La semana de huelga de médicos de junio se ha cerrado este viernes en Castilla y León con 40.461 consultas canceladas, de ellas 24.889 en Atención Primaria y 15.572 de Atención Hospitalaria, y 819 intervenciones quirúrgicas y 1.901 pruebas diagnósticas suspendidas en los hospitales de la Comunidad.

De acuerdo a los datos de la Consejería de Sanidad, sólo este viernes el paro ha anotado un seguimiento del 19%, por encima del 15% de anteriores jornadas, según los datos del turno de mañana.

La huelga ha anotado un seguimiento medio del 22 % en Atención Hospitalaria (1.024 profesionales en huelga) y del 10 % en Atención Primaria (241 en huelga).

En el quinto día de huelga semanal siguieron el paro 1.266 facultativos de los 7.189 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido: Ávila, 6,9 %, 28 médicos en huelga; Burgos, 22,1 %, 214 en huelga; León, 26,9 %, 317; Palencia, 17,9 %, 80 médicos; Salamanca, 14,9 %, 207 facultativos; Segovia, 14,7 %, 62; Soria, 23 %, 49; Valladolid, 14,6 %, 256 médicos; y Zamora, 12,3 %, 53 médicos en huelga.

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos se han suspendido 6.675 consultas en medicina familiar y pediatría en el turno de mañana.

Han sido, por áreas de salud: Ávila, 315; Burgos,1.248; León, 1.989; El Bierzo, 183; Palencia, 280; Salamanca 679; Segovia, 406; Soria, 448; Valladolid Este, 469; Valladolid Oeste, 350 y Zamora, 308.

Y se han cancelado 180 cirugías, 371 pruebas diagnósticas y 2.880 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

Una semana de huelga al mes

Los médicos arrancaron el pasado lunes su quinta semana de huelga, una por mes desde febrero, que parará en verano, para reclamar un estatuto marco propio, en un paro convocado a nivel nacional por los sindicatos médicos.

Los médicos de Castilla y León, convocados por CESM, secundan esta última semana de huelga antes del verano, con unos servicios mínimos planteados por la Consejería de Sanidad de esa comunidad que el sindicado ha vuelto a recurrir, como los anteriores, por considerarlos abusivos y lesivos para el derecho de huelga del colectivo médico.

CESM CyL ha explicado que siguen sin recibir respuesta por parte de la justicia, aunque no por ello van a dejar de denunciar unos servicios mínimos que continúan vulnerando un derecho fundamental.

La anterior semana de huelga, entre el 18 al 22 de mayo, supuso en la sanidad pública de la comunidad, 43.935 consultas canceladas, 26.358 de Atención Primaria y 17.577 de Hospitalaria, con 991 intervenciones quirúrgicas y 2.208 pruebas diagnósticas suspendidas.

En abril, concluyó con 37.919 consultas canceladas en la sanidad pública de Castilla y León -24.115 de Atención Primaria y 13.804 de Atención Hospitalaria-, con 888 intervenciones quirúrgicas y 1.885 pruebas diagnósticas suspendidas en los catorce hospitales públicos de Castilla y León.

El anterior paro, entre el 16 y 20 de marzo, concluyó en Castilla y León con 52.124 consultas canceladas, y 1.162 intervenciones quirúrgicas y 2.468 pruebas diagnósticas suspendidas en los hospitales de la Comunidad.

Y la primera semana de la huelga nacional de médicos del 2026 se cerró con la cancelación en los cinco días de más de 59.117 consultas (37.600 en atención primaria y 21.517 en hospitalaria), 1.200 cirugías y 2.964 pruebas diagnósticas, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

Los sindicatos convocantes han anunciado que las movilizaciones se suspenden durante el verano –para no cargar más a las plantillas entre los descansos estivales– pero volverán a retomar la campaña en septiembre.

Varias organizaciones ecologistas han exigido frenar el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica reversible de bombeo llamada Valdepiélago, en el Valle del Curueño, en la montaña de León. Se trata de una infraestructura que han calificado de “atentado medioambiental” porque destruiría un valle que es Reserva de la Biosfera, además de una zona de alto valor paisajístico, geológico y hogar de varias especies amenazadas.

La iniciativa, impulsada por los colectivos Defensa del Territorio, la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida) y ARBA León-Bierzo, ha surgido tras el anuncio del Gobierno sobre un proyecto que actualmente se encuentra en fase de evaluación técnica para su integración en las redes eléctricas europeas.

El proyecto estima el uso de 1.300 litros por segundo máximo de consumo, que equivaldría a casi una quinta parte del caudal medio del río Curueño. La sociedad peticionaria, Bubión Partners SL, está vinculada a un exdirectivo del gigante energético Abengoa que promueve otra similar en Garoña, Burgos. Es una más de las muchas que se tramitan actualmente en la provincia, varias de ellas vinculadas al agua de antiguas explotaciones mineras y, por lo tanto, con cuantiosos fondos públicos disponibles.

Este tipo de centrales de bombeo constan de dos embalses y funcionan como una gran batería en la que el agua se bombea al depósito superior utilizando el exceso de producción de energía eólica o fotovoltaica de la zona y se turbina de vuelta al inferior para generar electricidad en los momentos de mayor demanda, una operación que, según han apuntado las organizaciones, se realizaría a un precio que duplica el habitual.

El bombeo, han afirmado, puede parecer una tecnología “sensata” pero carece de sentido en esta ubicación debido al irreversible impacto ecológico que comportaría. Se trata, recuerdan, de un entorno que combina masas maduras de hayas, abedules y robledales con formaciones calizas, integrado en la Red Natura 2000 y que cuenta con varias Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 13 lugares de interés geológico.

Su construcción, han alertado, provocaría la desaparición de numerosas especies protegidas puesto que este valle alberga actualmente a dos especies animales en peligro de extinción y ocho vulnerables, además de tres incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.

Entre la fauna afectada se encuentran 17 de las 29 especies de murciélagos de la península ibérica, aves rapaces, el tritón alpino e ibérico, el lobo, la nutria, el gato montés, el rebeco, el águila real, el buitre leonado y el halcón.

Asimismo, el entorno es el hábitat de dos especies exclusivas de la Cordillera Cantábrica como son la perdiz pardilla y la liebre de piornal y una zona crítica para el oso pardo, al actuar como nexo de unión indispensable entre las poblaciones occidental y oriental de la cordillera.

La huelga de médicos ha dejado este martes 4.337 consultas de médico de familia y pediatra suspendidas en el turno de mañana en Castilla y León, con además 178 intervenciones quirúrgicas, 437 pruebas diagnósticas y 3.235 consultas externas canceladas en los hospitales de la comunidad. Mañana saldrán en manifestación los facultativos para reclamar un estatuto propio distinto del de los demás sanitarios.

En este segundo día de la huelga semanal de médicos de junio, que se adentran en su quinta semana de huelga en este 2026, el seguimiento ha sido del 14% de media en la sanidad de Castilla y León (según la Junta), un punto menos que ayer, con los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

Los médicos arrancaron ayer su quinta semana de huelga, una por mes desde febrero, que parará en verano, para reclamar un estatuto marco propio, en un paro convocado a nivel nacional por los sindicatos médicos.

La huelga ha llegado al 18 % en Atención Hospitalaria (902 profesionales en huelga), con un 7 % en Atención Primaria (170 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.072 facultativos de los 7.430 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido: en Ávila, 5,3 %, 25 médicos en huelga; Burgos, 18,6 %, 173 en huelga; León, 23,4 %, 301; Palencia, 11,4 %, 54 médicos; Salamanca, 12,6 %, 177 facultativos; Segovia, 12,2 %, 52; Soria, 15,3 %, 35; Valladolid, 11,8 %, 209 médicos; y Zamora, 9,9 %, 46 médicos en huelga.

Y de las 4.337 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana: Ávila ha sumado 245; Burgos, 435; León, 1.465; El Bierzo, 253; Palencia, 140; Salamanca, 651; Segovia, 70; Soria, 238; Valladolid Este, 266; Valladolid Oeste, 315; y Zamora, 259.

Los médicos de Castilla y León, convocados por CESM, secundan esta última semana de huelga antes del verano, con unos servicios mínimos planteados por la Consejería de Sanidad de esa comunidad que el sindicado ha vuelto a recurrir, como los anteriores, por considerarlos abusivos y lesivos para el derecho de huelga del colectivo médico.

CESM CyL ha explicado que siguen sin recibir respuesta por parte de la justicia, aunque no por ello van a dejar de denunciar unos servicios mínimos que continúan vulnerando un derecho fundamental.

La anterior semana de huelga, entre el 18 al 22 de mayo, supuso en la sanidad pública de la comunidad, 43.935 consultas canceladas, 26.358 de Atención Primaria y 17.577 de Hospitalaria, con 991 intervenciones quirúrgicas y 2.208 pruebas diagnósticas suspendidas.

Más de cien mil consultas suspendidas desde el inicio de la protesta

En abril, concluyó con 37.919 consultas canceladas en la sanidad pública de Castilla y León (24.115 de Atención Primaria y 13.804 de Atención Hospitalaria), con 888 intervenciones quirúrgicas y 1.885 pruebas diagnósticas suspendidas en los catorce hospitales públicos de Castilla y León.

El anterior paro, entre el 16 y 20 de marzo, concluyó en Castilla y León con 52.124 consultas canceladas, y 1.162 intervenciones quirúrgicas y 2.468 pruebas diagnósticas suspendidas en los hospitales de la Comunidad.

Y la primera semana de la huelga nacional de médicos del 2026 se cerró con la cancelación en los cinco días de más de 59.117 consultas (37.600 en atención primaria y 21.517 en hospitalaria), 1.200 cirugías y 2.964 pruebas diagnósticas, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

Los sindicatos convocantes han anunciado que las movilizaciones se suspenden durante el verano –para no cargar más a las plantillas entre los descansos estivales– pero volverán a retomar la campaña en setiembre.

La quinta semana de huelga de médicos de este 2026, que comenzó en febrero y que parará en verano, para reclamar un estatuto marco propio, ha dejado en su arranque este lunes un total de 5.210 consultas suspendidas en medicina de familia y pediatría en el turno de mañana, y otras 3.214 consultas hospitalarias y 146 cirugías.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad ha detallado este lunes que el paro convocado a nivel nacional por los sindicatos médicos ha tenido un seguimiento medio del 15 % en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En conjunto, el paro ha alcanzado una media del 19 % en Atención Hospitalaria (916 profesionales en huelga) y del 8 % en Atención Primaria (183 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga 1.099 facultativos de los 7.218 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido: Ávila, 6 %, 25 médicos en huelga; Burgos, 20 %, 184 en huelga; León, 25 %, 320; Palencia, 14,4 %, 65 médicos; Salamanca, 12,4 %, 165 facultativos; Segovia, 12,9 %, 56; Soria, 14,9 %, 34; Valladolid, 12,6 %, 217 médicos; y Zamora, 7,2 %, 33 médicos en huelga.

Además, la primera jornada en huelga de los médicos de junio ha producido la suspensión de esas 5.210 consultas en medicina familiar y pediatría en el turno de mañana: Ávila, 315; Burgos, 833; León,1.681; El Bierzo, 225; Palencia, 168; Salamanca, 714; Segovia, 168; Soria, 210; Valladolid Este, 273; Valladolid Oeste, 350; y Zamora, 273.

Asimismo, se han cancelado 146 intervenciones quirúrgicas, 318 pruebas diagnósticas y 3.214 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.

Los médicos de Castilla y León, convocados por CESM, secundan esta última semana de huelga antes del verano, con unos servicios mínimos planteados por la Consejería de Sanidad de esa comunidad que el sindicado ha vuelto a recurrir, como los anteriores, por considerarlos abusivos y lesivos para el derecho de huelga del colectivo médico.

CESM CyL ha explicado que siguen sin recibir respuesta por parte de la justicia, aunque no por ello van a dejar de denunciar unos servicios mínimos que continúan vulnerando un derecho fundamental.

La anterior semana de huelga, entre el 18 al 22 de mayo, supuso en la sanidad pública de la comunidad, 43.935 consultas canceladas, 26.358 de Atención Primaria y 17.577 de Hospitalaria, con 991 intervenciones quirúrgicas y 2.208 pruebas diagnósticas suspendidas.

En abril, concluyó con 37.919 consultas canceladas en la sanidad pública de Castilla y León -24.115 de Atención Primaria y 13.804 de Atención Hospitalaria-, con 888 intervenciones quirúrgicas y 1.885 pruebas diagnósticas suspendidas en los catorce hospitales públicos de Castilla y León.

El anterior paro, entre el 16 y 20 de marzo, concluyó en Castilla y León con 52.124 consultas canceladas, y 1.162 intervenciones quirúrgicas y 2.468 pruebas diagnósticas suspendidas en los hospitales de la Comunidad.

Y la primera semana de la huelga nacional de médicos del 2026 se cerró con la cancelación en los cinco días de más de 59.117 consultas (37.600 en atención primaria y 21.517 en hospitalaria), 1.200 cirugías y 2.964 pruebas diagnósticas, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

Esta última semana de huelga pone de manifiesto que el conflicto por la reforma del estatuto marco está enquistado, pues los seis sindicatos convocantes -la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- han solicitado al Gobierno nuevos interlocutores que desataquen las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

Han anunciado que las movilizaciones se suspenden durante el verano -para no cargar más a las plantillas entre los descansos estivales- pero volverán a retomar la campaña en septiembre.

A las doce de la mañana de este 10 de junio se bajaban las trapas de la totalidad de los establecimientos comerciales y empresariales en la comarca de Laciana. Sólo en algunos se mantuvieron servicios mínimos. Y la gente comenzó a concentrase en la avenida de la Constitución frente al Ayuntamiento.

Después de los prolegómenos, salió la manifestación encabezada por una pancarta con el lema 'Una Laciana con futuro' y un subtitulo muy sugestivo: 'Hay que poner fin a tantas décadas de promesas, mentiras, excusas y discriminación'. 

Portando la pancarta de cabecera los cabezas de lista de los tres grupos políticos municipales (PSOE, IU-Podemos y PP) y los tres secretarios comarcales de los sindicatos (CCOO, UGT y USO). Seguidos por los numerosos vecinos concentrados, unos dos millares.

El recorrido por varias calles de Villablino discurrió casi en ambiente festivo, disfrutando de la soleada mañana, y escuchándose, especialmente en la cabecera de la manifestación, algunas consignas ya muy escuchadas y repetidas en la comarca desde hace bastantes años, como 'Laciana no se vende, se defiende'.

Al finalizar, nuevamente frente al edificio consistorial, los que encabezaban la manifestación subieron al balcón de la sede de CCOO en Villablino para colocar la pancarta en su baranda. Desde donde dos jóvenes estudiantes locales leyeron el manifiesto preparado para el evento, para poner fin a la concentración.

Un final que no me dejó personalmente un buen sabor de boca, puesto que no me gusta la utilización de los jóvenes para cuestiones políticas. Si de lo leído en ese manifiesto nada o todo se cumple, no se debe ligar esa imagen de fracaso, más probable, o acierto a los jóvenes. Si no a los que han sido elegidos como representantes públicos para que asuman los errores y aciertos de su gestión.

¿Y ahora qué?

La propuesta política nacida de un pleno del 30 de julio de 2025 ha recibido el respaldo social solicitado. Pese a que han tardado un año en solicitarlo y de la que parecen haberse adueñado los sindicatos locales, pues realmente fueron los únicos firmantes de la pancarta.

Es de suponer que de inmediato los grupos políticos proponentes iniciarán una peregrinación por las instituciones superiores, Gobierno Central, Autonómico y Diputación Provincial, al que se puede añadir la CE, exigiendo los acuerdos incluidos en la propia moción. Con argumentos suficientes y olvidándose de colores políticos.

ILEÓN solicitó al Ayuntamiento de Villablino, el uno de agosto de 2025 información sobre a que instancias superiores, ministerios, consejerías, parlamentos, plenos o departamentos se iba a dar traslado de la moción y las demandas; y a fecha de hoy aún no ha recibido respuesta a sus preguntas.

Es de suponer que los siguientes pasos para reclamar lo que todos dicen es de justicia, no se demoren de nuevo un año. Para animar al resto de organismos públicos, especialmente en los asuntos de tasas e impuestos, el propio Ayuntamiento de Villablino podría dar ejemplo rebajando el coste de las tasas, permisos, y demás tramitaciones municipales a los emprendedores, aunque solo fuese en cantidades mínimas y simbólicas.

El 'defensor del pueblo' autonómico, Procurador del Común de Castilla y León, tramitó durante el pasado año un total de 6.267 expedientes, frente a los 5.886 del año anterior, impulsado principalmente por las reclamaciones relacionadas con una planta de incineración de biomasa como epicentro de la Red de Calor de la Junta en León capital, que acapararon casi la mitad de las quejas (cerca de 3.000), y por la reducción de consultas de Pediatría en el centro de salud de Cistierna.

El informe anual de la institución, entregado este viernes por el Procurador del Común en funciones desde hace años, Tomás Quintana, al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, refleja que de esos 6.267 expedientes, 4.078 correspondieron a 17 quejas múltiples, es decir, reclamaciones presentadas por numerosos ciudadanos sobre un mismo asunto.

De ahí que la actuación que generó un mayor volumen de expedientes fue la oposición al proyecto de instalación de la macroplanta de incineración de la llamada Red de Calor del barrio leonés de Puente Castro, con una instalación de quema de biomasa, nitrógeno verde y placas solares. Sólo esta iniciativa, con gran contestación vecinal del sur de la ciudad, motivó 2.962 reclamaciones.

Curiosamente, esta iniciativa se archivó al haber tenido conocimiento la institución de que se habían interpuesto recursos judiciales, contencioso-administrativos, tanto frente a la concesión demanial de los terrenos por el Ayuntamiento a la empresa pública Somacyl como frente a la declaración de la Junta como Proyecto de Interés Regional y a la autorización ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Es decir, que las casi 3.000 quejas se quedaron finalmente en nada.

Fue seguida en segundo lugar por las 476 relacionadas con la gran protesta social de la reducción de consultas de Pediatría en Cistierna, en la Montaña Oriental de León. También destacaron las 248 quejas por la limpieza de fincas y solares en Marugán (Segovia) debido al riesgo de incendios, así como diversas reclamaciones vinculadas a procesos de reclasificación profesional de empleados públicos.

Gran presencia de Castrocalbón

Más allá de las reclamaciones ciudadanas, el Procurador del Común inició 143 actuaciones de oficio, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por contaminación por nitratos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Buena parte de ellas se produjeron por un goteo de asuntos diferentes en el municipio de Castrocalbón, también en la provincia leonesa.

Entre las iniciativas destacadas figuran actuaciones para mejorar las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida, la adaptación de aseos públicos para personas ostomizadas y el análisis de la futura gestión de residuos procedentes de instalaciones fotovoltaicas cuando alcancen el final de su vida útil.

Por áreas, la Administración local volvió a concentrar el mayor número de quejas, con 504, seguida de Fomento (294), Empleo Público (238), Sanidad y Consumo (230) y Medio Ambiente (223).

El informe también refleja que la institución dictó 1.333 resoluciones durante el pasado ejercicio. De ellas, 1.103 incluyeron recomendaciones o sugerencias a las administraciones afectadas, con un grado de aceptación del 84,39 %, una cifra similar a la registrada en ejercicios anteriores.

La Consejería de Sanidad volvió a ser el departamento autonómico que acumuló más reclamaciones, con 259, seguida por Educación (148) y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (97). El informe será debatido en un próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León en una fecha aún por determinar, una vez que tome posesión el nuevo Gobierno.

El sindicato ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) ha denunciado este viernes una nueva agresión de un recluso a cuatro funcionarios en el centro penitenciario provincial de León, la cárcel de Villahierro, ubicada en Mansilla de las Mulas.

Según sus datos, la agresión se registró el jueves y afectó a cuatro trabajadores que resultaron heridos en el departamento de aislamiento por un interno, que previamente había salido a una consulta de Urgencias al Hospital de León.

El preso, un interno clasificado en primer grado de tratamiento -el más restrictivo que contempla la normativa penitenciaria-, y que lleva pocos días en el centro de León, se tragó una pila y dos cuchillas, con la intención de forzar su salida al hospital.

ACAIP ha informado que al reingreso del Hospital, y una vez ubicado en el módulo de aislamiento, la emprendió a golpes contra cuatro trabajadores, que sufrieron heridas de gravedad, y que una vez solventado el incidente tuvieron que ser atendidos en un centro hospitalario de la capital leonesa de sus heridas al tener contusiones y cortes a raíz de la violencia con la que el interno actuó.

El sindicato ha advertido que en lo que va de año son ya 15 los trabajadores que han sido agredidos en el Centro Penitenciario de León, “algo que nunca había ocurrido, y que no podemos permitir”. Las peleas, agresiones e incidentes son diarios, remarcan en una nota de prensa, y “la excepción se ha convertido en la norma, siendo hoy la prisión de Mansilla un auténtico polvorín”.

Desde ACAIP se ha denunciado que lo que está pasando en los últimos meses en el centro penitenciario “no son hechos aislados, sino la causa de un deterioro evidente de la seguridad y de la falta de medios suficientes para garantizarla”, por lo que ha alertado de que “si no se adoptan medidas urgentes y efectivas, las consecuencias pueden ser muy graves”.

Asimismo, la organización ha apuntado que la curva de la población reclusa en León ha entrado en una fase de ascenso acelerado que “amenaza con quebrar el sistema penitenciario en el centro”. Por último, desde ACAIP se ha deseado una pronta recuperación a los trabajadores agredidos, deseando que los hechos ocurridos “no vuelvan a producirse” y se ha solicitado a la dirección del centro que, de manera inmediata, trasladen a otra prisión al interno protagonista de la agresión.

Las asociaciones de vecinos que se oponen a la macroplanta de biomasa proyectada en Puente Castro, llamada Red de Calor, han convocado para este miércoles 10 de junio una nueva movilización en León para mostrar su rechazo al proyecto. Los convocantes hacen un llamamiento a la ciudadanía para salir a la calle “por nuestra salud, por el cuidado de nuestro entorno natural y nuestro patrimonio cultural”.

Las asociaciones convocantes cargan especialmente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, por permitir este proyecto promovido por Somacyl (dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo consejero en funciones es el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones). Desde su presentación, el proyecto acumula alegaciones y protestas ciudadanas de vecinos de Puente Castro y La Lastra, donde más se verán afectados por los posibles impactos ambientales, algunos de los cuales ya son visibles, como la tala de numerosos árboles en Puente Castro.

La denominada Red de Calor Sostenible contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años divididos en dos grandes actuaciones. La primera de ellas es la construcción del propio complejo energético, que ocupará 22 hectáreas en Puente Castro (junto al cementerio municipal, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y los ríos Torío y Bernesga). La segunda es la red de canales subterráneos de 65 kilómetros en el proyecto inicial (a los que se pueden sumar más, entre 30 y 40 kilómetros, según las asociaciones vecinales) que distribuyen calefacción y agua caliente a edificios públicos, viviendas y empresas. Afectará a 127 calles del municipio de León.

La protesta se desarrollará mediante dos marchas. La primera partirá a las 18.30 horas desde la plaza del Lavadero, en Puente Castro, mientras que la segunda arrancará a las 19.00 horas desde la plaza de la Cámara de Comercio, en La Lastra. Ambas confluirán posteriormente para dirigirse juntas hacia la plaza de San Marcelo.

Villablino tendrá este miércoles un paro general a media mañana para llamar la atención sobre su abandono por parte de las instituciones. Así lo han decidido los convocantes de este paro, que son prácticamente todos los representantes políticos y sindicales de la Comarca de Laciana. Es deci, los tres grupos políticos municipales, socialistas, Podemos-IU y populares, a los que se han sumado los sindicatos UGT, CCOO y USO. Y en su preparación han mantenido reuniones con representantes de colectivos sociales locales, de los empresarios y del sector de la educación.

Tras reunirse con el sector educativo, en una nota de prensa posterior, se trasladaba a la opinión pública la siguiente conclusión. “En la reunión, todos los participantes han manifestado la importancia de este frente y su adhesión al mismo: se ha enfatizado que los propios centros tienen un papel esencial para evitar la pérdida constante de alumnos y recursos, trasladándoles a los jóvenes la necesidad de movilizarse y demostrar la unidad de acción, para que su futuro en el Valle sea posible”.

Con este paro se pretende extender la concienciación social colectiva de la necesidad de unión de toda la población del municipio. En la concentración que se convoque se leerá un comunicado, según se anunció a los asistentes a la reunión con autónomos y empresarios.

El 'Frente Común'

En un pleno celebrado el 30 de julio de 2025 se aprobó una propuesta conjunta de los tres grupos políticos municipales denominada 'Moción para el desarrollo de un proyecto específico de reactivación para Laciana a través de un frente común', que fue aprobada por unanimidad

En el mes de diciembre se produjo un encuentro al que asistieron también los representantes sindicales de las tres organizaciones antes mencionadas, tras la cual emitieron una nota de prensa en los siguientes términos.

“En la reunión, se ha expresado que es necesaria una nueva movilización, que cree conciencia social sobre la situación de las cuencas mineras, pero sobre todo de Laciana, en su calidad de cabecera de comarca. Hasta ahora, la financiación de los Planes de Reactivación ha ayudado a crear iniciativas, pero no han dotado de empleos ni fijado población en el Valle, por lo que se torna necesario manifestar esto ante todas las Administraciones superiores. 

En la reunión, tanto sindicatos como representantes políticos han expresado la necesidad de implicar a todos los colectivos, desde los industriales hasta el sector educativo y juntas vecinales, para ir preparando la movilización, que tendrá lugar, previsiblemente, durante el primer trimestre del año entrante. También se irá trabajando en la concreción de las solicitudes y el manifiesto que se leerá entonces, así como la posibilidad de establecer un tiempo de paro“.

En la moción presentada y aprobada, tras una argumentación razonada de los motivos que promueven esta inusual unión de las tres formaciones políticas, se incluyen una serie de hasta ocho propuestas concretas para incluir en una reclamación “al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de León, la coordinación para la implementación de un Plan Integral Especifico de Desarrollo Sostenible para el Valle de Laciana, con dotación presupuestaria adecuada y de carácter urgente”.

La Coordinadora Pensionista de León convoca para este lunes 8 de junio su concentración periódica frente a la plaza de Botines, en la que a su demanda habitual unirá otras dos: una condena por “la acción policial represiva en Valencia” contra una maestra jubilada que fue empujada por detrás por un antidisturbios hasta tirarla al suelo y causarle lesiones en la cara; y una reivindicación de mejor atención sanitaria al hilo de la celebración el pasado 28 de mayo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La cita, como es habitual, tendrá lugar a las 12.30 horas.

Así, la Coordinadora reafirma su apuesta por la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas. Lo hace frente a lo que considera como una “campaña mediática” orientada hacia ofrecer como solución los “planes privados”, a su juicio de “dudosa rentabilidad”. También denuncia la “demolición controlada” del estado de bienestar, así como a quienes “fomentan el enfrentamiento entre generaciones” y “el impulso del Gobierno por alargar la vida laboral”.

La concentración también servirá para condenar la intervención policial en Valencia “contra una maestra jubilada que se manifestaba pacíficamente con el colectivo de profesionales de la enseñanza para exigir mejores condiciones laborales”, así como para denunciar la “poca motivación de terapias, investigaciones y prevenciones en algunas de las enfermedades que afectan sobremanera a las mujeres”.

La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca un nuevo Lunes sin sol por el asesinato de una mujer, Patricia, de 48 años, en este caso en Callosa de Segura (Alicante). La concentración, como siempre, tendrá lugar en la plaza de Botines a las 20.00 horas.

Con esta nueva víctima, son ya 23 las mujeres muertas por violencia de género en España en lo que va de 2026, un total de 1.364 desde 2003. El número de huérfanos por esta cuestión asciende ya a 12 en el presente año, 516 desde 2001.

La Plataforma contra la Violencia Machista de León instituyó hace 20 años los Lunes sin sol, que este 8 de junio cumplirán su concentración número 661.

Y es que, desde 2005, el conglomerado convoca esta concentración de protesta siempre que una mujer haya sido asesinada por un hombre con el que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó este miércoles en León una campaña de incendios “que no se corresponde con la realidad que viven los profesionales del operativo forestal de Castilla y León”. Sus declaraciones, a juicio del sindicato, “constituyen un nuevo ejercicio de propaganda institucional, destinado a ocultar las carencias que arrastra el sistema de prevención y extinción de incendios desde hace años”.

Así, CSIF considera “inadmisible” que la Junta siga intentando trasladar a la opinión pública un mensaje de normalidad, cuando “los problemas denunciados reiteradamente por los representantes de los trabajadores siguen sin resolverse”. En opinión del sindicato independiente, Castilla y León continúa afrontando cada campaña de alto riesgo con importantes déficits de personal y sin el refuerzo estructural que exige la magnitud de su masa forestal.

“Lo cierto es que no se ha hecho prevención en los montes a pesar de incrementar, según dicen, la inversión en 10 millones de euros. Tampoco se ha incrementado en ni una sola persona el dispositivo, y los trabajadores continúan enfrentándose a condiciones precarias y plantillas insuficientes”, señala CSIF.

El sindicato considera que un reflejo de esta situación es la provincia de León, que junto con Zamora son los territorios que más sufrieron la voracidad de los incendios en la Comunidad el pasado verano, “y donde a día de hoy, y a pesar de las altas temperaturas, no hay un solo bulldozer; solo 2 de los 4 helicópteros se encuentran operativos y más del 60% de las cuadrillas de tierra no están disponibles para acudir a incendios”.

En este sentido, CSIF denuncia falta de medios en el operativo porque “los puestos han estado sin cubrir durante el invierno en un alto porcentaje, iniciando el llamamiento para su cobertura hace menos de un mes, faltando a fecha de hoy y estando inoperativos el 30% de los camiones de incendios y el 40% de los puestos de vigilancia”.

CSIF sostiene que los grandes incendios sufridos en 2025 pusieron de manifiesto las debilidades del modelo actual. Sin embargo, “lejos de acometer una reforma profunda del operativo, la Consejería sigue instalándose en la autocomplacencia y en la presentación de cifras que no reflejan lo que se encuentran diariamente los profesionales sobre el terreno”. “La Junta”, abunda, “sigue sin desarrollar las leyes básicas de bomberos forestales y agentes medioambientales. Está repitiendo los mismos errores”.

Y es que el sindicato subraya que, actualmente, unos 3.000 trabajadores del operativo antincendios siguen sin tener reconocida la categoría de bombero forestal hasta incluso negársela a “los propios directores técnicos de extinción, conductores, celadores de Medio Ambiente y a todos y cada uno de los trabajadores de la parte privada del operativo”.

La Junta publicó este miércoles la orden de guardias de 2025, con más de un año de retraso, mientras todavía no lo ha hecho con la correspondiente a 2026, lo que el sindicato asegura que se traducirá en demoras en las retribuciones “además de acarrear problemas al presentar la declaración de la renta”.

“Los ciudadanos de Castilla y León merecen transparencia y no campañas publicitarias”, recalca CSIF, que exige a la Junta de Castilla y León que “abandone el triunfalismo, reconozca las deficiencias existentes y adopte de forma urgente medidas reales para reforzar el operativo forestal”. La organización sindical no entiende que, ante el anuncio de que habrá nuevo Gobierno de Castilla y León en breves fechas, todavía presente la campaña Suárez-Quiñones, “el consejero negligente y culpable de todo lo que pasó el año pasado, y que no ha hecho ni una sola actuación para solucionar estos problemas”.

La Plataforma Defensa Ferrocarril Vía Estrecha León (Feve) ha hecho público este jueves el documento por el que el Ministerio de Transportes y Renfe acordaron en 2024 no adquirir los cinco trenes-tram para que el ferrocarril llegará de nuevo al centro de la capital leonesa, lo que suponía el abandono del proyecto de integración ferroviaria, según ha denunciado la plataforma en un comunicado.

En el documento oficial se recoge la modificación del contrato entre la Administración General del Estado y Renfe viajeros para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías, media distancia convencional, alta velocidad de media distancia (avant) y ancho métrico sujetos a obligaciones de servicio público en el periodo 2018-2027.

En la página 126 de la adenda 26 del documento se afirma que “se van a adquirir 18 trenes de ancho métrico y se ha decidido no adquirir los 5 tren-tram (con destino a la línea FEVE de León), de lo cual se informará debidamente”.

La plataforma solicitó, al amparo de la Ley de Transparencia, que el Ministerio y Renfe informasen sobre el motivo de dicha exclusión, al considerar que era “una violación flagrante del Convenio Marco de 2010 para la integración de la extinta Feve en León”.

“Fiel a su costumbre y mediante el 'copia y pega' habitual sin fundamento jurídico sólido decidieron no contestar a la solicitud”, ha criticado la plataforma.

Según ha explicado, desde hace 10 años el paso clave restante para la integración del ferrocarril de la línea de Feve en León era la licitación de los trenes-tram, que “como ya sabemos fueron licitados anteriormente y pagados en parte para luego acabar algunos en México y otros como chatarra y con sus consecuentes vaivenes judiciales”.

“Desde entonces Renfe mantenía el compromiso de licitarlos nuevamente, aunque nunca se llegó a ejecutar”, ha añadido la plataforma, que también ha insistido en que la retirada de los trenes-tram de las obligaciones de servicio de Renfe supone por parte del Ministerio el “abandono definitivo del proyecto”.

Desde la Plataforma en Defensa de Feve se ha denunciado la estrategia comunicativa de los dirigentes del PSOE de León y del propio ministro de Transportes que han decidido, de cara a la opinión pública, defender el retorno de los trenes a la estación de Padre Isla cuando exista tecnología para ello.

Un argumento que, a juicio del colectivo, es “falaz y ampliamente desmontado por los informes técnicos aun sabiendo que la decisión política de abandonar el proyecto ya estaba tomada desde, por lo menos, 2024”.

La plataforma ha calificado el proyecto de integración ferroviario como “despilfarro de dinero público y con una pésima gestión”, lo que justifica la marcha de protesta entre las localidades de Guardo (Palencia) y León, en las que presta servicio Feve, que se desarrollará del 30 de junio al 5 de julio.

Por otra parte, la plataforma se ha felicitado por la inclusión del proyecto para que el tren llegue al centro de la ciudad en el pacto de gobierno alcanzado entre PP y Vox, para lo que la Junta de Castilla y León “debería solicitar el traspaso de la competencia ferroviaria por lo menos en el tramo urbano para facilitar los cambios normativos necesarios”, ha concluido la plataforma.

El Partido Popular (PP) en la oposición del Ayuntamiento de León censura el estado de abandono, plagado de “hierbajos”, que presentan en la actualidad un total de seis rotondas en las que el equipo de gobierno de José Antonio Diez (PSOE) se gastó 358.000 euros hace poco más de un año. Son seis glorietas que fueron objeto de una actuación de mejora estética y que actualmente presentan una imagen muy alejada de los objetivos anunciados por el Ayuntamiento cuando se puso en marcha el proyecto, lamentan, porque “presentan un preocupante estado de abandono”.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, David Fernández, ha señalado que los vecinos y conductores que pasan cerca de estas rotondas les llama la atención la abundante presencia de hierbajos, maleza sin controlar, acumulación de suciedad e incluso residuos en distintos puntos de unas infraestructuras que fueron presentadas por el equipo de gobierno municipal como una apuesta por la mejora de la imagen urbana de la ciudad.

El proyecto, adjudicado a comienzos del año 2025, contemplaba la renovación y embellecimiento de las rotondas ubicadas en la Avenida Ingeniero Sáenz de Miera con la calle Los Aluches; Avenida La Lastra con calle Cirujano Rodríguez; Avenida La Lastra con calle San Froilán; calle Emilio Hurtado-acceso a las piscinas municipales de La Palomera; calle Policarpo Mingote con calle San Antonio; y finalmente calle Policarpo Mingote con calle Nazareth. Se destacó que cada una de ellas tendría su propio diseño y abundarían los guiños al león rampante, los reyes de León o el rosetón de la Catedral, entre otros.

“Resulta difícil entender que una inversión de esta magnitud no vaya acompañada de un plan eficaz de mantenimiento que garantice la conservación de los espacios públicos”, lamenta el PP, porque consideran que “la proliferación de vegetación descontrolada y la falta de limpieza transmiten una sensación de abandono que deteriora a imagen de la ciudad y cuestiona la eficacia de la gestión realizada”. “Una más en al hoja de servicios de José Antonio Diez”, zanjan.

El portavoz popular recuerda que su grupo municipal ya aconsejó que se utilizara vegetación, como en la mayor parte de municipios, donde han ido aumentado el número de árboles y elementos decorativos naturales. “Frente a la tendencia en otras ciudades que optan por plantas locales y resistentes, en León se eligen rotondas duras. Las plantas autóctonas se adaptan mucho mejor al clima de cada zona, permitiéndoles lucir un aspecto urbano atractivo y minimizando las tareas de mantenimiento”, asegura en un comunicado.

Una nueva polémica, de un calado muy diferente a los habituales, como por ejemplo los de carácter medioambiental, se cierne sobre las obras preparatorias del proyecto de la llamada Red de Calor que ejecuta desde hace meses la Junta de Castilla y León junto al cementerio de León. Se trata de la zona elegida por la empresa pública Somacyl para comenzar a desarrollar la macroplanta de incineración de combustible vegetal, que se completará con otra de nitrógeno y una planta de placas solares en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital leonesa.

Desde finales del año pasado, y por un valor de 7,6 millones de euros, en una gran superficie de 23,8 hectáreas llevan trabajando las máquinas de la unión temporal de empresas (UTE) que se alzó con ese contrato inicial y preparatorio, una UTE denominada 'Red de Calor León' que conforman las empresas Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras.

En espera de los dos millonarios proyectos que acaban de licitar a mayores la empresa pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente para construir la obra civil completa que levante todo el complejo energético previsto, que suman otros 62 millones de euros a mayores, estas compañías llevan meses realizando movimientos de tierras, desmontes, varios kilómetros de caminos, zonas de acopio de material, e incluso dotando ya a la zona de servicios de canalización subterránea iniciales.

El Soto de Santa Olaja, que es como se denomina el emplazamiento para el complejo energético de la Red de Calor, forma un gran triángulo delimitado por uno de sus lados por el cementerio municipal de la capital leonesa, con el que lindará en concreto la central de biomasa, así como por los ríos Bernesga y Torío y la Ronda Sur de León LE-30.

ILEÓN ha podido comprobar a través de varias imágenes que en una de las zonas de movimientos de tierras han aparecido varios restos de material funerario. En un montículo con abundante material se aprecia por ejemplo una pesada cruz de piedra que se encuentra completa. Pero no es el único resto que parece proceder del camposanto municipal de la ciudad: En la zona se aprecian restos de lápidas, algunas muy fracturadas pero otras más completas y reconocibles. También asoman piedras labradas de sepulturas e incluso de panteones. Todo ello forma un conjunto elevado en una zona de desnivel pronunciado.

Por el emplazamiento donde se encuentra esta zona, el lugar coincide sin lugar a dudas con una zona de trabajo de las empresas contratadas por la Junta a través Somacyl, está dentro de la zona de obra acotada. Pero lo que no se puede apreciar sobre el terreno es si la acumulación de todo este material tanatorio era algo presente en ese punto de manera previa a la contratación e inicio de los trabajos a la UTE Red de Calor León o si ha sido fruto de las labores de las compañías contratadas por Somacyl.

Los ecos del talado masivo de árboles

Este nuevo escándalo se suma al que ha adquirido gran repercusión la semana pasada al desvelarse el talado masivo de árboles en el entorno del cauce del río Torío. Se trata de la zona elegida por la Junta de Castilla y León para construir una pasarela sobre el río por la que discurrirán los grandes tubos de transporte de calor desde la macroplanta de incineración de biomasa forestal de la Red de Calor hacia el subsuelo de los barios de la ciudad a los que llegará toda la canalización subterránea prevista, de casi 30 kilómetros sólo en la primera fase.

Ese gran desbroce y tala de ejemplares valiosos se extiende prácticamente en 1.000 metros cuadrados, según recoge la documentación oficial del proyecto y en concreto la evaluación de impacto ambiental, un informe finalmente favorable que la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta se otorgó a sí misma hace un año, ya que quien lo ejecuta, Somacyl, también pertenece a la consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Vallado y corte de la senda peatonal

Apenas dos días después de saltar el escándalo, que ha producido ya numerosas voces críticas que se han sumado a las habituales de los vecinos de las asociaciones de los barrios más próximos a la Red de Calor, Puente Castro y La Lastra, la empresa ya ha comenzado a preparar el inminente vallado de la zona. Un amplio vallado (montaje en la foto superior) que impedirá pronto el paso de cualquier persona ajena a la obra por las inmediaciones de este futuro punto de paso de río Torío, donde se construirá la pasarela de 82 metros de largo y 5,90 de ancho, y que obligará a dar un amplio rodeo a los miles de paseantes y ciclistas que utilizan la senda peatonal de La Lastra, entre La Candamia y la plaza de toros de la ciudad.

Más de medio millar de personas convocadas por la asociación OncoBierzo han denunciado este viernes la falta de especialistas en el Hospital El Bierzo de Ponferrada y han reclamado medidas que frenen la pérdida de profesionales sanitarios en la comarca.

El portavoz del colectivo, Tito Gago, ha asegurado a los medios de información durante la protesta que el plan específico impulsado por la Junta para El Bierzo, con más de 150 actuaciones previstas, “se ha quedado en un lavado de cara sin mejoras reales en la asistencia sanitaria”.

La plataforma ha denunciado además que la plantilla orgánica del hospital continúa por debajo de las necesidades reales y ha alertado del “goteo constante” de especialistas que abandona el centro desde hace años.

Entre las principales reclamaciones del colectivo figura la declaración de El Bierzo como zona de difícil cobertura sanitaria, una medida que consideran clave para atraer y consolidar profesionales médicos en la comarca. OncoBierzo ha anunciado además que mantendrá las movilizaciones y continuará convocando concentraciones el último viernes de cada mes para exigir soluciones.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien ha participado en la protesta, ha criticado el “desprecio mayúsculo” de la Junta hacia la comarca berciana y ha reclamado soluciones urgentes para la situación sanitaria de la zona. Martínez, que ha acudido acompañado de representantes socialistas, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma ciudadana y ha vinculado parte de los problemas sanitarios a la situación política de la comunidad autónoma.

En este sentido, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que desbloquee la formación de gobierno tras las elecciones autonómicas para poder aprobar unos presupuestos que permitan afrontar las carencias del sistema sanitario. “Es necesario que la legislatura arranque de una vez”, ha señalado el dirigente socialista, quien ha criticado “el capricho” de mantener paralizada la acción política mientras continúan los problemas en la sanidad pública.

La Junta de Castilla y León, arropada por el Ayuntamiento de León, insisten en las bondades ambientales que supondrá la polémica construcción en el sur de la capital de la llamada Red de Calor, es decir, macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno verde y un 'mar' de placas solares junto al cementerio leonés. Hace apenas una semana que la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, Somacyl, licitó en dos contratos por un valor total de 62 millones de euros de la primera fase de construcción, que incluye la planta de combustión vegetal y casi 30 kilómetros de tuberías bajo un gran número de calles de la ciudad para 'enganchar' la energía calorífica que se generará. También es reciente la concesión de la licencia final por parte del Consistorio.

Sin embargo, hay un contrato poco conocido de hace sólo medio año que ha permitido ir adelantando a buen ritmo todos los trabajos preparatorios en la zona, toda la urbanización del emplazamiento elegido. Son labores que suponen el desbroce y movimiento de tierras, así como talas, de un total de 23,8 hectáreas en el gran triángulo que albergará todo el complejo energético, situado entre el cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío. Ese contrato Somacyl lo adjudicó en noviembre, por 7,6 millones (7.650.108,83 euros) y recayó en una unión temporal de empresas formada por tres compañías: Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras. El nombre de la UTE no esconde el proyecto para el que trabajan: Se llama 'Red de Calor León'.

El avance de la urbanización en la zona es tal que ha saltado el primer gran escándalo, visible ya en ambas márgenes del río Torío: la tala masiva de árboles. Se trata del lugar exacto donde se ha diseñado una pasarela para salvar el obstáculo de ese cauce fluvial. El nuevo 'puente', publicado ya hace años por ILEÓN, será una estructura metálica de casi 82 metros de larga con un ancho de 5,90 y se aprovechará dos de esos metros para que también sea de paso peatonal.

La pasarela arrancará exactamente tras las gradas del campo de fútbol del área deportiva de Puente Castro y se dirigirá en el otro lado de la ribera hacia el Paseo del Parque, en La Lastra, por donde ya discurrirán las grandes tuberías subterráneas justo entre el Coto Escolar y el centro de Autismo León.

Hace días que las empresas vienen realizando esa tala, señalando los ejemplares a desaparecer y amontonando los troncos ya cortados. Se aprecia un gran corte de la línea de bosque de ribera en ese tramo final del Torío, y es que la extensión de la tala es enorme. La cifra de la superficie afectada es oficial y aparece en el informe favorable de impacto ambiental que Medio Ambiente se concedió ' a sí mismo' -porque también promueve el proyecto, hace exactamente un año, en junio de 2025.

Interés comunitario: sauces, álamos y olmos

Según el informe, se están talando en total sólo en este punto casi 1.000 metros cuadrados de arbolado (984 concretamente). Entre los ejemplares, la mayoría son además de tres especies muy sensibles, como son los llamados Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 92A0, es decir, catalogados como valiosos bosques de galería. Se trata de ejemplares de Salix alba (sauce blanco), Populus alba (álamo blanco) y en menor medida Ulmus minor (olmo común).

El informe favorable resalta que este punto en el que se corta toda la vegetación para construir la pasarela no está dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC), aunque sí vincula de 'Riberas del río Esla y afluentes'. También se tilda de “permanente” el impacto de las talas pero finalmente la Junta lo cataloga como una especie de mal menor: “Irreversible pero recuperable”. Esa recuperación a la que Medio Ambiente se aferra se refiere a una futura medida de compensación que refleja que en este mismo punto se reforestará con el doble de superficie cuando la obra acabe: 2.000 metros cuadrados de vegetación de ribera.

También remarca que ya se sabía que esta actuación sería la mayor afección, aunque no la única en la amplia zona de trabajo: en total, el proyecto contempla el desbroce de las 23,8 hectáreas de terreno, de las cuales 31.050 metros cuadrados corresponden a arbolado y otros 191.480 afectan a zonas de herbazal-matorral con arbolado disperso.

Voces críticas vecinales

Todo esto son datos y son oficiales. Pero el escándalo es simplemente visual, basta con pasear por la zona y observar el paisaje ya talado. Por eso, ya se han elevado las primeras voces poniendo el grito en el cielo. La Asociación Vecinal Barrio de La Lastra, que junto con la de Puente Castro encabezan las protestas contra el macroproyecto autonómico, cargan también contra el papel de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a la que acusan de aplicar un “doble rasero” en función de quién promueva las actuaciones en el entorno fluvial.

Denuncian que mientras el organismo “machaca” a pueblos y agricultores por intervenciones o usos del agua, en este caso “mira para otro lado” ante una infraestructura vinculada, sostienen, a intereses “poderosos”, en referencia al “señor Quiñones -consejero de Medio Ambiente y máximo responsable de Somacyl- y su amigo, nuestro alcalde, José Antonio Diez”. Y cuestionan especialmente que se permita la implantación de lo que consideran una “industria contaminante” junto a los ríos Bernesga y Torío, la extracción de “millones de litros de agua”, el vertido de residuos al cauce y la tala de árboles de ribera. Por todo ello, ambos barrios han convocado una nueva manifestación el próximo 10 de junio que volverá a confluir en el centro de la ciudad, ante el Ayuntamiento, para volver a protestar por el avance de esta infraestructura.

ILEÓN ha solicitado a la Confederación información oficial sobre la solicitud de permisos, sus condiciones y los solicitantes para esta amplia actuación fluvial, no sólo de talas sino incluso de taponado del cauce del río para el paso de maquinaria pesada, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

La situación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo suma un nuevo episodio de tensión. La plantilla municipal, formada por unas 300 personas, todavía no ha cobrado este miércoles 27 de mayo la nómina correspondiente al mes de abril, un retraso que ha provocado una sonora protesta de los trabajadores a las puertas del Consistorio.

Funcionarios y personal laboral se concentraron durante la mañana con pancartas, silbatos y gritos de protesta para exigir el pago inmediato de sus salarios después de casi un mes de demora. La movilización obligó incluso a representantes del equipo de Gobierno en minoría de UPL, entre ellos la alcaldesa Ana María Fernádez Caurel, a bajar a la calle para dar explicaciones a los trabajadores.

El malestar en la plantilla es importante porque la situación afecta a la totalidad de los servicios municipales del tercer municipio con más población de la provincia de León. Además, muchos empleados denuncian que el retraso llega en un contexto de creciente desorganización interna y problemas administrativos acumulados desde hace meses.

UPL responsabiliza a Intervención y Tesorería

Tras la protesta, el equipo de Gobierno emitió una nota de prensa en la que pide disculpas por el retraso, aunque al mismo tiempo atribuye la situación a “circunstancias administrativas” relacionadas con el relevo en la Intervención municipal, la habilitación de firmas, un reparo técnico y la necesidad de volver a activar permisos de Tesorería.

El Ayuntamiento sostiene que el decreto y los pagos ya han sido firmados en el banco para completar la tramitación, aunque reconoce que la situación “no es justificable” y lamenta los perjuicios ocasionados a los trabajadores.

Sin embargo, el comunicado municipal ha generado todavía más malestar entre parte de la plantilla y representantes sindicales al considerar que el equipo de Gobierno trata de desplazar la responsabilidad política hacia altos funcionarios municipales, especialmente hacia los departamentos de Intervención y Tesorería.

La situación resulta especialmente delicada porque el mes de mayo está prácticamente finalizado y sigue sin concretarse cuándo se abonará finalmente la nómina pendiente de abril. Tampoco existe por el momento una fecha clara para el pago de la nómina correspondiente a mayo, que debería cobrarse en apenas unos días.

El proyecto 'estrella' del equipo de Gobierno de la Diputación de León, la gran novedad de su segundo mandato bajo pacto entre socialistas y leonesistas, el de poner en marcha una Oficina de Expropiaciones que acelere disponer de terrenos para desbloquear numerosos proyectos de arreglos de carreteras, finalmente será un proyecto 'estrella' privatizado.

Además, la excusa oficial ofrecida no es otra que sólo en manos de empresas privadas conseguirá agilizar esas expropiaciones para poner a disposición de administraciones públicas -ayuntamientos y la propia institución provincial- el suelo que se necesita para acometer los proyectos de reformas de viales que presentan años, incluso décadas, de desidia y falta de inversión.

Así se ha dado a conocer en el Pleno provincial celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes. A preguntas de la oposición del Partido Popular (PP), tanto el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, como el vicepresidente de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Roberto Aller, admitieron que se pondrá en marcha una licitación pública con la cuantía reservada en el actual presupuesto, 800.000 euros, para repartir ese dinero entre empresas privadas que se encarguen de realizar todos los trámites expropiatorios y poner los terrenos en bandeja a la Diputación y a los municipios afectados.

Aller llegó a expresar, incluso, que esta fórmula hará que sea “más ágil que desde el servicio (de Carreteras) sacarlos adelante”, dejando entrever que si de esas expropiaciones se encargaran los funcionarios públicos de la Diputación los plazos se dispararían. Idea que apuntaló el propio presidente del PSOE, al confirmar que “se va a subcontratar precisamente para que haya más agilidad”.

Aller, que desde el equipo de Gobierno insistía el año pasado en que la Oficina de Expropiaciones se crearía y funcionaría antes de final del pasado año, lo cual también se retrasó varios meses, detalló ahora la fórmula privatizadora que se empleará porque “esto lleva mucho trabajo”: ultimar unos pliegos y licitar un total de siete carreteras que se consideran las más acuciantes porque acumulan años de espera, y de desesperación de los municipios afectados.

Las siete carreteras, al detalle

Cada una de las siete tendrán sus condiciones, de manera que podrán adjudicarse a empresas distintas para realizar todo el trámite expropiatorio previo necesario a las obras de reforma, desde la farragosa localización de los propietarios a toda la burocracia posterior. O dicho por boca del vicepresidente y también diputado provincial de Infraestructuras: la intención es “que cada empresa trabaje en cada carretera necesaria”.

Los siete viales concretos son: la carretera de Santovenia de la Valdoncina a Chozas -con años de críticas y exigencias-; la de Santa María del Monte Cea; Trabadelo en El Bierzo; otra carretera en el municipio de Valdefresno, en la Sobarriba; la que en la comarca de la Cepeda va desde Villaobispo de Otero a Magaz; otra más en Oseja de Sajambre, en Picos de Europa; y finalmente en La Ercina.

En todas ellas, los proyectos de ejecución hace tiempo que están terminados por parte de la Diputación y las inversiones para su arreglo integral reservadas desde el punto de vista económico, vía presupuestos. Pero la falta de disposición de los terrenos sigue bloqueando el inicio de las obras, mientras se siguen acumulando desperfectos y peligros en todas ellas.

Este enfoque de privatizar para agilizar los procesos de la Oficina de Expropiaciones hizo que en el Pleno de hoy volviera a sobrevolar el debate general sobre los retrasos y dilaciones en las ejecuciones de todo tipo de proyectos, planes de obras o reparto de subvenciones por parte de la Diputación leonesa. Un problema endémico que el actual presidente, Álvarez Courel, ha resumido muchas veces con la expresión de que “las cosas de Palacio (de los Gumzanes) van despacio”. Gobierne quien gobierne.

Ante otros ruegos del portavoz del Grupo Popular, David Fernández, de desbloquear y acelerar desde las expropiaciones a numerosos planes vitales para los pueblos, como por ejemplo el de Pequeñas obras de Juntas Vecinales, el propio Courel lanzó una original frase, a medio camino entre lamento e ironía: “Me duele no tener una varita mágica, tipo Harry Potter, para tener todas las obras terminadas” dentro de plazos más razonables y rápidos.

La película Camino Negro, basada en la novela homónima de María Luisa Picado en torno a las revueltas mineras en las cuencas de Laciana y El Bierzo en pleno franquismo, da un nuevo paso al aterrizar en las plataformas Prime Video y FlixOlé. El filme, rodado en el otoño de 2023 en varios puntos de la provincia de León, presentó 17 precandidaturas a los pasados Premios Goya.

Camino Negro llegó este mismo viernes a Prime Video. Y previsiblemente lo hará la próxima semana a FlixOlé, especializada en cine español. Lo hace más de un año después de estrenarse, en marzo de 2025, en las salas comerciales, en aquel caso en Ponferrada y Villablino.

El Bierzo y Laciana son las cuencas mineras protagonistas de la trama, basada en las huelgas mineras de los años sesenta y setenta, enmarcadas en la lucha antifranquista y con personajes basados en personas reales como el entonces cura de Matarrosa del Sil (Toreno) Javier Sotuela, muy implicado en aquellas protestas laborales, sociales y políticas.

María Luisa Picado, extremeña afincada entonces en Matarrosa y ahora residente en Cataluña, escarbó en sus recuerdos para escribir la novela. Y fue coguionista de la adaptación al cine junto a su director, Luisje Moyano, al frente de un proyecto que implicó a intérpretes conocidos como Arantxa del Sol o Cuca Escribano con actores no profesionales reclutados por la zona como Aitana Quintans.