La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un hombre por estafar 120 euros a un aficionado que intentó comprar cuatro entradas para un partido de fútbol entre el Oviedo y el Eibar a través de la plataforma Milanuncios para el final de la temporada 2023/2024. El condenado deberá pagar una multa de 600 euros y devolver los 120 euros que recibió de la víctima, además de los intereses y las costas procesales correspondientes a la primera instancia.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, mediante una resolución del pasado mes de octubre, ha ratificado íntegramente la sentencia de primera instancia que condenaba por un delito leve de estafa a una multa. La sentencia, dictada el pasado 1 de octubre, es firme y no admite recurso.

Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de junio de 2024, cuando la víctima buscaba entradas para asistir al encuentro de fútbol entre el Real Oviedo y la Sociedad Deportiva Eibar que se disputaba el día 12. Ambos equipos se jugaban llegar a la fase final del playoff de ascenso a Primera División. La víctima encontró una oferta en Milanuncios y contactó con el supuesto vendedor, con quien posteriormente continuó las conversaciones a través de WhatsApp.

El interlocutor utilizaba un seudónimo y, después de los primeros mensajes, facilitó al comprador un segundo número de teléfono, asegurándole que pertenecía a su hermano y que sería la persona encargada de concretar la operación. El afectado llegó a mantener una conversación telefónica con ese segundo contacto, con quien acordó finalmente la adquisición de cuatro entradas por un importe total de 120 euros.

Confiando en la autenticidad de la oferta, el comprador realizó el pago mediante el sistema de efectivo móvil del BBVA. Poco después recibió una notificación de que el dinero había sido retirado en un cajero automático de Madrid. El supuesto vendedor llegó a solicitarle una dirección de correo electrónico para enviarle las localidades, pero estas nunca llegaron.

En lugar de recibir las entradas, el afectado descubrió que había sido bloqueado en WhatsApp, lo que le impidió volver a contactar con quienes habían gestionado la venta. Tampoco consiguió recuperar los 120 euros abonados, por lo que decidió denunciar los hechos.

Multa de 600 euros y la devolución del dinero

El afectado denunció la estafa y el Tribunal de Instancia de León 4 condenó al acusado al considerar acreditado que había actuado desde el principio con intención de obtener un beneficio económico ilícito, simulando una operación de compraventa que nunca pretendió cumplir. El condenado no se personó en el juicio para ofrecer su versión de los hechos.

Por ello se le impuso una pena de dos meses de multa con una cuota diaria de diez euros, equivalente a 600 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. También estableció la obligación de indemnizar al perjudicado con 120 euros, cantidad que devenga el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta su completo pago, además de las costas procesales.

La Audiencia Provincial ha considerado especialmente significativo que se acreditara que uno de los números de teléfono utilizados para gestionar la supuesta venta pertenecía al condenado.

La sentencia aborda el valor probatorio de las conversaciones mantenidas mediante aplicaciones de mensajería, una cuestión frecuente en los procedimientos judiciales relacionados con fraudes cometidos a través de internet. El tribunal rechaza la impugnación de los mensajes realizada durante el recurso porque la defensa no los cuestionó en el juicio ni aportó un informe pericial contradictorio capaz de desacreditar su autenticidad.

La Audiencia recuerda, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2021, que las conversaciones de WhatsApp no constituyen por sí solas documentos con fuerza suficiente para demostrar necesariamente todos los hechos discutidos, pero pueden ser valoradas conjuntamente con otras pruebas. En este procedimiento la jueza examinó los mensajes junto con la declaración del comprador, la documentación aportada y las diligencias policiales, llegando a la conclusión de que el acusado había participado activamente en la operación fraudulenta.

La Audiencia Provincial considerad probado que el acusado aparentó una voluntad real de vender las entradas cuando su propósito era obtener el dinero sin cumplir con la entrega. La operación no fue, por tanto, una compraventa frustrada por circunstancias posteriores, sino un engaño concebido desde el principio para conseguir un beneficio económico.

Los jueces han desestimado el recurso de la defensa al entender que no existió error alguno en la valoración de la prueba ni vulneración del derecho a la presunción de inocencia. De ahí la confirmación de la multa de 600 euros y la obligación de devolver los 120 euros al perjudicado, con los intereses establecidos.

El último partido entre el equipo asturiano y vasco se ha disputado a mediados del pasado mes de octubre en Segunda División, con victoria para el Real Oviedo, que ganó por tres goles a uno frente a la SD Eibar. En aquella temporada 2023/2024 ninguno de los dos logró ascender a Primera.

La Audiencia Provincial de León ha absuelto a una empresa de desguaces ubicada en San Andrés de Montejo, y a su gerente, de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, pese a que la empresa declaró durante cuatro años consecutivos que no había recuperado ni un solo kilogramo de gases refrigerantes de los vehículos tratados en sus instalaciones.

La Fiscalía atribuía a ambas un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en relación con la legislación reguladora de los gases fluorados y de la descontaminación de vehículos fuera de uso. Para la gerente solicitaba una pena de tres años de prisión, una multa de un año y ocho meses con una cuota diaria de seis euros y dos años de inhabilitación para ejercer actividades profesionales vinculadas a la gestión de centros autorizados de tratamiento de residuos. Para la empresa pidió una multa de 42.298,90 euros, calculada como el doble del perjuicio ambiental que la acusación valoraba en 21.149,45 euros.

La decisión del tribunal leonés se fundamenta principalmente en la falta de comprobaciones físicas por parte de la Guardia Civil al realizar la inspección al centro de desguaces y en la insuficiencia de los cálculos técnicos utilizados para demostrar que se produjeron emisiones contaminantes. Todo pese a que en el juicio quedó acreditado que la empresa no había reciclado gases en cuatro años y se reconocieron prácticas de reutilización de gases que no quedaron reflejadas documentalmente en ningún lado.

La sentencia pone el foco en las deficiencias probatorias de la investigación. Los magistrados consideran que la ausencia de registros de gases recuperados, por llamativa que resulte en una instalación dedicada al tratamiento de vehículos fuera de uso, no permite concluir automáticamente que esos gases fueran liberados a la atmósfera. El tribunal exige pruebas que vinculen las supuestas irregularidades con una conducta efectivamente peligrosa para el medio ambiente, requisito que, a su juicio, no se ha acreditado.

Cuatro años declarando cero kilos de gases recuperados

El caso se inició tras una inspección del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realizada en abril de 2023, dentro de la operación Leocat. Los agentes acudieron a las instalaciones ubicadas en San Andrés de Montejos, para comprobar cómo se gestionaban los gases refrigerantes contenidos en los sistemas de climatización de los vehículos destinados al desguace.

Los investigadores descubrieron que las memorias anuales presentadas ante la Junta de Castilla y León correspondientes a 2019, 2020, 2021 y 2022 reflejaban cero kilogramos de refrigerante recuperado. Esta circunstancia despertó las sospechas sobre el cumplimiento de las obligaciones de descontaminación, puesto que los centros autorizados de tratamiento deben gestionar adecuadamente los residuos peligrosos que puedan contener los vehículos antes de proceder a su destrucción o aprovechamiento.

La gerente reconoció durante su declaración que la empresa había tratado miles de vehículos, entre ellos automóviles siniestrados y otros que llegaban parcialmente desmontados. Sin embargo, ninguno de los cuatro ejercicios investigados reflejaba cantidades de refrigerante recuperado en las memorias examinadas por los agentes. Los gases empleados en los sistemas de aire acondicionado de los automóviles, entre ellos determinados hidrofluorocarbonos como el R-134a, tienen un potencial de calentamiento global considerable. Su recuperación y tratamiento están sujetos a exigencias ambientales específicas, precisamente para evitar que terminen liberándose de manera incontrolada a la atmósfera.

La Fiscalía pidió tres años de cárcel y una multa de 42.298 euros

A partir de las actuaciones del Seprona y de los informes elaborados por especialistas de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), el Ministerio Fiscal presentó una acusación en que atribuía a empresa y gerente un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El atestado de la Guardia Civil recogía estimaciones de emisiones de entre 635,46 y 1.688,50 toneladas de dióxido de carbono equivalente, atribuidas a una posible gestión inadecuada del refrigerante R-134a. Según ese informe, las emisiones estimadas supondrían un riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales que podía calificarse como grave desde el punto de vista técnico. Los cálculos no procedían de mediciones directas sobre los vehículos del desguacee, sino de modelos y estudios utilizados para estimar cuánto gas podrían contener los automóviles gestionados por la empresa.

La gerente reconoció que reutilizaban gases sin dejar constancia

Durante el juicio oral, la administradora de la empresa negó que se hubieran dejado de recuperar los refrigerantes de los vehículos. Sostuvo que la empresa disponía de maquinaria para realizar esas operaciones y que las cantidades obtenidas durante los años investigados eran muy pequeñas.

Sin embargo, reconoció que parte del gas recuperado se reutilizaba en vehículos de la propia empresa, como una grúa y algunos coches de segunda mano, sin que esas operaciones quedaran reflejadas en los registros correspondientes. Según su declaración, no se emitían certificaciones de estas reutilizaciones y tampoco se comunicaban a la entidad encargada de recoger los residuos.

La acusada explicó que no había entregado cantidades de gas a gestores externos porque, según su versión, prácticamente no se recuperaba refrigerante y una parte se destinaba a usos internos. También aseguró que la empresa había superado otras inspecciones sin recibir sanciones de la Junta de Castilla y León.

Un trabajador encargado de retirar los gases confirmó que se utilizaba maquinaria específica y que, en ocasiones, el refrigerante recuperado se aprovechaba nuevamente. Asimismo, reconoció que no se emitían certificados de esas operaciones y que esta práctica había dejado de realizarse después de la inspección de la Guardia Civil.

Estas declaraciones dejaron acreditada la existencia de reutilizaciones no documentadas, aunque la Audiencia no considera demostrado que ello implicara la liberación de gases contaminantes en condiciones capaces de constituir un delito ambiental.

Una inspección sin mediciones en los vehículos ni en las bombonas

El punto decisivo de la absolución de la sentencia se encuentra en las actuaciones practicadas durante la inspección del Seprona. A pesar de que los agentes detectaron cuatro ejercicios consecutivos sin gases recuperados declarados, no realizaron comprobaciones materiales físicas que permitieran determinar si los vehículos almacenados conservaban refrigerante en sus circuitos.

El guardia civil que declaró en el juicio reconoció que no se examinaron los automóviles para verificar si tenían gas en sus instalaciones de aire acondicionado. Tampoco se midió la presión de las bombonas destinadas a almacenar los refrigerantes recuperados, por lo que los investigadores no podían precisar si contenían producto.

La inspección consistió fundamentalmente en la revisión de documentación, la observación de la maquinaria existente y la toma de fotografías. El agente admitió que no podía afirmar si los vehículos depositados en las instalaciones tenían gas, ni si las bombonas utilizadas por la empresa estaban llenas o vacías.

La Guardia Civil consideraba sospechosa la ausencia de cantidades declaradas, no pudo aportar pruebas materiales que confirmaran que los circuitos de climatización de los vehículos habían sido vaciados irregularmente o que sus gases habían terminado en la atmósfera.

Los cálculos científicos tampoco convencen al tribunal

La Fiscalía intentó suplir la ausencia de mediciones directas mediante informes técnicos elaborados a partir de estudios científicos y datos sobre el parque automovilístico. Los especialistas de la UCOMA explicaron que habían utilizado referencias internacionales, cantidades medias de refrigerante y estimaciones relativas a las características de los vehículos tratados.

Los peritos defendieron que habían aplicado criterios conservadores para evitar sobreestimar las emisiones. Sin embargo, reconocieron que los vehículos objeto de la investigación ya habían sido achatarrados, que no habían podido examinarlos físicamente y que carecían de determinados datos concretos sobre su procedencia, equipamiento y estado.

La defensa cuestionó la validez de esas extrapolaciones y presentó un informe pericial que señalaba diferencias entre los automóviles españoles y los utilizados como referencia en algunos estudios internacionales, especialmente en cuanto a su antigüedad y características.

Los magistrados de la Audiencia Provincial recuerdan que no es imprescindible que se produzca un daño ambiental efectivo para condenar por este delito. Basta con demostrar que la conducta era objetivamente idónea para ocasionar daños sustanciales a los elementos del ecosistema o generar un peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales.

Pero señalan, que esa peligrosidad debe acreditarse mediante pruebas suficientes y no puede presumirse exclusivamente a partir de una irregularidad administrativa. La Audiencia insiste en que la mera infracción de normas medioambientales no convierte automáticamente una conducta en delito.

La Fiscalía había invocado una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de noviembre de 2025 que consideraba aplicable por la similitud de los hechos investigados. Sin embargo, la Audiencia de León destaca que en el caso madrileño, los investigadores habían examinado directamente vehículos, comprobado sus circuitos de refrigeración y supervisado las operaciones de extracción realizadas por los trabajadores.

La Audiencia concluye que no se ha acreditado que la sociedad o su gerente causaran o pudieran causar daños sustanciales al aire, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas, ni que su actuación pudiera perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales durante los ejercicios investigados. Ni que se considere probada una actuación intencionada o gravemente negligente que permita atribuirles el delito ambiental objeto de acusación.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un hombre por un delito leve de maltrato de obra después de que rociara con un spray de defensa la cara de su primo durante una discusión familiar relacionada con la herencia de su madre. Los hechos ocurrieron en junio del año 2025, en Villagallegos, en el municipio de Valdevimbre, según recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, dictada el pasado mes de septiembre.

El juzgado de La Bañeza ya había condenado al acusado a dos meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, lo que supone un total de 480 euros, además del pago de la mitad de las costas procesales. La misma resolución lo había absuelto del delito leve de amenazas y/o coacciones que se le atribuía y había absuelto también a sus dos primos de los delitos leves de amenazas por los que estaban acusados.

El condenado recurrió la sentencia y reconoció haber utilizado el spray contra su primo, pero sostuvo que lo hizo en legítima defensa. Según su versión, uno de sus primos le había amenazado previamente con una navaja y él habría reaccionado para protegerse. Sin embargo, ni el juzgado ni la Audiencia leonesa consideran que ese extremo quedara acreditado durante el procedimiento y que no existe prueba de que su primo llegara a exhibir un arma antes de que fuera rociado con el spray.

El tribunal recuerda que para apreciar la legítima defensa debe existir, entre otros requisitos, una agresión ilegítima previa, además de que el medio empleado resulte racional y no haya una provocación suficiente. En este caso, los magistrados consideran que no se ha demostrado esa primera condición, ya que ninguna prueba permite concluir que el primo sacara una navaja y que ese supuesto gesto provocara directamente la utilización del spray.

El recurso también pretendía que se condenara al primo por un delito leve de amenazas. La Audiencia mantiene, sin embargo, su absolución. La sentencia destaca que existían versiones contradictorias y que, más allá de la declaración del denunciante, no había otras pruebas que acreditaran que el acusado hubiera sacado una navaja. De hecho, el propio denunciante manifestó que la vio durante apenas “un segundo” y no pudo precisar cómo era, más allá de describirla como de “tamaño medio”.

La Audiencia considera por ello que el juez de primera instancia valoró correctamente las pruebas y aplicó el principio in dubio pro reo, al no existir elementos suficientes para superar la presunción de inocencia del primo acusado de amenazas. El tribunal señala además que el hecho de que el recurrente mantenga una interpretación diferente de las pruebas no constituye motivo suficiente para modificar una sentencia absolutoria correctamente razonada.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado las condenas a siete meses de prisión por un delito de atentado en concurso leve de lesiones para una pareja que se enfrentó a varios agentes de la Policía Nacional en la plaza de Regla de León, después de reclamarles que retiraran un vehículo policial que, según los acusados, les molestaba para hacer una fotografía de la Catedral. La sentencia de este pasado mes de septiembre desestima el recurso presentado por la pareja y mantiene la condena, que además y mantiene íntegramente el fallo dictado en primera instancia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de octubre de 2023. Según lo recogido en la sentencia, un hombre se dirigió inicialmente a los agentes para pedirles que retirasen el vehículo policial porque les molestaba para realizar una fotografía de la catedral leonesa. Poco después, su pareja se aproximó a los policías y les increpó con expresiones como “trabajáis para mí, quitar el coche ya, que quiero hacer la puta foto, poneros en otro lugar”. Los agentes les requirieron entonces la documentación para identificarlos y proponerles una sanción al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') a lo que se negaron reiteradamente.

La situación terminó en un enfrentamiento cuando acudió una segunda patrulla en apoyo, señalan los hechos probados. La sentencia considera acreditado que la mujer se abalanzó hacia una de las agentes y continuó insultando y amenazando a los policías. En el transcurso de la intervención la mujer propinó un golpe en el pecho a uno de ellos y un puñetazo en el brazo a otro, mientras que el hombre se abalanzó posteriormente sobre uno de los agentes y le golpeó por la espalda. Finalmente, los policías tuvieron que emplear la fuerza indispensable para reducir y detener a ambos.

La sentencia recoge que la mujer profirió expresiones como “perros de mierda, sois unos auxiliares míos como los putos jueces, os voy a dar una hostia”.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos agentes sufrieron lesiones que precisaron asistencia médica y tardaron diez días en curar. La primera sentencia condenó a cada uno de los acusados a siete meses de prisión, además de multas y al pago de indemnizaciones a los agentes lesionados. La mujer recibió además una condena adicional por un segundo delito leve de leesiones, por que tiene que pagar una multa de 360 euros frente a una de 180 del hombre. Ambos deben afrontar además el pago de una indemnización conjunta de 350 euros a uno de los agentes. Y la mujer otra multa de otros 350 euros al segundo agente.

La pareja recurrió alegando, entre otras cuestiones, que no existía prueba suficiente para sustentar la condena, que eran personas sin antecedentes y que había contradicciones entre las declaraciones de los agentes y que la actuación policial había sido desproporcionada. También sostuvo que en León se desarrollaba en aquellas fechas un importante dispositivo de seguridad con motivo de la cumbre de ministros de la Unión Europea y que los policías podían haber actuado bajo presión.

La Audiencia Provincial ha rechazado sus argumentos de defensa y considera que las declaraciones de los policías constituyen prueba de cargo suficiente. Los magistrados señalan que los agentes declararon en el juicio sobre hechos que conocieron directamente y que no existe ningún elemento que permita poner en duda su credibilidad. La Sala también destaca que los testimonios quedaron respaldados por los partes de lesiones y los informes médico-forenses.

La sentencia recuerda además que el delito de atentado no exige necesariamente que llegue a consumarse una agresión: incluye el acometimiento, el empleo de fuerza, la intimidación grave o una resistencia activa y grave contra agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones. En este caso, la Audiencia de León considera que los insultos, amenazas, golpes y empujones acreditados encajan en ese delito.

La sentencia inicial imponía el pago a la pareja de dos quintas partes de las costas procesales, sin imposición expresa en el recurso ante la Audiencia Provincial. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a un empresario de excavaciones por utilizar una finca particular de Toralino de la Vega, en el municipio leonés de Riego de la Vega, para depositar escombros procedentes de derribos y obras sin autorización de su propietario. La sentencia considera probado que realizó al menos cuatro vertidos en la parcela entre principios de 2022 y principios de 2023, utilizando un camión de su propiedad, y que la cantidad que se le atribuye asciende a 52 toneladas, equivalentes a 52 metros cúbicos.

La resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 22 de septiembre, confirma así la sentencia del Juzgado de La Bañeza, que condenó al acusado como autor de un delito leve de usurpación de inmueble a tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros, además de la retirada de los depositado asumiendo los costes. La sanción económica asciden a apenas 720 euros, y a mayores deberá indemnizar al propietario de la finca con el importe que se determine durante la ejecución de la sentencia por los gastos necesarios para retirar los escombros que se le atribuyen.

La finca afectada, de 700 metros cuadrados y la mitad vallada, había sido previamente vaciada tras la extracción de zahorra. Según los hechos probados de la sentencia, el empresario trasladó hasta allí residuos de derribo con el camión que utilizaba para su actividad profesional de excavación y retirada de escombros. El vehículo tenía una capacidad aproximada de 13 toneladas.

El condenado recurrió la primera sentencia alegando, entre otros motivos, que no existían pruebas suficientes para demostrar que él hubiera realizado los vertidos y cuestionando la valoración de los testimonios. También sostuvo que en la parcela habían depositado escombros otras personas y que la cantidad que se le atribuía no estaba suficientemente acreditada.

Los magistrados consideran que la sentencia de primera instancia contó con pruebas suficientes y corroboradas externamente: la declaración del propietario, las actuaciones de la Guardia Civil y los informes elaborados por un agente medioambiental acreditaron la existencia de los vertidos y la alteración de la finca. A ello se sumaron los testimonios de dos testigos, que aseguraron haber visto al acusado descargando escombros en la parcela. Uno de ellos identificó tanto al vehículo, que llevaba rotulado el nombre del empresario, como a su conductor, mientras que el segundo afirmó haber observado varios vertidos realizados con el mismo camión. La Audiencia considera que las pequeñas diferencias existentes en sus relatos se referían a detalles secundarios y no afectan al núcleo de sus declaraciones.

El tribunal también descarta que la presencia de otros vertidos realizados por personas no identificadas permita exonerar al condenado. La sentencia reconoce que en la finca había más residuos, hasta alcanzar los 900 metros cúbicos medidos por un agente medioambiental, pero subraya que la condena se limita exclusivamente a la parte que pudo ser atribuida al acusado mediante las pruebas practicadas.

En cuanto a la cantidad de residuos, la Audiencia considera razonable la estimación de 52 toneladas ya que el acusado fue visto realizando varios viajes y que él mismo reconoció dedicarse a la excavación y retirada de escombros y utilizar un camión con capacidad aproximada de 13 toneladas. La sentencia de primera instancia calculó como límite máximo cuatro cargas, una estimación que la Audiencia considera razonada y favorable al condenado.

La Justicia considera además que el hecho de que no pueda determinarse con exactitud matemática cuánto descargó en cada viaje no impide establecer su responsabilidad civil. La sentencia señala que, dadas las características de los hechos, es admisible realizar una estimación razonable a partir de los datos disponibles y limitar la responsabilidad a la cantidad de residuos que ha quedado acreditada. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado este mes de septiembre la absolución de un conductor acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave tras atropellar a un ciclista en la carretera N-625, en el término municipal de Cistierna. La Sección Tercera ha desestimado el recurso presentado por los familiares del ciclista fallecido y mantiene íntegramente la sentencia dictada en abril por el Juzgado de lo Penal número 2 de León, que no consideró suficientemente acreditada una conducta de imprudencia grave pese a que sí se reconoce el atropello.

Los hechos ocurrieron en abril del 2023, cuando el conductor circulaba por la N-625 a la altura del punto kilométrico 58,570. Según la sentencia el acusado perdió el control del vehículo por un motivo que no ha podido determinarse, invadió el carril contrario y atropelló al ciclista, que circulaba correctamente por su carril. La sentencia también recoge expresamente que el conductor no había consumido alcohol ni drogas, no circulaba a velocidad excesiva y no había cometido una infracción grave del Reglamento de Circulación.

El Juzgado de lo Penal número 2 de León dictó en abril de este año una sentencia absolutoria al considerar que no existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y que no se había acreditado que su comportamiento reuniera los requisitos necesarios para ser considerado un delito de imprudencia grave al volante. La familia del ciclista recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia de León recuerda que cuando un recurso pretende modificar una sentencia absolutoria basándose en una nueva valoración de las pruebas, especialmente de las pruebas personales, el tribunal de apelación no puede sustituir sin más la valoración realizada por el juez que presenció directamente el juicio.

No se puede condenar al acusado directamente en segunda instancia

La Sala considera que la absolución se apoyó prácticamente por completo en la valoración de pruebas personales y que, por ello, no puede revisarlas de la misma manera que el juez que celebró el juicio. “No es posible, sin haber escuchado forma directa e inmediata a los hoy apelados, revocar un pronunciamiento absolutorio y proceder a su condena”, señala.

Los magistrados consideran que la sentencia de primera instancia aplicó correctamente el principio 'in dubio pro reo', que obliga a absolver cuando existen indicios sobre la posible comisión de un delito pero no son suficientes para destruir la presunción de inocencia. La Audiencia no aprecia que el juez de lo Penal hubiera incurrido en una falta de racionalidad en su valoración de las pruebas ni que hubiera omitido elementos relevantes.

La resolución recuerda además que, para pedir la anulación de una sentencia absolutoria por un supuesto error en la valoración de la prueba, la acusación debe demostrar una insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación, un apartamiento manifiesto de las reglas de experiencia o la omisión de pruebas relevantes. La Sala considera que los recurrentes no acreditaron ninguno de estos extremos.

Además, la Audiencia explica que la legislación procesal penal impide que un tribunal de apelación condene directamente a una persona que fue absuelta en primera instancia por un error en la valoración de pruebas. En estos casos, si concurren los requisitos legales, puede acordarse la nulidad y devolver las actuaciones al órgano de primera instancia para un nuevo juicio, algo que los recurrentes no solicitaron. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la resolución de un concurso público referido a una plaza en el Ayuntamiento de Onzonilla y ordena conceder el puesto a una aspirante a la que la Administración no computó 0,30 puntos por trabajar su marido en el municipio vecino de León.

El tribunal ha reconocido el derecho a la funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional a obtener una plaza de secretaria municipal en el consistorio leonés después de que la Dirección General de la Función Pública no le contabilizara los 0,30 puntos correspondientes a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado su recurso anulado las resoluciones administrativas impugnadas y ordenando adjudicarle directamente el puesto con una nueva valoración de sus méritos.

La sentencia, dictada el pasado mes de septiembre, considera que la Administración no ofreció ninguna explicación que justificara la exclusión de una puntuación que podía resultar decisiva para obtener la plaza en el consistorio leonés. Además, el tribunal descarta que pueda invocarse la discrecionalidad técnica del órgano de valoración cuando se trata de aplicar criterios objetivos y previamente establecidos en las bases de una convocatoria pública.

Una plaza de secretaria municipal disputada por dos funcionarias

El conflicto se originó en un concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocado por la Dirección General de la Función Pública mediante una resolución de 21 de marzo de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Estado tres días después.

La demandante, que tenía su destino definitivo en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Vegas del Condado, solicitó como única opción la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. Sin embargo, la resolución de 30 de agosto de 2023 adjudicó el puesto a otra funcionaria que también había participado en el procedimiento.

Según las puntuaciones recogidas en la sentencia, la aspirante seleccionada contaba con 20,03 puntos por méritos generales y 1,00 por méritos autonómicos, mientras que la recurrente tenía reconocidos 19,93 puntos por méritos generales y 1,10 por méritos autonómicos. La diferencia entre ambas era por tanto inexistente aunque el tribunal optó por la primera a la hora de adjudicar la plaza. La funcionaria que perdió la plaza adujo varias incidencias en el proceso pero reclamaba, sobre todo, una puntuación adicional que le correspondían por el destino laboral de su marido y que reconoce la Ley.

La funcionaria que acudió a la justica alegó que su cónyuge era empleado público fijo de la Diputación Provincial de León y desempeñaba un puesto de jefe de servicio en el municipio de León, limítrofe con Onzonilla. Esta circunstancia le permitía solicitar la valoración del mérito de conciliación y que la Administración debía haberle reconocido los 0,30 puntos adicionales. Con ellos, su puntuación por méritos generales habría pasado de 19,93 a 20,23 puntos, lo que, argumentaba, habría determinado que la plaza le correspondiera a ella.

Ante la falta de reconocimiento de estos méritos, interpuso un recurso potestativo de reposición el 29 de septiembre de 2023. Inicialmente, la Administración no contestó, lo que dio lugar a su desestimación por silencio administrativo. Posteriormente, mediante resolución expresa de 30 de mayo de 2024, la Dirección General de la Función Pública rechazó su reclamación.

Deficiencias del expediente y falta de respuesta administrativa

Además de denunciar el error en la puntuación, la demandante puso de manifiesto diversas deficiencias en el expediente administrativo como que la documentación remitida carecía de compulsa e incluía documentos sin numerar y no incorporados al índice o que no figuraban las puntuaciones totales ponderadas de las dos aspirantes, las actas del tribunal de valoración ni la propuesta de adjudicación.

La Abogacía del Estado se opuso a la demanda y solicitó la confirmación íntegra de las resoluciones administrativas. Para la Administración la aplicación informática sumaba los méritos generales y los eventuales méritos de conciliación, mientras que los autonómicos se ponderaban de manera separada para respetar los porcentajes establecidos. A su juicio, la recurrente había realizado una suma incorrecta de los méritos al no tener en cuenta dicha ponderación.

La defensa estatal también argumentó que la funcionaria había aceptado las bases de la convocatoria al participar en el concurso y que no podía impugnarlas indirectamente con ocasión de su aplicación. Asimismo, rechazó que existiera una falta de motivación susceptible de invalidar las resoluciones y apeló a la discrecionalidad técnica del tribunal de valoración y a la presunción de legalidad de sus decisiones.

Pero el tribunal ha reprochado en la sentencia a la Administración General del Estado su forma de proceder ya que en sus escritos no se pronunciaban sobre la alegación de la puntuación de conciliación familiar. Los magistrados destacan que en ningún momento se afirmó que los méritos de conciliación hubieran sido correctamente puntuados ni se explicó qué circunstancia impediría reconocerlos. Tampoco apreciaron que la demandante hubiera intentado impugnar las bases del concurso o la normativa reguladora, como sostenía la defensa estatal.

El Tribunal madrileño, que dirime estos asuntos de la Administración General del Estado, valoró como prueba de la ausencia de la puntuación por conciliación capturas de la aplicación informática que mostraban en blanco el apartado correspondiente a los méritos de conciliación de la recurrente. Por ello los magistrados concluyeron que no existía una explicación que justificara la exclusión de los puntos reclamados.

La Sala rechaza además que el órgano encargado de adjudicar la plaza pudiera ampararse en la denominada discrecionalidad técnica, una figura que concede a determinados órganos especializados un margen de apreciación en evaluaciones que requieren conocimientos técnicos. En este caso, los magistrados consideran que no existía tal margen porque la valoración estaba sometida a reglas objetivas, con puntuaciones previamente establecidas y operaciones de ponderación regladas.

La sentencia estima íntegramente el recurso de la funcionaria, anula la resolución de 30 de agosto de 2023 que resolvió el concurso y la posterior resolución de 30 de mayo de 2024 que rechazó la reposición. Condena a la Administración a dictar una nueva resolución del concurso, incorporar los 0,30 puntos omitidos y adjudicar a la demandante la plaza de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Onzonilla. La sentencia carga además a la Administración el pago de las costas procesales, con un límite máximo de 800 euros. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que absolvió al promotor y organizador de un espectáculo infantil denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín' de los delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores.

La superestrella infantil, 'alter ego' de la artista hispanoargentina Lucía Anabella Pérez Gerardi, interpuso en el año 2023 una denuncia en los juzgados de León contra un espectáculo denominado 'Tributo Musical a Luli Pampín', celebrado en un teatro de la capital leonesa en septiembre del año 2023, bajo la acusación de los presuntos delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores por publicidad engañosa. La pasada primavera la Audiencia Provincial de León absolvió al promotor del homenaje.

La Sala del TSJ que ha visto el recurso ha señalado que la Audiencia de León realizó una valoración razonada de las pruebas testimoniales y documentales. Además, señalan que la discrepancia de la acusación y del Ministerio Fiscal con sus conclusiones, que también pedía una condena, no permite anular una sentencia absolutoria. La acusación pedía hasta 11 años de prisión y multa por todos los delitos y la Fiscalía dos años de cárcel y multa por dos de ellos.

La Sala de lo Civil y Penal desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial leonesa al considerar que la absolución está suficientemente razonada y que no existen motivos para anularla y repetir el juicio. Los jueces leoneses consideraron probado que no hubo permiso de la artista ni de la sociedad Luli Pampin SL propietaria de los derechos pero al mismo tiempo señalaron que no quedó acreditado que durante la representación se utilizaran obras musicales, personajes, guiones, coreografías u otros elementos creativos originales protegidos vinculados a Luli Pampín.

La acusación particular de la estrella infantil recurrió la sentencia absolutaria solicitando principalmente la anulación de la misma y la celebración de un nuevo juicio. La Fiscalía se adhirió parcialmente al recurso al entender que se había otorgado un peso excesivo a una grabación policial de los primeros minutos del espectáculo y se habían valorado insuficientemente otros testimonios.

Pero el TSJ considera que en el juicio se examinó de forma adecucuada las declaraciones de la denunciante, los integrantes del espectáculo, los agentes y el acusado, además de la documentación aportada. Los vídeos presentados por la acusación no correspondían a la función celebrada en León y los miembros del elenco ofrecieron versiones contradictorias sobre su contenido. Para la Sala, la absolución no se basó en exigir una grabación íntegra del espectáculo, sino en la insuficiencia del conjunto de las pruebas para acreditar la utilización de creaciones protegidas.

Respecto a la falta de autorizaciones de un personaje registrado la Audiencia de León consideró que no se había demostrado que el promotor conociera el registro de las marcas antes de difundir la publicidad y el TSJ de Castilla y León respalda la racionalidad de esa conclusión y recuerda que no constaba un requerimiento previo, una comunicación acreditada u otro elemento objetivo que permitiera deducir inequívocamente ese conocimiento.

El TSJCyL ha recordado también que el tribunal de apelación no puede sustituir la valoración de la prueba efectuada en primera instancia por otra distinta cuando aquella no es arbitraria, ilógica o manifiestamente insuficiente.

Respecto al delito contra la propiedad industrial, la Sala ha considerado razonable la conclusión de que no había prueba suficiente de que el acusado conociera el registro de las marcas. Asimismo, en relación con el delito contra el mercado y los consumidores, ha entendido que tampoco quedó acreditado un perjuicio de la gravedad exigida por el Código Penal. La sentencia subraya que una discrepancia sobre la interpretación de las pruebas no basta para anular una absolución.

La sentencia del TSJ, firme, declara de oficio las costas y la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de dos años y tres meses de prisión impuesta a un hombre de 73 años, con antecedentes por hechos similares, por agredir sexualmente a dos niñas de 10 y 11 años a través de la valla de un colegio en la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado y ratifica la resolución dictada el pasado mes de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León.

Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando el acusado paseaba con sus perros por las inmediaciones de un centro educativo.

Aprovechando que las menores se acercaron a la valla del recinto escolar desde el interior para acariciar a los animales, el hombre realizó tocamientos a una de las niñas y lo intentó con la otra, con el único fin de satisfacer sus deseos, según detalla la resolución. Fue entonces detenido por agentes de la Policía Local de San Andrés.

El tribunal ha aplicado la circunstancia agravante de reincidencia, dado que el procesado ya había sido condenado en firme en 2019 por otro delito de abuso sexual a una persona menor de 16 años, y en el momento de los hechos se encontraba dentro del periodo de suspensión de esa pena.

En concreto, la condena impone un año y seis meses de cárcel por el delito consumado de agresión sexual a menor de dieciséis años, y otros nueve meses por el delito en grado de tentativa sobre la segunda menor.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia ratifica la imposición de libertad vigilada, que se ejecutará tras la salida de prisión, y la privación de la patria potestad o derechos de tutela durante tres años así como la prohibición de acercarse a menos de cien metros a la primera víctima durante cuatro años y a la segunda durante tres.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a las víctimas con un total de 4.000 euros, 3.000 para una de las menores por el daño moral y el cuadro de ansiedad reactivo sufrido, y 1.000 para la otra.

Contra esta resolución del TSJCyL cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que absuelve a un hombre de un delito de agresión sexual al desestimar los recursos que solicitaban la nulidad del fallo y la celebración de un nuevo juicio.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de julio de 2023, cuando el procesado y la denunciante coincidieron de madrugada tras una noche de ocio y acudieron al domicilio de este último en la capital leonesa.

La acusación sostenía que el hombre mantuvo relaciones sexuales aprovechando que la víctima presentaba sus capacidades anuladas o gravemente afectadas por el consumo previo de alcohol y medicación pautada.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de León dictó una sentencia absolutoria el pasado 28 de enero al determinar que, si bien los análisis toxicológicos confirmaban la presencia de dichas sustancias, no quedaba probado que la mujer estuviera severamente incapacitada para tomar decisiones en ese momento, ni que el acusado forzara las relaciones en contra de su voluntad.

Contra esta primera resolución, la acusación particular interpuso un recurso de apelación, al que se sumaron parcialmente el Ministerio Fiscal y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Las partes recurrentes alegaron un error en la valoración de la prueba, esgrimiendo como elementos de cargo la persistencia del testimonio de la denunciante, los hallazgos forenses y un diagnóstico posterior de trastorno por estrés postraumático.

El TSJCyL avala ahora la decisión de la Audiencia de León y recuerda que la legislación vigente impide revocar una sentencia absolutoria basándose exclusivamente en una reinterpretación alternativa de las pruebas, salvo que la motivación original sea irracional, arbitraria o se aparte de la lógica, circunstancias que descarta en este caso.

Concluye el TSJCyL que la sentencia previa está razonada de forma exhaustiva y que los elementos aportados por las acusaciones no logran despejar las dudas sobre si hubo una verdadera anulación de la capacidad de consentir, por lo que debe prevalecer la presunción de inocencia.

La sentencia dictada por el TSJCyL no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado una condena de cuatro años y cinco meses de prisión por lesiones impuesta a un hombre que golpeó con un hacha a su pareja en León y ha ratificado una orden de alejamiento pese a la oposición de la víctima.

El tribunal ha ratificado así la sentencia de la Audiencia Provincial de León que incluyó la circunstancia agravante de parentesco en el delito de lesiones.

También estableció una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima durante un periodo de cinco años y años cinco meses

La sentencia recoge que los hechos se remontan al 13 de julio de 2024, cuando en el domicilio en el que convivía la pareja se produjo una discusión entre ambos durante la que el procesado esgrimió un hacha, sin que se haya acreditado ánimo de acabar con su vida, pero sí con el de dañarla o atentar contra su integridad física.

Propinó a la mujer un golpe a la altura de la cabeza causándola diversas heridas que no comportaban riesgo vital para la víctima.

Tras la agresión, la mujer salió a la calle, donde un hombre llamó a una ambulancia y a la Policía, mientras el agresor se marchó del lugar en una furgoneta. La mujer fue conducida en ambulancia hasta el Hospital de León para ser curada de sus heridas.

En la sentencia de la Audiencia el encausado fue absuelto del delito de asesinato en tentativa del que venía siendo acusado, pero sí fue condenado como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso, concurriendo la agravante de parentesco.

Tras esa resolución judicial, el acusado presentó un recurso de apelación en el que alegó un único motivo de impugnación relativo a la improcedencia, a su criterio, de la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima.

En el recurso se planteaba que la víctima negó reiteradamente haber sido agredida o amenazada, no formuló acusación, manifestó no tener miedo del acusado y mantuvo contacto voluntario con él.

Los magistrados del TSJ han considerado que la normativa legal sobre este tipo de delitos establece el carácter imperativo de la imposición de dichas medidas de alejamiento en supuestos de violencia en el ámbito de la pareja, con independencia de la voluntad de la propia víctima.

Por este motivo ha rechazado el recurso al ajustarse las medidas dictadas “plenamente a Derecho, sin que proceda modificación alguna de las mismas”.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 12 años y medio de prisión para una mujer por intentar asesinar a su expareja sentimental con una barra de chocolate en la que había introducido una dosis letal de raticida en junio de 2020 en León.

El Supremo ratifica el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que recurrió la acusada, y que a su vez había confirmado los doce años y medio de cárcel que le impuso previamente la Audiencia Provincial de León.

La mujer no podrá ni comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros a su exmarido, su domicilio, o lugar en que se encuentre durante veintidós años y seis meses; ni podrá ejercer la patria potestad durante el tiempo de la condena respecto a los dos hijos comunes.

En concepto de responsabilidad civil, la mujer deberá indemnizar a su expareja con 822.592 euros, más las cantidades por gastos médicos no cubiertos y gastos para adecuación de la vivienda familiar que se cuantificarán en ejecución de sentencia, y deberá indemnizar a Adeslas Segur Caixa en 152.000 euros.

El hombre no murió, pero tardó en curarse 705 días, de los que 75 fueron de perjuicio muy grave, ya que como secuelas le quedó la ceguera, con necesidad de un bastón para deambular, cojera manifiesta y marcha lenta e insegura y afectaciones moderadas del sistema nervioso, con necesidad de adecuación de la vivienda familiar; y tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta desde noviembre de 2021.

La acusada y su pareja, tras terminar una relación sentimental en la que tuvieron dos hijos, acordaron que los vástagos comunes quedaran bajo la custodia de la madre, fijando un régimen de visitas para el padre, que más tarde y por sentencia judicial se cambió a la custodia para el padre y visitas para la madre.

Según recoge la sentencia, la relación personal entre ambos se fue complicando y deteriorando, en particular por las visitas de los hijos comunes, hasta el punto de que eran frecuentes desencuentros en los intercambios.

El 22 de junio de 2020, la mujer, “con el fin de acabar con la vida” de su expareja, aplicó una sustancia no determinada, pero que contenía una dosis letal de Talio (raticida), a una barra de chocolate que entregó a uno de sus hijos, advirtiéndole que, él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara; algo que el niño hizo, siguiendo las instrucciones de la progenitora.

La sentencia consideró probado que el padre acabó comiendo el chocolate que le ofreció su hijo, tras lo que se comenzó a sentir algo indispuesto, empeorando progresivamente su salud y el día 22 de junio tuvo que ingresar en la Clínica La Regla de León.

Tras empeorar su estado y ser trasladado al hospital de León, a lo largo de los días comenzó a presentar complicaciones y los análisis médicos arrojaron que “sufría una intoxicación aguda por Talio que superaba ampliamente el umbral admisible en el cuerpo humano y que podía producir la muerte”, apunta la sentencia.

El Supremo rechaza íntegramente el recurso de la acusada, y sostiene que la sentencia de apelación que confirmó la condena no se limitó a reiterar fórmulas generales sobre valoración conjunta, sino que descendió al caso concreto, identificando los verdaderos indicios relevantes y explicando la conclusión alcanzada por la Audiencia, estimando acreditado, más allá de toda duda razonable, la participación activa de la acusada.

Así, destaca que el tribunal enumeró y desarrolló como indicios decisivos: la mala relación entre las partes, la entrega del chocolate por la acusada a través del menor, el nexo temporal entre la ingesta y el malestar, la sintomatología compatible con la intoxicación por talio, la exclusión de otras fuentes de contaminación y el comportamiento posterior de la acusada respecto del estado de salud de la víctima.

“La crítica del recurso consiste, en realidad, en negar aisladamente la fuerza de cada uno de esos indicios, método que el propio Tribunal Superior de Justicia rechaza por contrario a la lógica de la prueba indiciaria, que exige una valoración de conjunto”, concluye el Supremo.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

Un matrimonio acusado de un delito de estafa agravada cometida supuestamente contra su nuera, una mujer con discapacidad auditiva, con la intención de quitarle un piso, ha reconocido este martes los hechos y ha aceptado una pena de seis meses de prisión y el pago de 720 euros de multa.

En la Audiencia Provincial de León, las partes se han remitido a un documento que suscribieron y que estableció una condena de seis meses de prisión y cuatro meses de multa a razón de seis euros diarios además de la responsabilidad civil, una pena que ambos acusados han aceptado tras reconocerse autores de los hechos.

En sus calificaciones provisionales el Ministerio Fiscal consideró que los procesados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y confianza de la víctima tras la muerte de su marido en 2005.

A partir de entonces, la mujer pasó a ostentar el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.

Según la acusación, los suegros le plantearon una operación que ella entendió como un intercambio de derechos, pero que, en realidad, terminó siendo una compraventa formalizada en notaría en marzo de 2011 por algo más de 17.000 euros.

La clave del caso radica en que, al parecer, la mujer habría firmado convencida de que se trataba de una permuta, sin ser consciente de que estaba perdiendo sus derechos hereditarios.

La Fiscalía sostiene además que la víctima, con una discapacidad del 57% por hipoacusia bilateral severa, no contó con intérprete de lengua de signos ni con medidas que garantizaran la correcta comprensión del documento durante el acto notarial.

También mantiene que nunca llegó a percibir cantidad económica alguna por la operación.

Durante años, la mujer continuó residiendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos y no fue hasta 2017, tras recibir una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió la situación e inició acciones judiciales en Ponferrada, que permitieron incluso paralizar la subasta del inmueble.

El Ministerio Fiscal en su escrito reclamaba también la nulidad de la escritura firmada en 2011, con el objetivo de restituir los derechos de usufructo a la víctima.

Tras el reconocimiento de los hechos y la conformidad alcanzada entre las partes, el tribunal redactará la sentencia.

Un leonés ha logrado hacer desaparecer una deuda contraída de 57.811 euros tras acogerse judicialmente a la Ley de Segunda Oportunidad, en un caso marcado por la necesidad de financiar, entre otras cosas, un vehículo imprescindible para su día a día: llevar a su hijo al colegio y acudir después a su puesto de trabajo. La resolución judicial le permite empezar de nuevo tras años de dificultades económicas derivadas de la caída de sus ingresos después de que en su empresa le bajaran el sueldo.

El origen de su situación de insolvencia se remonta al momento en el que solicitó financiación tanto para acometer reformas necesarias en su vivienda como para adquirir ese coche del que dependía su rutina familiar y laboral. La previsión era poder hacer frente a los pagos cuando su economía mejorase, pero la realidad fue la contraria: una reducción de su salario le dejó sin capacidad suficiente para asumir las cuotas y de todo ello tenía pruebas fehacientes.

A partir de ese momento, la deuda fue creciendo hasta volverse insostenible. Con los ingresos disponibles, el afectado ya no podía hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que le situó en un escenario de insolvencia que le impedía salir adelante por sus propios medios. El caso llegó a manos del despacho Repara tu Deuda Abogados, uno de los muchos que gestionan este tipo de insolvencias que pueden afrontarse aplicándose la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una norma no muy conocida pero de sencilla aplicación, como se ha ido viendo en varios casos en la provincia leonesa, algunos muy desesperados.

Finalmente, tras acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado competente le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), cancelando íntegramente la deuda acumulada. Esta herramienta legal, cada vez más utilizada, permite a particulares en situación de insolvencia rehacer su vida económica siempre que cumplan requisitos como actuar de buena fe o no haber sido condenados por delitos socioeconómicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado que el personal docente e investigador temporal de las cuatro universidades públicas de la comunidad cobre los mismos complementos retributivos que ingresa el personal fijo.

La demanda de conflicto colectivo que planteó la Federación de Enseñanza de CCOO-Castilla y León ha tenido esta respuesta del TSJCyL, que establece que estos derechos deberán ser compensados con carácter retroactivo, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda.

De este modo, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas, ha subrayado el sindicato, que ha recordado que son ya siete las sentencias favorables sobre conflictos que afectan a derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas.

El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo del cobro de los complementos, al rechazar el argumento dado por las universidades sobre la limitación presupuestaria.

CCOO ha recordado que buscó un acuerdo interno con las universidades, a través de las comisiones paritarias del convenio colectivo y también a través del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León), pero las instituciones académicas mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.

La sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.

Por este motivo, el sindicato ha instado a las universidades a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan de Calidad del Aire por ozono troposférico de Castilla y León, por falta de concreción, por lo que ahora la Junta tiene un plazo de seis meses para elaborar un nuevo plan.

La organización Ecologistas en Acción, que recurrió esta normativa autonómica, ha criticado lo que considera una “negligencia” de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por lo que ha reclamado a sus dirigentes que “cumplan de una vez con su obligación legal y moral de proteger la salud”.

La sentencia, fecha de 10 de abril, desestima el recurso de casación que presentó la Junta de Castilla y León contra la sentencia de junio de 2023, en la que ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón a la organización ecologista, lo que ahora ha confirmado el Supremo.

El Gobierno autonómico aprobó esta normativa en 2021, obligado por sendas resoluciones del TSJCyL y el Supremo, que consideraron que desde 2010 en Castilla y León no había habido una normativa necesaria para proteger la salud en ocho de las quince zonas en que se divide la Comunidad a efectos de evaluar y gestionar la calidad del aire.

Los jueces de estos tribunales entienden que la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con 4 aglomeraciones y 8 zonas, mientras que la zonificación para la protección de la vegetación se ha dividido el territorio en 3 zonas.

Las zonas con incumplimientos legales donde la Junta de Castilla y León está obligada por decisión judicial a elaborar los planes de calidad del aire por ozono son las aglomeraciones de Salamanca y Valladolid, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Soria y Demanda, para la protección de la salud, y la zona Sur y Este de Castilla y León, para la protección de la vegetación, con una superficie total de 75.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes, ha detallado Ecologistas en Acción en un comunicado.

A raíz de esta exigencia, la Junta aprobó en 2021 un plan único, sin especificar zona, ni los objetivos de reducción de niveles de contaminación, calendario de aplicación, ni estimación de mejora de la calidad del aire, que es lo que reclama la normativa que sirve de base para la reclamación ecologista.

El Tribunal Supremo comparte la argumentación del Tribunal de Castilla y León y concluye que la normativa aprobada por la Junta “omite establecer las medidas específicas para cada una de las distintas zonas delimitadas por la propia Administración autonómica, según los niveles de los contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire”.

Ecologistas en Acción ha criticado además que “ninguna de las 17 medidas previstas en el Plan anulado se ha ejecutado desde el año 2021, transcurridos 15 años desde la entrada en vigor de los objetivos de calidad del aire para el ozono, en 2010”.

Esta organización ha responsabilizado de esta situación al consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su director General de Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

Recuerda Ecologistas en Acción que esta sentencia puede condicionar los planes de calidad del aire por ozono recientemente aprobados o en elaboración en Andalucía Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra, mientras que gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y País Vasco todavía no han iniciado la redacción de sus planes de ozono.

El ozono troposférico es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar.

Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas como el asma y la EPOC, y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

Ecologistas en Acción ha argumentado que la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó en hasta 6.600 las muertes prematuras producidas en 2023 en España por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de Castilla y León, donde los fallecimientos fueron casi trescientos en el año citado, según la misma fuente.

El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos agrícolas.

La Audiencia Provincial de León ha comenzado a embargar los bienes y la pensión de jubilación de Pedro Muñoz, el exconcejal de Ponferrada condenado a casi 17 años de cárcel por intentar matar a su esposa, Raquel Díaz, el 27 de mayo de 2020, a quien arrojó por la terraza de su casa y le causó gravísimas lesiones que la dejaron tetrapléjica.

La medida busca que la víctima pueda percibir al menos una parte de la indemnización de 1,5 millones que le fue reconocida en sentencia firme.

El embargo se limita por ahora a la vivienda de Muñoz en Santo Tomás de las Ollas, en Ponferrada, mientras que la finca de Toreno, conocida por los vecinos como “la casa de los horrores”, donde ocurrió la agresión, no ha sido incluida.

Esa propiedad había sido donada por Muñoz a sus hijos para evitar el pago de la indemnización, una maniobra que luego fue declarada nula, aunque los cambios todavía no se han reflejado en el catastro.

Raquel Díaz quedó tetrapléjica con secuelas físicas y neurológicas permanentes, y la sentencia, confirmada por el TSJCyL y el Supremo, impuso a Muñoz casi 17 años de prisión y la indemnización a la víctima, aunque cinco años y medio después todavía no ha recibido el dinero que le corresponde.

Además, se ha iniciado el embargo parcial de la pensión de jubilación de Muñoz, que supera los 2.200 euros al mes.

Actualmente, Raquel Díaz, de 49 años, vive en un centro sociosanitario y no puede volver a ejercer su profesión de abogada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha rechazado paralizar la actividad de la Central de Producción de Energía Térmica con Biomasa de Ponferrada. La decisión corrige la adoptada por la misma instancia en sentido contrario el pasado mes de noviembre como consecuencia de una solicitud (entonces atendida) de la plataforma Bierzo Aire Limpio y el Ayuntamiento de Ponferrada.

La resolución judicial, que ahora acepta los argumentos en contra de la paralización de Ponferrada y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, dependiente de la Junta), considera que detener la instalación supondría un grave perjuicio para el interés general, especialmente en pleno periodo invernal.

Según recoge la resolución e informa el Consistorio, la paralización de la central dejaría sin suministro térmico a numerosos servicios públicos esenciales, entre ellos residencias de mayores, centros educativos o la estación de autobuses Egeria, lo que generaría una situación de desprotección para usuarios especialmente vulnerables.

El juzgado subraya que este riesgo debe prevalecer frente a la solicitud de suspensión de la actividad. Añade que no se cumplen los requisitos legales para acordar la ejecución provisional, ya que la obra de la central está completamente finalizada y no es posible su paralización material.

A ello se suma que los informes técnicos aportados al procedimiento descartan la existencia de alternativas inmediatas y viables de calefacción, lo que podría comprometer la salud de los usuarios de las instalaciones afectadas.

El Ayuntamiento de Ponferrada considera positiva la decisión judicial, al entender que refuerza la protección del interés general y garantiza la continuidad de los servicios básicos.

El consistorio insiste en su respeto a las resoluciones judiciales y en su compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental y la seguridad ciudadana.

El procedimiento judicial, no obstante, continúa abierto, ya que contra esta decisión cabe la interposición de un recurso de apelación en el plazo de quince días.

“Sigue siendo ilegal”, dicen las demandantes

Las entidades denunciantes dicen respetar este pronunciamiento judicial, pero matizan que no entra al fondo del asunto. “Debemos decirlo con toda contundencia: a día de hoy la central de calor sigue siendo ilegal”. A la espera de la deliberación sobre el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Ponferrada y Somacyl, la plataforma y el colectivo vecinal ponen el foco en la parte de este último auto en el que se advierte a la administración de que “una eventual confirmación de la sentencia firme recae sobre su esfera patrimonial”, al tiempo que se le insta a “iniciar los trámites para su regularización”.

“En lugar de sentarse a subsanar las carencias y arreglar las cosas, el Ayuntamiento sigue con su huida hacia adelante optando por recurrir las resoluciones profundizando en los errores cometidos anteriores”, señalan los demandantes.

Frente al argumento del peligro a dejar a usuarios sin calefacción en determinadas instalaciones, Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla afirman que un informe acredita que “todos los edificios (implicados) menos la estación de bus tienen sistemas de calefacción alternativos”.

Las organizaciones demandantes han criticado la decisión del Ayuntamiento de proseguir con la explotación de la red en lugar de corregir las deficiencias detectadas, recurriendo las resoluciones judiciales y profundizando en los problemas ya señalados.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado la condena a 12 años y medio de prisión por un delito de asesinato en tentativa, con agravante de parentesco, para una mujer que intentó envenenar a su expareja con un raticida introducido en una tableta de chocolate de un hijo en común, a quien instó a convencer a su padre para que la comiera. El TSJ ha desestimado el recurso presentado por la defensa y ratificado la sentencia emitida el pasado mes de mayo por la Audiencia Provincial de León.

Los hechos se remontan al mes de junio de 2020. El relato de la sentencia detalla que la mujer “con el fin de acabar con la vida de su expareja, aplicó una sustancia no determinada, pero que contenía una dosis letal de raticida, a una barra de chocolate que entregó a su hijo”, al que dijo que “él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara”.

El niño obedeció a su madre. Y convenció a su padre para que comiera el chocolate. Tras ingerirlo, el hombre se encontró “indispuesto con dolor de barriga y hormigueo en las manos”. Su salud fue empeorando y dos días después acudió al Hospital HM La Regla de León como consecuencia de un “dolor plantar bilateral en manos y pies, lesiones cutáneas y debilidad muscular, además de dolores abdominales”, por lo que quedó ingresado.

Al no presenta mejoría de las lesiones, el hombre ingresó en el Hospital de León el 30 de junio. Y quince días más tarde fue derivado a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) con una insuficiencia respiratoria que obligó a intubación orotraqueal y ventilación mecánica. A lo largo de los días comenzó a presentar más complicaciones, como úlcera corneal, alteraciones visuales, intensa debilidad muscular, lesiones cutáneas descamativas y alopecia.

El hombre fue tratado con diferentes medicamentos y llegó a ingresar otras tres veces en la UCI durante los meses de agosto, septiembre y octubre, hasta que en diciembre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde obtuvo el alta hospitalaria el 22 de enero del 2021.

La acusada y su pareja, tras terminar una relación sentimental en la que tuvieron dos hijos, habían acordado que los vástagos comunes quedaran bajo la custodia de la madre. Y fijaron un régimen de visitas para el padre, que más tarde y por sentencia judicial se cambió a la custodia para el padre y visitas para la madre.

Según recoge la sentencia, la relación personal entre ambos se fue complicando y deteriorando, en particular por las visitas de los hijos comunes, hasta el punto de que eran frecuentes desencuentros en los intercambios.

Contra el pronunciamiento del TSJ cabe recurso de casación, que se podrá prepararse en la misma Sala para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.