El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de dos años y tres meses de prisión impuesta a un hombre de 73 años, con antecedentes por hechos similares, por agredir sexualmente a dos niñas de 10 y 11 años a través de la valla de un colegio en la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado y ratifica la resolución dictada el pasado mes de febrero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León.

Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando el acusado paseaba con sus perros por las inmediaciones de un centro educativo.

Aprovechando que las menores se acercaron a la valla del recinto escolar desde el interior para acariciar a los animales, el hombre realizó tocamientos a una de las niñas y lo intentó con la otra, con el único fin de satisfacer sus deseos, según detalla la resolución. Fue entonces detenido por agentes de la Policía Local de San Andrés.

El tribunal ha aplicado la circunstancia agravante de reincidencia, dado que el procesado ya había sido condenado en firme en 2019 por otro delito de abuso sexual a una persona menor de 16 años, y en el momento de los hechos se encontraba dentro del periodo de suspensión de esa pena.

En concreto, la condena impone un año y seis meses de cárcel por el delito consumado de agresión sexual a menor de dieciséis años, y otros nueve meses por el delito en grado de tentativa sobre la segunda menor.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia ratifica la imposición de libertad vigilada, que se ejecutará tras la salida de prisión, y la privación de la patria potestad o derechos de tutela durante tres años así como la prohibición de acercarse a menos de cien metros a la primera víctima durante cuatro años y a la segunda durante tres.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a las víctimas con un total de 4.000 euros, 3.000 para una de las menores por el daño moral y el cuadro de ansiedad reactivo sufrido, y 1.000 para la otra.

Contra esta resolución del TSJCyL cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que absuelve a un hombre de un delito de agresión sexual al desestimar los recursos que solicitaban la nulidad del fallo y la celebración de un nuevo juicio.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de julio de 2023, cuando el procesado y la denunciante coincidieron de madrugada tras una noche de ocio y acudieron al domicilio de este último en la capital leonesa.

La acusación sostenía que el hombre mantuvo relaciones sexuales aprovechando que la víctima presentaba sus capacidades anuladas o gravemente afectadas por el consumo previo de alcohol y medicación pautada.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de León dictó una sentencia absolutoria el pasado 28 de enero al determinar que, si bien los análisis toxicológicos confirmaban la presencia de dichas sustancias, no quedaba probado que la mujer estuviera severamente incapacitada para tomar decisiones en ese momento, ni que el acusado forzara las relaciones en contra de su voluntad.

Contra esta primera resolución, la acusación particular interpuso un recurso de apelación, al que se sumaron parcialmente el Ministerio Fiscal y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Las partes recurrentes alegaron un error en la valoración de la prueba, esgrimiendo como elementos de cargo la persistencia del testimonio de la denunciante, los hallazgos forenses y un diagnóstico posterior de trastorno por estrés postraumático.

El TSJCyL avala ahora la decisión de la Audiencia de León y recuerda que la legislación vigente impide revocar una sentencia absolutoria basándose exclusivamente en una reinterpretación alternativa de las pruebas, salvo que la motivación original sea irracional, arbitraria o se aparte de la lógica, circunstancias que descarta en este caso.

Concluye el TSJCyL que la sentencia previa está razonada de forma exhaustiva y que los elementos aportados por las acusaciones no logran despejar las dudas sobre si hubo una verdadera anulación de la capacidad de consentir, por lo que debe prevalecer la presunción de inocencia.

La sentencia dictada por el TSJCyL no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado una condena de cuatro años y cinco meses de prisión por lesiones impuesta a un hombre que golpeó con un hacha a su pareja en León y ha ratificado una orden de alejamiento pese a la oposición de la víctima.

El tribunal ha ratificado así la sentencia de la Audiencia Provincial de León que incluyó la circunstancia agravante de parentesco en el delito de lesiones.

También estableció una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima durante un periodo de cinco años y años cinco meses

La sentencia recoge que los hechos se remontan al 13 de julio de 2024, cuando en el domicilio en el que convivía la pareja se produjo una discusión entre ambos durante la que el procesado esgrimió un hacha, sin que se haya acreditado ánimo de acabar con su vida, pero sí con el de dañarla o atentar contra su integridad física.

Propinó a la mujer un golpe a la altura de la cabeza causándola diversas heridas que no comportaban riesgo vital para la víctima.

Tras la agresión, la mujer salió a la calle, donde un hombre llamó a una ambulancia y a la Policía, mientras el agresor se marchó del lugar en una furgoneta. La mujer fue conducida en ambulancia hasta el Hospital de León para ser curada de sus heridas.

En la sentencia de la Audiencia el encausado fue absuelto del delito de asesinato en tentativa del que venía siendo acusado, pero sí fue condenado como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso, concurriendo la agravante de parentesco.

Tras esa resolución judicial, el acusado presentó un recurso de apelación en el que alegó un único motivo de impugnación relativo a la improcedencia, a su criterio, de la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima.

En el recurso se planteaba que la víctima negó reiteradamente haber sido agredida o amenazada, no formuló acusación, manifestó no tener miedo del acusado y mantuvo contacto voluntario con él.

Los magistrados del TSJ han considerado que la normativa legal sobre este tipo de delitos establece el carácter imperativo de la imposición de dichas medidas de alejamiento en supuestos de violencia en el ámbito de la pareja, con independencia de la voluntad de la propia víctima.

Por este motivo ha rechazado el recurso al ajustarse las medidas dictadas “plenamente a Derecho, sin que proceda modificación alguna de las mismas”.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 12 años y medio de prisión para una mujer por intentar asesinar a su expareja sentimental con una barra de chocolate en la que había introducido una dosis letal de raticida en junio de 2020 en León.

El Supremo ratifica el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que recurrió la acusada, y que a su vez había confirmado los doce años y medio de cárcel que le impuso previamente la Audiencia Provincial de León.

La mujer no podrá ni comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros a su exmarido, su domicilio, o lugar en que se encuentre durante veintidós años y seis meses; ni podrá ejercer la patria potestad durante el tiempo de la condena respecto a los dos hijos comunes.

En concepto de responsabilidad civil, la mujer deberá indemnizar a su expareja con 822.592 euros, más las cantidades por gastos médicos no cubiertos y gastos para adecuación de la vivienda familiar que se cuantificarán en ejecución de sentencia, y deberá indemnizar a Adeslas Segur Caixa en 152.000 euros.

El hombre no murió, pero tardó en curarse 705 días, de los que 75 fueron de perjuicio muy grave, ya que como secuelas le quedó la ceguera, con necesidad de un bastón para deambular, cojera manifiesta y marcha lenta e insegura y afectaciones moderadas del sistema nervioso, con necesidad de adecuación de la vivienda familiar; y tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta desde noviembre de 2021.

La acusada y su pareja, tras terminar una relación sentimental en la que tuvieron dos hijos, acordaron que los vástagos comunes quedaran bajo la custodia de la madre, fijando un régimen de visitas para el padre, que más tarde y por sentencia judicial se cambió a la custodia para el padre y visitas para la madre.

Según recoge la sentencia, la relación personal entre ambos se fue complicando y deteriorando, en particular por las visitas de los hijos comunes, hasta el punto de que eran frecuentes desencuentros en los intercambios.

El 22 de junio de 2020, la mujer, “con el fin de acabar con la vida” de su expareja, aplicó una sustancia no determinada, pero que contenía una dosis letal de Talio (raticida), a una barra de chocolate que entregó a uno de sus hijos, advirtiéndole que, él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara; algo que el niño hizo, siguiendo las instrucciones de la progenitora.

La sentencia consideró probado que el padre acabó comiendo el chocolate que le ofreció su hijo, tras lo que se comenzó a sentir algo indispuesto, empeorando progresivamente su salud y el día 22 de junio tuvo que ingresar en la Clínica La Regla de León.

Tras empeorar su estado y ser trasladado al hospital de León, a lo largo de los días comenzó a presentar complicaciones y los análisis médicos arrojaron que “sufría una intoxicación aguda por Talio que superaba ampliamente el umbral admisible en el cuerpo humano y que podía producir la muerte”, apunta la sentencia.

El Supremo rechaza íntegramente el recurso de la acusada, y sostiene que la sentencia de apelación que confirmó la condena no se limitó a reiterar fórmulas generales sobre valoración conjunta, sino que descendió al caso concreto, identificando los verdaderos indicios relevantes y explicando la conclusión alcanzada por la Audiencia, estimando acreditado, más allá de toda duda razonable, la participación activa de la acusada.

Así, destaca que el tribunal enumeró y desarrolló como indicios decisivos: la mala relación entre las partes, la entrega del chocolate por la acusada a través del menor, el nexo temporal entre la ingesta y el malestar, la sintomatología compatible con la intoxicación por talio, la exclusión de otras fuentes de contaminación y el comportamiento posterior de la acusada respecto del estado de salud de la víctima.

“La crítica del recurso consiste, en realidad, en negar aisladamente la fuerza de cada uno de esos indicios, método que el propio Tribunal Superior de Justicia rechaza por contrario a la lógica de la prueba indiciaria, que exige una valoración de conjunto”, concluye el Supremo.

No siempre hace falta que empiece a arder el monte para que salten las alarmas, y menos apenas unos pocos meses después del peor año de incendios forestales en la historia de provincias como León. A veces las llamas se producen por una decisión administrativa y otras veces por una cuestión judicial. Un poco de ambas hay en la última polémica cuya mecha se acaba de prender: la denuncia pública por parte del colectivo de celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de que más de un centenar estarían siendo apartados de los operativos de extinción de incendios forestales, en plena revisión del dispositivo.

La alerta ha saltado de la mano de la Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente de Castilla y León. A pesar de ser una figura clave sobre el terreno, con funciones de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural, el colectivo denuncia abiertamente un “desmantelamiento encubierto” de sus principales competencias. Y lo hacen en un contexto en el que, lejos de reforzar medios tras los últimos desastres, la Administración autonómica parece optar por eliminar piezas del engranaje a pesar de que en años como el pasado todos los medios posibles acabaron resultando totalmente insuficientes.

Conviene no perder de vista el contexto. 2025 dejó cifras que todavía queman. Por primera vez de manera oficial la Junta dio a conocer, a través de la polémica medida de permitir la caza y el pastoreo en tiempo récord en terrenos quemados, que sólo los 14 grandes incendios sufridos en la provincia de León en agosto ascendieron a 135.481 hectáreas quemadas. Un dato publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que chocaba frontalmente con las 87.068 hectáreas que la propia Consejería de Medio Ambiente había aireado meses antes de manera informal. Porque ni el máximo responsable político del operativo, el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ni el administrativo, el director general José Ángel Arranz, ofrecieron nunca cifra alguna provincializada en sus comparecencias en las Cortes que la oposición tuvo que forzar.

Una sentencia y críticas a su aplicación

El origen de esta exclusión parte de una sentencia judicial, promovida por el sindicato USCAL, que los celadores recuerdan que son “una minoría”. En el auto, se dictamina que el personal laboral fijo -que es el estatus actual de los celadores autonómicos- no puede ejercer como jefe de extinción, función reservada a funcionarios. Sin embargo, desde la asociación señalan que la Junta de Castilla y León ha permitido que la sentencia sea firme, al no recurrirla en tiempo y forma, y critican que se haya optado por la vía más drástica: eliminar al colectivo del operativo en lugar de reasignarles funciones compatibles, como jefes de sector o de coordinación.

Recuerdan además que “la sentencia anula solamente la orden de 2024 respecto a la jefatura de extinción, pero en ningún momento dicta que se nos deba expulsar del operativo”. Por eso, el colectivo censura la decisión política de la Junta como una clara “discriminación flagrante, especialmente cuando otros técnicos que también son personal laboral sí mantienen sus atribuciones”.

Ahora, con ese precedente, la decisión de prescindir de más de cien celadores en los operativos añade más leña al fuego político y social. Los afectados sostienen en un comunicado que se les está relegando de funciones que venían desempeñando “con eficacia y experiencia contrastada”, lo que podría traducirse, advierten, en una pérdida de capacidad de respuesta sobre el terreno justo cuando más falta hace.

No es solo una cuestión laboral. Es, sobre todo, una cuestión operativa. Porque en incendios forestales cada minuto cuenta y cada figura tiene su papel. Y eliminar o reducir efectivos con conocimiento del territorio no parece, a priori, la estrategia más tranquilizadora para una ciudadanía que ha visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas en tiempo récord.

La Junta, de momento, no ha ofrecido una explicación pública detallada que disipe las dudas. Los celadores lo resumen de forma más directa: se está tomando una decisión “incomprensible” en el peor momento posible. De hecho, los primeros meses de este año ya presentan una malas estadísticas comparativas, habiéndose producido varios incendios forestales de considerables dimensiones.

Un matrimonio acusado de un delito de estafa agravada cometida supuestamente contra su nuera, una mujer con discapacidad auditiva, con la intención de quitarle un piso, ha reconocido este martes los hechos y ha aceptado una pena de seis meses de prisión y el pago de 720 euros de multa.

En la Audiencia Provincial de León, las partes se han remitido a un documento que suscribieron y que estableció una condena de seis meses de prisión y cuatro meses de multa a razón de seis euros diarios además de la responsabilidad civil, una pena que ambos acusados han aceptado tras reconocerse autores de los hechos.

En sus calificaciones provisionales el Ministerio Fiscal consideró que los procesados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y confianza de la víctima tras la muerte de su marido en 2005.

A partir de entonces, la mujer pasó a ostentar el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.

Según la acusación, los suegros le plantearon una operación que ella entendió como un intercambio de derechos, pero que, en realidad, terminó siendo una compraventa formalizada en notaría en marzo de 2011 por algo más de 17.000 euros.

La clave del caso radica en que, al parecer, la mujer habría firmado convencida de que se trataba de una permuta, sin ser consciente de que estaba perdiendo sus derechos hereditarios.

La Fiscalía sostiene además que la víctima, con una discapacidad del 57% por hipoacusia bilateral severa, no contó con intérprete de lengua de signos ni con medidas que garantizaran la correcta comprensión del documento durante el acto notarial.

También mantiene que nunca llegó a percibir cantidad económica alguna por la operación.

Durante años, la mujer continuó residiendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos y no fue hasta 2017, tras recibir una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió la situación e inició acciones judiciales en Ponferrada, que permitieron incluso paralizar la subasta del inmueble.

El Ministerio Fiscal en su escrito reclamaba también la nulidad de la escritura firmada en 2011, con el objetivo de restituir los derechos de usufructo a la víctima.

Tras el reconocimiento de los hechos y la conformidad alcanzada entre las partes, el tribunal redactará la sentencia.

Un leonés ha logrado hacer desaparecer una deuda contraída de 57.811 euros tras acogerse judicialmente a la Ley de Segunda Oportunidad, en un caso marcado por la necesidad de financiar, entre otras cosas, un vehículo imprescindible para su día a día: llevar a su hijo al colegio y acudir después a su puesto de trabajo. La resolución judicial le permite empezar de nuevo tras años de dificultades económicas derivadas de la caída de sus ingresos después de que en su empresa le bajaran el sueldo.

El origen de su situación de insolvencia se remonta al momento en el que solicitó financiación tanto para acometer reformas necesarias en su vivienda como para adquirir ese coche del que dependía su rutina familiar y laboral. La previsión era poder hacer frente a los pagos cuando su economía mejorase, pero la realidad fue la contraria: una reducción de su salario le dejó sin capacidad suficiente para asumir las cuotas y de todo ello tenía pruebas fehacientes.

A partir de ese momento, la deuda fue creciendo hasta volverse insostenible. Con los ingresos disponibles, el afectado ya no podía hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que le situó en un escenario de insolvencia que le impedía salir adelante por sus propios medios. El caso llegó a manos del despacho Repara tu Deuda Abogados, uno de los muchos que gestionan este tipo de insolvencias que pueden afrontarse aplicándose la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una norma no muy conocida pero de sencilla aplicación, como se ha ido viendo en varios casos en la provincia leonesa, algunos muy desesperados.

Finalmente, tras acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado competente le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), cancelando íntegramente la deuda acumulada. Esta herramienta legal, cada vez más utilizada, permite a particulares en situación de insolvencia rehacer su vida económica siempre que cumplan requisitos como actuar de buena fe o no haber sido condenados por delitos socioeconómicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado que el personal docente e investigador temporal de las cuatro universidades públicas de la comunidad cobre los mismos complementos retributivos que ingresa el personal fijo.

La demanda de conflicto colectivo que planteó la Federación de Enseñanza de CCOO-Castilla y León ha tenido esta respuesta del TSJCyL, que establece que estos derechos deberán ser compensados con carácter retroactivo, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda.

De este modo, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas, ha subrayado el sindicato, que ha recordado que son ya siete las sentencias favorables sobre conflictos que afectan a derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas.

El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo del cobro de los complementos, al rechazar el argumento dado por las universidades sobre la limitación presupuestaria.

CCOO ha recordado que buscó un acuerdo interno con las universidades, a través de las comisiones paritarias del convenio colectivo y también a través del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León), pero las instituciones académicas mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.

La sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.

Por este motivo, el sindicato ha instado a las universidades a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan de Calidad del Aire por ozono troposférico de Castilla y León, por falta de concreción, por lo que ahora la Junta tiene un plazo de seis meses para elaborar un nuevo plan.

La organización Ecologistas en Acción, que recurrió esta normativa autonómica, ha criticado lo que considera una “negligencia” de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por lo que ha reclamado a sus dirigentes que “cumplan de una vez con su obligación legal y moral de proteger la salud”.

La sentencia, fecha de 10 de abril, desestima el recurso de casación que presentó la Junta de Castilla y León contra la sentencia de junio de 2023, en la que ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón a la organización ecologista, lo que ahora ha confirmado el Supremo.

El Gobierno autonómico aprobó esta normativa en 2021, obligado por sendas resoluciones del TSJCyL y el Supremo, que consideraron que desde 2010 en Castilla y León no había habido una normativa necesaria para proteger la salud en ocho de las quince zonas en que se divide la Comunidad a efectos de evaluar y gestionar la calidad del aire.

Los jueces de estos tribunales entienden que la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con 4 aglomeraciones y 8 zonas, mientras que la zonificación para la protección de la vegetación se ha dividido el territorio en 3 zonas.

Las zonas con incumplimientos legales donde la Junta de Castilla y León está obligada por decisión judicial a elaborar los planes de calidad del aire por ozono son las aglomeraciones de Salamanca y Valladolid, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Soria y Demanda, para la protección de la salud, y la zona Sur y Este de Castilla y León, para la protección de la vegetación, con una superficie total de 75.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes, ha detallado Ecologistas en Acción en un comunicado.

A raíz de esta exigencia, la Junta aprobó en 2021 un plan único, sin especificar zona, ni los objetivos de reducción de niveles de contaminación, calendario de aplicación, ni estimación de mejora de la calidad del aire, que es lo que reclama la normativa que sirve de base para la reclamación ecologista.

El Tribunal Supremo comparte la argumentación del Tribunal de Castilla y León y concluye que la normativa aprobada por la Junta “omite establecer las medidas específicas para cada una de las distintas zonas delimitadas por la propia Administración autonómica, según los niveles de los contaminantes para los que se hayan establecido objetivos de calidad del aire”.

Ecologistas en Acción ha criticado además que “ninguna de las 17 medidas previstas en el Plan anulado se ha ejecutado desde el año 2021, transcurridos 15 años desde la entrada en vigor de los objetivos de calidad del aire para el ozono, en 2010”.

Esta organización ha responsabilizado de esta situación al consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su director General de Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

Recuerda Ecologistas en Acción que esta sentencia puede condicionar los planes de calidad del aire por ozono recientemente aprobados o en elaboración en Andalucía Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra, mientras que gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y País Vasco todavía no han iniciado la redacción de sus planes de ozono.

El ozono troposférico es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar.

Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas como el asma y la EPOC, y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

Ecologistas en Acción ha argumentado que la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó en hasta 6.600 las muertes prematuras producidas en 2023 en España por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de Castilla y León, donde los fallecimientos fueron casi trescientos en el año citado, según la misma fuente.

El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos agrícolas.

La Audiencia Provincial de León ha comenzado a embargar los bienes y la pensión de jubilación de Pedro Muñoz, el exconcejal de Ponferrada condenado a casi 17 años de cárcel por intentar matar a su esposa, Raquel Díaz, el 27 de mayo de 2020, a quien arrojó por la terraza de su casa y le causó gravísimas lesiones que la dejaron tetrapléjica.

La medida busca que la víctima pueda percibir al menos una parte de la indemnización de 1,5 millones que le fue reconocida en sentencia firme.

El embargo se limita por ahora a la vivienda de Muñoz en Santo Tomás de las Ollas, en Ponferrada, mientras que la finca de Toreno, conocida por los vecinos como “la casa de los horrores”, donde ocurrió la agresión, no ha sido incluida.

Esa propiedad había sido donada por Muñoz a sus hijos para evitar el pago de la indemnización, una maniobra que luego fue declarada nula, aunque los cambios todavía no se han reflejado en el catastro.

Raquel Díaz quedó tetrapléjica con secuelas físicas y neurológicas permanentes, y la sentencia, confirmada por el TSJCyL y el Supremo, impuso a Muñoz casi 17 años de prisión y la indemnización a la víctima, aunque cinco años y medio después todavía no ha recibido el dinero que le corresponde.

Además, se ha iniciado el embargo parcial de la pensión de jubilación de Muñoz, que supera los 2.200 euros al mes.

Actualmente, Raquel Díaz, de 49 años, vive en un centro sociosanitario y no puede volver a ejercer su profesión de abogada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha rechazado paralizar la actividad de la Central de Producción de Energía Térmica con Biomasa de Ponferrada. La decisión corrige la adoptada por la misma instancia en sentido contrario el pasado mes de noviembre como consecuencia de una solicitud (entonces atendida) de la plataforma Bierzo Aire Limpio y el Ayuntamiento de Ponferrada.

La resolución judicial, que ahora acepta los argumentos en contra de la paralización de Ponferrada y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, dependiente de la Junta), considera que detener la instalación supondría un grave perjuicio para el interés general, especialmente en pleno periodo invernal.

Según recoge la resolución e informa el Consistorio, la paralización de la central dejaría sin suministro térmico a numerosos servicios públicos esenciales, entre ellos residencias de mayores, centros educativos o la estación de autobuses Egeria, lo que generaría una situación de desprotección para usuarios especialmente vulnerables.

El juzgado subraya que este riesgo debe prevalecer frente a la solicitud de suspensión de la actividad. Añade que no se cumplen los requisitos legales para acordar la ejecución provisional, ya que la obra de la central está completamente finalizada y no es posible su paralización material.

A ello se suma que los informes técnicos aportados al procedimiento descartan la existencia de alternativas inmediatas y viables de calefacción, lo que podría comprometer la salud de los usuarios de las instalaciones afectadas.

El Ayuntamiento de Ponferrada considera positiva la decisión judicial, al entender que refuerza la protección del interés general y garantiza la continuidad de los servicios básicos.

El consistorio insiste en su respeto a las resoluciones judiciales y en su compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental y la seguridad ciudadana.

El procedimiento judicial, no obstante, continúa abierto, ya que contra esta decisión cabe la interposición de un recurso de apelación en el plazo de quince días.

“Sigue siendo ilegal”, dicen las demandantes

Las entidades denunciantes dicen respetar este pronunciamiento judicial, pero matizan que no entra al fondo del asunto. “Debemos decirlo con toda contundencia: a día de hoy la central de calor sigue siendo ilegal”. A la espera de la deliberación sobre el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Ponferrada y Somacyl, la plataforma y el colectivo vecinal ponen el foco en la parte de este último auto en el que se advierte a la administración de que “una eventual confirmación de la sentencia firme recae sobre su esfera patrimonial”, al tiempo que se le insta a “iniciar los trámites para su regularización”.

“En lugar de sentarse a subsanar las carencias y arreglar las cosas, el Ayuntamiento sigue con su huida hacia adelante optando por recurrir las resoluciones profundizando en los errores cometidos anteriores”, señalan los demandantes.

Frente al argumento del peligro a dejar a usuarios sin calefacción en determinadas instalaciones, Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla afirman que un informe acredita que “todos los edificios (implicados) menos la estación de bus tienen sistemas de calefacción alternativos”.

Las organizaciones demandantes han criticado la decisión del Ayuntamiento de proseguir con la explotación de la red en lugar de corregir las deficiencias detectadas, recurriendo las resoluciones judiciales y profundizando en los problemas ya señalados.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado la condena a 12 años y medio de prisión por un delito de asesinato en tentativa, con agravante de parentesco, para una mujer que intentó envenenar a su expareja con un raticida introducido en una tableta de chocolate de un hijo en común, a quien instó a convencer a su padre para que la comiera. El TSJ ha desestimado el recurso presentado por la defensa y ratificado la sentencia emitida el pasado mes de mayo por la Audiencia Provincial de León.

Los hechos se remontan al mes de junio de 2020. El relato de la sentencia detalla que la mujer “con el fin de acabar con la vida de su expareja, aplicó una sustancia no determinada, pero que contenía una dosis letal de raticida, a una barra de chocolate que entregó a su hijo”, al que dijo que “él no podía comerlo bajo ningún concepto, pero que se lo debía dar a su padre, a quien debía convencer para que lo tomara”.

El niño obedeció a su madre. Y convenció a su padre para que comiera el chocolate. Tras ingerirlo, el hombre se encontró “indispuesto con dolor de barriga y hormigueo en las manos”. Su salud fue empeorando y dos días después acudió al Hospital HM La Regla de León como consecuencia de un “dolor plantar bilateral en manos y pies, lesiones cutáneas y debilidad muscular, además de dolores abdominales”, por lo que quedó ingresado.

Al no presenta mejoría de las lesiones, el hombre ingresó en el Hospital de León el 30 de junio. Y quince días más tarde fue derivado a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) con una insuficiencia respiratoria que obligó a intubación orotraqueal y ventilación mecánica. A lo largo de los días comenzó a presentar más complicaciones, como úlcera corneal, alteraciones visuales, intensa debilidad muscular, lesiones cutáneas descamativas y alopecia.

El hombre fue tratado con diferentes medicamentos y llegó a ingresar otras tres veces en la UCI durante los meses de agosto, septiembre y octubre, hasta que en diciembre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde obtuvo el alta hospitalaria el 22 de enero del 2021.

La acusada y su pareja, tras terminar una relación sentimental en la que tuvieron dos hijos, habían acordado que los vástagos comunes quedaran bajo la custodia de la madre. Y fijaron un régimen de visitas para el padre, que más tarde y por sentencia judicial se cambió a la custodia para el padre y visitas para la madre.

Según recoge la sentencia, la relación personal entre ambos se fue complicando y deteriorando, en particular por las visitas de los hijos comunes, hasta el punto de que eran frecuentes desencuentros en los intercambios.

Contra el pronunciamiento del TSJ cabe recurso de casación, que se podrá prepararse en la misma Sala para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de dos años de prisión que impuso la Audiencia de León a cada uno de los tres jóvenes que fueron juzgados por agresión sexual y lesiones leves cometidos en agosto de 2021, un caso que viene derivado de las diligencias previas abiertas en su día por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada.

Según la sentencia, los encausados abordaron a la menor, que caminaba por la calle, a la que llegaron en un vehículo conducido sin permiso por uno de los procesados.

Durante el incidente, los tres intentaron realizar tocamientos a la víctima, que logró escapar. Como consecuencia, la menor sufrió un hematoma en el brazo y un arañazo en la espalda, lesiones de carácter leve.

La Audiencia Provincial de León impuso a cada uno de los acusados dos años de prisión por agresión sexual, penas de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela o profesiones con contacto con menores, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante tres años.

Además, deberán indemnizar conjuntamente a la menor con 1.500 euros por daños morales y 400 euros por las lesiones.

El conductor del vehículo fue condenado además a doce meses de multa por un delito contra la seguridad vial, al conducir sin licencia.

El TSJCyL ha establecido que la sentencia de primera instancia estaba correctamente fundamentada, y ha destacado la credibilidad del testimonio de la víctima, corroborado por familiares y pruebas periciales, frente a los relatos contradictorios de los acusados.

La Sala ha concluido que no se vulneró la presunción de inocencia y que las medidas impuestas son proporcionadas a la gravedad de los hechos.

Contra esta resolución, que confirma todas las penas impuestas por la Audiencia Provincial, cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha ordenado “el cese inmediato de cualquier actividad” de la central de biomasa de Ponferrada, conocida como la Red de Calor, tras estimar parcialmente la petición presentada por las asociaciones Bierzo Aire Limpio y vecinos del barrio de Compostilla, que habían solicitado la ejecución de una sentencia del pasado mes de julio.

El juez acepta los argumentos de los colectivos, que alegaban que la planta supone un riesgo para la salud y el medio ambiente al no haber superado una evaluación ambiental integral. Y ordena la paralización de la infraestructura por “operar sin las garantías ambientales debidas”.

No obstante, el auto precisa que no procede paralizar las obras, ya que estas ya están finalizadas. La resolución establece, además, que el Ayuntamiento de Ponferrada y la empresa pública Somacyl deberán disponer de medios alternativos para garantizar la continuidad del servicio de calefacción y agua caliente que la red proporciona a edificios públicos, comunidades de vecinos y espacios sensibles.

El Ayuntamiento de Ponferrada citó los edificios municipales ya conectados a la Red de Calor: el Parque de Bomberos, el Pabellón Lydia Valentín, la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal Valentín García Yebra, los colegios Peñalba, La Puebla-Luis del Olmo (este prácticamente sin uso) y el de personas adultas Ramón Carnicer.

Y es que el juez advierte en el auto de que “el perjuicio derivado de la falta de calefacción, si bien de extrema gravedad social, es técnicamente reparable” y lo limita a lo “económico” y lo “organizativo”, por lo que insta al Ayuntamiento y a Somacyl a “disponer los medios alternativos” para garantizar la continuidad del servicio.

“Llevamos más de siete años denunciando que esta incineradora de biomasa era ilegal y el Ayuntamiento ha optado por una huida hacia delante inadmisible”, ha dicho la Asociación de Vecinos Compostilla, en un caso llevado por el despacho Cordal Abogados de León.

Bierzo Aire Limpio, que vuelve a exigir dimisiones y que se deriven responsabilidades, así como una auditoría del dinero público gastado en esta infraestructura, recuerda que ya en julio se produjo la segunda sentencia judicial contraria a la Red de calor. “No ha habido tampoco movimiento para intentar arreglar la situación, todo lo contrario se ha mantenido en las mismas a pesar de la ejecución provisional”, asegura su portavoz, Marga Camba.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Llamamiento “a la responsabilidad”

Tras conocerse el fallo, el concejal de Urbanismo de Ponferrada, Carlos Cortina, ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad para con la ciudadanía”, al tiempo que ha advertido del “perjuicio notabilísimo” que supondría una interrupción del servicio en estas fechas.

Cortina ha atribuido la situación a “errores administrativos del anterior equipo de gobierno, encabezado por Olegario Ramón (PSOE)”, y defendió que la red de calor “beneficia al municipio por el mantenimiento de empleo y la gestión sostenible de los recursos forestales”.

“Respetamos el derecho de las asociaciones a actuar, pero apelamos también a su conciencia ecológica y ciudadana ante los beneficios de esta infraestructura”, ha concluido el edil.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado íntegramente las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de León en el conocido caso del Club Bahillo, en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, un procedimiento que se originó tras la operación policial desarrollada en 2019 en ese local de alterne en el que se retenía a varias mujeres para presuntamente ejercer la prostitución, con el amparo de un subinspector de Extranjería de la Policía Nacional, como desveló ILEÓN en exclusiva en el año 2019.

La sentencia hoy conocida del Alto Tribunal autonómico desestima los recursos de apelación interpuestos por los condenados, los dueños de la empresa que regentaba el local, cerrado hace muchos años, y ratifica sus penas, tanto impuestas a los gerentes como al funcionario policial, declarando así firmes varias absoluciones de otros delitos por los que también fueron juzgados. Ya sólo cabría un último recurso ante el Tribunal Supremo.

Los responsables del establecimiento, ambos socios de la empresa Hotelera Leonesa SAP, fueron condenados como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El tribunal considera probado que hasta diecisiete mujeres extranjeras realizaban labores de alterne en el club sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y, en muchos casos, en situación irregular en España. La Sala reitera el criterio de la Audiencia de que la actividad de alterne reúne las condiciones de una relación laboral, por lo que los acusados debieron cumplir con las obligaciones de cotización.

Cada uno de ellos deberá cumplir un año de prisión, inhabilitación especial para actividades empresariales por un año, multa e indemnizar solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social por las cuotas no ingresadas. Además, se mantiene la suspensión de actividades durante un año del local Club Bahillo.

Condena al policía de Extranjería

El TSJ también confirma la pena impuesta al subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, cuyo nombre nunca ha trascendido, el cual estaba entonces destinado en la Brigada Provincial de Extranjería de León. La condena es por un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, que tenía acceso a información privilegiada que afectaba a la actividad a las que se sometía a las mujeres, casi todas precisamente extranjeras.

Según los hechos probados, el agente accedió indebidamente a bases de datos policiales para consultar antecedentes personales de un ciudadano, información que posteriormente reveló a una tercera persona. Fue condenado a tres años y seis meses de prisión y a nueve años de inhabilitación absoluta, lo cual ratifica ahora el Tribunal.

También se confirman las absoluciones de otros acusados, entre ellos dos guardias civiles inicialmente investigados, y descarta la existencia de delitos de falsificación, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de drogas o blanqueo de capitales, que ya habían sido rechazados por la Audiencia Provincial.

Sin dilaciones indebidas

El TSJCyL también rechaza aplicar la atenuante que las defensas habían argumentado, basado en presuntas dilaciones indebidas al juzgarse este caso. El tribunal entiende que el procedimiento, que se inició tras la denuncia de una mujer paraguaya en el año 2018, y que fue declarado secreto durante dos años, se desarrolló dentro de plazos razonables, dada su gran complejidad.

Fue aquella denuncia particular de la mujer la que dio origen a todo el caso, al denunciar en la propia Comisaría que había sufrido la retención de su documentación personal. La operación derivó en la detención de los responsables del club y del propio subinspector de Extranjería, aunque posteriormente fue puesto en libertad con cargos, en una investigación que abordó presuntos delitos relacionados con la inmigración irregular, la explotación laboral y la corrupción policial. En aquella ocasión, el Ministerio del Interior se negó a informar a ILEÓN si este policía había sido apartado de su puesto.

La Asociación de Vecinos de Compostilla y la ONG Bierzo Aire Limpio han exigido la ejecución inmediata de la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo de León que anula las licencias y autorizaciones otorgadas para la central y la Red de Calor en Ponferrada. Ahora tanto la administración autonómica como la municipal han anunciado recursos contra el pronunciamiento judicial, el segundo que se produce en este sentido.

Ambas organizaciones, que recomiendan a las comunidades de vecinos “máxima cautela antes de firmar ningún contrato”, han recordado este viernes en un comunicado que esta resolución confirma la sentencia de 2020 y rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento y Somacyl.

Según estas entidades, el artículo 117 de la Constitución Española y el principio de tutela judicial efectiva obligan a cumplir las resoluciones judiciales, incluso de manera provisional, cuando así se solicita.

Por ello, solicitan al Ayuntamiento de Ponferrada y a la Junta de Castilla y León que ordenen a la empresa adjudicataria la “restauración inmediata” de las zonas afectadas por las obras, incluyendo aceras, calles, arquetas y zonas verdes, para evitar molestias y riesgos a los vecinos durante la tramitación de posibles recursos.

Desde la Asociación de Vecinos han denunciado la persistencia del “caos” y los “escombros” en las calles, lo que califican como un “desprecio flagrante” al poder judicial y a la ciudadanía.

Además, Bierzo Aire Limpio ha advertido sobre la “sensación de impunidad institucional” generada por la intención del Ayuntamiento y la Junta de continuar con las obras “como si nada” tras la sentencia que declaró irregular el proyecto.

Las organizaciones también han alertado de la confusión que puede provocar la promoción de la Red de Calor entre la población, ya que algunos comercios están ofreciendo servicios vinculados a esta infraestructura que podría quedar paralizada por orden judicial, lo que dejaría sin calefacción a quienes contraten el sistema.

El Consejo Comarcal del Bierzo ha aprobado este martes una declaración institucional para condenar la "agresión salvaje" del exconcejal Pedro Muñoz contra su exmujer, Raquel Díaz, a quien dejó en silla de ruedas tras una brutal paliza.

El texto solicita también apoyo para la víctima, que necesita asistencia para continuar con su vida. Esta declaración se suma a la aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Ponferrada, tras el fallo del Tribunal Supremo que confirmó la condena de casi 17 años de prisión para el acusado.

El pleno ha aprobado otra declaración institucional para poner en marcha un plan comarcal contra el racismo y la xenofobia. Olegario Ramón, presidente del Consejo, ha explicado que esta iniciativa responde al aumento de actitudes xenófobas en la comarca, evidenciado en pintadas aparecidas en los pilares del puente hacia el Pajariel.

Por otro lado, Coalición por El Bierzo (CB) ha presentado y logrado la aprobación de dos mociones que reclaman al Gobierno la igualdad fiscal en el sector agrario para todos los municipios de la comarca, así como la eliminación del peaje de la autopista AP-71 entre Astorga y León.

En la primera moción, CB exige al Ministerio de Hacienda que homologue las reducciones fiscales en el IRPF para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por fenómenos climáticos adversos, como heladas y pedrisco.

Señalan que la actual normativa otorga beneficios a municipios como Cacabelos o Carracedelo, pero excluye a Ponferrada a pesar de contar con explotaciones similares, generando desigualdades incluso en parcelas bajo la misma titularidad.

En la segunda, el grupo pide la supresión del peaje de la AP-71 (León-Astorga), tras la reciente prórroga de la concesión hasta 2055, argumentando que supone un coste excesivo para los residentes que se desplazan a León, quienes en muchos casos optan por la carretera N-120, una vía con alta siniestralidad y tráfico pesado.

CB critica la falta de políticas de cohesión territorial y recuerda la promesa de eliminación del peaje realizada por el expresidente Zapatero en 2003.

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ponferrada recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia que declara ilegales los permisos de la central de biomasa de Ponferrada y la Red de Calor, y ordena la paralización de las obras de extensión, tal y como anunció la plataforma Bierzo Aire Limpio, que ha capitaneado la oposición a esta iniciativa junto a la Asociación de Vecinos Compostilla, barrio en el que se asienta la infraestructura principal.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, confirmaron este lunes que recurrirán ese fallo del Juzgado de León, ya que no están de acuerdo y creen que la tramitación fue correcta. Se trata del segundo pronunciamiento judicial (el primero data de julio de 2020) que suspende los permisos de la Red de Calor.

“No compartimos la sentencia, el criterio del juez lo respetamos pero vamos a recurrirlo. Vamos a defender la actuación porque entendemos que la tramitación es correcta. Si hay que hacer alguna corrección, me imagino que el ayuntamiento está por la labor. Quiero defender la tramitación por parte de los funcionarios públicos, Hay una diferencia de criterio e intentaremos hacer valer el nuestro”, dijo Quiñones, quien, en todo caso, defendió las bondades de las redes de calor y recordó que esta sentencia habla de defectos de forma y no entra a cuestionar la legalidad de estas instalaciones.

“La sentencia de León no pone cuestionamientos el fondo, está inmaculado. Hay suficiente legislación y es lo que permite hacerlas. Son una gran oportunidad porque son un servicio público que abarata el coste de la energía, la hacen más sostenible, permite el aprovechamiento de la biomasa de limpieza de los montes para evitar incendios y es modernidad. Permite eliminar chimeneas de sistemas de combustión y mejora la calidad del aire. Todo son ventajas”, defendió.

Por su parte, Morala confirmó las palabras del consejero y aseguró que se recurrirá esa sentencia porque consideran que las cosas se tramitaron de forma correcta.

La Red de Calor de Ponferrada se queda ya por segunda vez en un limbo legal. Primero fue el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de León el que, en julio de 2020, suspendió las licencias municipales otorgadas y las declaró nulas. Ahora, después de que la Junta de Castilla y León burlara aquel prodedimiento quitándose a sí misma la obligación del trámite de evaluación ambiental para activar el proyecto, es el Juzgado de la Contencioso Número 2 de León el que anula todos los permisos y ordena paralizar la actividad. Así lo dice la sentencia dada a conocer por la plataforma Bierzo Aire Limpio, la plataforma que lideró la oposición a esta iniciativa junto a la Asociación de Vecinos Compostilla, el barrio ponferradino en el que se levantó la infraestructura, puesta en marcha con el objetivo de atender la demanda de más de 2.800 viviendas y 43 edificios con una inversión de 12,5 millones de euros.

“La Administración era plenamente consciente de la magnitud real del proyecto, pero decidió limitar el alcance de las licencias de forma artificial”, reza la nueva sentencia del Contencioso de León, calificada como “durísima” por Bierzo Aire Limpio, que exige “dimisiones y una auditoría del dinero público” empleado en este proyecto, impulsado por la Junta con la participación del Ayuntamiento de Ponferrada, que aprobó por unanimidad a finales de 2023 su puesta en funcionamiento. Y es que tira de esa alusión del pronunciamiento judicial para denunciar que esa actitud de la administración “supuso perdonarle a Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, dependiente de la Junta) decenas de miles de euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que se liquidó sobre el presupuesto del edificio (unos 797.000 euros), mientras que el coste total de la obra era más de 2,1 millones de euros”.

“Desde el principio”, expone Bierzo Aire Limpio, “ha sido una cacicada del consejero (de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos) Suárez-Quiñones y de la entonces alcaldesa (de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo), que el siguiente alcalde (Olegario Ramón) consintió. Han sido ocho años de lucha desigual de la sociedad civil del Bierzo contra el Ayuntamiento de Ponferrada y contra la empresa pública Somacyl. Ha sido la lucha de David contra la prepotencia del consejero de Medio Ambiente, que se cree Goliat. Esta sentencia histórica recoge todos nuestros argumentos respecto a dicha instalación construida ilegalmente en el Barrio de Compostilla y que seguirá sin funcionar”.

Los tribunales anulan ahora la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional de la planta por varios motivos. Aprecian que el Ayuntamiento de Ponferrada ha incurrido en un “fraccionamiento del proyecto” al optar por conceder las licencias impugnadas limitando su objeto exclusivamente a la edificación de la central y excluyendo a la red de calor que distribuye el mismo por toda la ciudad.

Asimismo, la sentencia cuestiona la información pública transmitida en su día sobre el proyecto hasta incluso omitir el trámite de audiencia a los interesados. “A Bierzo Aire Limpio se le notificó el plazo de información pública cuando la documentación prácticamente ya había sido retirada de la web municipal”, señala la propia plataforma, que se hace eco de irregularidades urbanísticas puesto que el proyecto “implica una ocupación intensiva del dominio público local (el subsuelo de numerosas calles) para un uso privativo”, señala la sentencia.

Así las cosas, Bierzo Aire Limpio reclama que este segundo pronunciamiento judicial tenga consecuencias políticas: “Exigimos expresamente la dimisión inmediata de Suárez-Quiñones y la exigencia de las responsabilidades políticas y económicas correspondientes, así como una auditoría del dinero público gastado en este proyecto”.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Compostilla solicita al actual alcalde Ponferrada, Marco Morala, que no recurra la sentencia. Cordal Estudio Jurídico, despacho que ha llevado esta demanda judicial, comunicará esta sentencia al Banco Europeo (que había concedido un aval a Somacyl, igualmente cuestionado“ para que no se siga financiando con dinero público esta instalación que califica como ”un sumidero de préstamos europeos“.

Y es que el abogado de Cordal Estudio Jurídico Víctor A. Bayón sugiere que, de toda esta situación, podrían “incluso derivarse responsabilidades de alguno de los intervinientes dado que el juzgado aprecia una reiteración en la conducta infractora por parte de la Administración al volver a incurrir en parte de los mismos motivos que llevaron a su primera anulación en 2020”.

El Ayuntamiento estudia recurrir

El Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado, a través de su concejal de Urbanismo, Carlos Cortina, que sus servicios jurídicos están estudiando recurrir la sentencia que anula permisos de la central térmica de biomasa, cuya actividad debe paralizarse de inmediato, según el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León.

La sentencia declara nulos varios actos administrativos vinculados a la instalación energética. Pero Cortina aclaró que dichos actos administrativos corresponden al anterior mandato municipal (2019-2023), liderado por el socialista Olegario Ramón.

La sentencia anula, en concreto, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 25 de noviembre de 2021, que autorizaba provisionalmente la central, así como los decretos firmados por Ramón en diciembre de 2021 que concedieron las licencias ambiental y urbanística.

El Ayuntamiento deberá paralizar la actividad de la central mientras se resuelve la situación jurídica.

La portavoz de Podemos Ponferrada, Lorena González, exigió este martes la declaración del exconcejal Pedro Muñoz como persona non grata por parte del Ayuntamiento de Ponferrada y del Consejo Comarcal del Bierzo, después de la condena firme del Tribunal Supremo a 16 años y once meses de prisión por delitos los de maltrato familiar y de lesiones agravadas con las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género sobre su exmujer, Raquel Díaz, a quien dejó parapléjica tras lanzarla por el balcón en una finca en la localidad leonesa de Toreno, en mayo de 2020. La reacción de Podemos se suma a la de la Plataforma contra las Violencias de Género de Ponferrada, que reclama a partidos e instituciones apartar de la vida pública a los agresores.

“La reciente sentencia firme contra Pedro Muñoz elimina cualquier excusa para quienes, en su momento, rechazaron la petición de Podemos de actuar con contundencia política e institucional”, advirtió Lorena González, convencida de que, tras la sentencia firme, “ni el Ayuntamiento de Ponferrada ni el Consejo Comarcal tienen excusa para hacer una reprobación pública y explícita a quien torturó durante años a Raquel Díaz mientras se hacía fotos con lazos morados para, como culmen final de su depravación, dejarla tetrapléjica de una paliza”.

La portavoz de la formación morada ya intentó en su momento promover esta declaración, pero fue rechazada por todas las formaciones políticas “argumentando la falta de firmeza de la sentencia”, de forma que “ahora, con la resolución judicial firme en mano, no hay justificación para continuar escurriendo el bulto y no asumiendo dicha responsabilidad”.

Además de al Ayuntamiento de Ponferrada, Podemos también instó al Consejo Comarcal del Bierzo “como máximo órgano político de la comarca”, a elevar su propia declaración de persona non grata contra Pedro Muñoz, al que González acusó este martes de “manosear el término bercianismo, tratar de hacer carrera política instrumentalizando el nombre de El Bierzo y mancillar la bandera arrastrándola por sus actos como señuelo de un proyecto político que jamás tuvo nada que ver con la tierra sino únicamente con él mismo y sus habituales delirios de grandeza”.

“Es fundamental que todas las instituciones demuestren un compromiso férreo con la erradicación de la violencia de género y que envíen un mensaje claro de que no hay cabida para quienes cometen actos tan atroces”, remarcó la portavoz de Podemos Ponferrada, para quien la declaración de persona non grata “no es solo un acto simbólico, sino un posicionamiento político y moral contundente que busca visibilizar el rechazo institucional a la violencia machista y dignificar y reconocer a las víctimas”.

Finalmente, Lorena González tuvo un recuerdo para Raquel Díaz y “las personas que no la han dejado sola en este durísimo proceso y la han acompañado hasta llegar a una sentencia firme” de la que espera que “se cumpla en su totalidad y no se le rebaje ni un solo día, ni un mísero minuto”.