer la experiencia de su municipio con una planta de biogás. Según explicó durante la jornada, después de más de dos años de funcionamiento, la instalación ha sido compatible con la actividad ganadera y turística y ha generado actividad económica. La organización utilizó este ejemplo para defender que proyectos de estas características pueden implantarse en entornos rurales sin perjudicar otros sectores económicos.

La otra cara de la moneda

Frente a esta visión, la Plataforma en Defensa de la Vida en la Montaña Oriental Leonesa y la Asociación EslaVIDA organizaron una protesta coincidiendo con la jornada y varios de sus integrantes participaron también en el acto. Ambos colectivos mantienen su oposición a la instalación y consideran que la convocatoria llegó después de que el proyecto hubiera avanzado ya de manera sustancial en su tramitación administrativa. Según su versión, acudieron tanto para hacer visible su rechazo como para conocer directamente los argumentos de la empresa.

Los colectivos críticos cuestionaron además la composición de la mesa de ponentes, al considerar que estaba formada fundamentalmente por personas vinculadas o favorables al sector del biogás y que faltaron especialistas procedentes de ámbitos como el medioambiental, la biología, la geología o la zoología. También denunciaron dificultades para plantear algunas preguntas durante el coloquio y sostienen que no se abordaron suficientemente las consecuencias ambientales y humanas que, a su juicio, podría generar la actividad.

Entre los principales argumentos planteados por los opositores figuran los posibles riesgos sanitarios, ecológicos y medioambientales, así como el impacto que temen que pueda producirse sobre la población y la economía de la comarca. La plataforma defiende que la Montaña Oriental debe apostar por otras alternativas de empleo y desarrollo y considera que la implantación de esta industria puede entrar en conflicto con un modelo turístico basado en el paisaje y el patrimonio natural. También cuestiona la capacidad del proyecto para generar empleo significativo en el territorio.

Uno de los asuntos más reiterados por los vecinos es el de los olores procedentes de las actuales instalaciones de compostaje. EslaVIDA asegura que Vidanes ha sufrido episodios de fuertes olores durante los últimos años y sostiene que este antecedente alimenta la desconfianza sobre el futuro funcionamiento de la planta y sobre el tratamiento de los productos fertilizantes resultantes. Se trata de una denuncia de la asociación que contrasta con la posición expresada durante la jornada por los promotores y expertos invitados, que defienden que el diseño de la nueva instalación contempla sistemas específicos para evitar emisiones de olor.

Adelante

El proyecto dispone ya de una declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León y no recibió alegaciones durante el periodo de información pública, el año pasado. Los organismos consultados durante la tramitación emitieron informes favorables, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Servicio Territorial de Sanidad, aunque este último condiciona la autorización a la formación correspondiente para el manejo de biocidas y productos químicos. La declaración ambiental suma una vigencia de cuatro años, periodo en el que deberá iniciarse la ejecución del proyecto, es decir, antes de 2029.

La jornada de ayer en Cistierna evidenció así las dos posiciones que continúan enfrentadas en torno al futuro de Vidanes: por un lado, una empresa que presenta el biogás como una oportunidad para convertir residuos en energía, atraer inversión y generar actividad dentro de un modelo de economía circular; por otro, una parte de los vecinos que mantiene sus dudas sobre las consecuencias de la instalación y reclama que el desarrollo económico de la Montaña Oriental no comprometa su entorno, su calidad de vida ni otros sectores como el turismo.