La polémica por la reorganización de aulas con la que arranca el curso escolar en la provincia de León suma un nuevo frente en El Bierzo. Las familias del CEIP Valladares Rodríguez de Toreno se concentrarán este miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases, para reclamar a la Junta de Castilla y León que dé marcha atrás en la eliminación de un aula de Educación Infantil. El AMPA exige expresamente que Educación aplique en su colegio la misma solución que acaba de adoptar en Vega de Espinareda tras las protestas de las familias.

La movilización está convocada a las 9.30 horas frente al CEIP Valladares Rodríguez, bajo el lema ‘Concentración por la educación de nuestros niños y niñas. No al cierre del aula de Infantil’. La asociación llama a participar a familias, vecinos y al conjunto de la comunidad educativa para intentar evitar una decisión que, según advierte, supondrá disponer de menos recursos y puede acabar provocando también pérdida de alumnado y profesorado.

El AMPA asegura que ya había trasladado al Ayuntamiento de Toreno su oposición a la supresión y que desde el primer momento ha defendido la necesidad de conservar los recursos educativos del centro. Reconoce que “diferentes circunstancias ajenas a su voluntad” han retrasado algunas actuaciones y respuestas, pero considera que eso no puede impedir que Educación estudie ahora su reclamación.

Las familias ponen especialmente el foco en lo sucedido en Vega de Espinareda. Allí, el AMPA del CEIP Piñera había convocado para este miércoles una concentración contra la intención de unificar primero y segundo de Infantil, pero la protesta fue desconvocada este lunes después de que Educación comunicara finalmente que ambos cursos permanecerán separados.

La rectificación llegó a solo dos días del comienzo de las clases, después de las reclamaciones de las familias y cuando la movilización ya estaba convocada. En el Piñera hay cinco alumnos matriculados en uno de los cursos afectados y siete en el otro, y las familias habían advertido también de la presencia de un alumno con necesidades especiales. La Dirección Provincial había justificado inicialmente la reorganización porque el número de escolares no alcanzaba el mínimo establecido para mantener tres unidades de Infantil, pero finalmente dio marcha atrás.

Ese desenlace es precisamente el que ahora reivindica Toreno. El AMPA del Valladares Rodríguez sostiene que ambos casos presentan “importantes similitudes” y considera que la solución de Vega de Espinareda debe sentar un precedente para otros colegios que se encuentren en circunstancias semejantes. “No sería comprensible”, sostiene la asociación, que un centro obtenga una solución favorable y esta no pueda extenderse a otro en una situación similar. Por ello pide a Educación que estudie específicamente las circunstancias del colegio y garantice “la igualdad de trato entre centros”.

Un inicio de curso marcado por las rectificaciones

El conflicto de Toreno se suma a una lista de problemas al arranque del curso 2026/2027. La Junta ya ha rectificado algunas de sus previsiones iniciales después de las protestas de las comunidades educativas, aunque no todas las reclamaciones han tenido el mismo resultado.

Además de Vega de Espinareda, Educación modificó sus planes en Noceda del Bierzo, donde inicialmente se planteaba agrupar en una única aula a diez alumnos de entre 3 y 10 años, correspondientes a seis cursos diferentes. Finalmente se garantizaron dos aulas. Según UGT, también se ha revertido la eliminación inicialmente prevista de un aula del CEIP Las Alamedas de Dehesas.

La situación es diferente en Santalla del Bierzo, cuya escuela, integrada en el CRA de Carucedo, ha cerrado después de la supresión de una unidad. Las familias reclaman que al menos se mantenga a jornada completa un profesor de apoyo y UGT ha denunciado que las ratios empleadas para organizar los centros no tienen suficientemente en cuenta las particularidades de la escuela rural, las aulas multinivel o el alumnado con necesidades educativas especiales.

El nuevo conflicto aparece, además, mientras la Junta sigue sin haber ofrecido un balance provincial detallado de los cambios de aulas, unidades y recursos con los que comienza el curso en León. ILEÓN ha solicitado esos datos en dos ocasiones. La primera, al portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, que remitió a la posterior comparecencia de la consejera de Educación. Como aquella rueda de prensa no ofreció un desglose provincial, este medio volvió a reclamarlos y fue emplazado a la comparecencia que ofrecerá esta semana el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ya con el curso iniciado.

La oposición vecinal al proyecto de planta de biometano y fertilizantes promovido por Apiolae SL en el municipio leonés de Val de San Lorenzo ha superado las 850 firmas en una petición ciudadana que reclama la paralización de la instalación, que prevé tratar 223.000 toneladas anuales de residuos orgánicos en la comarca leonesa de la Maragatería.

La iniciativa, difundida a través de la plataforma Change.org y acompañada de una campaña de alegaciones durante el periodo de información pública, denuncia el impacto que podría tener la planta sobre el territorio y advierte del riesgo de que la comarca se convierta en un polo receptor de residuos procedentes de otros lugares.

Según recoge la petición ciudadana, el proyecto contempla el tratamiento de unas 223.500 toneladas anuales de residuos, entre ellos 120.000 toneladas de purines de cerdo, 41.000 toneladas de estiércol bovino, 33.000 toneladas de estiércol ovino, 30.000 toneladas de gallinaza y 9.500 toneladas de estiércol porcino.

Los promotores de la campaña sostienen que estas cifras equivalen a más de 600 toneladas diarias de residuos y alertan de las consecuencias que podrían derivarse para una comarca conocida por su patrimonio cultural, paisajístico y turístico y estrechamente vinculada al Camino de Santiago.

La movilización ha trascendido ya el ámbito de Val de San Lorenzo y se ha extendido a otros municipios de la zona y a la cercana ciudad de Astorga, donde colectivos vecinales han iniciado acciones informativas para explicar los detalles de la iniciativa empresarial y fomentar la presentación de alegaciones.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los vecinos figuran el aumento del tráfico pesado asociado al transporte de residuos, los posibles problemas de olores y la gestión posterior del digestato, el subproducto generado tras el proceso de digestión anaerobia.

“Efecto llamada” para nuevas infraestructuras

Los impulsores de la petición subrayan además que el proyecto llega en un contexto en el que también se plantean otras instalaciones relacionadas con el tratamiento de residuos y la producción de energía renovable, entre ellas, proyectos de biogás y de lodos, una circunstancia que, a su juicio, podría provocar un “efecto llamada” para nuevas infraestructuras de este tipo en la zona.

La petición se dirige a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, al Ayuntamiento de Santiago Millas y al Ayuntamiento de Astorga, a quienes solicita que tengan en cuenta las objeciones planteadas por los vecinos antes de adoptar cualquier decisión sobre la instalación.

La campaña continuará esta semana con una charla informativa convocada para el próximo jueves 10 de septiembre a las 20.00 horas en el local de La Unión, en Val de San Lorenzo. Los organizadores pretenden explicar a vecinos y colectivos los detalles de la instalación proyectada, así como resolver dudas sobre sus posibles repercusiones ambientales, económicas y sociales en la comarca.

Las fiestas de San Froilán en León capital son, con diferencia, las más queridas por el pueblo y las de mayor participación también de la provincia, por basarse en puras tradiciones, a pesar de que su concepción actual apenas tenga en realidad más de medio siglo tal y como la conocemos.

Pero detrás de su entrañable éxito, que hace que cada vez participen más localidades rurales leonesas en los actos centrales los desfiles de pendones y de carros engalanados, surgen también problemas y desencuentros que este año han estallado como nunca, a pocos días de las celebraciones, el domingo 4 de octubre. Y es que dos de las imágenes más reconocibles del gran domingo festivo de la capital leonesa mantienen abiertos sendos conflictos con el Ayuntamiento de la capital.

Por un lado, representantes de decenas de localidades, como por ejemplo de manera unánime 39 pueblos vinculados al entorno de La Virgen del Castro, en Castrotierra, han hecho público un comunicado conjunto en el que expresan su “más absoluto enfado, descontento y desacuerdo” con las nuevas indicaciones sobre la indumentaria de quienes participen en el desfile de pendones de San Froilán en la mañana del domingo. Rechazan especialmente que se establezca una imagen común para los participantes y exigen la retirada de lo que consideran una normativa de uniformidad.

El origen de la polémica se encuentra en la indicación municipal leonesa que señala, por primer año, que la indumentaria debe ser acorde con el evento y sugiere el uso del traje regional tradicional. Para quienes no dispongan de él, se plantea como alternativa acudir con pantalón negro, camisa blanca y calzado oscuro, además de fajín en el caso de los hombres.

Sin embargo, los pueblos firmantes entienden que esa directriz supone mucho más que una simple recomendación estética. En su comunicado denuncian una “imposición arbitraria”, que consideran innecesaria y sin base práctica, y sostienen que puede convertir a los grupos de pendoneros en “un grupo sin identidad propia”. Y es que históricamente cada pueblo ha mantenido libertad para identificar a sus participantes mediante sus propios diseños, colores y formas de vestir, en relación también con el pendón que representan y con las tradiciones de cada localidad. Es habitual, por ejemplo, que los pueblos se identifiquen con camisetas que llevan los colores y el nombre de sus respectivas localidades.

Para estos colectivos, precisamente la diversidad forma parte de la esencia del desfile. Y ven la pretensión de homogeneizar la imagen de los participantes como una uniformidad “gris” que ignora, denuncian, la importancia de la parte humana de un patrimonio que ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Por eso, los pueblos aseguran que seguirán acudiendo a León para llenar sus calles de pendones, color y alegría, pero reclaman hacerlo “con dignidad, respeto a nuestro sentir y sin exigencias impuestas”.

De ahí que en un comunicado exijan la retirada inmediata de la normativa de uniformidad y el respeto a “la autonomía, los colores y la indumentaria propia de cada agrupación”. Entre los firmantes figuran representantes de pueblos como Barrientos, Bustillo del Páramo, Castrocalbón, La Bañeza, Murias de Rechivaldo, San Justo de la Vega, Veguellina de Órbigo, Villamontán de la Valduerna o Villoria de Órbigo, hasta completar las 39 localidades relacionadas en el documento.

El Ayuntamiento niega imposiciones

La respuesta del Ayuntamiento de León rebaja, sin embargo, el alcance obligatorio de las indicaciones y niega que exista una intención de impedir la participación de quienes mantengan la indumentaria con la que habitualmente representan a sus pueblos.

Desde el Consistorio se puntualiza que es “recomendable” asistir con trajes tradicionales leoneses o, alternativamente, mantener una cierta uniformidad. Pero visto el volumen que alcanza la polémica, subraya que la vestimenta “en ningún caso” será excluyente a la hora de desfilar y que quienes lo deseen podrán hacerlo con sus propios polos o camisetas identificativas.

Asegura el Consistorio que la recomendación de utilizar indumentaria tradicional responde a una propuesta de la propia Asociación de Pendones y persigue reforzar el valor de la vestimenta leonesa como una seña adicional de identidad del pueblo leonés.

Más de 50 carros volverán a quedarse fuera

La controversia sobre los pendones coincide, además, con otro conflicto ya enquistado en torno a los carros engalanados, otra tradición muy rural y muy querida. La Asociación del Carro Tradicional Leonés ha anunciado que volverá a boicotear el desfile de San Froilán. Y será el tercer año consecutivo. Eso se traduce en que sus más de 50 carros no participarán nuevamente en uno de los actos más emblemáticos de las fiestas.

La asociación mantiene que el Ayuntamiento no ha mostrado voluntad suficiente para introducir cambios en la organización del desfile que, a su juicio, permitirían mejorar tanto su funcionamiento como las condiciones de seguridad. Las principales diferencias afectan al punto de salida, al recorrido y a los tiempos de espera de los carros y de los animales. Igual que en los dos años precedentes.

Los responsables de la asociación consideran especialmente problemático el paso por determinadas calles del Casco Histórico. Las estrecheces, las grandes aglomeraciones de público y algunos giros complicados suponen, según denuncian, un riesgo tanto para los animales de tiro como para los propios espectadores. Algunos años un animal desbocado provocó escenas de alto riesgo.

Su propuesta pasa por modificar de forma significativa el desarrollo del desfile. Los carros plantean comenzar la marcha en el entorno del aparcamiento del Palacio de Exposiciones y Congresos, descender por Ordoño II y acceder posteriormente al Casco Histórico, una vez que los animales hayan iniciado el recorrido de una manera más organizada y tranquila. Pero el Consistorio mantiene la salida desde detrás de la Catedral, San Pedro, y el paso por Los Cubos para acceder al viejo León, camino del centro.

El desencuentro tendrá este año, además, un efecto especialmente visible sobre la participación. La asociación asegura que la práctica totalidad de los carros que continúan participando en el desfile utiliza animales de tiro alquilados y que muchos de ellos proceden de fuera de la provincia. Las restricciones a la movilidad del ganado entre provincias por el brote de dermatosis bovina podrían reducir todavía más el número de animales disponibles y, con ello, la presencia de carros en el desfile de León.

Los más de 50 carros vinculados a la asociación sí tienen previsto, no obstante, como siempre, mantener su participación en la romería de La Virgen del Camino el lunes 5 de octubre, la jornada que coincide con la festividad local de San Froilán y con la tradición histórica de mayor antigüedad vinculada al santo.

Los agentes medioambientales de El Bierzo, Laciana y La Cabrera -cerca de una treintena- han advertido a la Junta de Castilla y León que dejarán de realizar guardias a partir del próximo 12 de octubre si no se alcanza antes un acuerdo para reformar el actual sistema de turnos, que califican de “inoperativo, ineficaz e insuficiente”.

Los promotores de la protesta han asegurado, en rueda de prensa, que la iniciativa ya cuenta con el respaldo de compañeros de otras zonas de la provincia de León y aspira a extenderse al conjunto de Castilla y León. Los agentes cifran en unos 32 los efectivos en El Bierzo, alrededor de 150 en la provincia de León y cerca de 800 en Castilla y León, y han asegurado que más del 90% de los agentes bercianos que pueden realizar guardias respalda la protesta.

Durante una comparecencia ante la Delegación Territorial de la Junta en Ponferrada, han denunciado que las carencias evidenciadas durante los grandes incendios de 2022 continúan sin resolverse.“Parece que la Junta no ha aprendido nada”, ha afirmado el agente de La Cabrera Iñaki López Cantón, quien ha recordado que durante la tormenta eléctrica del pasado junio varios incendios simultáneos obligaron a algunos profesionales a encadenar jornadas de 20 y 24 horas, mientras otros renunciaban a descansos y vacaciones para cubrir relevos. “Así está funcionando la Junta ante estas emergencias y esto no puede continuar”, ha señalado López, quien ha recordado que los agentes diseñan la primera estrategia de extinción y dirigen al personal desplegado en los incendios.

La principal reivindicación es implantar un calendario anual de guardias, con los turnos conocidos con antelación, además de aumentar los efectivos. Según denuncian, en algunas jornadas un solo agente puede cubrir varias comarcas o incluso todo El Bierzo.

Máxima responsabilidad en la extinción

El agente de Villafranca del Bierzo Jesús Martínez Pintor ha recordado que el 90% de los incendios de Castilla y León son dirigidos por agentes medioambientales, que coordinan equipos de entre 20 y 40 personas y asumen la responsabilidad sobre su seguridad. “Primamos la seguridad y que el fuego no entre en los pueblos antes que apagar el incendio”, ha afirmado.

El colectivo mantendrá las guardias durante el resto de la campaña, pero ha fijado el 12 de octubre como fecha límite si no hay avances en la negociación. Reclaman también más inversión en prevención, medios humanos y una planificación estable que no dependa de la disponibilidad voluntaria de los profesionales: “No se puede apoyar la administración en ese trabajo voluntario. Nos hemos cansado”, han señalado.

Los empleados de Correos en Castilla y León se han sumado a la convocatoria de protesta nacional impulsada por CSIF, con concentraciones en las delegaciones provinciales, para exigir un aumento de la plantilla, la implantación de las 35 horas semanales e iniciar un plan de rejuvenecimiento.

La movilización, que continuará con una nueva protesta el próximo 17 de septiembre otra vez en todas las provincias, y culminará con una concentración en Madrid el día 30 de septiembre, reclama a la empresa pública que cumpla con el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Los trabajadores han pedido reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido; implantar las 35 horas semanales; transformar en tiempo completo las jornadas parciales; respetar los permisos de conciliación; y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento ante una plantilla cuya media de edad es de 52 años.

También demandan condiciones laborales dignas, y recuerdan que los contratos temporales cuentan con un sueldo medio de entre 800 y 900 euros; además de defender un servicio de correos público y de calidad.

Trabajadores sanitarios pero también ciudadanos están llamados a concentrarse este jueves 3 de septiembre, a las 11.00 horas, ante el Hospital Monte San Isidro de León. Se trata de una iniciativa, de impulso sindical, para mostrar el rechazo a la nueva gestión planteada para el ala izquierda de la tercera planta del centro, donde se encuentran 27 camas hospitalarias y cuya reorganización podría repercutir también sobre la pérdida de 24 puestos de trabajo.

La convocatoria llega después de varios días de creciente contestación ante los planes de la Gerencia de Atención Especializada para dejar sin actividad esta zona del hospital y trasladar a parte de la plantilla al Hospital de León. Sindicatos como CCOO y USO, además de formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL), entre otros colectivos, han lanzado fuertes críticas contra la medida y han avanzado distintas iniciativas y movilizaciones para tratar de impedir su aplicación. Una situación muy parecida ya se vivió en el verano de 2017, provocando también entonces algunas movilizaciones.

Los profesionales conocieron estos planes a finales de agosto, en un contexto marcado por las críticas a la falta de negociación previa con los representantes de los trabajadores. Entre las posibilidades planteadas figura el traslado de parte del personal al Hospital mediante una fórmula de adscripción presentada como voluntaria, aunque los detractores de la reorganización cuestionan tanto su alcance como su duración y las consecuencias que puede tener para quienes continúen desarrollando su labor en el Monte San Isidro.

Una de las principales preocupaciones se centra en la pérdida de capacidad asistencial que supondría dejar fuera de servicio las 27 camas. Las voces críticas consideran que el descenso de la ocupación hospitalaria durante el verano no puede servir para justificar una reducción permanente de recursos y recuerdan que, con la llegada del invierno, suelen aumentar las infecciones respiratorias, las neumonías y la presión sobre los servicios de Urgencias y las plantas de hospitalización.

También existe preocupación por el futuro de los 24 puestos de trabajo vinculados a esta zona del hospital y por la posibilidad de que la reorganización termine convirtiéndose en una reducción estable de la actividad del Monte San Isidro. Los colectivos que se han pronunciado contra la medida reclaman explicaciones sobre cuántas camas quedarán realmente fuera de servicio, qué profesionales serán trasladados y si existe algún plan para recuperar estos recursos cuando vuelva a incrementarse la demanda asistencial.

La concentración de este jueves pretende visualizar ese rechazo ante las puertas del propio hospital y reclamar el mantenimiento de la capacidad asistencial y de los puestos de trabajo.

El arreglo con parcheo del asfalto, cunetas y señalización nueva de una de las carreteras nacionales en peor estado de la provincia de León, la N-630 en el tramo León-Benavente, entre León capital y el sur de la geografía leonesa, ya tiene precio definitivo puesto y empresa seleccionada. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado a conocer hoy la adjudicación definitiva de los trabajos y la contratación por un importe final de inversión de 6,74 millones de euros.

El Boletín Oficial del estado (BOE) anuncia este miércoles la formalización del contrato a favor de la empresa que presentó la mejor oferta, una UTE formada por Padecasa Obras y Servicios, compañía con sede en Ávila, y la zamorana Aglomex S.A. El precio final que será invertido y al que se ha adjudicado supone una rebaja de algo más del 14% por debajo del precio inicial de licitación, que ascendía a 7,86 millones de euros, tal y como anunciaba hace nueve meses personalmente el ministro Óscar Puente.

El máximo responsable de Transportes aseguraba entonces que el Gobierno atendía con este proyecto de “rehabilitación estructural” la “demanda de la ciudadanía para mejorar la circulación y la seguridad en este tramo”. Lo cierto es que el proyecto databa de hace algo más de un año, aprobado en julio de 2025, pero no fue hasta noviembre que el Ministerio puso en marcha la licitación inicial, justo unos pocos días antes de que a mediados de que el 21 de noviembre se convocara una marcha de protesta en coche por la maltrecha y peligrosa N-630 desde Valencia de Don Juan hasta la Subdelegación del Gobierno en pleno centro de la capital leonesa.

Ahora, debería ser inminente ya el inicio de los trabajos, que llevan más de una década reclamándose a los distintos gobiernos por parte de los municipios y los conductores del sur de la provincia leonesa.

El arreglo a ejecutarse se contempla en algo más de 51 kilómetros, exactamente los que separan los puntos kilométricos 153 y 204 o, lo que es lo mismo, entre la localidad de Onzonilla, muy cerca de León capital, al límite provincial con Zamora, por lo que transcurre íntegramente en la provincia de León.

El proyecto adjudicado prevé la rehabilitación superficial del firme de la calzada en aquellas zonas en las que las inspecciones previas llevadas a cabo han observado un deterioro evidente de la vía, por lo que no será una capa asfáltica nueva en la totalidad del recorrido.

Parcheos en zonas determinadas

En esos puntos detectados, se procederá al fresado y reposición de las capas del firme en un espesor de entre 10 y 13 centímetros, lo que afectará a las capas superficiales de rodadura e intermedia, se remarca. Este tratamiento se aplicará a ambos carriles de la calzada, de ancho 3,5 metros, mientras que en los arcenes se ha previsto un sellado de las grietas existentes.

Según ya se especificaba el año pasado en una nota de prensa oficial del Ministerio de Transportes, para “favorecer una economía circular” se aprovechará parte del material procedente del fresado del firme actual en las nuevas mezclas bituminosas que se dispongan, de modo que, se empleará en proporciones máximas del 20% en la capa superficial y del 25% en la capa intermedia.

Además, en algunos tramos de pequeña longitud, entre tramos ya rehabilitados, es posible que se tome la misma solución que las zonas adyacentes para conseguir una homogeneidad longitudinal adecuada en la solución de rehabilitación, aunque como tal no necesiten esa rehabilitación.

La Unión Europea investigará el destino de los fondos destinados a sanidad en El Bierzo después de la petición presentada por la plataforma OncoBierzo ante el Parlamento Europeo para reclamar atención sobre las dificultades que atraviesa la sanidad pública en las zonas rurales.

La plataforma berciana considera que la apertura de esta investigación, de la que le ha dado cuenta el Parlamento europeo en respuesta a su petición para mejorar la sanidad berciana, supone un avance en su reivindicación, al permitir poner el foco en cómo se han empleado los recursos europeos destinados al ámbito sanitario y en si su aplicación se ha traducido en mejoras efectivas para los pacientes.

La iniciativa parte de la petición trasladada por OncoBierzo a las instituciones europeas, con la que pretendía que la situación de la sanidad rural tuviera visibilidad más allá del ámbito autonómico y nacional.

El Bierzo se convirtió así en uno de los territorios utilizados por la plataforma para poner de manifiesto las dificultades que pueden afrontar las zonas alejadas de los grandes núcleos sanitarios.

Según los datos trasladados previamente por la plataforma, Europa ha destinado más de cinco millones de euros a actuaciones relacionadas con la sanidad en el Bierzo, una cantidad que, a juicio de OncoBierzo, no ha tenido el reflejo esperado en la mejora de la asistencia.

Falta de especialistas, sobre todo oncólogos

Entre las principales dificultades que ha atravesado la comarca se encuentra la falta de especialistas y profesionales sanitarios, una situación que tuvo uno de sus episodios más críticos en el área de Oncología, que llegó a quedarse sin especialistas.

El presidente de OncoBierzo, Tito Gago, ha mantenido que la reivindicación sigue siendo necesaria y reconoce que durante los años de movilizaciones “se han conseguido cosas”, aunque considera que todavía queda camino por recorrer. “Tenemos que continuar en la pelea”, ha señalado.

La plataforma mantiene además sus protestas periódicas en Ponferrada. Este viernes ha vuelto a concentrarse, aunque en esta ocasión ha cambiado el escenario habitual y ha trasladado la movilización desde la sede de la Diputación hasta el Ayuntamiento.

El objetivo de este cambio es intentar ampliar la participación ciudadana. “Queremos que el mensaje llegue más y se sume más gente”, ha explicado Gago.

El sindicato UGT León ha convocado una concentración en repulsa por la agresión física y verbal sufrida por una trabajadora del sindicato y contra cualquier manifestación de odio, discriminación o violencia.

La movilización tendrá lugar este viernes, 28 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la sede del sindicato, situada en el número 31 de la Gran Vía de San Marcos.

Según ha informado UGT, la trabajadora fue agredida el martes 25 de agosto en las inmediaciones de la sede sindical. Los hechos incluyeron, según la organización, insultos y una agresión física que habría terminado con la empleada en el suelo. UGT ha anunciado que presentará una denuncia ante los tribunales por un posible delito de odio.

La organización ha “condenado enérgicamente” lo ocurrido y considera que “el ataque no solo se dirige contra una trabajadora, sino también contra la libertad sindical, la democracia y los derechos de la clase trabajadora”. UGT León sostiene que el episodio se enmarca en un contexto de hostigamiento continuado, con llamadas telefónicas e insultos a empleados del sindicato.

El sindicato denuncia una escalada de hostilidad

UGT León también relaciona estos hechos con otros episodios anteriores. Entre ellos, cita la vandalización de su sede el pasado 1 de mayo con una pintada de simbología nazi y la agresión sufrida ese mismo día por otra trabajadora durante los actos del Primero de Mayo.

Además, según la información publicada por medios locales, la mujer señalada por el sindicato habría regresado este miércoles a las inmediaciones de la sede y habría continuado con los insultos y las amenazas, tanto en persona como por teléfono.

Ante esta situación, la organización sindical considera que los incidentes no son hechos aislados y alerta de una posible “escalada de odio”. Por ello, reclama una respuesta social y jurídica y asegura que adoptará “todas las medidas oportunas” para impedir que este tipo de comportamientos se repitan.

UGT León ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la concentración de forma “unida, pacífica y respetuosa”, con el objetivo de mostrar solidaridad con la trabajadora y defender la dignidad, la convivencia democrática y el rechazo a cualquier forma de intimidación.

Como sucedió el pasado año, un colectivo vecinal del barrio de La Corradina en el municipio de Villablino vuelve a hacer pública su denuncia por el “abandono y la desidia” con que los responsables municipales tratan a los residentes en este barrio, “como si fuésemos unos parias”, aseguran.

En septiembre del pasado año ILEON recogió las demandas y quejas de los vecinos del barrio, ante lo que consideraban la inacción de los gestores municipales a las peticiones presentadas por escrito en el registro municipal para mejorar aspectos como la limpieza o el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en la barriada.

El 27 de julio de este año presentaron de nuevo en el registro municipal un escrito con sus demandas y peticiones, en el que detallaban sus reclamaciones: mejora de los accesos “con innumerables baches y socavones”, desbroce y limpieza de maleza en zonas ajardinadas y laterales de las calles, control de los vertidos en los contenedores para evitar los malos olores especialmente en el verano y los espacios adyacentes para permitir al servicio de recogida de basuras poder hacer su trabajo sin obstáculos; vallas rotas y sin reponer, limpieza adecuada de las calles.

Finalizaban su escrito con una reflexión y reivindicación: “Pedimos poder vivir en un barrio aceptable y acondicionado como merecemos, al igual que otros vecinos del municipio, puesto que los impuestos son los mismos para todos, así deberían ser los servicios”. Adjuntaron a su escrito varias fotografías documentando los aspectos de sus quejas, algunas de las cuales ilustran esta información. Al constatar que no se han tenido en cuanta hasta la fecha sus quejas, concluyen, han decidido airear públicamente sus demandas y reclamaciones.

Cientos de personas se han sumado a la segunda protesta para reclamar que el agua regrese a los huertos urbanos de la comarca leonesa del Órbigo. La protesta, convocada por la Asociación para la Conservación del Riego de Huertos y Patrimonio Hídrico, ha tenido lugar este viernes 21 de agosto a las 11 horas, frente a la sede del Sindicato Central de Barrios de Luna.

La movilización da continuidad a la celebrada el pasado viernes 14 de agosto ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en León, donde más de un centenar de personas exigieron una solución y entregaron firmas en apoyo de sus reivindicaciones. Bajo el lema ‘En defensa de nuestra agua’, la asociación vuelve ahora a llamar a participar a los vecinos afectados.

Esta situación es el resultado de la modernización del regadío de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el agua ya no puede llegar a los huertos mediante los antiguos sistemas de riego, basados en centenarias presas y acequias descubiertas, sino que tiene que hacerlo mediante grandes tuberías bajo tierra de agua presurizada. Esto incluye a la centenaria Presa de la Tierra, cuyas tradicionales infraestructuras quedarían abandonada.

Desde el mes de mayo de 2025, el agua dejó de circular por las acequias que transcurren por el suelo urbano de las localidades de Benavides de Orbigo, Gualtares, Villares de Orbigo, San Feliz de Orbigo, Hospital de Orbigo, Villarejo de Orbigo y Veguellina de Orbigo. Todo ello a pesar de los cientos de recursos que la Asociación ha presentado a CHD, sin respuesta, desde el año 2022.

León volverá a salir a la calle este lunes 17 de agosto para mostrar su rechazo a la violencia machista. La Plataforma contra la Violencia Machista de León ha convocado a las 20.00 horas, frente a Botines, una nueva concentración de ‘Lunes sin sol’ después del asesinato de una mujer durante los últimos siete días. La convocatoria, como es habitual, está abierta a toda la ciudadanía.

La protesta recordará en esta ocasión a Franyel, de 35 años, asesinada en San Pedro Alcántara, Marbella, presuntamente a manos de su pareja. La Plataforma recuerda que desde 2003 han sido asesinadas en España 1.375 mujeres por sus parejas o exparejas y advierte de que detrás de cada una de esas cifras “hay una mujer que tenía planes, proyectos, amistades, una familia, una vida que quería seguir viviendo”.

El colectivo leonés aprovechará el nuevo ‘Lunes sin sol’ para reclamar una respuesta política e institucional permanente frente a la violencia machista. En concreto, demanda reforzar las políticas de prevención y sensibilización, garantizar recursos suficientes para las víctimas y sus hijos e hijas, disponer de profesionales formados y mejorar la coordinación entre administraciones y los sistemas encargados de detectar las situaciones de riesgo. “La lucha contra la violencia machista tiene que ser una prioridad permanente”, sostienen.

La Plataforma también alerta contra los retrocesos en las políticas de igualdad y los discursos que niegan la existencia de la violencia machista, al considerar que contribuyen a debilitar la protección de las mujeres. “No queremos sumar un nombre más. No queremos seguir contando mujeres asesinadas”.

Los ‘Lunes sin sol’ se convocan cada semana en la que, durante los siete días anteriores, una mujer ha sido asesinada por un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación de pareja. La iniciativa está impulsada por la Plataforma contra la Violencia Machista de León, integrada por asociaciones feministas y sociales, sindicatos y organizaciones políticas, y cuenta con la colaboración de varias corporaciones municipales y de la Universidad de León.

El Ayuntamiento de Cistierna plantea endurecer las condiciones para la implantación de plantas de biogás y biometano en este municipio de la Montaña Oriental leonesa, después de conocerse un primer proyecto diseñado para el polígono de Vidanes, avanzada por ILEÓN a finales del año pasado, y la inmediata reacción en contra que ha provocado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) daba hoy a conocer el borrador del avance de la modificación n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Cistierna. Un proceso que comienza ahora y de momento se abre a participación pública antes de su aprobación definitiva. La propuesta es poner al día un planeamiento que originalmente data de hace más de 30 años, concretamente de 1993, y que no contemplaba ningún tipo de instalaciones de energías renovables de estas u otras características.

El texto propuesto por el Consistorio, y disponible ya en la Sede Electrónica de Cistierna, pinchando aquí, impone unas condiciones muy restrictivas. Pero hay que tener en cuenta que lo hace a futuro, es decir, que con la legislación española no cabría impedir el impulso de aquellos proyectos que, como el de la empresa Apaycachana-6 SL en el polígono de Vidanes, ya están muy avanzados e incluso con la evaluación de impacto ambiental de la Junta favorable. Otra cosa sería en aquellas alternativas que se planteen tras aprobarse de manera definitiva esta nueva normativa.

Entre las futuras restricciones que Cistierna pretende, destaba el veto completo a la ubicación de estas plantas en suelo urbano y también urbanizable. De este modo, su posible implantación quedaría limitada a las categorías de suelo rústico que lo permitan de manera expresa. Ya para complicarlo aún más, exige que se proyecte en parcelas únicas y de, al menos, diez hectáreas de tamaño. Por otro lado, los proyectos también deberán respetar un retranqueo mínimo de 30 metros respecto a los linderos, acompañado de una pantalla vegetal espesa en su entorno formada por especies autóctonas, para mitigar incluso el impacto visual.

La normativa diferencia entre instalaciones de pequeña capacidad -de hasta 30.000 toneladas anuales de residuos orgánicos-, y plantas de gran capacidad. Las primeras deberán situarse a un mínimo de un kilómetro de cualquier pueblo o núcleo de población o de viviendas residenciales legalmente construidas o con más de 20 años. Para las de mayor tamaño, la distancia exigida aumentaría hasta como mínimo los dos kilómetros.

También se limita la concentración de infraestructuras: no podrán instalarse nuevas plantas a menos de diez kilómetros de otra ya previamente existente, tan sólo con la excepción de que tenga una autorización ambiental expresa, la cual permitiría reducir esa distancia hasta cinco kilómetros de manera excepcional.

Por otro lado, para poder seguir adelante y ser autorizados, las empresas deberán garantizar que al menos el 70% de los residuos que se emplean como materia prima de este tipo de instalaciones, especialmente estiércol animal, procedan de un radio máximo de 15 kilómetros a la redonda. Se trata, explica la normativa, de primar un abastecimiento local y reducir los desplazamientos, y por lo tanto la contaminación.

Los promotores también deberán acreditar obligatoriamente que cuentan con accesos y vías interiores capaces de soportar el tránsito de vehículos pesados sin deteriorar los caminos rurales ni agravar el tráfico local. Y finalmente, la nueva propuesta urbanística obliga a estudiar los impactos acumulativos de estas actividades en el entorno y a cumplir la normativa sectorial en materia de residuos, sanidad, olores, emisiones y protección del aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, como por otra parte evalúan las declaraciones de impacto ambiental.

León volverá a salir a la calle en manifestación para exigir una mejor gestión política del territorio para evitar la proliferación de incendios forestales. Será el viernes 21 de agosto a las 20.00 horas con una marcha reivindicativa que partirá de la plaza de Guzmán y llegará hasta la de San Marcelo a través de Ordoño II. Zamora, Salamanca, Burgos y Valladolid acogerán ese mismo día y a esa misma hora movilizaciones en la misma línea.

Colectivos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos convocan la manifestación, bajo el lema Nuestra tierra vuelve a arder. ¡Prevención y medios ya! Defendamos nuestros montes y las vidas de quienes los habitamos.

Son ya 16 las organizaciones firmantes del manifiesto que guía la protesta en León: Anticapitalistas León; Colectivo DesmánTelado; Plataforma por el futuro de la montaña central leonesa; Podemos León; Conceyu País Llionés; Ecologistas en Acción; Teleno Libre; CGT Sindicato de Oficios Varios de León; Alantre País Leonés; Plataforma Gestión Residuos; Asociación Alta Valduerna; Arcó (Asociación Rural Cepeda Órbigo), Asociación para la protección del Valle del Jamuz; Llión col puebru palestín (León con Palestina); Federación de Asociaciones Vecinales de León; y Stele (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza en León).

“La prevención no empieza cuando llegan las llamas. Exigimos una gestión del territorio con criterios sociales, científicos y ecológicos adaptada a cada ecosistema”, exponen los convocantes, que reclaman una “gestión del territorio con criterios sociales, científicos y ecológicos adaptada a cada ecosistema”, así como el “fin a la temporalidad y a la privatización del servicio” de bomberos forestales, la asunción de la “emergencia climática” y una apuesta por la “conservación y restauración de la biodiversidad”.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo nuestro entorno y nuestras vidas se convierten en cenizas por la inacción”, señalan los colectivos.

La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca para este 10 de agosto un nuevo Lunes sin sol, en esta ocasión por dos nuevos asesinatos ocurridos la semana pasada en Llanes (Asturias) y Murcia. La cita, como de costumbre, será a las 20.00 horas en la plaza de Botines de la capital leonesa.

El conglomerado recuerda que son ya 34 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026, una cantidad que asciende a 1.374 desde que en 2003 se estableció una estadística para contabilizar este tipo de episodios.

Con la de este 10 de agosto serán ya 665 las concentraciones de los Lunes sin sol celebradas en León capital.

La cancelación de la Semana de Teatro Intergeneracional en la Calle (SETIC) de Villabalter (San Andrés del Rabanedo) ha movilizado a vecinos, comerciantes y compañías, que protagonizaron este jueves por la noche una movilización de protesta por la suspensión de esta actividad por primera vez tras 28 ediciones celebradas.

Fue en la calle y por la noche (en el entorno y el horario en el que habitualmente se celebraba la SETIC) cuando tuvo lugar la concentración de protesta por la cancelación, motivada por la falta de apoyo económico del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

El orgullo y la tristeza se entremezclaban en la concentración, convocada por la Asociación Cultural Balterius'98, organizadora de un evento consolidado en casi ya tres décadas de vida.

El apoyo a la reivindicación se ha extendido a otros ámbitos como el del comercio local, que ha colocado lazos negros en señal de protesta, así como la Junta Vecinal, que instaló una cartel con el siguiente mensaje: “El Ayuntamiento no cumple, Villabalter siempre estará con la cultura y con Balterius”.

La Universidad pública es un derecho y una conquista de la clase trabajadora para democratizar y socializar el conocimiento, garantizando que toda la población pueda acceder a la Educación Superior, y no solo una élite económica y social como ocurría en la Edad Media.

Hoy, el gobierno de la Junta de Castilla y León, tanto el anterior como el actual, pone en riesgo esa conquista social al apostar por un modelo universitario que asfixie lo público y que nos devuelta a los tiempos de élites y desigualdad, de privatización del conocimiento y de sustituir el valor social por el económico. Todo ello con el conformismo cómplice del actual equipo de gobierno de la ULE.

Y es que, el Partido Popular y Mañueco, con la lección aprendida de lo ocurrido en otras autonomías, tiene marcada su hoja de ruta con dos puntos clave: asfixia económica por infrafinanciación para lo público, y alfombra roja para la implantación de empresas-universidades privadas. Una dupla simbiótica, entre la que se cuelan la creación de toda suerte de fundaciones y patronatos donde, bajo el ostentoso título de la colaboración público-privada, se abren las puertas a la mercantilización universitaria.

De hecho, el Partido Popular ha conseguido que el número de empresas-universidades privadas (5) ya sobrepase al número de universidades públicas (4) en Castilla y León (y allá donde gobierna). El crecimiento privado se basa en la enseñanza virtual y en los másteres, que ofrecen tasas de beneficios increíbles y que es donde está el negocio. Porque los inversores privados no se plantean la Educación Superior sino como un nicho de negocio del que obtener beneficio. Ninguno de estos accionistas tiene interés por mejorar la Educación Superior, aportar ciencia, conocimientos, investigación, educación… sino de 'hacer caja'.

Con el nuevo gobierno Vox-PP, la hoja de ruta avanza y han planeado la progresiva destrucción y desaparición de la Universidad Pública. ¿Cómo? Desfinanciando y estrangulando lo público. En este caso, la Universidad de León.

La actual Ley Universitaria (LOSU) obliga a financiar con al menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico a la educación universitaria pública. Pero el actual gobierno autonómico, declarado en rebeldía y en claro incumplimiento de la ley, y alejado del objetivo de ese 1%, ha recortado la financiación al 0,65%. Es decir, a casi la mitad. Para destinarlo, suponemos que a los toros y otras cuestiones similares y de idéntico calado, como tributo al apoyo de la extrema derecha para seguir “gobernando”.

Pero lo más sangrante es que el actual equipo rectoral de la Universidad de León se ha apresurado a llevar al Consejo de Gobierno, para su urgente aprobación, un Plan de Recortes, que rinde pleitesía al ataque a las Universidades Públicas de la autonomía. Es como aquellos esclavos de la casa de las plantaciones de algodón que defendían al amo, porque consideraban que estaban en mejores condiciones de esclavitud que los esclavos del campo. Parece que incluso se quieren anticipar a cumplir los deseos de sus señores, para que vean que se portan bien y que son fieles cumplidores de sus mandatos.

Este Plan de Recortes de la Universidad de León contempla recortes laborales, salariales y académicos. Es decir, congelaciones salariales, cambios en la plantilla, riesgo de cierre de grados y posibles fusiones o eliminaciones de titulaciones, especialmente aquellas que no son rentables desde un prisma exclusivamente economicista. ¿Para qué queremos las humanidades, la filosofía, la literatura, el arte, si ya no son rentables? Es la filosofía que nos vende este plan de recortes.

En vez de exigir al PP de Mañueco y Quiñones una estrategia de estabilización, modernización y mejora de la financiación de las Universidades Públicas con un plan plurianual que garantice la financiación basal, presentan, antes incluso de haberse reunido con ellos, un plan de recorte de personal y de la oferta académica. Eso sí, con un título eufemístico para incautos: Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional de la Universidad de León, vamos “un plan de recortes de los de toda la vida”.

El actual equipo rectoral de la ULE ha optado: en lugar de enfrentarse con los de arriba, prefiere aplicar recortes a sus compañeras y compañeros. Lejos de afrontar la infrafinanciación como verdadera causa de cualquier problema económico, eligen recortar y precarizar a trabajadores y alumnado. Medidas como congelar el pago de complementos salariales, demorar las contrataciones y empeorar condiciones laborales. Recortes que también afectarán a los jóvenes investigadores, al tiempo que la ULE se queja de los problemas del relevo generacional.

Siguiendo con el guion rocambolesco, se convierte a las víctimas en culpables, al interpretar que las sentencias judiciales favorables a los trabajadores por el incumplimiento de sus derechos son, en realidad, un problema económico causante del Plan de Recortes. Pero del chantaje de la Junta a la ULE a la hora de aportar los recursos necesarios para afrontar la ejecución de las sentencias, no nos cuentan nada.

El giro economicista para rentabilizar la enseñanza, se apuntala con la incorporación de “estudios propios autofinanciables”, es decir, que solo se impartirán si consiguen financiación, con lo que se mercantiliza la Educación Superior en la Universidad de León. Es la vía para competir en el capitalismo: buscar financiación privada o poner tasas de matrícula elitistas. Convertir la Universidad Pública en universidad para la élite. Ya lo dijo el banquero y vicepresidente de Aznar, el exministro Rodrigo Rato con su famosa frase: “es el mercado, amigo”.

¿Quién financiará investigación para resolver problemas de las zonas rurales o la España vaciada, si no es rentable?, ¿quién financiará docencia en grados de servicios para los más necesitados, si no son rentables? El problema de fondo es que así se está pervirtiendo el sentido y la finalidad para los que se crearon las Universidades Públicas. Reduciendo la Educación Superior a una lógica de rentabilidad, a la lógica del capital y debilitando su función social en León.

¿Qué hacer? No podemos mirar para otro lado, para evitar los conflictos. Los bárbaros ya no están a las puertas, como en la caída del Imperio Romano. Los bárbaros han entrado, se han sentado en los escaños institucionales y están saqueando todo lo público y los derechos, que tan duro nos ha costado conquistar a la clase trabajadora. El equipo rectoral de la Universidad de León tiene que optar. O está con la clase trabajadora, al servicio de la ciudadanía, de los derechos de todos y todas y del bien común, o está con quienes están saqueando la Universidad Pública. O planta cara y se convierten en parte de la solución, o son parte del problema y deberían dimitir.

El equipo rectoral tiene una oportunidad de oro para defender la Universidad Pública, buscando el apoyo de otras universidades y construyendo un frente común con los agentes sociales. Puede prescindir del Plan de Recortes y construir un Plan de Acciones que agoten las vías institucionales y jurídicas frente a la ilegal asfixia financiera de la Junta. Ahí, nos encontrará a su lado. Pero en el recorte, el ataque a los trabajadores y la mercantilización universitaria nos tendrá, inevitablemente, en frente.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León y miembro de la Ejecutiva Federal de la Federación de Comisiones Obreras. Victor Bejega es secretario General de CC OO Enseñanza en León y miembro del Consejo Social de la ULE.

El mes de agosto ha comenzado con un hito en materia de infraestructuras educativas para la provincia de León con el anuncio de la adjudicación de las obras de un nuevo instituto público en el municipio leonés de Villaquilambre, una reivindicación de hace décadas y un compromiso de la Junta de Castilla y León que tardará más de una década en convertirse en realidad.

Tras iniciarse el proceso de contratación el pasado mes de mayo, por fin la Consejería de Educación de la Junta ha fijado la selección de las empresas que acometerán los trabajos para levantar un instituto de educación secundaria en el cuarto municipio más poblado de la provincia, que acaricia los 20.000 habitantes. Se trata de una unión temporal de empresas (UTE) formada por la compañía Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, de Soria, y Copsa Empresa Constructora, con sede en Burgos.

El precio final del contrato, que arrancará en pocas semanas, se eleva finalmente a la cifra de 15,7 millones de euros, respecto a los 16,3 de los que partía el proceso de licitación, al considerarse que la oferta de estas dos empresas era la más ventajosa y económica, rebajando un 4% el precio inicial de inversión prevista.

A partir de ahora, cuenta el plazo de ejecución que se ha establecido para levantar todo el edificio y sus dependencias, que será de 24 meses, dos años. Se trata de un plazo que de manera muy ajustada podría alcanzar para cumplir la previsión oficial de la propia Junta de que el instituto pueda convertirse en una realidad disponible para los estudiantes del municipio a partir del curso 2029/2030, en el mejor de los escenarios.

En todo caso, incluso cumpliéndose, superará en una década el compromiso oficial e incluso firmado por el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando en 2019 comprometió la ejecución del centro escolar entre las condiciones pactadas para facilitar un tripartido que mantuviera al PP en la Alcaldía del municipio leonés.

La Consejería de Educación, que tras el pacto de PP y Vox en el Gobierno autonómico recae ahora en María Pardo Álvarez, destaca que el proyecto de este nuevo centro ha diseñado un total de 22 unidades educativas, lo que supondrá 690 puestos escolares, repartidas entre 16 para Secundaria y otras 6 de Bachillerato, o lo que es lo mismo, con capacidad concreta para 480 alumnos de ESO y 210 de Bachillerato. Eso sí: se constata que el diseño deja fuera otra reclamación social de Villaquilambre, que pedía que ya de hacerse un nuevo IES, este pudiera contar con estudios y aulas de Formación Profesional (FP), algo que finalmente la Junta no ha considerado oportuno por el momento.

Estas reclamaciones sociales, en forma de sonoras protestas, llevan décadas capitaneadas por la Plataforma por un Instituto para Villaquilambre. El colectivo, con gran apoyo social, afeaba a la administración autonómica que Villaquilambre siguiera siendo el único municipio con su volumen de población -rozando los 20.000 habitantes- sin estas instalaciones educativas públicas, cuando por ejemplo hace años que se había invertido en otros más pequeños de la provincia de Valladolid.

Un diseño detallado

El proyecto ya por fin adjudicado ara la nueva construcción prevé un edificio con una superficie total de 7.285,51 metros cuadrados construidos, dispuesto en dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular, que generarán un ágora interior a modo de patio común, según se explicó hace meses tras el último acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico, aún en funciones.

El diseño establece que en el bloque sur, el edificio de mayor altura, se sitúan los espacios para Bachillerato, “más cercano al acceso por la mayor dependencia horaria de los estudiantes”. Todas las aulas destinadas a esta parte del alumnado se sitúan entre la planta primera y segunda. Por otro lado, las zonas destinadas a Educación Secundaria Obligatoria se situarán en bloque norte, parte más alejada del acceso, pero más cercana a los departamentos de profesorado para un mayor control. Las aulas de Secundaria se reparten entre la planta baja y la planta primera.

El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva con dimensiones de 22 x 44 metros, un aparcamiento exterior y también zona ajardinada. En la planta baja, se sitúan los espacios de la zona de administración, así como la cafetería, sala de usos múltiples, biblioteca y un gimnasio cuyas dimensiones no se especifican.

La zona docente contará para Secundaria con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas diversificación y apoyo, dos aulas taller tecnología, dos aulas de música y audiovisual, dos aulas de plástica y visual y dos más de informática e idiomas. Mientras, para Bachillerato, seis aulas polivalentes, aula de informática, cuatro aulas de desdoble, tres laboratorios de ciencia y tecnología, aula de dibujo, aula taller tecnología y dos aulas específicas de artes.

Respecto a los espacios comunes, se diseñan 15 departamentos, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Asimismo, la zona de administración albergará los despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, despacho de secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y despacho de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa). Por último, se establecen una serie de servicios comunes como la cafetería, aseos, vestuarios, cuartos de instalaciones, limpieza y basura.

La Semana de Teatro Intergeneracional en la Calle (SETIC) se ha suspendido por primera vez en 28 años, después de que la Asociación Cultural Balterius'98, que organiza este evento desde hace 27 años, anunciase su cancelación debido a la falta de apoyo económico por parte del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

La SETIC, que normalmente se celebraba a lo largo de la primera quincena de agosto, ha tenido que ser cancelada por primera vez en su historia y ya llevaba 28 ediciones celebrándose con gran éxito entre el público. El motivo al que ha aludido la organización para la cancelación es la falta de apoyo económico municipal, a pesar de los compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento.

Ahora, la Asociación Cultural Balterius'98 ha decidido organizar una concentración para protestar contra el abandono institucional que ha impedido la celebración de la SETIC. Tendrá lugar el jueves 6 de agosto a partir de las 22 horas en Villabalter.

La Plataforma Lunes sin Sol convoca una nueva concentración contra la violencia machista este lunes, 3 de agosto, a las 20.00 horas, en la plaza de Botines de León. La movilización se celebra tras el asesinato, el pasado 28 de julio, de una mujer de 34 años en Barcelona, presuntamente a manos de su pareja, un crimen que deja huérfanos a dos niños de corta edad.

Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 32 en lo que va de 2026 y a 1.372 desde que comenzaron a contabilizarse estos crímenes en 2003. Asimismo, la cifra de menores que han quedado huérfanos por esta causa alcanza los 17 en lo que va de año y los 522 desde 2013.

La concentración de este lunes será la número 664 organizada por la Plataforma Contra la Violencia Machista de León, que mantiene estas convocatorias de forma ininterrumpida desde hace 21 años para mostrar su rechazo a la violencia de género, recordar a las víctimas y reclamar el compromiso de la sociedad y de las instituciones frente a esta lacra.