Más de 5.000 personas han desafiado este domingo el aguacero en la plaza de los Bandos de Salamanca para pedir más y mejores conexiones ferroviarias para la capital, universitaria y turística (entre ellas la recuperación del tren de la Ruta de la Plata), que siente que no alcanza todo su potencial por falta de comunicaciones, sobre todo con Madrid.

La convocatoria, respaldada por instituciones, partidos políticos y sociedad civil, ha contado con el apoyo del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y presencia de representantes del PSOE pese a las críticas directas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe.

Los manifestantes han agitado pancartas con lemas como 'Renfe, Salamanca no espera', 'Sin Ruta de la Plata, media España cojea' y 'Renfe nos deja en vía muerta'; además, algunos participantes han pedido la dimisión de Puente por lo que consideran un trato injusto a la provincia en materia de comunicaciones.

“Todo el progreso no se puede ver frenado o perjudicado por unas comunicaciones que no estén a la altura de una provincia como la de Salamanca”, recogía el manifiesto de la convocatoria, leído ante los manifestantes por el actor y director teatral salmantino José Antonio Sayagués.

Y agrega: “No solo estamos hablando de poder viajar a otros puntos del país con rapidez y comodidad. Estamos hablando de la hija que no puede venir en un tren directo desde Barcelona a ver a sus padres. Del salmantino emigrado a Madrid al que le gustaría teletrabajar desde su tierra, pero que no tiene frecuencias suficientes”.

Estudiantes internacionales y congresos

El manifiesto ha recordado también el número de estudiantes de español o de expertos internacionales que asisten a congresos y llegan al aeropuerto de Madrid, pero luego deben desplazarse a Salamanca, así como a los empresarios de Béjar o Guijuelo que con mejores conexiones ferroviarias podrían plantearse crecer y, por ende, generar más empleo.

La concentración ha tenido que comenzar media hora más tarde porque justo antes del mediodía, momento de la convocatoria, ha caído una gran tromba de agua sobre Salamanca que ha llegado a hacer temer por la movilización.

En esta ocasión la protesta se ha realizado en la plaza de los Bandos, y no en la plaza Mayor, ya que ahí está instalada estos días la Feria Municipal del Libro, y donde hace dos años más de 15.000 personas protestaron también por la misma causa.

La nueva movilización de Salamanca, que aúna a las principales instituciones y entidades de la capital y la provincia, incluidas las universidades o los sindicatos, se ha convocado después de la supresión el pasado 7 de abril de la conexión directa entre la capital del Tormes y Barcelona.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo (PP), atribuye a la multitudinaria protesta de enero de 2024 que, seis meses después, se recuperara la cuarta frecuencia a Madrid, perdida durante la pandemia, por lo que considera que esta es la vía para que Salamanca tenga el trato ferroviario que necesita.

Unas reclamaciones que crecen

Carbayo ha defendido en el acto institucional que esta es una jornada de reivindicación para toda la ciudad y ha lamentado que las demandas son “cada vez más” en cuanto a las conexiones ferroviarias, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda las reclamaciones de la provincia.

Mañueco no ha tomado la palabra, pero sí ha apoyado la manifestación con su presencia, arropada también por el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro García-Polo, quien ha denunciado la situación de Salamanca en un marco más amplio: “al abandono ferroviario del oeste peninsular”.

Las principales reivindicaciones son la recuperación del tren directo a Barcelona, el incremento de frecuencias del Alvia a Madrid, la mejora de las conexiones con Valladolid, las actuaciones técnicas en la línea hasta Medina, la recuperación del Ruta de la Plata, la conclusión de la electrificación hasta la frontera y que un ramal del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

Una movilización, impulsada por el Sindicato Libre, de los carteros en Bembibre se repetirá cada jueves de mayo hasta que la empresa adopte medidas por el exceso de trabajo que están sufriendo, según ha explicado a la Agencia EFE su portavoz, Judit Carús, que ha asegurado que la plantilla ha quedado reducida a nueve personas de las quince originales tras jubilaciones, bajas y una excedencia.

Carús ha denunciado que la falta de reposición de personal dificulta los repartos, lo que se traduce en una acumulación de correspondencia y retrasos que afectan especialmente a las personas mayores del medio rural, que utilizan menos los medios digitales.

También ha criticado el sistema de organización del reparto, ya que “las cartas se dividen desde Madrid entre carteros sin conocer la realidad de las zonas rurales”, lo que dificulta aún más su labor diaria.

Sin embargo, esta situación no afecta únicamente a la oficina de Correos de esta localidad: según la sindicalista, en Ponferrada también hay una sobrecarga de trabajo por la reducción de la plantilla y los recortes de personal en Fabero pueden repercutir en los trabajadores de Bembibre.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

O miente o adolece de la más mínima transparencia. Esta es la conclusión que de la actitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León extraen un grupo de asociaciones ecologistas de la provincia de León al comprobar cómo el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones niega sistemáticamente el acceso a una información esencial: los supuestos informes técnicos en base a los cuales se ha permitido cazar y el aprovechamiento ganadero en todos los terrenos incendiados el año pasado.

Una permisividad excepcional, tan sólo siete meses después de arder 135.200 hectáreas sólo en la provincia leonesa, cuando su propia Ley de Montes dicta que hay que dejar un período de cinco años, tal y como publicó en primicia ILEÓN.

La denuncia pública la lanzan ahora las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL), quienes censuran con dureza que Medio Ambiente “está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo”, dicen en un comunicado.

Las organizaciones aseguran que han presentado diversas solicitudes formales, al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, para conocer esos presuntos informes técnicos que avalan las polémicas medidas, pero “la Administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregarlos”. Lo mismo le ha ocurrido a ILEÓN, que hace dos meses que reclamó conocer dichos informes, sin ninguna respuesta hasta el momento, tampoco por parte del portavoz del Gobierno de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo.

Llegados a este punto, las asociaciones firmantes “cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes”. Y es que “hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales”.

Resaltan que, en medio de la gravedad de permitir cazar o el pastoreo en zonas dañadas como nunca antes, “el problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado”. Y añaden que la decisión está dañando de manera irreversible “el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen”.

“La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura”, afean.

Las asociaciones firmantes advierten de todo indica que “nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real” y advierten de las graves responsabilidades de la situación porque “podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales”. Por eso, vuelven a exigir “la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este mediodía, durante una concentración ante la Consejería de Sanidad en Valladolid, el cumplimiento “íntegro e inmediato” de los acuerdos relativos al abono de los sábados trabajados para todo el personal del Sacyl, así como una regulación equitativa del tiempo de solape entre profesionales en los cambios de turno.

La movilización, enmarcada en la campaña ‘Todo x tod@s es más sanidad pública’, ha servido para exigir el respeto a los derechos laborales y poner fin a los agravios retributivos dentro del sistema sanitario público.

El presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, ha sido contundente al denunciar la situación. “No vamos a permitir más retrasos ni incumplimientos de los acuerdos firmados. El pago de los sábados no es una concesión, es un derecho reconocido que debe hacerse efectivo ya”, ha afirmado.

Según el sindicato, el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial el 10 de octubre de 2025 contemplaba el abono de los sábados trabajados para todas las categorías profesionales con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y fijaba como fecha límite el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, CSIF denuncia la falta de concreción y garantías en su aplicación.

Además, la organización insiste en que este complemento debe equipararse progresivamente al que se percibe por trabajar en domingos y festivos, como ya ocurre en otros ámbitos de la Junta de Castilla y León, con el fin de evitar desigualdades entre empleados públicos.

El solape, clave en la atención sanitaria

Otro de los puntos centrales de la protesta ha sido la regulación del denominado 'solape', el tiempo destinado a la transmisión de información entre turnos. CSIF considera que este periodo debe reconocerse como trabajo efectivo, al ser esencial para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

En la actualidad, existen diferencias significativas entre categorías profesionales. Mientras el personal de enfermería tiene reconocidas 49 horas anuales, los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) apenas cuentan con 7 horas, una cifra que el sindicato considera insuficiente.

Vega ha subrayado que “la transmisión de información clínica no es un trámite accesorio, sino un pilar fundamental de la atención sanitaria”, y ha advertido de que su falta de regulación adecuada puede suponer riesgos innecesarios para los pacientes.

CSIF también critica que los acuerdos parciales y las decisiones fuera de los órganos de negociación están generando más desigualdad y malestar entre las plantillas.

Por ello, el sindicato reclama el pago retroactivo de los sábados, la fijación de un calendario claro para su abono, la regulación homogénea del solape para todas las categorías y la revisión de las horas reconocidas bajo criterios de equidad.

“Sin condiciones laborales dignas no puede haber una sanidad pública de calidad. Los profesionales no pueden seguir siendo los paganos de la mala planificación”, ha concluido Vega. CSIF advierte de que mantendrá las movilizaciones si no se atienden sus reivindicaciones.

La movilización celebrada este 23 de abril en León, ejerciendo de 'contrafiesta' reivindicativa a la oficial de Castilla y León, se saldó este jueves con un notable éxito de participación al congregar a cientos de personas a lo largo de todo su recorrido por el centro de la ciudad. Convocada con un marcado carácter político y reivindicativo, la marcha puso el acento en la demanda de un futuro propio para la provincia bajo el anhelo de ‘León solo’ para “caminar en libertad”.

La manifestación, que transcurrió en un ambiente muy festivo, con abundante música tradicional leonesa y cientos de banderas, muchas de ellas también de la comarca de El Bierzo, vivió uno de sus momentos más destacados a su paso por la céntrica avenida de Ordoño II, donde la afluencia fue tal que, aunque con cierta dispersión, durante unos minutos estuvo muy cerca de llenarse por completo. El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, con un día de sol y calor que favoreció tanto la asistencia como el seguimiento del acto, entre pancartas, consignas, símbolos leonesistas y alguna que otra reivindicación añadida. Casi en la cabecera, un féretro simbolizaba la situación que los manifestantes consideran que vive León en el actual encaje autonómico.

Entre los asistentes no faltaron caras conocidas de la política y del ámbito social, especialmente vinculadas al leonesismo. Entre ellos destacaron el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez; el exsecretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos; o el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, junto a otros representantes institucionales y de colectivos sociales, y multitud de ciudadanos anónimos.

La jornada concluyó en la Plaza de San Marcelo sin ningún tipo de incidente y con una amplia presencia ciudadana que volvió a situar en el centro del debate la reivindicación de una autonomía propia para León, aprovechando una fecha simbólica que, para los convocantes, refuerza precisamente la necesidad de abrir ese camino político por la vía constitucional.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha llamado a reivindicar la autonomía de la Región Leonesa el próximo 23 de abril, jornada en que celebra el Día de Castilla y León, en una manifestación convocada con ese fin por los colectivos Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista, mientras otros, a su juicio, celebran “una ficción”.

Se trata de la quinta edición de la marcha llamada Caminu la Llibertá, que recorrerá las principales calles del centro de León este jueves para pedir la autonomía para la Región Leonesa y que este año, como novedad, se escenificará con un simulacro de enterramiento del país leonés.

“Este quinto camino recuerda especialmente la necesidad de que León tenga su propia voz y su propia capacidad de decidir en el futuro. Mientras otros celebran una ficción, nosotros reivindicaremos nuestro pasado y nuestro futuro”, ha señalado el regidor en la presentación de la manifestación en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de San Marcelo.

Diez, quien ha avanzado que estará presente en parte de la marcha, ha insistido en que León lleva décadas reclamando “sus deseos de libertad” ante los “oídos sordos” de “quienes pueden hacer realidad esa autonomía”.

El portavoz de Conceyu País Llionés, uno de los colectivos organizadores de la marcha, Carlos González, ha asegurado por su parte la necesidad de salir a la calle para que los leoneses “no se diluyan en una identidad que no es la suya”. Ha avanzado que durante la manifestación se hará “un simulacro de enterramiento del país leonés” aunque también habrá “una voz de esperanza”.

La manifestación coincide con los actos organizados por la Junta de Castilla y León por el Día de la Comunidad Autónoma, unas actividades que el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, ha calificado de “fastos”, censurando también su alto coste. Se refiere por ejemplo a los conciertos programados en la noche de este miércoles en León o Ponferrada, de Omar Montes y Mago de Öz, respectivamente, en víspera del día festivo.

Recorrido

“Por mucho que la Junta gaste en fastos o en fiestas, León no se rinde en su reivindicación por una autonomía a la que tiene derecho”, ha insistido Sendino. Para el portavoz municipal de la UPL, el 23 de abril “será un día no lectivo, inhábil, pero no de fiesta”, porque se trata “de una Comunidad impuesta”.

La manifestación partirá a las 120.00 horas de la avenida de Ordoño II sin afectar al tráfico de la Plaza de Guzmán el Bueno para llegar a la de Santo Domingo y cambiar un poco su recorrido por las obras en la calle Ancha: por eso, girará por la Avenida Independencia, Arco de Ánimas y finalizará en la plaza de San Marcelo, frente al Ayuntamiento de la capital.

El partido político Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha mostrado hoy su apoyo a la convocatoria del V Caminu La Llibertá, la marcha organizada por la Asociación Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista, que tendrá lugar el próximo 23 de abril en la ciudad de León como protesta contra la fiesta de la actual autonomía de Castilla y León.

Un año más, la cita saldrá desde el inicio de Ordoño II, junto a la plaza de Guzmán, y finalizará en la Plaza Mayor, en pleno Casco Histórico, como actividad alternativa a la celebración del Día de Castilla y León.

Desde UPL se ha considerado, a través de un comunicado, que esta convocatoria vuelve a convertirse, cinco años después de su nacimiento, en la verdadera cita reivindicativa de los leoneses en una jornada en la que esta tierra “tiene mucho que decir y mucho que reclamar”.

Frente a una fiesta de Villalar que, según UPL “ni representa a León ni forma parte del sentir de la inmensa mayoría de los leoneses”, y los costosos fastos que organiza el Gobierno de derechas de la Junta de Castilla y León, el Caminu la Llibertá simboliza para ellos “la defensa de lo nuestro, de nuestra identidad, de nuestra autonomía y derecho a decidir sobre el futuro de la Región Leonesa”.

Para los leonesistas, mientras la Junta sigue gastando miles de euros en unos fastos que los leoneses no sienten como propios, León, Zamora y Salamanca continúan sufriendo despoblación, pérdida de servicios, abandono de infraestructuras y una política territorial que convierte la Región Leonesa en “una auténtica tierra de sacrificio”.

El sindicato USO Sanidad Castilla y León ha denunciado públicamente la situación del Hospital de León donde asegura que se está produciendo un “grave deterioro” tanto en la calidad asistencial como en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Entre las principales críticas, la organización señala en un comunicado la eliminación, desde el pasado 31 de marzo, de los refuerzos de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en los turnos de mañana y tarde del Hospital Monte San Isidro. Según detalla, las plantas segunda y tercera atienden a pacientes de edad muy avanzada y con un alto grado de dependencia, en torno al 80%, lo que exige cuidados continuos.

En este contexto, USO considera “irresponsable” la retirada de estos refuerzos, ya que, con la actual dotación -tres TCAE por ala en turno de mañana y dos en el de tarde para 27 pacientes por ala-, se estaría generando un aumento de la carga de trabajo, más estrés laboral y un empeoramiento directo de la atención.

Situación “crítica” en Oncología

El sindicato también advierte de la situación “crítica” del Servicio de Oncología, que, según indica, se encuentra bajo mínimos por la ausencia de especialistas debido a bajas y desplazamientos al Hospital El Bierzo de Ponferrada. Esta circunstancia estaría provocando retrasos, sobrecarga asistencial y un impacto directo en la atención a los pacientes.

Otra de las cuestiones denunciadas es la externalización del servicio de mantenimiento en el Hospital Monte San Isidro. USO sostiene que la sustitución de personal estatutario por una empresa subcontratada supone, en la práctica, una “privatización encubierta” de servicios públicos, y alerta del riesgo de que este tipo de medidas se generalicen.

En el plano organizativo, el sindicato carga contra la gestión del complejo asistencial, que califica de “inadecuada” y marcada por la “parálisis”. Critica, además, la falta de conexión de la gerencia con la realidad asistencial y apunta a la existencia de denuncias internas por presunto acoso laboral.

USO recuerda que la legislación sanitaria vigente obliga a garantizar una atención de calidad, así como la protección de la salud de los trabajadores, y considera que estas condiciones no se están cumpliendo en el Hospital leonés.

Ante esta situación, el sindicato reclama la reposición inmediata de los refuerzos de TCAE, una revisión del funcionamiento del Servicio de Oncología, la reversión de las externalizaciones y una gestión “transparente y centrada en pacientes y profesionales”. Asimismo, solicita el cese de la gerencia de Atención Especializada de León y de la Gerencia de Área.

La denuncia de una “privatización encubierta” en el Hospital de León centra la crítica del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de León, que señala a la parálisis de las bolsas de empleo de mantenimiento como el origen de un progresivo deterioro del servicio. Según el sindicato, la falta de actualización de estas listas, que llevan años sin renovarse, está dejando sin efectivos a categorías básicas y abriendo la puerta a la entrada de empresas privadas.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO de León advierte de que en áreas como albañilería o fontanería ya no queda personal disponible para cubrir bajas o vacaciones, una situación que se extiende también a otros perfiles como electromecánica, conductores, costura o informática. Esta carencia, sostienen, compromete el funcionamiento del Hospital de referencia leonés, especialmente ante la llegada del verano, cuando aumentan las necesidades de sustitución.

Para el sindicato, no se trata de un problema puntual, sino de una estrategia deliberada de la Junta de Castilla y León. CCOO acusa a Sanidad Castilla y León (Sacyl) de propiciar esta falta de personal para justificar la externalización de trabajos a empresas externas, algo que, recuerdan, ya ha ocurrido en el caso de la albañilería. “Se excusan en una supuesta falta de profesionales que ellos mismos provocan”, denuncian.

Además, la organización critica el “muro de silencio” de la dirección de Gestión del Hospital ante las peticiones de reunión para abordar la situación. Su coordinadora en León, Dulcinea Álvarez, considera que esta actitud supone un desprecio tanto al empleo público como a la interlocución sindical.

CCOO califica el escenario de “insostenible” y exige la actualización inmediata de las bolsas de empleo para frenar lo que considera una privatización de facto del mantenimiento en el Hospital de León. De no producirse avances, el sindicato no descarta intensificar la presión en las próximas semanas, advierte en el comunicado.

Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado, aunque por separado en León, el bloqueo de la Consejería de Educación en el desarrollo del acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2025 para la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Ambas organizaciones coinciden en señalar la falta de avances reales y la ausencia de voluntad negociadora por parte de la Administración autonómica.

UGT Enseñanza León ha convocado una concentración de docentes en la sede provincial de Educación para visibilizar el malestar del sector tras un trimestre en el que apenas se ha celebrado una reunión de seguimiento del acuerdo y sin resultados concretos. El sindicato critica que los encuentros mantenidos han sido “meramente formales”, sin propuestas ni calendario de negociación, lo que ha generado una creciente sensación de “engaño y hartazgo” entre el profesorado .

En la misma línea, CCOO Enseñanza León ha iniciado un calendario de concentraciones en la provincia, con protestas en el instituto público Legio VII de León y en el Beatriz Ossorio de Fabero, dentro de una movilización extendida a toda Castilla y León. El sindicato exige el desbloqueo inmediato de las negociaciones y denuncia que la Consejería mantiene paralizadas medidas clave que deberían aplicarse el próximo curso .

Entre las principales reivindicaciones compartidas por ambos sindicatos destacan la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años, el reconocimiento de la función tutorial y una mejora efectiva de la atención a la diversidad, así como la reducción de la carga burocrática y el refuerzo de personal en los centros educativos. En el caso de CCOO, subrayan además que muchas de estas medidas ya se aplican en otras comunidades autónomas, lo que evidencia el retraso de Castilla y León en su implantación .

Las organizaciones sindicales coinciden también en criticar la falta de respuesta de la Administración a las propuestas presentadas hace meses. Según CCOO, la Consejería ha optado por dilatar los plazos sin abordar contenidos reales en las reuniones, mientras que UGT denuncia la inexistencia de planificación y compromisos concretos que permitan avanzar en el acuerdo.

Ante esta situación, ambos sindicatos advierten de que mantendrán e intensificarán las movilizaciones si no se producen avances inmediatos. Mientras UGT llama a la participación del profesorado para defender unas condiciones laborales dignas, CCOO insiste en la necesidad de una respuesta firme y no descarta continuar con protestas, tanto de forma conjunta como en solitario, para forzar el desbloqueo de las negociaciones.

La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca este 13 de abril un nuevo Lunes sin Sol. La concentración, en este caso por el asesinato de una mujer de 44 años, Amaia, en Basauri (Vizcaya), tendrá lugar en la plaza de Botines a las 20.00 horas.

Amaia ya es la decimoquinta mujer asesinada por violencia de género en España en el presente 2026, 1.358 desde que en el año 2003 comenzaron a registrarse las muertes por este delito. Son ya tres el número de menores víctimas mortales por violencia vicaria, un total de 68 desde que comenzaron a contabilizarse en el año 2013.

La Plataforma contra la Violencia Machista de León suma ya 627 convocatorias de los Lunes sin Sol desde la implantación en 2005 de esta protesta, que se programa siempre que en los siete días anteriores al lunes una mujer haya sido asesinada por un hombre por violencia de género. La concentración está abierta a la participación de la ciudadanía para mostrar su repulsa.

Los grupos leonesistas Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista han convocado para el próximo 23 de abril, Día de la Comunidad de Castilla y León, el V 'Caminu la Llibertá', para reivindicar la autonomía leonesa. La marcha partirá a las 12.00 horas en Ordoño II, junto a la plaza de Guzmán, para terminar en la Plaza Mayor.

En esta quinta edición, la movilización pone el foco en la defensa del territorio frente a iniciativas que consideran perjudiciales para la provincia y Conceyu País Llionés muestra su rechazo a que León se convierta en “tierra de sacrificio” o “colonia a esquilmar”.

La organización denuncia que muchos de los proyectos que consideran dañinos —como parques eólicos o solares en zonas sensibles, macrogranjas, plantas de biogás o vertidos— son impulsados desde la administración autonómica en este territorio.

Al mismo tiempo, cuestionan el uso de la figura de “proyectos de interés regional”, planteando a qué territorio benefician realmente dentro de la actual comunidad autónoma.

En su comunicado, Conceyu País Llionés hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales a participar en esta jornada reivindicativa.

Entre ellas, destacan las iniciativas en defensa del ferrocarril, como la mejora de Feve y su llegada al centro de León, la reapertura de la Ruta de la Plata, el impulso del corredor atlántico o el desarrollo de infraestructuras logísticas como Torneros, los puertos secos en León y Ponferrada o las plataformas de Astorga y La Bañeza.

La Plataforma en Defensa de Feve en León ha solicitado a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de León la inclusión de la línea hoy denominada Renfe Cercanías León, entre la estación de Padre Isla y Garrafe de Torío, en la futura tarjeta del Consorcio de Transportes del Área Funcional Estable de León que se acaba de poner en marcha y culminará en dos años.

Esta actuación que persigue unificar el sistema de transporte público del área metropolitana a partir de 2028, según ha recordado este jueves en una nota de prensa, tras la reunión preparatoria de ayer con presencia del consejero de Movilidad, José Luis Sanz, y el alcalde de León, José Antonio Diez, en la que hubo muy pocos detalles concretos.

La plataforma ha reclamado que este servicio ferroviario forme parte del nuevo abono del Consorcio con el objetivo de integrar bajo una misma y futura tarjeta -no la de Buscyl para transporte gratuito- todos los modos de transporte público del área leonesa y facilitar así la movilidad cotidiana de los usuarios, eliminando duplicidades y mejorando la intermodalidad.

En este sentido, ha recordado que la incorporación del tren de cercanías no impediría seguir utilizando los títulos de transporte propios de Renfe ni los abonos puntuales. “La inclusión del tren de Feve en el Consorcio permitiría una verdadera integración del transporte público, como ya ocurre en otras ciudades españolas”, ha apuntado la plataforma.

De este modo, ha puesto como ejemplo modelos ya implantados en Zaragoza, con la Tarjeta Lazo, o en Madrid, donde un único abono da acceso a autobuses, metro y cercanías ferroviarias, recoge Efe.

En este sentido, la Plataforma en Defensa de Feve ha insistido en que es necesaria la iniciativa de la Junta de Castilla y León para abrir negociaciones con Renfe y hacer viable la integración prometida hace 14 años para el tramo urbano de la capital y todavía si el regreso a la estación de Matallana de tren o tranvía alguno. Un proceso que consideran técnicamente posible y políticamente asumible si existe voluntad institucional, remarcan.

Opinión contraria: la Junta es la competente

La Plataforma ha venido a replicar, y contradecir públicamente, al consejero de la Junta, que ayer dijo que la competencia exclusiva de la integración y de la gestión de la línea de la antigua Feve es competencia del Gobirno central, a través de Adif y de Renfe, dejando sólo la puerta abierta a que la administración autonómica arrime el hombro como colaboradora, siempre que lo hagan el resto de instituciones, como la Diputación, remarcó Sanz.

Sin embargo, según el colectivo, esta actuación es competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León, al tratarse de un servicio que discurre íntegramente dentro de la Comunidad autónoma. En concreto, se remiten al artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para respaldar esta demanda y reclama a la administración autonómica que lidere los contactos tanto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como con Renfe para desbloquear una situación que califican de “pendiente desde hace años”.

En este contexto, la plataforma también ha demandado al Ministerio de Transportes diálogo y voluntad política para culminar la integración hasta Padre Isla y permitir que el tren-tram puedan circular sin interrupciones, cumpliendo así con el planteamiento inicial del proyecto ferroviario, firmado en 2010.

Asimismo, ha precisado que tanto la Junta como el Ayuntamiento de León tienen a su disposición grupos de apoyo técnico y jurídico para colaborar en la búsqueda de soluciones, como las tres opciones ya por ellos planteadas, y siempre lideradas por la Junta.

Insistiendo en la protesta semanal

En concreto, ha mencionado al grupo de asesoramiento técnico-jurídico y al Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria (GIIF) de la Universidad Politécnica de Valencia, que se ofrecen a participar en cualquier grupo de trabajo público o privado que se constituya al respecto.

Por último, la Plataforma en Defensa de Feve ha vuelto a convocar a la ciudadanía leonesa a participar en un corte simbólico de la avenida Padre Isla, a la altura de la estación, como gesto reivindicativo a favor de la plena integración del ferrocarril en el sistema de transporte público de la ciudad. La protesta está prevista, como cada sábado, entre las 13.30 y las 14.00 horas.

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La Coordinadora No a la Guerra, no a la OTAN de León organiza este sábado una jornada abierta al público para analizar el contexto internacional y el papel de la juventud frente al militarismo y los conflictos actuales.

León será escenario el próximo sábado, 11 de abril, de una jornada de análisis y debate en torno a la situación internacional bajo el título ‘Por la paz y la resistencia de los pueblos’. La iniciativa, organizada por la Coordinadora No a la guerra, no a la OTAN de León, tendrá lugar en el Instituto Leonés de Cultura, en la Sala Región (calle Santa Nonia, 3), y está abierta a toda la ciudadanía.

El encuentro se dividirá en dos bloques. Por la mañana, a las 12.00 horas, la periodista y analista política Helena Menéndez ofrecerá la conferencia ‘Imperialismo y geopolítica hoy: guerras, saqueos y resistencias’, centrada en el análisis de los conflictos actuales y sus implicaciones globales. A continuación, entre las 13.00 y las 14.00 horas, se abrirá un espacio de debate con participación del público.

La programación continuará por la tarde, a partir de las 17.00 horas, con la charla-coloquio ‘Una mirada de la juventud ante el imperialismo y la guerra’, en la que intervendrán representantes de distintos colectivos juveniles sociales y políticos.

Durante esta sesión se abordarán cuestiones como el aumento del militarismo, el papel de la OTAN o la ofensiva imperialista, así como las posibilidades de articular respuestas unitarias desde la juventud organizada. La actividad concluirá con un turno de debate abierto.

Según la organización, el objetivo de la jornada es generar un espacio de reflexión colectiva y fomentar la articulación de respuestas sociales y políticas frente a la guerra y el papel de la OTAN en el contexto actual. El evento se cerrará con la actuación de Rodrigo Martínez, intérprete de raíces leonesas, que pondrá el broche cultural a la jornada.

La Diputación de León asegura que ha comenzado ya, por fin, la labor de la prometida Oficina de Expropiaciones para iniciar los trámites que permitan disponer de los terrenos para el arreglo urgente de la carretera LE-5523 en Antimio de Arriba (municipio de Chozas de Abajo), como exige una Plataforma vecinal desde hace meses.

Así lo ha transmitido el vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, perteneciente a Union del Pueblo Leonés (UPL), que ha mantenido este martes una reunión con la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina, María Villagrasa, el alcalde de Chozas de Abajo, Santiago Jorge Santos, y los representantes de la Junta Vecinal de Antimio de Arriba, impulsores y miembros de la Plataforma.

Durante el encuentro, Aller les ha explicado cuál es el estado de las actuaciones que se están llevando a cabo desde la institución provincial para poder realizar las obras de mejora que necesita carretera provincial LE-5523 de Armunia por Villacedré y Santovenia de la Valdoncina hasta Antimio de Arriba.

Así, el vicepresidente de la Diputación ha reiterado que la recién creada Oficina de Expropiaciones es “una iniciativa que hemos puesto en marcha para poder solucionar los problemas a los que muchas veces se enfrentan los ayuntamientos para llevar a cabo las expropiaciones necesarias para realizar las obras de mejora tan necesarias”, explican en una nota de prensa.

Aller ha trasladado a los representantes municipales que ya se están llevando a cabo los trámites necesarios para poder realizar las expropiaciones; sin embargo, ha querido recordar que “estos trámites llevan tiempo, aunque nosotros realizamos un gran esfuerzo por mejorar ésta y todas las vías de la provincia”. Desde el área de Infraestructuras se calcula que se pueda contar con los terrenos “durante este verano”.

En este sentido, Aller ha afirmado que “en cuanto esto esté solucionado, podremos poner en marcha las actuaciones programadas para garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía”.

Quejas, protestas y habituales accidentes

Los usuarios de la carretera llevan meses de quejas y también organizando protestas, exigiendo el cumplimiento político del compromiso de que la Oficina de Expropiaciones realice las complejas gestiones para disponer de los terrenos que muchos ayuntamientos pequeños no pueden asumir, al menos sin graves retrasos. Y es que los conductores y vecinos de muchos de los pueblos afectados denunciaban el estado altamente peligroso de un vial que efectivamente se cobra víctimas cada poco tiempo, como ocurrió sin ir más lejos hace apenas una semana en la LE-5523, según certificó el 1-1-2, una salida de vía de un turismo que dejó una mujer de 86 años herida y con traslado al Hospital de León.

Unas cien personas han protestado hoy en Botines para condenar condenar la agresión que sufrió en La Bañeza la joven Bianca, subrayando que “las personas transexuales no pueden ser percibidas como una provocación”.

“Existir no es una provocación, es un derecho”, ha afirmado en declaraciones a los periodistas Juan Sebastián Cuatín, miembro de la junta directiva de la asociación Awen LGTBI de León, la organizadora de la concentración, que tiene lugar horas después de la detención de seis mujeres como supuestas responsables de la agresión.

El motivo de la protesta era llamar la atención sobre la violencia que sufre la comunidad LGTBI, en especial las personas trans como Bianca, y también exigir a la Junta de Castilla y León que apruebe la ley de protección al colectivo.

“Castilla y León es la única comunidad autónoma de España sin una ley que proteja al colectivo LGTBI”, ha insistido por su parte Anso Trigueiro, miembro de la misma asociación.

La concentración ha servido también para animar a otras personas que, como Bianca, hayan sufrido alguna vez algún tipo de agresión a que no se queden calladas.

“Muchas violencias, abusos, insultos... no salen a la luz pública. La agresión sufrida por Bianca es un evento recurrente. Es imperdonable. No se debe dejar pasar”, han añadido.

Los manifestantes han lamentado el daño físico y psicológico “con secuelas difíciles de superar” en el caso concreto de Bianca, para quien han confiado que se haga justicia lo más pronto posible.

La concentración se ha celebrado unas horas después de conocerse la detención de cinco mujeres de entre 18 y 24 años por la agresión a Bianca, a quienes se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima, Bianca Lizbeth Fernández -actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora-, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula a consecuencia de esa agresión que se produjo el domingo en un local de ocio de La Bañeza (León).

Un Viernes de Dolores más, la salida de La Dolorosa, popularmente conocida como 'La Morenica', por las puertas de la iglesia del Mercado de León, marcará el inicio de la Semana Santa. Y un Viernes de Dolores más sólo los hombres coparán el protagonismo de la venerada figura, únicamente ellos podrán estar a su lado, sólo la pujarán quieren tengan sexo masculino.

No se trata de una decisión marcada por los siglos, porque esta procesión no es tan antigua. Tampoco está escrito en ningún lado. No hay estatuto alguno que lo sustente, porque la decisión recae en la parroquia de Nuestra Señora del Mercado, junto a la Plaza del Grano, dado que, excepcionalmente en este caso, la organización no corresponde a ninguna cofradía. Y sin embargo, un viernes más, las mujeres quedarán relegadas a la última fina de la procesión, sólo admitidas si desfilan como manolas o portan una vela en la cola de la comitiva.

Se trata de una situación que, no una sino muchas mujeres, en pleno siglo XXI, ya no comprenden. Y están dispuestas a dar la batalla por la igualdad. Porque dicen estar “hartas de ser tratadas como un rebaño, a varazos, a escobazos” por un encabezonamiento del que culpan, con nombre y apellidos, al párroco del Mercado, el cada vez más conocido Manuel Fláker. Tan conocido que precisamente hoy 27 de marzo de 2026 será homenajeado por la Cámara de Comercio de León como 'Personaje Singular de la Semana Santa'. Y esto ha sido también un poco la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de las mujeres que llevan años esperando un aperturismo básico de la parroquia leonesa, una de las más antiguas de la ciudad.

Hombres que “lo han capitalizado”

La situación es la siguiente: la tradición dicta que el paso de La Dolorosa lo pujen los llamados oficialmente 'Mozos del Mercado', es decir, vecinos y bautizados -imprescindible- en esta iglesia del siglo XI, Monumento Nacional, ante la que pasa el Camino de Santiago Francés. Sin embargo, en un barrio del Casco Histórico donde la población disminuye, no hace tantos años que faltaban brazos para alzar a La Morenica en la procesión inaugural de la Semana Santa. Y don Enrique, el histórico y muy añorado párroco del Mercado, pidió ayuda a braceros de la vecina iglesia de Santa Nonia. “Muchos no están arraigados aquí, ni bautizados ni nada, pero llegaron para quedarse”, lo han “capitalizado” y actúan “como si fuera suyo”, lamentan las mujeres. Con la anuencia del párroco y el silencio cómplice del Obispado de León, que ante cualquier queja o petición “siempre tira para abajo”: “No sabemos qué hace”.

Basta acudir un Viernes de Dolores como el de hoy para ver la escena: sólo hombres dentro de la iglesia en los momentos previos. Únicamente rostros masculinos alrededor de La Dolorosa -es de las pocas procesiones en que los 'papones' van a cara descubierta- cuando sale, lo que hace que cada año se den cita, “al postureo”, conocidas autoridades, concejales y exediles, altos responables de instituciones, consejeros autonómicos e incluso hasta el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o el de las Cortes, Carlos Pollán. Todos los 'ilustres' hombres dan relevos para pujar el paso, que en todo su recorrido sólo cuenta con hombros de varones.

Ellas, cuyo número de devotas no desciende, al contrario, participando “todo el año en todos los actos, encargándonos siempre de todo”, han visto con cierta indignación cómo siguen siendo “el último mono” en el momento central, el de la procesión del Viernes de Dolores. “Todas detrás del chico del bombo”, resume gráficamente una de ellas su posición eternamente relegada.

Bueno, eternamente no. Hubo una excepción. En el histórico momento de la coronación canónica de 2023 a la Virgen, incluyendo un subterfugio para que el Ayuntamiento la otorgara la Medalla de Oro de la ciudad, alguna recuerda con lágrimas en los ojos que les dejaron participar fugazmente en “una tirada” del paso, “un trozo” de los pocos metros que mide la calle hoy llamada de la Policía Nacional, entonces todavía General Lafuente en honor al golpista y responsable de cientos de fusilamientos a partir de 1936. “Ocurrió muy a escondidas, avisando por detrás, casi en los bares”, rememoran. Y aún así se quedan con el recuerdo de “toda la calle aplaudiendo y llorando” y con el apoyo que encontraron en no pocos mozos, que las hicieron en hueco entre las andas, como uno más, demostrando que no había dificultad alguna.

Rosas y un mensaje anónimo de “las futuras mozas del Mercado”

Parecía así romperse para siempre la brecha, abrirse a que las 'Mozas del Mercado' tuvieran el protagonismo que venían reclamando años atrás. Por ejemplo, cuando en 2021 un nutrido grupo de ellas registraran en el Obispado peticiones formales de participación activa en la procesión del Viernes. Sin éxito. O cuando anónimas manos femeninas ataron un ramo de rosas en la puerta de la parroquia, cerrada por las restricciones de la pandemia, para decir a la Virgen que no la olvidaban, junto a una nota firmada que expresaba sus sueños: “Las futuras mozas del Mercado”.

Nada de eso ha surtido efecto. Siguen vetadas. Incluso en reuniones con Fláker “nos sentimos humilladas cuando, por ejemplo, a nosotras sí nos vino a rebuscar en las partidas de bautismo, nos exigen hasta la sangre... y a otros tantos nada de nada”.

La polémica está en el aire. Literalmente. En último podcast 'La voz del papón', de La Nueva Crónica (disponible aquí), publicado en vísperas del inicio de la Pasión, el párroco tuvo que responder a esta creciente pero desoída reivindicación femenina. “Yo no me he opuesto nunca pero es verdad que estoy dando una moratoria. Les he dicho que si consiguiéramos 60 mujeres, para hacer tiradas de hombres y de mujeres, pues sería interesante, pero no las hay, sólo hay unas veintitantas anotadas”, argumenta.

Fláker: “En la puja mixta se va muy apretado”

Y aduce que “a mí no me gusta mucho la puja mixta -intercalando hombres y mujeres- porque se va muy apretado”, llega a excusar, además de que “hay a braceros que sí, pero braceros que no terminan de verlo”. Ellas replican que no sólo en 2023 se demostró que la puja mixta de La Dolorosa no es problema alguno sino que la inmensa mayoría de las procesiones y cofradías de León las realizan.

Fláker añade otro argumento: “Tengo que ser justo, tenemos un listado de ciento y pico personas, hombres, que llevan 20 años esperando (para pujar el paso) y quiero una moratoria para ir metiendo poco a poco (a las mujeres)”. “O sea, tarde o temprano van a empujar”, concluye el sacerdote. Sobre eso, las 'mozas' tampoco se callan: “Él dice que hay braceros titulares -sabemos que algunos ha fallecido, porque las listas no se limpian-, luego suplentes, después aspirantes a suplentes; y sólo después vamos nosotras”.

Por último, el párroco admite que hay novedades de actualidad que podrían hacer repensarlo todo: “Con el tema de Sagunto habrá que ver también”, en referencia al expediente abierto por el Gobierno para retirar a la localidad valenciana el Interés Turístico Nacional por negarse una cofradía masculina a incluir en igualdad de condiciones a la mujeres que lo están solicitando. Un caso que, de aplicarse en León, sería aún más grave, porque aquí hay cinco cofradías en esa situación -una de ellas, María del Dulce Nombre, exclusivamente femenina- y el reconocimiento de León es de Interés Turístico Internacional.

Un personaje singular y controvertido

Hay que recordar que, a raíz de la muerte de don Enrique, Enrique García Centeno en 2017, Manuel Fláker ha sido noticia por muy diversos motivos en los últimos años en León. Es ensalzado por unos, por ejemplo por el gran auge que ha cogido la parroquia al abrirse masivamente al movimiento neocatecumenal, popularmente conocido como 'Los Kikos', por su fundador, el leonés Kiko Argüello. Y criticado por otros, por eso mismo o ciertas polémicas como el derribo de la antigua 'Casa del Cura' frente a la iglesia, el corte sin permiso municipal de una calle aledaña durante años sin que constara autorización oficial, o la amenaza de Patrimonio de la Junta por clavar propaganda en la fachada de la iglesia protegida mientras pedía dinero para restaurarla.

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno definitivo a Pascual para explotar agua mineral natural del sondeo ‘Jamuz’, en Quintana y Congosto, y embotellarla bajo la marca ‘Bezoya Jamuz’. La resolución, publicada este jueves en el Bocyl, culmina un proceso iniciado en 2021 y autoriza la primera fase de la planta impulsada por la sociedad Sierra de Lobos S.L.

El proyecto permite extraer hasta 500.000 metros cúbicos al año, es decir, 500 millones de litros, con un caudal de hasta 40 litros por segundo. En la práctica, supone un consumo diario de unos 1,37 millones de litros, equivalente al gasto doméstico anual de más de 10.000 personas.

La inversión inicial supera los 21,5 millones de euros y se basa en un sondeo de más de 60 metros de profundidad con varias líneas de embotellado. El plan completo prevé hasta tres fases y podría duplicar la extracción de agua en el futuro, aunque cualquier ampliación queda condicionada a que no haya afecciones sobre el acuífero.

Durante la tramitación, y a preguntas de ILEÓN cuando el proyecto aún estaba en fase administrativa, desde el grupo empresarial responsable de marcas como Leche Pascual señalaban que “hemos iniciado un proyecto de prospección de un manantial en la provincia de León”, subrayando que se trataba de un proceso “sujeto al habitual proceso de la autorización administrativa”. Entonces, la compañía lo definía como “una posibilidad de futuro, de medio o largo plazo”, y aseguraba que “aún no tenemos una posición definitiva tomada”, al encontrarse en fase de estudio.

Fuerte oposición social

La autorización llega tras una tramitación marcada por la contestación social. Se registraron más de 700 alegaciones formales, por parte de asociaciones ecologistas y plataformas vecinales.

Organizaciones como Ecologistas en Acción y Amigos del Valle del Jamuz han alertado del riesgo de “reducción considerable de los recursos hídricos” y de su impacto en el abastecimiento, la agricultura y la ganadería.

También cuestionan el perímetro de protección del acuífero, que afecta a miles de hectáreas y permitiría limitar usos en fincas privadas, lo que consideran una “hipoteca” sobre el territorio.

Más incertidumbre tras los incendios

El expediente incorpora además un elemento añadido de preocupación: el impacto de los incendios forestales de 2025 sobre el acuífero. La Confederación Hidrográfica del Duero emitió un informe específico en octubre de este pasado año, en plena tramitación, sobre posibles afecciones en la provincia.

Desde el punto de vista técnico, la Junta respalda el proyecto con informes de la propia Confederación y del Instituto Geológico y Minero de España, que avalan la compatibilidad de esta primera fase con el Plan Hidrológico, aunque con condiciones.

Entre ellas, un seguimiento del acuífero durante al menos un año, controles periódicos de caudal y presión y la obligación de no afectar a abastecimientos ni a zonas sensibles.

Sin evaluación ambiental

El expediente descartó la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, aunque impone medidas de control y obliga a realizar un nuevo estudio hidrogeológico tras el primer año para evaluar la evolución del acuífero.

Las críticas, sin embargo, también alcanzan al modelo de negocio. Colectivos opositores advierten de la huella hídrica añadida del agua embotellada, especialmente por la fabricación de envases de plástico.

Pese a todo, la Junta ha dado luz verde al proyecto al considerar acreditada su viabilidad técnica y legal. La planta arranca ahora con límites y vigilancia, pero en un contexto de fuerte controversia social y debate sobre el uso intensivo del agua en el medio rural leonés.